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Marcelo Cabrol: “Necesitamos una sociedad digital del siglo XXI, pero sobre todo más ética y empática”

Por: Semana Educación.

El gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcelo Cabrol, habló con Semana Educación sobre la importancia de educar en habilidades humanas de cara a un futuro cambiante y a la construcción de paz en Colombia. Cabrol hablará sobre este tema en la Cumbre Líderes por la Educación.

Colombia está en un momento de transición al cambio de gobierno, además, se suma la etapa de posacuerdo de paz, ¿cuáles deberían ser los principales temas en los que debería enfocarse el país en materia de educación?

MARCELO CABROL (M.C.): Normalmente diría que Colombia tiene un problema de aprendizaje a todo nivel y esto está medido por pruebas nacionales e internacionales. Con esa frase estoy describiendo a muchos países de América Latina, pero, en un contexto de paz, las cosas son distintas, porque paz y aprendizaje deben confluir. En ese sentido, el país tiene un desafío doble. No se puede pensar en aprendizaje solo a través de pruebas estandarizadas con resultados más o menos inmediatos. El nuevo gobierno tiene que concebirlo en el marco del proceso; en una educación más bien a largo plazo. En estas nuevas formas de enseñar y aprender, los avances digitales deben ser una herramienta que se articule al proceso de paz en el país. Los cálculos muestran que el mejor retorno económico se da en la inversión que se hace en los primeros años, pero también es necesario tener en cuenta que existen otros beneficios como el bienestar personal y social, variables más difíciles de cuantificar pero muy importantes.

S.E.: Algunos expertos en educación del país han hablado de la necesidad de tener un currículo único para disminuir la inequidad en calidad educativa. ¿Qué piensa de esta posibilidad?

M.C: Es importante tener una base común, un marco de referencia básico que sea claro. Lo dice la Ocde, el BID, el Banco Mundial, todos los que trabajamos estos temas. El docente debe trabajar sobre un marco de referencia único, pero con una gran capacidad de resolución respecto a lo que se hace en la escuela, el aula o la comunidad. No dije la palabra autonomía docente nunca porque no me gusta. Viene de la idea de que los profesores son autónomos y lo demás es subsidiario, por eso es importante trabajar integrando esos niveles.

S.E.: Usted habla mucho de los entornos laborales del futuro y la necesidad de educar en habilidades humanas, ¿cuáles son puntualmente y cómo la educación del presente puede comenzar a trabajarlas?

M.C.: Se trata de 16 habilidades del siglo XXI. Algunas son básicas. Pero, más que cuáles son, lo importante es a qué responden. Las dividimos en tres categorías. Primero, las básicas: cómo los estudiantes pueden aplicar competencias a tareas cotidianas. Las segundas tienen que ver con la complejidad: poder abordar desafíos complejos, por ejemplo, ser creativo o comunicar efectivamente. Y las terceras tienen que ver con adaptarse al cambio constante. Todos estos componentes necesitan ética y empatía.

Fuente de la entrevista: https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-y-sociedad-digital-del-siglo-xxi-un-tema-de-la-cumbre-lideres-por-la-educacion/581274

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Corrupción y educación

Por: Oscar Sánchez. 

¿El sector educativo es tan corrupto, más, o menos que otros?, ¿educar en capacidades ciudadanas le resolvería el problema al país?

Rafael Merchán, encargado de las políticas de transparencia en el país hace un tiempo, me pidió el año pasado escribir el capítulo sobre educación en un libro que estaba editando sobre la corrupción en Colombia.

Rafael se marchó para siempre antes de tiempo, y el libro está pendiente. Pero un informe así podría ocuparse a la vez del problema y de la de la solución: ¿el sector educativo es tan corrupto, más, o menos que otros?, ¿educar en capacidades ciudadanas le resolvería el problema al país? Dos preguntas apasionantes.

Para llegar a tener a cargo de la alimentación de los estudiantes a gente que les sirve la sopa en el balde de los traperos, tiene que pasar algo con la manera como se entiende la gestión educativa. Hay procederes incorrectos en el mundo educativo, porque es un sector, aunque desfinanciado, grande y vulnerable a muchos intereses económicos egoístas. Con todo, en medio del desierto de la cultura de abuso que reina en Colombia, la mayoría de colegios y universidades son una especie de oasis con muchas personas que luchan heroicamente por los valores correctos. Aunque un oasis contaminado. Ni más faltaba esperar que fuera como de otro mundo.

