Epidemiólogos y especialistas en salud pública coinciden en que el Ministerio de Salud (Minsa) debe involucrar mucho más a las comunidades en la lucha contra la Covid-19.
La aparición de la vacuna supuso un gran aporte en la lucha contra la Covid-19, pero desde la perspectiva de varios especialistas es hora de incorporar mucho más la educación y la promoción de la salud en esta pandemia.
Tanto para el epidemiólogo Arturo Rebollón como para el especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi se trata de herramientas “muy valiosas” que se pueden aplicar mientras el país alcanza la inmunidad de rebaño, es decir, que se haya vacunado a entre el 70% y el 80% de la población.
De momento, se ha aplicado al menos una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech o de AstraZeneca/Universidad de Oxford a poco más de 21% de los 4.2 millones de habitantes del país.
En palabras de Rebollón, el país se encuentra en un escenario de aceleración de todos los indicadores de la Covid-19, entre ellos, la cantidad de contagios y el porcentaje de positividad. No obstante, subrayó que a diferencia de la primera ola, en julio, o la segunda, en diciembre de 2020, en esta ocasión hay una menor sobrecarga en los hospitales con el número de hospitalizados.
“Durante la primera ola de julio teníamos a 50 pacientes adicionales en las unidades de cuidados intensivos y en la segunda llegamos a los 3 mil hospitalizados”, dijo.
Ahora mismo hay 590 pacientes hospitalizados por la Covid-19, de los cuales 501 están en sala y 89 en unidades de cuidados intensivos.
A juicio del epidemiólogo, lo que hay que hacer en este momento es reforzar y evolucionar el mensaje de prevención y educación en los gobiernos locales y comunidades, por medio de campañas que lleguen a las personas.
“La sociedad necesita diversión, confianza en el futuro y satisfacción personal. Estamos viendo más de lo mismo porque el mensaje ha sido el mismo”, puntualizó el especialista, y agregó que se deben hacer campañas educativas a través de movimientos cívicos, Iglesias y juntas comunales.
En ese contexto, apuntó que el secreto está en la “información” que reciba la comunidad, debido a que en la medida en que las familias tengan el control de la información no tomarán decisiones incompletas relacionadas con la Covid-19.
Reformular estrategia
En esa misma línea se pronunció Prosperi, quien manifestó que se debe reformular la estrategia de comunicación, diseñar campañas, materiales educativos, mensajes y actividades a nivel local y nacional con la participación de la comunidad, para tener una población informada sobre la pandemia. “Nos hemos olvidado de la promoción de la salud dentro de las mismas comunidades en esta pandemia”, dijo.
Para el especialista en salud pública la comunicación y los entornos saludables son básicos en la realidad actual, ya que si hay entornos saludables existe menos posibilidad de que la enfermedad se transmita, y si se tiene a una población sana es menos probable que la enfermedad se manifieste en ellos de una forma más grave.
“Los servicios de la salud deben estar orientados a promover la salud y no a la atención de los enfermos. Los grandes hospitales ocupados de pacientes vienen siendo el fracaso de los sistemas de salud. La promoción y prevención de la salud debe venir del primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, pero con el apoyo de gobiernos locales, clubes cívicos y organizaciones comunitarias”, concluyó.
Para el organismo internacional, el contexto de pandemia demanda que los equipos de atención primaria en salud “vayan más allá de los muros de los establecimientos [o centros] de salud” para realizar visitas puerta a puerta, no sólo en la búsqueda activa de casos de Covid-19, sino también para dar continuidad a otros servicios esenciales.
Entre esos servicios están: antenatal, perinatal, del recién nacido y de la primera infancia; los programas de control de salud y preventivos a grupos de riesgos y personas vulnerables; la atención y prescripción a pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades transmisibles; la atención a la salud sexual y reproductiva, y la salud mental.
En un informe, la OPS también plantea que es preciso asegurar al personal del primer nivel de atención condiciones de seguridad, para brindar los servicios a las comunidades y poblaciones vulnerables.
La conclusión de este organismo es clara: “la pandemia ha evidenciado la necesidad de invertir en sistemas de salud basados en una fuerte atención primaria . La atención primaria con enfoque familiar y comunitario, que considere el ámbito territorial y la actuación intersectorial, favorece una prevención y control de la pandemia más eficaz”.
