América Latina y el Caribe

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América Latina: Países destacan importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y grandes desigualdades que caracterizan a la región

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Países destacan importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y grandes desigualdades que caracterizan a la región

La XIX reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas fue inaugurada hoy con un llamado a fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos del COVID-19.

Representantes de los países de América Latina y el Caribe destacaron hoy la importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y las grandes desigualdades que caracterizan a la región e hicieron un llamado a fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos que impone la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La XIX reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue inaugurada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Juan Daniel Oviedo, Director General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en su calidad de Presidente de la CEA-CEPAL, y Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

En el encuentro, que se extenderá hasta el 27 de agosto, participan 39 delegaciones de los Estados miembros de la CEPAL y de 11 miembros asociados.

Durante su intervención, Alicia Bárcena advirtió que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado y pronunciado con mayor fuerza problemas sociales que infelizmente caracterizan a nuestra región, como son la pobreza y la desigualdad.

Precisó que la pobreza se incrementará 37,3% y alcanzará a 231 millones de personas; unas 98 millones de personas vivirán en extrema pobreza (15,5%). Asimismo, la CEPAL proyecta una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países de la región: el índice de Gini se incrementaría entre un 1% y un 8% en los 17 países analizados.

“La pandemia ha evidenciado con claridad que la desigualdad, problema sobre el cual la CEPAL ha insistido recurrentemente desde hace más de una década, no se sitúa solamente en el orden del discurso académico o técnico, sino que tiene consecuencias concretas y degradantes en la vida de las personas”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Añadió que la precariedad de los sistemas de protección social ha dejado a la deriva a millones de personas que, ante al cierre de sus fuentes laborales, han debido recurrir a otras alternativas de subsistencia, no pudiendo respetar las medidas de distanciamiento social y exponiéndose a los riesgos de la pandemia.

En este contexto, instó a seguir avanzando hacia formas más comprensivas de medir el bienestar y de visibilizar las brechas sociales a través de información estadística desagregada por características como género, etnia, grupo de edad, lugar de residencia y discapacidades, para no dejar a nadie atrás.

“Necesitamos generar instrumentos que den cuenta de las percepciones que tienen las personas sobre su propio bienestar y experiencias e incorporar elementos subjetivos en nuestra noción del bienestar. Debemos contar con una medición más completa de los ingresos y de la riqueza de las personas, para así generar mejores políticas públicas para disminuir la desigualdad en los recursos económicos. Necesitamos avanzar en sistemas de información que integren la estadística con la geografía y nos permitan visualizar dónde ocurren los fenómenos que nos interesan”, subrayó Alicia Bárcena.

Asimismo, la máxima representante de la CEPAL advirtió que la pandemia ha incrementado el riesgo de no lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ya venía presentando un avance dispar en la región. De acuerdo a un análisis de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región, se observa que se han alcanzado 4 metas; hay 15 que probablemente se cumplan según la tendencia actual; 8 necesitan más intervención de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están estancadas y 5 están en retroceso, precisó.

En el caso de los países del Caribe, la pandemia ocurre en momentos en que ya presentan un alto desafío para el cumplimiento de los ODS, debido a su mayor vulnerabilidad ante las crisis externas, sus altos niveles de endeudamiento, sumado a una mayor exposición al cambio climático y eventos externos del clima, con lo cual se requerirá de un esfuerzo adicional al ya realizado.

Alicia Bárcena destacó que, para el seguimiento de los ODS, la CEPAL ha creado la Plataforma regional de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway), la que tiene por objetivo servir de punto de encuentro y referencia para toda la información relacionada con los ODS, incluidas actividades, recursos de información, estadísticas, datos regionales, instrumentos analíticos específicos y productos de conocimiento desarrollados y puestos a disposición por las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los países miembros.

Juan Daniel Oviedo, por su parte, subrayó que la Conferencia Estadística de las Américas cumple 20 años y, bajo el liderazgo de la CEPAL, se ha transformado en un catalizador de la modernización de las oficinas de estadística y de innovación en materia de producción estadística en la región.

“El trabajo conjunto de los países de América Latina y el Caribe se vuelve fundamental para aprovechar como región la oportunidad que nos brinda la información estadística de calidad, objetiva y pertinente que nos permita, en el marco de la CEA, orientar la revitalización de los tejidos sociales, productivos y ambientales de nuestros países en el marco de la nueva normalidad”, afirmó.

Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas, en tanto, felicitó a las oficinas de estadística de América Latina y el Caribe por haber permanecido unidas durante la pandemia y recalcó que la cooperación internacional es ahora más importante que nunca.

Destacó que la región inspira al resto del mundo por la integración de la información estadística y geoespacial, lo que, en medio de la pandemia, nos permite sabes no solo cuántas personas están infectadas, sino también dónde se ubican.

“Toda crisis es una oportunidad. Definitivamente es un momento de datos”, afirmó.

En la XIX reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, las y los participantes analizarán los desafíos del COVID-19 como una oportunidad para fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística, y dialogarán sobre el papel de las oficinas nacionales de estadística como administradoras de datos. También abordarán la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y examinarán el progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la CEA.

Fuente de la Información: https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-destacan-importancia-estadisticas-visibilizar-vulnerabilidades-grandes

 

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América Latina: Ni la pandemia le da respiro a América Latina

Sergio Ferrari

Ni la pandemia le da respiro a América Latina

Por Sergio Ferrari

Latinoamérica, epicentro actual de la crisis sanitaria mundial, sigue siendo una presa deseada para los inversores extranjeros. En los últimos meses, en plena época de estragos pandémicos, cinco países del continente sufrieron severas amenazas de las multinacionales. Estas se apoyan en el régimen mundial vigente que protege las inversiones extranjeras por sobre los intereses nacionales. Otras naciones arriesgan futuras presiones y demandas en tribunales de arbitraje.

El blanco: Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala. Las armas:  amenazas o demandas ante tribunales internacionales de arbitraje ante medidas tomadas durante la pandemia. O bien, simplemente, oídos sordos ante la solicitud de los Estados de posponer arbitrajes en curso. El objetivo: evitar a las transnacionales cualquier posible pérdida de ganancias a causa de la crisis actual. Síntesis del Estudio de 20 páginas “Haciendo malabares. América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones” ( https://longreads.tni.org/es/isds-covid19-alc )que acaba de publicar el TNI (Transnational Institute), centro de investigación e incidencia política con sede en Ámsterdam, Holanda.

América Latina y el Caribe pagan el precio de haber firmado, en las últimas décadas, 470 tratados de comercio y protección de inversiones. De los cuales se han originado 282 demandas -en todo caso conocidas públicamente- de inversores extranjeros contra Estados,resueltas en tribunales de arbitraje internacional.  La gran mayoría de las sentencias favorecieron a las empresas trasnacionales con un costo de 31.000 millones de dólares estadounidenses, cifra astronómica que los Estados debieron desembolsar. Más inabordable aún, el monto que reclaman los inversores en las demandas pendientes cuyas cifras se conocen y que ascienden a 40.000 millones de dólares.

“Los tratados de protección de inversiones ya no se consideran remedios de último recurso, sino herramientas importantes en el arsenal de los inversores”, señala un documento de la Oficina inglesa de Abogados Simmons and Simmons citado por las investigadoras Cecilia Olivet y Bettina Müller, autoras del estudio del TNI.

La guerra de los peajes

Perú fue la primera nación en el mundo en recibir amenazas por medidas tomadas durante la pandemia. En abril del 2020, el Congreso aprobó una Ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia para facilitar la circulación de personas y mercancías. Varias concesionarias que administran el pago del uso de rutas anticiparon la intención de llevar la medida a un arbitraje internacional. La presión surtió efecto. El ejecutivo trasandino abrió en junio un proceso de inconstitucionalidad de dicha ley ante el temor certero frente a las sanciones que podrían producir las denuncias si se presentaran ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.

Debilitar el control soberano de la energía

Las amenazas contra México se dieron a partir de decisiones que su gobierno tomó en el terreno energético como consecuencia de la pandemia. Suspendió, para asegurar ahorros y controlar el mercado energético nacional, la entrada en operación de plantas de energía renovables, ligadas a multinacionales energéticas europeas que cuentan contratos leoninos. Entre estas empresas, las españolas Iberdrola, Naturgy o Acciona, la italiana Enel y la francesa Engie.

