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La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

Luis Bonilla-Molina

América Primero!! Es la expresión que condensa la actitud imperialista, neofascista y neocolonial norteamericana en el presente. La Declaración de Trump de este martes 16 de diciembre de 2025 es una profundización radical en la ofensiva imperialista sobre Venezuela. Ya no quiere “perseguir cárteles de droga”, ni producir un simple cambio de régimen, sino que exige el control absoluto por parte de Estados Unidos del petróleo venezolano, demandando la “devolución de territorios” que no es otra cosa que cambiar la condición de dependencia por una relación territorial neocolonial. Estados Unidos amenaza con anexar parte o la totalidad del territorio venezolano, algo sin precedentes y de una significación dramática.

Esta confesión de parte en las intenciones de los Estados Unidos nos debe convocar a la conformación de un amplio frente internacional contra la ofensiva imperialista a Venezuela, que con la movilización y denuncia en todos los rincones del orbe, evite este desafuero gringo de tomar posición de la soberanía territorial venezolana.

Los hechos

En noviembre de 2025 la administración de Trump publicó el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, en cuyas 57 páginas -versión en español- define sus prioridades, énfasis, propósitos y curso de acciones. Reivindicando y relanzando la Doctrina Monroe, este documento es un texto pragmático, una hoja de ruta para el momento político de construcción de un reordenamiento capitalista global, en el cuál Estados Unidos necesita afianzar su poder porque pretende dirigir esta transición.

La Estrategia de Seguridad Nacional tiene continuidades imperiales que hemos venido analizando en ensayos recientes, pero también las particularidades propias de un momento histórico singular en el cuál otros países capitalistas le disputan la supremacía económica (China), el equilibrio militar (Rusia), el eje de la innovación que se ha vitalizado en lo que se  denomina como la región Indo-Pacífico, y Europa ya no tiene posibilidades ni capacidades para seguir siendo su anillo de seguridad y contención en Eurasia. Es imposible comprender el giro iliberal y neofascista de la administración Trump sin vincularlo a estas dinámicas. Se equivocan terriblemente quienes caracterizan el momento como una simple etapa de liderazgo divergente en el imperio.

El nuevo orden mundial que puja por nacer es increíblemente capitalista y militarista, y Estados Unidos aspira no solo a ser parte de él, sino a seguir siendo la nación hegemónica. No hay un contrapeso de Estado anticapitalista en este tablero, aunque la revolución de los de abajo sigue apareciendo en el horizonte como posibilidad. En ese reacomodo, el control de la energía y los insumos para la innovación (petróleo, uranio, litio, tierras raras) juegan un rol central.  Estados Unidos no quiere repetir la historia del declive del imperio español ante el británico, quiere estar al frente de los cambios geopolíticos que acompañan a la cuarta revolución industrial.

La administración Trump ha definido claramente sus prioridades territoriales en lo que denomina el hemisferio occidental, una especie de frontera ampliada que incluye a toda Latinoamérica y el caribe, Canadá y Groenlandia.  En ese escenario Venezuela adquiere un valor estratégico, por sus riquezas minerales -la mayor reserva de petróleo, potencialidad de tierras raras en la zona sur/Orinoco- biodiversidad -agua y reserva genética- además de una situación militar privilegiada al norte de Suramérica, al sur del Caribe con fachada al Atlántico, a escasos kilómetros del Canal de Panamá que le permite acceso al Pacífico. Estados Unidos no quiere compartir estos privilegios con China, Rusia ni ninguna nación emergente. Es decir, Venezuela para los norteamericanos, como sentencia de la Doctrina Trump. Desde la apertura de la relación abierta neocolonial de Estados Unidos con Venezuela, después del bloqueo europeo a las costas venezolanas (1902-1903), su mediación para la solución del impasse -justificada en el marco de la Doctrina Monroe- y el golpe de Estado liderado por Juan Vicente Gómez -que por lo menos EEUU avaló- este es un giro sin precedentes de violación a la soberanía territorial y política.

Para lograrlo, desde agosto del 2025 se ha generado el más impresionante desplazamiento militar y de tropas conocido en la región por décadas. El ataque a botes de pescadores, acusados de ser “mulas” del narcotráfico, ha sido la melodía trágica de presentación de su ofensiva sobre Venezuela que se recrudece cada día. La intervención del espacio aéreo venezolano, con NOTAM emitida por la autoridad de tráfico aéreo norteamericano y la orden presidencial directa de Trump de prohibir los vuelos hacia el país, fue escalada con la piratería marítima de captura y confiscación de un buque petrolero. Este 16 de diciembre, el propio Donald Trump ha declarado que le exige a Venezuela que “le devuelva el petróleo, tierras y otros activos a Estados Unidos. Es decir, ha declarado públicamente su decisión de apoderarse de las reservas petroleras y el deseo de colonizar directamente parte del territorio venezolano.

Eso solo lo puede lograr mediante la ocupación militar directa del territorio, colocando bases militares. Pero quiere hacerlo con el menor costo posible, en términos de pérdida de vidas de soldados gringos, gastos operativos e impacto político. Por eso, la decisión de confiscar todos los barcos petroleros no autorizados por el Departamento del Tesoro norteamericano es otra escalada para asfixiar al gobierno de Maduro y crear las condiciones para su caída, ya sea por implosión interna, golpe de Estado desde el mismo Madurismo para iniciar una transición pactada en los términos de la Estrategia de Seguridad Nacional, o como resultado de una “operación quirúrgica” que permita colocar en el poder a la dupla Edmundo González Urrutia (EGU)– María Corina Machado (MCM). La asfixia económica del país pareciera ser la herramienta ideal para concretar cualquiera de estas iniciativas coloniales. Estaríamos hablando del riesgo de una hambruna sin precedentes para la población venezolana.

La colocación de bases militares norteamericanas en territorio venezolano le permitiría establecer una relación colonial cercana a las reservas petroleras, asegurándose la exclusividad de su acceso. En un país como Venezuela, en el cuál incluso su aliado histórico Rómulo Betancourt no aceptó la colocación de bases militares gringas en el territorio, por los efectos que tendría el nacionalismo criollo en la voluntad electoral del pueblo, esto solo es posible lograrlo con una larga transición caótica -que prolongue y aunque parezca increíble, eleve la miseria y tragedia de las condiciones materiales de vida de la población vividas en el periodo madurista- algo que cada vez aparece de manera más nítida en la ofensiva gringa.

El daño colateral inmediato se está sintiendo en Cuba, imposibilitada de recibir el auxilio venezolano en materia de combustible y petróleo para su economía y el mantenimiento del sistema eléctrico. Estados Unidos apuesta por un efecto dominó en la región, que produzca la “carambola” de desplazar de un solo golpe a los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua.  Es decir, el posicionamiento es para el control total del llamado hemisferio occidental.

Adicionalmente, usando los avances tecnológicos de última generación, en captura y procesamiento de datos, Estados Unidos avanza en la puesta en marcha del régimen de control predictivo al disponer de una información extremadamente valiosa sobre el comportamiento de la población -del hemisferio occidental en general y Venezuela en particular- ante su despliegue militar en el Caribe sur. Por eso, la clínica de rumores y contra informaciones que genera día a día en las redes sociales, para incentivar respuestas de la población, poderlas segmentar y clasificar, para la construcción de sus escenarios de acción.  Estamos viviendo la primera ofensiva militar regional con tecnología, técnica y propósitos propios de la cuarta revolución industrial, por lo cual resulta terriblemente limitada su interpretación con las claves paradigmáticas de las tres primeras revoluciones industriales.

