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Educación sexual e interculturalidad: una deuda pendiente de Santelices y de la política educacional en Chile

Por: Ricardo Bravo Lepe. 

La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.

El pasado 14 de febrero, el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció la situación de los casos de VIH-Sida en nuestro país. Según cifras del Instituto de Salud Pública (ISP), entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH-Sida, lo que evidencia un aumento de 1.132 casos en comparación con los registros del 2017.

Estos son los “datos duros”, que tanto se requieren para diagnosticar cuestiones socialmente relevantes. El problema es cómo se presenta dicha información, pues el titular de la cartera de salud señaló: “Cuando uno desagrega esta cifra, puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes, son pacientes extranjeros. Es decir, los que se incrementaron este año son, en mayor parte, pacientes que vinieron con VIH. Sobre eso, lo que a nosotros nos corresponde como Minsal es focalizar nuestra estrategia, generar nuevas estrategias complementarias para ir a identificar esas poblaciones”. Además, en una entrevista radial, agregó que uno de los elementos para explicar el aumento de VIH en el país es que “cuando aparece la píldora del día después ya no usan condón para evitar el embarazo. Entonces, todos estos elementos contribuyeron, y esto por mucho tiempo se fue invisibilizando y hoy en día tenemos estos resultados”.

Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.

Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.

Por un lado, refuerza una idea que se ha instalado en una parte de la población en Chile: que la migración es perjudicial para nuestro país, pues las personas migrantes “traen enfermedades” y “se aprovechan” de nuestro sistema social de salud. Este argumento, por lo demás, ha sido muy utilizado en diferentes momentos y espacios contra la población migrante, demostrando con esa ubicuidad lo artificiosa que es la afirmación. Sin ir muy lejos, ni en tiempo ni en kilómetros, se culpó a los migrantes bolivianos de transportar el dengue por la frontera, en la Argentina del menemismo, y actualmente se suscita un debate emparentado en el país vecino, acerca del supuesto aprovechamiento del sistema de salud por parte del mismo grupo de migrantes, lo que por otra parte muestra un creciente discurso xenófobo a escala regional, que se vale de este argumento sanitario, entre otros. Incluso sin salir de nuestro país, antes se culpó a los migrantes de aumentar la cifra de tuberculosis, o de reactivar la lepra. En definitiva, transformar al migrante en portador de pestes es una estrategia tan vieja y usada como dudosa.

Por otro lado, de manera implícita, las palabras del ministro nos sugieren que las mujeres se han preocupado de prevenir los embarazos, pero no las enfermedades de transmisión sexual. De este modo, la responsabilidad del aumento de las cifras de VIH sería principalmente de ellas.

El ministro de Salud, con sus dichos, refuerza un discurso xenófobo y sexista, pero además desconoce la realidad de las políticas públicas, tanto en el ámbito de su cartera como en el de educación.

En Chile, las campañas públicas de prevención de enfermedades de transmisión sexual que el MINSAL ha desarrollado han sido poco exitosas, entre otras razones, por su fuerte tinte moral y por no vincularse con las reales prácticas sexuales de la población, careciendo de una campaña dirigida específicamente al mundo juvenil, que es un grupo en el que se han incrementado los casos de VIH-Sida.

Desde el campo de la educación, los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares establecen metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar, referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes. Así, en la dimensión afectiva, se plantea “comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual”. Sin embargo, según el análisis de la inclusión de la educación en derechos humanos en el currículum escolar, que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile el 2015, solo hay una incorporación directa de temas de sexualidad en dos objetivos de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en séptimo básico y en segundo medio. Asimismo, no se reconocen los derechos de las personas migrantes en ningún objetivo de aprendizaje explícito, y tampoco hay alusiones a la promoción de la igualdad entre  hombres y mujeres, o la corresponsabilidad doméstica y de crianza.

En consecuencia, una educación sexual con enfoque de derechos humanos e intercultural debiera referirse a derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos seguros y planificación familiar, riesgos de embarazo precoz, prevención y tratamiento del SIDA y de las ETS, diferencias culturales en las formas de concebir y experimentar la sexualidad, entre otros temas. Dichas temáticas se deben abordar de manera integral, sin estigmatizar a ningún grupo de personas y promoviendo una cultura respetuosa de la dignidad de todas ellas. Es por ello que las palabras del ministro Santelices resultan de tal gravedad, pues de manera simplista y unicausal argumentó que las cifras del VIH se debían a la llegada de personas migrantes y a las mujeres que no se cuidan.

La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.

Ser un país intercultural, es decir, una sociedad que respete, valore e incorpore realmente la diversidad, es un esfuerzo que se debe impulsar desde diversos sectores de la sociedad, pero el rol de Estado es crucial, por su obligación de desarrollar políticas respetuosas de los derechos humanos, promover un trato igualitario, sin discriminar ni estigmatizar a ninguna persona por su nacionalidad, origen étnico, género, sexo, edad, o cualquier otra condición.

