Centro América

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Cae el desarrollo humano por primera vez desde 1990

Noticias

Noticia/21 Mayo 2020/elpais.com

La ONU advierte que los efectos de la pandemia en la educación, la salud y las condiciones de vida provocará una caída del índice que mide el progreso de los países

Cada año el mundo progresaba un poco, con más niños en las escuelas, más esperanza de vida y mejores indicadores de salud. Quizá no lo suficiente ni lo rápido que se deseaba, pero se avanzaba. Hasta 2020. Este año, por primera vez desde 1990, se va a retroceder. Esta es la advertencia que lanza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que elabora desde hace tres décadas el llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH) y que para su edición de 2020 no obtiene datos esperanzadores.

«El mundo ha visto muchas crisis en 30 años, incluida la financiera de 2008. Todas han golpeado con fuerza al desarrollo humano pero, en general, a nivel global se ha conseguido avanzar cada año», ha explicado Achim Steiner, administrador del PNUD, en un encuentro virtual con periodistas. Pero la que vive ahora el planeta por el virus SARS-CoV-2 «es distinta», apunta Heriberto Tapia, investigador del organismo, en una conversación telefónica posterior. Lo es porque la pandemia de covid-19 impacta de lleno y de forma simultánea en todos los elementos de la existencia con los que se mide el desarrollo humano: la salud, la educación y los ingresos de las personas. Lo que no solo provocará que el mundo retroceda, sino que además lo hará de una forma «significativa, equivalente a las variaciones de seis años de progreso», concreta.

Los tres valores han experimentado retrocesos desde el comienzo de la crisis, tanto en los países pobres como en los ricos de todas las regiones. Si bien, las previsiones del PNUD apuntan que la caída será desigual. Los menos adelantados, que cuentan con menos recursos para gestionar los efectos sociales y económicos, sufrirán la peor parte. «Hay gente que puede trabajar y estudiar desde casa. Pero otra población no tiene esas oportunidades. La mitad del planeta no tiene acceso a Internet. Hay 3.000 millones de personas que ni siquiera puede lavarse las manos en su hogar», reflexiona Tapia.

Los efectos sobre la salud son evidentes. Hasta la fecha, más de cinco millones de personas se han contagiado del nuevo coronavirus y más de 325.000 han fallecido por él. Además, las medidas de confinamiento y el desvío de fondos sanitarios a la atención de la covid-19, afectarán de forma negativa. «Este año, se calcula que se producirán entre 250.000 y 1,2 millones de muertes infantiles adicionales. Con el número menor, este 2020, la esperanza de vida no va a aumentar, como venía creciendo anualmente, sino que se va a mantener», detalla Tapia.

La educación no se libra de la debacle. El cierre de escuelas ha afectado a entre 1.400 y 1.500 millones de niños; pero mientras los hay que pueden continuar su formación a través de Internet, otros no tienen esa opción. Según los cálculos del PNUD, el 60% de los pequeños en edad de cursar enseñanza primaria no está recibiendo ninguna educación. «Para fin de año, la tasa efectiva de niños sin escolarizar será la que tenía el mundo en los años ochenta», anota Tapia.

Los más pobres serán los paganos. El informe presentado este miércoles señala que el 86 % de los niños de primaria se encuentran actualmente sin escolarizar en los países con un desarrollo humano bajo, frente al 20% en las naciones en la parte alta de la tabla. De no mejorar en lo que queda de 2020, este indicador será otro lastre para el progreso del mundo que se mide con el IDH.

Los ingresos de las familias y su calidad de vida son las otras variables con las que se calcula el desarrollo humano. Y tampoco registran datos para la esperanza. La recesión económica —el Banco Mundial calcula una caída de casi el 5% del PIB mundial para 2020— y la pérdida de empleos es un mazazo para el progreso y la lucha contra la pobreza extrema, en la que podrían caer 60 millones de personas, según esta entidad, además de las 736 millones que ya viven con menos de 1.90 dólares al día.

«Y estamos en mayo; esta es nuestra evaluación, relativamente conservadora, de cómo podríamos estar a final de año», previene Tapia. Pero no es inevitable. «Podemos frenar el retroceso, pero se necesita una acción decidida. Es fundamental que se tomen las medidas correctas», dice el investigador del PNUD. «Con el tratamiento adecuado se podrá volver a la normalidad con rapidez, aunque hay el riesgo de que se abandone la senda positiva del progreso», agrega.

