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Kast no cede ante Boric: deja en el aire su apoyo a los proyectos de sala cuna y financiamiento educativo para no crear “falsas expectativas”

Por: Antonia Laborde

El presidente electo defiende en un encuentro con el mandatario de izquierdas que debe evaluar si las políticas prioritarias de la Administración saliente pueden financiarse permanentemente.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha descartado este jueves su apoyo a los proyectos de ley prioritarios para el Gobierno de Gabriel Boric antes de su salida: la sala cuna universal y el que condona las deudas educativas asociadas al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y reemplaza el sistema de créditos con un impuesto a los graduados, denominado FES. El republicano, que ha visitado al mandatario de izquierdas esta mañana -su segundo encuentro desde las elecciones presidenciales- ha condicionado el respaldo a las iniciativas de la actual Administración al estado de las arcas fiscales, para así garantizar la perdurabilidad de las políticas públicas y no “crear falsas expectativas”. Además, el futuro presidente, que anunciará el próximo martes a los miembros de su Gabinete, ha buscado en La Moneda generar un traspaso de información entre los ministros actuales y los que asumirán el próximo 11 de marzo.

“En cuanto a los proyectos de ley presentados en el Congreso, tanto el FES como la Sala Cuna se están conversando; pero no necesariamente alcanzarán a aprobarse en las tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo”, advirtió Kast a la salida del encuentro, que duró cerca de una hora y media. En Chile, una empresa debe contar con sala cuna para sus empleados siempre y cuando tenga al menos 20 mujeres en plantilla, lo que en la práctica desincentiva la contratación femenina. “Debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes (para implementar los proyectos de ley), porque eso también va de la mano del reajuste”, añadió el presidente electo, que en campaña se comprometió a realizar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de su mandato.

Sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que han aumentado significativamente bajo el Gobierno de Boric, el republicano ha dicho que es momento de hacer una pausa y analizar los resultados de la institucionalidad que se encuentra en etapa de implementación desde 2023 para reemplazar a los municipios en la responsabilidad de entregar educación pública.

Consultado sobre la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), a la secretaría general de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU), el presidente electo aseguró que no había discutido del asunto con Boric. El mandatario se izquierdas anunció este lunes en el programa de televisión Tolerancia 0 que su Administración formalizará la candidatura de la socialista -hasta ahora solo se ha anunciado-, aunque será el Gobierno de Kast el que se tendrá que hacer cargo de impulsarla durante el casi de año de campaña. Las derechas están divididas sobre el apoyo a Bachelet para liderar el organismo internacional, siendo el ala más dura la que ha expresado el mayor rechazo, mientras que la moderada defiende que puede ser positivo para la imagen de Chile.

Kast y Boric coincidieron este lunes también en la inauguración del Congreso Futuro, una de las principales citas sobre innovación y ciencia de América Latina. Ambos sostuvieron un breve, pero cordial diálogo, y el presidente hizo un llamamiento a su sucesor para sacar adelante el proyecto de sala cuna universal.

El tono fue más amable que el de la semana pasada en un encuentro con empresarios, donde el republicano acusó a la Administración de izquierdas de proponer cambios estructurales sin contar con respaldo fiscal. “Es una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”, sostuvo. También se refirió en la cita organizada por Icare al artículo incluido en el protocolo de acuerdo de reajuste del sector público, suscrito por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, cuyo vínculo laboral es transitorio: un contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre de cada año. Para la futura Administración supone una “ley de amarre” ya que restringe sus posibilidades de remover empleados. “Tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa, por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre (…) Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes y menos usando resquicios”, planteó el presidente electo.

https://elpais.com/chile/2026-01-15/kast-no-cede-ante-boric-deja-en-el-aire-su-apoyo-a-los-proyectos-de-sala-cuna-y-financiamiento-educativo-para-no-crear-falsas-expectativas.html?outputType=amp

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Al sur del sur de este mundo: un gran triunfo socioambiental contra el extractivismo

ANIVERSARIO DE “EL CHUBUTAZO” (ARGENTINA)

El presente relato busca dar a conocer lo que fue una gesta popular en defensa del agua y del territorio en una partecita del mundo, Chubut, en el sur de la actual Argentina pero que desde la visión mapuche es Wallmapu, sin fronteras entre los Estados. Tal como lo iré narrando, se trató de una pueblada, por lo que solo podrán encontrar aquí una ínfima parte de semejante historia, una mirada tan personal como política, una más del montón, un pedacito de pueblo. Ese que protagonizó El Chubatazo. Voy a empezar de atrás para adelante.

Luchar sirve

Por esas vueltas de la vida y oportunidades que te da la militancia, en noviembre de 2025 me encontraba en Ámsterdam, en la Escuela de formación ecosocialista de la IV Internacional. Corría el tercer día y la conferencia versaba sobre ecosocialismo. Me tocó exponer en el debate grupal respecto a cuestiones de la lucha socioambiental. En mi intervención hice referencia a la lucha en Chubut, mi provincia, donde el pueblo le ganó la pulseada a una poderosa alianza entre el Estado y las multinacionales. Siempre me emociono cuando hablo de eso, siempre lo cuento con orgullo.

Cuando terminé de hacer uso de la palabra miré mi teléfono. Tenía un mensaje: “Sobreseidxs… Les mando un abrazote compañerxs”. Quedé helada y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No sabía que el cúmulo de emociones y tensiones era tan grande, hasta que empecé a sentirlo en el cuerpo tras el mensaje. Necesitaba compartirlo, porque si algo hemos aprendido de la militancia es a compartir las malas y las buenas, recién ahí todo es más real. Mi compa sentado al lado mío pudo leer el mensaje y me abrazó, compartiendo mi emoción. Al terminar el día, esos abrazos se multiplicaron con el grupo de latinoamericanxs (y un vasco) quienes ya sabían de mi situación y la lucha en mi pueblo. Agradezco haber estado con ellxs en un momento tan importante.