Continúan las protestas contra el extractivismo minero en Panamá
4º semana de protesta ante el extractivismo minero en Panamá
El pasado martes 19 de mayo de 2021 el Ministro de Comercio e Industria MICI presentó un plan estratégico para reactivar la economía post pandemia a través de la minería. La presentación estuvo a cargo del Ministro Ramón Martínez, manifestando que hay corporaciones extranjeras interesadas en invertir. Sin embargo, la experiencia de Panamá ante la minería es negativa por los daños ambientales y la riqueza que se exporta y revierte financieramente al país sin una rendición de cuentas transparente. A tal efecto, más de 90 organizaciones sociales y ambientales denunciaron la falsa consulta y exigen una verdadera discusión, para debatir el tema. Las organizaciones consideran que Panamá no es apta para esta actividad industrial, ya que con una riqueza ecológica la explotación minera no mitiga la crisis ambiental del mundo. Esto reactivó las protestas contra el extractivismo minero a nivel nacional.
En esta ocasión nuestra producción sonora tiene como invitados a Francisco Bernal, biólogo y defensor ambiental e Iris Goméz Robles, Bióloga y docente haciendo un análisis sobre actividad minera que se ha impuesto en Panamá como salvadora de la salud y economía.
La cuarta semana de protesta mantiene los distintos bastiones de lucha en las provincias de Chiriquí, Panamá, Coclé y Veraguas. Y en el marco de los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego en Santa Fé, provincia de Veraguas, se realizará la Tribuna Popular Ambiental en honor al legado de Gallego en defensa de la vida, naturaleza y comunidades campesinas.
Un niño que comienza su escuela a los 4 años en el país, puede esperar completar 10.7 años en el sistema educativo.
La actualización del Índice de Capital Humano 2020, elaborado por el Banco Mundial, señala que en Panamá, teniendo en cuenta lo que los niños realmente aprenden, los años esperados de escuela son solo 6.5.
Esta cifra se presenta, a pesar de que el mismo informe plantea que un niño que comienza su escuela a los 4 años en el país, puede esperar completar 10.7 años en el sistema antes de cumplir los 18 años.
El estudio indica que un niño nacido en el país será 50% más productivo cuando crezca, que lo que podría ser si disfrutara de una educación completa y una salud plena, resultado que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (0.55).
La realidad no varió la década pasada, reveló el informe, que hace la observación de que la educación a distancia, a la que se ha tenido que recurrir debido a la pandemia de covid-19, ha incidido en el aprendizaje en la región.
Destaca que la pobreza de aprendizaje podría aumentar en más de 20% en el nivel de primaria; y 2 de cada 3 estudiantes del nivel secundario podrían estar por debajo de los niveles mínimos de rendimiento esperados.
«La educación a distancia no puede reemplazar la educación en la escuela; se evidencia que las mediciones de aprendizaje están empeorando drásticamente y los efectos de la pandemia alcanzan todas las áreas de las vidas de los estudiantes», registra el documento.
‘1. en la escala de medición del índice, esta cifra se aplica si el niño que nace hoy puede llegar a gozar de plena salud y pueda realizar su potencial educativo.
0.50 es el índice que tiene Panamá.
En Panamá se regresó a la presencialidad hace una semana, de manera alternada, en 78 escuelas.
Sin embargo, aunque las autoridades digan que se está revisando la evaluación del desempeño de los estudiantes, gremios de educadores advierten que la denominada brecha del conocimiento se está ampliando.
En conferencia de prensa, dirigentes docentes plantearon que esta desigualdad se nota en torno a la facilidad o dificultad que tenga el estudiante por contar con las herramientas tecnológicas para poder dar sus clases virtuales.
Cancillería informó que se trata de la primera participación en la competencia creada en 2015 y la que otorga un premio de $50 mil a tres ganadores.
Panamá participa por primera ocasión en el Premio Unesco-Japón de innovación educativa, con el proyecto Innova-Nation dirigida a desarrollar la futura generación de agentes de cambio y emprendedores.
La competencia creada en 2015 otorga $50 mil a las tres innovaciones finalistas.
La propuesta fue presentada por la delegación panameña ante la Organización de las Naciones Unidas para Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), en París, Francia, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado de prensa.
«Es un honor representar a Panamá y una oportunidad muy especial de demostrar el talento y capacidad que tienen nuestros jóvenes de proponer ideas que resuelvan los grandes problemas de nuestro planeta, así como compartir con el mundo las iniciativas y alianzas que se han presentado a favor de la educación para el desarrollo sostenible en nuestro país», indicó Karin Sempf de Sáenz, fundadora y directora del laboratorio Innova-Nation.
