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Abuso sexual, ¿Quién tiene la culpa?

Por: Tahira Vargas García

En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

Recientemente nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 9 años que fue violada y asesinada por un señor que era su vecino.

La violencia sexual es invisible y legitimada. Solo aparece en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.

En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra la ausencia de responsabilidad y permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque “los provocan” o porque están “solas”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Gran parte de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido victimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso o figuras de poder como dirigentes políticos, legisladores, síndicos. Los hombres agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las victimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.

EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización.

Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que esté sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser el objetivo de toda campaña educativa en términos mediáticos y en todos los espacios.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/abuso-sexual-quien-tiene-la-culpa-8853179.html

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Exigen frenar la ola de la violencia contra líderes indígenas en Costa Rica

La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.


Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.

En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.

Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.

País marcado por la impunidad

El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.

Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.

En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.

Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.

Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.

El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez

Basta de impunidad

Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.

Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.

El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.

“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.

Foto: Costa Rica Ilustra

Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas

  • En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas.  El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
  • Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país.  Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!

Lista de organizaciones que apoyan la declaración

  1. Agora Association, Turkey
  2. AIDA Americas
  3. Arraigo ONG, Costa Rica
  4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
  6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
  9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
  10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
  11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
  12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
  13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
  14. Corporación La Caleta, Chile
  15. Culture Hack Labs
  16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
  17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
  18. Environmental Justice Foundation (EJF)
  19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
  20. Forest Peoples Programme (FPP)
  21. Front Line Defenders (FLD)
  22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
  24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
  25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
  27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
  28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
  29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
  30. Legal Resources Centre
  31. Londres 38, Chile
  32. National Alliance of People’s Movements of India
  33. New Wind Association, Finland
  34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
  35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
  36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
  37. Open Briefing
  38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
  39. Project HEARD
  40. Protection International Mesoamérica
  41. Public Association “Dignity”
  42. Rainforest Fund
  43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
  45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
  46. Success Capital

     * Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad

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Honduras: 30 mil estudiantes han abandonado las aulas este 2020 para migrar

A quienes llamamos el futuro de Honduras, están huyendo, dejan sus escuelas, sus juguetes y sus pasatiempos, para emprender un viaje desconocido.

De ellos apenas se sabe que son menores de edad y que ya no están en el sistema educativo porque migraron a otro país, tal como menciona una de las cinco causas de deserción escolar que, de forma preliminar, registra la Secretaría de Educación hasta septiembre de 2020.

En total son más de 105,971 niños y niñas que abandonaron sus centros educativos, pero tres de cada 10 lo hicieron por emigrar.

La Unidad de Datos de EL HERALDO tuvo acceso a las alarmantes cifras a través de la solicitud SOL-SDE-2133-2020, donde menciona que son 30,170 los casos registrados desde que inició el año escolar hasta septiembre de 2020.

Esa cifra representa un poco menos del dos por ciento del millón 876,824 que se matriculó al inicio del año lectivo, pero que es más evidente cuando se refleja por departamentos.

Para ser un poco más precisos, podríamos decir que los estudiantes que desertaron por emigrar representan un poco menos del total de matriculados en Ocotepeque, ubicado al occidente de Honduras.

Para Wilmer Vásquez, director ejecutivo de Instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (Coiproden), estas cifras solo muestran una parte de la realidad, pues en Honduras se puede medir el número de migrantes retornados, pero no los que salen del país.

“Una cosa es lo que ellos tengan registrado y otra cosa es todo lo que ellos no registran. No es cierto que todas las familias que huyen del país van y notifican al centro educativo de que van a migrar y por eso están desertando; creo que la cifra sí supera a las que tiene en este momento la Secretaría de Educación”, afirmó.

EL HERALDO le consultó a Fernando Zelaya, encargado de Tecnologías de la Secretaría de Educación, y afirmó que, en efecto, los datos son proyecciones y provienen de cifras que se levantan por departamento.