¿Qué significaba ese sobreseimiento, cuál era el motivo de la causa?  Junto a cuatro compañerxs, atravesamos un proceso de judicialización a lo largo de casi cinco años. El gobierno trasladó un conflicto social y político al terreno de la justicia, para intentar individualizar referentes y atomizar la lucha, buscando condenarnos por pelear contra la megaminería. Las asambleas de Comunidades de Chubut presentaron en diciembre de 2020, por segunda vez, un proyecto de Iniciativa Popular (mecanismo de democracia directa que habilita nuestra constitución para impulsar desde abajo proyectos de ley). El primero, presentado en 2014 había sido manipulado por los diputados, quienes modificaron artículos sensibles, cambiando el sentido de la ley, pretendiendo así habilitar la megaminería. Se generó en esa oportunidad un hecho de corrupción escandaloso que trascendió por lo burdo: en plena sesión, fue captado a través del ojo afilado de una compañera fotógrafa, el momento exacto en el que el diputado Muñiz recibía directivas de una minera por mensaje de texto. La empresa redactaba directamente los artículos que debían ser modificados. Así de fuerte fue la presión de las multinacionales y la obediencia corrupta y fraudulenta de los legisladores provinciales.

El pueblo pudo ver con claridad cómo operan sus verdugos. Finalmente aprobaron ese proyecto modificado, lejos de ser el que presentó el pueblo, convirtiendo la Iniciativa Popular en una zonificación minera encubierta. Las asambleas siguieron la lucha presentando acciones judiciales que, en enero de 2016, lograron la derogación de esa “ley trucha”.

El segundo proyecto fue militado a pulmón en todo el territorio, más de 40 mil firmas se recolectaron en una provincia con 600.000 habitantes, fue una contundente expresión de voluntad popular. Se pretendía prohibir la megaminería en Chubut, porque si bien contamos con una ley provincial que no habilita la minería metalífera a cielo abierto ni el uso de cianuro, sí se admite la zonificación previa aprobación de la legislatura. La zonificación es el mecanismo utilizado para crear zonas de sacrificio, es una planificación del territorio por parte del Estado en donde lo fragmentan para poder regular el uso del suelo y las actividades que allí se permiten. De esta manera las multinacionales y gobiernos operan con toda su estructura para comprar voluntades y extorsionar a la gente.

Grandes proyectos mineros se encuentran ubicados en la meseta de nuestra provincia, donde las comunidades son pequeñas, alejadas de las grandes ciudades y en las que hace años vienen generando condiciones desfavorables para las personas que allí viven, con la intención de despoblar esa zona y presentar proyectos extractivistas como salvadores de esa crisis que ellos mismos diseñaron. El mismo día que la Iniciativa Popular ingresó para ser tratada en la legislatura provincial, entró también por parte del gobierno de Mariano Arcioni –quien era gobernador en ese entonces- el proyecto de zonificación minera.

A partir de ese momento comenzaron a correr los dos; por un lado, el del pueblo, por otro el del poder económico. En mayo de 2021, lxs diputadxs decidieron que nuestro proyecto no merecía siquiera un tratamiento serio dentro del recinto y lo rechazaron. El malestar de quienes habíamos militado la Iniciativa Popular, fue inmenso, nos habían arrebatado en cuestión de segundos la posibilidad de que se haga ley la voluntad del pueblo que gritaba a través de este proyecto que el extractivismo no es el modelo a seguir.

La decisión de las asambleas de toda la provincia estaba tomada, si nos tiraban a la basura la Iniciativa Popular, se cortaban las rutas. Y así fue. En Trelew, junto a vecinxs de Puerto Madryn, Rawson y el valle inferior de Chubut, cortamos la ruta nacional número 3 durante tres días. Fue una acción importante, la gente se acercaba, familias enteras tomaron parte, recibimos donaciones permanentes para sostener la medida. Las banderas a favor del agua y del territorio flameaban en lo alto. El clima era de bronca pero también de alegría, esa alegría que nos da saber que cuando arremeten contra el pueblo, éste contesta y esa respuesta es con los métodos de lucha que históricamente en Argentina hemos empleado cuando de defender o conquistar derechos se trata: el piquete, el corte de ruta, la manifestación en la calle. Toda la provincia se movilizó y esto potenciaba cada una de las acciones.

Pasados tres días, el gobierno montó un operativo de desalojo desmedido. Esa noche, cuando ya la represión era inminente, se realizó una asamblea en la ruta y se eligieron cuatro intermediaros para negociar con las fuerzas represivas y dar una salida organizada. El resto se movería a un costado de la cinta asfáltica y armaría un cordón humano para resguardar a cada vecinx.

Entre esas cuatro personas elegidas estaba yo, lo cual fue un verdadero reconocimiento de toda esa multitud que protestaba dignamente por nada más ni nada menos que la defensa del agua. Todo salió tal cual lo acordado. Ver tanta organización popular desplegada haciéndole frente a semejante operativo fue un orgullo. El gobierno llevó hasta el último policía de la provincia a la ruta. Todas las divisiones estaban presentes con los oficiales de altos mandos, incluyendo al propio ministro de seguridad, Federico Massoni.