Aunque Panamá ha avanzado a través de dos normativas en el propósito de reemplazar el uso contaminante del plástico por alternativas sostenibles, enfrenta ahora el desafío mayor de educar y generar conciencia sobre el tema, consideró María Navas, evaluadora de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente del país.
En entrevista con Xinhua, Navas, que ejerce en la dirección de verificación de desempeño ambiental del ministerio, resaltó que, además del cambio en los materiales de los productos comercializados en el país, «es importante crear conciencia en la población en favor de la implementación de modelos de consumo responsable, sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos».
El 20 de julio de 2018 entró en vigencia en el país, para negocios de venta al por menor, la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y promueve el de bolsas reutilizables.
«Como trabajo constante, debe realizarse la educación ambiental en todos los sectores para poder encaminarnos hacia la sostenibilidad, es necesario que todos los panameños entiendan la importancia de la aplicación de normativas que disminuyan el uso de plásticos y con esto deberán promoverse normativas más adelante», expuso Navas.
Según detalló, «gran parte de los comercios han adoptado el uso de las bolsas de papel y reutilizables como alternativa a las bolsas de polietileno, tomando en cuenta el objetivo de la ley (de 2018), que es la promoción de las bolsas reutilizables ya que generan menor impacto al ser de más de un uso».
Consideró como frutos de esa ley la reducción de aproximadamente el 33 por ciento en la entrada de bolsas plásticas al país, además que visualmente se ha podido notar una disminución de la presencia de este material en actividades como las limpiezas de playa y en la recolección en las barreras atrapa sólidos que se instalan en fuentes de agua.
La funcionaria identificó como otro avance la adhesión de Panamá, uno de los países de América Latina que más basura per cápita genera, a la carta sobre plásticos oceánicos, que, explicó, implica un compromiso con un enfoque eficiente y sostenible para la gestión de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida.
Destacó además el trabajo del país en su Plan de Acción Nacional de Basura Marina, que busca reunir a actores de todos los sectores para crear actividades y concientizar sobre la basura marina.
«Es una herramienta guía para reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales mediante la implementación de acciones de limpieza, restauración, legislación, gobernanza, investigación, desarrollo e innovación», subrayó
La iniciativa aspira atender el problema de los embarazos no intencionales y prevenir los delitos sexuales. Entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en menores de 10 a 19 años.
En 2019 hubo en Panamá 72 mil 456 nacimientos vivos, de los cuales 458 correspondieron a niñas/madres menores de 15 años y 11 mil 809 a adolescentes/madres de entre 15 y 19 años, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República.
Estos números son solo el reflejo frío de un fenómeno social que se repite y en el que entran en juego la falta de protección hacia las niñas por parte de su núcleo familiar, y del Estado, que no logra pasar de la letra a la acción en cuanto a aseguramiento de derechos y castigo al infractor.
El tema, cuya génesis es multifactorial, es abordado a través de una iniciativa que está pendiente de primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Con ella se busca darle fuerza de ley a la enseñanza de la educación sexual, materializada hoy en el país, tras años de discusión para alcanzar un consenso, en lo que se conoce como las Guías de Sexualidad y Afectividad; y dar un paso más allá al incluir la prevención de los delitos sexuales.
Las guías comenzaron a elaborarse en 2016 y no fue hasta fines de 2019 cuando el documento consensuado estuvo listo. Luego, pasó casi año y medio para que se anunciara que la capacitación los facilitadores –400 y de forma virtual– empezaría: en abril de 2021.
La propuesta, de Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Fátima Agrazal, aspira a instaurar el “Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”. En ella se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas, cuando se ven envueltas en ellas.
“Esto [la ley] busca construir sobre las guías. Es importante la continuidad de la obligación y la continuidad de la educación sexual; garantiza presupuesto, garantiza horas de capacitación, garantiza temas”, dijo a este medio Silva, al explicar cómo se inserta su propuesta con los pasos hacia la enseñanza de la educación sexual que ha dado el país con las cinco guías elaboradas.
Las guías se dividen en: una dirigida a los padres de familia (orientación y formación en educación en sexualidad y afectividad), otra para cada nivel educativo (primaria, premedia y media), y una dirigida a adolescentes embarazadas, madres adolescentes y sus padres.
La propuesta
De acuerdo con la iniciativa, el programa a desarrollar estará basado en la ciencia, no será parte del currículo general y los centros educativos deberán notificar a los padres de familia o acudientes sobre las fechas y temas a tratar en cada clase, charla o taller que organicen. Corresponderá al Ministerio de Educación (Meduca) y al Ministerio de Salud (Minsa) establecer el diseño curricular y la capacitación docente, que no deberá ser menor a 30 horas para asegurar los objetivos.
