El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sancionó la ley que crea el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional para la Educación, también conocido como Copeme, que tendrá como funciones servir de apoyo a las autoridades en el proceso de implementación de las 37 políticas de Estado y sus líneas de acción para mejorar la calidad de la educación en este país de América Central.
El presidente de esta nación centroamericana ha ordenado la creación de una mesa de trabajo para garantizar legalmente el derecho a la educación y trabajo de las personas transgénero y transexuales.
Con el objetivo de trabajar en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de los que han vivido bajo discriminación, prejuicios y desigualdad, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha ordenado la creación de una Política Nacional para la Formación, Educación y Empleabilidad de las personas trans, cuyo fin principal es que las personas trasgénero y transexuales puedan tener acceso a derechos básicos como la educación y el trabajo.
«El Estado está obligado no solo a cumplir con los principios de igualdad y no discriminación, sino también de llevar a cabo medidas proactivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos», ha asegurado el mandatario centroamericano a través de un comunicado.
El mandatario emitió su orden en el marco del Día Internacional de la Acción para la Despatologización Trans, que se conmemora cada 22 de octubre.
Con el propósito de alcanzar este objetivo se creó una mesa de trabajo que se encargará de elaborar una propuesta final de la Política trans para el primer trismestre del año 2019. Así lo ha dado a conocer el comisionado presidencial de la población LGTBI (lesbiana, gay trans, bisexual e intersexo), Luis Salazar.
Eso advierte el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
El nuevo plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) supone que unos 6,000 estudiantes dejarían de recibir una exención en la matrícula, se decretaría un aumento en el costo de cada crédito y se recortaría el retiro de los jubilados del sistema.
Pero lo peor para el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, es que el efecto combinado de las medidas promulgadas ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dificultarán el acceso de los estudiantes de escasos recursos económicos al sistema de enseñanza universitaria.
“El 40% de los estudiantes de la UPR necesita ayuda económica”, precisó Alomar al ilustrar la necesidad.
En la versión certificada ayer por la JSF, el costo de la matricula sube a $115 durante el primer año de vigencia del documento. Otros aumentos continúan en los años subsiguientes. Del mismo modo, se imponen límites de necesidad económica a las exenciones o becas que reciben los alumnos del sistema.
Del mismo modo, se propone la consolidación de los campus bajo los recintos de Mayagüez y Río Piedras. El único centro educativo que no sería alterado es el Recinto de Ciencias Médicas.
Las tareas administrativas y no docentes, como las que realizan las oficinas de Recursos Humanos y de Finanzas, se consolidarían y se reduciría la empleomanía. Las consolidaciones administrativas comenzarían este año fisca, mientras que la fusión de programas académicos iniciaría en el 2020.
Las determinaciones de la Junta se dieron pese a los cuestionamientos y las objeciones levantadas por el propio Alomar y miembros del público en la reunión pública que celebró ayer la JSF. Por ejemplo, Diana Rivera Viera afirmó que las reducciones en las pensiones que la Junta impulsa son innecesarias puesto que el sistema de retiro de la UPR está saludable, asunto que contradijeron los miembros de la Junta.
El alumno Jesús Soto, de la UPR en Aguadilla, resaltó que los estudiantes no tienen culpa del mal manejo de las finanzas del gobierno por lo que no deberían pagar las consecuencias.
“Nos están ahorcando”, dijo.
Alomar, por su parte, dejó entrever que no necesariamente estarían implantando todas las reformas que se exigen en el documento fiscal, especialmente en el área de las exenciones que reciben los estudiantes.
Dijo que le probarán a la JSF que algunas de las disposiciones, como la que recorta las becas, son innecesarias.
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) informó hoy que el pasado viernes demandó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan al Departamento de Educación para exigirle que les conceda a los maestros transitorios del sistema un aumento salarial otorgado recientemente al personal docente.
Según explicó la FMPR en un comunicado de prensa, la demanda enfatiza que los educadores «han sido privados de ese incremento salarial en violación a las leyes y derechos que les asisten», a pesar de que la Legislatura local aprobó la Resolución Conjunta 50, la cual dispone el aumento al magisterio.
Ante ello, la FMPR le solicitó al tribunal que ordene se conceda el aumento salarial de 125 dólares mensuales a todos los maestros y maestras transitorios, retroactivo al 30 de agosto de 2018.
El sindicato dijo además que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en su mensaje de presupuesto del 22 de mayo pasado que «el acuerdo de presupuesto contempla el aumento de sueldo de 1.500 dólares para todos los maestros del sistema público», marcando el primer aumento en la pasada década.
«Tanto en el lenguaje de la Resolución Conjunta como en las expresiones del gobernador queda claro que el aumento aplicaría a todos los maestros y maestras del sistema sin distinción de categorías», enfatizó Martínez.
