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Educación, Sindic, municipios y comunidad educativa firman el Pacto contra la Segregación Escolar

Por: Víctor Saura

No derivar matrícula viva en los centros de alta complejidad; dotar a estos centros de los mejores profesores, programas e instalaciones; asegurar la gratuidad de la escuela, también en la concertada; nuevos métodos para la admisión del alumnado; compartir buenas prácticas … estas son algunas de las 189 medidas que contempla el Pacto contra la Segregación Escolar, que hoy se firma el Parlamento.

Esta mañana el Parlamento de Cataluña vive la firma del Pacto contra la Segregación Escolar, con el que hace dos años que trabaja el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), institución que desde 2008 ha elaborado tres informes sobre una cuestión que sitúa como el principal problema del sistema educativo catalán. Entre las medidas más destacadas que incorpora el Pacto existe el compromiso por parte de la administración educativa de no derivar la matrícula viva hacia los centros de alta o máxima complejidad, la lucha contra el fraude (familias que cambian el empadronamiento de los niños para poder optar a escuelas que no les tocan por zona), la gratuidad real de las plazas escolares en todo el sistema (con especial atención a las cuotas voluntarias que cobra la concertada y algunas públicas), nuevas formas para programar la oferta de plazas y la gestión del proceso de admisión del alumnado, e intentar que los centros más desfavorecidos tengan el mejor profesorado, unas instalaciones en condiciones y una oferta educativa especialmente atractiva.

Después de meses y meses de reuniones, conversaciones y negociaciones, el Pacto incorpora treinta actuaciones y 189 medidas concretas que han sido acordadas por las entidades firmantes, que son el Departamento de Educación, el Síndic de Greuges, casi todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes (empezando por el de Barcelona), la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, y las patronales de la escuela concertada (Agrupación Escolar Catalana, Asociación de Profesionales de Servicios Educativos de Cataluña, Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, Federación Catalana de Centros de Enseñanza y Fundación Escuela Cristiana de Cataluña). El pacto se debe implementar a lo largo de cuatro años. Una parte de las medidas requieren un incremento sustancial del presupuesto en educación (se parte de la necesidad de incrementarlo al 6% del PIB, como dice la Ley de Educación de Cataluña), por lo que serán las que tardarán más en ponerse en marcha. Las primeras son aquellas que no necesitan recursos adicionales.

Además de los firmantes del pacto, hay una serie de entidades de la comunidad educativa que han sido invitadas a adherirse, y que pasan a formar parte de su comisión de seguimiento, coordinada por el Síndic y que está previsto que se reúna cada seis meses. Entre estas, la Asociación de Directivos de la Educación Pública en Cataluña (AXIA), la Asociación de Inspectores de Educación, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, el Colegio de Pedagogos, Rosa Sensat, la FMRPC, los sindicatos CCOO, UGT y USOC, las entidades de familias CCAPAC, FAPAES, FAPEL y el Colectivo de Escuelas contra la Segregación (un grupo de AMPA de FAPAC de centros de alta complejidad), la Plataforma de infancia de Cataluña (PINCAT), la Mesa por la infancia y la Adolescencia, entre otros, así como los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, ERC, Socialistas y Catalunya en Comú.

Los que no firman: USTEC, FAPAC, CUP, CS y PP

Entre las entidades de la comunidad educativa que se han desmarcado del pacto, las más destacadas son el sindicato con más representatividad entre los docentes (USTEC) y la federación de familias más numerosa (FAPAC). En ambos casos se niegan a avalar un pacto que no proponga la supresión de los conciertos y que, por el contrario, algunas medidas vayan en la dirección de fortalecerlos (el Pacto prevé más dotación económica para aquellas concertadas que acojan más alumnado socialmente desfavorecido). Desde el Síndic afirman que el pacto sólo puede partir del ordenamiento jurídico vigente, y que las medidas que suscitan la crítica de estas entidades lo que intentan es que los centros con menor corresponsabilidad en la lucha contra la segregación den un paso hacia una mayor corresponsabilidad.

