Docentes y estudiantes universitarios realizaron el viernes una manifestación junto a médicos y trabajadores del Hospital de Niños «Profesor Doctor Juan P. Garrahan» en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría, en Buenos Aires, la capital de Argentina.
La manifestación, que se desarrolló sin incidentes, partió desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, y contó con el respaldo de agrupaciones sindicales y políticas de izquierda.
La protesta universitaria fue convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), en el marco de un paro de 24 horas. En tanto, el reclamo del sector sanitario fue impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), que iniciaron una huelga el viernes y la extenderán hasta la tarde del domingo.
La secretaria general de la AGD-UBA, Laura Carboni, dijo ante esta agencia que «es el momento propicio para tomar las calles en defensa de los puestos de trabajo, de las condiciones laborales, de la universidad, de la salud y de todos los sectores que hoy están siendo golpeados y atacados por este Gobierno».
Por su parte, la doctora del Hospital Garrahan, Guadalupe Pérez explicó a Xinhua que «desde que se inició el conflicto no hay diálogo con las autoridades. Queremos que el hospital siga de pie y dando salud de calidad».
Pérez lamentó que la Ley vetada por el Ejecutivo «garantizaba los fondos para el funcionamiento y los salarios, a fin de que no se vayan los médicos».
Por su parte, el secretario general de ATE-Garrahan, Alejandro Lipcovich, afirmó que el veto presidencial, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un Gobierno en crisis. La recomposición salarial es urgente, porque continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el 22 de agosto, fue vetada el 10 de septiembre por el presidente Javier Milei, quien argumentó que afectaba la política de déficit cero y no especificaba fuentes de financiamiento. La iniciativa contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes, un ajuste por inflación de los gastos de funcionamiento, fondos para becas, carreras estratégicas, infraestructura y un esquema de financiamiento progresivo que crecería del 1 por ciento del PIB en 2026 al 1,5 por ciento en 2031.
El Congreso volverá a tratar el proyecto el 17 de septiembre, cuando se prevén marchas universitarias en todo el país en defensa de la iniciativa.
De acuerdo con un reporte del Observatorio Argentinos por la Educación, en términos del PIB la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88 por ciento, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91 por ciento) y 2023 (1,48 por ciento).
El Gobierno, en tanto, dispuso en agosto pasado a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias un aumento del 7,5 por ciento de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre, lo que se añadió a un aumento del 3,95 por ciento establecido para agosto.
Además, el Ministerio de Capital Humano anunció este viernes que denunciará a las autoridades de la UBA por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», tras el bloqueo de sitios oficiales de la universidad con mensajes contra el veto presidencial.
«La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a los principios de transparencia», señaló la cartera en un comunicado difundido este viernes.
Respecto a la salud, la Ley de Emergencia en Pediatría, también aprobada el 22 de agosto por el Congreso, contemplaba mejoras salariales para trabajadores de hospitales pediátricos y una actualización presupuestaria.
El Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre por considerar que generaba «distorsiones salariales» y ponía en riesgo la estabilidad fiscal.
De acuerdo con trabajadores de universidades y de hospitales, los salarios del personal de ambos sectores han perdido entre 40 y 50 por ciento de poder adquisitivo desde que Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.
Nos falta mucho por caminar, sabemos que queda mucho por recorrer, no olvidamos las injusticias, los feminicidios, las desapariciones de mujeres defensoras de derechos medioambientales, ni la negación a los derechos consagrados en la ley, pero, celebramos los avances y las posibilidades de creer que otra sociedad es posible.
Hace unos días se anunció, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el reconocimiento del cuidado como un Derecho Humano, esta mención llega junto antes del desarrollo de la XVI Conferencia Regional de la Mujer (CRM), reciente.
La Conferencia Regional de la Mujer, que cumple 50 años, tiene como objetivo anual relevar el derecho al cuidado como eje principal de las sociedades de América Latina y El Caribe, destacando el rol de las mujeres en esta labor que permite sostener a los países de la región y el mundo.
En este encuentro se ha evidenciado el cuidado no solo como un bien dinamizador de las economías de los países, sino también, como un factor que afecta al desarrollo de mujeres y niñas, debido a que el cuidado se transforma, muchas veces, en una postergación de proyectos de vidas, trayectorias educativas y sobrecarga laboral que muchos estados de la región no han reconocido.
La XVI CRM entregó una radiografía de los países respecto a la labor de los cuidados, datos, tales como que el trabajo de cuidados implica comprender la economía de este, más allá de los límites del mercado y considerar el trabajo remunerado y no remunerado, dentro y fuera del hogar y con las personas que proveen y reciben cuidados y quienes los contratan.
