En julio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por su sigla en inglés) adoptó por unanimidad una resolución en la que se reconocen los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación. Los Principios de Abiyán se adoptaron en Costa de Marfil en febrero y fueron concebidos como un texto histórico que establece las obligaciones jurídicas internacionales existentes de los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación.Entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) crecen las preocupaciones sobre la participación del sector privado en la educación y el apoyo del Banco Mundial a ella (véase el Observador de Invierno de 2017). En un informe de abril, Oxfam analizó la cartera de educación primaria y secundaria del Banco entre 2013 y 2018 y constató que más de una quinta parte de los proyectos incluían apoyo a los gobiernos para la educación privada. Un estudio separado de 2017 realizado por la OSC estadounidense RESULTS concluyó que la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco, ha cuadruplicado su financiación a escuelas privadas con fines de lucro desde 2006.En la presentación de su último informe sobre la privatización de la ONU, en junio, la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Educación, señaló que: “Con demasiada frecuencia, tratando de maximizar los beneficios, estos actores [el sector privado] lo hacen mediante la contratación de maestros no cualificados, la exclusión de estudiantes que no pueden pagar las cuotas escolares, la infraestructura inadecuada y las clases superpobladas”, es decir, desafiando el derecho a la educación y el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). Las OSC mostraron su apoyo en una declaración en la que se instaba a los Estados a considerar el uso de los Principios de Abiyán como insumo para sus acciones hacia la aplicación del ODS 4 y de sus programas nacionales de educación.
Además, la Alianza Mundial para la Educación (AME), que apoya la reforma educativa en los países de bajos ingresos, aprobó por unanimidad un proyecto de estrategia del sector privado en junio, conviniendo en que “no se pueden utilizar fondos de la AME para apoyar la provisión de servicios educativos con fines de lucro”.
A la luz del reconocimiento por parte de los Estados de los principios en el UNHRC, en un comunicado de prensa de julio, Sylvain Aubry, de la OSC Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, señaló: “Después de años de intentos fallidos de mejorar los servicios mediante la privatización o comercialización de los sistemas educativos, los Estados y las partes interesadas en la educación se están dando cuenta de que la creación de un mercado educativo anárquico no está cumpliendo con el derecho a la educación y que se necesitan normas y estándares si hemos de tomarnos en serio el desarrollo de sistemas educativos justos”.
América del sur/Argentina/05 Septiembre 2019/Prensa Latina
La Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (Ctera) encabeza hoy un gran paro nacional para repudiar los recientes hechos de agresión contra varios maestros en la provincia de Chubut.
Aulas cerradas y alumnos sin clases en todo el territorio nacional, los maestros saldrán a las calles a manifestarse tras el ataque sufrido contra varios de sus compañeros chubutenses, quienes fueron desalojados por miembros del sector petrolero durante un corte de ruta que realizaban en reclamo de salarios adeudados.
Desde las 10:00 hora local, cientos de educadores con sus tradicionales guardapolvos ocuparán la emblemática avenida 9 de julio de esta capital para marchar hacia la sede de la casa provincial de Chubut y de allí rumbo al Ministerio de Economía, donde exigirán al Gobierno de Mauricio Macri la resolución urgente del conflicto y la convocatoria a la paritaria nacional (negociaciones salariales).
La víspera, en una rueda de prensa, la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, calificó de gravísimo los hechos ocurridos en Chubut, en los cuales cinco educadoras fueron heridas por golpes propinados por las fuerzas de seguridad.
‘La vida de los maestros es un límite que no vamos a dejar pasar’, señaló la dirigente sindical.
Con epicentro en esa provincia y en Buenos Aires, el paro de 24 horas del sector de la educación pública se sentirá en todo el país con manifestaciones similares.
Los maestros argentinos responsabilizan al ministro de esa cartera, Alejandro Finocchiaro, que ‘incumple con el llamado a paritaria y la ley de financiamiento educativo’, afirman.
Además de esta movilización, los docentes nucleados en la Ctera anunciaron ayer que realizará otra jornada el 11 de septiembre próximo, día del maestro, para exigir al Ejecutivo la emergencia alimentaria para los niños porque, dicen, ‘con hambre no se puede aprender’.