Aparte, tampoco los grupos parlamentarios de la CUP, Ciutadans y el PP han querido sumar al Pacto y, por tanto, como USTEC y FAPAC, no formarán parte de su comisión de seguimiento. En el caso de la CUP, ha justificado su rechazo porque entiende que el Pacto legitima la doble red educativa público-privada e, incluso, supone un “rescate encubierto” de la escuela concertada. Y los 121 municipios que hay en Cataluña con más de 10.000 habitantes sólo ha habido dos que también han rechazado firmar el Pacto: Esplugues de Llobregat y Mont-Roig del Camp.


Las 30 actuaciones

Estas son las 30 actuaciones que contiene el Pacto y que las entidades firmantes desarrollarán en los próximos cuatro años, con una síntesis de las medidas incluidas en cada uno de los apartados.

Actuación 1 – Nuevo decreto de admisión de alumnado.

Aparte de las dos medidas que se han tomado en el decreto de este año (anulación de los puntos por los alumnos con enfermedad digestiva crónica y por hermanos exalumnos) se prevé que en el decreto del curso próximo se tomarán muchas más que vayan encaminadas, sobre todo, a hacer cumplir la reserva de dos plazas para alumnos con necesidades educativas por cada grupo clase (algunos centros no las llenan, otros tienen muchos más); introducir exigencias de transparencia (como obligar a publicar las cuotas que aplican centros públicos y concertados); introducir medidas para combatir el fraude (como obligar a los niños con un empadronamiento reciente a aportar más pruebas para acreditar el criterio de proximidad al centro); así como activar las oficinas electrónicas de preinscripción, o reactivar y dar más poder a las comisiones de garantías de admisión, oficinas municipales de escolarización (OME) y mesas mixtas de planificación, todo ello con el fin de garantizar una “escolarización equilibrada del alumnado”.

Actuación 2 – Comisiones de estudio de buenas prácticas para combatir la segregación en diferentes ámbitos

En este punto el Pacto prevé la creación de comisiones de estudio que analicen diversos aspectos relacionados con la segregación. De estas comisiones, las dos más inmediatas serían la que se crearía para estudiar buenas prácticas en regímenes de admisión de alumnado (municipios o territorios que han logrado una distribución equitativa del alumnado socialmente desfavorecido), y otra para analizar medidas efectivas de lucha contra la segregación escolar en municipios o barrios con una fuerte segregación residencial. También se proponen comisiones de estudio sobre la segregación en el ocio, segregación de alumnado con necesidades educativas de apoyo especial, o segregación relacionada con los proyectos educativos de centro. En la primera de las comisiones una de las cosas que se analizarán es si sería viable o efectivo que en los criterios de admisión se introduzcan cuotas o reserva de plazas según la renta o el nivel de formación de los progenitores de los alumnos.

Actuación 3 – Orientaciones en la programación escolar: oferta, adscripciones, zonificación, y ampliaciones y reducciones de ratio, de grupos y de centros.

En este punto el Pacto pretende la implicación, alineamiento y coordinación de todos los actores que actúan en el territorio (centros, inspección, servicios municipales, etc.) con respecto a la planificación de la oferta. Se trata de revisar el modelo de zonificación escolar para los centros públicos que aplica cada territorio, asegurar que la zonificación sirve para combatir la segregación (y no para dejar contentas las familias de clase media) y, si se considera, ensayar modelos que han dado buenos resultados en otros territorios. El Pacto se compromete a evitar las situaciones de sobreoferta o el favorecimiento de movimientos en la demanda, y propone también evitar las ampliaciones de ratio o, al revés, aplicar reducciones de ratio en la oferta inicial para no caer en sobreoferta de plazas. También se propone valorar la integración de centros públicos con segregación con otras con una composición social más favorecida, o incluso cerrar o refundar centros públicos guetizados.

Actuación 4 – Criterios en la gestión de las solicitudes

En este caso son orientaciones de buenas prácticas dirigidos a las OME y las comisiones de garantías de admisión, como por ejemplo: sólo usar ampliaciones de ratio para fomentar la escolarización equilibrada del alumnado; no hacer derivaciones de centros en el caso de alumnos con dificultades de escolarización en un centro con elevada concentración de problemáticas sociales aunque haya vacantes, y en general evitar la movilidad de alumnado entre centros ordinarios para déficits de rendimiento escolar; no derivar matrícula viva a centros de alta / máxima complejidad; promover que las familias con niños a guarderías conozcan (sin los prejuicios que corren por radio macuto) los centros de infantil y primaria con déficit de demanda; o intentar evitar la tendencia a escolarizar en centros de educación especial, en una proporción más elevada que la habitual, al alumnado con necesidades educativas especiales y socialmente desfavorecido (es decir, los alumnos con discapacidad de origen extranjero).