Fuente de la entrevista: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/28/educacion-sexual-e-interculturalidad-una-deuda-pendiente-de-santelices-y-de-la-politica-educacional-en-chile/

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Brasil: Escola de qualidade não é escola militarizada

America do Soul/ Brasil/ 05.03.2019/ Fonte: campanha.org.br.

De 2013 a 2018, o número de escolas estaduais geridas pela Polícia Militar saltou de 39 para 122 em 14 estados da Federação — um aumento de 212% -, conforme apontou levantamento realizado pela revista Época neste mês. Em 2019, há previsão de que outras 70 escolas deverão ser colocadas sob a gestão de militares nesses estados. Norte e Centro-Oeste lideram o fenômeno, que já ocorre em todo o país.

Atualmente, Goiás conta com 46 escolas, com 53 mil alunos, sob administração da Polícia Militar, e outras 39 estão em processo de militarização. “Amazonas já conta com 15 escolas administradas pela PM. Mato Grosso pretende criar cinco escolas da PM no segundo semestre. Em Roraima, das 382 escolas da rede estadual de ensino, 18 unidades foram militarizadas, totalizando 20 mil alunos sob jurisdição militar. (…) A Região Sudeste é a única onde não houve transferência de escolas estaduais para a PM. Montanha, no entanto, um município no Espírito Santo com menos de 20 mil habitantes, anunciou que pretende ser o precursor da modalidade na região. A prefeita Iracy Baltar (PRB) afirmou que sua intenção é incentivar a moral e o civismo entre os alunos”, apontou reportagem da revista Época que realizou levantamento da situação de diversos estados do país.

Em reportagem de março do jornal A Tarde, apontou-se ainda que atualmente, calcula-se, 14 colégios da PM existem na Bahia. Nelas, 70% das vagas são destinados a filhos de policiais e 30% sorteados entre civis.

A Constituição Federal e a legislação educacional brasileira são precisas ao determinar que a educação básica é de responsabilidade prioritária das pastas de educação estaduais e municipais, e não de outros órgãos. “Tal movimento representa um desvio de função da política e dos órgãos militares em prover esse serviço público, inclusive considerando que não têm dado conta de cumprir com sua função primária, na segurança pública”, afirmou Catarina de Almeida Santos, coordenadora do Comitê DF da Campanha, que tem atuado no monitoramento dos casos de Goiás, o estado precursor dessa iniciativa.

Goiás – Segundo Catarina, a expansão teve como vetor a atuação do ex-governador Marconi Pirillo, apoiado por diversos outros gestores e atores políticos. “O processo de militarização em Goiás é um caso à parte, tamanhos são os absurdos e as justificativas utilizadas”, comenta a professora, explicando que há um processo anterior, de abandono da escola até seu sucateamento máximo, em todos os sentidos, para depois militarizar, sendo essa mesma tática utilizada para justificar a implantação das Organizações Sociais no estado.

“Temos travado uma luta para mostrar à população que esse não é um caminho viável, que polícia não entende de educação. Que se a polícia não cumpre o seu papel de garantir segurança, como militarizar as escolas para torná-las mais seguras? Se a polícia não faz o que, em tese, é competência dela, como ela pode fazer bem aquilo para o qual ela nunca foi preparada?”, questiona.

Amazonas – O Comitê da Campanha no Amazonas também está ativo no enfrentamento a esta problemática. Em Parintins, por exemplo, foi anunciado que uma escola estadual seria entregue à gestão da PM, o que ainda não foi adiante, e há projetos de levar também a escolas rurais, que funcionam em assentamentos. “Cobrei do Conselho Municipal de Educação um posicionamento”, afirmou Eliseu da Silva Souza, do Comitê AM da Campanha.

A coordenação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME/AM  já passou por enfrentamento ao problema em relação à criação de uma escola de educação infantil, após consulta sobre ato de criação, credenciamento e autorização de cursos da primeira escola Militar Municipal de Presidente Figueiredo, “com disciplina e filosofia das escolas policiais militares do Amazonas”, conforme consta no documento.

A análise da solicitação, por parte da UNCME/AM, trouxe à luz os artigos 206 da Constituição Federal e o artigo 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que explicitam os princípios do ensino no país, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a gestão democrática do ensino público; a gratuidade do ensino público em estabelecimento oficiais; entre outras. Trouxe ainda a violação do princípio de autonomia dos entes federados, expresso no artigo 211 da Constituição, em que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

A conclusão da UNCME/AM se expressou, afinal, em contrariedade à criação da escola militar: “Atinente ao ordenamento jurídico pátrio, as diretrizes da educação nacional e a repartição de competência entre os entes federados com vistas ao atendimento do interesse público, esta Coordenação sugere o redimensionamento quanto à criação de escola com filosofia trazida do âmbito da Polícia Militar considerando os conflitos existentes em relação aos princípios e objetivo da educação e da República Federativa do Brasil, esculpidos na Constituição Federal e demais legislação.”