Para el experto es muy importante la colaboración internacional. «Los países en desarrollo no tienen la capacidad para implementar grandes paquetes de ayuda como los que están aprobando las naciones más ricas. Y tampoco para endeudarse», anota Tapia. Y van a necesitar apoyo. Hasta ahora, dice, la mayoría de los casos se han dado en países desarrollados, pero en los últimos días se observa «un vuelco» en este sentido. «Nos espera un segundo semestre de año duro», avanza. Aunque, «por suerte, los menos adelantados han sido rápidos en poner en marcha políticas para frenar el avance del virus, necesitarán ayuda para garantizar la salud y la educación a su población», apostilla.

Un mensaje que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró este miércoles, con la mirada puesta en África, que concentra la mayor parte de países con un Índice de Desarrollo Humano bajo. «La pandemia amenaza el progreso de África. Agravará las antiguas desigualdades y aumentará el hambre, la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades», dijo en un comunicado. Por eso, pidió «solidaridad» con el continente, donde el nuevo coronavirus se ha cobrado casi 3.000 vidas hasta la fecha y se han reportado más de 95.000 casos confirmados. Menos de los que se temían, pero que podrían aumentar rápidamente, advirtió el mandatario.

«Los países africanos también deberían tener acceso rápido, equitativo y asequible a cualquier vacuna y tratamiento, que deben considerarse bienes públicos mundiales», reclamó Guterres en su declaración. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apunta a otros apoyos en su estudio. Así, para esta institución, una medida fundamental para que el retroceso del mundo no sea el que muestran los números es cerrar la brecha digital.

El PNUD calcula que cerrar la brecha digital en los países de renta media y baja costaría apenas un 1% de los extraordinarios paquetes de medidas fiscales —ocho billones de dólares— de apoyo aprobados hasta el momento en todo el mundo en respuesta a la covid-19. «Nosotros no lanzamos recomendaciones fijas para cada país, pero esperamos que haya énfasis en modernizar el mundo», anota Tapia. «Se puede salir de esta crisis ayudando a las personas ahora y para que estén mejor preparadas para el futuro». Hará falta porque las tensiones que había antes de que todo quedase en pausa por la pandemia, las protestas contra la desigualdad y el cambio climático, volverán. «Y puede que más fuertes».

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/05/20/planeta_futuro/1589966420_653612.html

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Después de la pandemia

Miguel Guerrero

Por: Miguel Guerrero

Antes de la situación en la que el mundo  se encuentra por el COVID-19, se escuchaban quejas sobre la situación económica del país, en el sentido de que estábamos en crisis. La percepción era evidencia de un pesimismo en ciertos sectores influyentes de nuestra vida económica, cuya valoración del quehacer nacional se basa muchas veces en la marcha de sus propios negocios. A mi modo de ver, no vivíamos una crisis económica, pues cada día se abrían nuevas operaciones industriales, el turismo estaba en auge y la actividad comercial a todas luces se expandía con la apertura de nuevos y gigantescos  centros comerciales.

Nuestro problema no era de esa índole ni el país estuvo nunca bajo amenaza de una recesión. La verdadera crisis era, y ahora lo será mucho más, de carácter social, con tasas de desigualdad preocupantes dentro de un proceso de concentración de recursos reducido a círculos de pequeñas élites económicas muy creativas con un control creciente de la riqueza nacional. Buena parte de los nuevos y florecientes negocios  de las últimas dos o tres décadas provienen de esos grupos, sin que se hayan generado cambios importantes en la estructura social, debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social que no los promueve.

Será a partir de esta pandemia que tendremos la amenaza de una crisis económica verdadera, por lo que será necesario estimular el consumo y la inversión interna tanto pública como privada para evitarla, reduciendo los niveles angustiantes de pobreza y marginalidad. La continuidad de las políticas económicas adoptadas antes y durante la pandemia será esencial al mantenimiento de nuestra estabilidad económica y financiera.

