En su informe, Koumbou Boly Barry destaca preocupaciones, desafíos y oportunidades sobre el derecho a la educación durante la crisis de COVID-19
“El fracaso anterior en la construcción de sistemas educativos fuertes y resistentes y en la lucha contra las desigualdades arraigadas ha abierto la puerta a un impacto dramático en los y las más vulnerables y marginados/as, a lo que ninguna medida temporal adoptada a toda prisa podría haber respondido completamente”, afirma la relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, en su informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities” (Impacto de la crisis de COVID-19 en el derecho a la educación; preocupaciones, desafíos y oportunidades).
En este informe, la relatora especial analiza los temas que considera más urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. “Actuar dentro de un marco de derechos humanos es crucial para garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no pongan en peligro el derecho a la educación y no aumenten el sufrimiento de los y las más marginados/as”, afirma.
Boly Barry también presenta en su informe una serie de recomendaciones para mitigar los impactos de la pandemia en la educación. En particular, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar, en cada contexto local, la dinámica que condujo a una mayor discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante la crisis. Se debe incluir un análisis de las crecientes desigualdades debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia; una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un análisis del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los y las trabajadores/as de la educación, incluso en el sector privado; y una revisión de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los y las docentes, los y las estudiantes, los padres, las madres y las comunidades.
Además, la relatora subraya que el despliegue de la enseñanza a distancia en línea (junto con la radio y la televisión) solo debe considerarse una solución temporal destinada a abordar una crisis. “La digitalización de la educación nunca debería reemplazar la escolarización en el lugar de trabajo con los y las docentes, y la llegada masiva de actores privados a través de la tecnología digital debería considerarse como un peligro importante para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas a largo plazo”, afirma. Para Boly Barry, es necesario que se realice un debate exhaustivo sobre el lugar que se debe dar al aprendizaje en el futuro, teniendo en cuenta no solo las posibles oportunidades sino también el efecto nocivo que las pantallas tienen sobre los niños, las niñas y los jóvenes, incluido su derecho a la salud y la educación.
Mira la grabación de la presentación de Boly Barry en la sesión de la ONU sobre el informe, con subtítulos en portugués:
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/relatora-de-la-onu-ninguna-medida-temporal-respondera-al-fracaso-en-la-construccion-de-sistemas-educativos-fuertes/
Documento publicado por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas, además de presentar una muestra de la realidad de la EPJA en siete países de la región.
¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″.
«Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población»
Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.
“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.
Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.
La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos.
Argentina
En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.
Brasil
La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.
Chile
En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.
El Salvador
Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).
Guatemala
Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).
Nicaragua
No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.
Perú
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.
República Dominicana
A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes.
Maria Aparecida de Moraes Silva. Lúcio Vasconcellos de Verçoza. [Organizadores]
Maria Aparecida de Moraes Silva. Lúcio Vasconcellos de Verçoza. Beatriz Medeiros de Melo. Juliana Guanais. Juliana Dourado Bueno. Tainá Reis de Souza. [Autores de Capítulo] ………………………………………………………………………… Colección Grupos de Trabajo.
ISBN 978-987-722-628-7
CLACSO.
Buenos Aires.
Julio de 2020
*Disponible sólo en versión digital
Los/as lectores/as conocen la grandiosa historia de la agricultura brasileña, bastante difundida, inclusive por los medios de comunicación. El contenido de esta recopilación versa, sin embargo, sobre una historia poco conocida. Una historia/reverso de aquella. Una historia real tallada por personas que producen la gigantesca riqueza de los commodities exportados para varios países del mundo. Nuestra mayor intención es que la historia/reverso pueda ser leída y reflexionada por personas que desean una sociedad más justa, en la cual el ser humano pueda sobreponerse al mundo de las cosas. Una historia/reverso que no puede caer en el olvido social. De la Introducción de Maria Aparecida de Moraes Silva
Link para descargar el libro: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=2211
Fuente de la reseña: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2211&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1407
En un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020, representantes de Estados, organizaciones y redes de sociedad civil de la región analizaron las respuestas a los impactos socioeconómicos del COVID-19.
44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.
Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»
Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.
“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.
En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.
“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.
Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:
Fuente de la reseña:https://redclade.org/noticias/especialistas-reclaman-un-nuevo-pacto-de-justicia-socioambiental-y-economica-para-los-pueblos-de-latinoamerica-y-el-caribe/
Unesco ha alertado que existen 258 millones de niños y jóvenes totalmente fuera del sistema educativo.
