Centroamérica/Nicaragua/28 Mayo 2020/prensa-latina.cu
El programa Universidad en el Campo (Unicam) fue lanzado hoy en Nicaragua como parte del Plan Nacional de Desarrollo, que pretende ampliar la cobertura escolar fuera de las ciudades con modalidades flexibles y pertinentes.
Divulgado por el Gobierno a través de los principales medios estatales, la iniciativa prevé la incorporación de 40 mil estudiantes de las zonas rurales de los 153 municipios del país en el cuatrienio 2020-2024.
Entre sus objetivos principales tiene la intención de fortalecer el sistema educativo nacional, su vinculación y presencia en las familias y comunidades, al contribuir a la eliminación de la pobreza.
Otro aspecto que persigue es continuar la implementación de los planes estratégicos para la transformación de la realidad social y construcción de una educación para el bien común y la paz.
La Unicam intentará también evitar la migración del campo a la ciudad, al mejorar los niveles de vida en las zonas rurales mediante una educación que brinde competencias para transformar el entorno de las personas que formen parte.
El programa tiene como antecedente el de Secundaria a Distancia en el Campo, puesto en práctica en 2014 y que brindó acceso educativo a miles de jóvenes y adultos que viajaban distancias largas para asistir a las escuelas de secundaria regular.
Cuatro sedes universitarias asumirán la iniciativa, encabezadas por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sus dos sedes en Managua y León, y se ofertarán de 22 carreras universitarias.
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
La epidemia del COVID-19 se ha dejado sentir más profundamente en la vida cotidiana a nivel mundial, intensificando las perturbaciones y daños a la educación de más de 360 millones de estudiantes en todo el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Por su importancia e impacto, en todos los países del mundo el tema se ha convertido en un asunto de “seguridad nacional”.¡Aquí deberá suceder lo mismo!
La abrumadora preocupación está más que justificada porque las escuelas y universidades brindan una estructura y soporte para las familias, comunidades y economías enteras. ¡El efecto de cerrarlas durante días, semanas y meses podría tener repercusiones incalculables en los estudiantes, profesores, padres y las sociedades en general!
Sobrela apertura de las escuelas y universidades del país, se tienen más preguntas que respuestas. Pero unas y otras gozan de igualimportancia porque impulsan la reflexión que deberá aportar pautas para tomar la mejor decisión, que no puede ser, como tampoco puede serlo en los demás sectores, producto de un decreto, una autorización presidencial o de una medida unilateral de las instituciones educativas. La responsabilidad de su apertura debe ser producto de la decisión concertada del gobierno, las autoridades educativas y todos los sectores del país. ¡Ni más ni menos!
Sin embargo, en este sentido no estamos partiendo de cero.Resultan alentadores los esfuerzos logísticos y financieros que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia. En el marco de su “Plan NacionalOrientación Preventivo del COVID-19”, fueron distribuidos unos tres millones de brochures y otros materiales gráficos informativos en las 18 regionales ylos 122 distritos escolares del país. También hizo la transferencia de cerca de 380 millones de pesos a los centros educativos, colegios católicos, politécnicos y a las juntas de regionales y distritos escolares, para que dispusieran de los recursos necesarios en el plan preventivo.
Lo que sigue ahora de cara a la apertura resulta ser más complejo, amplio, delicado y costoso. Requeriráduplicar, o más, los esfuerzos técnicos, logísticos y colaborativos y los recursos financieros. No se trata de una simple “apertura de las puertas”,sino de la “reconstrucción” mancomunada de “lanueva normalidad” de la educación dominicana. Pongamos en “pause” las urgencias, prejuicios, intereses particulares y autoritarismos. ¡Constituyámonos en una “comunidad pensante y dialogante” para proteger la salud en las aulas y elaborar unvigoroso plan resiliente para su apertura!
Para todo el país la apertura de las actividades educativas, tiene una dimensión comparable a la apertura de lasactividades económicas.Se trata de la defensa del derecho a la salud en el aula de una población educativa de más de 5 millones compuesta por estudiantes, profesores, investigadores, laboratoristas, bibliotecarios, personal administrativo, personal de limpieza, de apoyo al almuerzo escolar, animadores culturales y deportivos;padres, madres, tutores y amigos de la escuela, así como grupos empresariales, religiosos y comunitarios comprometidos con una educación de calidad para todos los dominicanos.