En sus ojos, en sus cuerpos, en sus movimientos y en su respiración, podía verse que lo que querían era reprimir y llevarse la mayor cantidad posible de detenidxs. Pero la asamblea contestó con calma y con mucha organización. La justeza del reclamo, el deseo de defender el agua y el territorio potenciaba nuestra convicción. Finalmente, de todas las personas que nos encontrábamos esa madrugada solo pudieron llevarse a tres detenidas, porque era factible realizar semejante despliegue policial sin apresar a alguien. Acompañamos en la comisaría, como siempre, hasta lograr la liberación de estxs compañerxs.

A partir de esa madrugada del 9 de mayo de 2021, empezó la causa en la justicia federal que recién hoy tiene un cierre favorable para nosotros y nosotras. Nos individualizaron por haber sido quienes firmamos el acta de desalojo. Aun cuando dicha acción cargó sobre nuestras espaldas una pesada causa judicial, consideramos que hicimos lo correcto poniendo al frente la necesidad de resguardar la seguridad de todxs lxs vecinxs. La alternativa era una represión desbocada de incalculables costos para la organización popular.

Es imposible contar en este artículo todo lo que vivimos en ese corte de ruta. Hasta el día de hoy al charlar con compañerxs y rememorar esos días, aparecen nuevas historias. Muchos sentires y aprendizajes quedaron grabados en la memoria de quienes fuimos parte de esa acción, un hito en la historia de la lucha socioambiental de Chubut. Y es muy importante que se conozca lo sucedido en dichas jornadas, pues fue esa la antesala a un acontecimiento aún más grande y popular. La lucha continuó. El proyecto de zonificación minera avanzaba y sería aprobado en diciembre del mismo año. La maniobra era clara y lo advertimos, sin Iniciativa Popular lo que venía era el desembarco de la megaminería en la provincia.

El Chubatazo

En Argentina los fuertes levantamientos obrero-estudiantiles que se multiplicaron a partir de 1969 fueron denominados como “azos”. Puebladas que enfrentaron dictaduras militares como el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Trelewazo de 1972 y otros.

En nuestra provincia se produjo el primer Chubutazo en 1990 como respuesta a la fuerte crisis social y económica durante el gobierno de Néstor Perl. Producto de estas revueltas populares el gobernador se vio obligado a dimitir. Este hito histórico sentó un importante precedente para las luchas y resistencias venideras, plasmando en la memoria colectiva lo que un pueblo puede conseguir cuando se levanta.

Mariano Arcioni ejerció su mandato como gobernador entre 2017 y 2023. La provincia se encontraba atravesando una fuerte crisis producto de sus políticas de ajuste y la nula gestión en beneficio del pueblo. El nivel de conflictividad era muy alto. Podían verse protestas masivas en salud, en educación, entre los trabajadores judiciales y los de vialidad también. Era habitual encontrar ministerios tomados, rutas cortadas, carpas de la unidad (acampes permanentes de varios sectores estatales que se unificaban en una misma acción) y una fuerte y constante presencia en la calle sobre todo del sector de trabajadorxs estatales.

En 2019, luego de una gran movilización que tenía a docentes como actor central, dos trabajadoras de dicho sector mueren en un accidente de ruta volviendo a sus ciudades, tras participar de esta movilización en la capital provincial. La respuesta popular al dolor e impotencia que produjeron dichas pérdidas, fue la de prender fuego esa misma noche a la Legislatura de la provincia. El malestar crecía y lxs trabajadorxs no encontraban respuestas a los reclamos. En medio vino la pandemia y el pago escalonado de los sueldos produjo el insólito cuadro en el que personal de salud estuvo tres meses sin cobrar. Todo eso en el marco de una escalada represiva y fuertes controles. Incremento de la presencia policial en las barriadas y movilizaciones, llegando incluso a las detenciones arbitrarias y torturas de compañerxs del movimiento “No a la Mina”. El contexto era de profundo hartazgo.

En ese marco el miércoles 15 de diciembre del 2021, en una sesión extraordinaria de la Legislatura chubutense, se aprobó el proyecto de zonificación minera que abría las puertas a la destrucción y saqueo de nuestro territorio. Éramos muy pocas personas fuera del recinto quienes seguíamos en tiempo real la sesión. Cuando comunicaron la aprobación del proyecto la tristeza fue absoluta y nuestros cuerpos se sintieron derrotados. Nos abrazamos y lloramos juntxs, no sabíamos bien cómo seguir.

Comenzamos a comunicar por las redes lo que había sucedido y de pronto empezó a llegar gente, más y más gente. Se sentía la bronca y no de manera individualizada, era furia colectiva. De pronto la legislatura estaba llena y esa rabia comenzó a tomar cuerpo. En cuestión de unas pocas horas había cientos de personas gritando desde las entrañas contra los funcionarios entreguistas.

La chispa se había encendido, así comenzaba el segundo Chubutazo. La policía no sabía bien qué hacer, se les notaba el susto en sus rostros. Quedaron arrinconados sobre las escaleras, su objetivo era impedir el paso hacia el interior de la Legislatura y cuidar a lxs diputadxs que acababan de condenarnos a la muerte, incluso la suya propia. Esas vallas que pretendían alejarnos, de pronto fueron arrancadas y las colocamos en la parte trasera, por ahí donde querían huir lxs cobardes. Entre gases lacrimógenos y comenzando la represión, se fueron nomás en sus camionetas de lujo, esos que hasta el día de hoy son recordados como el peor cuerpo legislativo de la historia. Funcionales a un gobierno que solo causó daño y dolor a nuestro pueblo.

