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Costa Rica: Gobierno invirtió ₡247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos cuatro años

Gobierno invirtió ₡247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos cuatro años

Autor: nitzi.picado.deleon@mep.go.cr

Obras en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita en San José, en el Instituto de Alajuela, en el Liceo Académico Llano de los Ángeles en Corralillo de Cartago, en el IEGB de Limón 2000, en la Escuela Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces, Guanacaste; en la Escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily en Corredores, Puntarenas, y en la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva, Heredia, son un pequeño muestrario de los 582 proyectos de infraestructura educativa realizados por el Gobierno entre el 2018 y el 2022.

Con estas obras se han beneficiado 220.000 estudiantes en todo el país.

En total, la Administración Alvarado Quesada invirtió ₡247.647 millones en centros de educación preescolar, escuelas y colegios.

De ese monto, ₡197.716 millones corresponden a trabajos finalizados, entre obras nuevas, remodelaciones, mantenimiento mayor e intervenciones menores, en todas las provincias: 139 obras se desarrollaron en Alajuela, 117 en Puntarenas, 115 en San José, 75 en Guanacaste, 68 en Limón, 38 en Cartago y 30 en Heredia.

Además, quedan 47 obras en ejecución y hay 39 proyectos en etapa de adjudicación.

“Durante estos cuatro años trabajamos para avanzar en importantes proyectos de infraestructura educativa en todo el país. Tuvimos la claridad de que esta es una inversión en el presente y el futuro de nuestros estudiantes para ofrecerles una educación de calidad. Hicimos un gran esfuerzo porque las necesidades son enormes y nuestros recursos limitados. Tenemos la satisfacción de ver tantas obras finalizadas en todas las provincias para el bien de la niñez, la juventud y el desarrollo de las comunidades”, dijo Carlos Alvarado, presidente de la República.

A lo largo del territorio nacional. Como resultado de este trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP), hubo mejoras y renovaciones en centros educativos de la provincia de San José como el Liceo Napoleón Quesada en Goicoechea (casi ₡5.340 millones), en la Escuela Ramón Bedoya Monge en San Antonio de Puriscal (₡829,4 millones) y en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey (₡773 millones).

En la provincia de Limón se efectuaron importantes obras en 68 instituciones, entre ellas el CTP de Guácimo (unos ₡1.690 millones), el IEGB de Limón 2000 (₡1.567 millones), la Escuela La Teresa en Pococí (casi ₡728 millones) y la escuela de Hone Creek (₡344,9 millones).

Las escuelas Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces con una inversión de ₡1.789 millones, María Marín Galagarza en Santa Cruz con ₡792 millones y de Cartagena con ₡502,7 millones muestran el avance en Guanacaste.

En Heredia se transformó la infraestructura  en el CTP del Este en Santo Domingo (₡750,6 millones), la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva (₡532,8 millones), el IPEC Barva (₡483,7 millones) y el Liceo Rural Durán Ocampo en Puerto Viejo de Sarapiquí (₡413,5 millones), mientras que en la provincia de Alajuela quedaron las mejoras y obras nuevas en el Instituto de Alajuela (₡4.380,7 millones), el CTP de Upala (₡1.974 millones), la Escuela Sarchí Norte (₡557,6 millones) y Escuela Enrique Riba Morella en Pilas (₡874,6 millones), entre muchas.

Además, en la provincia de Cartago se invirtió en las escuelas Eduardo Peralta Jiménez en Tucurrique (₡786,7 millones) y Jesús Jiménez (₡590 millones) y el Colegio Nocturno de Cartago (más de ₡1.015 millones), y en Puntarenas en instituciones como la escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily (₡1.281,6 millones), escuela Guayacán en Laurel (₡645,4 millones) el Liceo Rural de Salitre en Buenos Aires (₡620 millones) y el Liceo Rural El Progreso en Comte Burica (₡561 millones).

Cambios necesarios. Además, se avanzó en la agilización de  los procesos constructivos en el MEP con el fin de atender las grandes necesidades en materia de infraestructura educativa que vienen desde hace décadas y las limitaciones de presupuesto para los requerimientos de tantos centros de estudio.