No se trata simplemente de volver alsegundo “dulcehogar” con las manos en los bolsillos, sin planes ni proyectos de vida. De lo que se trata es de regresar con esperanza al templo de la sabiduría donde seformanlos hombres y mujeres para construir una sociedad digna, justa, transparente, solidaria y democrática.De lo que es volver a aprender y vivir la “nueva realidad” de la educación dominicana,pero sin miedo al contagio y a la muerte que trae el COVID-19. ¡Se trata de volver a las escuelas y universidades garantizando la salud en el aula de la mitad de la poblacióndominicana!
Por eso es esencial que las escuelas y universidades del país reabran sus puertas con todas las garantías para asegurar la salud en el aula y de que todas las autoridades educativas trabajen para hacerlo posible y que cada comunidad educativa, los sectores económico y social,cada uno de sus miembros, se haga responsable de las medidas necesarias para una vuelta a las aulas con todas las garantías sanitarias, higiénicas, de salud y seguridad. ¡Aquellas escuelas y universidades que no estén en condiciones para garantizarlas, mejor será que permanezcan cerradas hasta puedan hacerlo!
La estrategia para la apertura de las escuelas y universidades deberá ser por etapas. Debe enfocarse en la metodologíadeuna estrategia “progresiva y escalonada”.El proceso debe cumplir con los criterios y requisitos de claridad, seguridad y certidumbre; y privilegiar siempre la salud y la vida. En algunas zonas y poblacionescon alta letalidad y alto riesgo de contaminación se dificultará más la apertura. Así, la apertura de las escuelas y universidades de estas zonas sólo podrá realizarse cuando las condiciones sanitarias se lo permitan.¡Por eso, no todas podrán abrir al mismo tiempo!
La apertura puede realizarse siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable decuatro colores”: rojo, anaranjado, amarillo y verde. ¡El rojo representa las mayores restricciones y el verde la apertura de todas las actividades! El anaranjado permite realizar más actividades esenciales. Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades, pero con máximo cuidado. El semáforo amarillo implica una ampliación de las actividades sin restricción, podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, pero con restricciones en espacios abiertos y cerrados.
Según este paradigma las escuelas y universidades en color rojo, es decir, dezonas geográficas y poblaciones muy afectadas por el COVID-19, no podrán abrir.Aquellas en color verde, situadas en zonas no afectadas y poco afectadas por el COVID-19, podrán abrir sin restricciones. Las situadas en las franjas anaranjadas y amarillas podrán abrir con restricciones y riesgos calculados. Todos los “colores” deben ir acompañados y administradospor “protocolos y guías” para el cumplimiento de la medidas de prevención y control del COVID-19.
Las escuelas y las universidades del país no pueden detenerse durante el COVID-19, ya que constituyen una parte esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, la resiliencia en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población. ¡Pero el COVID-19 no puede dejarsesuelto, hay que prevenirlo y controlarlo!
Para evitar contagio y muertes en las aulas debido al COVID-19,y facilitar su pronta apertura aboguemos por la estrategia de la“apertura escalonada y progresiva” de las escuelas y universidades, siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable decuatro colores”.Hasta ahora nos hemos centrado en la acción inmediata, en la atención de las “urgencias”, en la improvisacióny en el exceso de un optimismoque da ánimos y reconforta en medio del desconciertopero, cuanto antes, hemos de dar paso a la “planificación”yla “preparación” de la “nueva realidad” de la educación dominicana.
Es conveniente que el COVID-19encuentre a las escuelas y universidades del país abiertas. ¡Pero sólo aquellas que llenen las condiciones para estar abiertas! Las que puedan garantizar y defender la salud y la vida de los más de 5 millones que componen la comunidad educativa nacional.Las que no lo estén deberán ajustarse a un programa para adecuarse para la apertura. No nos dejemos contagiarporel espíritu conformista del “todo va a salir bien”. Hagámoslo posible. ¡Hagamoslo juntos!
Centro América/ Panamá/ 26.05.2020/ Fuente:m.panamaamerica.com.pa.
Ante el inesperado avance del COVID-19 y su contagio a nivel mundial, una de las primeras medidas recae directamente en los salones de clases.