A partir de ese momento se desata la rabia, porque lo que habían hecho no tenía precedente, no podía ser aceptado así no más y por lo tanto vivenciamos una de las mayores muestras de dignidad y lucha de la historia de Chubut. Esa primera noche pasó de todo, se llevaron detenidas a dos compañeras a las cuales arrestaron de manera clandestina dentro de la misma Legislatura. La tensión crecía, la gente se multiplicaba. Resistimos una represión de casi seis horas, esa noche nadie durmió. La solidaridad de la gente de Rawson fue increíble, nos abrían las puertas de sus casas para que nos resguardemos de la represión, nos atendían con preocupación.

Yo recuerdo haberme desmayado en plena represión por los gases lacrimógenos y por un tiro de bala de goma que me dio en la frente. Fui socorrida por compañerxs que, a riesgo de ser apresados, decidieron no dejarme y me arrastraron fuera de esa primera línea. Fui asistida dentro de la casa de una vecina que nos ayudó con todo su amor.

Para el jueves, las convocatorias fueron masivas en toda la Provincia. En la Capital, Rawson, se prendió fuego todo. La casa de gobierno, el tribunal superior de justicia, patrulleros de la comisaría, edificios públicos del poder estatal, todo ardía.

De pronto esas calles que nos habían visto marchar pacíficamente durante tantos años, se poblaron de rabia y de la habilitación social a romper todo. La bronca acumulada de tantos laburantes que la veníamos pasando muy mal, de tantos pibes que sufrían la violencia policial en sus barrios, explotó con la gota que rebalsó el vaso: el atrevimiento de aprobar una ley que nos condenaba a más miseria y muerte. Todo eso se vio durante siete días en una batalla campal en la que, a pesar de la brutal represión, la gente no dejaba de sumarse a las movilizaciones.

Fuimos trinchera, con piedras y algún que otro cartel que se volvió escudo para resistir y enfrentar las balas. Hubo marchas pacíficas donde cientos de familias participaban con cantos y frases ingeniosas en banderas, pero también se sucedieron momentos en donde la bronca se expresaba con acciones directas. Porque cuando los gobiernos violentan, el pueblo responde como puede y lo hace en legítima defensa. No hay acto más soberano y digno que una rebelión popular.

El lunes 20 de diciembre del 2021 se cumplían veinte años de aquella rebelión popular en el marco de una crisis política, económica, social e institucional que pasó a la historia como Argentinazo. Bajo el lema “que se vayan todos” el pueblo argentino se rebeló contra el gobierno de Fernando De La Rúa que se vio obligado a renunciar. En aquellas jornadas del 2001, la sangrienta represión policial se llevó la vida de treinta y ocho personas y dejó un saldo de cientos de heridos. Diciembre siempre nos duele, pero también nos invita a continuar por el camino de tantxs que dejaron su vida luchando.

En pleno Chubutazo y con la memoria del Argentinazo que nos ardía en el pecho, se cortó una ruta nacional, esa misma que meses antes nos había visto peleando por la Iniciativa Popular. Fue un corte duro, masivo, complejo.

En plena acción, los rumores de la derogación de la ley de zonificación minera comenzaron a aparecer. El sector de la pesca que se encontraba presente a través de su sindicato, también recibió la noticia de que no se aprobaría una ley que perjudicaba a lxs trabajadorxs del sector. Después de varias horas, se levantó el corte y marchamos desde la ruta hacia el centro de la ciudad de Trelew. Se realizó un acto en la plaza y se convocó a movilizar al día siguiente nuevamente en Rawson. Acto seguido se prendió fuego el diario prominero de la provincia (Diario El Chubut). Cómplice de las multinacionales y funcional al poder, ese medio había tenido una responsabilidad central en el lobby minero. El pueblo tenía identificados a sus enemigos e hizo justicia.

El martes 21, a siete de días de su aprobación, la Legislatura de la provincia derogó la ley de zonificación minera. El pueblo triunfó. Es inexplicable la sensación que nos atravesó ese día. Éramos muchxs, los abrazos y las lágrimas brotaban de nuestros cuerpos cansados, lo habíamos logrado. Distintos gobiernos habían intentado aprobar la ley, Arcioni finalmente logró cumplir con el pacto de poder. Pero la fiesta les duró siete días. No pudieron contra el pueblo.

Ese día se festejó en la plaza, se bailó cumbia. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ver arder la casa de gobierno y tras el triunfo colectivo, ver los rostros de felicidad de tantxs compas, de mi amiga, de tantxs amigxs, me quedó grabado en la retina y en el corazón para siempre.

Mientras escribo este artículo se cumplen cuatro años del Chubutazo, los recuerdos en redes aparecen día a día y vaya que da ánimo saber que este pueblo pudo tanto.

La lucha sigue

En este artículo pude contar nuestra pequeña victoria con el sobreseimiento ganado, sin embargo, este triunfo no nos puede nublar la visión. Somos conscientes de que el capitalismo seguirá avanzando sobre nuestros cuerpos y territorios, siempre vendrán por nuestros bienes comunes. Lo que para nosotrxs es territorio con vida humana y no humana que lo habita, para ellos es riqueza explotable y todas aquellas personas que se opongan a su plan de despojo serán perseguidas y castigadas, como lo son las comunidades originarias, como lo son los vecinos que lucharon en las jornadas del chubutazo.

El actual gobierno de Ignacio Torres, mientras avanza nuevamente con proyectos mineros, se ensañó con los pibes imputados por los daños materiales del Chubutazo.  Eran ocho, un día antes de conocerse la sentencia uno de estos pibes se suicidó.  Lautaro Martínez. Presente, ahora y siempre. Gracias por tu digna lucha.  Esta causa tuvo incontables irregularidades. Finalmente, sin pruebas, condenaron a seis vecinos y dos de ellos hoy están presos. En este momento se lucha por su liberación.

