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Mujeres, con pobreza de tiempo libre: Cepal y OIT

Dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

La cultura latinoamericana que deja a las mujeres la responsabilidad mayor de cuidar a los hijos, a los adultos mayores y a realizar labores del hogar, hace que tengan una «pobreza de tiempo” que las aleja de la capacitación, formación profesional, autocuidado y de su vida personal.

Lo anterior de acuerdo con el documento “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Desafíos y oportunidades para la inclusión laboral de las personas jóvenes y la redistribución del trabajo de cuidados” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los organismos internacionales aseguran que debido al trabajo no remunerado que tienen que hacer las mujeres hay una menor tasa de participación laboral de las mujeres, porque ellas ocupan una parte importante del tiempo individual.

“En América Latina, las mujeres de entre 15 y 29 años que no están estudiando ni en el mercado laboral son las que más tiempo dedican al trabajo no remunerado: entre 40 y 75 horas semanales según el país (mientras los hombres jóvenes en esta misma condición dedican entre 9 y 26 horas semanales)”, explicaron la Cepal y OIT

En otras palabras, “las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por lo que la igualdad y la justicia pasan por redefinir estas cargas y avanzar decididamente hacia la sociedad del cuidado”.

Mujeres, pobreza y falta de tiempo libre

Ello implica que las mujeres destinan al trabajo no remunerado casi el mismo tiempo de una jornada laboral. Además de que entre más pobreza económica tengan menor acceso a escuelas o ayuda doméstica tienen, por lo que a su situación de pobreza se les añade la escasez de tiempo libre.

Para las mujeres con hijos menores de 5 años aumenta la carga de cuidados, por lo que hay menor presencia de ellas en los trabajos remunerados, mientras que cuando no hay presencia de niños y niñas en el hogar hay un mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo.

La desigualdad de genero se mide tanto en la participación laboral como en la alta incidencia del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que profundiza las desigualdades no solamente de la distribución de tareas, también del uso del tiempo que deja a muchas mujeres “en una situación de pobreza de tiempo”.

En “Chile, Guatemala y México, las mujeres jóvenes dedican más del 20% del tiempo al trabajo no remunerado, lo que limita mucho su capacidad para participar del mercado laboral”.

Trabajo no remunerado de las mujeres

De acuerdo con el estudio, en México, los hombre de entre 15 y 29 años dedican 9.3 horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que las mujeres de esa edad destinan 21.9 horas, es decir más del doble.

El país donde las mujeres destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es Guatemala donde ellas dedican hasta 25 horas, en contraste con 9.3 horas de los hombres. El Salvador es el país en donde destinan los hombres más tiempo a esas labores con 11 horas y media.

Si se considera el trabajo total, es decir, el remunerado y no remunerado, México es el país donde las mujeres destinan más tiempo a ambos con 76 horas, seguido de El Salvador con 74 horas y Ecuador y Chile con 72 horas cada uno. Mientras que los hombres en total destinan 67 horas en México, 68 horas en El Salvador y 66 horas en Costa Rica, lo que muestra que los hombres tienen más tiempo libre a la semana que las mujeres.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mujeres-con-pobreza-de-tiempo-libre-cepal-y-oit/

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Los 27 ministros de América Latina que buscan transformar la educación de la región

Por segundo año consecutivo, la Comunidad Araucaria reúne a ministros y secretarios de Educación para que participen en una intensa agenda de formación, vinculación e inspiración, con el objeto de potenciar las gestiones de cada uno de sus gobiernos locales.

Este martes, 16 de enero, comenzó en Madrid el segundo encuentro anual de la Comunidad Araucaria, una red de ministros y secretarios de Educación coordinada por Fundación Varkey y organizaciones aliadas. Se repite así la experiencia que tuvo lugar en Washington DC en enero 2023, donde participaron 23 ministros de Educación de 7 países. Con una mayor representatividad, ya que este año son 27 titulares de 8 países.

 

Los ministros -estaduales y nacionales- provienen de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Perú. Los temas a trabajarán son liderazgo, alfabetización, educación secundaria, educación y trabajo, comunicación, transformación digital, y educación del carácter, entre otros.

 

Primera jornada de la Comunidad Araucaria en Madrid

Primera jornada de la Comunidad Araucaria en Madrid

La lista de todos los participantes

 

Desde Argentina: Miriam Serrano (Jujuy), Susana Montaldo (Tucumán), Horacio Ferreyra (Córdoba), Alicia Fregonese (Entre Ríos), Pablo Lopez Silva (Tierra del Fuego), Daniel Busquet (Santa Cruz), Ramiro Aranda (Misiones). Desde Brasil: Rossieli Soares da Silva (Pará), Vitor de Angelo (Espirito Santo), Raquel Teixeira (Rio Grande do Sul), Ana Pancini (Rondinha), Roni Miranda (Paraná). Desde Chile: Nicolás Eduardo Cataldo Astorga (ministro nacional). Desde Colombia: Carlos Alicastro (Cucuta), Verónica Monterrosa (Bolívar), Laura Cáceres (Norte de Santander). Desde México: Martha Elena Soto Obregón (Querétaro), Juan Carlos Flores Miramontes (Jalisco), Jorge Enrique Hernández Meza (Guanajuato), Gerardo Arturo Solís Benavides (Baja California), Sofialeticia Morales Garza (Nuevo León), José Guillermo Adame Calderón (Durango), Carlos Gorocica (Quintana Roo). Desde Panamá: Maruja Gorday de Villalobo (ministra nacional). Desde Perú: Miriam Janette Ponce Vertiz (ministra nacional). Desde Uruguay: Virginia Cáceres (ministra nacional)

