América del Sur

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“Tenemos la deserción más baja en la historia de Bogotá y el país”: secretaria de Educación Distrital

septiembre 12, 2019septiembre 10, 2019Entrevistas

América del sur/Colombia/12 Septiembre 2019/autor y fuente: Semana Educación

Bogotá es la ciudad del país que más invierte en educación y el único ente territorial que aporta de sus recursos casi la mitad del presupuesto del sector educativo. La secretaria de esta cartera, Claudia Puentes, habló con Semana Educación sobre los logros de la administración en esta materia. Puentes, junto a otros secretarios de Educación territoriales, participarán de la Cumbre Líderes por la Educación.

La Cumbre Líderes por la Educación, el evento más importante del sector educativo en el país, se realizará el 18 y 19 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora. Más de 60 expertos nacionales e internacionales, así como tomadores de decisión, participarán del encuentro. Uno de los paneles reunirá a secretarios de Educación de diferentes municipios y departamentos del país para conocer sus experiencias y reflexiones ad portas de terminar las administraciones locales.

Semana Educación: ¿Cuál es el legado que deja esta administración en términos de educación?

Claudia Puentes: El principal legado es haberle devuelto a la educación un rol técnico para poder incidir verdaderamente en que la educación pública para que generar una transformación. Bogotá tiene el número de estudiantes más grande de todo Colombia. Hemos logrado apoyar a los colegios para que entreguen educación de calidad y pertinente a los estudiantes, y quitarle ese carácter electoral, ideologizado con el que se venía trabajando en administraciones anteriores.

S.E.: ¿Eso cómo se ve en términos concretos?

C.P.: Somos la entidad que mejor ejecución tiene de los recursos, alcanzamos el 99,9 por ciento. Si nos comparamos con otras ciudades, Bogotá tiene la matrícula oficial más grande de todo el país. Es mucho más del doble que la de Medellín, que es la que nos sigue. Tenemos 785.000 estudiantes que representan más o menos el 10 por ciento de todos los estudiantes de educación pública del país. Bogotá pone ocho veces más recursos propios que Medellín en educación pública. Los recursos propios representan casi la mitad de lo que es el presupuesto de educación, que para este cuatrienio habrán sido 15 billones de pesos ejecutados.

S.E.: ¿Cómo les fue en términos de deserción escolar?

C.P.: Tal vez esta es una de las metas que más nos enorgullece. Tenemos en el 2018 una deserción de 1,67%, que es históricamente bajo con respecto a Colombia y con respecto a Bogotá. El analfabetismo es tan bajo que nos consideramos una ciudad libre de analfabetismo. Además, la ciudad ha logrado reducir la brecha que traíamos frente a los colegios privados. En promedio nos llevaban una brecha de 17 puntos porcentuales; hoy es del 10. Y logramos aumentar en 42% el número de personas graduadas A, A+ y B, que son los niveles más altos en Pruebas Saber.

S.E.: Ustedes han dicho que le han apostado a la transformación tecnológica. ¿En qué consiste esa apuesta?

C.P.: Con tecnología se dan muchas discusiones. Si los estudiantes no deben tener celulares a mano y la apuesta que nosotros hicimos fue convertir esa tecnología en una aliada para los procesos pedagógicos. Empezamos con lo básico que era llevar conectividad a todas las sedes de la educación pública en Bogotá. En este momento vamos en 657 sedes, pero al final de año habremos terminado de cubrir la totalidad de las sedes con fibra óptica. Eso ya es una autopista de comunicación de los estudiantes hacia el mundo.

S.E.: ¿Cómo trabajan para atender a las poblaciones más vulnerables?

C.P.: Tenemos modelos educativos flexibles para lograr atraer a poblaciones que tienen necesidades muy distintas. Estamos atendiendo 14 poblaciones con necesidades especiales como personas que tienen condición de discapacidad, jóvenes que están en el sistema penal adolescente, algunas personas hospitalizadas, en fin. Hemos desarrollado un trabajo para que cualquiera pueda estudiar y obtener su título de bachiller.

Tenemos un equipo de más de 300 personas de apoyos pedagógicos para atender a los más de 19 mil estudiantes con alguna condición de discapacidad. Lo ideal es que logren ser parte del aula

S.E.: ¿Y la atención en la primera infancia cómo va?

C.P.: Bogotá es la única ciudad del país que tiene una ruta armada de atención integral, que trabaja en equipo con el ICBF, Idartes y las secretarias de Salud, Integración Social y Cultura. Armamos una organización de todas las atenciones que se requieren en primera infancia, un sistema de información de seguimiento niño a niño para facilitar las transiciones más armónicas entre un jardín infantil y un colegio. Estamos haciendo un trabajo para que los papas sientan esa confianza de ingresar a sus hijos a jardines y hoy tenemos una cobertura de 180 mil niños y niñas.

S.E.: El país se propuso aumentar el número de estudiantes en jornada única, de manera que pasen más tiempo en las instituciones y haya un fortalecimiento de competencias básicas y realización de otras actividades. Ustedes se habían propuesto llegar a un 30 por ciento de estudiantes en jornada única. ¿Cómo van?

C.P.: Nosotros recibimos una matrícula apenas del 4% en jornada única y ya vamos en el 17.6%. Esperamos que al finalizar el Plan de Desarrollo estemos en el 20%. Una cifra muy alta si se compara con Barranquilla, que es la ciudad que nos sigue y no alcanza el 5%. Además, tenemos un proceso que se llama jornada extendida, que es tiempo complementario al tiempo escolar que los estudiantes pueden pasar en 82 centros de interés que abordan temas como arte, música, deportes, robótica, matemática, lenguaje, lectura y ciencias.

Otro tema que estamos trabajando es un acompañamiento vocacional más sólido. Trabajamos con el Sena y diferentes universidades desarrollamos el programa ‘Yo puedo ser’, que invita a los estudiantes a explorarse interiormente para conocer para qué son buenos, construir un proyecto de vida de largo plazo, identificar en el mercado laboral cuáles son esas posibilidades de oficio.

S.E.: ¿Y cómo están trabajando para que más jóvenes accedan a la educación superior?