Otro de los datos que se comentó fue que el cambio climático influye en el aumento de la demanda de cuidados, ya que exacerba algunos problemas de salud e incrementa vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales.
El 16% del total de las mujeres jóvenes de la región se dedica principalmente al trabajo doméstico y cuidados no remunerados; los sectores productivos vinculados con la economía del cuidado agrupan al 27,4% de las mujeres ocupadas de la región y al 6,0% de los hombres; y que el trabajo de cuidados no remunerado representa entre el 19 y 27% del PIB de los países de la región.
El Documento de Tlatelolco, síntesis de los acuerdos y negociaciones desarrolladas por los países de la región, con la participación de la sociedad civil, deja de manifiesto aspectos importantes en relación al cuidado, se reconoce la labor de quienes lo practican, lo reciben y toman el autocuidado como derechos que deben ser garantizados por los Estados y por todos los actores de la sociedad.
Es decir, se reconoce como un bien común que permite el cambio social y que impulsa a los Estados a dar paso a la igualdad sustantiva y alcanzar la sociedad del cuidado; garantiza el acceso a servicios de salud integrales y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos; resguarda el aborto seguro y de calidad revisando medidas punitivas impuestas a quienes acceden a este derecho; y propone el desarrollo de políticas de cuidado con enfoque de interseccionalidad e interculturalidad en los países de la región, entre otros puntos importantes.
Hablar de cuidado implica una transformación social. Desarrollar cambios en lo político, cultural, económico y medioambiental, en donde las mujeres y el feminismo son parte fundamental de ese actuar. Las mujeres feministas que nos representan en puestos de poder han sido claves para lograr y avanzar en estos cambios.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que sólo con el desarrollo de gobiernos democráticos este cambio es posible. Por esto, hoy trabajamos por una sociedad más justa en la que se amplíen derechos que vayan en beneficio de nuestro país cada vez más envejecido y empobrecido, ese cambio es un trabajo que también asumimos las mujeres organizadas.
Nos falta mucho por caminar, sabemos que queda mucho por recorrer, no olvidamos las injusticias, los feminicidios, las desapariciones de mujeres defensoras de derechos medioambientales, ni la negación a los derechos consagrados en la ley, pero, celebramos los avances y las posibilidades de creer que otra sociedad es posible.
Autora: Yasna Castillo
Encargada de Incidencia Nacional. Observadoras de la Ley de Aborto Chile
Más de 278 millones de menores de edad en el mundo estarán desescolarizados para 2026 si continúa el déficit de financiación al desarrollo y a las emergencias humanitarias. Los ejemplos de Afganistán, Bangladés, Bolivia y el Sahel ponen rostro a esta tragedia.
Ana Puentes
El regreso a clases en los países con crisis humanitarias no ha sido, históricamente, tarea fácil. Pero este 2025 será aún más complejo: a los deberes incumplidos en financiación a la ayuda y en protección a la infancia, se suman los recortes de cooperación internacional, los daños humanos y materiales que dejan múltiples desastres y los golpes de las crisis económicas de los últimos meses.
Unicef, en un informe reciente, calcula que seis millones de niños más podrían quedar sin escolarizar a finales de 2026, que se sumarían al total de 272 millones de menores que en estos momentos no tienen acceso a la educación. El mismo documento prevé que la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a la educación se reducirá en 3.200 millones de dólares (2.726 millones de euros), un 24% con respecto a 2023. Las regiones más afectadas serán África Occidental, Central y Norte y Oriente Próximo, donde además confluyen los estragos de la violencia, la pobreza y el cambio climático.
El mundo también “suspende” en la financiación de necesidades humanitarias. La ONG Educo alerta, a partir de datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de que el sector de la educación en contextos de emergencias (conocida como EeE), solo ha conseguido 344 millones de dólares con los que apenas cubre un 13,5% de las necesidades educativas identificadas. Aunque la Unión Europea ha sido el principal financiador de EeE (aportando un 43% de los fondos), la salida de EE UU (que financiaba otro 17%) supondrá un duro golpe a las cuentas de la educación.
Este es el panorama del regreso a clases en algunos países o regiones de África, Asia y América Latina.
El Sahel: acorralado por la violencia y las inundaciones
Los niños de Burkina Faso, Níger y Malí, algunos de los países que conforman la región africana del Sahel, volverán a clase en octubre. Eso, si todo sale bien. Edouard Ndeye, director regional de Educo allí, explica que el inicio de clases puede, en ocasiones, retrasarse a noviembre o diciembre como consecuencia de las inundaciones y la “falta de organización del sistema”. “En los últimos años, hemos sufrido graves inundaciones que han afectado a las clases porque las escuelas se utilizan como refugios para la población afectada o, simplemente, se vuelven inaccesibles”, afirma Ndeye. El año pasado entre junio y septiembre, por ejemplo, las lluvias torrenciales dejaron a su paso cerca de 550 muertos, más de dos millones de damnificados y daños en infraestructuras en Chad, Níger, Nigeria y Malí. Por el desastre, los ministros de Educación de Malí y Níger ordenaron el aplazamiento del inicio de clases a noviembre, retrasando el acceso a la educación a 8,5 millones de niños.