 

La experiencia representará la oportunidad única de acortar tiempos y distancias, optimizar recursos y profundizar en los desafíos educativos compartidos en la región. “Sabemos que el carácter dual del rol, técnico y político, es un desafío para los ministros. Conocemos el reto que representa la escasez del tiempo en cada una de sus gestiones, entendemos la complejidad que implica que la educación llegue a representar una prioridad verdadera para la ciudadanía y sus gabinetes, en un contexto regional complejo. Por eso mismo creamos Comunidad Araucaria, porque sabemos que hay salida y que es a través de la educación porque la educación es la solución”, afirmó Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE

 

Las actividades están pensadas exclusivamente para ministros y contarán con oradores de primer nivel como Juan Carlos Cubeiro, autor del ensayo Del capitalismo al talentismo, Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, Gonzalo Jover, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, además de Mariano Fernández Enguita, Luis Arroyo, Nuno Crato, Jo Ritzen, Carmen Pellicer,James Arthur, Manos Antoninis y Tamara Díaz.

 

Los ministros, además, tendrán una jornada académica en la Universidad Complutense, visitarán escuelas en grupos reducidos para interiorizarse sobre cómo funciona el sistema local y contarán con un taller en el diario El País. La agenda de reuniones prevé ser también de alto nivel: tendrán encuentros con autoridades como la ministra de Educación de España, Pilar Alegría; el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana Duro; y el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

 

Este encuentro cuenta con socios estratégicos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Fundación Botin, Fundación Coppel, Fundación Lemann, Fundación Trilema, Fundación Incluyendo México, Georgetown University, Instituto Natura, Leading Education, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Techint, Templeton World Charity Foundation, y la Universidad Complutense de Madrid.

Fuente: https://www.infobae.com/educacion/2024/01/17/los-27-ministros-de-america-latina-que-buscan-transformar-la-educacion-de-la-region/

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De la crisis a la oportunidad: cómo internet ha ayudado a los artesanos en América Latina a vender sus productos

De la crisis a la oportunidad: cómo internet ha ayudado a los artesanos en América Latina a vender sus productos

Artesanías, emprendimiento y tecnología: La revolución del comercio electrónico en América Latina

El auge del comercio electrónico y el acceso a las nuevas tecnologías ha abierto la puerta a que los pequeños negocios en la región puedan impulsar sus ventas a través del comercio electrónico.

Hace poco más de cinco años, Daniel Aranda ni si quiera se imaginaba el alcance que podría tener su negocio de artesanías en Ciudad de México. En plena pandemia, decidió dar el paso y crear una compañía para la comercialización de artesanías elaboradas por mujeres mexicanas a través de internet.

Lo hizo al ver que las nuevas tecnologías ofrecían una nueva oportunidad para seguir generando dinero, al tiempo que las medidas por el coronavirus obligaban a toda la población a confinarse como medida de prevención.

“Empezamos a ver que la única manera de poder vender de muchos artesanos era a través de los mercados o en la calle, y como todos estábamos encerrados, perdieron todos sus puntos de ventas. Entonces, eso nos preocupó mucho”, dice Aranda, que fundó “Hasta la raíz” junto a su hermano en la capital mexicana.

Daniel Aranda, fundador de "Hasta la raíz", revisa algunos de los productos que comercializa a través de internet elaborados por mujeres mexicanas.

Daniel Aranda, fundador de «Hasta la raíz», revisa algunos de los productos que comercializa a través de internet elaborados por mujeres mexicanas.

Artesanías más allá de los mercados tradicionales

Admite que su objetivo era buscar “nuevos puntos de venta” que no se limitara a los típicos mercados de la zona y, de paso, también ayudar a quienes más estaban sufriendo por las consecuencias de la pandemia.

“Decidimos que íbamos a centrarnos en artesanías elaboradas por mujeres porque durante esa exploración de artesanos, vimos que quienes peor la estaban pasando eran mujeres embarazadas o madres solteras que no tenían cómo llevar ingresos al hogar”, relata a la Voz de América.

También se dio cuenta que las nuevas tecnologías suponían una gran herramienta para dar un impulso mayor a sus ventas ya que, de esta manera, su negocio no se limitaba a los mercados de la zona, y gracias a las plataformas de comercio electrónico cualquiera podría comprar sus artículos por internet.

“Desde 2020, solo estamos vendiendo por esta plataforma. No tenemos una tienda física y operamos y producimos todo desde Ciudad de México”, comenta aclarando que cada vez que reciben un pedido se elabora el producto de forma artesanal, por lo que “no hay dos productos iguales”.

