Author: Emilia Trabucco

Marcha Federal Universitaria: Argentina vuelve a marchar en contra del ajuste

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Por: Emilia Trabucco

Este martes 12 de mayo, más de sesenta universidades nacionales de Argentina se paralizarán durante veinticuatro horas. Docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad en general marcharán en decenas de ciudades de todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. El reclamo sostiene una continuidad que atraviesa estos dos años de conflicto: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso y ratificada por la Justicia, pero sistemáticamente desatendida por el Poder Ejecutivo.

En esta oportunidad, la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificará su punto de llegada. La concentración no se dirigirá al Congreso, como en las ediciones anteriores, sino a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El desplazamiento expresa un corrimiento en la interpelación política, que deja de situarse en el ámbito legislativo —donde la ley fue aprobada y sostenida— para dirigirse directamente al núcleo de decisión del Ejecutivo nacional.

El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. El presidente la vetó mediante el Decreto 879/2024 bajo el argumento de que carecía de previsión presupuestaria y comprometía los objetivos de política económica del gobierno. Ese veto fue rechazado con mayoría agravada, lo que dejó la norma plenamente vigente. Aun así, el Ejecutivo apeló a la Corte Suprema, solicitó la excusación de sus miembros por su condición de docentes universitarios y avanzó en distintas estrategias para bloquear su aplicación, entre ellas la inclusión de su derogación en el proyecto de Presupuesto 2026 —que no prosperó— y la presentación de iniciativas alternativas que tampoco lograron tratamiento parlamentario.

El conflicto, lejos de cerrarse en el plano institucional, se profundizó en el terreno material. Las universidades continúan funcionando con el presupuesto de 2023, prorrogado en un contexto de inflación acumulada del 293% desde noviembre de ese año, mientras que la recomposición salarial alcanzó apenas el 160%, lo que implica una pérdida sustantiva del poder adquisitivo. El financiamiento universitario pasó del 0,71% del PBI en 2023 al 0,45% en 2026, y el presupuesto educativo total cayó del 1,2% al 0,59%. La inversión en ciencia y tecnología descendió hasta el 0,15% del PBI, el nivel más bajo en casi cinco décadas.

La convocatoria del 12 de mayo articula a tres actores centrales del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el movimiento estudiantil confluyen en una misma escena que ha logrado sostener niveles de masividad inéditos en los últimos años. La consigna que recorre la movilización —“Milei, no sos rey, cumplí la ley”— condensa tres demandas inmediatas: la aplicación efectiva de la norma vigente, la recomposición salarial y la actualización presupuestaria. En este último punto, el CIN estima una caída real del 45% entre 2023 y 2026, mientras que los gremios docentes señalan pérdidas salariales de entre el 32% y el 48%, en un escenario sin paritarias desde octubre de 2024.

Sin embargo, el proceso que desemboca en esta cuarta marcha no puede leerse únicamente como una acumulación de demandas sectoriales. Desde la primera movilización del 23 de abril de 2024, la universidad pública se constituyó en un punto de inflexión del escenario político argentino, condensando un malestar social más amplio frente al programa de ajuste. Aquella jornada evidenció la emergencia de una fuerza social heterogénea que encontró en la defensa de la educación pública un eje de unidad, una experiencia de politización que desbordó el ámbito universitario y articuló a amplios sectores de la sociedad.

Esa centralidad no es contingente, ya que la universidad pública, elegida por alrededor del 80% de les estudiantes, forma parte de una trama histórica que la ubica como derecho social, como dispositivo de movilidad y como espacio de producción de conocimiento. El ataque sobre su financiamiento adquiere así una dimensión estratégica, en tanto se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración estatal, donde la reducción del gasto público, la transferencia de recursos y la mercantilización de derechos configuran un nuevo orden de prioridades.