Tampoco es sencillo garantizar el acceso o la permanencia en las clases en la región epicentro del terrorismo mundial. La inseguridad en el Sahel Central ha desplazado a más 2,9 millones de personas ―la mitad de ellas son niños― y más de 8.000 escuelas han cerrado, según reportó Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel en abril. Burkina Faso era uno de los países más afectados, con 5.000 centros educativos suspendidos y 430.000 alumnos fuera de las aulas. con De acuerdo con Ndeye, también hay un déficit de maestros que no pueden o temen entrar en algunas zonas por la violencia.
Y no hay fondos para atender esta crisis. El llamamiento de Unicef para los niños del Sahel Central es de 489,7 millones de dólares, pero a junio la financiación apenas llegaba al 7%. “Hace unos años el Sahel tenía atención internacional. Pero desde que estallaron los conflictos en Ucrania y Gaza, esa atención se quebró”, lamenta Edouard Ndeye, director regional de Educo en el Sahel, donde la ONG tiene presencia en tres países. “Los problemas globales repercuten realmente en nuestra capacidad de intervención como actores internacionales sobre el terreno”, afirma Ndeye.
Dos adolescentes estudian por la radio, en Burkina Fasso, como alternativa cuando las clases presenciales no son posibles
@Educo
Bangladés: menos fondos en el segundo país con mayor trabajo infantil
Los recortes a la ayuda internacional han golpeado con fuerza el nuevo curso en Bangladés, que empieza en enero. “Por ejemplo”, dice un informe de Educo, “Unicef se ha visto obligado a cerrar más de 6.400 centros de aprendizaje en los campamentos de Cox’s Bazar [uno de los campos de refugiados más grandes del mundo] lo que deja a unos 300.000 niños refugiados rohingya en riesgo de perder su educación”.
Hamid Abdul, director de Educo Bangladés y especialista en el sector de ONG desde hace unos 30 años, advierte de que el cierre de USAID ha supuesto el fin de un centenar de proyectos educativos y problemas operativos para distintas organizaciones que tratan de mantener a flote este derecho en un país sacudido en 2024 por la caída de la primera ministra Sheikh Hasina, que estuvo en el poder por casi 20 años. “El premio Nobel Muhammad Yunus, líder del gobierno provisional, conoce el sector de las ONG y los donantes y ha tratado de recuperar [recursos] y hablar con las agencias”, afirma Abdul, pero reconoce que aún hay incertidumbre.
El experto asegura que el coste de la educación ha subido para las familias y que las más pobres se ven obligadas a elegir “entre la supervivencia y la educación”. El coste por estudiante en Primaria subió hasta un 25% y en Secundaria, hasta un 51%, sostiene. Esto es problemático en un país donde la tasa de absentismo ya es alta. Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (NCLS) de 2022, el 47% de los niños en el país no asisten a la escuela, que es obligatoria desde 1990. Los que no están en las aulas, están trabajando. En el país, 3,54 millones de niños apoyan económicamente a sus familias.
Una niña en el campo de refugiados de Cox’s Bazar aprende a coser.
@Educo
Afganistán: otro curso sin ellas
Este curso en Afganistán, que suele comenzar en marzo, coincidiendo con la primavera y el año nuevo persa, más de 2,2 millones de niñas no han podido ejercer su derecho a la educación por cuenta de las restricciones del régimen talibán, que retornó al poder en 2021 y que prohíbe el acceso a la educación formal a las mujeres a partir de sexto grado. Si las restricciones se mantienen, la cifra subirá a más de cuatro millones de afectadas para el año 2030, según cálculos de Unicef.
“Hay pocas esperanzas de que las escuelas vuelvan a abrir”, lamenta Fabio Checcacci, jefe de país en Afganistán de la ONG WeWorld, en una llamada telefónica con este diario. “La mayoría de las niñas [a partir de grado sexto] han recurrido a cursos privados, donde estudian materias como informática, inglés, pintura y costura. Sin embargo, con el endurecimiento de las restricciones, cada vez se ha vuelto más difícil el acceso”, explica Checcacci. Si bien en Afganistán hay alternativas como los cursos privados, las madrasas ―escuelas privadas, ahora con un sello fuertemente religioso―, las escuelas clandestinas, clases virtuales o transmisiones de contenido educativo por televisión estás no son accesibles a toda la población. “Estas opciones funcionan, pero es algo que no todos pueden hacer por falta de dinero o de acceso a internet”, dice Checcacci.