 Steven González Cortés, ministro de Educación Pública, dijo que la reorganización de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) planteó un nuevo modelo de trabajo enfocado en proyectos que busquen optimizar los procesos constructivos con acciones administrativas más ágiles y modernas. “Modernizar los procesos de la DIE permitirá satisfacer la demanda de las poblaciones y será un camino sistemático que busque aplicar técnicas e instrumentos que mejoren la gestión”, aseveró el jerarca.

Entre los grandes avances en este ámbito están:

Modificación del artículo 145 de la Ley de Contratación Administrativa en 2020. Permitió a la Proveeduría Institucional del MEP, contratar obras constructivas de alta cuantía por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). De esta forma, hay mayor control del gasto y del proceso como tal.

Agilización de procesos. Se creó una lista de empresas precalificadas, tanto para obra constructiva como para el diseño de planos. Esta es una de las formas de agilizar procesos, al permitir que las contrataciones se hagan por paquetes y en determinadas zonas, lo cual facilitará el plan de acción. En este momento, el MEP se encuentra a la espera de la aprobación de dicha lista por parte de la Contraloría General de la República.

Creación del Departamento de Mantenimiento. Aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la creación de esta dependencia permitirá disminuir los riesgos asociados al deterioro de las plantas físicas y reducir el número de órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. En la actualidad, la estructura está sujeta a contenido presupuestario, detalló el ministro de Educación.

Atención de solicitudes de infraestructura. Catalina Salas, directora de la DIE, se refirió a los avances en la gestión de los macroprocesos para atender las solicitudes de infraestructura educativa de los centros educativos.

Mencionó que, a partir del decreto ejecutivo 38170-MEP, un cambio significativo es que la Dirección de Planificación Institucional (DPI) del MEP, ha venido trabajando con la DIE en establecer una estrategia de atención de dichas solicitudes involucrando a parte importante de la estructura administrativa regional que tiene el MEP distribuida a lo largo y ancho del país.

Según dicha estrategia, las solicitudes deben ser avaladas inicialmente por el supervisor de circuito, quien, a su vez, las traslada a la Dirección Regional para su validación. Luego, la DPI usaría una serie de variables de evaluación para trasladarle a la DIE un listado priorizado de solicitudes por atender en materia de infraestructura educativa.

 

Fuente de la Información: https://www.mep.go.cr/noticias/gobierno-invirtio-%E2%82%A1247647-millones-infraestructura-educativa-ultimos-cuatro-anos

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Costa Rica: Colectivos sociales demandan posturas de candidatos presidenciales en empleo, educación y estabilidad financiera

Por Sofía Sánchez Ramírez

Las agrupaciones buscan alcanzar un voto informado y responsable basada en las respuestas de los candidatos.

En vista de la próxima ronda electoral, una agrupación de ciudadanos y ciudadanas y colectivos sociales, en su mayoría feministas, demandan posturas y respuestas de los candidatos presidenciales José María Figueres (Partido Liberación Nacional) y Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social Democrático) sobre los temas de empleo, educación, y estabilidad financiera.

Con el objetivo de tomar una decisión informada y responsable para el voto en las próximas elecciones, las organizaciones sociales recopilaron preguntas que “reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía”.

“Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población”, dicta el documento de iniciativa ciudadana.

El colectivo dictaminó las siguientes preguntas dirigidas a los candidatos, para analizar si existen propuestas viables dentro sus respuestas:

  1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?
  2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?
  3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?
  4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?
  5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?
  6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?
  7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?
  8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?
  9.  ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?
  10.  ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?
  11.  ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?
  12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?
  13.  ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?
  14.  ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

La redacción de las interrogantes cuenta con el apoyo de los colectivos Observatorio de Medios de comunicación y Género (GEMA), Diásporas feministas, Universidad Bíblica Latinoamericana, Foro de Educación Religiosa en Costa Rica, Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Arte para Volar, Colectiva Hijes del Mar, Informa-tico periódico digital, Profesionales para la ciudadanía, Quinta Esencia, Rosarce Consultoría, Colectivo Picos Rojos Feministas CR, Alianza de Mujeres Costarricenses, Mujeres en Acción y Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA); junto a más de 160 firmas independientes.