La líder sindical sostuvo que estos maestros transitorios tienen las mismas cualificaciones y ejerce las mismas funciones que cualquier otro docente.
Dijo además que el Departamento de Educación cuenta con numerosos maestros que llevan entre seis y diez años trabajando como transitorios «sin que se les conceda la categoría de permanentes a pesar de cumplir con todos los requisitos y en clara violación a la ley».
«Muchos maestros y maestras transitorios mantienen ese estatus debido a la negligencia crasa del Departamento de Educación que consistentemente viola la Ley 312 de 1938 y no les otorga la permanencia como corresponde», indicó.
«Negarles el aumento que les corresponde implicaría crear distintas compensaciones para educadores que realizan funciones similares y reúnen los mismos requisitos. Constituiría un discrimen rampante», advirtió la portavoz federada.
Ante la problemática, el sindicato anunció que realizará una manifestación el próximo 14 de noviembre para exigir justicia a estos maestros.
Para que un fascista gane la presidencia de un país se necesitan millones de fascistas que en tiempos de democracia acaben con la misma dándole su voto a un extremista de derecha. Porque una cosa es una dictadura sangrienta y otra es que millones de personas por su propia voluntad voten por un fascista y lo hagan presidente.
El nombre del fascista es lo de menos, estamos rodeados de ellos, nosotros somos ellos: todos tenemos un fascista en nuestras familias, amistades, conocidos, compañeros de trabajo, en nuestra comunidad, nosotros mismos tenemos algo de fascistas. ¿No? Veámonos en un espejo. Tengamos las agallas y la responsabilidad de hacernos cargo de lo que somos y lo que representamos: de lo que nutrimos. Porque nosotros y solo nosotros somos los que mantenemos este sistema vigente.
Por solapar cualquier tipo de violencia por mínima que sea, por alimentar estereotipos, por ese ego que no nos cabe en el pecho, por el descaro de solapar en lugar de denunciar y provocar un cambio, por pequeño que sea. Por cómodos y defender nuestra pequeña burbuja de fantasía de una holgada estabilidad y con eso arremeter contra quienes ponen el lomo para que nosotros podamos joderlo todo con nuestras mentes colonizadas.
Somos machistas, misóginos, patriarcales; somos racistas a morir, clasistas como solo nosotros mismos, no hay quién nos gane, homofóbicos y; es muy fácil que con ese tipo de mediocridad llegue un representante de la ultraderecha y nos encienda el odio de un chispazo y arrasemos con todo pensando como buenos idiotas que los perjudicados serán otros.
Entonces señalamos: la culpa es de los pobres que se dejan manipular por los medios de comunicación: cuando sabemos que el obrero, el que trabaja de sol a sol ni a televisión ni a radio llega, apenas tiene para comer un tiempo al día si bien le va.
Yo al oprimido le perdono todo, porque no ha tenido una sola oportunidad en la vida y se ha fajado buscándola, pero responsabilizo de un voto al fascismo a quien ha tenido acceso a la educación, quien se ha formado un criterio propio y ha podido discernir y que aun así vota para joder al de abajo. Estas personas merecen cadena perpetua: por traidores e inhumanos.
Explicaciones científicas, psicológicas y políticas las hay, somos buenos para culpar a otros. Ahí están quienes en el caso de Brasil han culpado a los gobiernos de Lula y Dilma, ¿pero qué pueden hacer 15 años de democracia ante 500 años de opresión? La lucha es monumental, en 15 años no se logran resolver los problemas de siglos no de décadas. Esto es un proceso largo en el que debemos contribuir todos. Tenemos que arrancar la raíz y la raíz es un sistema patriarcal y misógino primordialmente.
¿Fallaron? ¿Y si fallaron por qué hubo tanta vida en Brasil en 15 años? Lo que sucede es que fueron mal agradecidos con quienes les dio de comer.
Culpamos a los injerencistas, pero es que las injerencias pueden llegar pero si la gente no se vende, si la gente tiene integridad y respeto y amor a su pueblo no hay quién les abra la puerta desde dentro para dejarlos pasar. La culpa no es de los injerencistas, la responsabilidad absoluta es de quienes desde dentro venden a sus pueblos. Dejemos de culpar Trump, es cómodo culpar para desligarnos de nuestras responsabilidades. Trump es un mortal como nosotros, de Bolsonaros están llenas las calles.
Hasta que no nos hagamos responsables de nuestros propios actos, de lo que solapamos y de lo que nutrimos, Latinoamérica ni el mundo cambiarán. Hay un fascista en cada uno de nosotros, unos son más visibles que otros pero el ADN lo tenemos. ¿Qué haremos al respecto? ¿Seguir culpando a otros? ¿A los medios de comunicación? ¿A los injerencistas? ¿A los pobres? Pobres somos nosotros: en espíritu, agallas y cerebro.