En ese marco, la disputa no se libra únicamente en el terreno presupuestario o institucional. En paralelo al ajuste material se despliega una ofensiva en el plano simbólico y digital que busca erosionar la legitimidad social de la universidad pública. A través de redes sociales, actores económicos, referentes políticos y las cuentas oficialistas amplifican discursos que presentan a la educación superior como un privilegio, un gasto improductivo o un espacio de adoctrinamiento.

El empresario Marcos Galperin, dueño de Mercado Pago y el hombre más rico de Argentina,  ha sostenido públicamente que la educación debería ser privada y ha acompañado en redes sociales contenidos que cuestionan la universidad pública. Sus intervenciones forman parte de ese clima de época donde la deslegitimación opera como condición para avanzar en reformas estructurales . A esto se suma la acción de las milicias digitales, que instalan agendas, viralizan contenidos falsos o sesgados y construyen sentido común en torno a la idea de que el ajuste sobre la educación resulta necesario o incluso deseable.

Esta ofensiva se profundizó a partir de la segunda gran movilización, en octubre de 2024. En un contexto de caída presupuestaria y deterioro salarial, la universidad comenzó a ser objeto de una disputa ideológica más explícita, donde desde sectores del oficialismo se la caracterizó como espacio de adoctrinamiento, al tiempo que se promovían modelos de financiamiento a la demanda, créditos educativos y esquemas que abren el sistema al negocio financiero. En ese marco, la educación superior dejó de ser concebida como derecho garantizado para pasar a inscribirse en una lógica de mercado, donde el acceso queda mediado por la capacidad de endeudamiento

El deterioro no se restringe al sistema universitario. La política de ajuste implicó una reducción del 27% en las partidas destinadas al funcionamiento del Estado, un recorte del 79% en la obra pública y una caída del 55% en las transferencias a las provincias. En el campo científico, el CONICET perdió más de mil trabajadores y trabajadoras, mientras que hospitales universitarios advierten sobre la posibilidad de interrumpir servicios por falta de financiamiento.

En ese marco, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales vectores de oposición social al gobierno. A lo largo de estos dos años, el proceso de movilización combinó paros, tomas de edificios, clases públicas y acciones de visibilización que lograron articular a la comunidad universitaria con amplios sectores de la sociedad, manteniendo una capacidad de convocatoria que no encuentra antecedentes recientes.

El respaldo internacional también forma parte de la escena. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que reúne instituciones de seis países de la región, expresó su apoyo a la movilización y reafirmó la defensa de la educación superior como un derecho colectivo vinculado a la producción de conocimiento y a la transformación social.

El conflicto universitario, en este punto, desborda el reclamo sectorial y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo educativo en disputa. Mientras el sistema vigente concibe a la universidad como un derecho social garantizado por el Estado, las iniciativas impulsadas por el gobierno avanzan hacia un esquema de subsidiariedad estatal, financiamiento a la demanda y redefinición del rol docente, en un contexto atravesado por la digitalización y la expansión de actores privados en la gestión del sistema educativo.

La escena del 12 de mayo, entonces, condensa un proceso sostenido que ha ido configurando un campo de confrontación donde la universidad pública aparece como uno de los núcleos de resistencia más persistentes frente al programa de gobierno. Dos años después de aquella primera marcha que marcó un punto de inflexión, con la ley sin cumplir, el salario deteriorado y la resolución judicial en suspenso, la pregunta que se instala vuelve a proyectarse sobre el conjunto de la sociedad: hasta dónde puede sostenerse este esquema sin que el conflicto se traduzca en una reconfiguración más profunda del escenario político argentino.

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A 50 años del Golpe, de la “subversión” al “terrorismo”: ¿Qué guerra se libra hoy en Argentina?