“Durante el año siempre hay movimientos y eso lo reportan los docentes; ellos averiguan si un estudiante migró, en ese caso no lo tienen que reportar como desertado aquí en el país, sino que como desertado por migración irregular a otro país”, especificó Zelaya.

Los números pueden ser superiores, sin embargo, permiten realizar un análisis rápido sobre la situación educativa de Honduras, que se ha agudizado con la pandemia del covid-19.

Los departamentos con más migración

En años anteriores, la zona occidental de Honduras, conocida solo por sus imponentes Ruinas de Copán o verde vegetación, era la que registraba más casos de estudiantes que abandonaban sus estudios por emigrar a otro país, pero en este 2020 las cifras muestran lo contrario.

Esto se debía a su cercanía con el vecino país de Guatemala, donde inicia la ruta migratoria fuera de tierras catrachas, según dijeron autoridades de Educación. Pero los expertos en migración aseguran que ese repentino cambio está relacionado con las caravanas migrantes.

Por ejemplo, el departamento de Cortés, donde su principal ciudad San Pedro Sula se ha convertido en el punto de partida de las caravanas, es el que registra el mayor número de deserciones por migración desde que inició el año escolar hasta septiembre de 2020.

Sin embargo, al hacer el análisis con la cifra de estudiantes matriculados al inicio del año lectivo y los que abandonaron por emigrar, Colón es el que tiene el mayor porcentaje en deserciones por esta causa.

Este departamento registró una matrícula de 74,368 estudiantes, pero para septiembre 2,492 estudiantes fueron reportados como desertores por emigrar a otro país.

Lo mismo ocurrió con Atlántida, el segundo en la lista. Hasta el noveno mes del año sumaba 2,832 casos de estudiantes migrantes, pero el porcentaje de deserción es menor que en Colón debido a que su matrícula fue de 92,705 alumnos.

Cortés se ubica en el quinto lugar, mientras que Francisco Morazán está entre los puntos geográficos con menor porcentaje. En el primer departamento la deserción fue de 2.25 y en el segundo alcanzó el 0.78% del total de la matrícula.

“La migración es algo muy difícil de controlar porque si los padres se llevan a sus hijos ,¿cómo se controla esa parte?”, preguntó el encargado de Tecnologías de la Secretaría de Educación, quien también afirmó que en este 2020 el mayor número de deserciones no será por esta causa sino por abandono.

En Honduras la segunda causa del abandono escolar es la migración, solo después de la deserción.

Para el director de Coiproden, estas cifras son el reflejo de la “desigualdad social” que hay en Honduras, especialmente porque el 70% de los hogares viven en pobreza y el 40% en pobreza extrema.

“La gente no se va porque quiere ir de paseo o porque quiere conocer Estados Unidos, la gente toma la decisión de morir en el intento, de arriesgarse de morir en el intento, porque ya saben que si se quedan en Honduras igual pueden perder la vida, ya sea por hambre, por falta de atención de salud o la misma violencia que ejerce el Estado”, dijo.

Además, afirmó que, en muchos casos, se trata de una situación de reunificación familiar, donde los padres mandan a traer a sus hijos para rehacer sus vidas fuera del país.

Migran más de la escuela que del colegio

Muchos de los estudiantes que migran no saben a dónde van o si quiera a dónde están, pero en el lugar en el que viven todos saben que, junto a sus padres o algún tutor, se convirtieron en migrantes.

La mayoría de alumnos que durante este año abandonaron las aulas de clase estaban en educación básica, es decir, entre primero y sexto grado, donde los menores aprenden a leer, sumar, restar y dividir, pero no a sobrevivir en la peligrosa ruta migratoria.

Seguidamente están los jóvenes de séptimo a noveno y los de educación prebásica que incluye a los menores de seis años que están en jardines de niños.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, siete de cada 10 estudiantes que migraron estaban en educación básica, dos en educación media y uno en prebásica.

“El (registro histórico) habla que el mayor abandono de las clases ocurre a partir del segundo ciclo, o sea de cuarto grado a media, siendo (el que tiene más casos) el tercer ciclo de educación básica y media. Eso se ve reflejado hasta en las matrículas, cada año va disminuyendo”, especificó el funcionario de la Secretaría de Educación.