La transición imposible

María Corina Machado (MCM) tiene un liderazgo indiscutible entre la población venezolana, incluso en sectores que históricamente apoyaron al Chavismo. Eso se lo debe en buena medida a Maduro, quién en su afán de polarizar para evitar la consolidación de una oposición de izquierda, ha jugado el juego que más le conviene a MCM. Pero liderazgo -de MCM- socialmente arraigado, no es lo mismo que capacidad para gobernar, especialmente si es errado el diagnóstico que se tiene de la crisis venezolana y el camino de su superación. La apuesta de MCM es el impulso de un gobierno iliberal que continué y profundice las políticas neoliberales aplicadas por Maduro, especialmente implementadas a partir de 2018. Su estrategia de liberalización absoluta de la economía del mercado como fórmula para generar empleo, la coloca de espaldas al problema central del venezolano en el corto plazo, salarios y retorno de condiciones materiales de vida mínimamente decentes. La “bonanza post madurista”, de una economía sin sanciones, MCM la piensa en clave de privatizaciones, flexibilización del empleo y atracción de capitales internacionales, solo posible manteniendo bajos salarios.

Estados Unidos lo sabe, por eso su apuesta por una transición de EGU-MCM, para abrir paso a la larga transición caótica que le permita instalar su relación abiertamente colonial con el territorio y las riquezas venezolanas.  De hecho, MCM lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que la “recuperación de Venezuela” exigirá niveles más profundos de cooperación con Estados Unidos.

Los errores de cálculo del Madurismo

El antiimperialismo del Madurismo tiene los límites de su sobrevivencia en el poder. El Madurismo no es de izquierda, mucho menos revolucionario. Desde la guerra de Ucrania ha procurado un acuerdo estratégico con Estados Unidos, canjeando petróleo a cambio de permanencia en el poder, cabalgando la posibilidad de levantamiento de las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas con fuerza por Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2017. El problema es que ahora la administración Trump quiere ir mucho más allá.

El gobierno de Maduro ha sido una desgracia para la población y la clase trabajadora venezolana. No solo en términos salariales y de condiciones materiales de vida, sino en restricción de libertades democráticas básicas, como derecho a opinar, libertad de expresión, posibilidades de organizarse autónomamente en sindicatos y partidos políticos, arraigo territorial y desarrollo humano integral. Maduro ha sido un terminator de los avances ocurridos en el periodo chavista y un profundizador de sus errores. Ningún venezolano vivo ha conocido peor gobierno que el de Maduro.

En medio de estas condiciones de ofensiva imperialista Maduro continúa con su línea de acción autoritaria y de supervivencia del sector de la nueva burguesía que representa. Una ofensiva imperialista como la desatada desde agosto de 2025 en el sur del Caribe solo se puede enfrentar con un gran frente nacional antiimperialista resultante del consenso mínimo nacionalista, pero esto pasa por revertir sus propias políticas, generando la libertad de los presos políticos -entre los que se cuentan dirigentes sociales, progresistas y de izquierda- amnistía general para todos los enjuiciados, presos y quienes son objeto de medidas restrictivas, devolución de los partidos políticos a sus legítimos militantes, y una reorientación de los menguados ingresos nacionales hacia sueldos y salarios. Pero ha hecho todo lo contrario, ha profundizado la represión, aumentado el número de detenidos y enjuiciados, profundizado la caída del salario y la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Hace todo lo contrario a lo que la lógica demanda, porque su compromiso no es con el pueblo sino con el sostenimiento de un modelo de acumulación que favorece a los ricos.

La retórica de Maduro no se corresponde con lo que socialmente ocurre. Para el ciudadano común, el ataque norteamericano es fundamentalmente contra Maduro, y no hay razones para defenderlo. Ante este panorama, el desespero de la sobrevivencia ha hecho pensar a amplias capas de la población que una salida de Maduro, por cualquier vía, sería el inicio de la recomposición de la situación de oprobio en la cual se vive. Para el común de la población la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos poco importa, porque Maduro disolvió la esperanza en un mañana mejor.

Se trata de un panorama complejo para las fuerzas nacionalistas, progresistas y quienes no han renunciado a la identidad de izquierda, negándose a colocarse bajo la dirección de EGU-MCM o la aceptación del desgobierno madurista.  Lo significativo es que el país vive hoy, desde el mundo del trabajo y la clase trabajadora, iniciativas de despolarización a partir de la construcción de un programa mínimo de defensa del salario y las libertades democráticas básicas. La interrogante es si darán los tiempos para construir un polo autónomo para otra transición posible.

¿Qué hacer?

Continuar apostando -y trabajando- por la constitución de un polo político autónomo de los y las trabajadoras, apoyando sin reservas iniciativas como la conformación este 12 de diciembre del Acuerdo Unitario de 6 centrales sindicales, federaciones, gremios y sindicatos por el rescate del salario. Un evento como este, en medio de las tensiones militares en el Caribe, habla del instinto de la clase trabajadora ante cualquier escenario en el corto y mediano plazo.

Aunado a ello, se debe profundizar la campaña por una Amnistía General, que libere a todos los detenidos, enjuiciados y sometidos a medidas restrictivas, abriendo camino al encuentro de múltiples voces para pensar la soberanía nacional en tiempos de ataque imperialista. Exigir la devolución de los partidos, sindicatos y federaciones sindicales a sus legítimas representaciones.

Cualquier diferencia con Maduro, partido político o personalidad, no puede servir de excusa para no desarrollar un auténtico antiimperialismo, eso sí desde los intereses de la clase trabajadora. Todas las fuerzas democráticas, progresistas, populares y de izquierda deben denunciar y enfrentar la ofensiva norteamericana sobre Venezuela, lo que no significa de modo alguno defender al gobierno de Maduro. La salida del Madurismo debe ser una decisión y proceso soberano del pueblo venezolano, liderado por su clase trabajadora. En este sentido, son días de impulso de una política antiimperialista sin dobleces ni dudas.

Sea frente a Maduro, EGU-MCM o cualquier gobierno, la clase trabajadora debe defender su autonomía y reafirmar que solo su capacidad de lucha le permitirá salir del actual drama. Los y las revolucionarias debemos con humildad y decisión abonar en este sentido y dirección. En esta dirección la conformación de un frente antiimperialista internacional puede contribuir a conjurar el rostro horrible de la guerra y la recolonización territorial. Avancemos en esa dirección.

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

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Venezuela: ¿Lo empujan hacia un Estado Libre Asociado?

Venezuela: ¿Lo empujan hacia un Estado Libre Asociado?

Aram Aharonian

El ataque militar de la flotilla estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro es un hecho gravísimo, pero en medio de tantas incertidumbres, en Venezuela la vida sigue y el Tribunal Superior de Justicia  venezolano consagró como presidenta a Delcy Rodríguez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamó a la población a retomar la normalidad y la estabilidad del país. La situación es de una tensa calma y no se descartan conflictos.

Estados Unidos demostró que  tiene fuerza y capacidad militar de secuestrar a un presidente o asesinar a un líder opositor a sus planes con un misil. Tras el ataque, Donald Trump anunció que su país va a monitorear todas las decisiones que se tomen en Venezuela, y va administrar su petróleo, el llamado excremento del diablo.