El mayor análisis hasta la fecha sobre distribución y acceso a la escuela infantil en Argentina refleja la desigualdad por nivel económico y provincia
El acceso a la educación básica sigue dependiendo, en 2019, de la familia, la provincia y el Gobierno bajo el que hayas nacido. Lo han demostrado esta vez en Argentina investigadores de Unicef y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El diagnóstico, probablemente el más amplio elaborado en este extensísimo país en el que viven 44 millones de personas, forma parte de un ambicioso mapa de la educación inicial en Argentina, una iniciativa que se ha desarrollado entre 2017 y 2019 y que pretende poner el foco en la igualdad en el acceso a este derecho.
Como muestra, un dato que hace evidente esta inequidad: el 53% de los niños de dos años nacidos en las familias más ricas acuden a la escuela, un porcentaje que se reduce al 4% si pertenecen a las más pobres. «En la franja de cuatro y cinco se ha avanzado mucho, pero las brechas siguen existiendo. Hay mucha evidecia que incide en la necesidad de continuar con esta agenda, que haya oferta para todos. Los primeros años de vida resultan claves para detectar y anticipar problemáticas, acompañar a los padres si es necesario», detalla Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef en el país latinoamericano.
La educación inicial en Argentina ha logrado ya algunas metas. Por ejemplo, la escolarización a los cinco años, obligatoria desde 1993, se encuentra prácticamente universalizada en todo el país. La cobertura de los alumnos de cuatro años ha pasado del 73% al 85% y la de los tres, del 36% al 41%, entre 2010 y 2016. «El desafío es que continúe la expansión, pero que se dé con equidad. Hay que repensar la oferta e incluso en algunos contextos pensar en implantar la jornada escolar ampliada, por ejemplo», recalca Steinberg. Los contextos a los que se refiere son precisamente aquellos en los que los progenitores no pueden hacerse cargo del niño por la tarde. «Muchas veces los dos adultos están fuera de la casa trabajando y los chiquitos se quedan a cargo de otro familiar, a veces adolescente, que a su vez también ve cortada su capacidad de estudiar», explica la experta.
Argentina es un un Estado federal, por eso el acceso de los niños a la escuela antes o después también está estrechamente relacionado con las políticas de cada uno de los Gobiernos provinciales. A veces incluso los Ayuntamientos tienen un papel importante en la educación infantil. Otro ejemplo de cómo una vida puede quedar marcada solo por el hecho de llegar al mundo en un sitio o en otro. En la provincia de Buenos Aires, la cobertura escolar de los niños de tres años alcanza el 59%, mientras que en otras jurisdicciones apenas supera el 10%. «En los grandes centros urbanos hay mas prevalencia de la oferta completa mientras que en el interior de las provincias la probabilidad de enseñanza de cero a tres es mucho menor. Hay zonas, especialmente las rurales, que siguen representando un desafío», resalta la especialista de Unicef.
«La articulación entre las propuestas estatales y cómo estas se ejecutan a nivel provincial supone todo un reto», apunta Alejandra Cardini, Directora del Programa de Educación de CIPPEC. El Estado como tal solo regula la franja obligatoria (cuatro y cinco años) pero en los años precedentes hay mucha disparidad. De hecho, las escuelas públicas conviven con los llamados jardines de infancia, algunos sin reconocimiento oficial, nivel inicial, sin embargo, convive con otras instituciones para la primera infancia, que dependen de distintos actores (Estado, sector privado y asociaciones de la sociedad civil) y distintos niveles de gobierno. «Hay que avanzar como lo hicieron otros países en normativa y currículum en los primeros años de vida», subraya Cardini.
Otro de los aspectos que analiza este informe es la formación de los docentes y resto del personal de las escuelas, de quien hay muy pocos datos. «Hay poca información de quién está delante de los chicos. Sería clave a partir de este estudio avanzar en la formación inicial y también en la continua, es decir, la que siguen recibiendo una vez que la tienen el título para enseñar. También hay que prestar atención al equipo no docente, a la figura del cuidador, por ejemplo», señala Cardini.
En octubre se celebran elecciones en Argentina y las expertas apuntan que es una nueva oportunidad para seguir avanzando en esta agenda. Por su parte, todas las conclusiones y recopilación de datos de esta investigación están disponibles de forma pública.
América del sur/Colombia/05 Septiembre 2019/Prensa Latina
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denunció hoy que en lo transcurrido de este año 10 docentes fueron asesinados y cerca de 700 amenazados.
A diario se evidencia una campaña sistemática en redes sociales de hostigamiento y mentiras con calificativos infames contra los educadores y sus estudiantes, y directivos de nuestros sindicatos filiales han recibido amenazas contra sus vidas, precisaron en rueda de prensa dirigentes de la Fecode.