Desarrollo de infraestructura de comercio electrónico

Según él, el desarrollo del internet para el comercio electrónico ha ayudado muchísimo a “democratizar” el acceso al comercio electrónico a las personas que cuentan con poco capital para emprender un negocio. Se ayudan de plataformas ya establecidas, como Amazon, que, por ejemplo, ofrecen sin ningún coste adicional toda la infraestructura para realizar los envíos y almacenar los productos listos para vender de forma segura y con garantías.

Las plataformas de comercio electrónico han abierto la puerta a que los pequeños emprendedoras puedan vender, sin prácticamente ninguna infraestructura, sus productos a nivel global.

Las plataformas de comercio electrónico han abierto la puerta a que los pequeños emprendedoras puedan vender, sin prácticamente ninguna infraestructura, sus productos a nivel global.

“Amazon hace que sea mucho más fácil para los emprendedores de pequeños negocios, para que tengan los recursos y las herramientas de manera fácil. Por ejemplo, si hay alguien que tienen un negocio pero no tiene tienda física, él tiene la oportunidad de vender a nivel global”, explica Janet Carega, portavoz de Amazon, en declaraciones a la VOA.

Las ventas por internet, en cifras

Amazon es la mayor compañía de comercio electrónico del mundo. En 2022, se reportaron más de 500.000 millones de dólares en sus operaciones globales, lo que supuso un incremento de más de 44.000 millones con respecto al año anterior, según datos proporcionados por la empresa. Aún no hay datos sobre las operaciones en 2023.

El auge del comercio electrónico junto con el incremento de las posibilidades para acceder a internet, especialmente en las comunidades con menos recursos, ha abierto la puerta a que pequeños emprendedores puedan ver una alternativa para sus negocios.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que unos 500 millones de personas en la región cuentan con acceso a la red, frente a los 200 millones que había en 2010.

En relación con el aumento del acceso a Internet a través de dispositivos móviles, aproximadamente el 57 % de la población en América Latina tiene al menos un servicio de Internet móvil activo, lo que significa que cuentan con la capacidad para conectarse a la red. Sin embargo, hay un 40 % de la población que, aunque tiene acceso a la cobertura de Internet móvil, no lo utiliza.

Además, la tecnología de telefonía móvil de quinta generación (5G) también ha experimentado un rápido avance. Se espera que en los próximos años, alrededor del 15 % de los accesos a redes móviles en la región sean a través de la tecnología 5G. Esto indica una adopción creciente de tecnologías más avanzadas en las comunicaciones móviles, lo que podría significar mejoras en la velocidad y la eficiencia de la conexión para quienes utilicen esta tecnología y, por ende, más oportunidades de negocio para el comercio electrónico.

La salvadoreña Ana Sofía Guzmán ha creado Binibi, una compañía que produce libros bilingües para que los niños en América Latina aprendan a leer en inglés y en español.

La salvadoreña Ana Sofía Guzmán ha creado Binibi, una compañía que produce libros bilingües para que los niños en América Latina aprendan a leer en inglés y en español.

El “poder” de internet

“Sin el internet no estaríamos acá. El internet nos ha permitido empezar un negocio con muy pocos recursos y poder tener una mayor expansión, llegando a clientes que, de otra forma, no hubiésemos podido llegar”, comenta Ana Sofía Guzmán, una emprendedora salvadoreña ha fundado Binibi, una compañía que vende libros bilingües infantiles para que los niños puedan aprender a leer en inglés y en español.

Es la misma opinión que comparte Walter González, otro emprendedor hispano con base en Miami, Florida, que en 2009 fundó Goja y que gracias a las plataformas de comercio electrónico ha podido establecerse, convirtiéndose en una de las empresas de mayor facturación a través de Amazon.

“Nos dimos cuenta de que el negocio se iba hacia las plataformas de mercados de internet”, comenta González, convencido de que “hoy en día, hay muy pocos negocios que puedan sobrevivir sin ninguna estrategia de comercio electrónico”.

Fuente de la Información: https://www.vozdeamerica.com/a/de-la-crisis-a-la-oportunidad-internet-ayudado-artesanos-en-america-latina-vender-productos-/7430649.html

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Libro (PDF): Resistencia y alternativas en el sur global

Por: Nayar López Castellanos Y Néstor Kohan (Coords.)/Desinformémonos 

Compartimos el libro Resistencia y alternativas en el sur global, de Nayar López Castellanos y Néstor Kohan (coords.), que compila reflexiones e investigaciones sobre «el estado actual en el que se encuentran las resistencias y alternativas en el Sur global, tanto desde las coordenadas teóricas como en el terreno práctico y empírico».

Prólogo

Resistencias y alternativas: esperanzas de futuro ante el colapso ecosocial
Nayar López Castellanos
Néstor Kohan

Esta obra colectiva, elaborada desde el Grupo de Trabajo de CLACSO Marxismos y Resistencias del Sur global, tiene como propósito central dar cuenta de un conjunto de reflexiones e investigaciones novedosas sobre el estado actual en el que se encuentran las resistencias y alternativas en el Sur global, tanto desde las coordenadas teóricas como en el terreno práctico y empírico.