C.P.: Duplicamos la cantidad de dinero que se invierte en apoyos financieros para educación superior. Eso es muy importante porque quien se postulan para un apoyo financiero está comprometido con su sueño. Al finalizar habremos dejado más de 27 mil apoyos financieros funcionando. Pero incluso quienes no logran el apoyo ya tienen sembrada esa visión de que sí pueden ser profesionales y buscan alternativas. Tenemos 10 fondos para distintos perfiles y hemos invertido más de 146 mil millones.

S.E.: ¿Y en términos de educación superior pública cuál ha sido la apuesta? ¿Cómo dejan a la Universidad Distrital?

C.P.: Uno de los grandes legados del alcalde Peñalosa es una Universidad Distrital completamente fortalecida. En administraciones anteriores se hablaba mucho de la universidad pública pero el hacerlo era otra cosa. El alcalde y la hoy ministra María Victoria Angulo lograron darle gobernabilidad a la Distrital, que los distintos estamentos eligieran a un rector en propiedad y esto ha permitido un avance muy importante. La universidad queda con dos sedes nuevas, una en Bosa y otra en Ciudad Bolívar. La Universidad Distrital, a diferencia de las demás universidades públicas del país, es fundamentalmente financiada con recursos locales. El 80% del financiamiento viene de fuentes distritales y en eso el alcalde ha sido absolutamente comprometido.

S.E.: ¿Y el número de estudiantes aumentó?

C.P.: El número de estudiantes en la Universidad está más o menos en 23 mil. Se ha mantenido estable y este es un tema de la autonomía de la universidad. Estamos trabajando para que todas esas nuevas instalaciones se transformen en mayor capacidad de cupos para los estudiantes.

S.E.: A pesar de los escándalos a nivel nacional, ustedes han sido reconocidos por la transparencia en el Programa de Alimentación Escolar. ¿Cómo lo lograron?

C.P.: Tenemos cobertura del 100% de los días de colegio al 100% de los estudiantes con el plan de alimentación escolar. Entregamos diariamente refrigerio a todos los estudiantes y a casi 200 mil de ellos un refuerzo en comida caliente que puede ser desayuno o almuerzo. Transformamos el PAE de ser un símbolo de corrupción a uno de transparencia que es reconocido como una buena práctica de compra pública.

Lo que hicimos fue transformar esa forma de comprar en alianza con Colombia Compra Eficiente. Hay un convenio marco de precios y toda una estructura en la que se hacen pruebas técnicas en la calidad de los alimentos que nos permite tener una variedad de proveedores muy grande.

S.E.: En su Plan de Gobierno, el Alcalde Peñalosa aseguró que iba a construir 30 colegios nuevos y un gran número de mejoramientos. ¿Cuál es el balance?

C.P.: Hicimos una inversión histórica de más de 1,1 billones de pesos. La meta de mejoramiento era de 300 colegios y vamos a dejar 390. El Plan también se proponía 32 edificios nuevos para colegios existentes y vamos a dejar 34: 28 entregados y los demás en obra. En cuanto a los colegios nuevos, estamos haciendo toda la gestión de recursos para dejar 22 entre los entregados y los que quedan en obra. Los demás quedan listos con su licencia en proceso de ejecución para que llegue simplemente una nueva administración a licitar la obra. Desde el 2011 no se abría un colegio nuevo en Bogotá y esto ha sido un ejercicio transformador.

S.E.: Por último, uno de sus más destacados logros ha sido la reducción del embarazo adolescente. ¿Cómo lo lograron?

C.P.: Es una reducción del 36% en embarazos de menores de 19 años. Trabajamos con la Secretaría de Integración Social y de Salud. Nosotros hacemos un seguimiento niño a niño para asegurarnos que tengan acceso al sistema de salud, que tengan protección y que se planteen proyectos de vida. La motivación es que la vida es más grande que el placer momentáneo. Esto es construir inteligencia emocional, algo que además hacemos a través de campamentos, estrategias de entornos seguros, felicidad y salud colectiva, así como Sexperto, una plataforma para resolver inquietudes.

Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/desercion-estudiantil-de-bogota-y-el-pais/631179

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¿Cómo se enseña la dictadura de Pinochet en los institutos de Chile?

septiembre 12, 2019septiembre 10, 2019Meritxell Freixas Martorell

Por: Meritxell Freixas Martorell

El tema fue omitido de la asignatura de Historia durante la primera década de la transición y hasta principios de los 2000 no se planteó una forma de abordarlo en el aula.

El hijo de uno de los chóferes de Augusto Pinochet fue alumno de Lucas Fernández, profesor de Historia desde 2014. Fue en el primer año de su carrera profesional, en un centro de preparación universitaria, cuando el joven se le acercó al finalizar una clase en la sobre la dictadura en Chile (1973-1990): “Me contó que se sentía confundido con lo que habíamos comentado en el aula y lo comparó con lo que él había escuchado toda su vida en su familia, que tenía una ideología más de derecha”, recuerda Lucas.

Desde entonces, ha observado esta reacción en muchos otros estudiantes en los distintos institutos en los que ha trabajado, la mayoría de ellos reconocidos como “liceos emblemáticos”, una categoría que en Chile se otorga a los centros de alto nivel de exigencia académica. “Son niños y niñas que en su familia estaban adscritos a cierta posición política y lo que se produce cuando se trata el tema es confusión porque se les enseñó una sola perspectiva de la historia”, cuenta Fernández.

El período de la dictadura de Pinochet se estudia en clase de “Historia, geografía y ciencias sociales” de 2º medio, que equivale a 4º de ESO (15-16 años) en el sistema educativo español. El contenido curricular, elaborado por el Ministerio de Educación y aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNED), un organismo autónomo del Estado que “cautela y promueve” la calidad en este ámbito, recomienda una dedicación de 30 horas pedagógicas (de 45 minutos cada una) a la Unidad 3, que comprende “dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile”.

El temario aborda “la dictadura militar y supresión del Estado de derecho, así como la violación de los derechos humanos y el rol de las instituciones civiles y religiosas en la defensa de las víctimas”. También se enfoca en “las características y efectos del modelo económico neoliberal y los cambios políticos producto de la Constitución de 1980” hasta llegar al proceso de transición a la democracia.