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Por Emilia Trabucco

A cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la historia argentina vuelve a plantear una pregunta estratégica: cómo se reorganiza, en una nueva fase, un programa de aniquilamiento contra las fuerzas sociales y políticas que disputan soberanía, derechos y poder popular. El último golpe cívico-militar fue la forma concreta que asumió, en la Argentina y en toda la región, una contraofensiva del gran capital articulada con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Plan Cóndor condensó esa arquitectura: coordinación represiva, inteligencia, secuestros, torturas, asesinatos, persecución transfronteriza y reestructuración económica al servicio del capital financiero internacional. En la lectura recuperada a partir de los aportes del CICSO, la “tesis de la subversión” otorgó legalidad institucional a una guerra de exterminio preventiva, dirigida contra un pueblo trabajador que había alcanzado altos niveles de organización y lucha.

En esa misma línea, las lecturas sobre la etapa permiten precisar que la ofensiva de 1976 constituye la respuesta de la oligarquía financiera a las luchas de masas abiertas a partir de 1969, en un proceso de reacomodamiento estructural del capital que reorganiza sus formas políticas en torno a la construcción de un partido del orden, capaz de garantizar la estabilización de su dominación a escala nacional y regional (Feito, 2026).

Ese núcleo no quedó sepultado en 1983. Se reactualiza hoy bajo otras formas, con otras mediaciones y un nuevo lenguaje. El régimen de Javier Milei viene desplegando una estrategia sostenida de reconfiguración doctrinaria, jurídica y represiva del Estado argentino, subordinada a un plan regional e internacional, hoy conducida por la aristocracia financiera y tecnológica, personificación emergente de la nueva fase del capital en curso (Aguilera, 2023).

La figura del enemigo interno ya no se nombra prioritariamente como “subversivo”; se la nombra como “terrorista”, “narcoterrorista”, “infiltrado”, “violento”, “amenaza híbrida”. El desplazamiento semántico no modifica la función: aislar, perseguir, judicializar y aniquilar proyectos, organizaciones y referencias del campo popular, mientras se descargan sobre las mayorías las consecuencias de un programa de saqueo, endeudamiento y disciplinamiento social. Esa doctrina de las “nuevas amenazas” borra los límites entre defensa nacional y seguridad interior y reorganiza la intervención estatal sobre la propia población.

La guerra desplegada por el régimen sionista de Israel ocupa un lugar central en este proceso. El genocidio en curso contra el pueblo palestino, los ataques a Irán, el bloqueo sobre Cuba y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero de 2026 configuran un escenario de guerra total que ordena las alianzas internacionales y redefine las doctrinas de seguridad. En ese marco, la categoría de “terrorismo” funciona como organizador político global y como criterio de intervención sobre pueblos y gobiernos.

La Argentina se integra activamente a ese esquema. El Memorándum firmado por Milei con Netanyahu el 12 de junio de 2025, en materia de inteligencia, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, articula la política interna con la estrategia del régimen sionista y de Estados Unidos. La definición pública de Milei como “el presidente más sionista del mundo”, junto con la caracterización de Irán como enemigo, -acusando públicamente a su gobierno, sin pruebas, de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en los 90-, expresa un alineamiento doctrinario que ordena decisiones concretas en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

El punto de inflexión interno fue el DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado el 2 de enero de 2026. Con el Congreso en receso, el Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia Nacional, redefinió la estructura del sistema, amplió las funciones de la contrainteligencia sobre “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”, reforzó la ciberinteligencia y profundizó la articulación entre agencias civiles y militares. La vigilancia se expande sobre la vida política y social en el mismo momento en que, tres días después, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses secuestraron en Caracas a Nicolás Maduro y Cilia Flores para trasladarlos a Nueva York. La simultaneidad expresa una misma secuencia de guerra, inteligencia y disciplinamiento a escala regional.

En ese mismo movimiento se inscribe la reconfiguración del aparato de inteligencia, con la restitución de una estructura de la SIDE que retoma lógicas, cuadros y métodos de los períodos más oscuros de la historia argentina. La ampliación de fondos reservados y discrecionales, sin control democrático efectivo, habilita el despliegue de tareas de espionaje interno, infiltración y persecución sobre organizaciones sociales, sindicales y políticas. La inteligencia deja de operar como sistema de análisis para consolidarse como dispositivo activo de intervención sobre el conflicto social, en articulación directa con fuerzas de seguridad, milicias digitales y operadores judiciales. Esta reconfiguración se integra a un esquema de cooperación subordinada con agencias como la CIA y el Mossad, que orientan doctrinaria y operativamente la definición de amenazas, los objetivos de vigilancia y los blancos a neutralizar.