De un día para otro, los aproximadamente 800,000 estudiantes que hay en Panamá, según datos del Ministerio de Educación, se quedaban en casa.
Y junto a ese cerco educativo surgen dudas, y algunos miedos, sobre cómo dar respuesta a los alumnos y continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje sin su presencia en las aulas.
Resurge el uso de internet como alternativa en las plataformas virtuales a la educación presencial, anunciado por el Ministerio de Educación,credibilidad que durante muchos años se le ha negado como medio de formación pedagógica y tecnológica en el ámbito educativo y cuyo uso se debía limitar a escasas actividades en línea.
El campo del internet abre un sinfín de posibilidades para un desarrollo pleno del proceso educativo de los estudiantes, pero se logrará muy poco, ya que desde 1992 existe una ley 2, que dice en uno de sus artículos que debe enseñarse la informática como una asignatura y además el año pasado, 2019, se objetó la 749, que mejoraba la ley 2.
No se ha prestado atención a la asignatura de informática como materia en los planes de estudio. No existe.
En tales circunstancias del COVID-19, los docentes panameños iniciaron las primeras clases ‘online’, contando con su interés y su creatividad, queriendo hacer las cosas bien, a pesar de que nunca habían trabajado en la docencia con un entorno fuera del presencial.
Ante el cambio de paradigma, anunciado por el Ministerio de Educación, surgen nuevas dudas razonables donde lo académico pasa a un segundo plano y toma importancia las desigualdades que esta nueva crisis está provocando.
Cada centro educativo ha establecido su propio plan de actuación, y que limitan su proceso de adaptación.
Los centros educativos con más recursos logran adaptarse a la nueva crisis y mantener, aunque sea de una manera distinta a la habitual, un ritmo aparente de clases, tareas y exámenes, mientras otros esperan el retorno de clases presenciales, quedándose atrás.
Aparece la primera desigualdad que impide el avance de la misma manera y al mismo ritmo.
¿Qué van a hacer los estudiantes que no tienen acceso a plataformas en línea o internet?
Ante esta realidad, tienen un muro difícil de derribar porque si miramos la situación económica, tecnológica y características individuales, se hace imposible la educación virtual.
No sabemos con estadísticas exactas si los hogares panameños tienen acceso a internet, y se le priva a los más desfavorecidos poder continuar con el aprendizaje curricular.
A nivel tecnológico, no todos los hogares cuentan con computadoras adecuadas o suficientes (muchos tienen una para toda la familia, incluso ninguna), ni con equipos de impresión, escáneres para poder realizar todas las tareas que se pueden exigir.
Se agrava más aún donde no ha existido la enseñanza de la informática en las escuelas, con formación científica y tecnológica, y donde los padres no tienen experiencia alguna para ayudar en casa a sus hijos.
Hay que tener en cuenta que muchos docentes se han tenido que poner al día,en tiempo récord, en el manejo de herramientas educativas para la enseñanza virtual.
La brecha tecnológica se ha hecho más evidente que nunca.
Aun así, podemos encontrar una oportunidad para fomentar la tan deseada y necesaria competencia de aprender a aprender, de ser autónomos en sus tareas y de ser responsables de su propio proceso de aprendizaje.
Y después del virus, ¿qué?
A partir de ahora hay un cambio social y educativo mucho más profundo.
El mundo de la conectividad digitalseguirá adquiriendo su posición para no irse de nuestras vidas.
La educación en línea no consiste en adaptar de forma improvisada el contenido educativo a plataformas virtuales para que los alumnos puedan enviar sus tareas y exámenes.
La enseñanza virtual requiere de un conjunto de diseños instruccionales, pedagógicos, de recursos tecnológicos para asegurar que el estudiante esté acompañado en todo su proceso de aprendizaje, que cuente con los apoyos adecuados, con la experiencia y preparación necesarias para ofrecerle recursos de calidad, trabajo en equipo entre docentes y estudiantes con un sólido modelo educativo y pedagógico para que cada familia acepte continuar con el aprendizaje en otro entorno educativo.
Fuente de la noticia: https://m.panamaamerica.com.pa/opinion/pandemia-muestra-las-desigualdades-del-acceso-la-educacion-virtual-1164098
América Central/EL Salvador/24-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
Este jueves, la ministra de Educación, Carla Hanania dijo además, que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá por canal 10 la franja educativa «Aprendamos en casa”, como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa.