La crisis sanitaria mundial ha obligado al cierre de escuelas y universidades, afectando a un número sin precedente de estudiantes. Maestros y padres han sentido también el peso de la Covid-19.
El cierre de las escuelas en más de 180 países ha mostrado las desigualdades en materia de educación.
Es tiempo para que los garantes de la educación consigan experiencias de este periodo.
Covid-19: ¿Crisis del aprendizaje?
En 2017, Jim Yong Kim, médico surcoreano nacionalizado en Estados Unidos, y presidente en ese entonces del Banco Mundial, detallaba sobre lo que definía como una crisis del aprendizaje. Kim hacía referencia a que “la escuelas primarias y secundarias no les ofrecen a los estudiantes las herramientas necesarias para prosperar en la vida”. Y es que, según una investigación del propio Banco, se apreciaba ya, desde entonces, lo que definían como “una escolarización sin aprendizaje”.
Kim decía que “no es solo una oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia para los niños y los jóvenes de todo el mundo”. La investigación mostraba cómo, por ejemplo en Kenya, Tanzanía y Uganda, cuando se les pidió a los alumnos de tercer grado que leyeran una frase sencilla como “El perro se llama Fido”, en inglés o en suajili, el 75 por ciento de los evaluados no entendió lo que leía. En las zonas rurales de la India, casi el 75 por ciento de los alumnos de tercer grado no pudo resolver una resta con números de dos dígitos como 46 − 17, y en quinto grado, la mitad aún no era capaz de hacerlo.
En Brasil, si bien las habilidades de los estudiantes de 15 años habían mejorado, al ritmo actual de avance les llevaría 75 años alcanzar el puntaje promedio en matemática de los países ricos. En lectura, les llevará 263 años. Si bien en 2017 se alertaba sobre la crisis en el aprendizaje, ¿qué sucede ahora cuando una pandemia ha obligado al cierre de todos los niveles formales de educación en 189 países, debido al confinamiento?
Antes de la pandemia… ¿ya había pandemia?
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo hay, estadísticamente, 670 millones de analfabetos. En su discurso ante la reunión anual de la Unión Interparlamentaria en la sede de la ONU, en enero de 2020, el presidente de la Asamblea General, el nigeriano Tijjani Muhammad-Bande, lamentó que, actualmente, uno de cada cuatro países no asigna el 4 por ciento de su producto interno bruto (PIB) ni destina el 15 por ciento de la inversión pública a la educación.
Por su parte, la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la mexicana Gabriela Cuevas Barrón, expuso que 258 millones de niños no estarán escolarizados en 2030; que en la actualidad se necesitan 69 millones de docentes en todo el mundo; y que se requieren 39.000 millones de dólares en el mundo para construir escuelas y mejorar capacidades.
Era enero de 2020, cuando la pandemia del coronavirus no había transmitido golpes tan fatales en todas las regiones del planeta. ¿Qué sucede hoy, apenas seis meses después?
La internet: ¿Solución para todos?
Hubo un momento –el 12 de abril de 2020- en que, según la Unesco, más de 1.578 millones de educandos, el 90.1 por ciento de la matricula mundial, cesaron las actividades docentes. Una de las primeras medidas –léase soluciones- tras el cierre de escuelas y universidades en todo el mundo, fue la educación virtual. Pero las diferencias, que aparecían por todas partes, también se mostraban aquí.
El sitio de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) – agencia de Naciones Unidas especializada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) – muestra, en su último informe, no solo al equipamiento y los costos, sino también al estado del conocimiento y las aptitudes necesarias para avanzar con las tecnologías en el mundo.
En el informe, es fácil observar las enormes brechas digitales que existen, lo que hace pensar que el planeta no está preparado para la educación virtual. Pero… ¿cuál era, según el informe, la situación del acceso a internet en el momento mismo de aparecer la pandemia?
1.- En términos generales, la mitad de la población mundial usa Internet y menos de la mitad de los hogares tiene una computadora.
2.- Estimaciones globales sugieren que 826 millones de estudiantes no tienen computadora en casa, 706 millones no tienen acceso al Internet en casa y 56 millones no tienen cobertura de redes móviles 3G/4G» (Instituto de Estadísticas de la Unesco, 2020).
3.- En 2018, 57,8 por ciento de los hogares tenía conexión de Internet, 48,3 por ciento en los países en desarrollo y 17,8 por ciento en los países menos desarrollados.
4.- En 2019, Internet tenía una penetración de 53,6 por ciento en el mundo. 86,6 por ciento de los usuarios estaba en los países desarrollados y 19,1 por ciento en los PMD.