La continuidad del plan de gobierno en Argentina puede leerse con nitidez en los hechos de 2025. La visita del jefe del Comando Sur el 7 de mayo; la llegada de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 28 de julio; la SOUTHDEC de agosto; la Resolución Conjunta 68/2025 que institucionalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; el Operativo Roca, el Plan Güemes y el Plan Guacurarí; la reforma por decreto de la Policía Federal y de las fuerzas federales; el protocolo de agentes encubiertos digitales del 16 de julio. Se configura una arquitectura de militarización, vigilancia y control territorial bajo categorías como terrorismo, crimen transnacional y ciberseguridad, directamente vinculadas a la agenda de Estados Unidos en la región.

Ese aparato doctrinario se traduce directamente en la construcción del enemigo interno. El sindicalismo que enfrenta la reforma laboral, el movimiento transfeminista, las organizaciones sociales, el kirchnerismo, la izquierda, el comunismo, el socialismo, las comunidades indígenas, las y los estudiantes organizados y los periodistas críticos son incorporados a un mismo campo de sospecha. La etiqueta “terrorista” funciona como mecanismo de homogeneización y habilita la intervención estatal.

En la calle, esa doctrina se volvió método. La represión a la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025 dejó centenares de heridos -entre ellos al fotoperiodista Pablo Grillo, al borde de la muerte- y detenciones arbitrarias. En febrero de 2026, la protesta contra la reforma laboral fue reprimida y judicializada con denuncias por terrorismo y atentado al orden constitucional. La persecución se extiende: docentes citados por contenidos, estudiantes fotografiados, militantes investigados por redes sociales, periodistas hostigados en espacios públicos, personas perseguidas por expresiones en redes. La inteligencia, las fuerzas de seguridad y las milicias digitales operan de manera articulada.

La causa palestina condensa esta operación. Denunciar el genocidio es traducido como antisemitismo o terrorismo. La DAIA interviene en la producción de listas negras de periodistas, docentes y militantes, utilizadas para hostigamiento y disciplinamiento con aval estatal. La solidaridad internacionalista queda incorporada al campo de las amenazas.

En este escenario, adquiere centralidad la conducta de las fuerzas llamadas progresistas en la región. Amplios sectores transitan una estrategia de adaptación que busca evitar la estigmatización como “comunistas” o “terroristas”. Se despliega una política de moderación que combina silencios frente al bloqueo a Cuba, ambigüedad ante el secuestro de Maduro y Cilia, pronunciamientos formales frente al genocidio en Palestina y los ataques a Irán. Esa performance de solidaridad vacía delimita un campo de acción restringido, en el que la “ancha avenida del medio” aparece como refugio político.

Ese posicionamiento configura una encerrona. Al aceptar las reglas impuestas por el gran capital y la estrategia imperial, se debilitan las condiciones para disputar el orden. La expectativa de no ser alcanzados por el disciplinamiento una vez neutralizados los “malos ejemplos” desconoce la lógica de la dominación en la región. La ofensiva avanza sobre todo el campo popular.

A cincuenta años del golpe, la continuidad del programa se expresa en la articulación entre guerra global, inteligencia, militarización y construcción del enemigo interno. El terrorismo ocupa hoy el lugar que ocupó la subversión en 1976: organizar la intervención estatal, legitimar la persecución y disciplinar a la sociedad. La consolidación de un partido del orden en la región aparece como el intento más avanzado de las fracciones dominantes para estabilizar un nuevo momento de subordinación. Allí se define, nuevamente, la disputa estratégica.