Los cambios radicales en esos planes y políticas ahuyentarían la inversión y destruirían la indispensable confianza en la solidez de nuestro potencial que ha sido el sostén de nuestro crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8813088-despues-de-la-pandemia/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/dollar-exchange-rate-world-economy-544949/

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No perdamos más tiempo

Marisol Vicens Bello

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta pandemia que está provocando una grave recesión económica mundial, deben buscarse remedios para tratar de aliviar el duro impacto sobre las personas, sobre todo las de menores ingresos, la preservación de los empleos y la supervivencia de muchas empresas.

Es mucho lo que se ha discutido sobre el conflictivo proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y no vale la pena abundar pues las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  han desplegado una abundante campaña a la que han logrado sumar múltiples voces alertando sobre sus efectos negativos para la macroeconomía, y es evidente que el gobierno y las autoridades monetarias no permitirán que esto pase.

Sin embargo, hay medidas que pueden y deben realizarse, como la exoneración temporal de aportes a cuentas de pensiones debido a la crisis como han solicitado los empleadores, la cual a pesar de que las AFP expresaron aprobarían aún no se ha dictado, o las relacionadas con beneficios no reclamados del seguro de sobrevivencia por los familiares de afiliados fallecidos del régimen contributivo del SDSS o que han sido denegados por supuestos incumplimiento de requisitos.

En múltiples ocasiones la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) ha llamado la atención sobre el tema de los beneficios no reclamados o denegados, y en parte gracias a esto el Consejo de Seguridad Social (CNSS) aprobó en el 2015 una modificación al contrato de póliza entre las AFP y las aseguradoras para extender el plazo de prescripción para reclamar de 2 a 7 años y la edad límite de cobertura de 60 a 65 años. Y en consonancia con lo que han señalado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la SIPEN ha manifestado que “el derecho a recibir una pensión por sobrevivencia cubierta en la forma exigida por las normas no debe prescribir”, sin embargo, a la fecha el CNSS no se ha pronunciado al respecto.

Aunque importantes medios de comunicación han cifrado el monto no reclamado por familiares de afiliados fallecidos  en más de 1,700 millones de pesos al 2019, la SIPEN no ha dado una cifra oficial, pero el CNSS en su Resolución 457-03 dictada en octubre de 2018 indicó que conforme a auditoría practicada en el 2014 habían “39,386 afiliados fallecidos” con aportes acumulados no reclamados por  la suma de “RD$870,252,453.00”, señalando que el costo para  poder cumplir con los requisitos exigidos,  como es el pago del impuesto sucesoral, a veces superior a lo reclamado constituye una traba y, en este sentido  autorizó a la SIPEN y a su  Gerencia  a realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a fin de que se otorguen facilidades respecto del pago de impuestos, moras y multas, sin que se conozcan  resultados.

También se instruyó a la SIPEN modificar el contrato de afiliación para que se requiera suministrar los datos de contacto de los familiares, lo que sería importante aclarar si se ha hecho, así como a la DIDA, las AFP y las aseguradoras a realizar campañas informativas, que no se han realizado.

Urge pues que la DGII disponga las medidas para facilitar que los familiares reciban los beneficios eximiéndolos de pagos que se lo imposibilitan, que la SIPEN y las AFP hagan todo lo necesario para facilitar los trámites e informar a los beneficiarios de sus derechos y que el CNSS asuma con responsabilidad el seguimiento de estos temas. Si todas las publicaciones realizadas y la atención dedicada al fallido proyecto de ley se hubiesen concentrado en estos puntos que sí son posibles y tienen fundamentos legales, a lo mejor muchas familias de afiliados estarían recibiendo estos beneficios a los que tienen derecho o empleadores estarían exonerados de pagar por el plazo acordado las cotizaciones de pensiones, lo que constituiría un alivio en medio de estas difíciles circunstancias. No perdamos más tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817170-no-perdamos-mas-tiempo/

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-human-woman-adult-hands-3666974/

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El COVID-19 y la “resiliencia educativa” del Ministerio de Educación

Héctor Rodríguez Cruz

Por: Héctor Rodríguez Cruz

La reapertura de las escuelas encabeza las prioridades de los gobiernos de todo el mundo y de sus Ministerios de Educación. Constituye también la preocupación fundamental de alumnos y padres, de los maestros y de otros miembros del personal educativo y de los actores vinculados al sector educativo, debido a la incertidumbre que genera la naturaleza y evolución del COVID-19 y  las decisiones que se mantienen en “suspenso”.