No cabe duda que los bombardeos en Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa, han golpeado al gobierno bolivariano, pero también han deslegitimado a Trump, quien se presentara ante muchos países del mundo como alguien que acabaría con las guerras –en el camino fue coautor del genocidio de gazatíes- y se atribuye el poder de cambiar presidentes en países extranjeros. Lo triste es que algunos sectores de la oposición venezolana incluso festejan la decisión estadounidense de reincorporar a su país como “territorio colonial”.

Pese a las presiones de Washington, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a lo que calificaron como una acción unilateral que contraviene normas esenciales del sistema internacional.

El ministro  de Defensa, Vladimir Padrino López indicó que, pese a la vulneración de la soberanía en lo que calificó como un «despliegue sin precedentes» por parte de Estados Unidos, el país «debe encaminarse sobre su riel constitucional». Informó que la Fuerza Armada Nacional activó su apresto operacional en todo el país «a fin de enfrentar la agresión imperial».

Más allá de muchas confusiones e incertidumbres, en Venezuela la vida sigue: no se quebró la cadena de mandos y en la presidencia quedó una persona de extrema confianza de Maduro, pese a los intentos de Trump de asociarla a la conspiración. Hay cambio de presidente, pero –por ahora- no hay cambio de régimen, que siempre ha sido el objetivo de Estados Unidos.

La Fuerza Armada Nacional, columna vertebral del dispositivo bolivariano, se mantiene en pie, quizá porque Trump no quiere generar un vacío de poder que lleve a un escenario de anarquía como en Irak, y así alimenta las versiones sobre una posible transición pactada.

Si bien la calle  estaba desierta el sábado, este domingo ya comenzó a normalizarse: hay metro, aviones y colas moderadas en los supermercados. Y una marcha grande en respaldo al bolivarianismo… pero la militancia carece de línea y hay confusión.

Rubio, ¿el procónsul?

El cubanomiamero Marco Rubio, canciller (su título es de Secretario de Estado) de Trump esbozó la hoja de ruta tras el secuestro de Maduro: control del petróleo, presión financiera extrema, amenaza militar latente y una negociación condicionada con las nuevas autoridades que impongan. Desestimó –por ahora- la ocupación militar con tropas en el terreno y dijo estar dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez, “siempre y cuando se tomen las decisiones correctas” (es decir, las imposiciones de EEUU).

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista de Trump en EEUU fue la confirmación de contactos con  la vicepresidenta venezolana, quien asumió el poder tras el secuestro de Maduro.  Rubio evitó dar detalles de la conversación por tratarse de temas «delicados», pero marcó una diferencia sustancial entre ella y Maduro.

Dijo que  «la clave de la que depende ese régimen es la economía impulsada por el petróleo», lo que supone un bloqueo naval de facto para interceptar y confiscar cualquier buque de transporte de petróleo no autorizado por Washington. Y para que no quedaran dudas, señaló que esta “cuarentena” es “el despliegue naval más grande los historia moderna en el Hemisferio occidental”.

«Vamos a juzgar avanzando. Vamos a juzgar todo por lo que hagan», dijo Rubio, quien señaló que con Maduro «simplemente no se podía trabajar» porque rompía todos los acuerdos, mientras que ahora se abre una etapa de «evaluación» sobre las decisiones que tome la nueva cúpula.

Rubio enumeró una lista de exigencias concretas que la Casa Blanca espera que cumpla el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que parecen más bien dirigidos a crear una imagen ominosa para el gobierno venezolano y siguen el libreto de los discursos de Trump.  Los puntos que describió como innegociables son: que la industria petrolera beneficie a la sociedad (no especificó si a la estadounidense), el cese total del tráfico de drogas, el desmantelamiento de las bandas criminales que denuncia Estados Unidos, la expulsión de grupos armados como las FARC y el ELN, y el fin de la alianza con Hezbollah, Irán y Cuba.

En vez de anunciar a un «mandatario legítimo» Trump se encargó otra vez de ningunear a María Corina Machado, a quién consideró públicamente incompetente para tomar las riendas del país. Rubio intentó suavizar el mensaje y aseguró que siente una «tremenda admiración» por Machado y por Edmundo González Urrutia, pero se abstuvo de señalar que ellos debieran asumir el gobierno. Ya le regalaron un Premio Nobel por los servicios prestados.

«En el siglo XXI, bajo la administración Trump, no vamos a tener un país como Venezuela en nuestro propio hemisferio actuando como cruce de caminos para Hezbollah, para Irán y para cualquier otra influencia maligna», sentenció Rubio.

¿Quién tiene el control?

Lo cierto es que Trump no tiene el control político, militar ni territorial en Venezuela. No hubo de momento una invasión militar a gran escala sino una «acción cinética» tendiente a secuestrar a un presidente en  funciones y utilizarlo como herramienta de presión y eventual moneda de cambio.

Según los expertos, la totalidad de los activos militares desplegados en los últimos meses en el Gran Caribe no son suficientes para tomar control de la accidentada y extensa geografía venezolana, ni siquiera de la capital Caracas y sus inmensas y organizadas barriadas populares.

La invasión de la pequeña Panamá demandó en 1989 la movilización de más de 30 mil efectivos. En suma, los bombardeos y ataques contra infraestructuras militares fueron la cobertura operacional de lo que eufemísticamente la jerga trumpiana llama «extracción».

Para algunos analistas,  el principal objetivo no fue ni es tomar el país por asalto, sino descabezar a la conducción política del proceso e inducir una fractura significativa en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo que desde inicios de siglo -en especial en 2002- tanto EEUU como la oposición vernácula han intentado sin éxito.

Para otros, el talón de Aquiles de la agresión imperial contra Venezuela es la ausencia de una fuerza vasalla endógena, con poder de fuego y capacidad de masas, que pueda proclamar algo parecido a una rebelión nacional «legítima» contra la «tiranía», dando una seudo coartada democrática a la agresión estadounidense. Esto explica el que Trump haya amenazado con otra ronda de ataques, y no se pueda descartar que la situación escale a una invasión total en las próximas horas o días, sobre todo si la región y la «comunidad internacional» no atinan a ejercer ningún tipo de acción disuasoria eficaz

Si el objetivo era inducir una rebelión militar de proporciones o una insurrección popular (o  ambas), ésta no se produjo. Entonces, es natural esperar que la presión armada sobre la cadena de mando se agudice y que el Pentágono busque compensar por vía militar lo que no se está consiguiendo en principio por vía política, que es la rendición incondicional de su enemigo.

Aquí habría que definir quién es el enemigo: si el gobierno o el pueblo. EEUU jaqueó al rey (Maduro) pero aún no ganó la partida y el control de Caracas y el país por las tropas venezolanas es real. No hay combates entre facciones militares, conatos de rebelión ni «guarimbas» de ningún tipo: 2026 no es 2014 ni 2017. Es más: las únicas movilizaciones, a pie o con motorizados, son desde el campo del chavismo, aunque por supuesto esto tampoco es 2002 (cuando el golpe y la restitución por movilización popular de Chávez).

Desde las fuerzas venezolanas dudan  que la fuerza invasora pueda intentar tomar control de los pozos e infraestructuras petroleras, para financiar así la operación y empezar lo que podría ser una larga e imprevisible estrategia de balcanización territorial como se ha hecho con frecuencia en otros teatros de operaciones. Según el «corolario Trump» a la Doctrina Monroe, los recursos estratégicos de Venezuela le pertenecerían a EEUU en virtud de las nacionalizaciones de la década del 70 y comienzos de este siglo.