5.- 6.500 millones de personas (85,5 por ciento de la población mundial) carecen de una conexión fiable a Internet de banda ancha (PNUD, abril 2020).
6.- En 40 de los 84 países para los cuales hay datos, menos de la mitad de la población tiene competencias digitales básicas, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un adjunto.
Quizás pueda pensarse que las mayores insuficiencias están en el África subsahariana, pero el informe muestra que notables diferencias hay por todo el planeta, incluso en los países desarrollados donde existen también notables disonancias. Un mundo así no ha podido responder por igual a los embates de una pandemia.
Sistema de respuesta en América Latina: Mapeo regional-país por país
24 países de América Latina y el Caribe, actualizado al 17 de junio de 2020.
Los que nunca han asistido a un aula
Por estos días, es común en los medios leer cifras de estudiantes que están fuera de las aulas a causa de la pandemia… pero ¿cuál es la cifra de estudiantes que, independientemente de la pandemia, no ha asistido nunca a un aula?
Según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). el dato más voluminoso es que hay 258 millones de niños y jóvenes totalmente fuera del sistema educativo, y la pobreza fue el principal obstáculo para su acceso.
De ellos, 93 millones (31 por ciento de población en edad escolar) están en África subsahariana; 94 millones en Asia meridional y central (21 por ciento); 33 millones en Asia oriental y sudoriental (9 por ciento); 15 millones en África del norte y Asia occidental (17 por ciento); y casi 12 millones en América Latina y el Caribe. De la población no escolarizada, 15 por ciento son niños y niñas con discapacidades.
La ONU, en un documento titulado “Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of Covid-19″ (Responsabilidad compartida, solidaridad global: Respuesta a los impactos socioeconómicos de Covid-19), ha estimado que, entre 42 y 66 millones de niños y niñas podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis de este año.
En las poblaciones vulnerables, los niños y jóvenes tienen mayores dificultades para acceder a una educación a distancia. I Foto: elsoldepuebla.com.mx
De igual forma, las Naciones Unidas, en un texto publicado este 2020 bajo el título “The Impact of Covid-19 on Children” (El impacto de Covid-19 en los niños) ha proyectado que, en solo un año, se pueden revertir los últimos dos a tres años de avance en la reducción de la mortalidad infantil, y se espera que la desnutrición ascienda a 368.5 millones de niños en 143 países que normalmente dependen de los Programas de Alimentación Escolar.
Ya en marzo de 2020, el Programa Mundial de Alimentos calculaba que 300 millones de alumnos de primaria habían dejado de recibir sus alimentos al haberse suspendido sus clases. Unesco ha señalado, además, que la inactividad física, el acceso restringido a espacios al aire libre, la escasez de espacios interiores abiertos y un mayor tiempo frente a las pantallas, debilitará de manera general el sistema inmunológico. Stefanía Giannini, subdirectora general de Educación de la Unesco, y Anne-Birgitte Albrectsen, directora ejecutiva de Plan Internacional por la Covid-19, han agregado que es posible el aumento en las tasas de deserción escolar que afectará de manera desproporcionada a las niñas adolescentes, a la vez que se arraigarán las brechas de género en la educación y llevará a un aumento en el riesgo de explotación sexual, embarazo precoz y matrimonio infantil forzado.
Las preguntas que rondan
Ante estadísticas y previsiones de organismos internacionales que pueden resultar alarmantes, y teniendo en cuenta, además, el contraste de algunos países u organismos que sí han ofrecido respuestas acertadas, varias preguntas comienzan a rondar:
¿Qué estrategias o modalidades educativas, una vez reabiertas las escuelas, van a perdurar? ¿Qué habilidades tendrán el vigor de programar trasformaciones en los sistemas educativos del mundo? ¿Qué hacer con los millones de niños para los que siempre –no solo ahora, en tiempos de pandemia- la escuela ha permanecido cerrada?
Fuente de la reseña: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/covid-problema-sanitario-crisis-educacion-20200720-0063.html
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de COVID-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, revela una nueva investigación de openDemocracy, publicada este jueves 16 de julio.
La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.
América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes de la COVID-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio ministerio de salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de COVID-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de COVID-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas” por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares’. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del COVID-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin COVID-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de 1.000 casos de COVID-19 y una treintena de muertes, el ministerio de salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a decenas de mujeres y organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes de su confianza, prohibidos por la COVID-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de COVID-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador.Si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.
Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Una crisis global
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto.