La propuesta también detalla los temas que deberá ofrecer el programa, entre ellos, Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo al sistema reproductor; Conozca y practique el respeto a la integridad física; Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA; Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual.
También se dispone que el Meduca y el Minsa creen, en todos los centros oficiales y particulares, espacios de formación para los padres o acudientes, a propósito de ofrecerles información sobre: aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos sobre los niños, niñas y adolescentes; promover la comprensión y el acompañamiento en su maduración afectiva, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas; y vincular a la escuela y a la familia para el logro de los objetivos del programa.
Así mismo, promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre los padres y sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva, la responsabilidad con respecto a la prevención del embarazo precoz, la prevención en infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la violencia o abuso sexual; y enseñar a los padres de forma adecuada cómo replicar la información en el hogar.
Los argumentos
El programa educativo, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral de mediano a largo plazo a los problemas planteados. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.
En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.
También refiere, citando al Banco Interamericano de Desarrollo, que las madres menores de edad tienen menos probabilidades de culminar la educación secundaria y que el embarazo adolescente reduce los años de escolaridad, la asistencia a la escuela y las horas laborales.
Aludiendo a estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas indica que las niñas o adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado, por el contrario, asumen obligaciones de adultas sin estar preparadas para ello y no tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás niñas o adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte de que el embarazo no intencional se asocia no solo a pobreza y exclusión, sino a la violencia sexual.
La propuesta revela, de acuerdo con registros del Minsa, que entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, y que solo en esos tres meses se superó el 57% de los casos registrados entre enero y noviembre de 2019, cuando hubo 4 mil 652.
Entre 2007 y 2019, en el país hubo 181 mil 668 nacimientos vivos de mujeres menores de entre 10 y 19 años, según cifras de la Contraloría de la República.
“De acuerdo al MINSA, del 2014 a mayo de 2019 quedaron embarazadas un promedio de 29 adolescentes por día. Esto representó aproximadamente 58 mil jóvenes embarazadas”. Estos números no incluyen cifras de la Caja de Seguro Social y de las clínicas privadas.
Detalla el texto que según la Contraloría, entre 2014 y 2018, 86 niñas con menos de 15 años tuvieron un segundo hijo; y que los registros del Ministerio Público reflejan que en 2020 hubo 5 mil 469 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales mil 913 fueron por el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.
“La bibliografía del impacto de la educación en reducir el embarazo precoz es extensa. La evidencia que hemos recopilado indica que los cursos, talleres, seminarios y demás pueden tener efectos positivos en reducir embarazos en los menores de edad […] también pueden tener efectos positivos en la reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH y los delitos sexuales. No obstante, los resultados dependen de la calidad e implementación”, se lee en la exposición de motivos.
Silva manifestó a este medio que con las Guías de Sexualidad y Afectividad se pasó de cero a algo, pero así como esos textos llegaron pueden desaparecer, ya que puede llegar un gobierno que diga que va a aplicar otras guías, y como no hay una ley que las respalde, eso no se podría evitar. Pueden cambiar al vaivén no solo del gobierno, sino del ministro –afirmó–. La ley que propusimos le daría más estructura y validez jurídica a las guías, para que la educación sexual se mantenga.
El diputado destacó que su propuesta se robustecerá cuando llegue el primer debate en la comisión, ya que pedirá la conformación de una subcomisión para que todos los grupos interesados participen y hagan aportes. “El foro para terminar de construir este proyecto, que no es una versión final, es la subcomisión”, apuntó, al tiempo que indicó que ya ha recibido comentarios de algunos diputados y organizaciones sobre aspectos que se deben modificar, y que aspira a que ese recorrido que viene sea de consenso.
Contexto global
The word sex education written in chalk on a blackboard
El Fondo de Población de Naciones Unidas aboga por la educación integral en sexualidad (EIS), que implica un enfoque basado en los derechos y centrado en el género, ya sea en la escuela o fuera de ella.
Este modelo implica una formación a lo largo de los años y de acuerdo con la evolución de las capacidades de los jóvenes. Incluye información científicamente precisa sobre el desarrollo humano, la anatomía y la salud reproductiva, así como información sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual.
Según el Unfpa, se trata de un asunto de derechos porque “las elecciones sexuales y reproductivas de los jóvenes pueden tener un efecto cascada en sus derechos humanos”.