Para mejorar, si cambia el enfoque institucional, se puede hacer mucho. El control social, por ejemplo, depende de que docentes y familias tengan más poder y más compromiso, pero la descentralización en educación es un cacareo más que una realidad, sobre todo donde hay más necesidades. Y el estado ha sido durante años voluntarista, tecnocrático e inconstante. Así que reconociendo avances desiguales, estamos lejos de un pacto nacional profundo que haga  inaceptable traicionar a la sociedad en el universo sagrado de las escuelas.

Vamos a la educación como escenario para la solución del problema cultural que nos aqueja. Más allá de la simpleza de tener alguna cátedra para ser honrado, los colegios y universidades no pueden garantizar que sus estudiantes aprendan determinadas conductas sin que se cumplan requisitos complicados.

Para que la escuela forme valores como la honestidad, requiere un entorno que le ayude. Aprendemos lo que vemos en la familia y la sociedad. Y la cultura, ese aprendizaje natural, generalmente es más poderoso que la educación.  Así que, cuando un adulto engaña a la DIAN o a su municipio reportando bienes e ingresos por debajo del valor, soborna a un policía, paga mal a un trabajador o justifica por sectarismo o clasismo que algún funcionario público viole derechos, sus hijos aprenden eso, y no los discursos morales de sus profesores. Y cuando un maestro actúa con descuido frente a los bienes públicos, ejerce con negligencia su función, o ve la corrupción en sus narices y no la denuncia, los niños y jóvenes a su cargo asimilan eso. El constante argumento de que es lo que todo el mundo hace, empeora el mensaje. La escuela puede enseñar competencias sociales y capacidades ciudadanas, y formar personas solidarias y responsables, pero necesita trabajar en equipo con el entorno, cambiando a los adultos junto con los niños.

La otra condición es el aprendizaje práctico. Docentes, directivos y administrativos deben facilitar a sus estudiantes oportunidades constantes de reflexión sobre experiencias cotidianas. Por ejemplo, a ser veraces y justos frente a los conflictos entre pares, o cuando se enamoran; o frente al valor de las ideas ajenas trabajando en equipo; o frente al abuso del avivato sobre el noble; o haciendo que el ejercicio de la autoridad sea coherente, tranquilo y restaurativo.

Vamos a mantener el tema en la agenda, querido Merchán.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-y-educacion-por-oscar-sanchez/601857

 

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8M: ¡Las y los docentes paramos y nos movilizamos!

América del Sur/ Argentin/  05.03.2019/ Fuente: laizquierdadiario.com.

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva movilización de mujeres en muchos países. Este hecho fue impulsado hace más de 100 años por miles de mujeres que frente a la explotación y opresión del sistema capitalista vigente, salieron a las calles, hicieron huelgas, llevando las luchas hasta las últimas consecuencias.

La historia nos demuestra que todo derecho ganado fue gracias a la organización y la pelea de miles de trabajadores, mujeres, jóvenes y estudiantes que son víctimas de políticas de ajuste y precarización laboral, como la lucha de los chalecos amarillos en Francia, la de docentes y estudiantes de Buenos Aires, que evitaron el cierre de las escuelas nocturnas, etc.

Aquí en Jujuy, estudiantes y docentes fueron condenados por la justicia de Morales por enfrentar el cierre de los CEIJA y defender el derecho elemental a la educación, en este caso de jóvenes trabajadores/as.

Por otro lado, sabemos que en la docencia provincial, sobre todo en los niveles Inicial y Primario la gran mayoría somos mujeres y las que menos cobramos en el sistema educativo ya que nuestros sueldos son los más bajos, colocando a muchas bajo la línea de pobreza, obligadas a trabajar en situaciones de precariedad, en doble turno, para tratar de equiparar los índices de inflación y los tarifazos, pues muchas somos sostén de familias. Pero a esto se suma, luego de la jornada laboral, continuamos en casa con las tareas domésticas, trabajo que no es reconocido y es invisibilizado como tal. El Estado capitalista y sus empresarios “ahorran” al no reconocerlo.

