América del Sur/Perú/03-09-2021/Autor(a) y Fuente: sutep.org

El jueves 26 de agosto el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, acudió al Palacio Legislativo para exponer, ante la representación nacional, la política general del gobierno y buscar así el voto de confianza que le dé investidura.

La exposición era determinante no solo porque a partir de ella se establecería qué persigue el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones en relación a lo que este anunció en su primer mensaje a la nación del 28 de julio, sino también porque aclararía ciertas dudas sobre el manejo de los recursos y las prioridades de la administración en este segundo año de pandemia.

Sin duda, para el magisterio peruano uno de los temas más importantes y esperados era el anuncio del incremento de la asignación del Producto Bruto Interno – PBI, para el sector Educación, el cual debía materializarse en el presupuesto del año fiscal 2022.

Lucha por el 6 %

En el 2002, cuando el gobierno de Alejandro Toledo Manrique convocó al Acuerdo Nacional, espacio de concertación entre las instituciones del Estado, los partidos y la sociedad civil, para discutir y delinear políticas públicas, una de las principales banderas que enarboló el SUTEP, como legítimo y mayoritario representante de las maestras, maestros y auxiliares, fue el incremento del PBI para Educación.

De ese modo, el Acuerdo Nacional recomendó que el Perú debía destinar no menos del 6 % del PBI al año para el sector, con el objetivo de poner al país dentro del promedio regional, debido a que la inversión estatal en el ámbito educativo es, hasta ahora, la más baja de América del Sur.

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID, señala que el país que más invierte en educación es Bolivia, liderando el ranking con el 6.5 % del PBI, seguido de Brasil (6.1 %), Argentina (5.3 %) y Chile (4.6 %). En último lugar se ubica el Perú, con el 3.7 %.

Desde la recomendación del Acuerdo Nacional, nuestro sindicato ha sostenido 18 años de lucha para que los gobiernos cumplan con el incremento del PBI a Educación. Sin embargo, ningún presidente, de los siete que hemos tenido en los últimos 20 años, hizo efectivo el aumento de recursos.

El artículo 16 

Fue así que el SUTEP, junto a los padres de familia y otras organizaciones sociales, agrupados en la Unión Nacional en Defensa de la Educación Pública – UNDEP, emprendió la ardua lucha para que el 6 % del PBI sea incluido dentro de las reformas constitucionales impulsadas en el Congreso 2020-2021.

En histórica sesión, el 1 de julio del año pasado, el Congreso aprobó con 115 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, destinar el 6 % del PBI para el fortalecimiento de la Educación, reformando de esta manera el artículo 16 de la Constitución Política, que ahora establece:

“La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI”.

Ofrecimiento electoral ¡Palabra de maestro!

Durante la campaña electoral 2021, el entonces candidato Pedro Castillo Terrones señaló reiteradas veces que en su gobierno asignaría el 10 % del PBI para educación, ofrecimiento que desde la posición del SUTEP resulta en cierta medida “populista”, pero que considerando que se trata de la palabra empeñada de quien hoy ocupa la primera magistratura de la república, entonces debe cumplirse.

Frente a ello, considerando el impacto de la pandemia sobre la economía nacional, el SUTEP ha propuesto que en el Presupuesto General de la República 2022 se considere la asignación del 6 % del PBI, y en los años siguientes el incremento sea de un punto porcentual anual, llegando al 2026, fin del mandato de Pedro Castillo, a la meta del 10 %.

Por esta razón se esperaba que el jueves, el presidente del Consejo de Ministros anunciara que una de las acciones del gobierno sería incluir el aumento de recursos en el proyecto de ley del presupuesto para el 2022, que ya fue alcanzado al Congreso de la República para su debate, y que deberá ser aprobado en noviembre próximo.

Empero, Bellido Ugarte optó por omitir tal anuncio, limitándose a señalar que para el sector Educación se ha considerado aumentar en 4.4 % el presupuesto destinado a educación en relación a lo asignado en el presente año. Esto está muy lejos de lo que significa destinar el 6% del PBI, como manda la Constitución.

«Incrementaremos el presupuesto para la Educación Pública Básica y Superior. Para el 2022, se cuentan con S/ 1,151 millones ya aprobados por el MEF para impulsar estrategias de la Educación Básica y Superior», dijo.

Lo cuestionable es que el ofrecimiento del presidente del Consejo de Ministros tampoco se está cumpliendo. Del Presupuesto General de la República 2021, el 17.7 % fue asignado a Educación, mientras que en el proyecto de presupuesto para el 2022, enviado por el gobierno al Congreso, lo destinado al sector es del 18.2 %. El aumento es de apenas 0.5 %.

¿Por qué más recursos?

Incrementar la dotación de recursos para Educación supone atender las severas brechas que existen en el país, principalmente de infraestructura. En la actualidad, el 60 % de escuelas públicas no tiene servicios básicos, el 43 % carece de acceso a agua potable, el 41 % no cuenta con desagües y el 29.8 % no tiene servicio de energía eléctrica. Por si esto fuera poco, el 50 % de los colegios públicos tiene que ser demolido total o parcialmente, para dejar de ser una amenaza a la seguridad de los estudiantes y docentes. Esto según información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, adscrito al Ministerio de Educación.

Cerrar la brecha de infraestructura demanda S/ 100 mil millones (de acuerdo con PRONIED). Actualmente se destinan tan solo S/ 200 millones al año para dicho objetivo, por lo que tener colegios en buenas condiciones nos tomaría al menos 50 años.

Es de considerar que la emergencia sanitaria representa un gran reto para la educación en el país. Sin agua, desagüe o infraestructura adecuada será imposible asegurar el retorno seguro a las clases presenciales o semipresenciales.

Además, como lo ha recomendado el SUTEP, las medidas de protección y distanciamiento demandan de la construcción de nuevas aulas, que permitan reducir el número de alumnos por grupo de estudios; se requiere de la contratación de no menos de 100 mil maestros y auxiliares, mejorar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, y garantizar la prestación de asistencia en salud emocional y alimentación a los estudiantes, severamente afectados por la crisis.

En consecuencia, resulta una gran omisión de parte del gobierno no haber considerado que desde el 2022 se destine el 6 % del PBI para Educación, pese a que la Corte Suprema de la República ha referido que la Constitución “debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica”.

Desde el SUTEP reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

¡El magisterio unido por el 6 % del PBI para educación!
¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/gran-ausencia-la-omision-del-6-del-pbi-para-educacion/