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Escuelas y universidades: ¿Abrirlas o mantenerlas cerradas?

Por:  Héctor Rodríguez Cruz 

 

La epidemia del COVID-19 se ha dejado sentir más profundamente en la vida cotidiana a nivel mundial, intensificando las perturbaciones y daños a la educación de más de 360 millones de estudiantes en todo el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Por su importancia e impacto, en todos los países del mundo el tema se ha convertido en un asunto de “seguridad nacional”.  ¡Aquí deberá suceder lo mismo!

La abrumadora preocupación está más que justificada porque las escuelas y universidades brindan una estructura y soporte para las familias, comunidades y economías enteras. ¡El efecto de cerrarlas durante días, semanas y meses podría tener repercusiones incalculables en los estudiantes, profesores, padres y las sociedades en general!

Sobre  la apertura de las escuelas y universidades del país, se tienen más preguntas que respuestas. Pero unas y otras gozan de igual  importancia porque impulsan la reflexión que deberá aportar pautas para tomar la mejor decisión, que no puede ser, como tampoco puede serlo en los demás sectores, producto de un decreto, una autorización presidencial o de una medida unilateral de las instituciones educativas. La responsabilidad de su apertura debe ser producto de la decisión concertada del gobierno, las autoridades educativas y todos los sectores del país. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo, en este sentido no estamos partiendo de cero.  Resultan alentadores los esfuerzos logísticos y financieros que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia. En el marco de su “Plan Nacional  Orientación Preventivo del COVID-19”, fueron distribuidos unos tres millones de brochures y otros materiales gráficos informativos en las 18 regionales y  los 122 distritos escolares del país. También hizo la transferencia de cerca de 380 millones de pesos a los centros educativos, colegios católicos, politécnicos y a las juntas de regionales y distritos escolares, para que dispusieran de los recursos necesarios en el plan preventivo.

Lo que sigue ahora de cara a la apertura resulta ser más complejo, amplio, delicado y costoso. Requerirá  duplicar, o más, los esfuerzos técnicos, logísticos y colaborativos y los recursos financieros. No se trata de una simple “apertura de las puertas”,  sino de la “reconstrucción” mancomunada de “la nueva normalidad” de la educación dominicana. Pongamos en “pause” las urgencias, prejuicios, intereses particulares y autoritarismos. ¡Constituyámonos en una “comunidad pensante y dialogante” para proteger la salud en las aulas y elaborar un  vigoroso plan resiliente para su apertura!

Para todo el país la apertura de las actividades educativas, tiene una dimensión comparable a la apertura de las  actividades económicas.  Se trata de la defensa del derecho a la salud en el aula de una población educativa de  más de 5 millones compuesta por estudiantes, profesores, investigadores, laboratoristas, bibliotecarios, personal administrativo, personal de limpieza, de apoyo al almuerzo escolar, animadores culturales y deportivos;  padres, madres, tutores y amigos de la escuela, así como grupos empresariales, religiosos y comunitarios comprometidos con una educación de calidad para todos los dominicanos. 

No se trata simplemente de volver al  segundo “dulce  hogar” con las manos en los bolsillos, sin planes ni proyectos de vida. De lo que se trata es de regresar con esperanza al templo de la sabiduría donde se  forman  los hombres y mujeres para construir una sociedad digna, justa, transparente, solidaria y democrática.  De lo que es   volver a aprender y vivir la “nueva realidad” de la educación dominicana,  pero sin miedo al contagio y a la muerte que trae el COVID-19. ¡Se trata de volver a las escuelas y universidades garantizando la salud en el aula de la mitad de la población  dominicana!

Por eso es esencial que las escuelas y universidades del país reabran sus puertas con todas las garantías para asegurar la salud en el aula y de que todas las autoridades educativas trabajen para hacerlo posible y que cada comunidad educativa, los sectores económico y social,  cada uno de sus miembros, se haga responsable de las medidas necesarias para una vuelta a las aulas con todas las garantías sanitarias, higiénicas, de salud y seguridad. ¡Aquellas escuelas y universidades que no estén en condiciones para garantizarlas, mejor será que permanezcan cerradas hasta puedan hacerlo!