El caso de Venezuela deja en claro que otros países también están bajo la espada de Damocles de la intervención: México, Colombia, Brasil, Cuba, etcétera. Esto nunca tuvo nada que ver con la democracia, los derechos humanos, los cárteles de las drogas o el combate al narcotráfico, sino con el relanzamiento de la geopolítica imperial más belicosa, el dominio geopolítica de Latinoamérica y el Caribe, y el saqueo colonial de nuestros recursos naturales.

Fuente de la Información: https://www.pressenza.com/es/2026/01/venezuela-lo-empujan-hacia-un-estado-libre-asociado/

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Internacional: «La ley del más fuerte impera»: Borón advierte que ataque a Venezuela marca la descomposición final del orden mundial

«La ley del más fuerte impera»: Borón advierte que ataque a Venezuela marca la descomposición final del orden mundial

El analista internacional Atilio Borón interpretó el ataque en Venezuela como el colapso de la diplomacia y las reglas posguerra, asegurando que la acción instaura la «ley del más fuerte» como norma global, con graves riesgos geopolíticos.

El analista internacional Atilio Borón interpretó el ataque a gran escala perpetrado por Estados Unidos en Venezuela como el inicio de una fase donde la diplomacia ha muerto definitivamente. En conversación con la programación especial de Radio Universidad de Chile, el académico aseguró que la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro confirma el colapso de las reglas que rigieron al planeta desde la posguerra.

Borón advirtió que la captura de Maduro mediante una incursión extranjera instaura la “ley del más fuerte” como norma global. “Me parece que esto es un proceso ya final de descomposición del orden mundial… Es inadmisible, no se puede normalizar una situación como esta”, señaló el académico, advirtiendo sobre las peligrosas repercusiones geopolíticas de validar una acción de este tipo.

El Efecto Dominó: De Caracas a Taiwán

Para Borón, el peligro no se circunscribe solo a Sudamérica. Al romper el derecho internacional, Estados Unidos podría estar habilitando tácitamente a otras potencias a resolver sus disputas territoriales por la fuerza.

El politólogo ejemplificó el riesgo: “Mañana no podemos sorprendernos si Azerbaiyán simplemente se apodera de Armenia, o si China finalmente decide incorporar ya a Taiwán a su jurisdicción nacional”. Según su análisis, Beijing podría argumentar: “Si Trump hace esto en Venezuela, ¿por qué nosotros no vamos a hacer esto en Taiwán?”.

Fotografía del analista internacional Atilio Borón.

Petróleo, Guerra Civil y el Colapso de la ONU

Sobre las motivaciones de la Casa Blanca, Borón desestimó la narrativa oficial centrada en el narcotráfico o la democracia, afirmando que el interés es puramente estratégico y económico. “A Trump lo que le interesa no es Maduro, le interesa el petróleo venezolano. El presidente Maduro es un dato absolutamente irrelevante para él; lo relevante es que ese petróleo está ahí y Estados Unidos dijo ‘nos lo vamos a tomar porque es nuestro’”, afirmó.

Respecto al escenario interno, el analista se mostró pesimista sobre una transición pacífica. Advirtió que la operación podría ser “el primer acto de una guerra civil muy preocupante”, con el riesgo de incendiar el “patio trasero” de Washington y extender la violencia hacia Colombia.

Finalmente, Borón fue crítico con el rol de los organismos multilaterales, asegurando que el sistema de Naciones Unidas “ha colapsado” y carece de capacidad para frenar a la potencia del norte, tal como falló previamente en Gaza o Ucrania. Concluyó su análisis citando a Violeta Parra para reflexionar sobre la naturaleza del poder imperial, recordando que el “león imperial es así siempre”, incluso bajo administraciones demócratas como la de Barack Obama.

Fuente de  la Información: https://otrasvoceseneducacion.org/wp-admin/post-new.php

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Argentina: Presupuesto 2026 El mayor ajuste anti educativo en casi un siglo

Este viernes 26 de diciembre en el Senado, el gobierno de Javier Milei aspira a poder aprobar su proyecto de Presupuesto 2026, el que cuenta con la media sanción de Diputados, en una sesión que dejó niveles de crisis y ciertos escándalos.

Este proyecto consagraría el mayor ajuste educativo desde mediados del siglo pasado, ya que no se trata de un recorte más ni de un mero debate contable, sino que enfrentamos un ataque estructural al derecho social y humano a la educación, de aprobarse su funesto Artículo 30°.

Allí se prevé una caída real del 47,3% para el área de Educación y Cultura respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023. La misma suerte sufrirá el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023 (ver cuadros del CEPA, Centro de Economía Política Argentina). A partir de ese nefasto Artículo 30° se eliminará de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad en los fondos asignados al área de ciencia y tecnología, los que debían ir aumentando hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032.

Además, implicará un golpe mortal a las escuelas Técnicas, que no tendrían razón de ser para el proyecto de apertura económica de la ultraderecha “libertaria”, que destruye toda industria nacional. Al licuarse en los hechos el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP, creado por el Artículo 52° de la Ley 26.058), que sufrirá un recorte de niveles históricos, con un 93% menos en lo proyectado para 2026, frente al presupuesto ejecutado en 2023.

Esto profundiza el vaciamiento que viene sufriendo ese Fondo para las Técnicas que, pese a estar vigente por ley, se viene desplomando desde que asumió Milei: “en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%” (informe CEPA N° 553, 20/12/2025), con lo que el gobierno suprime en la práctica el FoNETP. También implicaría un desfinanciamiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5%.

De igual gravedad es el Artículo 12° de este Presupuesto nacional 2026, que implica caída real del 33,8% de las partidas universitarias, contra lo ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo. Además de autorizar a la Secretaría de Educación que comanda el clerical y privatista Carlos Torrendel y en particular al siniestro Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a congelar el envío de fondos a una universidad si considera que sería insuficiente la información brindada sobre qué uso tendrán esos fondos por parte de cualquier universidad (ver [1]). Una discrecionalidad total para asegurarse, de una u otra forma, el recorte universitario.

Senado: otra sesión con tensiones

Si este viernes 26 el oficialismo lograra la aprobación definitiva en el Senado, se abriría una etapa que puede implicar un retroceso histórico en materia educativa. Aunque hay preocupación en parte de la oposición para aprobar esos artículos 12° y 30° desde sectores del PJ, la UCR y fuerzas provinciales en el tratamiento en particular. Aunque eso está por verse ya que, de haber un rechazo, debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Por eso Patricia Bullrich ejerce todas las presiones dado que el gobierno necesita el Presupuesto aprobado para cumplir con el FMI y las exigencias del mercado, ante los pagos la estafa de la deuda, a saldar en enero próximo y en todo el 2026.

Ya la media sanción en la Cámara baja fue escandalosa. En la madrugada del jueves 18, La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales funcionales —aceitados con millonarios fondos de los ATN para gobiernos del PJ de Catamarca, Tucumán y de Salta, así como a fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén y Santa Cruz— impusieron una votación por capítulos, negándose a debatirlo por artículo. Una maniobra antidemocrática que impidió rechazar también estos puntos críticos para la educación pública. La sesión estuvo a poco de no lograr el quorum necesario y solo pudo arrancar porque diputados peronistas de Córdoba que responden a Llaryora se sentaron en sus bancas, junto a Pichetto y Massot. Sin ese auxilio, el tratamiento de este recorte presupuestario se trababa.

¿Qué dice el funesto artículo 30 del Presupuesto?