Un tema polémico

El pasado reciente fue omitido en la asignatura de Historia durante la primera década de la transición y hasta la renovación curricular que implicó la Reforma Educativa de 1997. El debate sobre la forma de tratar las causas del golpe de 1973 y la sistemática violación a los derechos humanos retrasó la publicación del nuevo texto de estudio sobre este tema, que finalmente vio la luz en 2001. “El conflicto más recurrente y de mayor repercusión pública se dio a propósito de la incorporación del tratamiento de la historia reciente en la propuesta curricular”, documenta Renato Gazmuri en su tesis doctoral La construcción ideológica del currículum chileno de Historia y Ciencias Sociales.

Entre 2007 y 2009, el gobierno de Michelle Bachelet llevó a cabo otro proceso de ajuste al currículum nacional que fue muy criticado por un sector de historiadores conservadores que, según Gazmuri, “denunció que se atentaba contra la reconciliación de los chilenos, fomentando el odio y perpetuando divisiones”. Finalmente, el contenido que se imparte hoy fue elaborado en 2016 de acuerdo a las definiciones establecidas en las Bases Curriculares de 2013 y 2015.

“En la década pasada se abrió un nuevo camino y se plantea la perspectiva que domina en la actualidad: se pone en el centro del aprendizaje de este período las distintas interpretaciones que existen al respecto”, cuenta Lucas Fernández. Según él, toman importancia “las diferentes versiones” de las causas que explican cómo se llegó a una dictadura cívico-militar de 17 años. “No hay una sola hipótesis o relato, sino que –con el apoyo de fuentes documentales, iconográficas y audiovisuales– se establece una explicación multifactorial y más compleja del acontecimiento”, precisa el profesor.

“Distintas visiones”

La unidad 4 del libro de texto de Historia de la editorial Santillana dedica una página a analizar las “distintas visiones del quiebre a la democracia”. Recoge la opinión de la Iglesia Católica, de distintos partidos, de la Junta Militar de Gobierno, de una chilena –la cantante Javiera Parra– e incluso reserva un espacio para que el estudiante recoja el testimonio de un familiar. Luego añade la mirada de cinco investigadores y plantea preguntas al alumno como “¿Cuántas perspectivas del mismo acontecimiento puedes extraer?”.

Lucas Fernández cuenta que con este enfoque se llegó a una solución “de consenso” para “no imponer una perspectiva de que el golpe de Estado fue de los militares o de una derecha recalcitrante y opositora a Allende y al gobierno de la Unidad Popular (UP)”. En su opinión, eso da lugar a entender que “en alguna medida, el quiebre democrático tiene una especie de justificación y se puede caer en el riesgo de pensar que todas las perspectivas sean igualmente válidas”. Y concreta: “Uno no puede decir que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura estaban justificadas porque se iba a instaurar un gobierno socialista”.

La terminología que se utiliza para describir los hechos es otro de los aspectos polémicos de la enseñanza de este período histórico. Las académicas Paula Morgado y Sabela Fernández-Silva analizaron ocho libros de texto de la asignatura de Historia implementados a lo largo de 12 años. Su estudio –La selección terminológica referida al golpe y dictadura militar en textos escolares de historia durante el período 2002-2014– concluyó que el concepto régimen militar es el que más aparece en estas publicaciones, seguido de términos como gobierno o gobierno militar.

Según las autoras, “esto nos sitúa en un punto de vista neutro de los hechos” porque la selección terminológica “no da información específica y fidedigna acerca de los conflictos sociales, políticos y económicos que significó la imposición de este régimen”. Hace cinco años se empezaron a usar conceptos como dictadura militar, dictadura o régimen autoritario con más frecuencia: “Esto significa que podríamos hablar de una evolución temporal respecto del concepto, aunque siguen predominando las variantes neutras a la hora de caracterizar este período”, concluyen las investigadoras. La palabra dictador apareció en una única ocasión.

“Hijos de la cultura del miedo”

El año pasado, en motivo de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado, los profesores del departamento de Historia del instituto de Macul, un municipio del área metropolitana de Santiago, invitaron a los estudiantes a trabajar en un proyecto de memoria histórica local con perspectiva de género. Los jóvenes rescataron el testimonio de las víctimas del centro de tortura la Venda Sexy, ubicado a cinco manzanas del colegio y conocido por ser uno de los espacios donde la represión contra las mujeres fue especialmente brutal por la violencia sexual practicada por parte de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “Identificaron los testimonios y realizaron siluetas de cartón de figuras humanas a tamaño real en las que escribieron los relatos de las víctimas”, explica Karina Toledo, profesora de Historia del Liceo Villa Macul Academia desde hace tres años. En total, unas 30 figuras fueron expuestas en el colegio antes de ser exhibidas al exterior del antiguo centro de tortura para que los vecinos y vecinas reconocieran el espacio como un lugar de memoria. “La actividad fue muy bien recibida por los estudiantes; muchos se emocionaron y se produjo un diálogo entre la comunidad educativa sobre los hechos”, destaca Toledo.

Ese tipo de intervenciones, sin embargo, no son comunes a todos los centros educativos. “Dependen de la apertura del equipo directivo del colegio”, afirma la profesora. “Es un tema que puede generar polémica y división dentro de la comunidad porque es lo que aún genera esa experiencia histórica”, añade. Ella misma reconoce que durante los cinco años que se desempeñó en otros institutos llegó a “autocensurarse” y se privó de organizar actividades de este tipo en liceos donde no se priorizaba el enfoque en derechos humanos.

“Han existido casos de censura, hostigamiento y despido a profesores por haber realizado algún tipo de actividad considerada ‘política’”, afirma Luís Alegría, académico y profesor de Historia en la carrera de Pedagogía de varias universidades de Chile. Según el experto, la dictadura impuso una “cultura del miedo” que impidió durante muchos años que los profesores realizaran actividades “más críticas” relacionadas con la memoria histórica y los derechos humanos. “Si bien hoy el tabú para hablar de esto es menor, las prácticas censuradoras se dan en menor medida y están menos aceptadas socialmente, seguimos siendo hijos de la cultura del miedo”, asegura.