La estrategia para la apertura de las escuelas y universidades deberá ser por etapas. Debe enfocarse en la metodología  de  una estrategia “progresiva y escalonada”.  El proceso debe cumplir con los criterios y requisitos de claridad, seguridad y certidumbre; y privilegiar siempre la salud y la vida. En algunas zonas y poblaciones  con alta letalidad y alto riesgo de contaminación se dificultará más la apertura. Así, la apertura de las escuelas y universidades de estas zonas sólo podrá realizarse cuando las condiciones sanitarias se lo permitan.  ¡Por eso, no todas podrán abrir al mismo tiempo!

La apertura puede realizarse siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”: rojo, anaranjado, amarillo y verde. ¡El rojo representa las mayores restricciones y el verde la apertura de todas las actividades! El anaranjado permite realizar más actividades esenciales. Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades, pero con máximo cuidado. El semáforo amarillo implica una ampliación de las actividades sin restricción, podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, pero con restricciones en espacios abiertos y cerrados.

Según este paradigma las escuelas y universidades en color rojo, es decir, de  zonas geográficas y poblaciones muy afectadas por el COVID-19, no podrán abrir.   Aquellas en color verde, situadas en zonas no afectadas y poco afectadas por el COVID-19, podrán abrir sin restricciones. Las situadas en las franjas anaranjadas y amarillas podrán abrir con restricciones y riesgos calculados. Todos los “colores” deben ir acompañados y administrados  por “protocolos y guías” para el cumplimiento de la medidas de prevención y control del COVID-19.

Las escuelas y las universidades del país no pueden detenerse durante el COVID-19, ya que constituyen una parte esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, la resiliencia en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población. ¡Pero el COVID-19 no puede dejarse  suelto, hay que prevenirlo y controlarlo!

Para evitar contagio y muertes en las aulas debido al COVID-19,  y facilitar su pronta apertura aboguemos por la estrategia de la  “apertura escalonada y progresiva” de las escuelas y universidades, siguiendo el paradigma del “semáforo actualizable de cuatro colores”.  Hasta ahora nos hemos centrado en la acción inmediata, en la atención de las “urgencias”, en la improvisación  y en el exceso de un optimismo  que da ánimos y reconforta en medio del desconcierto  pero, cuanto antes, hemos de dar paso a la “planificación”  y  la “preparación” de la “nueva realidad” de la educación dominicana. 

Es conveniente que el COVID-19  encuentre a las escuelas y universidades del país abiertas. ¡Pero sólo aquellas que llenen las condiciones para estar abiertas! Las que puedan garantizar y defender la salud y la vida de los más de 5 millones que componen la comunidad educativa nacional.  Las que no lo estén deberán ajustarse a un programa para adecuarse para la apertura. No nos dejemos contagiar  por  el espíritu conformista del “todo va a salir bien”. Hagámoslo posible. ¡Hagamoslo juntos!

Fuente:  https://acento.com.do/2020/opinion/8819100-escuelas-y-universidades-abrirlas-o-mantenerlas-cerradas/

Imagen: https://pixabay.com/photos/nurse-stethoscope-medicine-2141808/

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Panamá: Pandemia muestra las desigualdades del acceso a la educación virtual

Centro América/ Panamá/ 26.05.2020/ Fuente: m.panamaamerica.com.pa.

Ante el inesperado avance del COVID-19 y su contagio a nivel mundial, una de las primeras medidas recae directamente en los salones de clases. 

De un día para otro, los aproximadamente 800,000 estudiantes que hay en Panamá, según datos del Ministerio de Educación, se quedaban en casa.

Y junto a ese cerco educativo surgen dudas, y algunos miedos, sobre cómo dar respuesta a los alumnos y continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje sin su presencia en las aulas.