Actuación 5 – Protocolo de actuación ante indicios de irregularidad en el proceso de admisión de alumnado

El pacto incluye la necesidad de que ayuntamientos y Departamento implementen medidas para prevenir y detectar el fraude con los puntos por proximidad del proceso de preinscripciones escolares. Por ejemplo, ser mucho más diligente ante cualquier denuncia o activar alertas sobre los alumnos que cambian de empadronamiento cuando se ha terminado el proceso.

Actuación 6 – Diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio

Este punto se refiere a la creación jurídica y definición de las funciones de los dispositivos que deben promover la escolarización equilibrada, como los omitidos, mesas mixtas de planificación o comisiones de garantías de admisión, así como garantizar su financiación suficiente.

Actuación 7 – Orientaciones y planes de zona para la escolarización equilibrada del alumnado gitano

Entre las medidas previstas está la creación de una comisión de estudio de esta problemática específica y la creación de planes de zona para fomentar la escolarización equilibrada del alumnado gitano, así como incrementar el apoyo a aquellos centros con una elevada concentración de este alumnado para dar una respuesta especializada a sus necesidades educativas.

Actuación 8 – Protocolo para el uso de la reserva de plazas con necesidades educativas específicas

Entre las medidas previstas está la ampliación de supuestos para que un alumno tenga la consideración de NEE, la definición de procedimientos para la detección activa de estas necesidades de apoyo educativo antes y después del proceso de preinscripciones, y garantizar la dotación suficiente de profesionales de EAP y servicios sociales, así como su coordinación con las OME o las otras instancias implicadas en los procesos de admisión (muy a menudo lo que ocurre es que quien acaba detectando el alumno con NEE es el maestro, cuando este alumno ya está en el centro sin ocupar plaza de NEE).

Actuación 9 – Implementación del protocolo a escala local para el uso de la reserva de plazas con necesidades educativas específicas

Este protocolo lo han de promover el Departamento y las entidades municipalistas a partir de enero de 2020.

Actuación 10 – Acuerdos o pactos locales entre centros dentro de una misma zona o municipio para la escolarización equilibrada del alumnado

Acuerdos de este estilo ya funcionan en algunos municipios catalanes. El Pacto prevé que el Departamento y los ayuntamientos vayan saliendo adelante más acuerdos entre centros de un mismo municipio.

Actuación 11 – Campañas de sensibilización

Se prevé la realización de estas campañas dirigidas a las familias para reforzar la percepción de calidad de los centros que tienen una demanda más débil.

Actuación 12 – Incorporación de buenas prácticas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros públicos y concertados

Entre las buenas prácticas que prevé el Pacto se habla de velar porque en la información que los centros transmiten (puertas abiertas, redes sociales, dípticos informativos) se dé una imagen positiva de todos los centros que forman parte del Servicio de Educación de Cataluña y no estén orientadas a atraer a un determinado perfil social de familias. Otra buena práctica que deben incluir las instrucciones de inicio del curso es que los centros públicos y concertados informen sobre el régimen legal de cuotas, especialmente de su carácter voluntario, los posibles conceptos afectados por el cobro de cuotas, y de la imposibilidad de cobrar cuotas para recibir actividades lectivas (como la sexta hora en la concertada).

Actuación 13 – Regulación de la difusión de los resultados del centro

El pacto prevé la aprobación de un decreto que desarrolle el artículo 184.1.c de la LEC sobre el uso reservado de la información sobre la evaluación general del sistema. Este decreto debe prohibir explícitamente la difusión de los resultados del centro en las pruebas de evaluación externas así como determinar quién puede y quién no puede tener acceso a esta información.