La discusión sobre cómo enseñar el período de la dictadura cívico-militar en Chile se debate entre los docentes que optan por adoptar un rol meramente transmisor de información y, por otro lado, los que apuestan por provocar una toma de consciencia para que la historia no se repita. Luís Alegría se inclina por “abrirse a nuevas temáticas y diálogos” y superar el “trauma social” que dejó la dictadura. Este 11 de septiembre, con la conmemoración de los 46 años del golpe, habrá una nueva oportunidad para profesores y estudiantes para ponerlo en práctica.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/09/09/como-se-ensena-la-dictadura-de-pinochet-en-los-institutos-de-chile/

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Perú: nueva ley permitiría a padres vigilar material educativo estatal

septiembre 12, 2019septiembre 11, 2019Noticias

América del sur/Perú/12 Septiembre 2019/Prensa Latina

El avance del Estado sobre la educación de los menores es un problema que aqueja a la región, una bancada de legisladores peruanos ofrece una solución

El control del Estado sobre la educación de los hijos es un tema que ha sacudido a los países de habla hispana en los últimos meses. Desde Perú, surge una iniciativa legislativa que permitiría a los padres de familia revisar los contenidos emitidos por el Ministerio de Educación antes de su publicación.

Según el proyecto de ley, los padres de familia podrían: “vigilar que los contenidos y los materiales educativos sean adecuados al interés superior del niño y el adolescente”.

La iniciativa surgió por parte de la bancada de Acción Republicana, un partido que fue oficializado en junio del 2019 y tiene entre sus filas al presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea.

Diversas organizaciones de padres de familia despertaron la necesidad de revisar los contenidos por diversos errores en los textos escolares y enlaces a páginas de Internet que llevaban a contenidos sexuales inapropiados para menores en un sitio cubano; por lo cual la ministra de educación tuvo que pedir disculpas públicas.

Además, existen temas de distorsión histórica, desde la mención al terrorismo que acechó al Perú, hasta fallas en la enseñanza de comprensión lectora e incluso errores en material de matemáticas.

PanAm Post se comunicó con la legisladora que presentó el proyecto: Sonia Echevarría.

¿En qué consiste el proyecto de ley y qué busca?

Este proyecto surge como una respuesta a la denuncia ciudadana de padres de familia por los textos escolares de contenido sexual inapropiado para menores de edad que se distribuyeron en las escuelas públicas.

El proyecto de ley busca promover la participación y vigilancia activa de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, respetando sus convicciones morales y religiosas. En este sentido, se propone que los padres de familia tengan la facultad de vigilar los contenidos de los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación, los cuales deberán ser adecuados al Interés Superior del Niño y a su desarrollo integral.

Al respecto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República del Perú, en la legislatura pasada, emitió un informe que determinó como responsables políticos a los últimos seis ministros de Educación por la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes peruanos de las escuelas públicas.

¿Cómo se aplicaría, a nivel ministerial, en cada colegio o queda a potestad de cada padre?

Al Estado debe quedarle claro que la educación en las escuelas públicas debe ser igual o mejor que la que brindan las escuelas privadas, porque de nada sirve promover la erradicación de la pobreza, si no se hace efectiva la igualdad de oportunidades mediante una educación con contenidos de calidad y docentes suficientemente preparados. Entonces, si el propio Estado no puede hacer una efectiva acción de control sobre los materiales educativos, ofrecemos una alternativa sana: la vigilancia ciudadana a través de los padres de familia, que son los directamente interesados.

Actualmente, la revisión de los textos escolares de distribución gratuita en las escuelas públicas está a cargo de diversas instancias del Ministerio de Educación.

Fuente: https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2019/09/10/peru-nueva-ley-permitiria-a-padres-vigilar-material-educativo-estatal/

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Brasil: Ganadería industrial y soja transgénica queman la Amazonia

septiembre 11, 2019septiembre 11, 2019Silvia Ribeiro

Silvia Ribeiro

NODAL

Cerca de 79 mil incendios en la Amazonia, principalmente en Brasil, Bolivia e importantes áreas de Paraguay, han avanzado por semanas, quemando más de un millón de hectáreas de bosque tropical y arrasando territorios indígenas, muchos de los cuales habían sido invadidos legal o ilegalmente por la ganadería, la agricultura industrial y la minería.

Hay un millón 500 mil habitantes de comunidades indígenas que están amenazados o ya sufriendo los impactos de esta grave crisis que está devastando amplias regiones amazónicas, su fauna, flora y diversidad biológica única.

El fuego se expande siguiendo la ruta de las trasnacionales de ganadería y agronegocios. Se talan y queman bosques para abrir espacio a la soja transgénica de Bayer-Monsanto y a la cría de ganado para JBS, la mayor trasnacional de producción industrial de carnes a escala global, que tiene una negra trayectoria de diversas violaciones legales, entre otras, por comerciar ganado criado con la deforestación del Amazonas.

La Vía Campesina Brasil declaró que esta serie de incendios están directamente ligados al avance del agronegocio, y por los enormes daños que provoca a comunidades y naturaleza debe considerarse un crimen contra la humanidad. Entre el 10 y 11 de agosto, que fue declarado Día del fuego por los hacendados de la región que queman el bosque para sembrar soja transgénica y pastura, los incendios aumentaron 300 por ciento.

Denunció también que imágenes satelitales muestran un avance no visto desde la década de 1980 de la minería ilegal en territorios indígenas, que ha sido estimulada por el gobierno. (https://tinyurl.com/y3rq9d4j)

En efecto, no se trata de factores climáticos o mala suerte: hay causas y actores concretos. El principal motor de la tragedia es la siembra de monocultivos y de pasturas para ganadería a gran escala y la deforestación que causan. Brasil es el primer exportador mundial de soja transgénica, con extensas zonas en las áreas incendiadas y aledañas, en su amplia mayoría su destino es para forraje de cerdos, pollos y vacas en confinamiento, principalmente en Europa y China.