Resurge el uso de internet como alternativa en las plataformas virtuales a la educación presencial, anunciado por el Ministerio de Educación, credibilidad que durante muchos años se le ha negado como medio de formación pedagógica y tecnológica en el ámbito educativo y cuyo uso se debía limitar a escasas actividades en línea.

El campo del internet abre un sinfín de posibilidades para un desarrollo pleno del proceso educativo de los estudiantes, pero se logrará muy poco, ya que desde 1992 existe una ley 2, que dice en uno de sus artículos que debe enseñarse la informática como una asignatura y además el año pasado, 2019, se objetó la 749, que mejoraba la ley 2.

No se ha prestado atención a la asignatura de informática como materia en los planes de estudioNo existe.

En tales circunstancias del COVID-19, los docentes panameños iniciaron las primeras clases ‘online’, contando con su interés y su creatividad, queriendo hacer las cosas bien, a pesar de que nunca habían trabajado en la docencia con un entorno fuera del presencial.

Ante el cambio de paradigma, anunciado por el Ministerio de Educación, surgen nuevas dudas razonables donde lo académico pasa a un segundo plano y toma importancia las desigualdades que esta nueva crisis está provocando.

Cada centro educativo ha establecido su propio plan de actuación, y que limitan su proceso de adaptación.

Los centros educativos con más recursos logran adaptarse a la nueva crisis y mantener, aunque sea de una manera distinta a la habitual, un ritmo aparente de clases, tareas y exámenes, mientras otros esperan el retorno de clases presenciales, quedándose atrás.

Aparece la primera desigualdad que impide el avance de la misma manera y al mismo ritmo.

¿Qué van a hacer los estudiantes que no tienen acceso a plataformas en línea o internet?

Ante esta realidad, tienen un muro difícil de derribar porque si miramos la situación económica, tecnológica y características individuales, se hace imposible la educación virtual.

No sabemos con estadísticas exactas si los hogares panameños tienen acceso a internet, y se le priva a los más desfavorecidos poder continuar con el aprendizaje curricular.

A nivel tecnológico, no todos los hogares cuentan con computadoras adecuadas o suficientes (muchos tienen una para toda la familia, incluso ninguna), ni con equipos de impresión, escáneres para poder realizar todas las tareas que se pueden exigir.

Se agrava más aún donde no ha existido la enseñanza de la informática en las escuelas, con formación científica y tecnológica, y donde los padres no tienen experiencia alguna para ayudar en casa a sus hijos.

Hay que tener en cuenta que muchos docentes se han tenido que poner al día, en tiempo récord, en el manejo de herramientas educativas para la enseñanza virtual.

La brecha tecnológica se ha hecho más evidente que nunca.

Aun así, podemos encontrar una oportunidad para fomentar la tan deseada y necesaria competencia de aprender a aprender, de ser autónomos en sus tareas y de ser responsables de su propio proceso de aprendizaje.

Y después del virus, ¿qué?

A partir de ahora hay un cambio social y educativo mucho más profundo.

El mundo de la conectividad digital seguirá adquiriendo su posición para no irse de nuestras vidas.

La educación en línea no consiste en adaptar de forma improvisada el contenido educativo a plataformas virtuales para que los alumnos puedan enviar sus tareas y exámenes.

La enseñanza virtual requiere de un conjunto de diseños instruccionales, pedagógicos, de recursos tecnológicos para asegurar que el estudiante esté acompañado en todo su proceso de aprendizaje, que cuente con los apoyos adecuados, con la experiencia y preparación necesarias para ofrecerle recursos de calidad, trabajo en equipo entre docentes y estudiantes con un sólido modelo educativo y pedagógico para que cada familia acepte continuar con el aprendizaje en otro entorno educativo.

Fuente de la noticia: https://m.panamaamerica.com.pa/opinion/pandemia-muestra-las-desigualdades-del-acceso-la-educacion-virtual-1164098

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El Salvador: Educación aún trabaja en plan de retorno “Vamos a abrir hasta que Salud nos diga que podemos hacerlo”

América Central/EL Salvador/24-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Este jueves, la ministra de Educación, Carla Hanania dijo además, que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá por canal 10 la franja educativa «Aprendamos en casa”, como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa.