Piauí  No estado do Piauí, até 2013, existia apenas uma escola de ensino médio coordenada pela Polícia Militar. A partir de 2014, iniciou-se um processo de reorganização da Escola Estadual Dirceu Mendes Arcoverde para militarizá-la, nos moldes dos colégios militares de outros estados do Brasil.

Ainda no governo de Wellington Dias, há mais de 14 anos no governo do estado, foi inaugurada a escola no dia 11 de agosto de 2015, fato que motivou a gestora da Secretaria Estadual de Educação a promover uma processo de militarização intenso, sob diferentes roupagens na rede estadual de educação. O propósito da secretaria de educação era Militarizar 14 escolas da rede estadual de ensino para ano de 2016.

Os movimentos sociais organizados acionaram o Ministério Público, que notificou a Secretaria Estadual de Educação, recomendando a “suspensão imediata da implantação de quaisquer ‘Escolas Militares’ no âmbito das escolas geridas pela Secretaria Estadual de Educação”. A notificação aconteceu após representação do Fórum Estadual em Defesa da Escola, coordenado pelo Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que realizou estudo sobre a legalidade da implantação de escolas militares, manifestações populares, audiência pública com o governo do estado, e solicitou a suspensão imediata desse processo. O estudo demonstrou que, nestas escolas, policiais militares exercem funções de natureza civil, como diretor, coordenador, supervisor, entre outros cargos.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com quase uma centena de organizações no estado, via Fórum Estadual em Defesa da Escola, se posicionou no manifesto contrário à militarização das escolas, explicitando que “a militarização da educação civil não pode ser a resposta de um governo democrático aos problemas da educação (indisciplina, evasão, violência no ambiente escolar, dentre outros) que são reais, mas para os quais existem outras e melhores soluções”. Esse coletivo, que se constituiu como Mobilização pela Educação Pública, conseguiu a partir dessas ações, barrar o processo de militarização das 45 escolas da rede estadual.

Em 2017, contudo, a Seduc tornou uma escola de ensino médio militar em Teresina, bem como intensificou a formação de vários “Pelotões Mirim” na capital e no interior do estado, por meio de parceria com a Polícia Militar do Piauí, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), e a Secretaria de Assistência Social (SASC). “Tentamos barrar junto com as comunidades, mas perdemos. Sabemos que hoje o estado mantém um número que chega à casa dos milhares de crianças de 6 a 16 anos em projetos como ‘Cidadão Mirim’, ‘Combatentes Mirim’, entre outros, em inúmeras cidades do estado do Piauí”, comentou integrante do Comitê PI da Campanha.

Mato Grosso – As ações neste sentido continuam caminhando em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, para os municípios que solicitaram. “Aqui, não se propuseram a construir escolas, mas de criá-las e colocá-las em funcionamento, por solicitação dos prefeitos. Os encaminhamentos neste sentido continuam, mas apenas nos municípios que solicitaram”, afirmou Regina Borges, do Comitê MT da Campanha.

Espírito Santo – Márcia Saraiva, integrante da coordenação do Comitê ES da Campanha, participou de encontro do Conselho Municipal de Educação em Montanha, em que a secretaria de educação anunciou medidas de segurança em projeto de assistência social vinculado ao Criança Feliz. “Questionamos sobre a militarização de escola e nada nos responderam”, afirmou Sumika.

Roraima – Neste caso, há também uma tentativa de expansão dessas escolas, o que tem gerado polêmica entre os educadores e servidores públicos: o Decreto nº 24.851, de 05 de março de 2018, resolveu “Criar, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, a rede de colégios militarizados do estado de Roraima”. “Já fui na mídia colocar nossa posição, é uma questão política”, explicou Ana Alice Monteiro dos Santos, coordenadora do Comitê RR da Campanha.

Rondônia – O procurador-geral de Justiça, Airton Pedro Marin Filho, a pedido do procurador Rodney Pereira de Paula, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra leis e decretos que regulamentaram e aumentaram as escolas militares em Rondônia. As irregularidades apontadas pelo MP são: incompatibilidade com as atribuições do órgão de segurança pública, a retirada de autonomia das escolas, a falta de autorização do conselho estadual de educação e de diálogo com a sociedade, a possibilidade de abertura de privilégios em relação à reserva de vagas para dependentes de militares, a possível cobrança de taxas nas escolas que deveriam ser gratuitas, entre outras.

Bahia – No estado, já são 14 escolas militares da Polícia Militar. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação da Bahia afirmou que no sistema estadual não há projeto em curso para militarização, apesar de alguns sistemas municipais terem buscado realizar esta ampliação. Foi afirmado que o governador garantiu que não será militarizada mais nenhuma escola, para além das que já existem.