Actuación 14 – Elaboración y difusión de un sistema de indicadores sobre equidad

El pacto prevé la elaboración y publicación de un sistema de indicadores sobre equidad en el sistema educativo que se actualice periódicamente. Este sistema de indicadores debe estar totalmente definido en junio de 2020. Al final del pacto hay una propuesta de los indicadores, cuantitativos y cualitativos, que serán fundamentales para la tarea que tiene que hacer la comisión de seguimiento.

Actuación 15 – Comisión de estudio del coste de la plaza escolar

Actuación 16 – Adecuación de la financiación pública de los centros públicos y garantías de gratuidad de la enseñanza y de corresponsabilidad en la escolarización equilibrada del alumnado.

Actuación 17 – Adecuación de la financiación pública de los centros concertados con garantías de gratuidad de la enseñanza y de corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado: conciertos, contratos programas y ayudas

El Pacto quiere “avanzar hacia la gratuidad real” y evitar que las familias sigan compensando la infrafinanciación del sistema. Estas actuaciones, pues, incluyen medidas que van dirigidas a asegurar esta gratuidad de la plaza escolar y que los centros (sobre todo por los concertados, pero también por algunos públicos) no introduzcan pagos por actividades o servicios complementarios (como sería el transporte escolar o las colonias) que fuerzan a un determinado tipo de familia a renunciar de entrada a escolarizar a su hijo en ese centro. O que ningún alumno con dificultad de sufragar el coste de una actividad complementaria quede excluido. Por ello insta a la convocatoria de ayudas, que ya están previstos por la LEC.

Actuación 18 – Supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Servicio de Educación de Cataluña

En este caso se trata de garantizar que se cumple este principio de gratuidad y de adoptar las medidas disciplinarias oportunas en caso de incumplimiento. En definitiva, el compromiso de aplicar un régimen sancionador que ya existe y que no siempre se aplica.

Actuación 19 – Incorporación de directrices sobre el pago de cuotas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros públicos

Actuación 20 – Incorporación de directrices sobre el pago de cuotas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros concertados

Las instrucciones de inicio de curso deben dejar claro que las familias deben estar informadas de que sus aportaciones son voluntarias, o que no se autoriza la financiación de ninguna actividad lectiva por parte de familias ni asociaciones de familias, que el centro está obligado a informar a la inspección de aquellos alumnos que no participan en las actividades complementarias y el porqué, etc. En el caso de los concertados se añaden otros aspectos como no autorizar cuotas para actividades complementarias cuando sean superiores a su coste real, o establecer criterios para autorizar las cuantías máximas que los centros pueden percibir de las familias.

Actuación 21 – Convocatoria de ayudas para libros de texto, material escolar y salidas (centros públicos y concertados)

Actuación 22 – Convocatoria de ayudas para las salidas y colonias escolares y las actividades extraescolares

Ambos puntos inciden en la creación de líneas de subvenciones y ayudas para asegurar la no exclusión por razones económicas con respecto a la compra de libros de texto y material escolar, y en las salidas y colonias escolares, e incluso que se creen becas para las actividades extraescolares. Una realidad que todo el mundo conoce es que los niños de los centros situados en entornos desfavorecidos hacen muchas menos salidas y colonias que el resto del alumnado, por lo que el Pacto trata de buscar mecanismos para evitar esta desigualdad. A la vez, tanto estos futuros ayudas, como los de la actuación 17, quieren reconocer también aquellos centros concertados que están haciendo un mayor esfuerzo de corresponsabilidad, que mediante estas convocatorias verían incrementadas las aportaciones públicas a su financiación.

Actuación 23 – Garantías de igualdad en el acceso al servicio de comedor escolar (centros públicos y concertados)

Entre otras, se contemplan medidas como garantizar que los centros no incumplan el precio máximo del servicio de comedor, que el alumnado en centros concertados con el 100% de beca no paguen efectivamente nada, o promover que los institutos de secundaria que no hacen clase por la tarde ofrezcan de todos modos el servicio de comedor escolar.

Actuación 24 – Definición de proyectos educativos comprometidos con la equidad del sistema educativo

El Pacto propone promover que los proyectos educativos de centro y los proyectos de dirección de centros públicos incorporen la equidad y la lucha contra la segregación escolar como aspecto sustancial, y que por tanto se comprometan con la inclusión de la realidad social de su entorno . Esto va para todos, pero muy especialmente para aquellos centros públicos socialmente favorecidos que se encuentran en zonas con segregación escolar.