Pero ni los monocultivos de soja (u otros) ni la ganadería industrial son necesarias para alimentar a la población mundial (https://tinyurl.com/yxv3dz8s). Son solamente negocio de trasnacionales con grupos económicos que se han asegurado políticas muy favorables de producción y exportación desde el Sur global, acompañadas de diversos estímulos para aumentar adrede el consumo de cárnicos en muchas partes del mundo. Esto, pese a que tanto los monocultivos agroindustriales como la ganadería intensiva están entre los factores más altos de emisiones de gases que producen el cambio climático. Y eso, sin contar el aumento de emisiones de carbono que significan los incendios ahora en curso.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llegó al gobierno apoyado por la llamada bancada ruralista de ese país (latifundistas, sembradores de monocultivos de caña, soja, maíz y grandes ganaderos), ha manifestado repetidamente que conservar la Amazonia es un desperdicio de recursos que pueden ser aprovechados por esas y otras industrias, como mineras, hidroeléctricas y petroleras. A todas ha facilitado avanzar en esa región, con una mezcla de legalización de despojos, desmantelamiento de medidas de protección y saboteo de la fiscalización ambiental.

Para ocultar los síntomas del desastre que se avizoraba, a principios de agosto de este año, Bolsonaro despidió de su cargo a Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), por informar que la deforestación en la Amazonaa aumentó a un ritmo alarmante y mucho mayor que el año anterior. Bolsonaro negó que esto fuera verdad y poco después, cuando ya no pudo negar la crisis de incendios en la Amazonia, lanzó burdas mentiras, como que el fuego era causado por organizaciones ambientalistas para acosarlo. Como si los incendios no fueran causados por la misma gente que alentó y cobija.

Si el fuego sigue propagándose –advirtió la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica–, no solamente están en peligro los habitantes de 350 pueblos indígenas que habitan el Amazonas, también serían afectados 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosques, 44 mil especies de plantas, 2 mil 200 especies de animales, 2 mil 500 especies de peces de agua dulce y de 17 a 20 por ciento del total del agua dulce del planeta, además de que la pérdida de follaje de este ecosistema representa hasta 10 por ciento de las emisiones de carbono global. (https://tinyurl.com/yxasfvd4)

Una investigación de la organización Trase, con The Guardian y Repórter Brasil (2 de julio 2019), evidenció que JBS vende, a sabiendas, ganado criado en áreas devastadas de la Amazonia (https://tinyurl.com/y4yxtfhn). Seguramente alimenta otras instalaciones de ganado con soja que también viene de la Amazonia. Bayer-Monsanto enfrenta más de 18 mil juicios en Estados Unidos por causar cáncer a ese número de víctimas, a sabiendas de los efectos cancerígenos del glifosato, agrotóxico usado para la siembra de transgénicos. Tal como plantea La Vía Campesina, se trata de crímenes contra la humanidad, en Amazonia y más allá.

Silvia Ribeiro es investigadora uruguayo-mexicana del Grupo ETC.

Autor: Silvia Ribeiro

Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260239&titular=ganader%EDa-industrial-y-soja-transg%E9nica-queman-la-amazonia-

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Chile: Día internacional de la mujer indígena en Chile, lo que el gobierno regional de Los Lagos y el alcalde de Ancud avalan

septiembre 11, 2019septiembre 11, 2019Noticias

Equipo Comunicaciones Mapuche

Rebelion

El gobierno regional de Los Lagos a través del Gobernación Provincial y el Alcalde de Ancud (Chiloé), Carlos Gómez Miranda, avalaron la represión y violencia contra mujeres mapuches williches de Ancud, según declaraciones públicas. Posiciones impresentables ante evidentes violaciones a los derechos humanos.

El gobierno regional de Los Lagos y el Alcalde de Ancud cerraron toda posibilidad de diálogo y consultas de buena fe ante las comunidades opositoras a la intervención de un espacio territorial ancestral que está siendo evaluado para la instalación de un relleno sanitario en el sector San Antonio de Huelden, fundo Los Millanes, en un lugar donde nacen los ríos: Manao, Pichihuelden, Negro de Linao, Quebrada Honda, Huenque, Huicha de Lecam y el más importante el río Huicha que dotan de agua a muchas comunidades, incluso a algunas alejadas de San Antonio de Huelden.

También mencionar que este lugar se encuentra beneficiado por al menos 11 humedales los que se ven amenazados por este proyecto en evaluación. Durante la tarde del domingo 1 y mañana del 2 de septiembre, comunidades mapuches williches de Ancud, del sector San Antonio de Huelden, en el marco de una reivindicación territorial en los terrenos “Fundo Fiscal Los Millanes” donde la Municipalidad con el gobierno regional pretenden imponer un relleno sanitario, fueron violentamente reprimidas por Fuerzas Especiales, arrojando personas detenidas y lesionadas, todas mujeres mapuches williche.

Recursos fiscales

El gobierno regional de Los Lagos junto al Alcalde de Ancud, están haciendo uso de recursos fiscales, con millones de pesos de todos y todas las contribuyentes del País, en:

– Intervenir caminos de vialidad, puentes y diferentes accesos para el tránsito de camiones y maquinaria pesada para supuestos estudios de factibilidad para un relleno sanitario.

– Pago a empresas para realizar las obras y estudios de factibilidad.

– Uso y abuso de los tiempos y recursos de funcionarios públicos en campañas publicitarias en medios de comunicación para estigmatizar, discriminar y criminalizar a quienes se oponen a este nivel de intervención y exigen el cumplimiento de los derechos que estipulan las normas internacionales de derechos indígenas.

– El gobierno regional de Los Lagos y en particular, el Alcalde de la Municipalidad de Ancud, Carlos Gómez, pretenden llevar a un escenario de criminalización la protesta y manifestaciones de comunidades que se oponen legítimamente, legalmente y por derecho a la instalación de un relleno sanitario y a la afectación de una parte del territorio ancestral mapuche williche, que va más allá de la propiedad particular, sino del cuidado de lo que allí hay y su importancia para la vida y bienestar colectivo.