De la mano de Marxismos y pensamiento crítico en el Sur global, la otra obra puente y también colectiva de nuestro Grupo de Trabajo, este esfuerzo se plantea provocar el debate a partir de la responsabilidad política y social que debiera prevalecer en los circuitos académicos y de la intelectualidad, y a la vez reivindica la visión crítica en torno a la realidad y las estructuras sistémicas en las que se reproduce el capital, sustentadas en la explotación de los pueblos, sus territorios y sus recursos naturales.

El libro está estructurado a partir de dos planos centrales. En uno, se presentan trabajos que ofrecen coordenadas generales de análisis sobre las resistencias del Sur global, para explicar categorías, representaciones y expresiones que ofrecen una visión sobre el papel y la trascendencia de dinámicas societales e institucionales actuales que, sin duda, constituyen un foco de esperanza frente al colapso multidimensional que el capitalismo neoliberal ha provocado en el planeta.

En el otro, los textos aportan una valoración particular de experiencias latinoamericanas que muestran la complejidad de las resistencias y las luchas que desarrollan los pueblos frente al capitalismo neoliberal, las oligarquías y las estructuras políticas nacionales que lo representan, caracterizadas generalmente por su autoritarismo y el uso maniqueo del modelo de la democracia representativa, el cual se encuentra en franco proceso de descomposición en el ámbito mundial, por más que lo nieguen los defensores del liberalismo que conciben la participación popular hasta cierto límite, y que incluso en ciertas circunstancias terminan apoyando abiertamente la criminalización de los movimientos sociales, los golpes de Estado y el propio exterminio físico de quienes se rebelan, resisten y
construyen alternativas.

Así, con este trabajo colectivo ofrecemos elaboraciones para el debate. Con argumentos sólidos y experiencias narradas desde el conocimiento directo de los procesos, los capítulos del libro parten de una mirada audaz sobre movimientos emancipatorios que cuestionan también el encasillamiento de que sólo pueden surgir desde una clase o un sector determinado de la sociedad. Por el contrario, la resistencia la puede protagonizar tanto el movimiento indígena zapatista, con sus lecciones de dignidad y democracia participativa, como un gobierno que enfrenta al imperialismo en el terreno político, económico, militar y cultural. Esa resistencia también existe en un mecanismo como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que enarbola una opción diferente de integración, en la que se buscan romper las asimetrías y crear comunidad regional, fuera de las órbitas del libre comercio tutelado por el hegemón del norte.

De igual forma, la obra se propone fortalecer el planteamiento que identifica a nuestro Grupo de Trabajo en torno a la plena vigencia de los marxismos como parámetro del análisis de la realidad concreta, sin dogmas. El espíritu de la crítica nos acompaña al desenmascarar y cuestionar no sólo los manuales y las cuadraturas del pensamiento neoliberal, sino también los falsos planteamientos de quienes aseguran que existe un rostro humano del capitalismo o de las interpretaciones que cuestionan hasta el límite de lo permitido por el propio sistema, terminando en ambos casos por conceder la autoridad del capital en el ordenamiento de la vida y las estructuras societales que la rigen.

Por ello, en estas páginas se puede encontrar la narrativa directa sobre los procesos de resistencia en el campo y en la ciudad, movimientos que han marcado la época contemporánea y el presente, la perversidad de los monopolios mediáticos. Pero también, podemos acercarnos a la valoración crítica de los procesos de transformación que se han vivido en países como Venezuela y Bolivia, a partir de consideraciones que permiten profundizar ampliamente en el análisis de los principales actores involucrados y sus acciones, para así lograr explicar contextos similares en otras regiones del Sur global. Incluso, podemos aproximarnos a la experiencia de importantes iniciativas como la discusión sobre paradigmas emancipatorios generada desde Cuba, sin duda uno de nuestros referentes centrales sobre las temáticas de este libro. Por ello, señalamos que en realidad Cuba es una escuela de las resistencias, de dimensión planetaria, con mil y una batallas que la sustentan como tal.

Si deseas seguir leyendo, te sugerimos descargar el libro de forma gratuita:

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Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org
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La violencia de género mata a una mujer cada dos horas: más de 4.000 en América Latina en un año

La violencia de género mata a una mujer cada dos horas: más de 4.000 en América Latina en un año

Manifestantes protestan contra la violencia de género en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre de 2023.

En América Latina cada dos horas una mujer es asesinada por motivos de género.

Hay más conciencia social, más leyes, más estadísticas y una respuesta estatal más presente, pero aún así la violencia feminicida se mantiene en la región. Por eso también hay más gritos que exigen que se detenga.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) diagnosticó en su último reporte la persistencia del problema en 26 países y territorios: una mujer es asesinada por razones de género cada dos horas.

En 2022, las víctimas latinoamericanas de feminicidios sumaron 4.050, según las cifras entregadas por los Estados, publicadas esta semana con ocasión de la conmemoración el sábado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pero los colectivos aseguran que esta lacra es mayor de lo que evidencian los datos oficiales.

“Por el derecho a vivir de todas las mujeres», gritaba el sábado un grupo de mujeres brasileñas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

“¡Basta!”, exigían con los nombres de algunas de las víctimas a sus pies acompañadas de zapatos sin dueña.