Qualidade na educação

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é criadora do principal mecanismo, previsto na Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que determina um salto de qualidade para as escolas de educação básica de todo o país, o Custo Aluno-Qualidade (CAQ). O CAQ prevê quanto custa por aluno por ano para garantir uma série de insumos necessários para uma educação de qualidade, em cada etapa e modalidade da educação básica, desde a educação infantil, até o ensino médio, passando pela educação no campo, indígena, quilombola, sendo todas inclusivas.

“Eu estudei em Colégio Militar e sou testemunha de onde reside a qualidade dessas escolas:  elas têm recursos para assegurar uma boa infraestrutura, materiais disponíveis, profissionais da educação bem formados, com condições de trabalho e valorização profissional. Tudo que se prevê no CAQ. A concepção pedagógica, contudo, não está alinhada com preceitos de gestão democrática, por exemplo, como prevê nossa legislação e diversos estudos da sociologia e da educação”, afirmou Andressa Pellanda, coordenadora de políticas educacionais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Ela explica que há uma inversão de lógica que não pode ser aceita. “É preciso investir recursos adequados para o cumprimento do CAQ nas escolas sob as pastas da educação, que é quem não só está preparado pedagogicamente para tal, como também a instituição predeterminada constitucionalmente para esta função. Como vimos reiterando nos últimos tempos, na fala de nosso coordenador geral, Daniel Cara, é preciso devolver a educação aos educadores. Não podemos achar normal realizar atalhos insustentáveis e inconstitucionais para garantir insumos de qualidade nas escolas”, reiterou.

Hoje, são investidos de 3 a 5 vezes menos em educação básica do que o que é previsto pelo Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) – um primeiro passo para a implementação do CAQ, com os insumos mínimos, abaixo dos quais não há dignidade na oferta de educação básica no país. “O cálculo leva em conta as condições mínimas que uma escola deve assegurar, independente de onde ela esteja”, diz José Marcelino de Rezende Pinto, professor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da  Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, pesquisador que elaborou o mecanismo de cálculo do CAQi/CAQ junto com a Campanha, e membro do Comitê Diretivo da Campanha, representando a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA).

Inconstitucionalidade da proposta

A crescente militarização das escolas públicas é inconstitucional por diversas perspectivas e, além disso, viola os tratados internacionais assinados pelo Brasil.

Na perspectiva do direito à educação, viola frontalmente os princípios da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, do “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e da gestão democrática do ensino público, na forma da lei (incisos II, III e VI do art. 206, respectivamente). Por esses princípios, devem ser assegurados amplos canais que viabilizem a discussão aberta e democrática sobre todos os temas do processo educativo com a participação dos profissionais da educação (direções escolares, supervisões, coordenações pedagógicas, docentes e gestores), estudantes, familiares dos alunos e da comunidade local.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por sua vez, ao regulamentar a prerrogativa de autonomia das escolas determina que esta deve ser progressivamente assegurada, em vertente oposta à intervenção de militares na gestão escolar (LDB, art. 15).

Essas garantias jurídico-constitucionais, por sua vez, dão base à construção das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, cujos objetivos e propósitos não comportam o princípio pedagógico das escolas militarizadas, comumente definido como “hierarquia e disciplina”.

Além disso, tal medida é um retrocesso inconstitucional na implementação dos princípios da valorização do magistério e da garantia do padrão de qualidade do ensino. No tocante aos profissionais do magistério, a militarização viola frontalmente o artigo 61 da LDB, que delimita quem está habilitado e legalmente autorizado ao trabalho no ensino: são eles os professores e os trabalhadores da educação com habilitação específica.

Em função disso, é evidente que a militarização escolar conflita abertamente com o modelo de educação estabelecido na Constituição de 1988, porque seus princípios de hierarquia e disciplina não podem ser compatibilizados com o caráter democrático processo educativo, único meio de garantir-se o próprio pluralismo e respeito aos processos de formação de crianças e adolescentes.

Há, nesse ponto, um patente desvio de função das instituições militares e, como consequência, dos servidores públicos militares, uma vez que, nas iniciativas de militarização, estes passam a exercer uma parcela significativa do trabalho atribuído aos cargos e funções do magistério.

A Constituição Federal determinou a existência de órgãos específicos para exercer missões de segurança pública, atribuindo-as às instituições das polícias federais e estaduais, a quem compete exclusivamente a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. As polícias militares estaduais, a quem cabe a função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, exercem suas atribuições em regime subordinado ao poder civil, no caso, os Governadores dos Estados (art. 144).

Para o exercício dessas funções – magistério e polícia –, portanto, a Constituição exige a prévia definição de cargos ou funções a serem ocupadas, com atribuições específicas e requisitos de investidura estabelecidos em Lei. Essa investidura “depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei” (art. 37, incisos I e II).