La ilegalidad de las acciones

La crisis y conflicto generado por el gobierno regional y el alcalde de Ancud como consecuencia de acciones erráticas para solucionar los problemas de la basura, por muy tocho que parezca, abre a una tremenda oportunidad para que un tema que ya se ha instalado a nivel País e incluso está causando atención internacional, sea un ejemplo de resolución de conflictos a pesar de los recientes desenlaces de violación a los derechos humanos, más aún, considerando que este caso, con las diversas aristas que tiene, fue ingresado al Comité de eliminación de la discriminación Racial de las naciones Unidas, donde el estado de Chile deberá se examinado en noviembre de este año, con respecto a las diversas recomendaciones en el marco del cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, incluyendo las normas de derechos indígenas, incluyendo el cómo debería ser considerado temas de consulta indígena, temas de tierras antiguas o ancestrales, temas de espacios sagrado, integridad cultural e importancia tradicional, temas de naturaleza (recursos naturales) y proyectos de inversión público o privado.

Independiente de las acciones judiciales y administrativas de las comunidades para proteger los espacios que están amenazados por la acción del gobierno regional de Los Lagos y el alcalde de la Municipalidad de Ancud, queda de manifiesto la decisión arbitraria y de mala fe por parte de algunos agentes funcionarios estatales, que han demostrado incapacidad absoluta para el diálogo, para el respeto a la libertad de expresión y las legítimas reivindicaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, reconocidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en los mecanismos y procedimientos especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cabe consignar, que el objetivo del Convenio 169 de la OIT es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los Pueblos Originarios y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular, lo que se potencia con lo establecido por la Declaración de la ONU sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Onu y la OEA..

A nivel local, estos temas, aún no son atendidos por las comisiones de fiscalización de la Cámara de Diputados/as pertinentes ni la Contraloría General de la República.

Fuente de la información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260282&titular=d%EDa-internacional-de-la-mujer-ind%EDgena-en-chile-lo-que-el-gobierno-regional-de-los-

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.Argentina: trabajadores estatales se movilizaron por la reapertura de paritarias y la emergencia alimentaria

septiembre 11, 2019septiembre 10, 2019Noticias

Jornada de paro y movilización de ATE por reapertura de paritarias

“Estamos reclamando la reapertura de paritarias, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y fundamentalmente que el Gobierno deje de querer perpetuar en los cargos a 2500 funcionarios jerárquicos con sueldos de privilegio para boicotear al futuro gobierno, mientras el resto padece salarios de hambre”, enunció Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), a nivel nacional.

Desde la concentración en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dirigente estatal reiteró el reclamo por la Emergencia Alimentaria, la cual consideró “una urgencia que se debe resolver y el Gobierno tiene la obligación de dar respuesta ahora”. En ese sentido indicó que “si no sale la ley el jueves, se tiene que sacar por decreto y dejar de boicotear una necesidad de nuestro pueblo”.

“El hambre es un mecanismo de explotación, subordinación e indignificación al pueblo, por eso no la quieren implementar”, aseveró, respecto al reclamo por emergencia.

Por su parte el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, coincidió en la centralidad de reclamar “la reapertura de paritarias y que se materialice el pase a planta permanente”, a lo que sumó la exigencia de que “el bono llegue también a los trabajadores provinciales y municipales”.

Respecto a los agentes de tránsito, quienes acompañaron la columna de estatales porteños, señaló que “detrás de esa tragedia, se visibiliza que la precarización no ayuda en nada cuando no tenés garantías laborales”, situación por la cual señaló que “es una pena que Larreta no haya pasado a toda la gente a planta”.

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Paro Nacional: ATE movilizó con la CTA-A y gremios estatales

En el marco de la jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma y del Paro Nacional de ATE, miles de trabajadores estatales, judiciales, docentes, de la salud, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, marcharon por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. Exigieron la reapertura de paritarias, la reincorporación de lxs despedidos, que lxs trabajadores provinciales y municipales también perciban el bono para palear la pérdida salarial y la emergencia alimentaria.

La masiva movilización estuvo encabezada por la Comisión de Despedidxs en la Era Macri (CORREDMA) y signada por la reivindicación a quienes perdieron la vida producto de la política de desguace del Estado y la precarización laboral. Entre ellxs, a Cinthia Choque, la trabajadora de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires asesinada esta semana, que desde hacía seis años estaba precarizada por el gobierno de Horacio Larreta.

“Los compañeros y compañeras que perdemos son para nosotros bandera de lucha”, expresó Silvia León, Secretaria de Organización de ATE y de Género de la CTA-A al presentar el homenaje.

En el acto frente al Cabildo, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE, saludó las medidas que, en simultáneo, ATE y la CTA-A estaban llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país. Asimismo, se refirió a las demandas de la jornada de lucha: “Estamos reclamando que se reabran las paritarias, pero también, esta movilización defiende el derecho de los jubilados a percibir un haber mayor a la canasta básica”, indicó.

A su vez, rechazó el acuerdo de Macri con UPCN para perpetuarse en el Estado: “Están nombrando a funcionarios del Pro en el Hospital Posadas y también en el Estado Nacional. Estos compañeros que están hoy aquí y que fueron despedidos cobraban salarios de 10 mil pesos y en su lugar nombraron a funcionarios con sueldos de 150 mil, y con este convenio trucho lo quieren llevar a 250 mil. Macri: No lo vamos a permitir”, denunció.

“El Gobierno puso al Estado al servicio de las trasnacionales, de la fuga de capitales y de la especulación financiera. Hoy ATE, la Fesprosa, Judiciales, la CONADUH y todas las organizaciones aquí presentes, sostienen la unidad en la calle, la única unidad que vale para defender los derechos de nuestro pueblo”, expresó y resaltó: “En las calles se debe sostener la perspectiva de un plan económico y social que este en las antípodas del FMI. ¡Fuera Macri y fuera el FMI!”.

Por su parte, Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma expresó: “La resistencia se replica en todo el país. Acá están los que en los sindicatos y en el territorio son protagonista de la lucha. No le damos tregua al Gobierno. La CTA está orgullosa de ganar las calles”.