El mayor ajuste educativo en las últimas ocho décadas

El corazón del ataque anti educativo son los Artículos 12 y también el 30, con el que pretenden derogar aspectos claves de leyes que hacen al presupuesto de la escuela pública, más allá de su escaso cumplimiento efectivo por los gobiernos capitalistas del PJ, la UCR, Macri y menos aún Milei, funcionaban como referencia y un supuesto piso de derechos.

Como el compromiso del Estado de garantizar como mínimo el 6% del PBI en educación (Ley de Educación Nacional 26.206 al eliminar su Artículo 9°), el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (Artículo 52 de la Ley Nº 26.058) y el recorrido de aumento presupuestario previsto para ciencia y tecnología (Artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). En el proyecto presentado para el 2025 proponían “suspender” estos artículos por un año, ahora los quieren derogar directamente. Una barbaridad.

La conducción Celeste de la CTERA denuncia que utilizar una ley de Presupuesto para derogar derechos permanentes viola abiertamente la Ley de Administración Financiera 24.156, que prohíbe modificar o derogar leyes vigentes mediante disposiciones presupuestarias anuales. Así lo expresa el Artículo 20° de esa ley: “No podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Esta violación constituye una grave irregularidad institucional.

Esta política de ajuste permanente como forma de gestión y gobierno liberfacho viene marchando: la inversión educativa acumula un recorte cercano al 50% y este proyecto de Presupuesto 2026 lo consolidaría. Como explicamos, la educación técnica es una de las más golpeadas: el ajuste supera el 90% y se elimina el Fondo para la Educación Técnica que financiaba la infraestructura, talleres, laboratorios, maquinaria, insumos y capacitación docente. Más de 1.700 escuelas técnicas, agro técnicas y rurales quedarán así a la deriva, desde la Puna al sur del país.

El resultado resultaría devastador: la inversión educativa nacional caería así a niveles de catástrofe, del 1.41% del PBI en 2023 y del 1,66% que tuvo en 2015, se pasa a tan solo el 0,68% del PBI, el registro más bajo en los últimos 22 años (CTERA: Presupuesto para 2026. Un análisis desde el punto de vista del Sector Educativo, 12/9).

Los recortes incluyen infraestructura escolar (-84,4%), formación docente (-71,2%), educación técnica (-84,5%), eliminación del FONID, programas de conectividad casi anulados, becas estudiantiles (-75%) y un millón de estudiantes sin asistencia. Se profundiza la deserción en profesorados, cae la matrícula, la planta docente y se habla hipócritamente de “calidad educativa” mientras los salarios permanecen en la pobreza.

Este ajuste económico se complementa con un proyecto ideológico regresivo. La llamada “libertad educativa” propone un Estado subsidiario, prioriza el “rol de la familia” y el “ideario institucional”, fragmentando el sistema, vaciando la escuela pública como espacio común y reforzando la privatización. No hay diagnóstico serio ni respuestas reales a los problemas de aprendizaje: se rompe el tejido social y se retrocede a un esquema previo a la institución del sistema educativo nacional con la ley 1420 (1882).

Es posible enfrentarlo, nuestras propuestas

Desde Alternativa Docente, ANCLA y el MST en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este ataque histórico y planteamos una salida de fondo. Para que haya verdadera educación pública es necesario destinar como mínimo el 10% del PBI al presupuesto educativo, cortar los subsidios a la educación privada y a la Iglesia, imponer impuestos reales y progresivos a las grandes riquezas y dejar de pagar la estafa de la deuda al FMI y los bonistas buitres. Plata hay: mientras ajustan a la escuela y la universidad pública, para 2026 el proyecto prevé destinar 60% más a pagar los intereses de la estafa de la deuda que a Educación y Cultura.

Luchamos por un sistema educativo nacional, único y estatal, con un nomenclador salarial único nacional sostenido íntegramente con fondos del presupuesto nacional, salarios igual a la canasta familiar, becas y una inversión masiva en infraestructura, útiles, mobiliario, conectividad y dispositivos. Por una educación obligatoria, gratuita, científica y laica, democrática, con perspectiva de género y ecosocialista. Con funcionarios que ganen como una docente y manden a sus pibes a la escuela y el hospital público.

Nada de esto se logrará en los pasillos del Congreso ni en los Tribunales, como aspira la conducción Celeste de CTERA y de gremios poderosos como el SUTEBA. Como demostró la heroica lucha del hospital Garrahan, que logramos transformar en causa nacional, es posible enfrentar y derrotar al gobierno, el FMI y sus cómplices. El camino es la calle, el paro y un plan de lucha nacional.

Así derrotamos la Ley Ómnibus y así podemos frenar este Presupuesto de saqueo y ajuste permanente. La Celeste de CTERA se ha negado a convocar al paro nacional y a una verdadera Marcha Federal Educativa, expresan una corriente derrotada, escéptica, que milita la resignación y se adaptan a la agenda capitalista y al “posibilismo” o el “malmenorismo” del PJ y de gobernadores como Kicillof, con quien se alinean incondicionalmente.

Es una tarea pendiente a exigir y reclamar, pero a la vez a impulsar y organizar de cara a un no inicio de clases 2026 y un plan de lucha desde los sectores que integramos la Coordinación Nacional Docente, con los gremios, la FND (Federación Nacional Docente), las seccionales y agrupaciones docentes combativas, independientes, multicolor y antiburocráticas. Sumate a este desafío colectivo para defender y transformar la educación pública.

[1] El Artículo 12 del Presupuesto 2026 establece que “las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

Presupuesto 2026. El mayor ajuste anti educativo en casi un siglo

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Educación socioemocional: ¿una nueva forma de domesticación escolar?

Por Carolina Dome

En los últimos años, la “educación socioemocional” o “bienestar socioemocional” se fue instalando con fuerza en las agendas educativas argentinas. La Ciudad de Buenos Aires la incorporó como eje prioritario en el plan Buenos Aires Aprende 2025; la Provincia de Buenos Aires está a punto de convertirla en ley con media sanción casi unánime. Misiones, Jujuy, Corrientes y Chaco ya cuentan con normativas similares. Todas las propuestas coinciden en un diagnóstico alarmante: altos niveles de ansiedad, depresión y pérdida de sentido entre estudiantes y docentes. Y todas las propuestas acuerdan en entrenar “habilidades” como autorregulación emocional, resiliencia, empatía y trabajo en equipo mediante talleres, recurseros y “cajas de herramientas” que los docentes deberán aplicar en contextos disímiles.

La importancia de la dimensión emocional en los procesos de aprendizaje es indudable, el asunto es debatir qué se entiende por ello, dado que en la mayor parte de propuestas sobre “educación socioemocional, éstas quedan reducidas a la biología de un individuo. La dimensión afectiva de los vínculos y las tramas escolares, tan reparadoras como subjetivantes en muchos casos, son fundamentales en cualquier horizonte político con sentido comunitario, pero parecen quedar por fuera de los “nuevos” enfoques.

Al respecto, los textos del Ministerio de Educación porteño son elocuentes: El bienestar socioemocional aparece como “condición fundamental” para el aprendizaje, por encima incluso de los contenidos disciplinares y de la propuesta pedagógica.