Estas jornadas laborales extenuantes, traen aparejadas enfermedades crónicas como el estrés y otras derivadas de la misma. A esto se suman, maltrato laboral y el control por parte del gobierno que no sólo vulnera derechos sino que genera persecución, colocándonos en listas negras si participamos en paros y movilizaciones para enfrentar los ataques.

En este sentido debemos exigir a los sindicatos, que tomen en sus manos la reivindicación por un salario que se equipare a la canasta familiar y a los índices de inflación, como así también se ponga en pie una secretaria de género, de la mano a la pelea por extensión de la licencia por maternidad por 6 meses como la otorgan otras provincias, creación de jardines maternales en lugares de trabajo y la lucha por la implementación efectiva de la ESI.

También, el gremio debe pronunciarse a favor de la legalización del aborto, legal, seguro y gratuito en un contexto donde la muerte de mujeres por abortos clandestinos se ha transformado en la principal causa de muerte materna. También debemos exigir la implementación efectiva de la ILE, (Interrupción Legal del Embarazo) ya que en lo que va del año han ocurrido dos hechos horrorosos donde como consecuencia de la injerencia del Estado y la Iglesia, se vulneró el derecho de dos niñas violadas que fueron torturadas y obligadas a parir.

La pelea que da la agrupación 9 de Abril 

Es un gran desafío para el próximo 8M convertir el Paro Internacional de las mujeres en un hecho resonante en alianza con todos los sectores en lucha, por lo que es necesario que los sindicatos se organicen y movilicen a las cientos de mujeres que conformamos la docencia. Desde nuestra agrupación propusimos en asambleas de ADEP, CeDEMS y ADIUNJU no sólo adherir al Paro Internacional por el 
8M, sino también que los sindicatos pongan todos sus recursos a disposición de que se garantice la movilidad de todos/as los/as docentes que quieran participar de la marcha. Esto fue votado por asamblea y es muy importante que se haga efectivo.

Ante las políticas de ajuste y endeudamiento con el FMI, más que nunca hay que salir a las calles para pararles la mano a estos gobiernos que sólo benefician a unos pocos.

NO AL PAGO AL FMI

BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL

SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR

BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA HACIA LAS MUJERES, PRESUPUESTO REAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA ILE, POR LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS, NIÑAS NO MADRES

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

APLICACIÓN DE LA ESI EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON PERSPECTIVA CIENTÍFICA Y DE GÉNERO

SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO

Te invitamos a movilizar junto a la agrupación docente 9 de abril y Pan y Rosas, este viernes 8 de marzo, desde Plaza Belgrano, 17hs.

Fuente de la noticia: https://laizquierdadiario.com/8M-Las-y-los-docentes-paramos-y-nos-movilizamos

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Vídeo: Educación es igual a Libertad con Sergio Fajardo

Por: TEDx Talks.

Es un impulsor de la educación desde la gestión pública, como elemento fundamental para lograr un desarrollo sostenible y la transformación social. Matemático con Maestría y Doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. En 1999 decidió dejar el mundo de la academia para liderar un movimiento cívico e independiente y en el 2004 llega a la Alcaldía de Medellín, en dónde dirigió la más grande transformación de la ciudad. Fue candidato Vicepresidencial del Partido Verde en el 2010 y Gobernador de Antioquia 2012 – 2015. Es un impulsor de la educación desde la gestión pública, como elemento fundamental para lograr un desarrollo sostenible y la transformación social. Matemático con Maestría y Doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. En 1999 decidió dejar el mundo de la academia para liderar un movimiento cívico e independiente y en el 2004 llega a la Alcaldía de Medellín, en dónde dirigió la más grande transformación de la ciudad. Fue candidato Vicepresidencial del Partido Verde en el 2010 y Gobernador de Antioquia 2012 – 2015.

Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=dgniv9WazS0

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Educación sexual e interculturalidad: una deuda pendiente de Santelices y de la política educacional en Chile

Por: Ricardo Bravo Lepe. 

La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.