Destinar, ainda que por Lei, a policiais militares o exercício de parcela das atribuições constitucional e legalmente destinadas aos profissionais da educação configura flagrante desvio de função, tanto quanto seria dar aos professores a competência para o exercício do policiamento ostensivo dentro ou fora da escola. Tal desvio de função pode configurar desvio de finalidade e, neste sentido, improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992, art. 11, inciso I); são anuláveis as decisões ou atos administrativos produzidos nessa condição.

Por fim, a militarização das escolas deve ser analisada no contexto da violência policial do país. Neste sentido, é medida que afronta abertamente as principais diretrizes internacionais de proteção a crianças e adolescentes, especialmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ratificada e promulgada no Brasil na década de 1990 e que sujeita o país ao monitoramento internacional rotineiro.

No último relatório produzido pelo Comitê sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, em outubro de 2015, o Comitê se mostrou seriamente preocupado com a violência generalizada praticada pela Polícia Militar contra crianças, especialmente as mais pobres e marginalizadas, que vivem nas periferias das grandes cidades. Dentre as graves violações apontadas nas “Observações finais para o Brasil”, foram destacados casos de violência física nas revistas corporais, incluindo o assédio sexual.

Fonte das noticias: http://campanha.org.br/direito-a-educacao/escola-de-qualidade-nao-e-escola-militarizada/?fbclid=IwAR345DTc27xisNHWRXPGmUJWRSZw9H6dvkyrMhA0Iz_xU7sbBDJ0rZLx15c

 

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No empiezan las clases: CTERA confirmó un paro nacional docente para los días 6, 7 y 8 de marzo

América del Sur/ Argentina/ 04.03.2019/ Fuente: www.infobae.com.

Tal como se preveía, la La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro de 72 horas que impedirá el normal inicio del ciclo lectivo en todo el país.

En su congreso, que reunió a los secretarios generales de cada sindicato de base, el gremio mayoritario definió la huelga para el miércoles 6 y jueves 7 de marzo, además de sumarse al paro internacional por el Día de la Mujer el viernes 9. El principal reclamo que sostienen es la reapertura de la paritaria nacional.

La decisión cumple la presunción oficial. El propio Gobierno deslizaba que CTERA ya tenía definida la huelga incluso antes de sentarse a negociar.

Hasta el momento, solo seis provincias cerraron las paritarias con sus gremios docentes: Mendoza, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y Chubut. En cambio, en otras cuatro jurisdicciones todavía ni se entablaron negociaciones con sus sindicatos: La Pampa, que recién se reunirá hoy, Chaco, Formosa y San Luis, que suele otorgar aumentos unilaterales.

Al igual que viene sucediendo desde el año pasado, cuando el Gobierno derogó la paritaria nacional, CTERA no participó de la mesa de hoy. En el encuentro, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, anunció el adelanto de la cuota de junio y llevó el salario inicial docente a 15 mil pesos.

El anuncio oficial depuso las medidas de fuerza que UDA, otro de los gremios nacionales, tenía programadas para la semana que viene.

Asimismo, las dos principales centrales de docentes universitarios -Conadu y Conadu Histórica- también irán a una huelga para la semana próxima, aunque la medida se sentiría con menor fuerza ya que en muchas facultades todavía las clases no habrán arrancado.

 

Fuente de la noticia: https://www.infobae.com/educacion/2019/02/28/no-empiezan-las-clases-ctera-confirmo-un-paro-nacional-docente-para-los-dias-6-7-y-8-de-marzo/

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“Mi educación, Mi(s) derecho(s)” será el tema de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2019

América del Sur/ Brasil/ 04.03.2019/ Fuente: redclade.org.

La movilización, que se realizará del 24 de abril al 1º de mayo, impulsará actividades y movilizaciones para defender el derecho humano a la educación en más de 100 países

Estudiantes, docentes, activistas y comunidades educativas ya se preparan para la edición 2019 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año abraza el tema “Mi Educación, Mi(s) derecho(s)”.

La movilización, que se realizará del 24 de abril al 1º de mayo, organizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME), impulsará actividades y movilizaciones para defender el derecho humano a la educación en más de 100 países.

El tema de la edición de este año se enmarca en el seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, que establece la obligación de los Estados miembros de la ONU – hasta el 2030 – de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Este objetivo se desarrolla en siete metas, que abordan, entre otros temas, la garantía de 12 años de educación primaria y secundaria gratuita; la atención y educación en la primera infancia; la educación de personas jóvenes y adultas; la eliminación de disparidades de género en la educación; la cuestión docente; la educación inclusiva, etc.

Este año es un momento clave para la sociedad civil que se moviliza y presiona por la realización del derecho a la educación, pues el ODS 4 será uno de los objetivos enfocados en la revisión de los ODS durante el próximo Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Este Foro tendrá lugar en julio de 2019 y es el mecanismo de seguimiento y revisión de los ODS a nivel mundial.

El 2019 también es un marco para la Campaña Mundial por la Educación, que celebrará su vigésimo aniversario de lucha por una educación gratuita, pública, justa, inclusiva y de calidad.