Los nombres de las víctimas de violencia de género y zapatos de mujer donados se muestran en el borde de la playa de Copacabana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre de 2023.

Los nombres de las víctimas de violencia de género y zapatos de mujer donados se muestran en el borde de la playa de Copacabana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 25 de noviembre de 2023.

Estos asesinatos son, en palabras de la Cepal, “la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.

De ahí que, como cada 25 de noviembre, las voces crispadas se multipliquen y se convocaran marchas y manifestaciones de uno a otro extremo del continente.

A más de 8.000 kilómetros de las playas de Río de Janeiro, en Ciudad de México, las protestas iniciaron el viernes por la noche con la plaza principal de la capital del país transformada en un ‘cementerio’ de mujeres.

Colectivos feministas cubrieron parte del Zócalo, frente a la sede presidencial, de cartones rosas que simulaban lápidas. Donde debía leerse el nombre de la difunta aparecía la palabra “feminicidio”. El singular panteón, decorado con veladoras y carteles en recuerdo de las mujeres asesinadas en el país, lanzaba una exigencia silenciosa de justicia.

En otro acto reivindicativo, en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México decenas de personas “intervinieron” siluetas violetas de mujeres con el puño en alto recortadas en madera en las que escribieron lemas o donde colocaron fotografías de las ausentes y con las que muchas marcharían este sábado en las manifestaciones previstas durante el día.

Según las estadísticas que maneja la Cepal a partir de encuestas en 10 países de la región, alrededor de 2 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos. Además, 1 de cada 3 vive o vivió agresiones físicas y/o sexuales por su pareja o expareja, “lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.

El organismo regional concluye, por tanto, que la amenaza recae sobre 88 millones de mujeres mayores de 15 años de América Latina y el Caribe. En el caso de las de más de 65 años, la violencia está “comúnmente normalizada e invisibilizada”.

Pero va más allá.

El último reporte deja en evidencia que un 4% del total de víctimas son niñas menores de 15 años. Y, según Cepal, hay casos de matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en 1 de cada 5 niñas. “Son una práctica nociva”, califica el documento, pero aún “persistente y extendida en la región”.

Además, más de 400 menores perdieron a su madre o cuidadora por feminicidio en 2022.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo del organismo regional, señaló en el comunicado que “la violencia feminicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes», pero que también «se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”.

Ante esta radiografía violenta, la Cepal recuerda que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas para frenar y castigar los asesinatos y agresiones contra mujeres, según estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2010.

En contraste, sólo 3 de 19 países reportan datos de fuentes oficiales sobre denuncias de violencia o medidas cautelares que permitan evaluar la eficacia de la política pública y de las instituciones; y solo en siete países hay regulación para atender e indemnizar desde el Estado a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.

 

Fuente de la Información: https://www.vozdeamerica.com/p/7217.html

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Estudio: Desigualdad, pobreza y clases medias en América Latina: del relato a los datos

José Juan Ruiz Gómez. Presidente del Real Instituto Elcano

 

AMÉRICA LATINA

Tema[1]

La desigualdad es un problema grave y extendido en América Latina, tanto en términos absolutos como relativos respecto a la economía global. A pesar del relato, los datos sugieren que no parece razonable considerar que nada ha pasado en América Latina en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Han pasado muchas cosas y la mayor parte de ellas positivas.

 

Resumen

Los datos confirman que, en términos de distribución de la renta, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Existe una extensa literatura académica que analiza los orígenes históricos y la evolución de este grave problema no sólo moral, sino también político y económico.

 

La desigualdad es por tanto un problema grave y extendido en la región, tanto en términos absolutos como relativos respecto a la economía global. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos han tenido un éxito relativo es su empeño –explícito o implícito– de reducción de la desigualdad.

 

Análisis

Mapa de la desigualdad: coeficiente Gini, 2019

Fuente: World Bank Poverty and Inequality Plataform.

Nota: según el país y el año, los datos se refieren a la renta disponible o al consumo per cápita.

Los datos, esta vez sí, confirman que, en términos de distribución de la renta, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Existe una extensa literatura académica que analiza los orígenes históricos y la evolución de este grave problema no sólo moral, sino también político y económico.

 

La Figura 1 toma los datos que Our World in Data obtiene del Banco Mundial y muestra que entre los 25 países con peor distribución de la renta –sobre un total de 89 economías– figuran 16 países latinoamericanos.

 

Figura 1. Índices Gini, circa 2023 (16 países de América Latina entre las 25 economías del mundo con peor distribución del ingreso)

La desigualdad es por tanto un problema grave y extendido en la región, tanto en términos absolutos como relativos respecto a la economía global.

 

La Figura 2 describe la frontera de desigualdad global que configuran los Índices Gini de estas 89 economías. Se ha construido sin ponderar por población o por tamaño de la economía, por lo que más que un indicador sintético de la desigualdad global lo que traza es el éxito o fracaso de esas 89 economías en su objetivo de reducir los Índices de Gini, una medida popular de la desigualdad pero que, no hay que olvidar, no capta todas las dimensiones del problema: discriminación en el acceso a la salud, a la educación, sesgos de género, discriminación racial, intergeneracional, igualdad de oportunidades o movilidad social.