Actuación 25 – Consolidación de los itinerarios de primaria a secundaria en el sector público

El Pacto considera positivo el sistema de adscripciones de escuelas de primaria a institutos de secundaria, como mecanismo para conseguir que allí donde no hay segregación en la primaria tampoco aparezca en la secundaria. Por ello propone consolidar estos itinerarios, fomentando el trabajo compartido entre escuelas e institutos, estudiando el impacto de las secciones de instituto dentro escuelas de primaria y de los institutos-escuela, y también analizar un fenómeno que ya hace tiempo que se conoce: el hecho de que en el paso de la primaria a la secundaria hay una parte del alumnado que pasa de la pública a la concertada.

Actuación 26 – Desarrollo de los proyectos educativos de los centros con una composición social desfavorecida

En este punto se hablan de medidas para ayudar a los centros segregados a fortalecer sus proyectos educativos en los ámbitos del aprendizaje de lenguas extranjeras, tecnología, ciencias, artes o educación en valores, así como implementar programas de desegregación (como serían los proyectos Magnet) o promover con los ayuntamientos actuaciones relacionadas con las actividades extraescolares o de acogida de mañana y tarde de los centros públicos.

Actuación 27 – Dirección y dotación de plantillas en los centros con una composición social desfavorecida

El Pacto también intenta promover que los mejores profesores estén en los centros con más complejidad, a través de mecanismos de incentivos. Estos centros deben tener un incremento en la dotación de plantillas y se debe velar especialmente para que los equipos directivos estén bien formados y hayan claustros cohesionados, y formados por profesores que han elegido voluntariamente este destino. Lo que suele ocurrir en estos centros es que las plantillas son poco estables.

Actuación 28 – Construcción y reforma de los centros públicos con una composición social desfavorecida

El Pacto aboga por identificar los centros públicos segregados con carencias de infraestructuras y dar prioridad a estas inversiones.

Actuación 29 – Adecuación de los planes educativos de entorno como instrumento contra la segregación escolar

El Pacto prevé que todos los centros de alta complejidad entren en algún plan educativo de entorno, a fin de fortalecer su vinculación con el entorno, así como la dinamización de las asociaciones de familias de estos centros, que normalmente cuentan con muy poca participación.

Actuación 30 – Programa de educación intercultural

El Pacto también prevé el desarrollo de un programa de educación intercultural, a fin de promover entre el alumnado los valores de la solidaridad, diversidad, respeto e igualdad. Otra medida de este punto sería estudiar la inclusión de la competencia intercultural en el currículo escolar.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/03/18/educacion-sindic-municipios-y-comunidad-educativa-firman-el-pacto-contra-la-segregacion-escolar/

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La protesta de la generación «cambio climático»

Por: Jens Thurau.

Las cifras de la protesta estudiantil de este viernes: manifestaciones en más de 1.500 ciudades de todo el mundo, 200 de ellas en Alemania. Es hora de tomar más en serio esta protesta, dice Jens Thurau.

¿Qué es lo que pasa todos los viernes en las ciudades alemanas, y en ciudades de todo el mundo? Los jóvenes -escolares y estudiantes universitarios- abandonan las aulas y salen a la calle a proteger el clima. A menudo con la venia de los padres y también de las escuelas, que tienen que ir pensando cómo hacer frente a la seriedad con la que la joven generación toma este día. ¿Se trata de una politización pasajera que no debe tomarse en serio, como algunos políticos sospechan? ¿O hay más detrás de esto?

La atracción por lo prohibido

En primer lugar, las grandes masas que surgen es sorprendente; solamente provocada por la profunda seriedad y determinación de la joven sueca Greta Thunberg, que a mediados del año pasado se sentó frente al edificio del Parlamento en Estocolmo en lugar de ir a la escuela. Por supuesto: el atractivo por lo prohibido juega ciertamente un papel, al igual que el hecho de tener unas horas emocionantes fuera de las paredes de la escuela, sin tener que ser expulsado de ella. Pero reducir el movimiento #FridaysforFuture a esto sería bastante arrogante.