El pasado 14 de febrero, el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció la situación de los casos de VIH-Sida en nuestro país. Según cifras del Instituto de Salud Pública (ISP), entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH-Sida, lo que evidencia un aumento de 1.132 casos en comparación con los registros del 2017.

Estos son los “datos duros”, que tanto se requieren para diagnosticar cuestiones socialmente relevantes. El problema es cómo se presenta dicha información, pues el titular de la cartera de salud señaló: “Cuando uno desagrega esta cifra, puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes, son pacientes extranjeros. Es decir, los que se incrementaron este año son, en mayor parte, pacientes que vinieron con VIH. Sobre eso, lo que a nosotros nos corresponde como Minsal es focalizar nuestra estrategia, generar nuevas estrategias complementarias para ir a identificar esas poblaciones”. Además, en una entrevista radial, agregó que uno de los elementos para explicar el aumento de VIH en el país es que “cuando aparece la píldora del día después ya no usan condón para evitar el embarazo. Entonces, todos estos elementos contribuyeron, y esto por mucho tiempo se fue invisibilizando y hoy en día tenemos estos resultados”.

Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.

Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.

Por un lado, refuerza una idea que se ha instalado en una parte de la población en Chile: que la migración es perjudicial para nuestro país, pues las personas migrantes “traen enfermedades” y “se aprovechan” de nuestro sistema social de salud. Este argumento, por lo demás, ha sido muy utilizado en diferentes momentos y espacios contra la población migrante, demostrando con esa ubicuidad lo artificiosa que es la afirmación. Sin ir muy lejos, ni en tiempo ni en kilómetros, se culpó a los migrantes bolivianos de transportar el dengue por la frontera, en la Argentina del menemismo, y actualmente se suscita un debate emparentado en el país vecino, acerca del supuesto aprovechamiento del sistema de salud por parte del mismo grupo de migrantes, lo que por otra parte muestra un creciente discurso xenófobo a escala regional, que se vale de este argumento sanitario, entre otros. Incluso sin salir de nuestro país, antes se culpó a los migrantes de aumentar la cifra de tuberculosis, o de reactivar la lepra. En definitiva, transformar al migrante en portador de pestes es una estrategia tan vieja y usada como dudosa.

Por otro lado, de manera implícita, las palabras del ministro nos sugieren que las mujeres se han preocupado de prevenir los embarazos, pero no las enfermedades de transmisión sexual. De este modo, la responsabilidad del aumento de las cifras de VIH sería principalmente de ellas.

El ministro de Salud, con sus dichos, refuerza un discurso xenófobo y sexista, pero además desconoce la realidad de las políticas públicas, tanto en el ámbito de su cartera como en el de educación.

En Chile, las campañas públicas de prevención de enfermedades de transmisión sexual que el MINSAL ha desarrollado han sido poco exitosas, entre otras razones, por su fuerte tinte moral y por no vincularse con las reales prácticas sexuales de la población, careciendo de una campaña dirigida específicamente al mundo juvenil, que es un grupo en el que se han incrementado los casos de VIH-Sida.

Desde el campo de la educación, los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares establecen metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar, referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes. Así, en la dimensión afectiva, se plantea “comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual”. Sin embargo, según el análisis de la inclusión de la educación en derechos humanos en el currículum escolar, que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile el 2015, solo hay una incorporación directa de temas de sexualidad en dos objetivos de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en séptimo básico y en segundo medio. Asimismo, no se reconocen los derechos de las personas migrantes en ningún objetivo de aprendizaje explícito, y tampoco hay alusiones a la promoción de la igualdad entre  hombres y mujeres, o la corresponsabilidad doméstica y de crianza.

En consecuencia, una educación sexual con enfoque de derechos humanos e intercultural debiera referirse a derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos seguros y planificación familiar, riesgos de embarazo precoz, prevención y tratamiento del SIDA y de las ETS, diferencias culturales en las formas de concebir y experimentar la sexualidad, entre otros temas. Dichas temáticas se deben abordar de manera integral, sin estigmatizar a ningún grupo de personas y promoviendo una cultura respetuosa de la dignidad de todas ellas. Es por ello que las palabras del ministro Santelices resultan de tal gravedad, pues de manera simplista y unicausal argumentó que las cifras del VIH se debían a la llegada de personas migrantes y a las mujeres que no se cuidan.