«Hay pocas esperanzas de que las escuelas vuelvan a abrir»
Fabio Checcacci, jefe de país en Afganistán de WeWorld
En Afganistán, un 80% de las niñas y mujeres afganas están excluidas de la educación y el trabajo, según el último Índice de Género de Afganistán, publicado por ONU Mujeres. Esto, a su vez, profundiza la brecha de género. Solo el 24% de las mujeres forma parte de la población activa, frente al 89% de los hombres.
Para los varones tampoco se vislumbra un futuro mucho mejor. “El sistema para los niños ha continuado bajo nuevos controles ideológicos. Los talibanes han ampliado considerablemente la enseñanza religiosa y han reformado el plan de estudios: se han eliminado materias seculares como los derechos humanos, la igualdad y el pluralismo, y ahora la enseñanza hace hincapié en contenidos religiosos alineados con la ideología talibán. En las escuelas y universidades que permanecen abiertas a los estudiantes varones, se aplica una disciplina estricta”, detalla Checcacci.
Este curso, además, se ha enfrentado al retorno masivo de refugiados afganos desde países como Pakistán e Irán. Desde septiembre de 2023, más de cuatro millones de afganos han regresado y, de estos, 1,5 millones lo han hecho en 2025, presionados por la decisión de Pakistán de no extender la estadía de refugiados. Esto supone una presión en el sistema educativo. “Muchas comunidades ya se enfrentan a aulas abarrotadas, falta de profesores y materiales didácticos limitados”, sostiene el director de WeWorld en Afganistán.
Adicionalmente, el terremoto que sacudió la provincia de Kunar el 31 de agosto, no solo dejó un saldo de 2.200 muertos, sino daños en al menos 40 escuelas de la zona.
Bolivia: el sarampión y los incendios regresan a los niños a la virtualidad
En Bolivia, la crisis económica, un brote de sarampión y los incendios han puesto en aprietos la educación de niños y adolescentes y auguran regresos a clases cada vez más difíciles. Desde 2023, el país está sumido en una crisis cambiaria y problemas en la industria petrolera que han llevado la economía al límite con una inflación acumulada de más del 17%, según el dato más reciente del Banco Central de Bolivia. Viviana Farfán, directora de Educo Bolivia, explica que algunos niños y adolescentes se han visto obligados a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a la economía familiar. Oficialmente, el Ministerio de Educación reporta un abandono escolar del 2,83% con corte a 2023; sin embargo, Farfán sostiene que la cifra ha incrementado.
Una niña asiste a su clase de dibujo en Bolivia.
@Educo
El otro gran dolor de cabeza para la educación escolar es el sarampión que, según Farfán, ha aumentado como consecuencia de la reticencia de las familias a completar los esquemas de vacunación de los pequeños. En junio, el Gobierno declaró la emergencia sanitaria nacional por el incremento de casos. A agosto, se registraban 254 casos activos en el país; de estos, el 85% se han diagnosticado en niños y jóvenes entre los 1 y 19 años. Si un distrito educativo detecta una subida de contagios, puede pedir suspensión de clases presenciales y enviar a los alumnos a la virtualidad. “Esto es un problema en un país en el que no todos tienen celulares o tablets. Muchos tampoco tienen el dinero para pagar los créditos de megas. Eso limita sus posibilidades de acceder a la educación”, afirma Farfán.
Para rematar, los incendios en el país suramericano también han llevado a la cancelación de las clases presenciales. En 2024, el país vivió una serie de incendios forestales que arrasaron con 12,6 millones de hectáreas, según datos de la Fundación Tierra. Solo en agosto de 2025, el Gobierno confirmó más de 700 focos de calor activos. “Aunque las quemas ocurren lejos de las ciudades grandes, el humo llega hasta las ciudades, afectando la calidad del aire. En algunos casos, se han cerrado escuelas y aparece el mismo problema de las clases virtuales”, agrega Farfán.
Gramáticas de sentido en el campo de la recreación
Dos modelos antagónicos
Alixon Reyes
Las líneas de este libro inspiran, como dice el autor, a no perder de vista la recreación
como posibilidad multidimensional para la consolidación y elevación de la condición
humana, señalando lo complejo que es, pensar y hablar de recreación. Alixon ordena en
este texto la pluralidad de abordajes de la trama, sin perder el hilo conductor de la visión
crítica; profundiza con audacia en asuntos pocas veces explorados —como el
vaciamiento de contenido de la recreación, la mercantilización y relación política entre
la recreación y los cambios ideológicos—, y nos ayuda a pensar en un diseño de política
pública responsable, sin dejar de atender ‘los modos de hacer’ la recreación. (p.17)
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Aseguraron que las actividades de enseñanza del año escolar estarán comprendidas entre el 16 de septiembre y la primera semana de julio.
