Centro América

Padres de familia podrían ir a prisión por el descuido en la Educación de menores de edad, actitud que propiciaría la incorporación de éstos a la vagancia o a grupos delictivos, como las pandillas, si el congreso decide penalizar esa conducta.

“Estamos valorando hacer obligatorio el tema de la Educación en todo el territorio nacional, y si eso no se ejecuta, la sanción será para los padres y madres de familia”, sentenció el diputado por el FMLN, Misael Mejía.

El parlamentario adelantó que “ese tipo de medidas podrían entrar en vigencia de inmediato en el país”, si son aprobadas por la Asamblea Legislativa, tras sostener que la disposición significaría “más protección a nuestra niñez, pero es (por) prevenir que (los menores) se involucren en grupos criminales”.

El legislador por el FMLN reiteró que la actitud displicente de los padres de familia hacia sus hijos menores de edad, podría “generar algún tipo de penalidad”.

Esa conducta hacia sus hijos menores, podría “generar algún tipo de penalidad a los padres y madres de familia que no se responsabilicen de lo que los menores tienen que hacer”, sentenció el legislador.

Otras propuestas

Tras la ofensiva gubernamental contra las pandillas, responsables de miles de muertos y extorsiones, en la Asamblea Legislativa han surgido diversas propuestas para castigar a menores delincuentes y homicidas, algunas hasta de juzgar a éstos como adultos, o de tipificar la mayoría de edad en El Salvador, que se alcanza a los 18 años, a partir de los 11 años.

Al respecto, Mejía insistió en que las disposiciones contra los padres de familia irresponsables, “tienen que entrar en vigencia de inmediato”, contrario a otras propuestas de modificar la obsoleta Constitución Política de 1983, enmiendas que podrían demorarse varios años para ser aprobadas y ratificadas.

“Cualquier otra reforma que hagamos, amerita una revisión a fondo para no estar aquí aprobando cosas que a lo mejor no van a dar resultado (y) que el país necesita en este momento”, razonó el parlamentario al hablar sobre una de las formas de comenzar a normar la conducta delictiva de los menores de edad. “No es correcto tomar algunas decisiones alocadas, de renunciar a Tratados, de hacer reformas constitucionales que no van a dar resultados inmediatos en el país, por eso necesitamos hacer una revisión”, insistió el parlamentario.

Incluso, advirtió que la Ley de Reinserción y Rehabilitación “podría (propiciar) extraer (de manera) obligatoria a algunos niños y jóvenes que son un riesgo de incorporarse a las pandillas”.

Defensas comunales

Mejía también se opuso a la conformación de organizar las comunidades para que los habitantes de esas zonas puedan tener control de sus territorios y defenderse de la delincuencia.

“Tenemos que revisar otras medidas, no debe ser un mecanismo de defensa civil, debe ser un mecanismo en el que la organización comunitaria, el tejido social, asuma mayores niveles de control, de responsabilidad con los menores de edad y evitar el crecimiento de las pandillas”, explicó.

“El Gobierno y el Gabinete de Seguridad han estado estudiando (la propuesta), pero no hemos hecho ninguna discusión… pero no se descartaría que, particularmente en los territorios donde no hay asedio de pandillas en este momento, fortalezcamos el tejido comunitario (para) que blinde a esas comunidades de que este flagelo llegue y se prolifere”, indicó.

Mejía, sin embargo, no descartó en que el congreso apruebe una ley para “hacer de carácter obligatorio que las comunidades se organicen y se protejan, no necesariamente tomando la Ley por sus manos, sino previniendo problemas de inseguridad”.