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Costa Rica destina 7,5 % del PIB a la infancia, según estudio de Unicef

El Estado de Costa Rica destinó durante el 2020 alrededor del 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la atención de los menores de edad, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo reveló que un 81 % de estos recursos se destinaron en forma directa, con becas, comedores escolares y hospitales, mientras que un 19 % fue de forma indirecta, a través de bonos de vivienda, cuidados prenatales y otros del entorno protector.

La mayoría del gasto público se dirigió hacia las personas entre los 12 y 17 años con un 39 % del gasto total; seguido por el gasto recibido por personas entre los 6 y 11 años (37 %) y por último, el gasto en personas menores de 5 años (24 %). Además un 52 % del gasto fue hacia hombres y un 48 % hacia mujeres.

«Invertir en la infancia es una forma estratégica de reconstruir el país social y económicamente durante y después de la pandemia. Estos datos nos muestran la importancia de contar de forma permanente con este tipo de análisis, para enfrentar los desafíos y cerrar las brechas presupuestarias para que cada niño, niña y adolescente pueda contar la protección de todos sus derechos y desarrollar todo su potencial», dijo la representante de Unicef, Patricia Portela.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Del total de recursos directos, un 49 % se invierten en educación por medio de entidades como el Ministerio de Educación Pública, seguido de salud en donde se destina el 28 %, por medio de las acciones, en su mayoría realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

En el área de protección social se destina el 12 %, en donde se destacan las iniciativas de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, que entre sus acciones, buscan brindar protección a las personas menores de edad.

«Es una tarea ineludible del Estado garantizar el disfrute de los derechos de las personas menores de edad. Es así como la información que provee este estudio busca servir de base para el análisis y seguimiento de las políticas públicas y objetivos sociales establecidos», manifestó la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez.

Con respecto a la inversión por derechos de la niñez y la adolescencia, la mayor proporción se destina al derecho de desarrollo, que representa el 54 % del gasto total; seguido de supervivencia con un 37 %.

Según explica la investigación esto es debido a que el país dirige gran parte de sus esfuerzos y recursos a fortalecer el sistema educativo y de salud para que la población cuente con servicios de fácil acceso y calidad.

Los derechos, cuyas áreas están recibiendo una menor asignación, son protección con 9 % del gasto total dirigido a las personas menores de edad y un 0,4 % en el tema de participación.

El documento es realizado por el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con 66 instituciones públicas y el acompañamiento de Unicef y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-infancia_costa-rica-destina-7-5—del-pib-a-la-infancia–seg%C3%BAn-estudio-de-unicef/47354974

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Costa Rica y Panamá desarticulan organización de explotación infantil

Las autoridades de Costa Rica y Panamá desarticularon este jueves una organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad y rescataron a 5 víctimas panameñas.

El operativo, a cargo de la Policía de Migración de Costa Rica y la Policía Nacional de Panamá, se llevó a cabo en localidades de ambos países en la zona fronteriza y dio como resultado la detención de tres sospechosos- dos en Panamá y uno en Costa Rica.

Las autoridades llevan a cabo este jueves 4 allanamientos en Costa Rica y 8 en Panamá, y de acuerdo con la información de las autoridades costarricenses, en Panamá fueron rescatadas 5 víctimas menores de edad.

La banda cruzaba a las menores de Panamá a Costa Rica y las trasladaba hacia un taller mecánico o a una vivienda ubicada en la localidad de Corredores, donde se cometían los abusos sexuales y se grababa material con contenido pornográfico, detalló la Policía de Migración.

El subdirector de la Policía de Migración de Costa Rica, Alonso Soto, explicó en declaraciones a los periodistas que la operación se denomina “Luz de Esperanza” y que se originó luego de información recibida por el Ministerio Público de Panamá, que posteriormente coordinó con su par costarricense.

“Se logra la detención del principal sospechoso a quien se le persigue por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, difusión de pornografía infantil y corrupción de menores, entre otros”, dijo Soto.

La Policía de Migración solo identificó al detenido en Costa Rica, quien es un hombre costarricense de apellidos Ulate Picado. Los cargos que se le imputan se castigan con penas que van desde los 8 a los 16 años de cárcel.

