Por: Geraldine Santos, Yanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales

En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.

Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.

Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.

Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.

Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.

—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.

Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.

VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.

Foto: David Diaz

El miedo a hablar

Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.

Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.

En el pueblo awajún  —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.

—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.

Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.

El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.

Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.

El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.

No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.

Un manto de impunidad

La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.

SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.

Foto: Leslie Searles

Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.

Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.

“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.

Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.

Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.

“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.

ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.

Foto: David Diaz

Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.

En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.

La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.

Comisarias sin traductores

—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.

Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.

INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.

Foto: Leslie Serles

—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.

OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.

— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.

El fracaso de dos formas de hacer justicia

Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.

El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.

LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.

Foto: David Diaz

Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.

Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.

El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.

—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.

Fuente de la información e imagen: https://ojo-publico.com