En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba por entonces sumergida en la crisis de COVID-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a openDemocracy.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de COVID-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus, que al principìo le fue negado, según dijo.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las consultas de openDemocracy.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas preguntas para actualizar esos datos en julio.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli (Venezuela) y Agostina Mileo (Argentina).
America Latina/ 15/07/2020/Autor: FILAC/Fuente: http://estrategia.la/
Convocamos, a conformar una Concertación por el Buen Vivir, como espacio regional de diálogo e intercambio de perspectivas y propuestas compatibles con un modelo de desarrollo con identidad que permita a los Pueblos Indígenas y a la sociedad en su conjunto, enfrentar los principales efectos sociales y económicos provocados o agravados por la pandemia.
Vivimos en una época de crisis e incertidumbre. Enfrentamos una pandemia que se ha convertido en una crisis total, porque afecta a todas las personas del mundo y nos afecta en todos los planos: en la salud, en la economía, en lo político, en lo público y en lo privado, concluyó el Diálogo de Alto Nivel organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe, FILAC.
El Secretario Técnico de la institución, Álvaro Popex señaló que el documento llama a “poner a disposición de todos, una herramienta para construir juntos un mundo mejor, sobre la base del respeto de la naturaleza, todas sus culturas, sus hombres, sus mujeres, sus jóvenes y sus mayores”.
Es una crisis con alto grado de incertidumbre sobre el propio virus que la provoca, su origen, sus mutaciones, su futuro e hipotética prevención a través de una vacuna. También incertidumbre sobre lo que nos dejará, si es que algún día nos abandona, señala el llamamiento.
Crisis humanitaria
Como se ha expresado recientemente, el mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. El coronavirus no está atacando a un cuerpo sano. Está operando sobre sociedades con muchas dificultades, exacerbando sus graves problemas prexistentes.
El coronavirus se suma a previas complejidades que no solo no están resueltas, sino que siguen allí, esperando que nos hagamos cargo de ellas.
Solo hace pocos meses estábamos preocupados por los incendios en la amazonia e inundaciones en varias partes del continente, inocultables efectos del calentamiento global producto de un desastroso comportamiento humano sobre los recursos naturales.
A lo largo y ancho del continente vemos cuestionamientos profundos a las instituciones políticas, así como dificultades muy serias con el funcionamiento del sistema democrático.
Apenas hace un año, la Organización Internacional del Trabajo conmemoraba su centenario recordándonos que el mundo se está transformando radicalmente impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes, que tienen profundas repercusiones en la naturaleza y la dignidad de las personas.
Además, la primera pandemia de la globalización impacta sobre un mundo tremendamente desigual y no solo en lo económico, sino en todos los aspectos relevantes de nuestra sociedad, desigualdad notoria para personas y colectivos, por razones étnicas, de género, etarias, etc.
En ese contexto global, América Latina es la región más desigual y violenta del planeta.
Por tanto, podemos decir que la pandemia provoca una crisis total sobre una sociedad en desigualdad total.
Entre los sectores más afectados, sin dudas, se encuentran los más de 800 Pueblos Indígenas, alrededor de 60 millones de personasque viven en América Latina, que constituyen cerca del 10% de la población de la región.
Esta realidad multicultural es una riqueza enorme, pero al mismo tiempo está marcada por un hecho incontrastable: la discriminación estructural, marginalidad, exclusión y pobreza histórica, agravado por diversas transformaciones económicas y sociales en el marco de la globalización, el cambio climático que erosiona la biodiversidad y la persistencia de la raíz colonial en los países del continente.
De allí que, gran parte de los Pueblos Indígenas viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que significa, entre otros aspectos, altas tasas de desnutrición, inaccesibilidad a servicios de salud, precariedad de infraestructura y en general, imposibilidad de ejercer derechos individuales y colectivos fundamentales.
Pero la pandemia también nos ha mostrado otros aspectos de nuestra realidad. Estos meses, hemos comprobado que el virus no puede destruir nuestros conocimientos, nuestros mejores valores, la solidaridad, ni impedir que nos organicemos para sacar lo mejor de nosotros, como personas, como pueblos, como humanidad.
Los Pueblos Indígenas, están dando respuestas masivas, conmovedoras y eficientes desplegando vigilancia comunitaria, divulgando recomendaciones en sus idiomas originarios, aplicando sus propios sistemas de salud tradicionales, enfrentando el hambre con acciones solidarias.Las comunidades indígenas y también gobiernos de la región,se han puesto de pie para enfrentar al virus.
Ahora es cuando debemos poner nuestras máximas capacidades, compromiso y voluntad expresada en hechos, no solo para superar los impactos de la crisis, sino para actuar sobre sus orígenes causales para estar en mejores condiciones ante eventuales nuevos embates de esta magnitud.