Nelson Alarcón, presidente de la organización, detalló que en la noche del 2 de septiembre último y en la mañana de hoy llegaron al correo electrónico de la Secretaría General mensajes amenazantes y un panfleto firmado por (la organización narcoparamilitar) Águilas Negras, en el cual amenazan al Comité Ejecutivo de la federación.
Esta amenaza se suma a la ola de hostigamientos, persecución y violencia contra los docentes y dirigentes sindicales del magisterio en todo el territorio nacional, que se ha exacerbado en los últimos meses, subrayaron los miembros del Comité.
A su juicio, ‘la situación es grave y preocupante, en particular, porque el gobierno nacional, tal como sucede con los líderes sociales, no asume su responsabilidad de velar por la integridad y proteger los derechos del magisterio colombiano’.
Somos maestros y seguiremos trabajando con compromiso por la paz y la educación pública de Colombia. Rechazamos cualquier amenaza o acto de violencia contra los docentes del país, afirmaron.
Asimismo, llamaron al Estado a fortalecer la institucionalidad, a defender la paz, e insistieron en la importancia de reivindicar la escuela como territorio de paz.
La semana pasada, durante un paro nacional de 48 horas convocado por Fecode, cientos de miles de maestros se movilizaron pacíficamente para exigir protección al Gobierno.
Uno de los hechos violentos más recientes ocurrió en agosto último tras el asesinato del profesor Orlando Gómez, quien se desempeñaba como rector de la Institución Educativa Agro Empresarial Huasanó.
Gómez había sido secuestrado por sujetos armados en una zona rural del municipio de Caloto, al norte del departamento del Cauca (oeste), uno de los más violentos del país.
Posteriormente, fue hallado muerto en el sector conocido como La Vuelta de la Chicha, detallaron medios locales de prensa.
América del sur/Brasil/05 Septiembre 2019/Prensa Latina
Los estudiantes brasileños saldrán nuevamente a las calles el sábado para protestar contra los ataques del gobierno de Jair Bolsonaro a la educación pública, incluida la reducción de fondos para el sector, y en defensa de la Amazonia.
En su página oficial, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) informa que también se rechazará en las movilizaciones la interferencia con la autonomía universitaria y el intento de privatizar los centros superiores de estudios e institutos federales, a través del llamado programa Future up.
Otras manifestaciones ocurrieron este año contra la impopular reforma de la Seguridad Social y en apoyo de la huelga general de los trabajadores. El sábado, los estudiantes incorporarán la bandera del medio ambiente y la defensa de la Amazonia, foco de una crisis y tensiones por los incendios forestales.
Esta será la cuarta movilización contra las políticas de Bolsonaro y su ministro de Educación, Abrahan Weintraub. Las anteriores, el 15 de mayo, el 30 de mayo y el 13 de agosto, llevaron a millones de personas a las calles de todo el país.
Según la UNE, los lugares de los actos ya están definidos en 19 estados, 11 de los cuales son capitales estatales.
La organización señala que el 7 de septiembre, el día en que se celebra la independencia de Brasil, el movimiento estudiantil mostrará que la lucha no se desvanece.
Denuncia que el proyecto Future up, presentado por el ministerio, ‘ignora el problema inmediato de las universidades que siguen sin recursos y pueden subcontratarse a organizaciones sociales. Es la universidad pública en manos del mercado!’.
La UNE alerta que las empresas aparecen como una solución de financiación. La educación debe pertenecer a todos.
Advierte finalmente que, aunque los incendios pueden ser comunes en tiempos de sequía, la relajación en los controles ambientales en el gobierno actual ha acelerado la pérdida de vegetación en la mayor selva tropical del mundo.
Entre enero de 1995 y agosto de 2004 mantuve una columna semanal en diario HOY de Quito, bajo el espacio denominado “Desde el Baúl”. Estuve revisando los artículos de esa época, con el propósito de preparar un libro que contenga tan vasto material.
Entre esos artículos hay varios en los que traté el tema laboral de la época. Tres de ellos tienen títulos sugerentes: “Para el debate: las 48 horas”; otro, “Mobbing” y el siguiente, “Carta contra estudio laboral 2003”. Pertenecen a los años de inicio del nuevo milenio, cuando avanzaba, indetenible, el neoliberalismo económico y las exigencias empresariales de entonces apuntaban al aumento de la jornada, el recorte de indemnizaciones y otras “flexibilidades” laborales, que pasó a ser el término de moda, y que igualmente avanzó, sobre todo con los gobiernos de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), con quienes se precarizaron las relaciones de trabajo y se introdujo la jornada por horas y la tercerización.