La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.

Ser un país intercultural, es decir, una sociedad que respete, valore e incorpore realmente la diversidad, es un esfuerzo que se debe impulsar desde diversos sectores de la sociedad, pero el rol de Estado es crucial, por su obligación de desarrollar políticas respetuosas de los derechos humanos, promover un trato igualitario, sin discriminar ni estigmatizar a ninguna persona por su nacionalidad, origen étnico, género, sexo, edad, o cualquier otra condición.

Fuente de la entrevista: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/28/educacion-sexual-e-interculturalidad-una-deuda-pendiente-de-santelices-y-de-la-politica-educacional-en-chile/

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Brasil: Escola de qualidade não é escola militarizada

America do Soul/ Brasil/ 05.03.2019/ Fonte: campanha.org.br.

De 2013 a 2018, o número de escolas estaduais geridas pela Polícia Militar saltou de 39 para 122 em 14 estados da Federação — um aumento de 212% -, conforme apontou levantamento realizado pela revista Época neste mês. Em 2019, há previsão de que outras 70 escolas deverão ser colocadas sob a gestão de militares nesses estados. Norte e Centro-Oeste lideram o fenômeno, que já ocorre em todo o país.

Atualmente, Goiás conta com 46 escolas, com 53 mil alunos, sob administração da Polícia Militar, e outras 39 estão em processo de militarização. “Amazonas já conta com 15 escolas administradas pela PM. Mato Grosso pretende criar cinco escolas da PM no segundo semestre. Em Roraima, das 382 escolas da rede estadual de ensino, 18 unidades foram militarizadas, totalizando 20 mil alunos sob jurisdição militar. (…) A Região Sudeste é a única onde não houve transferência de escolas estaduais para a PM. Montanha, no entanto, um município no Espírito Santo com menos de 20 mil habitantes, anunciou que pretende ser o precursor da modalidade na região. A prefeita Iracy Baltar (PRB) afirmou que sua intenção é incentivar a moral e o civismo entre os alunos”, apontou reportagem da revista Época que realizou levantamento da situação de diversos estados do país.

Em reportagem de março do jornal A Tarde, apontou-se ainda que atualmente, calcula-se, 14 colégios da PM existem na Bahia. Nelas, 70% das vagas são destinados a filhos de policiais e 30% sorteados entre civis.

A Constituição Federal e a legislação educacional brasileira são precisas ao determinar que a educação básica é de responsabilidade prioritária das pastas de educação estaduais e municipais, e não de outros órgãos. “Tal movimento representa um desvio de função da política e dos órgãos militares em prover esse serviço público, inclusive considerando que não têm dado conta de cumprir com sua função primária, na segurança pública”, afirmou Catarina de Almeida Santos, coordenadora do Comitê DF da Campanha, que tem atuado no monitoramento dos casos de Goiás, o estado precursor dessa iniciativa.

Goiás – Segundo Catarina, a expansão teve como vetor a atuação do ex-governador Marconi Pirillo, apoiado por diversos outros gestores e atores políticos. “O processo de militarização em Goiás é um caso à parte, tamanhos são os absurdos e as justificativas utilizadas”, comenta a professora, explicando que há um processo anterior, de abandono da escola até seu sucateamento máximo, em todos os sentidos, para depois militarizar, sendo essa mesma tática utilizada para justificar a implantação das Organizações Sociais no estado.

“Temos travado uma luta para mostrar à população que esse não é um caminho viável, que polícia não entende de educação. Que se a polícia não cumpre o seu papel de garantir segurança, como militarizar as escolas para torná-las mais seguras? Se a polícia não faz o que, em tese, é competência dela, como ela pode fazer bem aquilo para o qual ela nunca foi preparada?”, questiona.

Amazonas – O Comitê da Campanha no Amazonas também está ativo no enfrentamento a esta problemática. Em Parintins, por exemplo, foi anunciado que uma escola estadual seria entregue à gestão da PM, o que ainda não foi adiante, e há projetos de levar também a escolas rurais, que funcionam em assentamentos. “Cobrei do Conselho Municipal de Educação um posicionamento”, afirmou Eliseu da Silva Souza, do Comitê AM da Campanha.