A 50 años del Golpe, de la “subversión” al “terrorismo”: ¿Qué guerra se libra hoy en Argentina? – Por Emilia Trabucco

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El triple femicidio: Marchas masivas contra la complicidad del gobierno (a)narcocapitalista de Milei

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Por Emilia Trabucco

El país atraviesa días de conmoción. El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no solo desnudó la brutalidad del narcotráfico en los barrios populares, sino que también catalizó un debate urgente sobre cómo los discursos mediáticos, políticos y digitales recrudecen la violencia contra las mujeres.

A la par, el espacio de Javier Milei enfrenta el escándalo ligado al primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con nuevas pruebas que demuestran el financiamiento para su campaña de Federico “Fred” Machado, un narco con pedido de extradición desde los Estados Unidos, que goza de impunidad en su country de Río Negro, protegido por la Corte Suprema de Justicia. Además, Machado comparte abogado con Javier Milei —el penalista Francisco Oneto— quien estaría actuando en las maniobras legales para frenar su extradición y mantenerlo bajo control judicial nacional

En el Congreso, el pedido de apartamiento de José Luis Espert ganó volumen tras las denuncias: la oposición reclama su remoción inmediata de la presidencia de Presupuesto y Hacienda. A ese entramado se suma la candidata de LLA en Río Negro, Lorena Villaverde, a quien el diputado Martín Soria exhibió en el recinto con una causa por tenencia de cocaína en Florida (2002) y con antecedentes locales por estafas y lavado; y su pareja, Claudio Cicarelli, vinculado societaria o familiarmente a Machado y a su logística política. Un cuadro de compatibilidades operativas entre un legislador clave en el debate del Presupuesto, una candidata oficialista y un circuito narco–financiero hoy bajo pesquisa judicial.

Este entramado es apenas una muestra de las relaciones de impunidad que sostienen al gobierno (a)narcocapitalista de Milei. No se trata sólo de Espert y de su vínculo con Villaverde y Cicarelli. La impunidad alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, de quien casi no se habla pese a cargar con la responsabilidad política de casi un centenar de muertes por fentanilo contaminado y de más de sesenta pacientes oncológicos que quedaron sin medicación en medio del colapso sanitario.

Junto a su hijo Rodrigo Lugines y con conexión directa a Santiago Caputo, los Lugones son los hombres en el Estado que operan el lobby con farmacéuticas, financieras y tecnológicas, buscando la supuesta “libertad” de mercado que, en los hechos, es la cobertura para negocios ilegales y circuitos opacos de acumulación. Todo esto ocurre en el mismo esquema de poder donde las grandes agroexportadoras continúan enriquecidas, asegurándose el control de los puertos por donde salen no sólo las riquezas nacionales sino también los cargamentos del narcotráfico hacia Europa.

Al mismo tiempo, los medios hegemónicos y las redes sociales digitadas por los cómplices del gobierno y los verdaderos dueños del negocio narco cumplieron su función: desviar la atención. En lugar de investigar a las tramas empresariales y políticas que sostienen el circuito de la droga, se dedicaron a construir la escena de unos jóvenes de nacionalidad peruana como “los capos” detrás del triple femicidio. La operación es clara: trasladar la culpa hacia los sectores populares y migrantes, estigmatizarlos y criminalizarlos, mientras se oculta que son precisamente esos sectores quienes sobreviven en territorios donde el narco organiza la vida cotidiana en el marco de la miseria y la exclusión que los mismos poderes concentran y reproducen.

Más grave aún fue el dedo señalador de los discursos mediáticos sobre las víctimas. El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes no se narró desde la indignación ante el femicidio, sino desde un relato moralizante que escarbó en sus formas de vida, sus trabajos y sus vínculos personales. Así, en lugar de denunciar a los responsables, los medios instalaron la sospecha sobre las propias mujeres asesinadas, reproduciendo un mensaje de disciplinamiento que legitima la violencia. Frente a esta operación, las organizaciones feministas volvieron a marcar el límite en las calles: “No hay buenas o malas víctimas, hay femicidios”.