El artículo sobre el “moobing” se refiere a la nueva fórmula empleada por los patronos para lograr la renuncia de algún trabajador, sin necesidad de despedirlo. Se utiliza, entre otros mecanismos, el acoso laboral y psicológico, la asignación de tareas acumulativas, cambios sistemático de órdenes, exclusión física, cambio permanente de rutinas, desvalorización de sus tareas, etc.
La “Carta” se refiere a un estudio pedido por una de las cámaras de la producción a una empresa consultora, que concluye, campantemente, que Ecuador tiene una legislación laboral atrasada, pues el Código es de 1938, que el salario es alto, la jornada limitada y que los empresarios se ven cercados por tantas responsabilidades legales frente a los trabajadores. Es un estudio imaginativo, sin pies ni cabeza, contra el cual bien valían las afirmaciones contrarias de estudios serios como los de la OIT, el Banco Mundial y la Cepal, a los que hago referencia en ese artículo.
Pero voy a reproducir totalmente el artículo sobre las 48 horas. Dice así:
<< La expedición de las Leyes de Indias, en el siglo XVI, ocasionó el revuelo entre los conquistadores españoles. Para ellos, interesados en dominar indios, tales leyes eran desastrosas. Además, resultaba un atentado contra la producción, el trabajo y la riqueza, querer imponer la “protección” de los indios. La introducción de la jornada de ocho horas laborables -en las Leyes de Indias-, la primera en la historia, fue resistida. Y los encomenderos no podían soportar aquella disposición que también introdujo el descanso durante los sábados “para que los indios pudiesen ser convenientemente adoctrinados en las cosas del alma. El encomendero que hiciese trabajar al indio en sábado, pierde el producto del trabajo y el jornal de ese día a beneficio del indio agraviado”.
Cuatro siglos de sufrimientos y luchas de los trabajadores tendrían que pasar para que el tema de la jornada de trabajo llegara a convertirse en problema de interés mundial. La Primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington, en 1919, consagró el principio de la jornada de ocho horas diarias y 48 semanales. La investigación sobre los resultados de este sistema, publicados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1925-26, concluyó señalando que la implantación de la jornada de 8 horas “ejerce una acción estimulante sobre el progreso técnico” y que ejerce igual acción “sobre el rendimiento propio de los obreros, rendimiento que mejora en cantidad y calidad”. El progreso en la consideración de la jornada de trabajo no se detuvo y en 1935, un nuevo Convenio internacional, reconoció el establecimiento de la semana de trabajo de cuarenta horas, jornada que el “rey del automóvil”, Henry Ford ya la había establecido en sus empresas casi una década atrás, ocasionando el escándalo de una serie de empresarios norteamericanos que creían ver, en ese “mal ejemplo”, una traba para la economía.
A pesar de la oposición de muchos empresarios, que creían ver el “comunismo” a las puertas, en agosto de 1938 se expidió en Ecuador el primer Código del Trabajo, que consagró la jornada de 8 horas diarias y 44 semanales, que, paradójicamente, también había sido una propuesta planteada al interior del Primer Congreso de Industriales ecuatorianos, realizado tres años antes. Pero en septiembre de 1939, a fin de promover “el incremento de la producción nacional”, un decreto del entonces Presidente Aurelio Mosquera Narváez, facultó a los patronos a exigir 48 horas sema-nales, pero eso sí, con un recargo del 100 % de la remuneración.
De manera que en Ecuador hemos experimentado desde jornadas superiores a las 8 horas diarias, hasta jornadas de 44 y de 48 horas laborables semanales. Y seguimos con una economía subdesarrollada, con trabajadores pobres y con sueldos miserables. Más aún en un mundo que tiende a reducir la jornada (36 horas ya existen en varios países), en virtud del progreso científico-técnico. Cuando se propone revivir la jornada de 48 horas (aún la de 44 o la de 45), con los mismos argumentos de otras épocas y tratando de lograr eficiencia a costa de los trabajadores, la propuesta nos hace pensar si estamos progresando frente a lo que ya tuvimos o si ahora tratamos, otra vez más, de regresar al pasado.>>
Aunque resulte larga esta reproducción, el texto permite comprender el conservadorismo ideológico persistente de nuestra clase empresarial hegemónica. Hoy, como hace 15 o 20 años atrás, añora jornadas superiores a las 8 diarias y a las 40 semanales. La propuesta actual pretende extender a 12 horas durante 3.5 días la jornada. No contempla aumento del salario y suprime el pago de horas extras o suplementarias.