A coordenação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME/AM  já passou por enfrentamento ao problema em relação à criação de uma escola de educação infantil, após consulta sobre ato de criação, credenciamento e autorização de cursos da primeira escola Militar Municipal de Presidente Figueiredo, “com disciplina e filosofia das escolas policiais militares do Amazonas”, conforme consta no documento.

A análise da solicitação, por parte da UNCME/AM, trouxe à luz os artigos 206 da Constituição Federal e o artigo 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que explicitam os princípios do ensino no país, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a gestão democrática do ensino público; a gratuidade do ensino público em estabelecimento oficiais; entre outras. Trouxe ainda a violação do princípio de autonomia dos entes federados, expresso no artigo 211 da Constituição, em que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

A conclusão da UNCME/AM se expressou, afinal, em contrariedade à criação da escola militar: “Atinente ao ordenamento jurídico pátrio, as diretrizes da educação nacional e a repartição de competência entre os entes federados com vistas ao atendimento do interesse público, esta Coordenação sugere o redimensionamento quanto à criação de escola com filosofia trazida do âmbito da Polícia Militar considerando os conflitos existentes em relação aos princípios e objetivo da educação e da República Federativa do Brasil, esculpidos na Constituição Federal e demais legislação.”

Piauí  No estado do Piauí, até 2013, existia apenas uma escola de ensino médio coordenada pela Polícia Militar. A partir de 2014, iniciou-se um processo de reorganização da Escola Estadual Dirceu Mendes Arcoverde para militarizá-la, nos moldes dos colégios militares de outros estados do Brasil.

Ainda no governo de Wellington Dias, há mais de 14 anos no governo do estado, foi inaugurada a escola no dia 11 de agosto de 2015, fato que motivou a gestora da Secretaria Estadual de Educação a promover uma processo de militarização intenso, sob diferentes roupagens na rede estadual de educação. O propósito da secretaria de educação era Militarizar 14 escolas da rede estadual de ensino para ano de 2016.

Os movimentos sociais organizados acionaram o Ministério Público, que notificou a Secretaria Estadual de Educação, recomendando a “suspensão imediata da implantação de quaisquer ‘Escolas Militares’ no âmbito das escolas geridas pela Secretaria Estadual de Educação”. A notificação aconteceu após representação do Fórum Estadual em Defesa da Escola, coordenado pelo Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que realizou estudo sobre a legalidade da implantação de escolas militares, manifestações populares, audiência pública com o governo do estado, e solicitou a suspensão imediata desse processo. O estudo demonstrou que, nestas escolas, policiais militares exercem funções de natureza civil, como diretor, coordenador, supervisor, entre outros cargos.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com quase uma centena de organizações no estado, via Fórum Estadual em Defesa da Escola, se posicionou no manifesto contrário à militarização das escolas, explicitando que “a militarização da educação civil não pode ser a resposta de um governo democrático aos problemas da educação (indisciplina, evasão, violência no ambiente escolar, dentre outros) que são reais, mas para os quais existem outras e melhores soluções”. Esse coletivo, que se constituiu como Mobilização pela Educação Pública, conseguiu a partir dessas ações, barrar o processo de militarização das 45 escolas da rede estadual.

Em 2017, contudo, a Seduc tornou uma escola de ensino médio militar em Teresina, bem como intensificou a formação de vários “Pelotões Mirim” na capital e no interior do estado, por meio de parceria com a Polícia Militar do Piauí, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), e a Secretaria de Assistência Social (SASC). “Tentamos barrar junto com as comunidades, mas perdemos. Sabemos que hoje o estado mantém um número que chega à casa dos milhares de crianças de 6 a 16 anos em projetos como ‘Cidadão Mirim’, ‘Combatentes Mirim’, entre outros, em inúmeras cidades do estado do Piauí”, comentou integrante do Comitê PI da Campanha.