Tal como lo confirma el Estudio del Transnational Institute, algunas de las empresas españolas *afectadas* ya comenzaron a preparar demandas de arbitraje contra  México. Así mismo, empresas canadienses, insinuaron que las medidas del gobierno azteca podrían violar el TLCAN 2.0.  Bufetes de abogados especializados -como DLA Piper o Crowell&Moring- ofrecieron sus servicios a las empresas “perjudicadas”.

La deuda eterna

A Argentina las últimas amenazas le cayeron por su deuda externa. El Centro de investigación holandés recuerda que el 22 de mayo, en medio de la pandemia, el país sudamericano no pudo pagar parte de su deuda pública con un grupo de bonistas internacionales, entre ellos BlackRock -la empresa estadounidense de gestión de inversiones más grande del mundo. Esto se produjo en medio de la negociación de toda su deuda externa heredada del Gobierno anterior y que asciende, según cifras del TNI, a 66 mil millones de dólares.

El Transnational Institute lanza la hipótesis que las presiones de diferente tipo, entre ellas de parte del Bufete de Abogados White & Case – que asesora a los tenedores de bonos argentinos liderados por BlackRock- pudo haber tenido un impacto en el precio final de negociación. El 17 de junio dicho Bufete había publicado un comunicado donde expresaba que “nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles”. Entre las posibilidades de recursos legales está la de iniciar una demanda de arbitraje de inversiones.

Como recuerda el TNI, “White & Case no es un estudio jurídico más”. Forma parte de la élite de grupos especializados en arbitraje de inversiones, habiendo participado en por lo menos 73 casos inversor-Estado llevados adelante en el CIADI.

Pero aún más relevante, enfatiza el centro de estudios, es el hecho que White & Case fue el bufete que representó a 60.000 tenedores de bonos italianos que demandaron a la Argentina (el caso Abaclat) en 2007 al no aceptar la reestructuración de la deuda después de la crisis del 2001. Esta oficina legal aseguró en 2016 un pago de 1.350 millones de dólares para esos 60.000 bonistas.

Ninguna tregua

A pesar del pedido expreso de Bolivia para que se suspendan, dadas las consecuencias de la pandemia en su debilitada economía, las demandas de empresas privadas en tribunales arbitrales, la negativa fue la única respuesta.

Según José María Cabrera, actual Procurador General del país andino, los cuatro juicios de arbitraje internacional representan más de 3 mil millones de dólares. Se solicitó una suspensión en dos de ellos en el sector minero. Uno, con la multinacional suiza Glencore y el otro con el inversor estadounidense Julio Miguel Orlandini Agreda. Las dos solicitudes fueron denegadas por el ente arbitral.

Guatemala, que argumentó el estado de calamidad nacional producto del COVID-19, solicitó la suspensión de un laudo arbitral favorable a la empresa estadounidense TECO, representada por los abogados White & Case, de un valor de 21 millones de dólares. Integrando los intereses, la suma que debe pagar el país centroamericano es del orden de 36,5 millones de dólares. Para Guatemala, entre los países más empobrecidos del continente y con un sistema hospitalario ya colapsado, ese monto le representaría la posibilidad de instalar 108.000 camas extras para pacientes afectados por el coronavirus. O aumentar en un cuarto el presupuesto especial destinado para hacer frente a la pandemia. Un juez del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó tal solicitud.

Futuro aún más preocupante

Los cinco países mencionados en la investigación del TNI no son más que ejemplos. La tendencia se perfila más peligrosa y global. Muchos grupos de abogados al servicio de las transnacionales vienen especulando desde el inicio mismo de la pandemia, con nuevas demandas.

El bufete Ropes& Gray, por ejemplo. opina que «para las empresas con inversiones extranjeras, los acuerdos de inversión podrían ser un instrumento poderoso para recuperar o prevenir las pérdidas resultantes de las medidas gubernamentales relacionadas con el COVID-19».

En decenas de comunicaciones a sus clientes corporativos, los abogados de las empresas identifican medidas tomadas por los gobiernos que podrían originar demandas invocando las amplias protecciones que establecen los acuerdos de inversiones vigentes.