El dirigente también rechazó duramente la política de destrucción del trabajo de Macri. Por ello, “abrazo a todos los compañeros que hoy están de paro. Lo que pasa en los trabajadores del Estado se replica en los privados”, indicó. Y concluyó: “Es imprescindible que, si ellos toman la decisión política de hambrear al pueblo, nosotros tomemos la decisión de construir poder popular para construir el país que queremos”.

Bono para todxs

Claudia Baigorria, Secretaria General de CONADU Histórica y Adjunta de la CTA-A, apuntó: “Este Gobierno no da respuestas a la crítica situación que atravesamos por su política económica de devaluación, ajuste e inflación, y ha hecho que el sistema universitario y sus obras sociales colapsen”.

“Salud, educación, seguridad social, trabajo, alimentos, ningún derecho garantiza este gobierno. Con la especulación han hecho que de enriquezcan los mismos de siempre: hay pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Ese es el sello de este Gobierno”, manifestó. Por eso, agregó, “los docentes universitarios seguimos defendiendo la educación pública, exigimos presupuesto para las universidades, para salud y educación en todos los niveles y que nuestros salarios no sigan pagando las consecuencias de este modelo, y pedimos al gobierno que nos pague el bono de 5 mil que nos corresponde como trabajadores del Estado”. “La gente no da más, por eso los trabajadores hemos decidido que no vamos a abandonar la calle”, subrayó.

Por Fesprosa, habló su Presidente, Jorge Yabkowski: “Estoy feliz de compartir hoy la calle con ustedes como lo estamos haciendo en todo el país en una jornada histórica. Hoy tenemos un emblema y ese emblema es Chubut”, dijo y le pasó la palabra a la compañera Noelia Fernández, de SISAP, gremio de salud en esa provincia.

Fernández destacó: “Hoy Chubut está en lucha, está en llamas, hace más de 60 días que los estatales no cobramos los salarios en tiempo y forma. Este mes nos hicieron un pago en cuotas, tenemos una caja previsional quebrada y estamos sin obra social”. “Seguiremos en lucha hasta que tengamos una propuesta”, afirmó.

Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina, celebró esta “muestra de unidad en todo el país”. A su vez, manifestó su solidaridad con las y los trabajadores de Chubut, “que luchan contra esos gobiernos que están al servicio de las multinacionales de espaldas al pueblo”.

Sobre el reclamo del sector afirmó: “Hoy los judiciales de todo el país están en lucha por las paritaria porque aún no se cerró la de 2018”. “Todos estamos comprometido parque estos tipos son los enemigos históricos del pueblo. Vamos a seguir en la calle por qué nuestros derechos no tienen fecha de vencimiento”, advirtió.

ATE

Paro de Conadu Histórica por aumento salarial, bono de 5 mil pesos y más prepuesto universitario

En declaraciones a FARCO, el Secretario General de la Conadu Histórica Luis Tiscornia explicó que las y los docentes universitarios están de paro debido a la falta de respuestas del gobierno nacional. «Nosotros dependemos del Ministerio de Educación de la Nación. El gobierno es responsable de la agudización de la inflación producto de la devaluación post elecciones o producto del castigo que quiso imponer a la población por haber decidido democráticamente el domingo 11 de agosto. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo muy importante, que no estaba en las pautas con las cuales se firmaron los acuerdos salariales de este año» manifestó.

El dirigente recordó que la paritaria se cerró con una proyección de inflación de un promedio del 2 por ciento para agosto, septiembre y octubre, y actualmente ya está por arriba del 4 o 5 por ciento. «Esa pérdida salarial es la que estamos reclamando al gobierno que sea compensada» señaló.

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«El reclamo es que se incluya a la docencia universitaria en el bono de cinco mil pesos, que se adelante una cuota que se va a cobrar en octubre del 8 por ciento del incremento pautado, y que se incluya un refuerzo presupuestario urgente a las universidades y a las obras sociales universitarias, y que también se haga extensivo a los jubilados universitarios» enumeró Tiscornia.

«Hemos tenido casi cuatro años de una política de ajuste y desmantelamiento del sistema científico tecnológico, de la educación pública, al que le hemos puesto algunos límites a partir de la movilización y la lucha» advirtió el titular de la Federación. Sin embargo dijo que este gobierno se acaba en diciembre y el que venga va a tener «la mochila de las expectativas de cambio que hay en la población».

«Hasta el último dia a este gobierno tenemos que exigirle que no empeore las cosas. Por eso, hacemos el paro: queremos la compensación salarial por las perdidas del poder adquisitivo y la compensación del presupuesto en las universidades y las obras sociales» concluyó.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/09/argentina-trabajadores-estatales-se-movilizaron-por-la-reapertura-de-paritarias-y-la-emergencia-alimentaria/

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Uruguay: En el ojo de la tormenta: críticas al último informe del Ineed

septiembre 11, 2019septiembre 11, 2019Noticias

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) acaba de publicar su informe anual 2017-2018 y sus datos no pasaron inadvertidos. Desde varios actores oficiales del campo educativo llovieron las críticas, entre ellos las de Wilson Netto (presidente de ANEP), Antonio Romano (director de Planificación del mismo organismo), así como de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Codicen y el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

En las conclusiones para el capítulo seis, el informe del Ineed afirma: “La información sobre recursos en los centros educativos relevada por Aristas puso en evidencia que se distribuyen equitativamente según el contexto socioeconómico y cultural de la población que reciben. Los centros privados son los que cuentan con mayor apoyo para esta tarea” (página 107).

Con respecto a esto, Netto aseguró en rueda de prensa que cuando el informe habla de inequidades no se están teniendo en cuenta los millones de pesos que se han invertido para revertir la situación previa al año 2005, señalando, por ejemplo, que no se mencionan algunos logros, como la construcción de liceos en zonas vulnerables o donde directamente no existían.

Otra crítica que Netto realizó hace referencia a la forma de presentar los resultados educativos y en particular a la utilización de los términos “inequidad” y “segregación”.

En las conclusiones generales de este informe se anota: “En educación primaria, los estudiantes se encuentran segregados entre escuelas de acuerdo con la condición socioeconómica y cultural de sus familias. Aunque la segregación escolar se vincula con la segregación territorial, trascendiendo a la política educativa, constituye un aspecto a atender si se pretende alcanzar una mayor equidad educativa” (página 136).