Mato Grosso – As ações neste sentido continuam caminhando em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, para os municípios que solicitaram. “Aqui, não se propuseram a construir escolas, mas de criá-las e colocá-las em funcionamento, por solicitação dos prefeitos. Os encaminhamentos neste sentido continuam, mas apenas nos municípios que solicitaram”, afirmou Regina Borges, do Comitê MT da Campanha.

Espírito Santo – Márcia Saraiva, integrante da coordenação do Comitê ES da Campanha, participou de encontro do Conselho Municipal de Educação em Montanha, em que a secretaria de educação anunciou medidas de segurança em projeto de assistência social vinculado ao Criança Feliz. “Questionamos sobre a militarização de escola e nada nos responderam”, afirmou Sumika.

Roraima – Neste caso, há também uma tentativa de expansão dessas escolas, o que tem gerado polêmica entre os educadores e servidores públicos: o Decreto nº 24.851, de 05 de março de 2018, resolveu “Criar, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, a rede de colégios militarizados do estado de Roraima”. “Já fui na mídia colocar nossa posição, é uma questão política”, explicou Ana Alice Monteiro dos Santos, coordenadora do Comitê RR da Campanha.

Rondônia – O procurador-geral de Justiça, Airton Pedro Marin Filho, a pedido do procurador Rodney Pereira de Paula, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra leis e decretos que regulamentaram e aumentaram as escolas militares em Rondônia. As irregularidades apontadas pelo MP são: incompatibilidade com as atribuições do órgão de segurança pública, a retirada de autonomia das escolas, a falta de autorização do conselho estadual de educação e de diálogo com a sociedade, a possibilidade de abertura de privilégios em relação à reserva de vagas para dependentes de militares, a possível cobrança de taxas nas escolas que deveriam ser gratuitas, entre outras.

Bahia – No estado, já são 14 escolas militares da Polícia Militar. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação da Bahia afirmou que no sistema estadual não há projeto em curso para militarização, apesar de alguns sistemas municipais terem buscado realizar esta ampliação. Foi afirmado que o governador garantiu que não será militarizada mais nenhuma escola, para além das que já existem.

Qualidade na educação

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é criadora do principal mecanismo, previsto na Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que determina um salto de qualidade para as escolas de educação básica de todo o país, o Custo Aluno-Qualidade (CAQ). O CAQ prevê quanto custa por aluno por ano para garantir uma série de insumos necessários para uma educação de qualidade, em cada etapa e modalidade da educação básica, desde a educação infantil, até o ensino médio, passando pela educação no campo, indígena, quilombola, sendo todas inclusivas.

“Eu estudei em Colégio Militar e sou testemunha de onde reside a qualidade dessas escolas:  elas têm recursos para assegurar uma boa infraestrutura, materiais disponíveis, profissionais da educação bem formados, com condições de trabalho e valorização profissional. Tudo que se prevê no CAQ. A concepção pedagógica, contudo, não está alinhada com preceitos de gestão democrática, por exemplo, como prevê nossa legislação e diversos estudos da sociologia e da educação”, afirmou Andressa Pellanda, coordenadora de políticas educacionais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Ela explica que há uma inversão de lógica que não pode ser aceita. “É preciso investir recursos adequados para o cumprimento do CAQ nas escolas sob as pastas da educação, que é quem não só está preparado pedagogicamente para tal, como também a instituição predeterminada constitucionalmente para esta função. Como vimos reiterando nos últimos tempos, na fala de nosso coordenador geral, Daniel Cara, é preciso devolver a educação aos educadores. Não podemos achar normal realizar atalhos insustentáveis e inconstitucionais para garantir insumos de qualidade nas escolas”, reiterou.

Hoje, são investidos de 3 a 5 vezes menos em educação básica do que o que é previsto pelo Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) – um primeiro passo para a implementação do CAQ, com os insumos mínimos, abaixo dos quais não há dignidade na oferta de educação básica no país. “O cálculo leva em conta as condições mínimas que uma escola deve assegurar, independente de onde ela esteja”, diz José Marcelino de Rezende Pinto, professor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da  Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, pesquisador que elaborou o mecanismo de cálculo do CAQi/CAQ junto com a Campanha, e membro do Comitê Diretivo da Campanha, representando a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA).