Después de relatar lo que fue el acontecimiento más importante de la historia reciente de Chubut, vuelvo a esa pregunta inicial sobre el significado de nuestro sobreseimiento. ¿Por qué es importante y qué significa? Desde nuestro humilde lugar sentimos que esta pequeña victoria sienta un precedente que da aliento a todas las personas criminalizadas por luchar y la forma en la que llevamos esta causa que fue de manera colectiva y con la frente en alto, muestra un camino, ya que fue dicha actitud la que nos permitió mantenernos firmes y ganar la batalla en el terreno del enemigo.

Este sobreseimiento significa para nosotrxs la posibilidad de seguir luchando con alivio y con la cabeza, el cuerpo y el corazón puesto en donde tiene que estar: en la transformación de raíz de una sociedad capitalista que nos está llevando a un callejón sin salida. Estamos siendo parte de la historia que nuestro pueblo escribe a sangre y fuego. Estuvimos presentes en momentos cruciales de la lucha por el agua, poniendo el cuerpo junto a tanta gente, fuimos gotitas de un mismo río. Desde el mar hasta la cordillera y pasando por la meseta, nuestra provincia fue cuna de importantísimas luchas en defensa de los bienes comunes.

El Chubutazo fue producto también de toda esa historia y es nuestra responsabilidad seguir la lucha, multiplicando la pedagogía constante de las asambleas socioambientales que durante años desarrollaron la conciencia de nuestro pueblo, allanando el camino para su emergencia masiva en los momentos decisivos. Este artículo tiene la humilde pretensión de aportar a otras peleas que hoy mismo se dan en tantos lugares del mundo. La correlación de fuerzas en el terreno de la lucha socioambiental suele ser muy adversa. Pero con determinación popular, organización y conciencia, los pueblos podemos ganar.

Esperamos que la experiencia del Chubutazo pueda motivar la organización y la participación en otras partes. La lucha por un mundo ecosocialista, feminista y sin fronteras, libre de toda opresión, es el faro que ordena nuestro camino. No podemos conformarnos con menos. Es posible vencer, tenemos que hacerlo. La revolución es nuestra tarea.  ¡Lucharemos hasta que todo sea como lo soñamos, por el agua y por la vida! ¡No es No!

21/12/2025

Andrea Leonett

https://vientosur.info/al-sur-del-sur-de-este-mundo-un-gran-triunfo-socioambiental-contra-el-extractivismo/

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Entre el miedo y la esperanza, así el regreso a clases de niños en Venezuela y Nigeria

El regreso a clases en Venezuela y Nigeria es muestra de los retos que persisten a la hora de garantizar el derecho universal a la educación en el mundo.

El regreso a clases en países marcados por la violencia y la inseguridad como Venezuela y Nigeria ha capturado la atención mundial. Miles de niños en ambos países retornaron a las aulas, enfrentando temores y desafíos particulares después de periodos de interrupción por conflictos, violencia y amenazas a su seguridad.

 

¿Cómo fue el regreso a clases en Venezuela?

En Caracas y otras regiones de Venezuela, los niños regresaron a clases después de la pausa navideña en un contexto de tensión política, después de los recientes eventos que incluyeron acciones militares y la captura de Nicolás Maduro, situación que generó una preocupación entre padres y docentes.

 

Según el Ministerio de Educación, más del 97% de la matrícula escolar retomó sus actividades, aunque la asistencia fue considerada “media a baja” por docentes y sindicatos, que señalaron el temor entre familias y un aumento en el costo del transporte, además de la presencia de fuerzas de seguridad en planteles.

 

Estudiantes y representantes expresan sentimientos encontrados: algunos muestran entusiasmo por reencontrarse con sus compañeros, mientras que otros mantienen inquietud por el futuro político y social de Venezuela.

 

¿Qué ocurre con los niños en Nigeria?

En norte de Nigeria, después de prácticamente dos meses sin clases debido a secuestros masivos y amenazas contra escuelas, se inició una reapertura gradual de algunos colegios, notablemente en el estado de Kaduna, donde se permitió el retorno de estudiantes bajo estrictas medidas de seguridad.

 

La decisión se tomó después de la suspensión de actividades tras la abducción masiva de estudiantes en noviembre de 2025, un episodio que expuso la vulnerabilidad de las escuelas frente a grupos armados e insurgentes en la región.

 

Mientras algunos centros educativos reabrieron, en estados como Niger, otros siguen cerrados por el riesgo persistente de violencia, pues la seguridad de estudiantes y docentes continúa siendo una prioridad nacional; ¿por qué sigue siendo difícil para los niños volver a clases?

 

Después de ataques, ¿es seguro estudiar? Esto pasa en Venezuela y Nigeria

En ambos países, la incertidumbre política y la amenaza de violencia han marcado el regreso a clases: En Venezuela, las repercusiones de los eventos recientes, incluidos ataques militares y cambios de mando, han generado “estado de excepción” y presencia de fuerzas de seguridad en escuelas, lo que ha influido en la asistencia.

 

En Nigeria, los secuestros escolares y la inseguridad latente obligaron a cerrar aulas, y aunque algunas reabrieron, el miedo de padres y estudiantes sigue siendo una realidad palpable; ¿puede la educación prosperar en medio de la inseguridad?

 

El regreso a clases en Venezuela y Nigeria es símbolo de resiliencia y esperanza, pero también de los retos que persisten en garantizar el derecho universal a la educación; ¿qué más se necesita para que los niños puedan estudiar sin miedo?