El material porteño se organiza en tres dimensiones —“soy”, “somos”, “actuamos”— que incorporan el uso de la primera persona del plural, pero que rápidamente se revelan como una suma de individuos que, en el mejor de los casos, cooperan. Lo grupal no trasciende la interacción interpersonal y no incluye la institución escolar: sus normas, sus desigualdades de poder, sus códigos disciplinarios quedan fuera de escena. Los problemas diagnosticados —soledad, ansiedad, depresión, polarización— se presentan como fallas en la gestión emocional de cada uno/a, nunca como efectos de condiciones materiales, de pobreza estructural, de precarización laboral docente o de un currículum que expulsa sentido.

La propuesta es profundamente instrumental: se ofrecen “herramientas” (semáforo de los conflictos, mapa interno, circuito del yo) que supuestamente cualquier docente puede aplicar para modificar la biología emocional de sus estudiantes. Se cita, con ligereza, que la plasticidad cerebral permitirá “mejorar competencias como la empatía o la resiliencia” mediante mindfulness o entrenamiento en inteligencia emocional. Así, el cerebro pasa a ser el protagonista del aprendizaje, reducido a un órgano que se reconfigura con recetas didácticas, ignorando que incluso la neuroplasticidad está mediada cultural e históricamente desde el nacimiento.

El sujeto que emerge de esta matriz es un sujeto adaptable, flexible, capaz de regular sus emociones “negativas” (ira, frustración, tristeza) para mantener la productividad en contextos de amenaza permanente. Un sujeto que no cuestiona las condiciones que generan su malestar, sino que aprende a gestionarlo individualmente. Un sujeto resiliente ante la precariedad, empático pero no solidario en el sentido político, colaborativo pero no colectivo. En definitiva, un sujeto funcional al mercado laboral actual y a la naturalización de la desigualdad.

Comparado con la Educación Sexual Integral (ESI), la diferencia es abismal. La ESI parte de una unidad de análisis relacional y sistémica: los cuerpos, los géneros, las sexualidades se constituyen en tramas de poder atravesadas por dinámicas de clase, raza y patriarcado. Propone una subjetividad que se construye reconociendo al/a otro/a como sujeto de derecho, habilitando legalidades que promueven el cuidado colectivo y la crítica a las desigualdades. La escuela aparece como lugar de ampliación simbólica, donde la sexualidad deja de ser tabú familiar para inscribirse en una red más democrática de saber y reconocimiento.

La educación socioemocional, en cambio, parte de una unidad de análisis individual-cerebral. El malestar no es efecto de relaciones asimétricas de poder, sino de una mala gestión emocional. No interpela la institución escolar ni sus prácticas cotidianas; al contrario, refuerza el disciplinamiento al convertir al docente en un aplicador de técnicas y al alumno en un auto-entrenador de su propia docilidad.

Mientras la ESI habilita la politización del sufrimiento, la educación socioemocional lo despolitiza y cae en la ilusión de que se puede auto-regular.

En un país donde más del 66% de niños y adolescentes viven en la pobreza, donde el suicidio juvenil es la segunda causa de muerte y donde la Ley de Salud Mental sigue sin presupuesto suficiente, la respuesta estatal no puede ser enseñar a respirar profundo o dibujar un “mapa interno”. Necesitamos más equipos de orientación escolar, más trabajadores sociales, implementación plena de la ESI y de la Ley de Salud Mental, presupuesto educativo real y, sobre todo, un debate colectivo con docentes, estudiantes y familias sobre qué sujetos se forjan en nuestras aulas.

Porque la escuela sigue siendo un organizador simbólico de gran centralidad en nuestras sociedades, aún con sus dinámicas conflictivas y su crisis histórica. La cuestión es si ésta es capaz de producir sujetos críticos, solidarios y con derecho a la indignación, o sujetos resilientes que aprendan a sonreír en un mundo en crisis.

Carolina Dome es psicóloga. Magíster en psicología educacional. Docente e investigadora en UBA.

https://www.pagina12.com.ar/2025/12/25/educacion-socioemocional-una-nueva-forma-de-domesticacion-escolar/

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Venezuela: “Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

Los docentes venezolanos reportaron que el aguinaldo de diciembre de 2025 resultó insuficiente. Con la canasta básica familiar por encima de los $500, este ingreso no cubrió ni el 25% de las necesidades del hogar, lo que imposibilitó los gastos navideños tradicionales.

Caracas. Mientras que el pago de los aguinaldos para cualquier trabajador en el mundo es un alivio económico, para el docente venezolano implica un ejercicio de supervivencia, en una situación marcada por salarios anclados en bolívares, la moneda nacional, que pierde valor frente al dólar.

Tras el cierre del cronograma de bonificaciones de fin de año este 15 de diciembre, el balance gremial es unánime: el ingreso desapareció entre el mostrador de la carnicería y el pago del transporte público, dos de los gastos más inmediatos y difíciles de postergar, sin margen para cubrir necesidades básicas ni tradiciones navideñas.

De acuerdo con datos registrados por el sector educativo, para este fin de año, un docente promedio recibió por concepto de aguinaldo montos que oscilaron entre los Bs. 4680 y Bs. 5400, equivalentes a entre $17 y $20 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A esto se sumó el bono contra la guerra económica, equivalente a $120 o Bs. 32.400, una asignación extraordinaria que no forma parte del salario base.

Pese a que el ingreso total parece superior al de años anteriores, educadores consultados por Crónica Uno señalaron que, con la canasta alimentaria familiar por encima de los $500, el ingreso navideño no alcanzó ni para cubrir una cuarta parte de las necesidades básicas de un hogar; mucho menos para estrenos, regalos y cena familiar.

Aguinaldos chucutos por la inflación

La principal denuncia de los gremios universitarios y de educación básica se centra en el fraccionamiento del pago. A través de esta modalidad se divide el ingreso en partes, lo que reduce su impacto real.

Los aguinaldos se cancelaron en cuatro cuotas a partir de octubre y, según dirigentes sindicales, para cuando se depositó la última parte, el 15 de diciembre, el poder de compra de los primeros bolívares ya se había erosionado por el alza del dólar oficial, que pasó de Bs. 199 a finales de octubre a superar los Bs. 270 en diciembre, un reflejo directo de la inflación y la devaluación de la moneda.

En un intento por paliar el desplome del poder adquisitivo y la brecha cambiaria, el sector docente solicitó a finales de noviembre una bonificación navideña de $400. No obstante, denunciaron el silencio administrativo de las autoridades.

Según representantes gremiales, la única contestación llegó semanas después bajo la forma de un denominado “bono hallaquero” de Bs.12,50, un pago simbólico asociado a la tradición navideña venezolana de preparar hallacas.

Esta asignación, que representa unos $0,20 a la tasa oficial, fue recibida como una afrenta por el gremio. Fuentes aseguraron que el monto no alcanzó ni  para comprar el pabilo de las hallacas.

Lejos de constituir un alivio, el aporte profundizó el malestar del sector educativo, que manifestó su rechazo e indignación a través de las redes sociales.

El drama de la mesa vacía

Elena Moya, de 45 años, es docente especializada en educación especial y acumula dos décadas de servicio en la administración pública. Madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, relata que este año no habrá olor a hallaca en su hogar porque sus ingresos no lo permiten, una ausencia que simboliza la imposibilidad de celebrar.

Tampoco pudo comprar los estrenos de sus hijos, ropa nueva que tradicionalmente se usa en Navidad.

Con sus aguinaldos y el bono de guerra apenas logró adquirir un kilo de pollo picado, dos kilos de carne y algunos víveres, alimentos básicos de consumo cotidiano. También pudo saldar cuentas de servicios que se acumulan mes a mes.

