Panamá

Por Eduardo Flores Castro

Los procesos de globalización entendidos como estrategias para establecer uniformidad en principios, costumbres, gustos y preferencias de consumo, tienen una larga historia propia de la expansión de los imperios. En la actualidad, estos procesos han sido impulsados por el desarrollo tecnológico y económico.

Los efectos de la globalización se extienden más allá del mundo económico y de esto no escapa la Educación Superior. Debatir sí la educación superior es un derecho social o una mercancía, es reflexionar sobre ¿Qué tipo de sociedad deseamos construir? ¿Qué ciudadanos deseamos formar? y ¿Cuál es el desarrollo al cual aspiramos? Ello es así porque, desde nuestra perspectiva, la educación superior es un derecho social, cuya regulación no debe ser función del mercado; sino del Estado que debe velar por el desarrollo de su país.

La globalización requiere de la formación de recurso humano con capacidad de adaptarse a los cambios en el mundo laboral, por lo que pierde vigencia una formación para toda la vida. Estas nuevas reglas del juego en la formación profesional representan un reto para la educación superior, pero a la vez compromete los principios y valores de las instituciones universitarias, que se enfrentan a la disyuntiva de educación para el empleo, o que hay ciertos conocimientos que deben ser propios de todo ciudadano.

La intensificación de los procesos de globalización en la educación superior, han implicado que los recursos económicos para la investigación también estén sujetos a la inmediatez de los resultados; en contraposición a la importancia de investigar en ciencias básicas, humanísticas y sociales.

El modelo de educación vista como mercancía tomó mucha fuerza a partir de los 90’s, cuando en el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, se introduce a la educación como un servicio susceptible de ser tratado como mercancía y ser liberalizado. Con ello devienen cambios en la política educativa a nivel mundial. Políticas ante las cuales se plantearon firmes posturas alertando de las consecuencias negativas para las universidades latinoamericanas, como es el caso de la asumida en el 2004 por la Unión de Universidades de América Latina.

Aplicar un modelo de comercialización a la docencia e investigación universitaria es ir en contra de los principios que sustentan nuestras universidades. Es crucial que generemos nuestro propio modelo educativo, como producto de nuestra historia, realidades, necesidades y sueños.

La Organización Mundial de Comercio sugiere que el Estado no debe financiar los productos, servicios, incluyendo la educación superior. Bajo esta visión, el Estado deja de ser el responsable y garante del derecho a la educación, y se convierte en garante para que la educación privada pueda competir en igualdad de condiciones. Así, los estudiantes pasan a ser clientes y las universidades son empresas que deben competir entre ellas y adaptar su oferta educativa para captar más clientes. Esto cercena el derecho a la educación de clases más bajas o clientes poco rentables y elimina el concepto de la educación superior como un derecho humano.

No se cuestiona el derecho privado en la gestión de la educación superior, sino la aceptación de ver transformada la educación en comercio y que los Estados renuncien a su poder de establecer los principios básicos para la formación de los ciudadanos y velar por una educación pertinente y de calidad.

La Universidad de Panamá está inmersa en una economía de libre mercado. De acuerdo al Banco Mundial, Panamá será el país que más crecerá en América Latina en el 2018. Sin embargo, en contrapartida, según el mismo Banco Mundial, somos el décimo país del mundo con la peor distribución de la riqueza, donde el 10% más rico tiene 37 veces más ingresos que el 10% más pobre.

Bajo este dramático contraste, la Universidad de Panamá ha contribuido y contribuye, desde su fundación en 1935, como instrumento de escalafón social. Durante sus 83 años ha aportado al país 250,000 profesionales en diversas disciplinas que abarcan 160 carreras de pregrado y 130 de postgrados. Además, ha sido el nervio motor en el fortalecimiento de nuestra identidad como nación.

La Universidad de Panamá con una matrícula de 65,000 estudiantes, está presente en todo el país, en nuestras diez provincias. Incluso tenemos diez programas universitarios en comarcas indígenas, un programa especial en la cárcel de mujeres y otro en un reclusorio de varones.

De igual forma, por el carácter social de esta institución, ofrece 37 carreras que tal vez no demanden los sectores empresarial y que no ofrecen las universidades particulares; pero que son necesarias para el desarrollo integral de la sociedad. Carreras como: Filosofía, Historia, Sociología, Bellas Artes, Economía, Física, Matemática y Ciencias Agropecuarias.

La educación como bien público debe producir conocimiento relevante a sus sociedades, debe dirigir sus esfuerzos en el logro de un desarrollo social y ambientalmente sustentable, y así contribuir a una mayor equidad entre los pueblos, y donde tenga cabida la construcción de la ciudadanía nacional y global.

Fuente del artículo: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/educacion-superior-globalizacion/24070951