El caso sigue en proceso, por lo que las autoridades no descartan más detenciones en las próximas horas.

Fuente: https://elnacional.com.do/costa-rica-y-panama-desarticulan-organizacion-de-explotacion-infantil/

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Costa Rica: Estudiantes indígenas de Costa Rica luchan para continuar su educación durante la pandemia de COVID-19

Estudiantes indígenas de Costa Rica luchan para continuar su educación durante la pandemia de COVID-19

La historia de Enoc Hidalgo, un estudiante de nueve años de la Escuela Indígena San Joaquín de Boruca deja al descubierto la desigualdad entre las comunidades rurales e indígenas y las urbanas en el país centroamericano, pero también en otros muchos lugares del continente. Su ejemplo, muestra a la vez como estudiantes, familias y escuelas luchan para continuar con el proceso educativo en condiciones adversas.

 

Enoc Hidalgo llega a su casa apurado, tras atravesar una quebrada inofensiva a simple vista, pero que con los aguaceros de la estación lluviosa se convierte en una grave amenaza porque puede llegar a ser un torrente incontenible.

Su hogar está en el territorio indígena de Boruca, al sur de la provincia de Puntarenas. En el paisaje de la comunidad predomina la naturaleza, los caminos son de tierra y se siente la quietud de la vida rural.

Enoc tiene 9 años, es estudiante de cuarto grado de la Escuela Indígena San Joaquín de Boruca y su hablar tímido no esconde su tristeza por la imposibilidad de ir diariamente a la escuela debido a la pandemia, lo que cambió su vida y su forma de aprender.

Enoc vive con sus tres hermanas Génesis, Kristen y Tamara, así como con sus padres, las gallinas y al menos cinco perros propios y vecinos que reciben con curiosidad y ladridos a todo el que se acerca.

“A mí me gusta estar en casa, estudiar acá con mi familia y mis hermanas. Pero quería volver a la escuela, me gustan las matemáticas y las tablas de multiplicar y allá hay más silencio para estudiar”, cuenta Enoc.

En Boruca hay 26 escuelas y en ellas 157 estudiantes en educación preescolar y 527 en educación primaria. Todos ellos han tenido que lidiar con el mismo desafío: la pandemia por COVID-19 y la suspensión de clases presenciales sacaron a relucir los problemas de conectividad, la falta de dispositivos adecuados, y todas las dificultades de aprender a distancia.

Junto a su familia, Enoc ha continuado su proceso educativo en época de pandemia. Su mamá y sus hermanas le apoyan para hacer las tareas.

El virus alteró todo el calendario escolar

Las autoridades educativas suspendieron las clases presenciales a partir del 17 de marzo de 2020 y aunque el objetivo era reanudarlas en el transcurso de los meses, la propagación del virus y sus consecuencias han alterado el calendario escolar y no todas y todos los estudiantes han tenido la oportunidad de regresar a los colegios.

De hecho, la tercera ola de la pandemia volvió a golpear con fuerza a los centros educativos y, como medida para limitar la movilidad en todo el país y reducir los contagios de COVID-19, el Ministerio de Educación Pública aplicó una interrupción del curso lectivo desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio de 2021, de modo que el calendario escolar del año 2021 se extendió hasta el final de enero de 2022.

En este contexto son precisamente los estudiantes de centros rurales y de zonas en condición de vulnerabilidad, como los territorios indígenas, los que más han sufrido las consecuencias del impás educativo.

En Costa Rica residen más de 104.000 personas indígenas, pertenecientes a ocho pueblos y la mayoría de ellos conviven con fuertes rezagos en comparación con el resto de la población. Por ejemplo, el 70% de los hogares indígenas presenta necesidades básicas insatisfechas en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda, mientras que el porcentaje nacional llega al 24%.

El porcentaje de mujeres adolescentes indígenas que son madres supera el doble del total nacional (10,2% frente al 4,3%). Además, el porcentaje de niñas indígenas en unión libre es del 12,7% frente al 4,3%. Sólo el 40% de los indígenas tiene acceso a agua potable, mientras el alcance nacional es del 90%. Asimismo, apenas el 67% de la población indígena tiene acceso a la electricidad, mientras que el 99% de toda la población sí lo tiene.