La ministra de Educación, Carla Hanania dijo esta tarde que aún no se plantean una apertura de las escuelas, pero que ya trabajan en un plan de retorno. “Vamos abrir las escuelas hasta que ya no haya un peligro para nuestros niños, hasta que Salud nos diga que podemos hacerlo”. 

La ministra adelantó que se están preparando para el regreso a clases y que “estamos trabajando en un plan para un recibimiento y atención diferente. Para que ellos sientan alegría de regresar a la escuela”, dijo.

Hanania explicó que el plan de retorno a la escuela contempla principios como la integridad física de los niños y docentes, la integridad emocional y el derecho a la educación.

También, este jueves la ministra de Educación, junto al secretario de Innovación, Vladimir Handal, la directora de TVES, Irma Salazar y la jefa de proyectos y colaboración del despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada, anunciaron que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá la franja educativa “Aprendamos en casa” a través de Televisión El Salvador (TVES), canal 10; como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa, implementado por el ministerio por la emergencia del COVID-19.

“La franja televisiva es importante e iniciará este próximo lunes en TVES, Canal 10, 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y contempla contenidos académicos y lúdicos, pues es muy importante la salud mental de nuestros niños y de la familia”, dijo o la ministra Carla Hanania.

Para la franja educativa, las clases están organizadas por día y por materia para todos los niveles académicos de lunes a jueves, y el día viernes será para actividades lúdicas y físicas, para atender la salud mental de los niños y familias, según explicaron las autoridades.

El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 p.m. y los bloques serán transmitidos de la siguiente manera:

Primera Infancia será a las 7:00a.m.; Primer grado 8:00 a.m.; Segundo grado 8:30 a.m.; Tercer grado 9:00 a.m.;Cuarto grado 9:30 a.m.; Quinto grado 10:00 a.m.; Sexto grado 10:30 a.m.; De séptimo a noveno grado será de 11:00 a 11:30 de la mañana, de acuerdo con el detalle de las autoridades.

De 1:30 a 3:30 p.m. la franja estará dirigida para estudiantes de bachillerato y de 3:30 a 4:30 se transmitirán repeticion para la primera infancia.

La ministra Carla Hanania dijo que el horario se ha establecido de acuerdo a aspectos pedagógicos.

También explicó que dicha fase incluye actualización del contenido priorizado del currículo nacional, que será publicado en el sitio mined.gob.sv/emergenciacovid19, la próxima semana.

Las autoridades detallaron que las materias serán impartidas por día. El lunes se enfocará en matemáticas, martes en ciencia y Salud, miércoles lenguaje, jueves sociales y los viernes será para actividades de desarrollo físico y emocional de los estudiantes.

Entre las series que se impartirán para los más pequeños, las autoridades mencionaron que se transmitirán para “Listos a jugar” de Plaza Sésamo y “Lluvia de Estrellas”,  la cual es una producción del Ministerio de Educación, también programas que ayudarán a cultivar la vida educativa sin descuidar la salud de los niños.

“La franja de primera infancia es un segmento especial la cual se necesita dar una atención especializada por eso se ha trabajado en conjunto a otros ministerios, en cuatro programas que atenderán a la primera infancia para fomentar el bienestar socioemocioinal de los niños por la situación, dijo la  jefa de Proyectos y Cooperación del Despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada.

Posada agregó que se transmitirán dos programas “Club de lectura virtual” y “Crecer leyendo”, el segundo será un espacio de interacción en tiempo real con la audiencia infantil, en el cual se utilizarán cuentos escritos por autores nacionales, y se transmitirá en Radio Nacional de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde.