Estos datos también se reflejan al hablar de las jornadas, pues el mayor número de deserciones eran estudiantes de las jornadas matutina, vespertina y extendida, es decir, menores que estudiaban de 7:00 de la mañana al mediodía, de 1:00 a 5:00 de la tarde o de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El resto ocurrió en jornadas donde la mayoría de estudiantes son jóvenes o adultos.

¿Quiénes migran más?

Aunque el registro no menciona datos sobre la edad de los estudiantes que migraron, la información, facilitada por Educación y analizada por EL HERALDO, muestra que los hombres son los que más abandonaron sus estudios por esta causa.

Del total de matriculados, el 1.74% de desertores migrantes son varones, mientras que 1.48 son mujeres. En otras palabras, esto significa que los hombres representan más de la mitad de los casos, pero existe un alto número de féminas que también dejaron sus estudios para convertirse en migrantes.

El Heraldo


Honduras supera los 81,600 casos positivos por covid y la cifra de recuperados es de 31,089

Por Damaris Torres

Honduras registra este jueves (8.10.2020) 512 nuevos casos de coronavirus para un acumulado 81,672 casos totales a nivel nacional.

De los 81,672 casos, están activos 48,106, fallecidos 2,477 con 11 nuevos decesos, mientras que la cifra de recuperados es de 31,089 con 499 nuevos pacientes que vencieron la enfermedad. Hay una tasa de letalidad de 3.03 por ciento.

Los nuevos contagiados se registran en los departamentos:

Francisco Morazán (146)
Cortés (71)
Yoro (205).
Comayagua (2).
Choluteca (1).
El Paraíso (33).
Olancho (3).
Copán (2).
Santa Bárbara (40).
Atlántida (1).
Lempira (1).
Ocotepeque (7).
Asimismo, el Sinager informó sobre el fallecimiento de 11 personas en los departamentos de El Paraíso, Cortés, Comayagua, Francisco Morazán y Ocotepeque. La cifra actual de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 2,477.

La cifra de personas que han vencido la enfermedad se elevó a 31,089 con 499 casos más.

El Singer, además detalló que el número de pacientes hospitalizados es de 759, de los cuales 577 pacientes se encuentran estables, en estado grave 154 y 28 están internos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/10/honduras-mas-de-30-mil-jovenes-abandonan-sus-estudios-para-migrar/

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El Salvador: Madre y su hijo de 6 años desaparecidos desde hace más de un mes

Madre y su hijo de 6 años desaparecidos desde hace más de un mes

La noche del jueves 2 de septiembre, sin dejar ni una pista, Blanca y su hijo, de seis años de edad, desaparecieron de un mesón en la avenida La Esperanza, de la colonia con el mismo nombre, en el municipio de Zacatecoluca.

Entre lágrimas, Marlene su hermana menor, relata el calvario que están pasando hasta la fecha, por no saber del paradero de ambos, y la situación se agrava, porque a su criterio, las autoridades han mostrado poco interés por ayudarles en el caso. “Un policía me dijo que la fuéramos a buscar en los barrancos”, comenta.

Blanca Estela Villalta, de 36 años, vivía desde hace dos años en el pequeño cuarto de un mesón junto a sus dos hijos, de seis y once años.

La noche del jueves, en la que Blanca y José desaparecieron, el otro niño se había ido a la casa de su papá, debido a que el sábado 4 de septiembre cumplía once años.

Aunque Blanca no estaba acompañada, sus familiares relatan que convivía con un hombre, de quién lo poco que saben es que estaba comprometido, por lo que ellos reprobaban la relación.

En el mesón que está protegido por un alto muro de concreto, el día de la desaparición de madre e hijo, habían cinco personas más, pero todas dicen no haber escuchado nada, a pesar, que las seis habitaciones comparten la misma pared, una junto a la otra y un enorme pasillo frontal.

En el lugar, su familia encontró, días después sobre la cocina, la comida que aparentemente ya no alcanzaron a cenar.