Los sindicatos signatarios de la última contratación colectiva de docentes de la Gobernación de Miranda (Sitrem, Sitraenseñanza, FVM Tuy-Guaicaipuro, FVM Petare-Barlovento, Suteem y Suma), a través de un comunicado que enviaron a Avance informan que no se incorporarán a las clases el lunes 8 de septiembre, como lo ha anunciado el Ministerio de Educación.
“Es preciso recordar que el marco legal vigente establece claramente las fechas para el comienzo de las actividades académicas. En tal sentido le recordamos a todos los educadores de la entidad mirandina que tenemos leyes que nos amparan, tales como el artículo 54 del Reglamento de Ley Orgánica de Educación”, destacan los gremios en el escrito.
Recuerdan que “las actividades de enseñanza del año escolar estarán comprendidas entre el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre, es decir el 16 de septiembre y el último día hábil de la primera semana del mes de julio del año siguiente”.
Piden respeto
“Hacer un llamado para el inicio del año escolar fuera de la fecha señalada en la ley, constituye claramente una violación al reglamento, no es posible que el ministro de turno quiera modificar y anunciar el inicio de las actividades a discreción y unilateralmente y desconocer lo que el marco legal establece”, insisten.
También agregan que “respetuosamente consideramos que la comunidad educativa y el público en general debe estar informado con respecto a las normas legales que rige nuestro sistema educativo”. “Los sindicatos nos mantendremos unidos en respaldo a los colegas por el fiel cumplimiento del contrato colectivo. Queremos un salario digno”, finalizan en el escrito.
El estado de Paraná, fronterizo con Argentina, ocupa el primer puesto en el IDEB, el “ranking” brasileño de calidad educativa que compara los resultados de las 27 unidades federativas de ese país. Roni Miranda Vieira, secretario de Educación, explicó los lineamientos de la política que les permitió mejorar
Por: Alfredo Dillon
Roni Miranda Vieira, secretario de Educación de Paraná, presentó en CABA las claves de la mejora de los resultados educativos en ese estado brasileño.
Roni Miranda Vieira es secretario de Educación del estado de Paraná, en el sur de Brasil. Trabajó como profesor de Historia en escuelas estatales; desde enero de 2023 está al frente de la Secretaría de Educación, luego de haber ocupado distintos roles en esa cartera. En los últimos años, los medios brasileños pusieron el foco sobre su gestión porque el estado de Paraná obtuvo los mejores resultados nacionales en el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), un indicador creado en 2007 por el gobierno federal que mide la calidad educativa en las escuelas de todo el país.
Miranda estuvo en Buenos Aires para participar del Festival de Innovación Educativa organizado por el Ministerio de Educación de CABA. Unos días antes, pasó por la Universidad Torcuato Di Tella, donde disertó sobre “políticas educativas innovadoras centradas en el aprendizaje”. ¿Cómo llegó Paraná a tener los mejores resultados educativos de Brasil? ¿Qué lecciones arroja su experiencia para la educación argentina? Sobre estas cuestiones, Miranda conversó con Infobae.
–¿Cómo es el sistema educativo del estado de Paraná?
–Tenemos casi 12 millones de habitantes; somos el quinto estado más poblado de Brasil. Somos la cuarta economía del país, muy fuerte en el sector agropecuario. Compartimos frontera con Argentina y Paraguay a través de la ciudad de Foz do Iguaçu.
Hoy tenemos la educación de referencia en Brasil. Somos el mejor sistema educativo, según el Ministerio de Educación nacional. Tenemos 2.050 escuelas y 950 mil estudiantes. La responsabilidad del estado de Paraná es atender a los estudiantes desde los 11 años (sexto grado) hasta los 17. Los más chicos, de 0 a 10 años, están bajo responsabilidad de los municipios.
Tenemos 71 mil maestros y más de 25 mil colaboradores en las escuelas. Eso suma casi 100 mil personas trabajando en el sistema educativo del estado.
–Cuando se dice que Paraná tiene el mejor sistema educativo de Brasil, ¿en qué parámetros se basa esa afirmación?
–Hasta 2018, Paraná ocupaba el séptimo lugar en educación a nivel nacional. Pero a partir de un trabajo muy fuerte durante los últimos años, con foco en los indicadores y en los resultados, desde 2021 logramos llevar al estado al primer lugar.
Esa calificación la otorga el Ministerio de Educación nacional, a partir de los exámenes de Matemática y Lengua Portuguesa que se toman al final de cada etapa educativa. El indicador que se usa es el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), donde Paraná ocupa hoy el primer lugar entre los 27 entes federativos del país.