La elite empresarial piensa todavía que para ser eficiente y competitiva, requiere precarizar y flexibilizar el trabajo, sin que importe el ser humano. Es una visión de origen colonial, que ha impedido modernizar al país, para que, sobre la base de una radical redistribución de la riqueza, logre bienestar colectivo, con mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de la población.
En medio de la crisis que atraviesa el país, Mauricio Macri se tomó un rato para recibir este jueves, en la Casa Rosada, al presidente de la Alianza Cristiana Evangélica (Aciera), la organización que nuclea a los jerarcas que rechazan -entre otras cosas- la legalización del aborto.
Hace unos días, tanto el actual mandatario como Alberto Fernández, se reunieron también con la Conferencia Episcopal Argentina, cúpula de la Iglesia Católica, con lazos con Bergoglio y el mismo rechazo a este derecho elemental.
Pero sobre la alianza que preside el pastor de la Iglesia Bautista Rubén Proietti, parece pesar un interés particular. Con unos 9 millones de fieles y más de 15 mil iglesias en el país, Aciera vuelve a concentrar la atención de Cambiemos, así como la del PJ. Una renovada búsqueda del voto de los sectores a los llegan las iglesias, así como un renovado interés por garantizar una composición parlamentaria «a la altura» de las leyes y la contención que necesita una política de ajuste, parecen estar en juego.
La estrategia celeste
Proietti cuenta que desde Aciera no participan «en política partidaria», aunque reconoce que alientan «a los fieles con vocación» a involucrarse en el tema.
¿Rebuscado? No. Es una forma de describir la estrategia que tienen para avanzar en representación en el Congreso Nacional, la institución que finalmente tuvo que debatir, después de 7 presentaciones sucesivas, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Una institución alejada completamente de las necesidades de las grandes mayorías, y en la que también se debaten otras leyes, como la reforma previsional, o la reforma laboral, o los vencimientos de la deuda u otras medidas que exigen los planes que tiene el FMI… o el presupuesto que se otorga a las instituciones religiosas… o la injerencia que éstas tienen en las políticas del Estado. Son sólo algunos ejemplos.
Si en 2018 la estrategia de «los celetestes» fue la del lobby parlamentario, la estrategia que se dieron para 2019 fue la avanzar con su presencia en casi todas las listas que superaron las PASO. La excepción es el Frente de Izquierda-Unidad, que encabezan Nicolás del Caño y Romina del Plá y lleva a Myriam Bregman como primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, siendo la única lista nacional completamente verde y con posibilidades de ampliar su representación en el Congreso.
Iglesias, gobiernos y territorios
La estrategia del lobby parlamentario le permitió a la cúpula evangélica afianzar muchos de sus lazos con gobernadores, funcionarios, diputados, jerarcas de otras iglesias y grupos antiderechos, y eso tuvo también su expresión a nivel territorial. En 2018, por ejemplo, eso se vio con los miles de bolsones de comida para la «asistencia social» que la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley, en representación del Estado, dejaron en manos de la institución religiosa.
Desde La Matanza, territorio que en cambio administra el kirchnerismo, explican que en los barrios más humildes de la provincia, «las iglesias llegan donde los gobiernos no». «Estamos con la gente, estamos en la calle, estamos en todas partes. Acá en La Matanza no podés doblar una esquina sin ver una iglesia evangélica», dice nada menos que Gabriel Ciulla, pastor de la Iglesia Camino de Vida, miembro de Aciera y nuevo flamantesubsecretario de Culto de este distrito.
Esta nueva cartera, creada poco antes de las PASO por la intendenta y candidata del Frente de Todos, Verónica Magario, fue parte del acuerdo al que llegó la compañera de fórmula de Axel Kicillof con autoridades de Aciera. El organismo, dedicado al Culto religioso, se puso en marcha un día antes de la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, en mayo de este año. Todo un mensaje.
Jerarcas evangélicos everywhere…
Aunque con un peso mucho menor al de la cúpula Católica, las elecciones encuentran a la jerarquía evangélica encabezando un número inédito en su historia en el país. Según sus estimaciones, más de 200 miembros , entre candidatos y candidatas a legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares, además de una candidata a vicepresidenta como Cynthia Hotton, que acompaña en la fórmula presidencial a José Gómez Centurión, integran las listas de los partidos mayoritarios.