El regreso a las aulas requiere de un marco de políticas y de recursos financieros que permita poner en práctica las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, continuar con el aprendizaje, atender las situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección, el bienestar y la seguridad. Los centros educativos deben asegurar el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos, las medidas sanitarias y seguir procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes.

En muchos países hay presión para la reapertura de las escuelas porque se considera que su cierre no hace sino profundizar la fractura social. Los alumnos provenientes de familias humildes o con problemas económicos son a quienes más negativamente está afectando el confinamiento, pues habitan en viviendas más pequeñas y muchos no disponen de la tecnología adecuada ni de condiciones objetivas para seguir  los cursos desde su casa.

Aquí en el país, a juzgar por los niveles de  controversia y rechazo que han despertado en amplios sectores las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, de febrero a la fecha, tales como la terminación  del año escolar antes de tiempo, al “pase automático curso” de todos los estudiantes sin ser evaluados y  la reapertura incierta de las escuelas, pareciera que el Ministerio “camina lento” y un tanto “perdido”, mostrando una baja capacidad de respuesta para establecer los principales parámetros e instrumentos educativos, técnicos y logísticos para la adaptación de la población  escolar a las circunstancias moldeadas por el COVID-19.

Las escuelas del país están cerradas por el COVID-19. Esta situación genera grandes perturbaciones a los  casi  3 millones  de estudiantes,  200 mil profesores y técnicos del sector público y del sector privado, así como los padres, tutores y suplidores esperan por un “protocolo”, de alcance nacional y local, que garantice la seguridad sanitaria y la “preparación integral” para el reinicio seguro de las actividades escolares. Urge que los niños dominicanos vuelvan a la escuela. Pero han de hacerlo con todas las garantías para su salud, su seguridad y su protección. ¡Más cualquier otra, debe ser la primera prioridad de la educación dominicana en estos momentos!

El COVID-19 encontró a la escuela dominicana pauperizada, acorralada, “confundida” y, quizá, hasta un poco abandonada a su propia suerte. Con muchas carencias y necesidades desatendidas. Si bien es cierto que encontró  cientos de escuelas seguras, vistosas y bien equipadas, también es cierto existen cientos de escuelas a las que el COVID-19 le hará mayores daños. 

Escuelas “enfermas” que funcionan en patios, casonas y almacenes y carecen de las condiciones mínimas  para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación  cuenta con  elevado presupuesto de unos 200 mil millones de pesos, que equivale el 4% del PIB de la nación. Urge dedicar esfuerzos recursos logísticos y financieros a la “liberación” de la escuela dominicana de las cadenas del COVID-19. Pero urge también sanar a tantas muchas de  las taras, incompetencias y perturbaciones generadas por los descuidos e irresponsabilidades de “ayer y de hoy”, y que son el vestigio de una “revolución educativa al revés”.

Para encarar las perturbaciones educativas y sociales y el impacto perturbador del COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, así  como  lograr la apertura exitosa y segura de las escuelas, con  garantías para su salud, su seguridad y su protección públicas y privadas, el Ministerio de Educación,  conjuntamente con otros sectores de la sociedad deberá plantearse a corto plazo la necesidad de la elaboración de un “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas después del COVID-19” que contenga las estrategias preventivas, técnicas y logísticas para “preparar”  a los maestros, a los alumnos, las instalaciones, aulas, laboratorios, los libros de texto baños, comedores, cocina, bibliotecas y sala de TICS,  para la reapertura de las escuelas y  su “nueva normalización”,  con las debidas y rigurosas medidas sanitarias para adecuarse a las nueva realidad de la pandemia y para evitar el contagio, la contaminación, el estrés  y otros efectos contaminantes del proceso aprendizaje-enseñanza, la investigación y la convivencia.

El  “Plan de Resiliencia para la Nueva Escuela  Pública y Privada después del COVID-19”, deberá  el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Educación, los maestros, los estudiantes, los padres, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, las iglesias, las autoridades sanitarias, las alcaldías y las gobernaciones, los empresarios, las universidades regionales y locales, los constructores, los suplidores, los editores de libros de textos, Educación INICIA, Acción Empresarial por la Educa, EDUCA, el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más otros que quieran sumarse.