 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/regreso-a-clases-venezuela-y-nigeria-ninos-incertidumbre-y-resiliencia/

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Uruguay y el acceso a la educación de personas migrantes como estrategia de desarrollo

El país prioriza el derecho a la educación por sobre la situación administrativa de quienes llegan del exterior

Dentro de ese conjunto heterogéneo, dos corrientes migratorias se destacan con fuerza en la última década: la llegada de personas cubanas y venezolanas, que eligieron Uruguay como destino en busca de estabilidad frente a contextos sociales, políticos y económicos adversos en sus países de origen. Estas comunidades se han convertido en protagonistas de la nueva etapa migratoria del país, junto a otras nacionalidades (en menor medida) como la haitiana y la dominicana.

Para 2025 se registró un aumento significativo en el número de personas extranjeras residentes, superando las 100.000. Este escenario plantea desafíos concretos en materia de integración, entre ellos, el acceso efectivo a la educación pública.

La educación aparece como uno de los ejes centrales de integración y, en ese aspecto, Uruguay presenta ventajas en comparación con la mayoría de los países de la región. El Estado promueve la inclusión de estudiantes extranjeros a través de normativas, guías y políticas públicas que facilitan el acceso a todos los niveles educativos, reconociendo la diversidad cultural y buscando una integración efectiva.

Los procesos incluyen la reválida de estudios, la presentación de documentación básica (como cédula, pasaporte o carné de salud) y, en algunos casos, entrevistas o mecanismos de asignación de cupos. A esto se suma un énfasis en la adaptación pedagógica y el acompañamiento emocional, especialmente en el ámbito escolar, con el objetivo de asegurar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes.

Estas políticas se inscriben, además, en una estrategia de desarrollo de largo plazo, vinculada a la baja densidad poblacional del país y a la necesidad de atraer y retener población joven. En ese marco, Uruguay no exige residencia legal definitiva para inscribirse en una institución pública: basta con acreditar identidad mediante pasaporte, cédula extranjera o documento del país de origen para que niños, adolescentes y adultos puedan acceder a escuelas, liceos, UTU, formación docente y a la universidad pública.

En los niveles de educación inicial, primaria y media, el sistema educativo uruguayo aplica un criterio de inclusión inmediata para niños y adolescentes migrantes. En el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el enfoque se centra en garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones, promoviendo la inclusión a través de guías de inscripción, procesos de reválida y espacios de fortalecimiento educativo y convivencia, con acciones orientadas a la sensibilización y el acompañamiento.

ANEP apoya el ingreso de migrantes al sistema educativo uruguayo

En la educación media, tanto secundaria como la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) buscan asegurar una inclusión rápida y el acceso universal, garantizando la inscripción (incluso provisional) conforme a la normativa vigente. Se promueve la educación intercultural, se solicita documentación básica y se facilitan los procesos de reválida para asegurar la continuidad educativa. Además, existen puntos de asesoramiento especializados para personas migrantes. En ese marco, se habilitan mecanismos de revalidación de estudios secundarios cursados en el extranjero, permitiendo incluso el ingreso a la universidad sin contar inicialmente con toda la documentación, bajo resoluciones del Consejo Directivo Central (CODICEN).

La Universidad de la República (Udelar) también ha incorporado mecanismos que facilitan el acceso de estudiantes migrantes al sistema público. La institución permite el ingreso con documentación provisoria y acepta, en una primera instancia, certificados sin apostilla, otorgando plazos razonables para regularizar la situación administrativa. Este enfoque busca evitar que los trámites burocráticos se conviertan en un obstáculo para la continuidad educativa. A su vez, ofrece instancias de orientación académica y acompañamiento, reconociendo las dificultades de adaptación derivadas de diferencias entre sistemas educativos y barreras culturales.

La Udelar tiene una política de puertas abiertas para extranjeros

Otro aspecto relevante es la integración cultural. En el caso de inmigrantes no hispanohablantes, especialmente de origen haitiano o africano, se han implementado apoyos en lengua española, tutorías y mediadores interculturales en centros educativos públicos, factores que inciden positivamente en los procesos de integración.

Desafíos

A pesar de los avances, el modelo uruguayo de acceso educativo para personas migrantes no está exento de tensiones y limitaciones. En algunos territorios, la incorporación de nuevos estudiantes ejerce presión sobre la infraestructura existente y sobre equipos docentes que ya trabajan con altos niveles de demanda. A esto se suman las dificultades para la reválida de estudios en determinados niveles, la falta de cupos en algunas orientaciones y los desafíos pedagógicos y culturales que emergen en aulas cada vez más diversas.

La integración efectiva requiere, además, mayores recursos, más formación docente en enfoques interculturales y una coordinación más fluida entre el sistema educativo y las políticas migratorias, para evitar que la inclusión normativa no se traduzca en desigualdades en la práctica cotidiana.

Uruguay y el acceso a la educación de personas migrantes como estrategia de desarrollo

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Cecodap pide “condiciones esenciales de seguridad” para el regreso a clases en Venezuela

La organzación alertó que el Estado de Conmoción Exterior, la militarización y la falta de directrices claras generan angustia en las comunidades educativas y exige garantías verificables antes del inicio del año escolar.

Por: Tahiana González

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap),advirtió que la situación actual en Venezuela configuran un entorno que “desafía las condiciones mínimas” para el regreso a clases, pautado para el 12 de enero de 2026.

“La vigencia del Estado de Conmoción Exterior, sumada a la creciente presencia militar, las limitaciones de traslado y los riesgos en seguridad ciudadana, configuran un entorno que desafía las condiciones mínimas para la vida escolar”, escribió la organización en comunicado publicado en su página web el 8 de enero.