En relación a los aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de aprendizaje, Netto subrayó que el informe plantea que hay un estancamiento. Sin embargo, siguió, hay en esa evaluación serias carencias metodológicas, ya que, por ejemplo, no se muestra ningún punto de comparación para llegar a esa conclusión.

A partir de estas críticas, el jerarca de la ANEP concluyó que el informe no refleja el estado de situación de la educación en Uruguay y que tampoco es un insumo que pueda ser utilizado para trabajar en políticas educativas.

En declaraciones a diversos medios, el director de Planificación de la ANEP, Antonio Romano, criticó específicamente las conclusiones sobre la distribución de recursos según cada centro educativo.

Con respecto a este punto, el informe del Ineed menciona en las conclusiones de su primer capítulo: “Vale destacar la constatación empírica de una mayor concentración de docentes de grados más altos en los centros menos vulnerables, lo que estaría indicando una situación contraria a lo que se suele recomendar para minimizar las desigualdades de origen mediante una asignación diferencial de los recursos. En términos generales, el análisis indica que el sistema no está logrando volcar más recursos a los centros con mayor vulnerabilidad” (página 37).

Con estas conclusiones, afirmó Romano, no se está contribuyendo a un debate informado sobre temas educativos, ya que existen algunas carencias, como por ejemplo que en estas conclusiones no se esté teniendo en cuenta la enseñanza técnica.

Con respecto a quienes eligen entre la formación docente y las carreras terciarias también existieron críticas. En este aspecto el informe concluye: “La información presentada en este capítulo muestra que quienes eligen formación docente serían quienes se encuentran en la situación menos favorable vinculada a la inequidad: provienen de estatus socioeconómicos y culturales más bajos y, a su vez, alcanzaron menores desempeños en matemática y ciencias en PISA” (página 54). Para Romano, la comparación de las condiciones de acceso y formación entre estudiantes terciarios de formación docente y aquellos que optan por la universidad posee grandes inconsistencias como para llegar a estas conclusiones.

Otra crítica apuntó al capítulo cuatro, que analiza las inasistencias docentes en inicial y primaria y concluye: “En Uruguay los maestros de educación inicial y primaria pública faltan, en promedio, 20 días al año. En este cálculo se incluyen tanto inasistencias justificadas (por ejemplo, enfermedad, maternidad, capacitación) como injustificadas. En un año lectivo de 180 días, el maestro que falta 20 veces se ausenta un 11% de los días de clase del año” (página 68).

Y más adelante se anota: “En las escuelas del interior los maestros se ausentan menos que en las de Montevideo. En educación inicial lo hacen más que en educación primaria”. Por otro lado, “el ‘ausentismo crónico’, entendido como más de 18 faltas al año, aparece como un problema para la política educativa: aproximadamente un quinto de los docentes de primaria registra más de 20 inasistencias en el año” (página 78).

En referencia a este tema, Antonio Romano apuntó que existen grandes inconsistencias e incoherencias en la presentación de las cifras y reconoció que el ausentismo es un tema que debe ser analizado en profundidad por su complejidad y sus diversos motivos.

Desde la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, también se hicieron duras críticas a este polémico informe. En este caso, los señalamientos apuntaron hacia la poca capacidad para realizar comparaciones con otros datos sistematizados e incluso con anteriores informes del Ineed.

El Consejo de Eduación Inicial y Primaria (CEIP) hizo lo propio y el día 5 de agosto emitió un comunicado oficial. Con respecto al capítulo 1, allí se señala como un error de evaluación que para el informe solo se tomen en cuenta los costos salariales de docentes de educación secundaria para concluir que “el sistema no está logrando volcar más recursos a los centros con mayor vulnerabilidad”.

Con respecto al capítulo 2, este comunicado asegura que existen carencias al hablar del perfil de los estudiantes de formación docente: “El hecho de comparar estudiantes de carreras de diferente extensión y costos asociados según los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2009 merece reparos y es menos significativo que el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo sostenido por ser mejores profesionales que se observa día a día en las aulas del país. La formación permanente es un logro y una práctica docente que relativiza el origen socioacadémico de los maestros”.

En este mismo comunicado, el CEIP señala lo siguiente sobre la presentación -en el capítulo 3 del informe de Ineed- de la evolución salarial de los docentes: “[ahí se] presenta la serie salarial fundamentalmente del siglo pasado [solo un gráfico llega a 2014]. Si bien los datos son interesantes, se pierde el impacto del esfuerzo presupuestal de los últimos años y del proceso de negociación salarial que redundó en 10% de aumento en el período omitido y un acumulado de 80% de mejora si se lo compara con el año 2005”.

Según el CEIP, en el capítulo 4 del informe no se diferencia entre inasistencias docentes y pérdidas de clases de los alumnos, siendo estos dos aspectos bien diferenciados. Por otro lado, se menciona también que para hablar de inasistencias docentes, se debe tener en cuenta que 95% de los mismos son mujeres y que, además, 44% son menores de 40 años. Para analizar tal realidad, hay que considerar, entre otras variables, las licencias por maternidad, lactancia o cuidados especiales, lo que no aparece reflejado en el informe.

Como forma de ofrecer insumos para esta discusión y contrastar algunos aspectos del informe del Ineed, el CEIP puso a disposición, a través de su página web, el documento 10 Claves Educativas en el Siglo XXI.

Por último, cabe mencionar que la polémica desatada por los informes del Ineed no es algo nuevo y que las conclusiones publicadas en ediciones anteriores ya habían sido cuestionadas. En la edición de 2017, Elizabeth Ivaldi, integrante del Codicen, había pedido relativizar los resultados de dicho informe aludiendo a que los mismos estaban presentados de manera muy general. Ivaldi también había señalado en ese momento que las evaluaciones se estaban convirtiendo en un elemento de debate político, cuando en realidad debieran ser un instrumento técnico-pedagógico de análisis.

Fuente de la Información: https://www.carasycaretas.com.uy/en-el-ojo-de-la-tormenta-criticas-al-ultimo-informe-del-ineed/

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