El “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas”  deberá ir acompañado  del “Programa Aulas Felices”, para  potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los profesores; para promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias. Tendrá dos componentes: La Atención Plena o “mindfulness” y la Educación de las “24 fortalezas personales” (Peterson y Seligman, 2004), agrupadas en torno a 6 virtudes y a otras competencias vinculadas, tales como creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje y perspectiva; valentía, perseverancia, integridad ; amor, amabilidad e inteligencia social; ciudadanía, sentido de la justicia y liderazgo; capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autocontrol; y la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad.

De cara a la construcción de la “nueva educación pública y privada después del COVID-19”, y por tanto, del “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” y el “Programa Aulas Felices”, el Ministro de Educación puede revestirse de autoritario “cacique” de una tribu morada, con sus propios rituales partidarios y sin mezclarse con otros en su “territorio”.  O bien, en el líder resiliente,  aglutinador, inclusivo, dialógico, y democrático de la educación dominicana, que ennoblece la oportunidad de hacer posible el derecho de todos los dominicanos a una educación de calidad. Como una oportunidad de ser “ministro” (minister/ “el que sirve”), de “servir” a los dominicanos desde su Ministerio para construir desde la familia y desde la escuela  un país libre, transparente, justo y democrático.    

Que lo decida el Ministro. Es tiempo de “bajar las hachas” y “levantar las banderas del diálogo y la concordia” para ganarle la batalla al COVID-19, en nombre de la Patria educativa.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817597-el-covid-19-y-la-resiliencia-educativa-del-ministerio-de-educacion/

Imagen: https://pixabay.com/images/search/escuelas/

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Puerto Rico: María de Lourdes Santiago denuncia uso de sobre $10 millones para sesiones de adiestramiento en Educación

Noticias

América Central/Puerto Rico/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr

La candidata a senadora por el PIP compartió varias imágenes de un contrato que firmó la agencia para que una empresa ofrezca los servicios.

La candidata al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, denunció en su cuenta de Twitter el uso de sobre $10 millones para el adiestramiento de maestros con equipo tecnológico que se espera para el próximo semestre escolar.

María de Lourdes@marialourdespip

El contrato del Departamento de Educación con Computerlink para la adquisición de 111,330 Laptops y 18,000 iPads (o sea, para menos de la mitad de la matrícula actual) incluye $10 millones para sesiones de adiestramiento de 6 horas a maestras y maestros. @pab550 👇🏽

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En el primer encasillado de la imagen, se describe el uso $10,093,440 para un mínimo de seis sesiones de seis horas que Educación debe acomodar para que maestros reciban el adiestramiento.

Igualmente, la exsenadora adujo que como parte del contrato se comprarán unas 111,330 computadoras y 18,000 iPads, una cantidad menor que la mitad de la matrícula actual.

La denuncia se da mientras que Puerto Rico atraviesa una situación de emergencia por el COVID-19 y se espera que el próximo semestre transcurra en línea como medida de distanciamiento social.

«En promedio, cuesta $1,682 cada sesión de 6 horas. El salario básico del magisterio es $1,750 al mes», añadió la candidata al Senado en un tuit siguiente.

Al momento de esta publicación, el Departamento de Educación no ha reaccionado a las publicaciones.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/16/colegios-privados-se-preparan-clases-internet-agosto.html

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El Salvador: el confinamiento y la falta de atención médica llevaron a la muerte a ingeniero por coronavirus, afirma la UCA

Noticias

América Central/ EL Salvador/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) dice que hubo un irrespeto a la familia y un error de parte del gobierno en no garantizar la salud del profesional y de otras víctimas mortales por el COVID-19.

La Universidad José Simeón Cañas, a través de su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), calificó el fallecimiento del ingeniero Carlos Henríquez como una profunda equivocación, un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del gobierno para atender a las personas que ingresaron al país al inicio de la emergencia.

El Diario de Hoy publicó el martes 23 de abril, horas después de su muerte, cómo el profesional intentó someterse de buena fe a la orden del gobierno, cuando regresaba de Guatemala el 11 de marzo, y cómo rogó a las autoridades para que le brindaran atención médica.

El ingeniero se contagió de COVID-19 en el centro de contención de la Villa Centroamericana en Ayutuxtepeque, San Salvador, y murió el 22 de abril, sin una atención médica adecuada en el hospital San Rafael, según su familia.