Respecto a la educación, sólo el 13% de las personas indígenas se gradúa del colegio y el 41% de esta población presenta algún rezago escolar, pero Enoc y muchos otros estudiantes de los territorios indígenas no quieren ser parte de esa estadística y se esfuerzan, aún en la adversidad, para salir adelante.

Las imponentes montañas en la provincia de Puntaneras, al Sur de Costa Rica.

La distancia y sus dificultades

Al lado de su casa, Enoc y su familia tienen una amplia cocina con vista al paisaje verde azulado que los rodea. Ahí se reúnen para comer, hablar y estudiar y, ahí fue donde su madre, doña Evelyn Leiva, nos comentó más acerca de este proceso de aprendizaje en casa, que les cambió la rutina.

“Este periodo ha sido bastante complicado porque también estudio y estaba haciendo mi trabajo de graduación a través de Zoom con mi tutor, más atender lo de ellos y la casa, pero salimos adelante. Con los que están en la escuela fue complicado por la accesibilidad, por eso finalmente se optó por guías impresas”, señala doña Evelyn.

Alrededor de la cocina juegan sus otras dos hijas menores Kristen y Tamara, que también son estudiantes de la Escuela Indígena San Joaquín. Génesis, la mayor de sus hijas, es estudiante del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires.

“Una se da cuenta que les hace falta compartir con otros y que esa posibilidad la tenían en la clase y los recreos. También existe preocupación porque una siente que no da la talla con las tareas y que la explicación que les da no sea suficiente”, agregó doña Evelyn.

Para ella las Guías de Trabajo Autónomo (herramientas elaboradas por las autoridades educativas para promover el aprendizaje en tiempos de pandemia) resultaron difíciles de comprender en varias ocasiones y consideró que estaban “hechas para las escuelas de San José (capital del país)”. “Además, muchas veces las entregaron de forma incompleta, ahora con el retorno a clases todas las dudas pueden resolverlas mejor con sus maestros”, agregó doña Evelyn.

Enoc vive en el Territorio Indígena de Boruca en Costa Rica. Allí 684 niñas, niños y adolescentes, con el apoyo de sus familias,  continúan con su proceso educativo pese a las complicaciones de la pandemia por COVID-19.

Desigualdad, brecha digital y retos

Según datos recientes del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica hay 1,2 millones de estudiantes. De ellos, 425.000 tienen problemas de conectividad y cerca de 300.000 no cuentan con acceso a una terminal (computadora, tablet o teléfono).

Nunca antes nos vimos en una situación como esta, de trabajar a distancia. La gran mayoría de nuestros estudiantes no tenía conectividad, pero si tenían dispositivo y el que tenía dispositivo no tenia conectividad. Ante una situación tan compleja, se decidió trabajar con materiales impresos, pero eso además traía consigo una estrategia evaluativa complicada, falta de tiempo para entender y poco a poco con base a lineamientos se fue trabajando durante este tiempo”, aseguró Rafael Rojas, director de la Escuela Líder Doris Z. Stone, de Boruca.

La falta de conexión, de dispositivos electrónicos, de recursos para poner a funcionar de nuevo los colegios no han sido el único problema.

En las poblaciones indígenas se nota más la desigualdad porque no todas las madres indígenas saben leer y escribir. Tenemos también que tomar en cuenta otros elementos que aquejan a los padres de familia de un territorio indígena, como la tecnología, el teléfono celular y la recarga, la pobreza”, afirmó Lourdes Frasser, lideresa y propietaria de So Cagru Proyecto Eco Cultural.

Para esta educadora y ahora empresaria turística, “la pandemia ha sido más desastrosa que en poblaciones rurales–urbanas. Aquí, la transmisión de la educación está a cargo de las mujeres indígenas y siento que el problema ha sido más grande porque con la estadía en las casas se añaden otros problemas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual de adolescentes y el hecho de que los niños pasen más tiempo cerca de los abusadores”.