La ministra de Educación, Carla Hanania dijo esta tarde que aún no se plantean una apertura de las escuelas, pero que ya trabajan en un plan de retorno. “Vamos abrir las escuelas hasta que ya no haya un peligro para nuestros niños, hasta que Salud nos diga que podemos hacerlo”.
La ministra adelantó que se están preparando para el regreso a clases y que “estamos trabajando en un plan para un recibimiento y atención diferente. Para que ellos sientan alegría de regresar a la escuela”, dijo.
Hanania explicó que el plan de retorno a la escuela contempla principios como la integridad física de los niños y docentes, la integridad emocional y el derecho a la educación.
También, este jueves la ministra de Educación, junto al secretario de Innovación, Vladimir Handal, la directora de TVES, Irma Salazar y la jefa de proyectos y colaboración del despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada, anunciaron que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá la franja educativa “Aprendamos en casa” a través de Televisión El Salvador (TVES), canal 10; como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa, implementado por el ministerio por la emergencia del COVID-19.
“La franja televisiva es importante e iniciará este próximo lunes en TVES, Canal 10, 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y contempla contenidos académicos y lúdicos, pues es muy importante la salud mental de nuestros niños y de la familia”, dijo o la ministra Carla Hanania.
Para la franja educativa, las clases están organizadas por día y por materia para todos los niveles académicos de lunes a jueves, y el día viernes será para actividades lúdicas y físicas, para atender la salud mental de los niños y familias, según explicaron las autoridades.
El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 p.m. y los bloques serán transmitidos de la siguiente manera:
Primera Infancia será a las 7:00a.m.; Primer grado 8:00 a.m.; Segundo grado 8:30 a.m.; Tercer grado 9:00 a.m.;Cuarto grado 9:30 a.m.; Quinto grado 10:00 a.m.; Sexto grado 10:30 a.m.; De séptimo a noveno grado será de 11:00 a 11:30 de la mañana, de acuerdo con el detalle de las autoridades.
De 1:30 a 3:30 p.m. la franja estará dirigida para estudiantes de bachillerato y de 3:30 a 4:30 se transmitirán repeticion para la primera infancia.
La ministra Carla Hanania dijo que el horario se ha establecido de acuerdo a aspectos pedagógicos.
También explicó que dicha fase incluye actualización del contenido priorizado del currículo nacional, que será publicado en el sitio mined.gob.sv/emergenciacovid19, la próxima semana.
Las autoridades detallaron que las materias serán impartidas por día. El lunes se enfocará en matemáticas, martes en ciencia y Salud, miércoles lenguaje, jueves sociales y los viernes será para actividades de desarrollo físico y emocional de los estudiantes.
Entre las series que se impartirán para los más pequeños, las autoridades mencionaron que se transmitirán para “Listos a jugar” de Plaza Sésamo y “Lluvia de Estrellas”, la cual es una producción del Ministerio de Educación, también programas que ayudarán a cultivar la vida educativa sin descuidar la salud de los niños.
“La franja de primera infancia es un segmento especial la cual se necesita dar una atención especializada por eso se ha trabajado en conjunto a otros ministerios, en cuatro programas que atenderán a la primera infancia para fomentar el bienestar socioemocioinal de los niños por la situación“, dijo la jefa de Proyectos y Cooperación del Despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada.
Posada agregó que se transmitirán dos programas “Club de lectura virtual” y “Crecer leyendo”, el segundo será un espacio de interacción en tiempo real con la audiencia infantil, en el cual se utilizarán cuentos escritos por autores nacionales, y se transmitirá en Radio Nacional de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde.
La ministra de Educación, Carla Hanania dijo además que se continuará entregando las guías impresas a más de 200,000 estudiantes que tienen dificultades para acceder a computadoras e internet.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/franja-educativa-television-cuarentena-el-salvador/716537/2020/
La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.
La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-2020[1], donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.
Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.
Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[2] ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.
Miedo e impunidad
Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.
En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.
El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.
Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.
Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.
En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.
También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.
Nuevo Código Penal
La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.
Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.
Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.
El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación. También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años)[3].
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Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
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