Las marchas de este sábado, que unieron a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, dieron una respuesta política contundente de memoria, organización y denuncia. Las familias de Brenda, Lara y Morena encabezaron la gran movilización en la capital, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos descargaron su violencia contra la madre y el hermano de una de las víctimas, mostrando una vez más la crueldad de un gobierno fascista, autoritario y misógino.

Los feminismos responden con más política y más organización. Periodistas y colectivos remarcan que nombrar a las víctimas, visibilizar la violencia y señalar la responsabilidad de quienes habilitan discursos de odio es clave para frenar la impunidad, mientras algunos sectores del progresismo quedan encerrados en repudiar la supuesta capacidad de “cancelación” de los feminismos a varones que banalizan la violencia y la cultura de la violación.

Lo que está en juego excede a Espert. Se trata de una forma de hacer política sostenida en recursos de origen opaco, en vínculos con empresarios asociados a maniobras ilícitas y en la banalización de la violencia de género como un problema secundario frente a los intereses del capital concentrado. No es casual que Javier Milei haya declarado en campaña que “si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia elegiría la mafia”. Más que una provocación, la frase condensa un programa: el reemplazo de la legalidad democrática por una lógica que legitima el poder mafioso como principio de orden.

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara desnudó también las deudas históricas de la democracia. Expuso las condiciones de los territorios a los que no llegaron las políticas públicas, tampoco durante gobiernos populares, y la exclusión de millones de personas, en su mayoría jóvenes, a quienes la política no les ofrece condiciones para pensar otro futuro posible para ellos y sus familias. Jóvenes que son víctimas de la desigualdad estructural y de un sistema democrático que se fue degradando, quedando impotente frente a las demandas de amplios sectores que nunca fueron reconocidos como sujetos de derecho.

Las mujeres y diversidades sufren, además, las consecuencias de desigualdades estructurales que no han sido parte de las agendas urgentes de las organizaciones políticas tradicionales. La búsqueda de justicia por ellas debe transformarse, de una vez por todas, en la decisión política del campo popular de abrazar la dignidad de las grandes mayorías, frente a un gobierno que avanza en el exterminio de toda expresión política y social que se le oponga. En esa disputa, los feminismos populares han sido señalados como su principal enemigo, precisamente por su capacidad de denunciar y de tejer alianzas para reconstruir los lazos sociales que la mafia que gobierna la Argentina vino a destruir.

Argentina | El triple femicidio: marchas masivas contra la complicidad del gobierno (a)narcocapitalista de Milei – Por Emilia Trabucco

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Segunda Marcha Nacional Universitaria: “un fantasma recorre Argentina”

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Por: Emilia Trabucco*

La segunda Marcha Universitaria -desde el inicio de la gestión de Javier Milei- convocada para este miércoles 2 de octubre en todo el país, se presenta nuevamente como una iniciativa que moviliza a la sociedad argentina en general, especialmente en un contexto de profundización del ajuste.

La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales no sólo amenaza su funcionamiento, sino que también forma parte de una estrategia más amplia que busca mercantilizar la educación y disciplinar el pensamiento crítico. En este contexto, el papel de la universidad pública como un espacio de inclusión, producción de conocimiento y justicia social es clave para entender la importancia de esta nueva movilización.

El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas refleja la tensión entre los intereses populares y las políticas de ataque a las clases trabajadoras del actual gobierno, quien recientemente anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Esta ley buscaba actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, garantizando su funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación, un problema que ha afectado profundamente a les trabajadores en general.

La oferta salarial del 5,8% que el gobierno recientemente presentó a los gremios en la antesala de la marcha ha sido rechazada por insuficiente, especialmente cuando se contrasta con los índices de pobreza y la inflación, que sitúan al 85% de les docentes y trabajadores universitarios bajo la línea de pobreza (CONADU, 2024). En este sentido, la lucha universitaria se entrelaza con otras luchas del sector laboral, que también enfrentan las consecuencias de la flexibilización y la precarización del trabajo, que se agudizarán con la reglamentación de la Reforma Laboral anunciada por Federio Sturzzenegger.