La ministra de Educación, Carla Hanania dijo además que se continuará entregando las guías impresas a más de 200,000 estudiantes que tienen dificultades para acceder a computadoras e internet.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/franja-educativa-television-cuarentena-el-salvador/716537/2020/

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Alarmante situación de violencia contra las mujeres

Pandemia profundiza desigualdades e injusticias.

La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.

La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-2020[1], donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.

Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.

Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[2] ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.

Miedo e impunidad

Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.

En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.

El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.

Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.

Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.

En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.

También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.

Nuevo Código Penal

La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.

Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.

Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.

El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación. También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años)[3].

Notas:

[1] http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ16-2020.pdf

[2] https://derechosdelamujer.org/observatorio-2/

[3] Cuando la víctima es menor de 12 o mayor de 70 años o si la violación se comete por más de una persona o hay reincidencia

Fuente: Rel UITA

Fuente: https://rebelion.org/alarmante-situacion-de-violencia-contra-las-mujeres/
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Se necesita un esfuerzo común para dejar una pareja violenta durante el confinamiento, según expertos

Latinoamérica/Globalvoice/Belen Febres

Aunque el porcentaje varía por país, la violencia intrafamiliar afecta en promedio a una de cada tres mujeres en América Latina. Los diversos factores que la perpetúan pueden acentuarse durante la pandemia que atravesamos, y deben ser abordados desde distintos frentes.

Rosario Gómez, socia fundadora de la Casa de Refugio Matilde en Quito, Ecuador, explica que aunque se podría pensar que el primer paso para disminuir la violencia de pareja es denunciar al agresor, éste no es el caso. En realidad, más del 80% de las mujeres que viven violencia en Ecuador no la denuncian, y se requiere de un acompañamiento previo a cualquier medida legal:

En nuestros 30 años de trabajo hemos luchado por las leyes apropiadas, pero la primera entrada no debe ser jurídica. Se puede llegar a la denuncia, pero solo cuando la mujer esté más fuerte emocionalmente, haya logrado una separación afectiva del agresor, y cuente con apoyo.

Daniela Pullas, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, en Rumiñahui, Ecuador, añade que este acompañamiento es fundamental porque el proceso puede durar meses y ser desgastante para el núcleo familiar. Por eso, CEPAM ofrece soporte psicológico para la mujer y sus hijos, si los tiene, en conjunto con asistencia legal gratuita.

Gómez añade que la Casa de Refugio Matilde acoge a mujeres en alto riesgo de femicidio, pero no todas las personas que están viviendo violencia se encuentran en el mismo nivel de peligro. Por eso, se precisa detectar el nivel de riesgo de cada caso y fomentar la colaboración entre distintos sectores para generar mecanismos complementarios que aborden diversas necesidades. Por ejemplo, existen centros de atención ambulatoria que ofrecen consultas externas para casos menos críticos.

Además, los medios y la sociedad civil pueden jugar un rol importante durante el confinamiento. Según Gómez, se podría crear programas radiales para guiar a personas que estén viviendo violencia, o activar redes entre vecinos para que estén pendientes de lo que pasa en el barrio. Para ello, es urgente romper con la indiferencia y la cultura de silencio.

Familiares y amigos también pueden ser proveedores esenciales de recursos de apoyo, sobre todo durante la cuarentena cuando se dificulta el acceso a otros servicios. Sin embargo, Esteban Laso, psicoterapeuta y psicólogo social, explica que este acompañamiento debe ser libre de juicio, y debe respetar las decisiones de cada mujer:

Hay que comprender que la terminación de una relación de pareja violenta no ocurre de la noche a la mañana. Es fundamental no cortar el vínculo con la persona durante el proceso, no culparla si regresa con su agresor, y no demonizar a la pareja. Ayudan más las preguntas que facilitan la reflexión que los consejos, pero esto puede ser difícil y requiere un entrenamiento, por eso es importante complementar este apoyo con el trabajo de un profesional especializado.

Aparte de soporte emocional, amigos y familiares pueden brindar asistencia práctica, como un lugar para llegar, aporte económico, o ayuda con el cuidado de los hijos.