Cecodap expresó su preocupación ante la ausencia de lineamientos claros por parte de las autoridades educativas, lo que, a su juicio, ha generado incertidumbre, miedo y angustia entre familias, docentes, personal administrativo y directivo. 

“Es necesario afirmar con claridad que los derechos de niños, niñas y adolescentes no se suspenden en estados de excepción. La Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) obligan al Estado a garantizar la protección integral y la prioridad absoluta de la niñez, especialmente en situaciones de crisis, cuando los riesgos de vulneración se incrementan”, recalcó.

Ante ello, insistió que en el contexto actual no existen garantías homogéneas en todo el país que permitan asegurar un retorno a las aulas seguro de manera generalizada.

Exigencias de Cecodap para un retorno a clases

La organización consideró que cualquier decisión sobre el inicio de clases debe ser diferenciada y centrada en el interés superior del niño, atendiendo a las realidades específicas de cada comunidad educativa.

En ese sentido, señaló que un regreso a las aulas debe contar con las siguientes directrices:

-Condiciones esenciales de seguridad, servicios públicos y protección para estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo y familias.

-Escuelas libres, dentro y alrededor, de dinámicas de militarización, operativos de seguridad o presencia armada innecesaria que generen miedo o intimidación.

-Garantías claras de protección y debido proceso, que excluyan cualquier forma de criminalización, estigmatización o actuación arbitraria contra adolescentes.

-Condiciones de movilidad seguras, que permitan el traslado regular hacia y desde los centros educativos.

-Acompañamiento psicosocial, reconociendo el impacto emocional que el contexto puede tener en la comunidad educativa.

“Forzar un regreso presencial sin estas garantías transforma a la escuela, que debe ser un espacio de cuidado y protección, en un entorno de riesgo”, advirtió Cecodap.

Finalmente, la organización insistió en que la excepcionalidad que vive el país no puede traducirse en retrocesos para la protección de la niñez y la adolescencia, y recordó que garantizar un inicio del año escolar seguro, protector y afectivo es una obligación del Estado y una responsabilidad colectiva.

Las declaraciones oficiales

El 8 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el inicio de las clases se dará el 12 de enero en todo el país.

Este calendario ya había sido anunciado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Educación. Sin embargo, tras los hechos del 3 de enero existían dudas en la población sobre una eventual suspensión de las actividades educativas.

“Ya el lunes estamos regresando a clase, pero he pedido que a partir del día de mañana abra sus puertas nuevamente la Expo Niños en el Espacio, que ya tiene más de 400.000 visitas para que nuestros niños, nuestras niñas”, destacó Rodríguez durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV)

Posteriormente, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, emitió un comunicado confirmando el anuncio del regreso a clases, pero pidió “proteger a las comunidades escolares”, haciendo referencia a los acontecimientos políticos que se han desarrollado tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de EE UU en varios puntos de Caracas y otros Estados.

“Sabemos hacerlo y debemos hacerlo, porque nuestra primera tarea es proteger a cada niño, a cada niña, a cada joven. Es la escuela, el liceo, así como la familia, el lugar más seguro para ellos, el lugar del amor, el lugar de las posibilidades, el lugar donde pueden expresar sus preocupaciones y en el que por naturaleza encontrarán respuestas, interacción, vínculo humano”, expresó el ministro.

https://eldiario.com/2026/01/09/cecodap-condiciones-esenciales-de-seguridad-regreso-a-clases-en-venezuela/

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Argentina: Ley de “Libertad Educativa”, cuando la libertad es mercancía y la educación deja de ser un derecho

Por: Claudia Savo

El gobierno Nacional presentó su proyecto de “Ley de Libertad Educativa” como si se tratara de una ampliación de derechos. Algunos medios masivos lo celebran en esa clave, más opciones, más autonomía, más libertad. Pero cuando se corre el velo del marketing, lo que aparece no es más libertad para las mayorías, sino un Estado que promueve la educación librada al mercado y a las posibilidades económicas de cada familia.

La idea central del proyecto es clara, el Estado deja de ser responsable directo de garantizar el derecho a la educación y pasa a ocupar un rol subsidiario. En una nota de Infobae se repite una y otra vez que la familia es el “agente natural” de la educación y que el Estado no debe “imponer” contenidos ni modelos. Sin embargo, como bien señala Claudio Vilardo, docente de Educación Media en su nota publicada en este medio: “Donde pareciera decir que ‘el Estado no debe imponer’, debe leerse ‘el Estado no se va a hacer cargo’”, refiriéndose a dicho Proyecto de Ley.

Este corrimiento del Estado no es neutro, sino que, de implementarse el Proyecto de Ley, el mismo descarga sobre las familias, una responsabilidad que debería ser colectiva. En un país atravesado por la desigualdad social, eso implica que quienes tengan recursos podrán elegir, mientras que quienes no, quedarán a la deriva.

Desde el discurso libertariano se insiste en que “nada es gratis” y que la educación pública siempre “alguien la paga”. Lo que se oculta es que hoy la educación se financia, en gran medida, con impuestos regresivos que ya pagan mayoritariamente las y los trabajadores. El problema no es el gasto, sino quién paga y para quién se gobierna.

Además, este Proyecto de Ley mantiene la descentralización del financiamiento educativo, dejando a las provincias a cargo de la educación básica. En nombre de la “libertad de elección”, se consolida un esquema donde el Estado subsidia y estimula la expansión de ofertas privadas.