Por ejemplo, Colombia, Honduras, Paraguay y Argentina han tomado medidas durante la crisis que proveen apoyo directo a los usuarios de agua, tales como suspender la desconexión del servicio por falta de pago. El grupo notarial Hogan Lovells advirtió que esas medidas “podrían alentar a los inversores extranjeros a recurrir a las protecciones que figuran en los tratados de inversión”.

Por su parte, Chile y Ecuador han facilitado la emisión de licencias obligatorias que buscan evitar que las patentes sobre medicamentos y equipos puedan ser monopolizados por una empresa. Sin embargo, los abogados de arbitraje en materia de inversiones consideran que las medidas de los “gobiernos (…) de obligar a los fabricantes a que vendan medicamentos a precios muy reducidos o de quedarse con la propiedad intelectual o difundirla a terceros sin permiso” constituyen una expropiación y podrían dar lugar a demandas en virtud de tratados de inversión, explica el Informe del Transnational Institute.

El futuro está abierto y el punto de ruptura no lejos. Muchas empresas jurídicas ven en la situación de pandemia -como contraofensiva contra medidas sociales tomadas por los gobiernos- la posibilidad de salvar los platos rotos y recuperar inversiones para sus defendidos y ganancias para ellos mismos con el mecanismo de las demandas arbitrales.

También es cierto, que la “voracidad” de las transnacionales y sus asesores jurídicos en época de crisis sanitaria está llegando a un extremo tal que podría poner en cuestión, de cara al futuro, la aceptación de los Estados de esos mecanismos perversos en los acuerdos internacionales.  Si gobiernos-Estados confrontaran esas presiones estarían escuchando a importantes actores de la sociedad civil internacional que impulsan el desconocimiento del arbitraje y la anulación de estos mecanismos coercitivos en el futuro.

 

Autor: Sergio Ferrari

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ni-la-pandemia-le-da-respiro-a-america-latina/

 

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Mundo: 40 millones de hogares en América Latina viven pandemia sin internet

Noticias 1 comentario

Mundo/América Latina/30-08-2020/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve

La falta de internet, una herramienta esencial en tiempos de pandemia, ha limitado el acceso al trabajo y la educación remota en 40 millones de hogares en América Latina, pese a los esfuerzos de los países por mejorar sus capacidades digitales, informó este miércoles la Cepal.

Las tecnologías digitales han sido cruciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia, que en América Latina, duramente golpeada por el coronavirus, ha puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a internet, indicó el informe «Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19», presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su sede en Santiago.

«Hay más de 40 millones de hogares no conectados. La mitad de ellos se encuentran en los dos quintiles más pobres; esto prácticamente en todos los países es un problema», dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, durante la presentación del informe en una videoconferencia.

Según el documento, el 60% de los hogares y el 67% de los 650 millones de habitantes de América Latina usan el internet. En países como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares del quinto más pobre de la población tiene conexión a internet, mientras que en Bolivia, Paraguay y Perú, solo el 3% la tiene.

El estudio indica que ese bajo porcentaje amplía las brechas de acceso a internet, que condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas.

«Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión», afirmó Bárcena.

Para garantizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales, la Cepal propuso a los países garantizar una canasta básica de tecnologías de la información integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB.

También instó a construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional y avanzar hacia un «Estado de bienestar digital» que promueva la igualdad.

Trabajo y educación

Con la región paralizada por las cuarentenas, el teletrabajo aumentó en un 324% entre el primer y segundo trimestre de este año. Sin embargo, un 79% de los ocupados se desempeña en actividades que no pueden realizarse en la web, y sólo un 21,3% pudo acceder al trabajo en línea.

En cuanto a la educación, unos 32 millones de niñas y niños no tienen acceso a internet, mientras que un 46% de los estudiantes de la región viven en hogares que no están conectados. Esto también puso en evidencia las graves desigualdades entre los niños que van a clases en zonas urbanas y los que lo hacen en zonas rurales.

«Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital», afirmó Barcena.

Con América Latina en crisis económica y con una caída estimada del PIB de un 9,1% anual, el informe afirma que el internet ha mitigado el impacto en las empresas, que han aumentado sus páginas web en un 800% en Colombia y México y alrededor del 360% en Brasil y Chile.