En este contexto, la SAME 2019, bajo el lema “Mi Educación, Mi(s) derecho(s)”, se propone promover un enfoque integral e intersectorial del ODS 4, estimulando la realización de acciones de movilización, comunicación, debate público y diálogo con las autoridades en cada país, con miras a presionar para que se implementen las metas del ODS 4 que sean más urgentes y estratégicas de acuerdo a cada contexto local, nacional o regional.

Asimismo, la movilización quiere resaltar que el campo educativo es clave para promover otros derechos humanos y todos los ODS, y que por lo tanto la realización de la Agenda para el Desarrollo Sostenible depende de una mirada integral de la educación y su rol para promover los derechos de todas y todos, la igualdad y la justicia social.

Sobre la SAME

Todos los años, la Campaña Mundial por la Educación coordina la SAME, que se realiza de manera simultánea en más de 100 países, siempre en el mes de abril, para celebrar el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000). Con esta Semana, cada año, les recuerda a los Estados sus compromisos internacionales con la realización del derecho a la educación a partir de un tema común. La educación de personas con discapacidad, primera infancia, financiamiento educativo y participación social están entre los temas enfatizados en los últimos años.

En este contexto, se han realizado debates, manifestaciones, diálogos con autoridades, piezas artísticas y actividades de comunicación en los distintos países de América Latina y el Caribe, involucrando a los foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), sindicatos docentes, movimientos y organizaciones estudiantiles, entre otros actores.

Estas acciones tienen como objetivo sensibilizar a miembros de la comunidad educativa, autoridades y la ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de todas y todos, como una responsabilidad de los Estados. Además, convocan a la sociedad a movilizarse para defender este derecho.

Campaña Mundial por la Educación

La CME articula a más de 100 coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la educación a nivel nacional y regional, así como organizaciones internacionales. Entre sus miembros, están organizaciones de profesoras y profesores, asociaciones de madres y padres, grupos de mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes, instituciones académicas o de investigación y personas que defienden los derechos de la infancia. Estas coaliciones aglutinan miles de organizaciones de la sociedad civil y representan a millones de activistas de todo el mundo.

Estos colectivos y personas se reúnen alrededor del compromiso común con el derecho a la educación y la promoción de cambios sociales mediante la movilización y participación de la sociedad civil.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/mi-educacion-mis-derechos-sera-el-tema-de-la-semana-de-accion-mundial-por-la-educacion-2019/

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Paraguay podría tener una mejor educación en 15 años

América del Sur/ Paraguay/ 04.03.2019/ Fuente: www.ultimahora.com.

 

Se trata de Alejandro Adler, investigador científico del Centro de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU (Naciones Unidas) del Instituto de la Tierra de la Universidad Columbia de Estados Unidos, quien consideró que a través de la reforma educativa Paraguay podrá mejorar en 10 a 15 años.

“En Paraguay hay condiciones para una transformación educativa. Hay mucha voluntad política, existen los recursos necesarios y hay motivación de los docentes y estudiantes que crean un panorama bastante promisorio”, destacó Adler en entrevista con Monumental 1080 AM.

El técnico explicó que la reforma es sumamente necesaria e implicará que los docentes cuenten con infraestructura, apoyo financiero y conocimientos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los niños y jóvenes.

Además, indicó que se deben coordinar acciones con el Poder Judicial y Legislativo para que el cambio no sea como una especie de parche, sino un cambio sistémico que genere resultados sólidos, al menos en una década de tiempo.

Adler se reunió este jueves con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para conversar sobre los trabajos que llevarán adelante. Él forma parte del equipo de trabajo del economista Jeffrey Sachs, asesor en desarrollo sostenible, educación y política energética del gobierno.

Al respecto, detalló que el primer paso será continuar con el diálogo para trazar una hoja de ruta a seguir a finales de este año. Posteriormente, indicó que buscarán alinear a los actores esenciales y aplicar una propuesta contextualizada a la realidad paraguaya para lograr el cambio.

“Hemos visto que la alfabetización es importante, pero si realmente queremos mejorar la educación y corromper la pobreza, tenemos que impulsar habilidades y competencias para la vida”, agregó.

Citó como habilidades el pensamiento crítico, la colaboración, toma de decisiones o la capacidad de trazar plan de vida que son las cuestiones que importan para tener éxito profesional y personal. “Lastimosamente en sistemas de educación obsoletos no se enseñan”, expresó.

Importancia del guaraní

Por otro lado, el investigador fue consultado sobre la situación del Paraguay como país bilingüe, a lo que contestó que es un elemento enriquecedor que se debe potenciar.

“Los idiomas rigen el cómo y por qué de nuestro pensamiento y hay que potenciar el guaraní en paralelo al español para ampliar nuestra experiencia cultural y nuestra mentalidad”, refirió.