El 4 enero del 2022, el Ministerio de Educación Pública anunció la reanudación de los servicios educativos presenciales en las escuelas públicas y privadas del país, para el curso lectivo 2022, a partir del jueves 17 de febrero y hasta el 22 de diciembre.

Este anuncio llena de alegría a Enoc y a miles de estudiantes quienes esperan ansiosamente el retorno continuo a la escuela, para aprender y compartir con otras niñas y niños.

Para garantizar el retorno seguro a las lecciones presenciales, Costa Rica empezó  en enero de este año la vacunación infantil en edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, convirtiéndose en uno de los tres países de la región, junto con Chile y Argentina, en la aplicación de la vacuna pediátrica. La vacunación de adolescentes de 12 a 17 años comenzó el 25 de octubre del 2021.

Además de prevenir el contagio del Covid-19, este curso lectivo marca un gran desafío para Costa Rica porque deben acelerarse las acciones para recuperar los aprendizajes no logrados y realizar mayores esfuerzos para cerrar la gran brecha digital que quedó en evidencia con la pandemia y que afecta la educación y las oportunidades de empleo futuro de las actuales generaciones.

La ONU respalda  el regreso a la escuela en Costa Rica con asistencia técnica, recursos financieros y material educativo y de protección.

El papel de la ONU

Allegra Baiocchi, coordinadora de la ONU en Costa Rica, destacó que el regreso a la educación presencial de las poblaciones más excluidas, como niñas, niños y adolescentes indígenas, es clave para superar las desigualdades y la brecha en el acceso al Desarrollo Sostenible. “Desde ONU reafirmamos nuestro compromiso para impulsar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de Enoc y de todas las niñas y niños indígenas de Costa Rica”.

Las Naciones Unidas han destacado los esfuerzos de Costa Rica por adaptarse a la pandemia y hecho un llamado urgente para el retorno a la presencialidad como mecanismo para superar la desigualdad.

La ONU ha acompañado también al país en la atención y respuesta a las principales necesidades para la reapertura de los colegios.

Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) apoyaron técnica y económicamente al Ministerio de Educación Pública para facilitar la educación virtual, así como en la Estrategia Regresar para el retorno seguro y progresivo a las clases presenciales.

“En UNICEF promovemos la importancia de la educación presencial para las niñas, niños y adolescentes en diversos ámbitos como lo académico, la salud física y mental y el desarrollo de capacidades para la vida. Debemos hacer todos los esfuerzos para recuperar el tiempo y los aprendizajes no logrados y que todos los estudiantes tengan acceso a educación continua y de calidad”, subrayó Patricia Portela, representante de UNICEF Costa Rica.

Además, UNICEF ha entregado equipos tecnológicos, kits de materiales para educación preescolar y primer ciclo, suministros de higiene crítica, como alcohol en gel, desinfectante, jabón líquido para manos y termómetros, a 642 escuelas del país en función de sus condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la ONU ha venido trabajando en territorios indígenas para promover y hacer cumplir el derecho a la educación de sus poblaciones.

Con ese objetivo, desarrolla múltiples iniciativas para prevenir la exclusión escolar y asegurar la educación temprana, a la vez que fomenta el liderazgo de adolescentes y jóvenes indígenas, impulsa la salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural; apoya iniciativas para la alimentación saludable y la prevención de la malnutrición.

Además, en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas del mundo, promueve la revitalización, el uso y la visualización de las lenguas indígenas y el diálogo intercultural.

Fuente de la Información: https://news.un.org/es/story/2022/01/1503142

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Roberto Cuéllar Martínez: Costa Rica, el país sin ejército que lidera la guerra contra el cambio climático

Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, este país con renta baja y pocos recursos sigue impartiendo enseñanzas de vida, humana y natural.

El 1 de diciembre de 1948, poco antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Costa Rica sorprendió al mundo al abolir su ejército y extirpar de un solo tajo cualquier tendencia militarista en la política. Así, sin movilizar ni un tanque de guerra, a lo largo de siete décadas ha sido protagonista de una reafirmación democrática peculiar, a la vez que revolucionaria, en el desarrollo progresivo de sus conquistas sociales y ahora ambientales.