Es lo que destacó el propio Rubén Proietti, que aunque es cercano a las filas del kirchnerismo festejó recientemente, en un encuentro con esos aspirantes a diversos cargos, «el rol de cada evangélico en los diferentes partidos». Allí, el presidente de Aciera trazó además un nuevo objetivo para las generales de octubre: “reafirmar, independientemente del espacio que cada uno ocupa, la defensa de las dos vidas y la familia”.
Para «alcanzar un Congreso Provida», se proponen «que la mayor cantidad de senadores y diputados, sean del partido que sean, sean provida. Este es el objetivo que asumimos», señalan desde «Votá 2 Vidas», otra de las organizaciones que integran esta alianza. «Tenemos dos meses para lograr el mismo milagro que logramos el año pasado», reiteran.
Que oficialistas y opositores de la mayoría de las listas buscan el apoyo de las cúpulas religiosas, no es novedad. De manera más o menos directa, con más o menos cobertura «verde», en estas elecciones, esto se expresa también en el armado de las listas.
Se ve en el Frente Nos, que encabeza el ex funcionario macrista Juan José Gómez Centurión; en las candidaturas que integran Consenso Federal, el frente que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey; y en las candidaturas de Juntos por el Cambio, que integran por ejemplo Dina Rezinovsky, militante evangélica y coordinadora regional del Instituto Nacional de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, o el pastor Gabriel Mraida, Director Nacional de Prevención del Delito en el Ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
Si el resultado de las PASO se repite en octubre, sus nombres se sumarán a los de otros antiderechos macristas, como Carmen Polledo, Esteban Bullrich, Marta Varela y probablemente Alfredo Abriani -secretario de Culto y a cargo de la estrategia sobre esa franja-, Victoria Morales Gorleri -segunda candidata a diputada en la Ciudad- y Cornelia Schmidt Liermann, además del actual presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, Pablo Tonelli, con el que Myriam Bregman disputa su banca.
Frente de todos…celestes
Pero esa presencia también se ve en el Frente de Todos, incluso cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dicen que ahora están a favor de la despenalización de la práctica. Un cambio de posición a la que «llamativamente» llegaron después de 12 años de negar este derecho, ser gobierno, tener mayoría parlamentaria y ministerio de Salud, que pusieron en manos de antiderechos como Juan Manzur.
Ya el hecho de que el gobernador tucumano sea un personaje elogiado por la fórmula FF, además de un candidato firme a ocupar el sillón de Marcos Peña, como Jefe de Gabinete de Ministros, debe leerse como mucho más que «un dato». Es, de hecho, una de las caras del llamado a «unir pañuelos verdes y celestes» que realizó la ex mandataria después de la derrota del aborto.
Pero el gobernador que obligó a parir a una nena de once años, no es el único antiderechos en el Frente de Todos. La gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, que ingresaría al Congreso próximamente; la senadora que votó contra el aborto, Silvia García Larraburu, nuevamente encabezando la lista rionegrina; el intendente chaqueño y ex Jefe de Gabinete Jorge Capitanich; el gobernador riojano Sergio Casas, que encabeza otra de las listas antiderechos del Frente de Todos; el ex embajador del Vaticano, Eduardo Valdés, otro de los que compite con la banca que encabeza Myriam Bregman. Todos ellos ingresarían al Congreso si se repiten los resultados de las PASO.
Fortalecer la voz de la izquierda
El Congreso por venir, de triunfar esa orientación, no sólo le daría una mayoría automática al peronismo, sino también a «la ideología celeste».
Tras los resultados de las PASO, el golpe de los mercados y el escenario que preparan junto al FMI, la composición de ambas cámaras -la de Diputados y la de Senadores- hace también al debate sobre el futuro que se viene, no sólo para nuestro postergado derecho al aborto.
El intento de derechizar -más todavía- la composición del Congreso, con una mayor presencia de «celestes» en todos los partidos, no hay que dejarlo pasar.
Hay que fortalecer la voz de las que no tienen voz, la de las millones de mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres, que son las principales víctimas del aborto clandestino, pero también las principales protagonistas, junto a sus compañeros, de las luchas por venir. Algo de eso parece anticipar las destacada presencia femenina en las luchas de Mielcitas, de la docencia de Chubut, de la comisión de mujeres de Ran Bat.
Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Con-la-ayuda-de-Macri-y-el-peronismo-los-jerarcas-evangelicos-buscan-un-Congreso-provida
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