Ello se suma a la decisión del gobierno de suspender el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario docente, y ha paralizado las negociaciones de la Paritaria Nacional Docente.

Además, el gobierno ha impulsado la declaración de la educación como servicio esencial , lo que restringiría el derecho a huelga de los trabajadores del sector, en una clara violación de la Constitución Nacional . Esta medida se inscribe en una política de disciplinamiento social que busca limitar la capacidad de protesta y organización de los sectores que se oponen al ajuste.

El ataque a la educación pública no es un fenómeno aislado. En un contexto global de ofensiva neoliberal y neofascista, la universidad se ha convertido en un campo de disputa ideológica. Desde sectores cercanos al gobierno de Milei, se acusa a las universidades de ser centros de adoctrinamiento ideológico, una narrativa que refuerza la ofensiva contra el sistema educativo público y alienta su privatización.

El gobierno de Javier Milei ha dejado clara su intención de avanzar en este sentido, promoviendo un modelo basado en la demanda mediante la implementación de vales y créditos educativos. Los hijos de la canciller Diana Mondino, Francisco y Simón Pendas, forman parte del directorio del Banco Roela, que ya opera en universidades privadas (y algunas públicas, mediante la plataforma de pago de posgrados) y busca expandirse a las públicas mediante el arancelamiento y el negocio de los préstamos estudiantiles.

Negocio más que apetecible, considerando que el 80% de les estudiantes en Argentina eligen estudiar en universidades públicas.  Este sistema, que beneficia directamente a bancos y aseguradoras, ya ha demostrado sus efectos en Chile, donde el modelo, heredado de la dictadura de Pinochet, ha endeudado masivamente a las familias y generado una profunda desigualdad.

En Argentina, la propuesta de avanzar con créditos plantea un escenario similar: la educación se convertiría en un negocio rentable para unos pocos, mientras millones de estudiantes quedan excluides por no poder afrontar las deudas impuestas para acceder a la universidad. Al igual que en Chile, la retórica oficial justifica esta medida en la crisis presupuestaria creada por el propio gobierno, consolidando la educación como un servicio financiero que subordina el derecho a estudiar a la capacidad de endeudarse.

El accionar del gobierno forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos sociales conquistados en las últimas décadas. El ataque a la universidad pública forma parte de la agenda neoliberal de ajuste y reforma del Estado, que busca la mercantilización de todas las áreas de la vida y el disciplinamiento social (Socolovsky, 30 de julio de 2024).

Este conflicto trasciende lo económico, tocando fibras sensibles de la identidad argentina, como los derechos humanos, la justicia social y la defensa de la soberanía. La universidad pública en Argentina ha sido históricamente un baluarte del conocimiento crítico y del desarrollo científico-tecnológico. Con un presupuesto adecuado, las universidades no solo garantizan una formación de calidad, sino que también son un motor de producción de conocimiento y de avance científico en áreas cruciales para el país.

La marcha del 2 de octubre será la expresión de una resistencia amplia y heterogénea contra el programa de ajuste, empobrecimiento y quita de derechos de la sociedad argentina en general. Al igual que ocurrió con la marcha del 23 de abril[1], que movilizó a miles de personas en todo el país, esta nueva convocatoria reúne a sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, culturales, científicas,  de jubilades, movimientos sociales y comunidad en general en defensa de la universidad pública​.

En conclusión, la marcha del 2 de octubre no sólo pone de manifiesto la defensa de la universidad pública, sino que representa un reclamo más amplio por la justicia social en un país donde el ajuste y las políticas de recorte económico afectan a las clases trabajadoras de manera directa. La calle volverá a ser escenario de una disputa fundamental por el futuro del pueblo argentino.

[1] Trabucco, E.: La masiva marcha nacional universitaria: un punto de inflexión en el escenario político argentino. Disponible aquí

*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU

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