Este acto, genuinamente disruptivo, abrió la senda para reconstruir la ética social y refundar los principios identitarios del pensamiento, la convicción de libertad y la actuación democrática del ser costarricense. Sin duda, esta ha sido la médula que aún sustenta las decisiones transformadoras en paz con la naturaleza, madre y maestra de la convivencia humana.

Al observar lo que sucede en el mundo en términos medioambientales (la insólita devastación de los bosques y las selvas, la contaminación de los océanos, la polución que envenena las sociedades, el deshielo de los glaciares y su influencia en la ralentización de las corrientes oceánicas, la escasez del agua y el riesgo de la reducción en la producción de alimentos, entre otras manifestaciones de terror), se logra inferir que otra guerra no armamentista, aunque igual de devastadora, amenaza a la humanidad.

Desde 1990, el país logró pasar del 47% al 60% de la cobertura boscosa por medio del pago por servicios ambientales. Y es ahora, efectivamente, un territorio más verde con la mayor guarda forestal en Centroamérica. Lo ha hecho sin ejército y con más educación entre el campesinado, a través de excepcionales modificaciones curriculares en el sistema educativo para asegurar una sólida conciencia ambiental entre las actuales y futuras generaciones. Así como a partir de 1950 se canjearon las armas por violines y cuarteles por escuelas, Costa Rica transformó el espacio verde al otorgarle progresión social e imponer gravámenes a los combustibles fósiles en la debida preservación de la masa forestal.

La educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar

En esta obligación erga omnes (contra todos), Costa Rica vuelve a sorprender, porque en medio de la demoledora pandemia no ha dejado atrás los derechos emergentes ambientales, como lo es principalmente el del agua para la vida digna. Hasta 1990 algunos de los países vecinos les calificaron de comunistas por sus avances sociales, y ahora, con severos ajustes fiscales y en medio de la enorme crisis de salud, se empeña progresivamente en proteger más del 25% del territorio en parques nacionales y forestales, meta revolucionaria que emprendió en 1975. Tanto es así que China recién ha puesto atención a la construcción de sistemas de áreas protegidas en referencia a la experiencia costarricense.

En ese sentido, la cultura por la biodiversidad llena de vigor a la escuela. Y aquí cabe destacar el derecho a la educación como eje de sostenibilidad en la preservación de los bienes naturales, antes, durante y después de la pandemia.

Para afrontar esta crisis, Costa Rica una vez más ha puesto en perspectiva su principal bastión revolucionario: la educación como eje democrático, participativo, social, productivo y sostenible. Se han impuesto cambios en la formación integral ambientalista con equidad y en derechos, acciones que acompañamos decididamente la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Una muestra es el proyecto de cambio curricular y participativo orientado a la educación rural y ambiental que se realiza en la periferia del emblemático Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco —15 mil hectáreas bautizadas como la “montaña sagrada del agua”, única en Centroamérica—, justo cuando en este 2022 conmemoraremos el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. El proyecto contribuye efectivamente al empoderamiento del aprendizaje sobre derechos humanos y el entorno sostenible de la mano de los gobiernos locales y supervisiones educativas de 45 centros escolares aledaños.

Así, cabe destacar que la educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar. Y es que la misma Constitución Política señala el derrotero social, político y económico de una “Costa Rica natural”, al definir con precisión que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Esta meta humanista muy apremiante y tan propia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (en especial de los Objetivos  y 13º), y de la transformación educativa que proponemos, solo se logrará incluyendo en el centro del currículo una crítica a los mitos de la modernidad: el consumismo y el dinero. Asimismo, replanteando los esquemas pedagógicos sobre la base de una ética ecológica, de manera que la infancia y juventud escolar crezcan en la solidaridad, la responsabilidad y en la necesaria preservación del planeta Tierra. Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, la pequeña Costa Rica, con renta baja y pocos recursos, sigue impartiendo enseñanzas de vida —humana y natural— que recordaremos siempre, porque cada lección es liberadora, como aquella magistral que dictó la caducidad del ejército en diciembre de 1948.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-12-27/costa-rica-el-pais-sin-ejercito-que-lidera-la-guerra-contra-el-cambio-climatico.html

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