Quedaron fuera de su alcance renovar el guardarropa, pintar su casa y comprar el tratamiento para su glaucoma, una enfermedad ocular crónica que puede causar ceguera.

Calcula que los que compró apenas le alcanza para comer unos cinco días de forma racionada. Se vio obligada a recurrir a la caridad de amigos y familiares en el exteriorpara obtener los medicamentos necesarios para evitar el avance de su enfermedad.

«Cuando vi la notificación del banco por el pago del bono hallaquero, pensé que era un error. Me senté a sacar la cuenta y noté que esos Bs.12,50 del hallacazo no me alcanzaban ni para comprar el pabilo. Es una burla que nos llamen ‘forjadores del futuro’ y nos depositen lo que cuesta un caramelo. Nos están empujando a renunciar o a morir de hambre»

Salto inflacionario

Un recorrido realizado por Crónica Uno constató en noviembre cómo la inflación y la devaluación diaria del bolívar deterioraron la capacidad de compra de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores del sector público, al momento de adquirir los ingredientes para las hallacas y la cena navideña, platos centrales de la tradición venezolana.

Mientras que en noviembre de 2024 preparar 50 hallacas costaba Bs. 5302,80, o $120 al cambio oficial, para noviembre de este año el costo ascendió a $140 o Bs. 34.392,40, lo que representa un incremento de 548 %, una subida abrupta explicada por la inflación acumulada y el aumento del dólar oficial.

Ricardo*, profesor de bachillerato de 36 años, nivel educativo equivalente a la secundaria, relató que estas navidades hacer 25 hallacas le costó aproximadamente $62. Para cubrir los ingredientes buscó ingresos adicionales mediante clases particulares de inglés y castellano. Aun así estima que destinó 60 % de todo su ingreso de diciembre —incluidos los bonos— solo para garantizar el plato tradicional a su familia de tres integrantes.

Sin embargo, los estrenos quedaron fuera de su alcance; tampoco pudo viajar a Táchira para pasar las festividades con sus padres.

“Estos aguinaldos fueron un golpe duro porque se volvieron sal y agua ante los altos precios. Me siento humillado como profesional porque como gremio pedimos una bonificación para pasar una navidades decentes y por respuesta obtuvimos una migaja de Bs.12 con el bono hallaquero”.

A juicio del gremio de educadores, la crisis salarial profundiza el déficit de profesionales. Según datos de la Federación Venezolana de Maestros, el país cerró el 2025 con una falta de más de 200.000 docentes en el sistema público.

Éxodo y suspensión de nóminas

Para Carlis*, maestra de educación preescolar desde hace seis años, recibir $20 de aguinaldo y Bs.12 para hacer la hallacas. Para la docente, después de un año de trabajo, el monto representa una burla a su esfuerzo.

“Tengo tres trabajos para poder sobrevivir. Hago uñas y vendo ropa en línea los fines de semana porque mi labor como maestra no me sustenta. Los pagos que recibo en la cuenta me hacen sentir burlada y he pensado en abandonar mi ejercicio profesional, pero amo mi trabajo. Si no hay maestros ¿quién forma al futuro del país?”.

A la precariedad salarial se suma una denuncia alarmante de la Federación Venezolana de Maestros: la suspensión arbitraria de nóminas.

Carmen Teresa Márquez, presidenta del gremio, alertó que miles de docentes quedaron excluidos de los pagos de fin de año sin procedimientos administrativos previos, lo que dejó a familias enteras en total desamparo a pocos días de la Nochebuena, una de las fechas más importantes del calendario familiar venezolano.

El año 2025 concluye con una educación pública sostenida por la resiliencia de profesionales que, lejos de planificar vacaciones, terminan el año calculando cuántos kilos de harina o carne pueden adquirir con unos aguinaldos que resultaron insuficientes incluso para cubrir lo más básico. Esta postal resume la crisis salarial del sector educativo en Venezuela.

(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.

“Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

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Chile: La Universidad de Antofagasta planea despidos y cierre de carreras por déficit financiero

El plan de trabajo propuesto en el Consejo Universitario abarca desde despidos a docentes y no docentes, hasta el cierre de carreras. ¿Nos queda sólo resignarnos y administrar la reestructuración o hay otro camino?

Por: Akemi Matsubara

En el último pleno universitario del día 18 de diciembre de 2025, se presentó un borrador de propuesta de trabajo para el desarrollo del plan de reestructuración. Los argumentos esgrimidos son que la universidad está a dos meses de la quiebra y es insostenible. Es decir, no es “rentable”.

La Superintendencia de Educación (SES) ya había sugerido estos meses 5 medidas que la Universidad no tomó, las cuales se concentraban en aumentar la carga docente para no contratar docentes a honorarios, desfinanciar la investigación y cortar becas internas de la universidad. Una de las premisas que se señaló es que, o aceptamos este plan de reestructuración o la SES iba a intervenir y decidir.

Sin embargo, este plan de reestructuración de la Universidad no sólo aborda todas las medidas propuestas por la SES sino que va más allá. Mediante una “comisión de reestructuración” busca hacer revisión de la planta docente y no docente para despedir a académicos y funcionarios; plantea explícitamente la decisión de cerrar carreras, congelar incentivos para el desarrollo de investigación y publicaciones, ver la viabilidad de Centros e Institutos de la Universidad, entre otros.

Es decir, un ataque en toda regla a la única Universidad estatal de la Región de Antofagasta. El déficit, producto del abandono del Estado y de la lógica del autofinanciamiento de las universidades, lo pagaremos la comunidad educativa. Estas medidas no buscan fortalecer la educación pública, sino desmantelarla completamente, abriendo paso a los privados para extender aún más su negocio frente a la precariedad de las universidades estatales.

Todo lo que quieren recortar, son cosas indispensables para el desarrollo de una universidad pública. Nuestros docentes ya cuentan con una alta carga laboral, faltan profesores que tomen prácticas (como lo vimos con obstetricia hace un par de años, que no podían hacer prácticas porque no les pagaban a sus docentes), hay carreras que están profundamente precarizadas como música y artes escénicas, que son necesarias para el desarrollo humano en torno a las artes, sobretodo en una ciudad como Antofagasta donde la producción está primero. A la par, los funcionarios no docentes, sobre todo quienes son del área de aseo, son los más precarizados. Quieren hacer un muerto en vida de la Universidad de Antofagasta, transformándola en una máquina de producción de profesionales lo más rentable posible, lejos de una concepción de universidad destinada a crear conocimientos que resuelvan las necesidades de la población.

¿Por qué digo que quieren abrir paso a los privados desmantelando la universidad estatal? Porque muchos escuchamos a jóvenes que, buscando una buena educación, prefieren estudiar en universidades privadas donde aceptan beneficios estatales -como gratuidad y otros- porque ven que la UA está completamente precarizada. Que faltan laboratorios, docentes, salas, equipos, etc. Que la infraestructura es un desastre y más. ¿Quién querría estudiar en esas condiciones? La Universidad hoy la sostienen los académicos y funcionarios que con mucho esfuerzo hacen lo que pueden, a pesar de que la institución constantemente les retrasa los pagos, los precariza con honorarios, etc.
De esta forma, los estudiantes con beneficios estatales se van a las instituciones privadas, buscando algo “mejor”, y las privadas se llenan los bolsillos al recibir todo el financiamiento estatal.