Ana (nombre protegido), una mujer ecuatoriana de 31 años que ama leer y hacer deporte y que vivió violencia por parte de su expareja, cuenta a Global Voices que el respaldo de su hermana fue decisivo:

Después de una de las veces que mi exmarido me pegó, mi hermana llegó con algunas personas y entre todos me ayudaron a salir de la casa. Sin ella, yo no me habría animado porque estaba asustada y no tenía la independencia económica para mantener a mis dos hijas sola.

Gómez explica que eliminar las situaciones de inequidad como la dependencia económica que describe Ana es indispensable para reducir la violencia. Opina que la sociedad civil ha logrado algunos avances importantes, como visibilizar la precarización del empleo y posicionar a la violencia como un problema público. Sin embargo, considera  que para lograr un cambio profundo es imprescindible que las estructuras sociales que mantienen la desigualdad se desestabilicen.

Según Pullas, para alcanzar este objetivo es fundamental que el Estado también priorice la prevención de la violencia y destine los recursos suficientes para hacerlo. La necesidad de abogar por esto es incluso más inminente durante la pandemia cuando el presupuesto se recorta.

Además, Pullas dice que se requiere mayor cumplimiento de leyes y mecanismos existentes, y que se precisa cambiar las ideas que perpetúan la violencia. Para Ana, estas normas culturales pesaron mucho, pero ahora que logró vencerlas, como profesora inculca nuevos valores desde la educación:

Te meten en la cabeza que si tienes hijos nadie te va a querer, y hay un miedo gigante a quedarte sola. Además, muchas veces permaneces en el ciclo de la violencia por miedo a que te juzguen, y eso la naturaliza. Esas son las ideas que yo intento cambiar todos los días en mis alumnos.

Por último, Laso recalca que la erradicación de la violencia debe ser un esfuerzo en conjunto, y que, si bien la prevención es fundamental, este trabajo no puede recaer únicamente en las mujeres:

La concientización debe dirigirse hacia los testigos y perpetradores, y no solo a las potenciales víctimas. Los hombres tenemos que recuperar nuestra capacidad de querer y ser queridos. Este es un proceso largo y profundo de transformar nuestra forma de entender lo que es ser hombre y ser humano. Solo así lograremos el cambio auténtico y duradero que tanto necesitamos.

Si estás viviendo violencia en Ecuador durante la cuarentena, puedes llamar a ECU 911, o buscar más información en este protocolo o en las páginas de CEPAM y la Fundación Casa de Refugio Matilde.
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COVID-19 y la brecha digital en la educación de Trinidad y Tobago

América Central/Trinidad yTobago/ GlobalVoice/ Amilcar Sanatan/ 

El 16 de marzo de 2020, solo una semana antes de que el país entrara en su versión del confinamiento para frenar la difusión de COVID-19, el Gobierno de Trinidad y Tobago ordenó el cierre de todas las instituciones educativas.

En su mayoría, universidades y otras instituciones educativas superiores pudieron hacer la transición a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en línea. Sin embargo, en muchas escuelas primarias y secundarias quedó expuesta la gravedad de la brecha digital del país y la necesidad de abordar el analfabetismo digital en Trinidad y Tobago.

En comparación con varios estados miembros del CARICOM, el panorama digital de Trinidad y Tobago parecía ofrecer un entorno propicio para el aprendizaje digital. Se informó que la penetración de internet era del 77.3 % en diciembre de 2018, y durante casi dos décadas ha habido un importante inversión estatal y apoyo por parte de agencias de desarrollo para el desarrollo de la infraestructura digital y los servicios electrónicos en el sector público.

Sin embargo, nuestro sistema educativo se ha quedado atrás. En junio de 2019, el ministro de Educación, Anthony Garcia, anunció que Trinidad y Tobago informaría al Consejo de Exámenes del Caribe, la junta central de exámenes del CARICOM, que las escuelas del país no estarían listas para el cambio previsto para 2020. El objetivo era que el sistema de educación pública estuviera preparado para hacer esa transición para 2021.