En junio de 2020, la presencia en línea de empresas de comercio minorista aumentó 431% con respecto a junio de 2019. Tras la pandemia, el estudio estima que crecerá una nueva demanda basada en canales en línea que implicarán un esfuerzo de los países y el sector privado por entregar un mejor servicio. /AFP

Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/tecnologia/40-millones-de-hogares-en-america-latina-viven-pandemia-sin-internet/

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Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Banco Mundial y la depredación de los pueblos indígenas

Ollantay Itzamná

FILAC, Banco Mundial y la depredación de los pueblos indígenas

Ollantay Itzamná 

Fuentes: Rebelión

Para nadie es desconocido que el ente financiero internacional denominado Banco Mundial (BM), en su apuesta por expandir el hegemónico sistema económico neoliberal, financió y financia infinidad de proyectos extractivos que ocasionan violentos conflictos a pueblos indígenas. Incluso, varios de dichos proyectos (privados, públicos o mixtos) fueron y son letales para defensores/as de derechos de los pueblos indígenas.

La defensora indígena lenca, Berta Cáceres, en Honduras, fue asesinada, en 2016, por organizar resistencia comunitaria pacífica al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por BM.

Un mes después de aquel fatídico crimen, el entonces Presidente del BM, Jim Yong Kim, en un acto público, Nueva York, calificó dicho crimen como “un incidente” inevitable en sus proyectos.[1]

Como consecuencia de ese cúmulo de acciones u omisiones atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos financiados por el BM, el rechazo hacia este ente financiero en los territorios indígenas y sectores sociales comienza a crecer. Y, para intentar legitimarse en el mundo indígena este organismo financiero recurre a FILAC.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) es un organismo internacional de derecho público creado por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en 1992. Su objetivo es apoyar el autodesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en la región. Funciona con representación paritaria de pueblos indígenas y gobiernos.[2]

A FILAC conocí en Guatemala, en 2019, cuando organizaba la realización de reuniones con algunos indígenas mayas para justificar un proyecto de la FAO en dicho país, bajo la retórica de “consentimiento previo, libre e informado”.

Al inicio de la pandemia, FILAC me envió una convocatoria buscando candidatos indígenas para “financiarle” una cuenta en la plataforma comunicacional de zoom.us u otras. Más, no conozco de esta entidad que, ahora, busca constituirse en el vehículo de las representaciones y voluntades de los pueblos indígenas ante los grupos financieros y estados.

Según publicaciones oficiales de FILAC, esta entidad “mixta” busca constituirse en el único organismo internacional especializado en la promoción del desarrollo indígena en la región. Y, con financiamiento de grupos bancarios anti pueblos indígenas como BM, BID, y otros recluta a algunos auto nominados líderes o dirigentes indígenas para que agentes de dichos grupos financieros los adoctrinen y los envíen hacia los pueblos indígenas como doctrineros neoliberales.

Únicamente para referir como ejemplo, por motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 2020, FILAC convoca a indígenas a un “Diálogo Regional” virtual donde el conferencista principal es nada menos que el Vicepresidente del Banco Mundial (Humberto López), junto a representantes del BID.[3] Otro suceso llamativo es el reclutamiento que hace de algunos profesionales y dirigentes indígenas para que catedráticos españoles los capaciten en cómo defender derechos indígenas nada menos que en la Universidad Rey Carlos III.

Estas y otras constataciones nos indican que los predadores de derechos y de pueblos como BM, ahora, están utilizando a organismos “pro indígenas” para continuar adoctrinando y desactivando las legítimas acciones de resistencia en los territorios frente a la violenta invasión neoliberal sin consentimiento.

Los pueblos indígenas, desde nuestros territorios y ventanas digitales de opinión, debemos tener la claridad que entidades públicas creadas por los gobiernos como vitrinas de “representaciones” indígenas, sin consulta/consentimiento previo de los pueblos, son ilegítimos e ilegales (según contenidos del Convenio n. 169º de la OIT). Mucho más cuando dichas entidades reclutan a supuestos dirigentes o representantes indígenas para adoctrinarlos en la condición de colonialidad aprovechándose del estado de necesidad de estas personas.