 

Figura 2. Frontera global de la desigualdad (promedio móvil sin ponderar por población o PIB de los Índices de Gini de 89 economías entre circa 1980 y circa 2023)

Puede observarse que los máximos en los Gini se registraron entre los años 80 y 90 del siglo pasado y que, hasta la pandemia, a lo largo de las dos décadas del siglo XXI ha habido un intenso y sostenido proceso de reducción de los valores de esos indicadores. El mínimo se alcanzó en 2011, momento en el que nuevamente el indicador agregado comenzó a aumentar. El promedio del periodo es un Gini global de 0,36 y una reducción entre 2001 y 2019 del 7%.

 

Tomando esas referencias se ha construido la Figura 3 en el que se representan los Índices de Gini más recientes de esas 89 economías –eje vertical– y los cambios que se han acumulado en ellos a lo largo de estas dos décadas.

 

La figura distingue cuatro cuadrantes: países con Gini por encima de la media pero que en estos 20 años han reducido su nivel de desigualdad más que el promedio del total de países (Cuadrante I), países con Gini por debajo de la media y en los que se ha reducido más que en el promedio (Cuadrante II), países con desigualdad menor que la media, pero en aumento (Cuadrante III), y países con desigualdad por encima de la media y en los que la brecha ha seguido aumentando (Cuadrante IV).

 

Figura 3. Variación del Índice Gini en siglo XXI (14 países de América Latina en cuadrante que indica Gini altos, pero reduciéndose)

Como puede observarse, la mayor parte de los países latinoamericanos (14) se sitúan en el Cuadrante I, los dos que están por debajo de la media (El Salvador y Venezuela, con datos sólo hasta 2006) en el Cuadrante II, y Colombia, Costa Rica y Nicaragua (que ya estaban por encima de la media global de desigualdad) en estas dos décadas han agravado su situación de desigualdad. Junto a ellos están economías desarrolladas (EEUU), países africanos (Tanzania y Burkina Faso), asiáticos (Laos e Indonesia) y europeos emergentes (Rumanía).

 

Junto a estos fracasos, la mayoría de los países latinoamericanos han tenido un éxito relativo es su empeño –explícito o implícito– de reducción de esta dimensión de la desigualdad.

 

La Figura 4 muestra que, entre las nueve economías más grandes de la región, ocho –la excepción es Colombia– habían conseguido en el año 2020 situarse en el valor más bajo de la brecha frente a la mediana mundial.[2] Particularmente destacables son las trayectorias de Republica Dominicana y Uruguay, dos economías muy cercanas ya a la frontera global. En términos de mayores éxitos, Brasil encabeza el ranking y México se sitúa en segunda posición. Un hecho nada menor ya que se trata de las dos economías más grandes de América Latina que concentran más del 60% del PIB regional.

 

Figura 4. Reducción en América Latina de la brecha frente a la Frontera Global de Desigualdad (salvo Colombia, todos los países de América Latina están en valores mínimos de distancia a la Frontera

Interpretar correctamente los factores que están detrás de esta evolución es muy complejo porque sobre el resultado han influido un gran número de factores.

 

Por supuesto, una mejor evolución macroeconómica y un menor número de crisis sistémicas, la apertura al exterior y el consiguiente debilitamiento del poder de los grupos captadores de rentas, pero también políticas públicas específicas como los efectos acumulados del aumento del gasto público en educación, salud y otras políticas sociales.

 

Dentro de ellas, por su naturaleza y capacidad de innovación destacan las nuevas generaciones de políticas públicas de “transferencias condicionadas” (PTC).

 

La primera fue Progresa en México en 1997, después denominada México Oportunidades, pero la más famosa internacionalmente ha sido Bolsa Familia de Brasil.

 

En estos 20 años se han puesto en marcha 30 programas de este tipo en 20 países de la región, convirtiendo América Latina en el mayor laboratorio en el mundo de políticas sociales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cobertura de esos programas había pasado de menos de un millón de personas en 1996 a 132 millones en 2015 –el 20,9% de la población regional– y, en términos de hogares, de menos de 300.000 hogares en 1997 a 29,8 millones en 2015, el 17,5% del total de hogares de América Latina.

 

La Figura 5, tomado del referido documento de la CEPAL, cuantifica por países el importe de la inversión en PTC. Para el conjunto de América Latina esa inversión equivalía hacia 2015 al 0,33% del PIB, pero en Ecuador, Argentina y Brasil está por encima del 0,5% del PIB.

Aunque las PTC fueron diseñadas para combatir la pobreza más que la desigualdad y aunque tengan también consecuencias no deseadas sobre los incentivos políticos y económicos, sin duda, han marcado una nueva etapa en la historia de las políticas sociales del continente.

 

Un continente que además de los avances –insuficientes– en la lucha contra la desigualdad también ha cosechado un significativo éxito en la reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema.

 

La Figura 6 compara la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso por los tramos de renta habituales en la literatura académica entre la economía global y América Latina.