En Brasil, la organización del sistema educativo es la siguiente: de 0 a 3 años tenemos la educación infantil inicial; luego, de 4 a 6 años, sigue la educación infantil. Después vienen los años iniciales del ensino fundamental (la primaria) que van de los 6 a los 10 años. Al finalizar esa etapa, los estudiantes rinden una evaluación de Matemática y Lengua Portuguesa.
La siguiente etapa son los años finales del ensino fundamental, que abarca a los estudiantes de 11 a 14 años. Al final de esa etapa también se toma una evaluación. Después viene el ensino médio, lo que en Argentina sería la escuela secundaria, que va de los 15 a los 17 años. También ahí se rinde un examen.
Entonces son tres evaluaciones de Matemática y Lengua Portuguesa en tres niveles educativos distintos. Esos resultados se combinan con otros indicadores, como la cantidad de chicos que abandonan la escuela o que repiten el año.
–¿Cómo lograron mejorar sus resultados? ¿Cuáles diría que son las condiciones fundamentales para sostener los avances?
–No hay una receta mágica, pero sí hay algunas premisas básicas que uno necesita cumplir desde la gestión. Lo que hicimos en Paraná fue adoptar un pensamiento de red. Tenemos 399 ciudades, más de 2.000 escuelas, y cada una hacía las cosas a su manera, cada una seguía un camino diferente.
Lo que hicimos fue alinear a todos bajo un mismo objetivo; organizamos el sistema educativo. Por ejemplo, antes las evaluaciones eran bimestrales, trimestrales o semestrales, dependiendo de la escuela. Unificamos eso y adoptamos un sistema de evaluación trimestral para todas.
También sucedía que, cuando el gobierno federal nos entregaba materiales didácticos –libros de Matemática, Historia, Geografía, Ciencias–, cada escuela elegía uno distinto. Yo tenía cientos de modelos de libros diferentes. Eso dificultaba mucho la organización pedagógica y curricular. Entonces adoptamos una política de “libro único”: ahora, sin importar si estudian en el sur, en el norte, en el oeste o en el litoral, todos usan el mismo material pedagógico.
En paralelo, implementamos formación continua para los maestros. Hoy tenemos una formación semanal que alcanza a 32.000 docentes de forma simultánea. ¿Y a quién elegimos para brindar esa formación? A nuestros mejores maestros. Hicimos una selección y elegimos a los mejores en Matemática, en Lengua y en otras áreas. Esos docentes trabajan con sus colegas y comparten sus saberes.
Además, hacemos evaluaciones diagnósticas trimestrales. Desde la Secretaría entregamos los exámenes y los resultados se cargan a un sistema a través de una aplicación que escanea el examen. Ese sistema procesa los datos y, en un solo día, le entrega al maestro y a la escuela un informe con los resultados de cada estudiante y de cada grupo. Así se puede intervenir pedagógicamente de forma inmediata.
Entonces: evaluación diagnóstica, formación continua, material pedagógico unificado y una organización de red son los pilares básicos que nos permitieron mejorar.
Otro aspecto fundamental es el trabajo con los directores. Yo estoy convencido de que un buen director puede mejorar hasta en un 70% la calidad educativa de una escuela. Nosotros profesionalizamos el rol: el proceso de selección ahora incluye un examen y una entrevista.
Y además les fijamos metas claras, tanto en aprendizajes como en asistencia escolar. Si el director no alcanza esas metas, puede ser reemplazado. Por supuesto, analizamos el contexto de cada escuela, porque no es lo mismo una escuela en un barrio vulnerable que una en el centro de la ciudad. Pero todos los directores tienen muy claro cuáles son sus objetivos y qué tienen que hacer para alcanzarlos.
–Algunas medidas que menciona, como la definición de un mismo libro para todas las escuelas, implican centralizar decisiones. ¿No hubo reclamos por el avance sobre la autonomía escolar?
–Sí, siempre va a haber reclamos. Todavía tenemos resistencias por parte de los sindicatos, también desde algunos partidos de oposición. Pero tengo resultados que son reconocidos por la población de Paraná. Son fruto de un esfuerzo muy grande y de un éxito colectivo.
También duplicamos el salario docente. El sueldo de un maestro que recién entraba a trabajar en la educación de Paraná era muy bajo. Lo aumentamos casi un cien por ciento, para poder atraer más talentos. Fue una forma de valorizarlos. Tenemos maestros muy buenos que, en muchos casos, estaban enseñando en escuelas privadas, y que ahora pueden venir a trabajar en la escuela pública.
Cuando logramos ocupar los primeros lugares de la educación en Brasil, eso generó un orgullo muy grande en nuestros docentes. Porque ahora forman parte del sistema con la mejor educación del país. Eso nos ayudó a manejar muchas de las resistencias que había al principio.