Notas:

[1] Véase https://www.youtube.com/watch?v=tJWZ102R4LA (en el minuto 1:01)

[2] Véase, https://www.filac.org/wp/que-es-el-filac/

[3] Véase, https://es.scribd.com/document/471706956/FILAC-Di-a-Internacional-de-PPII-2020

Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos

Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/

@JubenalQ

Fuente de la Información: https://rebelion.org/filac-banco-mundial-y-la-depredacion-de-los-pueblos-indigenas/

 

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La FAO lanza la campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos”

Noticias

Noticia/13 Agosto 2020/rebelion.org

Una campaña para empoderar a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe fue lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con apoyo de otras 24 entidades privadas, públicas y multilaterales.

Se trata de la quinta edición de la campaña #Mujeres rurales, mujeres con derechos, destinada a “reconocer las formas de organización, los conocimientos, capacidades y las necesidades urgentes de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes de la región, acrecentadas por la pandemia de covid-19”, informó la FAO.

En las zonas rurales de América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres, y una parte de ellas tiene un papel importante en la producción y abastecimiento de alimentos.

Ese papel, sumado a la preservación de los conocimientos y saberes tradicionales, será el eje de la campaña que se emprenderá principalmente a través de las redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, se indicó.

Las mujeres rurales continúan trabajando para atender la demanda de alimentos en las ciudades, comunidades rurales y en sus propias familias, pese a limitaciones para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros, capacitación, así como a los mercados.

Además, muchas trabajan de manera informal, por lo que no tienen mecanismos de protección social, que hoy se han vuelto una necesidad fundamental, y esta situación puede ser aún más compleja para las mujeres indígenas y afrodescendientes.

La campaña pondrá énfasis en la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la pobreza y la eliminación de la violencia de género, y apoyará las políticas públicas que impulsan las instituciones de los gobiernos para atender esta situación.

El hambre alcanzó a 47,7 millones de personas en esta región habitada por 629 millones, y puede llegar aumentar hasta 67 millones en 2030, aún sin considerar la actual pandemia, si no se adoptan buenas medidas para encararla, recordó la FAO en su sede regional en Santiago de Chile.

Otro tema de la campaña será “la gigantesca sobrecarga de trabajo no remunerado”, persistente desde antes de la covid y que las mujeres rurales enfrentan mediante labores productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno.

La pandemia hizo más compleja esa situación, pues además de sus tareas productivas, las mujeres deben dedicar gran parte de su tiempo a cuidar de niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad.

Se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la violencia de género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento físico que se han implementado en los países de la región para hacer frente a la covid.

Frente a esa situación, la campaña busca visibilizar a las guardianas e impulsoras del desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sumar esfuerzos a las políticas y programas que incorporen con ese propósito a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

Junto a la FAO participarán otras agencias del sistema de Naciones Unidas, órganos de gobierno como el Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura de Uruguay, grupos privados como la Fundación Microfinanzas BBVA, y entes de investigación como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/la-fao-lanza-campana-mujeres-rurales-mujeres-con-derechos/

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América Látina y El Caribe: Crecerá “alquiler de vientres” por crisis económica tras Covid-19

Noticias
América Látina y El Caribe/Autora: Elizabeth Muñoz Vásquez/Fuente: CIMAC Noticias

La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19 podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.

Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.

Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.

Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.

“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.

Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.

Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas

Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).

Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.

El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-,  el grueso de trata de personas”, cuestionó.

“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.

Fuete: CIMAC Noticias

Imagen: César Martínez López

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Educación en Latinoamérica: Las aulas, la curva o la desigualdad

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Por: dw.com.

Dicen los expertos que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus se sentirán todavía dentro de muchos años. Y pocas cosas tienen dejan tanta huella en el futuro de los países como la educación, o la ausencia de ella. Las consecuencias de perder la partida que juegan maestros y profesores hoy en las aulas se verán en su mayor parte cuando quizás ya sea demasiado tarde.

Este domingo (02.08.2020) Bolivia dio por terminado de forma anticipada el año escolar. El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, que había suspendido en marzo las clases presenciales, argumenta que no es capaz de garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en las áreas rurales. Por eso ha decidido que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente. No habrá reprobados.

«Los expertos han advertido de que esta pandemia durará mucho tiempo”, dice a DW Leone Tharcisio, del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo. El investigador explica que «la escuela tiene la función primaria de buscar la igualdad de oportunidades, pero en este caso el Estado habrá asumido que no es capaz de apoyar a los niños de los sectores más desfavorecidos, lo que lleva a un aumento de las desigualdades”.