 

  1. Figura 6. Distribución de la población de América Latina y del mundo por umbrales de renta: pobreza extrema, pobreza y clases medias vulnerables y consolidadas en el mundo

(más…)

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Colombia, Brasil y México, los tres países en donde asesinaron a más defensores ambientales y de territorio durante 2022 | INFORME

Al menos 177 personas defensoras ambientales y de territorio fueron asesinadas en 2022, de acuerdo con los datos del más reciente informe publicado por la organización internacional Global Witness. América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que nueve de cada 10 asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia registró 60 casos, casi el doble de los 33 que se documentaron en 2021. La mayoría de los homicidios (64) fueron en contra de personas que pertenecen a comunidades indígenas. En la región de la Amazonía ocurrieron 39 ataques letales; la cifra muestra que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de tierra y ambiente.

América Latina no consigue garantizar la seguridad para quienes defienden ríos, lagos, bosques y todo lo que da vida a un territorio. En 2022, la región volvió a colocarse como la más peligrosa para ellos. Ese año, 177 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en el mundo, 125 de esos homicidios ocurrieron en países latinoamericanos, en especial en Colombia, Brasil y México.

Esos datos forman parte del más reciente informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio.

Si bien los 177 asesinatos ocurridos en el año 2022 representan un número menor a los 200 que se registraron en 2021, la disminución no significa que vaya a la baja la violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio, enfatiza Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.

Y hay un dato que refleja cómo la violencia en contra de los defensores ambientales no da tregua: durante 2022, en promedio, cada dos días el mundo perdió a una persona que dedicó parte de su vida a defender los territorios en donde la vida es amenazada.

Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

El más reciente informe de Global Witness vuelve a registrar una tendencia presente en otros años: las comunidades indígenas están sufriendo una violencia permanente. En el 2022, fueron 64 las personas defensoras indígenas que fueron asesinadas, esa cifra representa más de un tercio (36 %) del total de casos.

“Si bien cada vez se reconoce más el papel que (los pueblos indígenas) desempeñan en la protección de los bosques del mundo, siguen sin que se les brinde la protección adecuada y sin que se les incluya en la toma de decisiones”, se resalta en el informe.

Las mujeres sufrieron el 11 % del total de los ataques mortales. Además, el 22 % de todas las personas defensoras asesinadas se dedicaban a la agricultura en pequeña escala.

Entre los nombres de las personas defensoras de ambiente y territorio que están presentes en el informe de Global Witness se encuentra el de Jonatas Oliveira, hijo de un líder de Brasil. Tenía nueve años cuando lo mataron. En 2022, al menos, cinco menores de edad fueron asesinados: tres en Brasil, uno de Colombia y otro de México.

Laura Furones reconoce que es difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos. Aun así, a partir de la documentación realizada con fuentes abiertas y con organizaciones no gubernamentales en cada uno de los país, el informe de Global Witness señala que la agroindustria, la minería y la explotación forestal aparecen como los principales sectores económicos que tienen alguna conexión con los homicidios de personas defensoras de ambiente y territorio.

Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

América Latina: la región más violenta para los defensores

Los asesinatos de defensores ambientales y de territorio que documentó Global Witness en 2022 ocurrieron en 18 países, 11 de ellos están en América Latina. Colombia fue el país que registró el mayor número de homicidios: los 60 documentados representan casi el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021.

Entre las tres naciones en donde más asesinaron a defensores ambientales también se encuentran Brasil, con 34 casos, y México, en donde se registraron 31 homicidios.

Al igual que Colombia, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 la cifra aumentó a 34.

El 2022 representó el último año de gobierno de Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por abrir aún más las puertas de la Amazonía a la agroindustria y a la minería. Además, en el informe de Global Witness se apunta que durante su administración se debilitó a las instituciones ambientales. En Brasil, señala Furones, se ha dado “una carrera por la invasión de las tierras indígenas, por parte de intereses mineros y la agroindustria”.

México logró disminuir el número de asesinatos contra defensores ambientales y de territorio. Si en 2021 se registraron 54 homicidios, para el 2022 solo se documentaron 31. Furones advierte que disminuyeron los asesinatos, pero en el país como en otras naciones de la región han aumentado otras violencias, entre ellas la criminalización.

El informe resalta que Colombia, Brasil y México tienen algo en común: “Sus gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico”.

Otro de los países latinoamericanos que registran una alta violencia en contra de defensores ambientales es Honduras, en donde 14 personas defensoras fueron asesinadas en 2022. El informe de Global Witness resalta que el país centroamericano tiene el número de asesinatos más alto a nivel per cápita.

De acuerdo con la documentación realizada por Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas; el 70 % de esos homicidios (1335) ocurrieron en países latinoamericanos.

En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.
En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.

La urgencia de sumarse al Acuerdo de Escazú

Cinco de los países latinoamericanos que aparecen en el informe de Global Witness no son parte aún del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.

Brasil solo ha firmado el acuerdo, pero no lo ha ratificado. Y en octubre de 2022, Colombia ratificó el acuerdo, pero desde entonces, el tratado se encuentra en un proceso de revisión en la Corte Constitucional, instancia que determinará si el contenido de Escazú es acorde con la Constitución.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización no gubernamental, explica que en el país “hay mucha presión para tratar de limitar la implementación del Acuerdo de Escazú”. Esa presión, asegura, proviene sobre todo del sector empresarial.

