Centro América

A medida que se acercaba el primer aniversario del Huracán María, Ruth González no estaba centrada en cuán mortal  había sido la tormenta. Estaba preocupada por cuántas semanas de escuela se perdería su hijo Kaleb este otoño.

Kaleb tiene 4 años y es autista. Después de un año de convulsiones, él y cientos de otros niños que necesitan educación especial fueron recibidos no con un sistema escolar reconstruido y recuperado, sino con caos. Sus primeras semanas estuvieron marcadas por lo que un defensor llamó «la tormenta después de la tormenta natural», una reorganización radical que involucró el cierre de aproximadamente una cuarta parte de las escuelas públicas de Puerto Rico.

La educación pública en Puerto Rico, y la educación especial en particular, ha estado en mal estado durante décadas, reflejando las tensiones no solo de la pobreza de la isla, sino de una década de despoblación y recortes presupuestarios forzados por su bancarrota en 2017 . El huracán María  mató a varios miles de personas  y arrasó edificios, pueblos, ciudades y la red eléctrica. También desplazó a miles de residentes hacia el continente, muchos de los cuales nunca regresarán. La iniciativa de cierres, impulsada por la secretaria de educación de la isla, ya estaba en marcha cuando Maria golpeó. Las consecuencias de la tormenta ayudaron a acelerarlo.

Puerto Rico ha estado operando bajo una orden judicial para mejorar la educación especial durante 37 años. A partir del año pasado, el 33.4 por ciento de los estudiantes de escuelas públicas de la mancomunidad están inscritos en dichos programas, en comparación con un promedio nacional de 13 por ciento en 2015, el último año para el que hay cifras. Pero a pesar de ser más numerosos, a los estudiantes de educación especial de Puerto Rico les va mucho peor. Alrededor del 93 por ciento de ellos obtuvieron puntajes por debajo del nivel básico en la prueba de Evaluación Nacional de Progreso Educativo, a nivel nacional, esa cifra fue del 51 por ciento.

El estado de cosas de la mancomunidad  refleja una crisis más amplia que enfrentan todos los estudiantes más vulnerables de Estados Unidos. Las escuelas se esfuerzan por brindar servicios a pesar de los presupuestos ajustados y la escasez de docentes calificados, psicólogos y terapeutas. Solo el sistema de Puerto Rico es más de 130 instructores de educación especial.

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Además, los sistemas escolares tensos han atraído regularmente a los reformadores con curas que algunos educadores ven como peores que la aflicción, con remedios que van desde escuelas autónomas hasta cierres masivos. En Puerto Rico, los sindicatos de padres y maestros han sido muy críticos con las iniciativas lanzadas por la Secretaria de Educación Julia Keleher, una nativa de Filadelfia de 43 años contratada en 2016 con un contrato que ahora le paga $ 250,000 al año.

Su estrategia de cierre de la escuela nunca fue popular, incluso aquellos que simpatizaban con su agenda dijeron que estaba mal planificada, pero este verano la crítica alcanzó un punto de crecimiento gracias a la combinación de su implementación y las secuelas continuas de María. Semanas después de que comenzaran las clases el 13 de agosto, una madre compartió una foto en Instagram de un aula en la que los pupitres estaban tan apretados que el maestro tuvo que dirigirse a los estudiantes desde el lado. Los funcionarios no permitieron que un gran grupo de estudiantes de educación especial había sido reubicado allí. Otra madre creó una página de Facebook para lo que llamó » Historias de terror de educación especial de Puerto Rico «. Mientras que algunas escuelas fueron sobresuscriptas, otras tuvieron cientos menos de lo esperado para el primer día de clases.

La imagen es muy diferente de los días y meses inmediatamente posteriores a María, que causaron daños estimados en $ 90.400 millones . González dijo que padres y funcionarios se reunieron para reparar escuelas y acomodar a los estudiantes en las semanas posteriores a la tormenta. Algunas alineaciones de clase se malabarizaron en respuesta a las salidas masivas de las familias al continente, pero poco a poco, e incluso con todo el daño a la infraestructura de la isla y los edificios escolares, las cosas se acercaron a la normalidad.

Para González, la reapertura rápida en 2017 de la escuela de Kaleb, Lorencita Ramirez de Arellana en Toa Baja, justo al oeste de San Juan, fue un gran alivio. «Los profesores fueron excepcionales, las instalaciones fueron realmente buenas», recordó. «Los grupos eran más pequeños. Y los niños podrían aprender mucho más «. Sin embargo, esta primavera, su alivio se convirtió en consternación cuando Lorencita apareció en la lista de escuelas de Keleher programadas para el cierre debido a la baja inscripción. A los ojos de González, el bajo conteo de alumnos de Lorencita era exactamente lo que los estudiantes de educación especial necesitaban en primer lugar. En su nueva escuela, el aula de Kaleb carecía del baño separado necesario para una clase en la que no todos los estudiantes están entrenados para ir al baño. Peor aún, no se asignó ningún asistente, una preocupación crítica ya que Kaleb necesita ayuda para tragar su comida.