Sin reconocimiento legal, pero amparadas por una historia de largos testimonios, la Guardería “Padre Usera” ha formado a cientos de niños
Son las siete de la mañana y Teresa Vaz, una monja con 69 años de consagrada, recibe en la entrada de la instalación que dirige hace casi una veintena de años a cada uno de los pequeños inquilinos. Se trata de la Guardería “Padre Usera”, uno de los dos espacios que tienen las Hermanas del Amor de Dios, una orden religiosa, para la educación de niños durante la etapa de crecimiento infantil.
Desde su llegada a Cuba el 27 de junio de 2001, la hermana Teresa se ha dedicado a regir estos proyectos que forman a los niños desde edades tempranas. Estas monjas, desde el pasado siglo, mantuvieron hogares para los niños más necesitados en la Isla, sin embargo, en la década del 70 sus 13 escuelas fueron nacionalizadas y la congregación religiosa tuvo que marchar del país.
Tentadas nuevamente por atender a los más desfavorecidos, regresaron a Cuba durante el Periodo Especial y fundaron su primera guardería en casas particulares. Por aquella época estaba permitido el cuidado particular de niños, pero como las Hermanas no recibían remuneración por su trabajo, permanecieron sin amparo legal.
Una vez, a una las casas donde acogían a los niños llegó la notificación de una multa, por el valor de mil pesos, por utilizar una vivienda particular para “actividades que estaban prohibidas”. Ante la insistencia de las autoridades de que aquel centro debía cerrar, las “monjitas” no cesaron su actividad y trasladaron los niños a los salones de la Catedral de La Habana.
Pero el ruido de esta experiencia había llegado para ese entonces a los directivos del Ministerio de Educación, que finalmente autorizaron a las primeras guarderías de la Iglesia Católica a entrar en el programa de las vías no formales.
Posteriormente Eusebio Leal, historiador de La Habana, conociendo la labor que realizaba Teresa y su congregación religiosa con los niños, destinó un edificio que en la era colonial fungía como Casa-Cuna, y lo convirtió en la actual guardería “Padre Usera”. El 3 de septiembre de 2012 abrió el edificio de la calle Muralla 60 que, desde el inicio, fue ocupado por más de 150 niños.
Educar para el futuro
“Nosotras formamos en el amor y guiamos a los niños en los primeros años de su vida para que crezcan en valores”, dice Teresa Vaz. Precisamente, dentro de los objetivos de la preparación en la guardería está la incorporación del amor como una expresión elemental del ser humano, lo que lo lleva hacia un auténtico desarrollo personal y a un elevado conocimiento de la realidad en que viven.
La ayuda de la comunidad es de vital importancia en este proyecto. Fotos del autor
Siguiendo este tema, el trabajo educativo recorre un amplio programa de atención personalizada y gratuita que va desde la preparación socio moral, la lengua materna, educación física, conocimiento del mundo y sus objetos, educación plástica e identidad, hasta la autonomía personal, siendo esta última disciplina uno de los programas más modernos que hacen elevar y distanciar la calidad de la educación de dicho espacio con los planes metodológicos del Ministerio de Educación.
Los círculos infantiles en decadencia
Después del Periodo Especial, el sistema de círculos infantiles, enarbolados como un logro revolucionario que permitía a las madres obreras dejar a sus hijos bajo el cuidado y formación de profesionales que les atendían durante el horario laboral, ha ido en declive por la escasez de centros con buenas condiciones constructivas, además de la falta de insumos, alimentos, docentes, entre otros problemas.
Debido a ello, el Estado ha permitido las guarderías particulares como una alternativa ante la alta demanda de este tipo de centros en la Isla. Sin embargo, al sector privado no pueden acceder las familias más humildes y ni pensar en las madres solteras, por lo elevado de los precios de este tipo de instalación.
Las trabas en “Muralla 60”
Entretanto, a pesar de que estas religiosas, junto a un colectivo de profesionales y educadoras de experiencia, trabajan en un edificio de propiedad estatal, no tienen ningún documento oficial que las avale como una institución no gubernamental que trabaja para la enseñanza en la Isla.
Todo espacio en la Instalación es aprovechado con el fin de poder acoger un número mayor de niños. Fotos del autor
Actualmente más de 200 niños son acogidos en este centro, y las familias de las zonas aledañas constantemente envían solicitudes para que sus hijos matriculen, pero, debido al espacio del lugar, las hermanas seleccionan cuidadosamente las planillas de ingreso para que los más necesitados sean quienes reciban los servicios de la guardería.
Similares a este proyecto, otras iniciativas fungen en el país con la misma consagración de servir en la formación de las futuras generaciones de cubanos, aun cuando el Estado se sumerge en la contradicción de no querer que formen parte del plan educativo de la nación.