Desde entonces, la llegada de la pandemia de COVID-19 ha acelerado estos esfuerzos y la urgencia de pasar a una enseñanza, aprendizaje y evaluación en línea. Sin embargo, lo que no transita con la misma facilidad son las desigualdades socioespaciales que existen en Trinidad y Tobago, y la respectiva brecha digital –término usado por científicos sociales y otros para referirse al acceso desigual a las tecnologías básicas de la información y las comunicaciones.

El concepto de una brecha digital parece abstracto hasta que no examinemos las realidades a las que se enfrentan profesores y estudiantes. He estado entrevistando a profesores de secundaria que enseñan a estudiantes de quinto año (de 15/16 años). En una escuela secundaria en el distrito Caroni en el centro de Trinidad, de 15 estudiantes en la clase de inglés A, ocho no tenían acceso a un portátil o a internet. El profesor creó un grupo en WhatsApp para que estos estudiantes participaran. Le envió por correo electrónico al grupo un ejercicio de revisión de exámenes, y después de una semana recibió respuestas de solo dos estudiantes.

De manera similar, otra profesora de una escuela secundaria de Puerto España, la capital de Trinidad, informó que solo estaba en contacto regular con cuatro de los 20 estudiantes de su clase. La tasa de participación ha sido baja y el compromiso con los estudiantes se dificulta en las escuelas en que la mayoría de los estudiantes procede de comunidades con recursos insuficientes. No obstante, algunos profesores han creado vibrantes comunidades en línea para la enseñanza y el aprendizaje del inglés y las matemáticas, pero parecen ser excepciones a la regla.

La navegación por las tecnologías en línea para la educación presenta muchos desafíos, además de las preocupaciones obvias sobre la capacidad de los estudiantes para acceder a las herramientas y tecnologías necesarias. La interacción entre profesores y estudiantes en el espacio digital es diferente de la participación presencial y depende del nivel de conocimientos digitales de ambas partes. Para llevar a cabo procesos educativos “formales” en línea se requiere tanto competencia como confianza. Como prueba, basta con preguntar a cualquiera de los numerosos parlamentarios o consejeros de la administración local que han ayudado a los ciudadanos a presentar solicitudes en línea para servicios sociales.

Para compensar la falta de una formación pedagógica general en este rubro, se está capacitando a los maestros del sistema de educación pública de Trinidad y Tobago para que hagan la transición mediante talleres y seminarios en línea de “emergencia” poco a poco. Dado que es difícil hacer un seguimiento de la participación de los estudiantes en las clases en línea, una parte importante de la enseñanza y la comunicación con los estudiantes se ha trasladado a las comunicaciones telefónicas. “Las clases en línea” se han convertido, en algunos casos, en “clases telefónicas” ya que los profesores utilizan grupos de WhatsApp o llamadas a través de su propio móvil para hablar con los estudiantes. Esto tiene consecuencias para lo que pensamos es una enseñanza en línea eficaz, además de la labor adicional que los profesores deben realizar para atraer a los estudiantes.

Los sucesivos gobiernos de Trinidad y Tobago ya han introducido la tecnología en las escuelas. El programa “Computadoras portátiles en las escuelas” del Ministerio de Educación, empezado en 2010 por la administración del Movimento Nacional Popular, no produjo los importantes cambios pedagógicos y de actitud que declaró que produciría. Los estudios de evaluación del programa han mostrado cómo los profesores y estudiantes tenían diferentes expectativas en cuanto al uso de computadoras portátiles en las clases, y el éxito del programa dependía más de la cultura de cada escuela que de cualquier beneficio procedente de la propiedad individual.