La amiga de Ruth González, Jasmin Berrios, cuya hija preescolar, Eva, también asistió a Lorencita, se sorprendió cuando descubrió que su clase no tenía ningún maestro asignado, y que la habitación aún estaba llena de escombros un año después de la tormenta.

La educación especial cubre una amplia gama de necesidades, desde el autismo hasta la parálisis cerebral. La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades de 1975 requiere que todos los estudiantes de EE. UU. Que califiquen reciban dichos servicios. Sin embargo, la última revisiónanual del Departamento de Educación de los EE. UU.  Encontró que 29 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico no cumplieron con sus obligaciones de educación especial en el año escolar 2016-17.

Berrios dijo que los cierres planeados de Keleher empeoraron la situación, en gran parte ignorando a los niños con necesidades especiales. «Para sacarlos de ese entorno en el que tienen una estructura y ponerlos en otra, van a sufrir innecesariamente», dijo Berrios.

En una entrevista, Keleher describió los cierres como parte de su objetivo de racionalizar un sistema impulsado por la inercia y la política. «Reducir la huella» fue una necesidad dada la caída en la matrícula general, de 644,000 en 1990 a un estimado de 307,000 para el nuevo año escolar, dijo ella. Esa reducción refleja tanto una tasa de natalidad decreciente como la pérdida del 10 por ciento de la población de Puerto Rico desde 2000, debido en gran parte al declive económico de la isla durante ese período. (En julio de 2017, Puerto Rico tenía una población estimada de 3,35 millones. Según una estimación, la migración posterior a María podría llegar a 200,000 a fines de 2018).

Un fuerte endeudamiento eventualmente llevó al Congreso a permitir Puerto Rico solicite el equivalente a la bancarrota el año pasado. Se creó una junta de control fiscal para imponer la austeridad y reducir el tamaño del gobierno de la isla a un tamaño sostenible. El presupuesto del Departamento de Educación local, mientras tanto, bajó de $ 3 mil millones en 2016 a $ 2.5 mil millones. Este año, la junta de control exigió recortes por un total de $ 200 millones, incluidos $ 80 millones de educación especial.

Keleher dijo que su plan de consolidación tenía la intención de liberar dinero para reinvertir en áreas como la educación especial. «Mientras que el público lo ve como un juego de números y una consolidación fría de las escuelas», dijo, «fue un cambio intencional de la distribución de recursos para garantizar que hubiera dinero disponible para ir donde más se necesitaba».

Keleher dijo que el programa de educación especial de Puerto Rico produce resultados «terribles». Hace casi cuatro décadas, un juez hizo una observación similar en un fallo que la comunidad no había cumplido con sus obligaciones constitucionales para los estudiantes con discapacidad.

Cuando la demanda fue presentada en 1980, solo el 3.9 por ciento de los estudiantes de Puerto Rico fueron clasificados como elegibles para educación especial, en comparación con un promedio nacional de alrededor del 10 por ciento en ese momento. Keleher acredita la demanda, iniciada solo cinco años después de su nacimiento, con haber obligado al departamento a identificar a más estudiantes con discapacidades. Pero agregó que el porcentaje actual de estudiantes designados como necesitados de educación especial, más de ocho veces el de 1980, está «fuera del camino».

La presión de la demanda puede haber llevado a los educadores a inscribirse en exceso, dijo. Los estudiantes fueron clasificados como adecuados para la educación especial sin una selección suficiente. Fue un impulso de errar «del lado de, ‘Permítanme ayudarlo, porque no queremos ser acusados ​​de no ayudar'», dijo Keleher.

Hay otras teorías Joyce Davila, el fundador de Autism Alliance de Puerto Rico , cree que la cifra actual del 33 por ciento puede ser precisa, lo que refleja el alto nivel de discapacidad que se deriva de la pobreza de la isla. Susan Therriault, investigadora gerente de los Institutos Americanos de Investigación que ha trabajado en Puerto Rico, dijo que el alto porcentaje puede reflejar la gran cantidad de estudiantes matriculados en escuelas privadas, algunos de los cuales afirmaron tener una reputación de ser reacios a admitir estudiantes con discapacidades Como resultado, un contingente artificialmente grande de niños con necesidades especiales queda en las escuelas públicas.

Ana María García Blanco, directora ejecutiva del Instituto de Escuelas Nuevas de San Juan, dirige los programas Montessori en la isla. Ella sostiene que la cifra es una señal de que los maestros de clase regular simplemente se sienten abrumados. Confrontados con un estudiante que sienten que no pueden atender adecuadamente, los educadores a menudo sienten que «la mejor alternativa que tienen es derivarlos a educación especial», dijo.