Los menores más pequeños son los que presentan las mayores carencias, tanto en lo relativo a pobreza multidimensional como a la pobreza por ingresos
En la carrera de la vida no todas las pistas son iguales. Mientras unos disfrutan de condiciones que les permiten alcanzar su máximo potencial desde la infancia, otros se enfrentan a auténticas carreras de obstáculos. Estas desigualdades acaban de ser puestas de manifiesto en Panamá, donde uno de cada tres niños ve reducidas sus opciones desde la propia línea de salida. Así lo ha revelado el Índice de Pobreza Multidimensional Infantil (IPM), una métrica innovadora cuyos resultados acaba de sacar a la luz este Estado centroamericano, el primer país de América Latina y el Caribe en aplicar esta metodología.
Según este índice, el 32,8% de los menores de 17 años de Panamá se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, más de 450.000 niños y adolescentes se ven privados de tres o más aspectos que son vitales para su desarrollo: educación e información, salud y alimentación, agua y saneamiento, protección y recreación o vivienda. Esta situación es más aguda entre los niños de las comarcas indígenas y de las áreas rurales de difícil acceso; de hecho, la pobreza multidimensional sobrepasa el 50% en provincias como Bocas del Toro o Darién y es superior al 90% en las comarcas de Guna Yala o Ngäbe Buglé.
Los niños más pequeños son los que presentan las mayores carencias, tanto en lo relativo a pobreza multidimensional como a la pobreza por ingresos. El 35,5% de los menores de 10 años sufre pobreza multidimensional, lo que representa más del 58% de todos los niños y adolescentes en situación de pobreza. Según datos de la Encuesta de Hogares del año 2017, el 37% de los menores de cinco años vive en situación de pobreza y el 20% padece pobreza extrema.
La primera infancia ve limitado, además, el acceso a servicios básicos, alimentación adecuada y oportunidades de aprendizaje y desarrollo, elementos cruciales en esta etapa de la vida. Durante los primeros cinco años de la vida de un niño se produce un desarrollo exponencial de sus funciones cognitivas y los efectos perduran hasta la vida adulta. Los niños que reciben desde el nacimiento el afecto, nutrición, cuidados y estímulos necesarios tienen mayor probabilidad de permanecer y tener éxito en la escuela, dependen en menor medida de la asistencia social y se insertan de una manera más productiva en el mundo laboral. Los primeros años constituyen, pues, una ventana de oportunidad única en la que se debe actuar con mayor intensidad para cerrar las brechas en el desarrollo.
Sin embargo, según datos del Ministerio de Educación Panameño, en el año 2013 solo el 6% de los menores de 3 años en Panamá estaba inscrito en algún programa de educación inicial, mientras que un tercio de los niños en edad preescolar no formaba parte de esta oferta educativa. La situación se agrava según el grado de pobreza de la familia. La última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Encuesta MICS, por sus siglas en inglés) realizada por UNICEF en el año 2013, reveló que cuanto menor es el nivel educativo de la madre, o cuanto mayor sea la pobreza en el hogar, menor es el acceso de los niños pequeños a la estimulación temprana o a programas de cuidado o educación inicial. A modo de ejemplo, sólo 6% del total de la los matriculados en el Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI), que brinda atención y educación a los niños de 0 a 4 años de Panamá, corresponde a niños en áreas indígenas.
Panamá ha hecho ingentes esfuerzos para cerrar las brechas que impiden el desarrollo de la primera infancia. Desde el gobierno y con el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, se han impulsado políticas nacionales para la atención integral que han contribuido a aumentar progresivamente la cobertura de preescolar con aulas y nombramiento de docentes; se ha expandido la matrícula y los estándares de calidad de los CAIPI con capacitación docente, se han mejorado infraestructuras o se ha ampliado la cobertura de programas de salud infantil. Más recientemente, se han puesto en marcha programas de apoyo parental y de estimulación temprana en el hogar mediante visitas domiciliarias. Con todo, en un país donde el crecimiento económico de la última década ha permitido una reducción progresiva y sostenida de la pobreza general y extrema, revertir la situación de pobreza de la niñez sigue siendo una tarea urgente.
Los niños son más vulnerables ante la pobreza. Es una situación que no depende de ellos y carecen de los instrumentos para combatirla. Además, padecen de forma más duradera sus consecuencias puesto que se genera un ciclo nocivo de crecimiento intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad. Los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional Infantil, son una invitación a que otros países consideren esta metodología y marcan un camino hacia el cual continuar dirigiendo esfuerzos: vencer la carrera de obstáculos que impide a los niños panameños alcanzar su potencial y hacerlo desde muy temprano en la vida.
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