Sin embargo, el alcance del programa puso de relieve la limitada capacidad en materia de las tecnologías de la información y la comunicación de que disponen las escuelas secundarias y la necesidad de dirigir recursos para mejorarlas. Para 2016, la administración del Movimiento Nacional Popular dejó de distribuir computadoras portátiles personales a los estudiantes en favor de un enfoque destinado a fomentar la capacidad de las escuelas en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Ya antes he criticado públicamente la aplicación del programa “Computadoras portátiles en las escuelas” tanto por su incapacidad para hacer frente a los problemas de la alfabetización digital como por su incapacidad de crear contenidos adecuados para los modos digitales de aprendizaje. Mi posición ha cambiado desde entonces. Estoy a favor de una revisión integral de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación que también ponga las computadoras portátiles en manos de los estudiantes. ¿Cambiará la COVID-19 también las posturas políticas del régimen actual?

Los profesores y los administradores escolares también señalaron la necesidad de servicios de apoyo para los estudiantes con problemas físicos y de aprendizaje, así como de intervenciones en los hogares en los que los conflictos entre padres e hijos son más intensos. Muchos estudiantes en Trinidad y Tobago enfrentan un alto nivel de estrés en sus hogares y comunidades, y con las nuevas disposiciones, muchos jóvenes se encuentran ahora con la carga de tener que cuidar de sus hermanos menores, incluso gestionar sus necesidades educativas. La división desigual del trabajo a menudo significa que esas tareas recaen en las jóvenes y las niñas.

Decir que el Estado ha sido negligente en su deber de educar al público durante esta crisis sería desestimar la importante respuesta de emergencia y la ayuda que han ofrecido dado el cierre de las escuelas. La transferencia bastante rápida de las comidas del Programa de Nutrición Escolar a las “tarjetas de alimentos” de corto plazo de los padres en función de las necesidades fue impresionante.

Pero los ministros del Gobierno y los funcionarios públicos del Ministerio de Educación tienen una tarea difícil por delante. Una conferencia de prensa del 14 de abril ofreció un panorama del difícil contexto en el que tienen que trabajar para que la “actividad principal de la educación” continúe. También mostró su apertura para responder a preguntas sobre cuestiones pertinentes como las fechas de los exámenes a nivel local y regional.

Pero lo que no escuché fue un reconocimiento de la importancia de los estudiantes como partes interesadas y responsables de la toma de decisiones. Los líderes del gobierno estudiantil, los clubes de estudiantes y los “usuarios” de los estudiantes digitales deben participar de las decisiones que se toman en su nombre y que darán forma a su futuro.

Screenshot of the Trinidad and Tobago Ministry of Education's recently launched online learning platform.

Captura de pantalla de la plataforma de aprendizaje en línea recientemente lanzada por el Ministero de la Educación de Trinidad y Tobago.

Ya sea que llamemos a lo que estamos experimentando una crisis o un desastre, lo que tendrá que seguir es una recuperación y una remodelación de la educación, y dejar a los estudiantes fuera de la discusión sobre esto es dejarlos de lado. Las experiencias y las perspectivas de los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo debería influir en la respuesta y en la “solución” del sistema educativo. Lo que no queremos es una situación donde la exclusión de los estudiantes se convierta en una amenaza más grande que la COVID-19 para nuestra educación. Como afirmó Martin Carter, poeta guyanés: “¡Estamos todos implicados! ¡Todos están tomados!”.

Inmediatamente después de la rueda de prensa del Ministerio de la Educación del 14 de abril, recibí dos llamadas. La segunda era la de un pariente que estaba tratando de decidir si invertir en clases particulares ofrecidas por el profesor de primaria de su hijo al costo de 300 dolares por semana (45 dolares estadounidenses). La oferta incluía dos vídeollamadas vía WhatsApp.

La primera llamada fue la de un estudiante de sexto año que me ofreció una revisión del Sistema de Gestión del Aprendizaje Escolar (SLMS), plataforma en línea recientemente lanzada por el Ministerio, sobre la base de la facilidad de uso y el contenido. Quienes hayan aceptado que los políticos realicen la evaluación de la plataforma deberían inscribirse y sacar sus propias conclusiones. Tal vez entonces podrían empezar a distinguir entre las relaciones públicas y la realidad.

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