Los más recientes datos del informe de Global Witness, señala Torres, deberían ser un motivo lo suficientemente fuerte para que “la Corte Constitucional pueda ratificar ya el acuerdo y comenzar a implementarlo lo más pronto posible”.

Honduras, Perú y Venezuela tampoco han ratificado el Acuerdo de Escazú.

En su informe Global Witness llama a que todos los países que forman parte de la región amazónica firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. “Utilizar su marco como hoja de ruta para la transparencia, el acceso a la información y la justicia medioambiental”.

Amazonía: una región bajo acoso

El informe de Global Witness dedica un apartado especial para la Amazonía, región en donde fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 eran originarias de comunidades indígenas. Esta cantidad representa más de la quinta parte de todos los homicidios cometidos contra defensores ambientales y de territorio en todo el mundo.

En junio de 2022, el brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y el periodista británico Dom Phillips, fueron asesinados en la Amazonía. El informe de Global Witness recuerda que, a 1000 kilómetros de donde los mataron, “las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami”.

Otras comunidades indígenas que habitan en la Amazonía también han vivido la invasión de sus territorios. Maria Leusa Munduruku, defensora ambiental brasileña que pertenece al pueblo Munduruku, recuerda que los invasores quemaron sus aldea y ella ha recibido amenazas de muerte: “Cuando alguien se pone de pie en contra de eso, termina amenazado”.

Durante los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro, las comunidades indígenas vivieron algo “muy terrible”, remarca María Leusa Munduruku. Ahora, con el gobierno de Lula de Silva, “estamos exigiendo al Estado que cumpla con la seguridad para los defensores del territorio. Para nosotros todavía no hay seguridad”.

Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.
Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.

En la región amazónica, la violencia también está afectando a las comunidades indígenas kayapós, de Brasil; uwottüja, de Venezuela y kakataibo, de Perú. El informe de Global Witness apunta que padecen la invasión de sus tierras, la contaminación de sus ríos y amenazas ocasionadas, en especial, por la expansión de la minería ilegal.

El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo Arana fue asesinado. Era líder de la comunidad uwottüja y miembro de la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Él denunció la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

En Perú, los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana, también llevan años denunciando las invasiones de sus tierras y la explotación ilegal de la madera de sus bosques. En su territorio, “los cultivos de coca están reemplazando al bosque”, se lee en el informe de Global Witness.

Tan solo en la región de Ucayali han sido asesinadas, al menos, tres personas defensoras de tierra y medio ambiente, de acuerdo con los datos de la organización internacional.

“Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediado precisamente por llevar a cabo esa labor”, señala Laura Furones, de Global Witness.

La responsabilidad de las empresas y de otros países

Los asesinatos ocurridos en la Amazonía y los daños ambientales provocados por las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, muestran la alta presión que hay sobre este territorio y quienes lo habitan. Ante este panorama, el informe de Global Witness hace un llamado: “Proteger la Amazonía es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta”.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones para detener la violencia y los asesinatos de las personas defensoras en la Amazonía, entre ellas que los gobiernos locales mejoren el monitoreo de las zonas de minería ilegal y hacer que se cumpla la ley. Además, que los gobiernos sancionen a las empresas que contribuyan a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Y, en especial, exigirles que cumplan con  requisitos de transparencia más estrictos, que permitan rastrear sus cadenas de suministro los minerales extraídos ilegalmente.

El informe de Global Witness recuerda que ya hay investigaciones en donde se han demostrado que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido “extrajeron o adquirieron oro… o vendieron maquinaria para la explotación minera” de las zonas en donde se encuentran los territorio indígenas de Brasil.

Es por ello que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señala que además de los países en donde están asesinando a los defensores, hay otros Estados que comparten la responsabilidad de garantizar su seguridad: “La Unión Europea puede cambiar la situación si en las disposiciones sobre debida diligencia obliga a las empresas a evaluar los riesgos para las personas defensoras”.

Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.
Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

Criminalización, violencia que va al alza

El informe de Global Witness alerta que sus datos solo muestran la violencia letal que sufren los defensores, sin embargo se ha observado que cada vez es más frecuente el uso de estrategias violentas como la criminalización, el acoso y los ataques digitales. “Hay otras formas de silenciamiento que no son letales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas y que son utilizadas para acallarlas. La criminalización es una implacable estrategia de silenciamiento; confronta a los defensores con el mismo sistema legal que los debería estar defendiendo”, resalta Laura Furones.

La organización Front Line Defenders, por ejemplo, documentó que la criminalización representó la agresión más habitual en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el año 2022, ya que representó el 34 % de todos los casos que se registraron.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), comenta que “la criminalización se está convirtiendo en la columna vertebral (de las agresiones). La criminalización está produciendo muerte civil en las personas, ya que tienen que abandonar sus territorios o no pueden acceder a empleo”.

En Guatemala y en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de acuerdo con la documentación realizada por UDEFEGUA, hay comunidades en donde el 60 % de sus hogares tiene a un miembro con una orden de captura.

* Imagen principal: Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía son objeto de múltiples amenazas, entre ellas la invasión de su territorio y los asesinatos: Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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