“A mí no se me quita de la mente y el corazón el presentimiento que ellos fueron sacados de ahí”, agrega la hermana y tía de los desparecidos.

En la habitación, según el relato de los familiares, todo estaba intacto, excepto dos electrodomésticos y el documento de identificación de ella, los cuales sospechan que fueron robados tras la desaparición de Blanca y su hijo.

Estela, la madre de Blanca, no pierde la esperanza que su hija y nieto regresen. Y aunque la mayoría de cosas las quemaron por temor, ella ha guardado dos camas, unas sillas y ropa de su hija y su nieto, las cuales ha acomodado detalladamente, en el patio de su vivienda que comparte con su esposo y los otros dos hermanos de Blanca.

“A Dios le hemos dejado todo pues no sabemos a que se dedicaba ella”, comenta con resignación su hermana.

Fuente de la Información: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/desaparecidos-madre-hijo-sin-aparecer-zacatecoluca/763180/2020/

 

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Guatemala sigue en deuda con sus niñas

Guatemala sigue en deuda con sus niñas

Guatemala, 11 oct (Prensa Latina) Guatemala arrastra hoy el calificativo de ser el peor país para las niñas, pues desde la cuna el sexo condiciona estereotipos y desigualdades, más si hablamos de indígenas, su grupo poblacional mayoritario.
En este Día Internacional de la Niña, cuando gobiernos destacan avances y se trazan metas en función de más acceso, en este país centroamericano grandes brechas sociales limitan el cumplimiento de tres derechos fundamentales, salud, educación y seguridad.

Cifras divulgadas por Unicef aquí confirman que, de cada 10 niñas indígenas, solo seis terminan la primaria y dos acceden a la Universidad.

En opinión de Carlos Carrera, representante en Guatemala del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ‘las niñas enfrentan grandes desigualdades para obtener la educación y las habilidades que necesitan para competir en un mundo laboral muy cambiante’.

En un video, a modo de mensaje por la fecha, destacó la necesidad de reforzar el proceso generacional de formación desde el aprendizaje hasta la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, abordando inicialmente la brecha digital.

Carrera llamó a romper los roles y estereotipos de género que les impiden alcanzar todo su potencial y recordó que la pandemia de la Covid-19 agravó esta situación, ya que más de 64 mil estudiantes se han retirado de los estudios, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Educación.

Discriminación, pobreza, violencia sexual, explotación y trata de personas van de la mano cuando se habla del tema.

De enero al 20 de mayo de 2020 se registraron mil 962 embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad y 44 mil 901 en niñas y adolescentes de 15 a 19, según cifras actualizadas del Ministerio Público.

Asimismo, de los 12 casos de violencia sexual reportados a diario, el 91 por ciento de las víctimas es una niña o adolescente.

La mayoría de esos abusos, lamentablemente, se produce dentro de la familia. Padres, abuelos, hermanos, padrastros, tíos, primos, son por lo general quienes atentan contra las menores, y el silencio o la tolerancia de la familia queda como cómplice de la atrocidad, apuntan estudios del Observatorio de los Derechos de la Niñez.

¿Qué futuro tiene una madre de 15 años con un bebé engendrado con quien tiene parentesco y muy probable vivan en un mismo techo?, alerta la fuente, al tiempo que considera las acciones del Estado insuficientes ante la dimensión del problema.

Poca educación integral en sexualidad, cultura machista, imaginarios sociales que condenan a la mujer a servir al hombre, son algunas de las causas citadas por expertos.

La vergüenza, el miedo al rechazo y la culpa de creer que ellas han provocado los hechos están detrás del comportamiento de no denunciar ante las autoridades un embarazo resultado de una violación, lo cual puede llevar hasta el suicidio, señalan.

Entonces comienza una cadena que trunca todas sus aspiraciones. Si son madres se reducen sus posibilidades de ir a clases, principalmente en el área rural, donde las niñas se exponen a doble discriminación por ser indígenas, pobres y campesinas.

tgj/mmc

Fuente de la Información: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402963&SEO=guatemala-sigue-en-deuda-con-sus-ninas
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El cuerpo femenino como un bien colectivo

El cuerpo femenino como un bien colectivo

Por Carolina Vásquez Araya

Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos.