Inconstitucionalidade da proposta

A crescente militarização das escolas públicas é inconstitucional por diversas perspectivas e, além disso, viola os tratados internacionais assinados pelo Brasil.

Na perspectiva do direito à educação, viola frontalmente os princípios da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, do “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e da gestão democrática do ensino público, na forma da lei (incisos II, III e VI do art. 206, respectivamente). Por esses princípios, devem ser assegurados amplos canais que viabilizem a discussão aberta e democrática sobre todos os temas do processo educativo com a participação dos profissionais da educação (direções escolares, supervisões, coordenações pedagógicas, docentes e gestores), estudantes, familiares dos alunos e da comunidade local.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por sua vez, ao regulamentar a prerrogativa de autonomia das escolas determina que esta deve ser progressivamente assegurada, em vertente oposta à intervenção de militares na gestão escolar (LDB, art. 15).

Essas garantias jurídico-constitucionais, por sua vez, dão base à construção das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, cujos objetivos e propósitos não comportam o princípio pedagógico das escolas militarizadas, comumente definido como “hierarquia e disciplina”.

Além disso, tal medida é um retrocesso inconstitucional na implementação dos princípios da valorização do magistério e da garantia do padrão de qualidade do ensino. No tocante aos profissionais do magistério, a militarização viola frontalmente o artigo 61 da LDB, que delimita quem está habilitado e legalmente autorizado ao trabalho no ensino: são eles os professores e os trabalhadores da educação com habilitação específica.

Em função disso, é evidente que a militarização escolar conflita abertamente com o modelo de educação estabelecido na Constituição de 1988, porque seus princípios de hierarquia e disciplina não podem ser compatibilizados com o caráter democrático processo educativo, único meio de garantir-se o próprio pluralismo e respeito aos processos de formação de crianças e adolescentes.

Há, nesse ponto, um patente desvio de função das instituições militares e, como consequência, dos servidores públicos militares, uma vez que, nas iniciativas de militarização, estes passam a exercer uma parcela significativa do trabalho atribuído aos cargos e funções do magistério.

A Constituição Federal determinou a existência de órgãos específicos para exercer missões de segurança pública, atribuindo-as às instituições das polícias federais e estaduais, a quem compete exclusivamente a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. As polícias militares estaduais, a quem cabe a função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, exercem suas atribuições em regime subordinado ao poder civil, no caso, os Governadores dos Estados (art. 144).

Para o exercício dessas funções – magistério e polícia –, portanto, a Constituição exige a prévia definição de cargos ou funções a serem ocupadas, com atribuições específicas e requisitos de investidura estabelecidos em Lei. Essa investidura “depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei” (art. 37, incisos I e II).

Destinar, ainda que por Lei, a policiais militares o exercício de parcela das atribuições constitucional e legalmente destinadas aos profissionais da educação configura flagrante desvio de função, tanto quanto seria dar aos professores a competência para o exercício do policiamento ostensivo dentro ou fora da escola. Tal desvio de função pode configurar desvio de finalidade e, neste sentido, improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992, art. 11, inciso I); são anuláveis as decisões ou atos administrativos produzidos nessa condição.

Por fim, a militarização das escolas deve ser analisada no contexto da violência policial do país. Neste sentido, é medida que afronta abertamente as principais diretrizes internacionais de proteção a crianças e adolescentes, especialmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ratificada e promulgada no Brasil na década de 1990 e que sujeita o país ao monitoramento internacional rotineiro.

No último relatório produzido pelo Comitê sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, em outubro de 2015, o Comitê se mostrou seriamente preocupado com a violência generalizada praticada pela Polícia Militar contra crianças, especialmente as mais pobres e marginalizadas, que vivem nas periferias das grandes cidades. Dentre as graves violações apontadas nas “Observações finais para o Brasil”, foram destacados casos de violência física nas revistas corporais, incluindo o assédio sexual.

Fonte das noticias: http://campanha.org.br/direito-a-educacao/escola-de-qualidade-nao-e-escola-militarizada/?fbclid=IwAR345DTc27xisNHWRXPGmUJWRSZw9H6dvkyrMhA0Iz_xU7sbBDJ0rZLx15c

 

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