Antes, muchos docentes trabajaban en más de una escuela y tenían que adaptarse a distintos materiales, distintos sistemas de evaluación. Eso les daba más trabajo. Ahora, al tener todo unificado, se les simplificó la tarea.
Miranda sostuvo que el aumento del salario docente, la política de un mismo libro de texto en todas las escuelas del estado, la sincronización de las evaluaciones y la formación continua a cargo de docentes pares fueron elementos centrales para la mejora educativa en Paraná.
–¿Cómo funciona el esquema de capacitación docente en el que los maestros se forman con sus colegas?
–Trabajamos con una lógica de multiplicadores de formación. Hicimos una selección con examen y entrevista, y elegimos a los mejores maestros. Hoy tenemos 600 maestros formadores que siguen dando clases, pero les redujimos un 25% su carga horaria. Ese tiempo lo usan para trabajar con sus compañeros y darles formación.
El equipo de la Secretaría planifica, define el contenido y organiza el material que se va a usar en los encuentros de formación, que muchas veces son por videoconferencia. Las reuniones quedan grabadas y después un profesional de la Secretaría las ve y les da un feedback personalizado a los formadores: les dice qué salió bien, qué se puede mejorar, qué no funcionó. Si el desempeño no es bueno, ese maestro puede ser reemplazado y volver a su clase habitual.
El esquema fue muy bien recibido. Porque ¿quién conoce de verdad las dificultades y los desafíos? Quien está en el aula. Alguien que trabaja en una oficina o en la Secretaría puede tener muchas ideas sobre educación, pero no vive lo que pasa todos los días en la clase.
Tenés chicos que no se quieren despegar del teléfono, que viven situaciones de violencia, que están sin papá o sin mamá, que sufren bullying. Tenés que conectar con jóvenes que muchas veces están totalmente desconectados del aprendizaje. Esos desafíos los ve el maestro en carne propia, todos los días.
Desde la Secretaría, por supuesto, no los dejamos solos. Hay un equipo que acompaña, que semana a semana se reúne con ellos para ofrecer apoyo, compartir estrategias distintas, buscar soluciones juntos. Pero el punto clave es ese: quien está en el aula es quien mejor puede formar y ayudar a sus colegas.
–¿Hicieron cambios en la formación inicial, o eso depende exclusivamente del gobierno federal?
–La formación inicial de los maestros depende del Estado nacional y está atravesando una crisis muy fuerte. En la pandemia se autorizaron muchos cursos a distancia y la calidad cayó mucho. Entonces se están graduando muchos maestros sin las herramientas básicas para trabajar en las escuelas. Nosotros le pedimos al Ministerio de Educación nacional que cambie la reglamentación. Ahora no se puede abrir cursos nuevos de licenciatura a distancia, pero ya hay muchos abiertos que deberían cerrarse o mejorar. Para nosotros hoy ese es el problema más grave de la educación brasileña.
–Vino a Buenos Aires a participar de un festival de innovación, ¿qué cambios impulsaron en los formatos pedagógicos?
–Venimos trabajando mucho con metodologías activas, para que el estudiante tenga un rol más protagonista. También estamos impulsando el uso de tecnología: usamos plataformas educativas como herramientas de apoyo para los docentes, y también incorporamos inteligencia artificial, tanto para ayudar al maestro en la planificación de sus clases como para trabajar con los estudiantes.
Por ejemplo, usamos la plataforma de Khan Academy, que tiene el asistente Khanmigo: utilizamos la IA para enseñar Matemática a los chicos. Muchas veces, al estudiante le da vergüenza hacer una pregunta delante de sus compañeros en clase, pero en el chat se anima a preguntar con más facilidad. Y lo más importante es que esta inteligencia artificial no le da la respuesta directamente: no le resuelve el ejercicio, sino que lo ayuda a razonar, hasta llegar al resultado final por sí mismo.
Además, incluimos en el currículum la enseñanza de inteligencia artificial y de programación, con clases dos veces por semana.
En Brasil, el Estado nacional aumentó por ley la inversión en educación, incluso durante el gobierno de Bolsonaro: esos recursos fueron fundamentales para mejorar los salarios y la infraestructura, sostuvo Miranda.
–¿De dónde sacaron los recursos para duplicar los sueldos docentes?
–Tuvimos la suerte de contar con una reforma nacional del Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en 2020. Ese fondo implica una transferencia de recursos del gobierno federal hacia los estados. Durante el gobierno pasado (el de Jair Bolsonaro) hubo un aumento muy importante del presupuesto (por la aplicación de la reforma aprobada por el Congreso), y eso nos ayudó muchísimo a mejorar.
