El primero es el libro de Camilla Townsend “Tales of Two Cities: Race and Economic Culture in Early Republican North and South America” (2000). Se estudia la “cultura económica” de las elites de Guayaquil (Ecuador) y Baltimore (USA), entre 1820 y 1835. Las dos ciudades partían de condiciones comparables e incluso en Guayaquil había el deseo de encumbrar la manufactura, mientras en Baltimore existían posiciones contra las fábricas. Pero la gran diferencia entre ambas fue la actitud frente a los trabajadores y la población. En Guayaquil se defendía el trabajo coercitivo y los bajos salarios; en Baltimore, el trabajo libre, la educación a las masas, el interés por suprimir la informalidad y la criminalidad. En Guayaquil, la población pobre lucía como “una horda peligrosa” y la gente de negocios creía que su trabajo era creador, proyectaba un nuevo mundo, era demasiado costoso construir caminos y no eran necesarias las reformas sociales o construir escuelas. Townsend concluye que la diferente visión económica de las elites marcó el futuro de las dos ciudades: estancamiento o avance.
El segundo, es el “Informe sobre las Reformas de la Ley de Jornaleros” que presentara la Sociedad Nacional de Agricultura del Ecuador el 17 de agosto de 1918. Examina la “abolición del apremio personal” y el establecimiento del “desahucio libre de los contratos de arrendamiento de servicios de jornaleros”. Es decir, la abolición que se hizo, en ese año, de la “prisión por deudas”, que acompañó al sistema del concertaje en las tradicionales haciendas ecuatorianas, a fin de que los jornaleros tuvieran libertad para contratar su trabajo por un salario. Un hecho comparable a la “liberación” de los siervos de la gleba en el viejo feudalismo europeo.
El informe sostiene “que el apremio personal es muy apto para conseguir que el jornalero realice el derecho que el patrón tiene de que trabaje en las faenas a que se obligó”; añadiendo, además, que “el desahucio libre destruiría a la agricultura”; y se concluye: “No se debe suprimir el apremio personal”, y también “no es conveniente establecer el desahucio libre”.
La posición de la SNA fue reiterada en otros de sus documentos, como el titulado “La Agricultura Nacional y los desaciertos del Poder”, en el que se sostuvo que “Las reformas sancionadas por el Jefe del Ejecutivo consagran una enorme injusticia”; además: “Los propietarios han sido despojados por el ministerio de la ley de los cuantiosos anticipos hechos al obrero, ya que no les queda medio alguno para reclamarlos”; el “pueblo” será la víctima, decía el escrito, así como la “producción agraria”, que caerá, con la consiguiente alza de los precios. Algo similar se repitió en la “Solicitud de los Agricultores al Presidente de la República”, que, en definitiva, pedía no aprobar la ley que suprimía la prisión por deudas del concertaje; y lo mismo en sus “Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura”.
No se logró detener ni revertir la supresión del “apremio personal”, pero las relaciones del concertaje (huasipungo, arrimazgo, sembraduría, peonía, etc.) continuaron por décadas, pue solo la Ley de Reforma Agraria de 1964 logró abolir el sistema hacienda, de tan larga vida en la economía nacional, pues sus orígenes se remontan al siglo XVII colonial. Por cierto, esa ley fue atacada de “comunista” por la clase terrateniente, que creía ver en ella un logro del “castrismo cubano”, pese a que esa misma ley fue dictada por la Junta Militar (1963-1966), absolutamente anticomunista y nacida de las acciones de la CIA norteamericana en Ecuador, según un famoso libro del exagente Philip Agee.
El tercer documento es el libro de Actas del Primer Congreso de Industriales del Ecuador, realizado en Ambato, en marzo de 1935. Hubo allí un Acuerdo que hizo una serie de considerandos, entre los que destaco: “1. Que el indio ecuatoriano continúa vegetando en lamentable atraso moral y material, no obstante el haber convivio por cuatro siglos con la raza conquistadora y criolla que se adaptaron ventajosamente a la moderna civilización…; 2. Que los más elementales sentimientos humanos imponen la necesidad ineludible de levantar el nivel cultural del indio, incorporándole a la civilización…; 3. Que la vida vegetativa que hoy lleva, no se compadece ni con los principios materiales que imponen las leyes biológicas, puesto que se abstiene de los medios alimenticios, del vestuario y la habitación impuestos por el progreso del bienestar humano y de las normas higiénicas más elementales…; 4. Que el indio, tal como vive actualmente, es un factor de desequilibrio en la economía nacional puesto que produce mucho y consume poco, sin cooperar a la tributación que ha menester el Estado…; 8. Que, así mismo, es indispensable inculcar en el corazón del indio los nobles sentimientos de amor patrio, preparándole para la defensa nacional…” Con todo ello de por medio, se pedía crear “granjas agrícolas militares” y obligatorias para los indios.
Comparativamente, en 1820 o en 1918 y también en 1935, la mentalidad de las elites económicas del Ecuador mantuvo el mismo espíritu conceptual, que fue el freno para el desarrollo nacional y para la promoción de algún bienestar para los trabajadores y la población.
Podría pensarse que son términos del pasado. El problema es que tienen una faz muy actual. Basta considerar las propuestas de reformas laborales planteadas por el alto empresariado, que no cree en esenciales derechos para los trabajadores; y observar, además, que durante el levantamiento indígena y popular de los primeros doce días de octubre de 2019, entre las más acomodadas cúpulas sociales y económicas del país, pero particularmente en Guayaquil, hubo expresas voces de clasismo y racismo, que veían una “horda peligrosa” que amenazaba sus propiedades, su paz y su democracia, así como a indígenas que lo que debían hacer es “regresar a sus páramos”.
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