Donde sea que veamos las manifestaciones de los viernes, se nota una organización perfecta. Y realizada por los propios estudiantes. Grupos ecologistas reconocidos como Greenpeace ofrecen su ayuda, que también es aceptada, pero los niños no se dejan engañar. Y con esa misma seriedad nos muestran el espejo, a la generación de padres, como lo ha hecho todo movimiento juvenil exitoso en su tiempo. Los estudiantes del año 1968 preguntaban a sus padres dónde habían estado cuando Alemania, en contra de todo lo logrado por la civilización, se hundió en una profunda barbarie. Por otro lado, el movimiento pacifista de principios de los años ochenta se negó rotundamente a seguir la lógica política de la carrera armamentista.

Los jóvenes de hoy en día viven a menudo en una sociedad extremadamente orientada al consumo, también ejemplificada por sus padres, que están obsesionados con la autorrealización. Y sin embargo, se dan cuenta de cómo las certezas y las obligaciones disminuyen, cómo se disuelven las familias. Y cuán grande es la contradicción entre la exigencia y la realidad, especialmente para los padres. Es esta generación de padres la que anuncia en cada encuesta lo importante que es proteger el clima. Y aún así están gastando cada vez más dinero en viajes aéreos y en el último modelo de auto. Por eso, la protección del clima es el tema ideal para los adolescentes de hoy.

Huelga escolar vs. asistencia obligatoria

Un problema puede resultar rápidamente como medio de protesta: la huelga. En Alemania existe al menos la obligación de asistir a la escuela. Padres, maestros y políticos no pueden quedarse mirando para siempre a que Greta Thunberg y sus compañeros de campaña anuncien que quieren permanecer en huelga hasta que finalmente suceda algo para proteger el medio ambiente. Para luego cambiar la forma de protestar. El movimiento en sí no tiene por qué detenerse.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, cuando aún existía el multilateralismo, la comunidad internacional ha intentado con más o menos éxito proteger el medio ambiente. En 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Pero las emisiones siguen aumentando rápidamente. Ahora Greta Thunberg ha sido nominada para el Premio Nobel. Queda por ver si esto le hará algún favor. Pero el hecho de que la protección del clima se esté convirtiendo en el tema de una generación joven que, al igual que sus padres, ya no quiere simplemente tomar nota del aumento del nivel del mar y de los registros de calor con cargos de conciencia, no debería sorprendernos: esta generación será la primera que tendrá que vivir con las consecuencias cada vez más notorias del calentamiento global.

Fuente del artículo: https://www.dw.com/es/opini%C3%B3n-la-protesta-de-la-generaci%C3%B3n-cambio-clim%C3%A1tico/a-47943716

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South Africa is failing the rights of children to education and health

By: Magnus Killander.

 

Is South Africa regularly denying children their right to access education as well as health care on the grounds either of petty bureaucracy or by a misinterpretation of the country’s laws and international obligations?

The answer is yes.

The country places limitations on children’s access to education and affordable health care. This is particularly true of migrant children. These limitations are, in my view, unconstitutional and in violation of South Africa’s international obligations. For example, South Africa is bound by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In the interpretation of this convention, the United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights has emphasised that:

all children within a state, including those with an undocumented status, have a right to receive education and access to adequate food and affordable health care.

However, South Africa isn’t living up to this promise.

What’s clear is that South Africa’s current school admission policy has a serious effect on the access to basic education of both children who are South African citizens and those who are foreign nationals or stateless.

The challenges for those who are not South African citizens and don’t have the required permits are compounded by section 39 of the Immigration Act 13 of 2002. This states that a “learning institution” may not provide “training or instruction” to an “illegal foreigner”. Principals of schools that enrol a child who is an “illegal foreigner” can be charged and may face penalties.

Children who are not South African citizens often also struggle to access affordable health care through what’s been called “medical xenophobia”.

A recent Constitutional Court ruling gives some hope that the requirements of birth certificates and study permits for children to enrol in school will eventually be relaxed. However, litigation is still ongoing and as with access to affordable health care, there’s often a discrepancy between what the law provides and the actual situation on the ground.