Por un lado, el gobierno de Bolsonaro aplicó un aumento del 33% en el salario inicial del magisterio, que define el piso salarial a nivel nacional. Eso fue una ventaja, porque vino más plata del gobierno nacional para afrontar ese gasto. Por otro lado, el aumento del presupuesto también fue una decisión del gobernador Carlos Massa, conocido en Brasil como Ratinho Junior, hijo de un presentador muy famoso de televisión. Hoy Ratinho Junior es un posible candidato a presidente para enfrentar a Lula en las próximas elecciones de 2026. Tiene un 84% de aprobación entre la población de Paraná.
Estamos haciendo mucha inversión. Paraná es el estado que más crece en Brasil: este año estamos creciendo un 7,3%. Y cuando crece la economía, también crece la recaudación de impuestos. Eso nos permite tener más recursos para invertir en educación.
En Brasil tenemos una ley nacional que establece que el 25% del presupuesto de cada estado y cada ciudad tiene que destinarse a educación. Entonces, cuando aumenta la recaudación, de forma automática aumenta también mi presupuesto para educación. Eso nos permite seguir impulsando las transformaciones. Paraná invierte el 27% de su presupuesto en educación básica. Y si se suman las siete universidades que dependen del estado, la inversión en educación representa el 32% del presupuesto.
–¿Cómo es la inversión en infraestructura? ¿Ven un impacto de esa inversión en los resultados de los estudiantes?
–Sí, la infraestructura impacta directamente en el aprendizaje. Primero, empezamos por mejorar la alimentación de los chicos. En las escuelas de jornada simple damos comida tres veces por día, y en las escuelas de jornada completa ofrecemos cinco comidas completas y bien variadas. Antes, solo se servía carne una vez por semana. Ahora hay carne todos los días: de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado… Queremos que los chicos tengan una buena alimentación. Ese modelo lo vimos en Corea del Sur, y decidimos aplicarlo en Paraná.
Teníamos 510 aulas hechas de madera. Ahora estoy terminando el reemplazo: quedan solo unas 80. Las reemplazamos por aulas nuevas, cómodas, bien construidas.
Otro paso importante fue instalar aire acondicionado. Cada vez hace más calor, y no se puede aprender bien en un aula con temperaturas tan altas. En Paraná tenemos 25.000 aulas, y ya instalamos aire acondicionado en 17.000. Además, distribuimos computadoras y tablets: este año compramos más de 200.000 equipos.
También pusimos en marcha el programa Escola Bonita. Cada año, le transferimos 20.000 dólares a cada escuela, directamente a la cuenta institucional, y el director administra esos fondos para arreglos: pintura, techos, electricidad, reparaciones generales. Desde que asumí como secretario, llevamos tres años consecutivos haciendo esto. Solo ese programa representa más de 23 millones de dólares de inversión por año.
Y eso sin contar la construcción de nuevas escuelas. Ahora mismo estamos haciendo 20 colegios nuevos, y además vamos a lanzar el mayor programa de infraestructura educativa de Paraná con un modelo de participación público-privada (PPP), como se hizo en Uruguay. Vamos a construir 40 nuevos colegios con ese modelo y vamos a hacer la licitación a través de la Bolsa de São Paulo (B3). Son 1.700 millones de reales: es una inversión enorme, fundamental para seguir transformando la educación.
La normativa sancionada por Diputados incorpora nuevos delitos como el grooming y la difusión de material de abuso sexual infantil en línea.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, destacó la reciente aprobación del proyecto de ley para “proteger la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales”, que fue sancionado la noche del miércoles por la Cámara de Diputados y remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“Con esta aprobación estamos avanzando con decisión hacia un país más seguro para nuestra niñez. Este proyecto de ley permitirá al Estado boliviano contar con herramientas jurídicas actualizadas para prevenir, investigar y sancionar con mayor eficacia los delitos sexuales en el entorno digital”, señaló Mariaca en conferencia de prensa.
La norma establece mecanismos de protección frente a delitos sexuales cometidos mediante tecnologías digitales, además de fomentar un acceso responsable y supervisado a internet por parte de menores de edad.
El proyecto incorpora “la implementación de nuevos tipos penales relacionados con el grooming, la difusión de material de abuso sexual infantil en línea, la captación de menores de edad con fines sexuales mediante redes sociales y otras plataformas digitales, así como mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención, atención y protección de las víctimas”.
Mariaca subrayó que la iniciativa tiene relevancia regional. “Seguramente esto será una alegría no solo en Bolivia, sino en Sudamérica, y con mucho orgullo vamos a estar presentes para poder transmitir y decir que en Bolivia nació un proyecto de ley que protege a nuestros niños”, expresó.
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