Las esterilizaciones forzadas en los cuerpos de mujeres indígenas o de las capas más pobres de los países latinoamericanos y africanos no es novedad alguna.

En la década de los años 60, los Cuerpos de Paz estadounidense actuaron como misioneros para imponer por la fuerza el control demográfico en nuestro continente, con la graciosa anuencia de los gobiernos locales. Esa práctica de una crueldad inaudita nunca mereció juicios ni condenas y las mujeres castradas de manera tan salvaje como injusta tampoco recibieron reparación alguna.

La perspectiva oficial generada desde los ámbitos políticos en relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no ha cambiado. Las asambleas legislativas dominadas por el pensamiento hegemónico de una masculinidad mal entendida siguen imponiendo su agenda cargada de restricciones sobre más de la mitad de la población; y, de ese modo, se impide el ejercicio de ese derecho mediante castigos extremos.

En la mayoría de nuestros países se condena a mujeres, niñas y adolescentes que buscan asistencia sanitaria para interrumpir embarazos o, simplemente, cuando se presentan en los hospitales con emergencias obstétricas. Es decir, se les veda no solo el derecho de recibir atención sino también de optar por una solución humanitaria a su situación crítica.

Las mujeres, por el hecho de haber nacido como tales, son así declaradas un bien público por sociedades regidas bajo códigos estrictamente patriarcales. Ya avanzado el siglo veintiuno se perciben retrocesos aberrantes en la perspectiva de género, como por ejemplo en Francia, en donde han comenzado a agredir en las calles a jóvenes mujeres por vestir falda.

Actos de extremo salvajismo en un país supuestamente igualitario, avanzado, culto y en donde paradójicamente nació el pensamiento fundamental que consagra los derechos de la ciudadanía: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

El retorno a prácticas misóginas en países que habían logrado superar esas barreras, dicen mucho de cómo ha persistido, a través de los siglos, esa super valoración de la masculinidad contra la visión de un sexo femenino asociado a la sumisión, la obediencia, la inferioridad y la función subordinada de aportar su cuerpo como instrumento de beneficio social por medio de la reproducción controlada.

Los movimientos feministas han alcanzado grandes avances en términos prácticos, pero ni siquiera han llegado a rozar el núcleo mismo del sistema, cuya principal característica es un profundo temor al poder de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos como la política, la economía y la justicia.

Las mujeres gozan de iguales derechos y responsabilidades, de acuerdo con tratados y convenciones de efecto obligatorio. Sin embargo, derribar las barreras opuestas a su pleno desarrollo es todavía un tema pendiente que impide la evolución de la sociedad hacia estadios superiores de convivencia y, para ello, será necesario derribar los marcos valóricos obsoletos que nos rigen. A partir de ahí, comenzar de nuevo con una plataforma igualitaria, justa y de mutuo respeto.

El temor por el poder femenino es el mayor de los obstáculos.

* Periodista, editora y columnista chilena. Vive en Guatemala.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/10/el-cuerpo-femenino-como-un-bien-colectivo-por-carolina-vasquez-araya/

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El Salvador: Educación hace ajuste para que escolares no aplacen grado

América Central/El Salvador/11-10-2020/Autora: Evelia Hernández/Fuente: www.elsalvador.com

Dos estudiantes tienen que salir de sus casas y buscar señal para su celular en Tamanique, para poder seguir las clases en línea. Foto EDH / Archivo

Colegios advierten que promoverán a estudiantes por aprendizaje adquirido. La promoción automática puede traer problemas al alumno, advierte especialista en educación.

Las medidas son ejecutadas debido a que este año se suspendieron las clases presenciales a causa de la pandemia y las medidas de prevención y control de la enfermedad.