Finalmente, destacó que modelos educativos como Finlandia, Singapur, China, Chile o Costa Rica son dignos de replicar en Paraguay, que, por el contrario, es uno de los países que cuentan con un sistema educativo bastante deficiente.

Tal es así que el último preliminar de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (Pisa-D) apunta que el país se ubica último en la región en Matemáticas y en Ciencias. Es además uno de los que menos invierten en el sector.

Pisa examina el rendimiento de los alumnos en áreas como Lengua, Ciencias y Matemáticas, haciendo énfasis en una de estas asignaturas cada año. Fueron evaluados 6.500 estudiantes paraguayos, de 120 colegios del país, pero solamente el 8% de los estudiantes paraguayos alcanzaron el nivel mínimo de competencia en Matemáticas.

Aunque también hay sectores que rechazan esta prueba por no tener en cuenta la realidad paraguaya.

El ministro de Educación, Eduardo Petta, manifestó en una oportunidad que el sistema educativo de Paraguay está en terapia intensiva y se tiene que hacer un proceso para poder cambiar la situación.

Fuente de la noticia: https://www.ultimahora.com/paraguay-podria-tener-una-mejor-educacion-15-anos-dice-experto-n2801586.html

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Limitar la cátedra, contrasentido de la educación

Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez.

 

La movilización social en defensa de la educación pública, realizada por amplios sectores de la sociedad colombiana y especialmente protagonizada por los universitarios en el reciente paro estudiantil que duró más de 3 meses, no solo puso de presente la crisis de financiación que enfrentan las instituciones de educación superior públicas, sino también propuso en la agenda social el debate sobre la importancia y el papel de la educación en Colombia.

La educación volvió a estar en el centro de la opinión pública y el respaldo de los colombianos fue contundente al valorar que este proceso formativo es esencial para el desarrollo integral humano y que constituye la posibilidad de acceso a las ciencias, la cultura y los distintos campos del conocimiento humano, y a su vez la oportunidad de mejorar el bienestar de las personas.

Nuevamente surge un cuestionamiento frente al papel de la educación, ahora suscitado por el proyecto de ley 312 de 2019, radicado por un representante a la Cámara, mediante el cual se pretenden establecer prohibiciones al ejercicio de la docencia del profesorado colombiano. Como ha sido alertado por distintos sectores, este intento violaría lo previsto en el artículo 27 de nuestra Constitución Política que garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Sin embargo, más allá de esta implicación jurídica que, a todas luces, es altamente preocupante, el citado proyecto estaría en contravía de lo que significa, per se, la educación.

Analicemos detenidamente el proyecto de ley 312 para establecer un punto de vista consistente. El objetivo del proyecto consiste en instituir prohibiciones comportamentales a docentes y directivos de las instituciones educativas del territorio nacional con el fin de preservar el orden legal, los derechos fundamentales, los valores humanos y la ética. De aprobarse este proyecto, los docentes y directivos que actúan en la educación preescolar, básica y media no podrían “realizar proselitismo político dentro de los planteles educativos” o usar asignaturas no relacionadas con las ciencias sociales para incitar discusiones políticas. No es conveniente justificar un proyecto en la presunción de la violación de la ley por parte de los docentes y directivos pues, efectivamente, desde el punto de vista jurídico y ético, estos actores no deben realizar proselitismo político; a todas luces, el ejercicio docente implica una responsabilidad ética y un compromiso social con la formación integral de los educandos que se aleja en sí misma de influenciar al estudiantado para apoyar alguna perspectiva ideológica. Bajo el argumento legítimo de proteger el libre desarrollo de los niños y su derecho a la libertad de aprendizaje, equivocadamente se juzga que es imposible usar asignaturas distintas a las ciencias sociales para incitar discusiones políticas, estableciendo una censura académica al papel que tienen las distintas áreas del conocimiento en la formación política de los estudiantes.

Prohibir la reflexión académica desde de otras asignaturas como las ciencias de la naturaleza, las matemáticas, el lenguaje, entre otras, para no incitar discusiones políticas es un contrasentido para la educación misma, pues estas áreas del conocimiento también poseen un alto contenido formativo en materia política, como ha sido reportado por innumerables estudios.

Los maestros y educadores que nos dedicamos a la formación en ciencias de la naturaleza sabemos que el conocimiento científico y tecnológico tiene unos efectos sociales, económicos y políticos que se deben analizar rigurosamente para que nuestros estudiantes fundamenten su formación ciudadana de manera amplia y crítica, de tal manera que cuenten con las herramientas conceptuales y metodológicas para participar activamente en la vida social.

Por ejemplo, cuando estudiamos el tema de hidrocarburos, no solo debemos entender su disposición en la naturaleza, sus propiedades y estructuras químicas, sino también analizar su importancia social, los procesos de explotación y los usos sociales que, en su mayoría, están asociados a la generación de energía a partir de la mezcla de hidrocarburos más famosa que conocemos en el mundo y que denominamos petróleo; al estudiar este tema no solo debemos comprenderlo científicamente, sino considerar simultáneamente que esta mezcla de sustancias orgánicas representa el componente central de la matriz energética del mundo y que produce serias implicaciones ambientales en la generación de dióxido de carbono, una de las sustancias responsables del calentamiento global que afecta el clima en el planeta y que puede generar riesgo para la vida de las distintas especies que lo habitamos.