Los sectores afines al partido del exmandatario boliviano Evo Morales ven en esta decisión un intento del actual Ejecutivo de evitar los conflictos con el sector docente, que desde hace semanas exige la dimisión del ministro de Educación. Lo acusan de promover la privatización de la educación en el país. Pero la medida también ha sido criticada por el sector educativo privado, que se ha declarado en emergencia económica.

Bolivia, sin embargo, no está sola en esta encrucijada. Son muchos los gobiernos en Latinoamérica que se plantean qué hacer con sus escuelas y millones de alumnos. No es cuestión de un par de meses: la región se ha convertido en el foco global de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud será «muy larga”.

¿Seguirán otros vecinos el ejemplo boliviano? «Depende del país, porque muchos países han puesto en marcha alternativas para seguir ofreciendo continuidad educativa pese al confinamiento”, explica a DW Stéphan Vincent-Lancrin, analista educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una niña accede a la plataforma educativa de su escuela en Buenos Aires¿Qué ocurre con las familias que carecen de medios materiales para que todos sus hijos continúen con su educación?

El experto destaca algunas iniciativas de continuidad educativa puestas en marcha en Sao Paulo, Bogotá o en diferentes partes del territorio peruano, las cuales han demostrado que el margen de acción, al menos en teoría, es amplio. «La mayoría ha optado por soluciones multimodelo que incluyen recursos educativos digitales, educación por televisión y radio y recursos impresos para los estudiantes”, explica Vincent-Lancrin.

Uruguay es, por ahora, el único país de la región en el que los alumnos han vuelto a las aulas. Pero recuperar la presencialidad no solo fue posible gracias a una buena gestión epidemiológica: también jugó un papel clave el desarrollo digital de la educación previo al COVID-19.

En este sentido, la argentina Agustina Lenzi subraya a DW que, aunque el final anticipado del año escolar «es un escenario a considerar en términos regionales”, cada país es un mundo. «La cuestión es qué decisiones políticas acompañan a esa decisión”, añade esta experta en políticas educativas desde la cuarentena en Buenos Aires.

Una clase vacía en la capital mexicanaAlgunas escuelas, como esta de Ciudad de México, han tratado de encontrar soluciones para facilitar la vuelta a las aulas

Desde Costa Rica, la investigadora en educación Diana Hernández advierte: «No creo que atrasando un proceso se pueda más adelante enfrentar mejor ese proceso, no necesariamente”. La educadora costarricense, en contacto con compañeros de gremio en toda la región, es consciente de que en la mayoría de los países «no solo no hay conocimiento de las herramientas, sino que no hay acceso, por lo que para los docentes es como empezar de cero”. Visto así, explica, no son pocos los que piensan que para medio año no tiene sentido el esfuerzo. «Entonces podría ser que otros países de Latinoamérica siguieran los pasos de Bolivia”.

Una nueva normalidad educativa en América Latina

Pero si se para el sistema educativo, tiene que haber una finalidad. «Estamos dejando a las personas sin acceso a la educación”, recuerda la docente, «estamos obligándoles a quedarse dentro de las opciones laborales que no tienen ningún tipo de seguro ni ningún tipo de oportunidad que no sea un escenario de explotación”. Además de la desigualdad, según las grandes organizaciones internacionales la informalidad de las economías latinoamericanas es uno de los factores que alimentan los graves pronósticos económicos para la región.

Está por ver qué rumbo toman los diferentes gobiernos latinoamericanos. La argentina Lenzi cree importante, en cualquier caso, entender que «la antigua normalidad antes de la pandemia no era deseable para todos y todas, era una situación muy desigual”. Es hora de repensar la educación, sea en una escuela, frente a una pantalla, ¿o quizás en un parque? Lenzi subraya la necesidad de poner a las personas en el centro: «la política educativa tiene el desafío de tender puentes entre quienes piensan la educación, quienes la gestionan y quienes la practican”.

Fuente de la reseña: https://www.dw.com/es/educaci%C3%B3n-en-latinoam%C3%A9rica-las-aulas-la-curva-o-la-desigualdad/a-54425787

 

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