Denial of rights

On 10 December 2018, the Grahamstown High Court gave an order dismissing an urgent application by the Centre for Child Law that 37 children should be admitted to a public school pending final determination of a case instituted by the Centre in 2017, in which the applicants, among others, requested an order that:

no learner may be excluded from a public school on the basis that he or she does not have an identity number, permit or passport.

The 37 children were among the many children whose guardians have not managed to secure the paperwork needed to be allowed to register in a school under the 1998 Admission Policy for Ordinary Public Schools.

On 15 February 2019 the Constitutional Court granted leave of appeal against the High Court order and overturned it, ordering that the children should be admitted and enrolled in school by 1 March. However, this order does not finally decide the issue of requirements for enrolling in school as the case instituted in 2017 is still pending before the High Court.

The right to health care is provided for in article 27 of the Constitution. The National Health Act 61 of 2003 provides for free health care at public facilities for children under six years old, unless a child is covered by private medical insurance.

According to the Uniform Patient Fee Schedule all non-South African citizens – except those with permanent or temporary residence and citizens of the member states of the Southern African Development Community who “enter the (the republic) illegally” – are classified as full-paying patients. Children without the required permits who are over six years old, who lack medical insurance and are not from a Southern African Development Community member state therefore lack access to subsidised health care.

International obligations

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted in December 2018 with South Africa’s support. Among other things, the global compact calls on states to adopt child sensitive migration policies. It also promotes international legal obligations in relation to the rights of the child, and upholds the principle of the best interests of the child at all times.

The principle of the best interest of the child was first set out in an international treaty 30 years ago in the United Nations Convention on the Rights of the Child. It was reiterated in the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. South Africa is party to both these treaties. In addition, the South African Constitution provides that:

a child’s best interests are of paramount importance in every matter concerning the child.

A child is defined as anyone below the age of 18.

The right-holder in the bill of rights in the Constitution, is with few exceptions “everyone”. Clearly this includes not only South African citizens but everyone who is in the country. Most rights are not absolute and may be limited under section 36

in terms of law of general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom.

The Immigration Act is a “law of general application”. However, the child’s best interest is “of paramount importance”.

In my view, the rights of children to basic education and affordable health care in South Africa can’t be limited and “everyone” must be read to include every child, irrespective of their immigration status. When it comes to access to health care the situation is even clearer as there are no limitations set out in the country’s laws. The Uniform Patient Fee Schedule should therefore be revised to provide for subsidised health care for all children whose guardians cannot afford medical insurance.

Source of the article: https://theconversation.com/south-africa-is-failing-the-rights-of-children-to-education-and-health-112707

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Hungry, unwashed children fill our schools – how has it come to this?

By: .

 

According to a survey from the headteachers’ union, the Association of School and College Leaders, schools have become “an unofficial fourth emergency service” for the families worst affected by austerity across England and Wales.

A majority of the 400 school leaders surveyed said schools were increasingly forced to help pupils, despite less help from councils, and have had to cut budgets. Schools are helping with food parcels, equipment, shoes and hygiene – nine out of 10 give out clothes, while nearly half do laundry for them. Some are running impromptu food banks or sourcing beds.

How could it not be a source of national shame that there are food banks in any schools in England and Wales? When did it become normal for schools to wash pupils’ clothes? As for anyone wishing to start ranting about parents sitting, smoking, with cans of lager, in front of wide-screen televisions – spare me. Wasn’t it precisely these Tory cartoons of the unemployed and low-income workers that gave austerity measures credibility in the first place? That fake standoff between “striver” and “skiver” (remember that?) pitted people against each other, when, in truth, they had all too much in common.

While it’s just one survey, it’s far from a one-off – schools keep trying to speak up about how much they’re helping pupils. It’s happening on too large a scale for it to be dismissed as straightforward parental failure. Pupils have come to this because they reflect the reduced circumstances of their families – they are merely the school-aged manifestation of peak-impact austerity. Swaths of the population have been crushed to the point where basics (food, clothes, heating, hot water) have become unaffordable. Underresourced schools have been left to cope with the fallout and teachers are only able to teach pupils after they’ve dealt with their basic needs.

This fundamentally undermines what schools are supposed to be – educational establishments. While there has always been an element of social work to teaching, it shouldn’t be so dominant. What should be a place about teaching and learning becomes a barely disguised holding pen, with a bit of ABC thrown in. It wouldn’t just be a relief if these children manage to reach their full potential – it would be a miracle.