Convocamos, entonces a conformar una Concertación por el Buen Vivir, como espacio regional de diálogo e intercambio de perspectivas y propuestas compatibles con un modelo de desarrollo con identidad que permita a los Pueblos Indígenas y a la sociedad en su conjunto, enfrentar los principales efectos sociales y económicos provocados o agravados por la pandemia.
El paradigma indígena del Buen Vivir – Vivir Bien, reconoce una interrelación sistémica de distintos dominios para construir un bienestar pleno: individual (armonía con uno mismo), social (armonía con los demás); ecológico (armonía con el entorno natural) y espiritual (armonía con nuestros antepasados y futuras generaciones).
A partir de ello, proponemos sumar pensamiento y esfuerzos de diversos actores, públicos y privados, nacionales e internacionales que, junto con los Pueblos Indígenas, lleven adelante un encuentro amplio y profundo con la finalidad de concertar acciones concretas.
Durante décadas hemos acumulado conocimiento, acordado valores esenciales como los derechos humanos individuales y colectivos, construido instituciones democráticas, impulsado ejemplos de desarrollo sostenibles plenamente respetuosos de la naturaleza y de las necesidades de las personas y también capacidad crítica sobre los errores cometidos y la necesidad de evitar recorrer caminos equivocados.
Este es el momento de hacer una síntesis de nuestros mejores avances, adaptarlos a la realidad actual y comprometernos a actuar sin dilaciones para que esta crisis nos permita salir fortalecidos como sociedad y como personas.
A partir de las evidencias que nos va dejando el análisis de la pandemia y sus efectos, proponemos que este espacio considere, al menos, los siguientes criterios:
Implementar los instrumentos existentes.Enfrentar la crisis no puede implicar retrocesos conceptuales, legales ni institucionales. Al contrario, se trata de una notable oportunidad de aplicar integralmente los avances generados en los últimos años como los estándares internacionales y el Plan de Acción Iberoamericano para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Atención de emergencias y visión de largo plazo. Sin perjuicio de buscar respuestas a demandas urgentes, se debe apuntar a identificar y operar sobre las vertientes causales que las provocan, teniendo una visión de mediano y largo plazo que permita concertar esfuerzos sostenibles para superarlas.
Abordaje holístico. Aunque los aspectos económicos y sanitarios son fundamentales, difícilmente puedan considerarse adecuadamente sin atender aristas políticas, culturales, sociales y otras del contexto actual. El desafío habrá de ser profundizar en áreas específicas sin desatender la visión integral de la realidad.
Agenda de transformación. Se trata de promover y realizar cambios profundos evitando la reiteración de políticas y acciones que no han logrado mejorar la realidad. Por ello, debe priorizarse atender los aspectos que están en el centro de las demandas de los Pueblos Indígenas y de las necesidades de la sociedad en general,
Este es el caso del modelo de desarrollo extractivista que prioriza el lucro a costa de la naturaleza y los derechos humanos, la gobernanza y ejercicio de derechos sobre tierras y territorios indígenas, la participación y consulta en el marco de los estándares internacionales, entre otros aspectos relevantes.
Perspectiva intercultural. El diálogo debe hacerse en base a una interacción equitativa y horizontal entre las culturas que conviven en el continente, sus expresiones y formas de ver el mundo.Entre otros aspectos, se deben buscar sinergias entre las innovaciones científicas y los conocimientos tradicionales propios de los Pueblos Indígenas como herramientas necesarias para entender y actuar sobre la realidad.
Resultados concretos. El espacio de concertación debe apuntar a que el proceso de intercambio de análisis logre productos específicos que pueden ser al nivel deacuerdos conceptuales, orientaciones acordadas, líneas de trabajo compartido entre varios de sus participantes e incluso, acciones concretas a impulsar en lo inmediato.
Ante una realidad como la que nos toca vivir, se trata de actuar a la altura de los desafíos que enfrentamos.
Requerimos de un espacio regional de alto nivel para el análisis y promoción de medidas que apunten a enfrentar las consecuencias y algunas de las causas que tornan tan graves los efectos de la pandemia,
Convencidos de ello, ponemos a consideración esta propuesta que esperamos sea de utilidad para ayudar acordar esfuerzos hacia el objetivo común de mejorar las condiciones de todas las personas que vivimos en esta región del planeta, concluye el documento.
* Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe, FILAC. Difundido por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/07/10/pueblos-indigenas-proponen-una-concertacion-para-el-buen-vivir/
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