El discurso de Infobae presenta el financiamiento por demanda a través de vouchers, bonos o becas como una ampliación de la “libertad de elección” y una herramienta eficiente para mejorar la calidad educativa, siendo en realidad, uno de los puntos más graves del Proyecto de Ley. Cuando el dinero sigue al estudiante y no a la escuela, no se garantiza igualdad sino competencia desigual. Las instituciones mejor ubicadas social y económicamente concentran recursos, mientras que las que sostienen la educación en contextos más pobres quedan desfinanciadas. Así, lo que Infobae celebra como “neutral y moderno”, en los hechos consolida la segmentación del sistema educativo y profundiza las desigualdades que dice querer resolver. Como advierte Vilardo, “financiar las escuelas más ‘demandadas’, genera una brecha, un desfinanciamiento sistemático de las escuelas más desfavorecidas”. Por ejemplo, en el caso del financiamiento a través de vouchers, la experiencia internacional muestra que este modelo no corrige desigualdades, sino que las consolida y las vuelve estructurales.

En ese esquema, la educación deja de ser un derecho social y pasa a funcionar como un bien de mercado. Las escuelas se transforman en “empresas educativas” que compiten entre sí, seleccionan estudiantes y ajustan costos. El resultado no es calidad, sino expulsión.

La ley también avanza sobre los derechos laborales docentes. Declara a la educación como servicio esencial, limitando el derecho a huelga y habilita nuevas formas de contratación y organización escolar. Menos derechos para quienes enseñan y, en consecuencia, peores condiciones de aprendizaje para quienes estudian. “Menos derechos para trabajadoras y trabajadores de la educación. Y menos derechos, también, para estudiantes”, resume Vilardo.

Además, se habilitan salidas del sistema escolar tradicional, como la educación en el hogar o modalidades virtuales, sin garantizar condiciones reales de igualdad. Esto no amplía derechos, sino que legitima trayectorias educativas de segunda para los sectores populares.

No es casual que el proyecto ponga el eje en la familia y no en los estudiantes. Tampoco es casual que no hable de inclusión, igualdad o justicia educativa. Como señala el autor de la nota publicada en este medio, “lo que busca este proyecto, no se basa en ningún anhelo de libertad para las mayorías, sino en desligarse del gasto que implica el derecho a la educación”.

Por eso, frente a este proyecto, no alcanza con la crítica discursiva. Defender la educación pública hoy implica rechazar esta ley y organizarse para enfrentar un modelo que busca naturalizar la exclusión. Porque sin educación garantizada, no hay libertad posible.

Incluso, la ofensiva del gobierno Nacional no se limita a recortar derechos por separado, sino que avanza con un paquete integral de reformas, en principio la reforma laboral, la cual busca imponer jornadas interminables, debilitar convenios, abaratar despidos y criminalizar la organización colectiva para garantizar mano de obra precarizada, la llamada Ley de Libertad Educativa apunta a mercantilizar la educación y expulsar a las hijas e hijos de la clase trabajadora de un sistema público que debería ser un derecho. Tanto el Proyecto de Ley de “Libertad Educativa”, como la reforma laboral, responden a la misma lógica, trasladar costos, responsabilidades y riesgos a las familias trabajadoras mientras se liberan ganancias para las patronales y el gran capital. Por eso no se trata de peleas sectoriales, ni de leyes aisladas, sino de un ataque estructural que exige una respuesta común, enfrentar la Ley de Libertad Educativa es también enfrentar parte de la reforma laboral en el sector educativo, porque defender la educación pública y los derechos laborales es defender el futuro mismo de la clase trabajadora frente a un proyecto que solo ofrece más explotación, desigualdad y exclusión.

https://www.laizquierdadiario.com/Ley-de-Libertad-Educativa-cuando-la-libertad-es-mercancia-y-la-educacion-deja-de-ser-un-derecho

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Argentina – LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Comunicado del Consejo Directivo Nacional de Sadop

Desde Sadop denunciamos el rumbo de ajuste del Gobierno Nacional y señalamos su responsabilidad directa en la desarticulación del sistema educativo argentino, con la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, recientemente aprobada. Esta norma institucionaliza el recorte y consolida un proceso regresivo inédito en las últimas décadas, al tiempo que desmantela mecanismos y garantías que resguardaban el financiamiento de la educación y del sistema científico-tecnológico.

La aprobación del Artículo 30° del Presupuesto 2026 implica la eliminación del piso del 6 % del PBI destinado al financiamiento educativo, y deja sin efecto los marcos legales que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional, así como de la ciencia y la tecnología. De este modo, el ajuste se institucionaliza una vez más como política de Estado y el derecho a la educación queda reducido a una variable subordinada a la lógica de mercado.

Este retroceso estructural no sólo cercena el derecho a la educación, sino que debilita la capacidad del país para la formación técnica, científica y profesional, una trama esencial para la soberanía productiva, la innovación y la justicia social.

Por lo anterior, rechazamos categóricamente el Artículo 30 del Presupuesto 2026, ya que atenta contra derechos adquiridos y marcos de financiamiento ya consolidados, y en especial representa un grave atentado contra el derecho a la educación. Asimismo, repudiamos la conducta de quienes acompañaron este artículo, avalando un marco presupuestario que desfinancia la educación, la ciencia y el trabajo docente, y que restringe las condiciones reales de acceso, permanencia y posibilidad.

Desde Sadop decimos no al desfinanciamiento del sistema educativo y científico, al intento de desarticulación del sistema educativo nacional y a las políticas que deterioran las condiciones de vida y de trabajo de quienes educamos. Y exigimos el respeto irrestricto de los derechos conquistados, porque constituyen la base esencial de una sociedad democrática, justa y con igualdad de oportunidades.


Consejo Directivo Nacional

5 de enero de 2026

Fuente de la Información: https://sadop.edu.ar/no-al-desfinanciamiento-educativo-y-cinetifico-de-la-ley-de-presupuesto-2026/

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