El informe Estado Mundial de la Población 2021 –presentado este 14 de abril por el Unfpa– se centró en la autonomía corporal: el poder y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.
En este reporte se advierte, entre otras cosas, que el derecho a la autonomía corporal es violentado cuando se priva a los jóvenes de una educación integral en sexualidad.
La EIS –señala el informe–, no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas. También inculca valores de respeto, consentimiento e igualdad para todos, incluidos los niños, adolescentes y los hombres jóvenes, los cuales son fundamentales para convertir la autonomía corporal en una realidad.
Uno de los países de la región líder en EIS es Argentina, que en 2017 puso en marcha el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Un reporte de la consultora Julia Frenkel revela que un año después de haberse comenzado a implementar el plan en 12 provincias del país, se registraron 6 mil 961 nacimientos menos que en 2017 en chicas menores de 19 años, incluidos 143 casos menos de niñas menores de 15 años. En ese año, 94 mil 79 de los nacimientos fueron de adolescentes menores de 20 años y 2 mil 493, de niñas menores de 15.
El 9 de diciembre de 2020, FLACSO Argentina lanzó la iniciativa “Pausa. Vamos de nuevo”, que ofrece materiales de EIS para adolescentes de 13 a 18 años, docentes y familias de la región latinoamericana. Este proyecto, que es apoyado por el Unfpa se enmarca en la Iniciativa de Inversión en Adolescencia y Juventud, 165 Millones de Razones: un llamado a la acción dirigido a movilizar, amplificar y coordinar esfuerzos a favor de las generaciones presentes y futuras, así como en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los recursos disponibles, que están en diferentes formatos (audiovisuales, guía didáctica, acceso a otros recursos) y son accesibles e inclusivos, buscan facilitar el diálogo y promover una educación integral de la sexualidad de calidad, empoderando a las y los adolescentes para tomar decisiones conscientes y críticas sobre su sexualidad.
Ábrego catalogo como una irresponsabilidad por parte del Minsa, del Meduca y del presidente de la República entrar a clases semipresenciales sino se ha garantizado todas las medidas de bioseguridad contra la covid-19.
Docentes de la Asociacion de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), protestan en los alrededores de la Asamblea Nacional, ya que consideran que tanto el Ministerio de Salud (Minsa), como el Ministerio de Educación (Meduca), están atentando contra la vida de la comunidad educativa con el retorno de las clases semipresenciales.
El secretario general de la Asoprof, Fernando Ábrego expresó: «Nosotros no nos oponemos al retorno a las clases semipresenciales, pero ese retorno debe ser seguro para los estudiantes, para los profesores y para los administrativos, para toda la comunidad educativa, por que lo que no puede ser es que el Estado panameño abandone una de sus funciones fundamentales, que es preservar la vida de sus ciudadanos y en el Decreto Ejecutivo 345 al decir que la semipresencialidad es voluntaria es para salvar la responsabilidad en caso tal de un rebrote o de casos de contagio y de que se pueda poner en peligro la vida de alguno de los estudiantes¨.
Ábrego catalogo como una irresponsabilidad por parte del Minsa, del Meduca y del presidente de la República entrar a clases semipresenciales sino se ha garantizado todas las medidas de bioseguridad contra la covid-19.
«O quieren la semipresencialidad segura o no segura», dijo el educador, «porque si es voluntario simple y sencillamente eso significa que los colegios no los van a arreglar, que no va haber insumos para mantener los espacios limpios», puntualizó el docente.
En este momento es necesario que se le dé continuidad al tema del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece), porque de allí se debe destinar dinero para comprar los insumos de limpieza para los colegios, además del recurso humano que se debe contratar, dijo el educador.
El docente dijo que cuando todas estas condiciones realmente se den entonces se puede hablar de un retorno seguro a las clases.
El Decreto Ejecutivo 435 del 13 de abril de 2021 modifica el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°25 del 14 de enero de 2021 que establece el calendario escolar 2021 en centros educativos oficiales y particulares y comenzará a regir a partir del lunes 31 de mayo de 2021.
De acuerdo con el Decreto, la implementación de las clases semipresenciales en los centros educativos oficiales y particulares de Panamá será de manera gradual, progresiva, flexible y segura de acuerdo con los aspectos de bioseguridad de cada centro y tomando en cuenta los lineamientos del año lectivo 2021.
Entre una de las condiciones que deben cumplir los centros educativos que empiecen las clases semipresenciales, está el haber conformado el Comité Escolar covid-19, como establece la guía para el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción del riesgo de contagio de covid-19.
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