Este sábado, tras el desalojo por parte de Carabineros de seis liceos emblemáticos de Santiago, el alcalde Mario Desbordes (RN) se refirió a las protestas estudiantiles en su contra, acusando a los jóvenes involucrados de ser «sicarios de la educación pública» y responsabilizándolos por su deterioro. Pero, ¿quiénes son realmente los responsables del deterioro de la educación pública en Chile?

Durante la jornada del viernes, estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera, Instituto Nacional, Manuel Barros Borgoño, Liceo Confederación Suiza, Isaura Dinator y Liceo de Aplicación iniciaron un paro con toma de sus establecimientos. La protesta busca visibilizar el rechazo de los estudiantes al plan del alcalde Mario Desbordes (RN) presentó a inicios de julio y que busca incorporar expresamente y obligatoriamente en los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) la aplicación de la Ley Aula Segura en los casos en que sea necesario.

El viernes, frente al municipio de Santiago, estudiantes entregaron una carta pública en la que denunciaron el abandono de las comunidades escolares, la negativa de Desbordes a participar en los consejos escolares y su intento de imponer políticas represivas. En la misiva exigieron su presencia antes del 31 de agosto en dichos espacios, advirtiendo que el edil ha ignorado durante meses las solicitudes formales.

Ante esto, la respuesta del municipio fue el uso de la fuerza: los liceos fueron desalojados por Carabineros durante la madrugada. Desbordes acusó que “estos jóvenes están capturados por ideologías extremas y han destruido la educación pública”. Sin embargo, el actuar del alcalde revela una responsabilidad mucho más clara en cuanto a los ataques a la educación pública. Durante su administración ha aplicado una política de recortes salariales, despidos arbitrarios y precarización del trabajo docente.

Mientras tanto, continúa culpando a los estudiantes movilizados, evitando asumir la responsabilidad política. Mario Desbordes, exministro de Defensa de Sebastián Piñera y figura de Renovación Nacional, representa a un sector político que ha sido clave en la consolidación del modelo neoliberal en la educación, desde la dictadura en adelante.

Por otro lado, el ministro de Educación Nicolás Cataldo (PC) ha optado por medidas que perpetúan su precariedad y permiten el negocio educativo. Al mismo tiempo, ha legitimado una narrativa represiva que criminaliza a estudiantes organizados, alineándose con el discurso de la ultraderecha. En unas declaraciones hace algunos días se mostró abierto a instalar infraestructura de seguridad como pórticos detectores de metales en las entradas de los establecimientos escolares.

Este panorama evidencia una crisis estructural en la educación pública, exacerbada por políticas autoritarias por sobre los derechos de los estudiantes. La transformación de las escuelas en espacios de control refleja la profundización de un modelo neoliberal que precariza la enseñanza y reprime. Herencia de la dictadura sostenida por los gobiernos de los 30 años y también Boric que mantiene la política de no tocar el modelo educacional.

Frente a este escenario, es evidente que no son los estudiantes quienes socavan la educación pública, sino las autoridades que, escudadas en el discurso del orden y la seguridad, perpetúan un modelo que mercantiliza la enseñanza y criminaliza la organización estudiantil. Llamar «sicarios» a quienes luchan por una educación digna no solo es una provocación, sino también una estrategia para ocultar a los verdaderos responsables: los que recortan recursos, despiden docentes y se niegan a escuchar a las comunidades escolares.

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