Las estadísticas parecen apoyar su tesis. Una mayor proporción de la población de educación especial de la isla tiene discapacidades menos severas que la nación en general. Puerto Rico también coloca a más de sus estudiantes de educación especial en las clases regulares durante una mayor parte de la jornada escolar que el promedio nacional, el 75 por ciento en comparación con el 63 por ciento. Los defensores dicen que esa es una de las muchas señales de que los estudiantes reciben una educación especial solo por su nombre.

De hecho, un informe de 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizado por abogados de la Facultad de Derecho de Santa Clara concluyó que la estrategia de Puerto Rico ha sido encontrar formas de retrasar y evitar proporcionar programas de educación especial apropiados u oportunos. El informe hace eco de una larga una lista de quejas de los padres, los llamados planes de educación individualizada copiados de una fórmula genérica; la falta de ayudantes uno-a-uno; muy pocos especialistas en comportamiento para niños autistas; y una falta de entrenamiento para los ayudantes.

En 2002, el tribunal de la Commonwealth nombró un monitor con la esperanza de que los informes anuales generarían progreso. Ellos no lo hicieron. Cuatro años después, un juez impuso una multa de $ 2,000 por día contra Puerto Rico por no haber logrado una mejora suficiente. La multa aumentó a  $ 10,000 por día en 2015. Para algunos, la duración del litigio es prueba de falla. «¿Cómo puede tener una demanda colectiva que se ejecuta casi medio siglo?», Dijo Victor M. Rivera, un ex juez de educación especial en Puerto Rico.

Keleher dijo que no hay una solución rápida para un sistema que ella dijo es » un poco de desastre».

Este verano, el Departamento de Educación de la mancomunidad comenzó un programa para abordar la sobreclasificación. A los educadores de regiones seleccionadas se les enseñaron técnicas para reducir el comportamiento disruptivo o identificar a los estudiantes que pueden evitar la educación especial con ayuda adicional temporal. También hay un esfuerzo para aumentar la enseñanza en equipo, una práctica común en otros lugares de los EE. UU. En la que un maestro general y un maestro de educación especial comparten una clase.

» Estas son cosas que suceden en todas partes y parecían haber tenido buenos efectos», dijo Keleher. Todas estas iniciativas se han visto eclipsadas por el plan de cierre de la escuela y el apoyo a una nueva ley que, por primera vez, permite la existencia de escuelas autónomas en Puerto Rico. El plan de cierre ha desencadenado litigios y especialmente perjudicado la educación especial, según los opositores, que se basa en pequeños salones de clases con bajas relaciones profesor-alumno para ser eficaz.

Los sindicatos de maestros a menudo citan un tweet  de Keleher, publicado un mes después de que María atacó, instando a los isleños a usar las secuelas del huracán Katrina como «punto de referencia» y una «oportunidad de crear escuelas nuevas y mejores». Después de Katrina, Nueva Orleans cerró prácticamente todas sus escuelas y despidieron a casi todos los maestros antes de reemplazarlos con escuelas autónomas.

Otros son más caritativos, y dicen que Keleher persigue metas que valen la pena de una manera que aliena a padres y maestros. «Las respuestas se encuentran con las personas que están más cerca de los niños», dijo García Blanco. » Llamarlo un ‘desastre’ la separa de ellos».

Agregó que Keleher subestimó el impacto emocional de los cierres en las comunidades afectadas. «Las escuelas son como el centro de sus vidas».

Luis Beauchamp probablemente estaría de acuerdo. Él es el padre de un autista de tercer grado en Mayagüez, en la costa oeste de Puerto Rico. Hasta este año, Beauchamp envió a su hijo a la misma escuela primaria a la que asistió cuando era un niño, a un minuto caminando de su casa. Después de años de trabajo constante con maestros y administradores, Beauchamp vio a su hijo comenzar a prosperar allí.

Sin embargo, ese éxito se vio interrumpido cuando la escuela de su hijo llegó a la lista de clausura. Fue asignado automáticamente a una escuela mucho más lejana, en una clase cacofónica de 27 estudiantes. Pasó un mes antes de que Beauchamp pudiera encontrar otra escuela que pareciera apropiada. Dijo que, durante la espera, su hijo le preguntaba cuándo volvería a abrir su antigua escuela cada vez que pasaran.

«Para cualquier niño, ha sido difícil», dijo Beauchamp. «Pero para un niño con educación especial, ha sido aún más difícil».

Elsen-Rooney es becario de informes del Proyecto de Maestros en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-28/how-maria-made-puerto-rico-s-schools-worse-for-special-ed-kids