En un informe reciente, el Idhuca detalla cómo el gobierno le negó al ingeniero su derecho a la salud y cómo irrespetó y ocultó información a la familia de la víctima.

“Los centros de contención y el sistema médico-hospitalario, más allá de las complicaciones de salud del Ingeniero, se equivocaron rotundamente en los procedimientos. Se puede entender que a un enfermo grave se le sustraiga el teléfono. Pero es incomprensible la falta de comunicación médica con la familia del enfermo, máxime si éste no puede comunicarse con sus allegados”, cuestiona el informe.

Según el Idhuca, el Estado “desde el momento que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena, en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido”.

“En el caso del fallecido, la actuación del Estado difirió ampliamente en el estándar para dar atención médica. Al llegar al país, y pesar de ser conocedores que tenía 67 años y padecía de hipertensión, no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19. Simplemente fue llevado de forma coercitiva a un centro de cuarentena junto con otras personas”, se concluye en el documento.

Agrega “que cuando su salud ya era grave después de haber pasado varios días en Villa Olímpica -Centroamericana-, en un primer momento se le negó la atención médica en un hospital. Con argumentos políticos y no médicos, lo remitieron a un hostal donde no se le brindó la asistencia sanitaria que requería”.

Cuando la familia del ingeniero presionó por su salud, se pidió que un doctor especialista le hiciera una evaluación médica, pero su estado de salud ya era grave.

“En esta línea, es cuestionable según especialistas médicos, el traslado a tres hospitales distintos en menos de un mes; y debe hacerse especial énfasis a la situación que vivió en el Hospital San Rafael, donde no se le pudo realizar hemodiálisis por falta de los instrumentos médicos necesarios”, indica el documento.

Línea de hechos

Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, recientemente señaló la obligación que tiene el Estado ante las personas que tiene bajo su custodia y/o cuido. En este sentido, decía de forma literal que el Estado es responsable de su vida e integridad personal. La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado.

Para el Instituto de Derechos Humanos, el Estado desde el momento en que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido.

“Lamentablemente, tal y como ha quedado ejemplificado en la cronología de los hechos y con las fotos que se acompañan al presente informe, las condiciones de salubridad del albergue de Villa Olímpica-Centroamericana-, no eran las idóneas para tener a las personas que regresaban al país. Además, las personas pasaron hacinadas, medida totalmente contraproducente a la recomendación médica. Es decir, el Gobierno con estas medidas provocó un deterioro grave de la salud e integridad personal del ingeniero Henríquez”, se afirma en el informe del Idhuca.

El Idhuca afirma que el gobierno le mintió a la víctima, ya que estableció un protocolo de actuación con algunas excepciones a la cuarentena no domiciliar de treinta días; una de las excepciones era las personas mayores de 60 años. Esta información fue publicada en la cuenta oficial de Casa Presidencial en Twitter, y es la misma que la Embajada de El Salvador en Guatemala le compartió al ingeniero Henríquez el día 12 de marzo.

Por eso el profesional accedió a ingresar al país, según su familia, confiado en que se iría a su casa a mantener la cuarentena domiciliar, pero no fue así.

“Al ingeniero Henríquez entre las 12 y 24 horas de su llegada no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19 -esta no se la hicieron hasta el 27 de marzo de 2020. Sin prueba ni atención especial por su edad y los padecimientos de salud que tenía -hipertensión- fue privado de libertad y sometido a internamiento forzoso donde convivió en hacinamiento, con personas que venían de Europa -vía Panamá- y de Guatemala”, sostiene el Idhuca.

Para esta institución, el caso de esta víctima no es el primero en que alguien muere durante la cuarentena y cuya muerte implica serias responsabilidades estatales.

“Reflexionar sobre las deficiencias de un sistema de cuarentena que funciona con desorganización, sin transparencia con las personas y con claros signos de autoritarismo y falta de ética médica es imprescindible para salvar vidas. Tener un poco más de humildad y reconocer errores es mucho más propio de un gobierno democrático que empeñarse de denigrar la gestión de otros países y ocultar las propias debilidades”, finaliza el pronunciamiento.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/uca-coronavirus-idhuca-ingeniero-villa-olimpica/714601/2020/

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