Las disposiciones están en la Normativa Transitoria para las Evaluaciones de Promoción de Estudiantes durante el año lectivo 2020 y la Continuidad Educativa 2021 , cuyo objetivo es promoverá a los alumnos a cursar el grado académico superior y que en los primeros tres meses de 2021 reciban un refuerzo educativo del contenido que tuvieron que haber recibido este año; al cuarto mes seguirán con contenido del grado a cursar.

Para que los alumnos puedan tener la “promoción orientada”, es decir pasar de grado, tienen que haber entregado como mínimo cuatro guías desarrolladas por asignatura en el trimestre. Con base a ese trabajo, los profesores asignarán nota.

“No queremos que ningún estudiante, de ningún grado se quede aplazado o pierda el año por culpa de la pandemia, que no es culpa de nadie (…) La idea es que todos pasen, pero no los podemos promover así de hecho, entonces lo que se está haciendo es dando las herramientas, metodologías y orientaciones necesarias para que existan procesos de nivelación que permitan avanzar y poder pasar el grado”, declaró Ricardo Cardona Alvarenga, viceministro de Educación.

Los estudiantes de educación inicial a básica tendrán seis meses, a partir del anuncio para entregar actividades y guías para complementar la nota mínima.

Y los alumnos que cursan último año de bachillerato tienen hasta diciembre para entregar guías de materias reprobadas y llegar a la nota mínima de seis para no perder el año escolar.

“La idea nuestra es dar todas las oportunidades para que no haya dificultad que algunos niños no alcancen la nota mínima (…) En caso que el estudiante tenga una materia pendiente y se termina el 2020, todavía en 2021 durante el primer trimestre los niños podrán entregar pendientes”, explicó Alexander Granados, director de Educación Media del ministerio.

La normativa está diseñada para dar flexibilidad en los métodos de evaluación y continuidad educativa para los escolares.

En los colegios

El representante de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, manifestó que el sector privado está a tres semanas de finalizar el año académico y están de acuerdo con las modificaciones anunciadas por el ministerio, como la suspensión del servicio social para los estudiantes de Educación Media.

La asociación recomendó que sea el docente que atendió al grupo de alumnos este año, sea el mismo que los atienda el próximo. Este punto fue aprobado por el Ministerios de Educación.

En cuanto a la flexibilidad de la evaluación y promoción, Hernández advirtió: “nosotros vamos a promover según la calificación de acuerdo al desempeño que han tenido, eso no puede cambiar aunque haya una pandemia”.

El representante de los colegios opinó que pasar a un alumno al grado superior sin haber aprendido ni las mínimas competencias requeridas “ es un daño para el estudiante”. Además, recomendó a los padres de familia que adquieran conciencia del aprendizaje se sus hijos.

“La edad cronológica del estudiante posiblemente no sea la más deseable para reprobar un grado, pero el sistema dio las suficientes opciones para poder rendir en la modalidad no presencial”, opinó Hernández.

Agregó que para el próximo año deben hacer ajustes curriculares sobre contenidos no servidos y que serán adaptados para ser enseñados en el primer trimestre.

El especialista en educación, Oscar Picardo, advirtió que las “promoción automática” de estudiantes debe implementarse con el 50% de logros en aprendizaje en el año.

“Sino se garantiza eso es como tirar una Promoción Automática, es simplemente engañar a la gente y llevarlos a un problema posterior, porque si no entendió matemática de quinto grado y te pasan a sexto grado, en séptimo te va explotar la bomba”, explicó Picardo.

El experto añadió que se puede implementar metodologías de educación acelerada en tres meses para que los niños puedan ser nivelados; sin embargo, advirtió que esta modalidad está recomendada para sexto grado y cuando los grupos de alumnos no son masivos.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, enfatizó que no se trata de una promoción automática.

“Lo que no queremos es que el sistema educativo propicie la deserción o el estancamiento del proceso de continuidad de los estudiantes, es decir que todos tengan la oportunidad”, dijo Cardona Alvarenga.

Educación aún no anuncia la fecha del inicio de clases semipresenciales para el año lectivo 2021.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-ministerio-de-educacion/762757/2020/#

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