En el pleno estudiantil, se discutió cómo los estudiantes podríamos “incidir” en el plan de reestructuración exigiendo la participación en la “comisión de reestructuración”, para resguardar la continuidad académica de quienes ya están estudiando (es decir, aceptar el cierre de carreras a través de que no entren más estudiantes pero que quienes sigan puedan terminar) , los criterios para cerrar y/o fusionar carreras y que se ajuste en asignaciones y gastos a nivel central antes de afectar a los estudiantes. Es decir, aceptar el plan de reestructuración pero con reparos.

La crisis no es técnica: es política y tiene responsables

La Universidad de Antofagasta este 2025 recibió de Aporte Fiscal Directo (que es la más importante fuente de financiamiento de las instituciones) un monto de $4.831.834 millones, mientras que la privada tradicional Universidad Católica del Norte recibió $10.433.562 millones de pesos. Esto no es una excepción local, sino un patrón nacional, consolidado también bajo el actual gobierno. La mayor parte del Aporte Fiscal Directo y de la matrícula con gratuidad termina en instituciones privadas, profundizando un modelo heredado que el gobierno de Boric no sólo mantuvo, sino que administró sin cuestionar. La gratuidad, pactada en su origen con Michelle Bachelet y defendida por quienes hoy gobiernan, se transformó en un verdadero negocio educativo para los privados, mientras las universidades estatales continúan precarizadas y endeudadas.

Ahora bien, la propia Universidad ha informado que enfrenta un déficit operativo proyectado cercano a los $9.000 millones, no una quiebra inminente ni una deuda consolidada imposible de manejar. Este déficit debe analizarse en el contexto de un presupuesto anual superior a los $70.000 millones (como se señala en el presupuesto 2025).

El presupuesto permite identificar con claridad prioridades presupuestarias que no están siendo discutidas. Solo en remuneraciones de la alta dirección (Rectoría, Vicerrectorías, Contraloría y direcciones centrales) la Universidad destina aproximadamente $2.831 millones anuales, una cifra superior al pago anual efectivo del servicio de la deuda, que asciende a $2.813 millones. Es decir, la Universidad gasta más en sueldos de la cúpula de alta dirección que en cumplir sus compromisos financieros del año, siendo este sector una minoría dentro de la Universidad.

Como “gesto” el Rector de la Universidad dejó de percibir aprox. 9,5 millones a este mes cobrar 8,5. La reducción salarial del rector opera como un simbolismo de austeridad, pero no como una política redistributiva ni estructural. No modifica las relaciones salariales internas ni el diseño del ajuste propuesto. Es un gesto comunicacional, que busca legitimar decisiones regresivas aplicadas a otros estamentos de la comunidad universitaria, la gran mayoría bordeando el millón de pesos de salario.

A partir de los propios registros de Transparencia Activa, es posible realizar un ejercicio simple y revelador: una reducción uniforme del 31% en las remuneraciones de la alta dirección, sin eliminar cargos ni despedir a nadie (Y todos, además, seguirían ganando sobre los 3 millones), permitiría generar un ahorro anual cercano a los $878 millones. Este monto equivale a aproximadamente un 31% del servicio anual efectivo de la deuda y a cerca de un 10% del déficit operativo proyectado. No se trata de una “solución mágica”, pero sí de una demostración clara de que existen márgenes internos de ajuste antes de recurrir a despidos, cierres de carreras o recortes a la investigación.

Estos datos desmienten el relato de que “no hay alternativa” al ajuste regresivo que hoy se intenta imponer. La reestructuración no es un destino inevitable dictado por las cifras, sino una decisión política sobre quién debe pagar el costo del déficit. Y, hasta ahora, esa decisión apunta de forma sistemática a los sectores más precarizados de la comunidad universitaria, mientras la estructura directiva permanece prácticamente intacta, pues sólo discutieron bajar ciertas asignaciones.

Por eso, aceptar participar en una comisión de reestructuración bajo estos términos no es incidir: es legitimar un proceso cuyo marco ya está definido en contra de la educación pública. Los estudiantes no podemos ser parte de un plan que preserva los privilegios y sueldos de gerentes de la alta dirección y sacrifica el carácter público de la universidad.

El debate no debe ser cómo administrar el desmantelamiento de la Universidad de Antofagasta, sino cómo defenderla, exigiendo que cualquier discusión parta por desconocer completamente las deudas que tiene la Universidad con los bancos, deudas que fueron creadas por el abandono del Estado; Que el Estado inyecte recursos de forma inmediata a la Universidad para infraestructura, proyectos educativos, contratación de docentes, etc.

De resistir el ajuste a disputar el sentido de la universidad

En el fondo, lo que hoy ocurre en la Universidad de Antofagasta no es una anomalía ni un error de gestión aislado. Es la expresión de un modelo de educación superior profundamente mercantilizado, que atraviesa tanto a las universidades privadas como a las estatales (como vimos con los despidos y cierre de jardín en la UCN). Un modelo que reproduce la desigualdad de clases, donde el acceso al conocimiento no es un derecho social garantizado, sino un privilegio condicionado por la capacidad de pago, el endeudamiento y la rentabilidad de las carreras.

Bajo esta lógica, incluso las universidades públicas dejan de responder a las necesidades sociales y pasan a organizarse en función de la rentabilidad. Se privilegian aquellas áreas que sirven directamente al gran capital (en el caso de Antofagasta, la industria minera y extractiva) mientras se precarizan o eliminan disciplinas críticas, artísticas, humanistas y científicas que no generan ganancias inmediatas, pero que son fundamentales para pensar un desarrollo del pensamiento crítico, humano, social y cultural. No es casualidad: es la expresión de un sistema que pone el conocimiento al servicio de una minoría económica, y no de las grandes mayorías sociales.

Primero se abandona a las instituciones estatales, luego se las empuja al endeudamiento y al autofinanciamiento, y finalmente se utiliza el déficit como chantaje para justificar despidos, cierres de carreras y recortes, mientras se desatiende los problemas estructurales que afectan a las grandes mayorías: la salud, la educación pública, la vivienda, el medioambiente, la cultura, la precarización laboral y la desigualdad territorial.

Nuestra tarea no es administrar el desmantelamiento ni negociar cómo se reparte el daño, sino organizar una respuesta colectiva que cuestione de raíz este modelo. Lo que está en juego es qué universidad necesitamos y para quién. Una universidad al servicio de las grandes mayorías, orientada a producir conocimiento crítico, científico y humanista para resolver los problemas sociales reales, una universidad donde todas y todos podamos estudiar, sin restricciones.

Desde esta perspectiva, resistir el plan de reestructuración no es solo una defensa frente a los ataques actuales, sino una oportunidad para pensar colectivamente una universidad distinta, democrática, con financiamiento basal 100% pagado por el Estado, gratuita, al servicio de la población y no del mercado. Una universidad donde el conocimiento no esté subordinado a la rentabilidad, donde estudiar no sea un privilegio de clase y donde la educación pública deje de ser un negocio. Y sobretodo, porque el próximo Gobierno de Kast prepara un ajuste fiscal de 6.000 millones, que seguramente afectará en derechos sociales como educación, salud, pensiones, etc. Organizarse para resistir los ataques es una tarea de primer orden, por lo que se hace urgente levantar una campaña contra la reestructuración, por ningún despido a docentes y funcionarios; contra el cierre de carreras, por el desconocimiento de la deuda y por una inyección de recursos urgente a la Universidad por parte del Estado.

https://www.laizquierdadiario.cl/La-Universidad-de-Antofagasta-planea-despidos-y-cierre-de-carreras-por-deficit-financiero

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