La educación es un proceso formativo que implica una dimensión política, pues éticamente un profesor debe preguntarse para qué y por qué educa. Así, cuando el profesor enseña un tema particular de su especialidad debe comprender que está comprometido con un ejercicio complejo que implica abarcar los múltiples factores implicados en dicho tema. La misión del maestro no debe reducirse a un ejercicio meramente técnico e instrumental en el sentido de transmitir unos contenidos sin sentido e importancia social; por lo contrario, la educación constituye la forma de entender realidades y forjar transformaciones sociales y culturales.

Como diría Paulo Freire: “Y no se diga que, si soy profesor de Biología, no puedo me extender en otras consideraciones, que debo apenas enseñar Biología, como si el fenómeno de lo vivo pudiera ser entendido por fuera de las tramas histórico-sociales, culturales y políticas. Como si la vida, la pura vida pudiera ser vivida de manera igual en todas sus dimensiones en los barrios populares, en los estrechos lugares donde vive mucha gente pobre o en una zona feliz de los ‘jardines’ de São Paulo. Si soy profesor de Biología, obviamente, debo enseñar Biología, pero al hacerlo no puedo desarticularla de aquella trama”.

Aprobar un proyecto altamente punitivo para los docentes y directivos que se atrevan a incitar discusiones políticas en sus clases, constituye un peligro para el ejercicio profesional del profesor y para la misma construcción de una cultura política democrática, que con responsabilidad ética debe propiciarse en las instituciones de educación básica primaria y media. Al contrario de esta pretensión, debemos fortalecer la formación política como baluarte de la educación.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/limitar-la-catedra-contrasentido-de-la-educacion-columna-842537

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ONU realiza consulta electrónica sobre el derecho a la educación

América del Sur/ 04.03.2019/ Fuente: redclade.org.

 

La iniciativa busca recoger aportes para la revisión del estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación. CLADE participa y considera la consulta una importante oportunidad para que la sociedad civil colabore con el seguimiento al ODS 4 y a la realización del derecho a la educación

Hasta el 22 de este mes, educadoras y educadores, estudiantes, docentes, especialistas, investigadoras e investigadores, activistas y personas interesadas y que defienden el derecho a la educación, pueden participar en una consulta electrónica sobre la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación. La consulta temática es promovida por la División para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN-DESA).

La iniciativa quiere mejorar el acceso a la información de las personas interesadas en el tema y promocionar la participación de la sociedad en el monitoreo y revisión de la implementación del ODS 4. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participa, y considera la consulta una importante oportunidad para que la sociedad civil colabore con el seguimiento al ODS 4 y a la realización del derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva, de calidad y emancipadora para todas las personas.

“El 2019 es un año clave, pues el ODS 4 está entre los objetivos que se enfocarán en la revisión de los ODS durante el próximo Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que se realizará en julio en Nueva York y es el mecanismo de seguimiento y revisión de esta agenda a nivel mundial. Esta consulta permite reunir y tomar en cuenta contribuciones de la sociedad civil para este balance”, explica Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.

¿Cómo y hasta cuándo participar en la consulta?

Para enviar sus aportes sobre la implementación del ODS 4, basta con acceder al formulario y contestar a las preguntas hasta el 22 de febrero.

¿Qué es el ODS 4?

En septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York, los Estados Miembros adoptaron oficialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben cumplirse hasta el 2030. La Agenda contiene 17 objetivos, entre los cuales figura el ODS de número 4, referido  a la educación. El ODS 4 establece que los Estados tienen la obligación de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, desde siete metas y tres medios de implementación.

Este objetivo se diseñó y acordó mediante consultas, debates y negociaciones internacionales, que tuvieron amplia participación de la sociedad civil.

La CLADE participó en este proceso y aportó para que el espíritu, el sentido y el contenido de estos compromisos estuvieran centrados en la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental promotor de los demás derechos y de todos los ODS.

Se desarrolló una estrategia amplia, que articuló alianzas y esfuerzos para sensibilizar a la ciudadanía, así como acciones de movilización e incidencia a nivel nacional, regional e internacional. En particular, se empeñó en el diálogo con los Estados miembros involucrados en este proceso y en la participación activa en las consultas y espacios de toma de decisión.

Desde la adopción de la Agenda de Educación 2030 en el 2015, la CLADE participa en los espacios de seguimiento al ODS 4, monitoreando su implementación a nivel regional y nacional y actuando por su realización.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/onu-realiza-consulta-electronica-sobre-el-derecho-a-la-educacion-participe/

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