While schools go above and beyond for their pupils, why does the buck stop there? Long-term austerity seems to have numbed people into accepting relentless struggle as normality, almost as though it’s all a terrible, inexplicable enchantment in a warped austerity-themed fairytale.

In reality, there’s a context (actual policies, brazen cuts) explaining how it all happened and telling us exactly who is responsible. So, yes, it’s very sad to hear about these children who arrive at school needing food and clothes before they can even think about algebra. It’s also the government’s responsibility to own its mess and do something about it.

The gossip mill continues to churn about the actress Kate Beckinsale, 45, dating the 25-year-old comedian Pete Davidson. And when I say “gossip mill”, I mean, saddos like me, who tragically feel the compulsion to gawp at happy couples, forensically examining photos of them, say, smooching at hockey games, in order to pass ill-informed judgment on their relationship. So, let’s do it.

Considering the sexist “cradle-snatching” fuss, you’d have thought that Davidson was in his teens, not a high-achieving grown man. Although some of us might not want to deal with the “extra admin” that seems to go with a large age difference (“They used to be called Marathon bars, goddammit!”), if others are up for it, then more power to them. While Davidson is punching above his weight, he’d probably admit to “punching” just as hard with his erstwhile fiancee, Ariana Grande, similar in age. Besides, he has already sagely pointed out that the older-male/younger-female celebrity dynamic is practically Hollywood’s 11th commandment.

With age-gap couples such as Beckinsale and Davidson, the focus is always on it being a “terrible shame” that they aren’t similar ages, at the same stage in life. However, who’s to say that they would have got on as well if they had been at the same life-stage? They could have irritated, even disliked, each other. Their differences might have mattered more – there could have been more niggles and clashes – over values, perspectives, anything. It’s quite possible that their age gap is making them not sweat the dreaded “small stuff” and have more fun.

Best of luck to Beckinsale and Davidson, an odd couple who could be living proof that sometimes age differences aren’t the problem, they’re the things that make it work.

Are women too wary of corporate tokenism? The Investment Association, a £7.7tn investor group, has joined the Hampton-Alexander review, a diversity study, to send letters to 66 FTSE 350 firms that have only one female board member. Good. “One and done” syndrome is a joke, when the government target is around 33%.

However, another problem lies with the wider negative perception of female quotas and targets, when even qualified, credible female candidates find themselves dismissed as not getting there entirely on merit. This gives quotas an undeserved bad name, even among women, who worry that their achievements could be dismissed as token. All completely understandable, but still – phooey!

Women worrying about tokenism need to remember that, over the years, structural sexism has given far more men far more opportunities to pursue and exploit unfair advantage. When there’s a rare attempt to redress the balance, the very last thing women should feel is guilty.

I dream of a scenario where a female board member gets some envious threatened male idiots grumbling about tokenism and she just smiles delightedly and says: “I know, great, isn’t it?”

Odds are, she’d still be some way from being as shameless as they’d be, given half the chance.

Source of the article: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/16/hungry-unwashed-children-fill-our-schools

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What Universities Can Do to Limit the Cybersecurity Risk of Personal Devices on Campus

What Universities Can Do to Limit the Cybersecurity Risk of Personal Devices on Campus

As the number of personal devices increases, universities will have to protect against an incoming threat to network security.

On any college campus today, there are likely at least three devices for every one student or faculty member. Laptops, smartphones, tablets, printers, watches — all are synonymous with the modern college experience.

As of 2018, 73 percent of adults in the U.S. own computers and 53 percent have tablets, according to the Pew Research Center. Among Americans ages 18-29 years old, 94 percent own a smartphone, and roughly 4 out of 10 people in this age group report they are online “almost constantly.”

Devices are everywhere and people are always online, which makes security imperative. When “bring your own device” (BYOD) is the name of the game, however, cybersecurity is a profound challenge for university campuses.

MORE–FROM–EDTECH: See how students are relying more on their mobile devices to complete coursework.

Doing More to Secure BYOD Environments

Institutions of higher learning should get ahead of potential cyber problems by educating everyone. Training alone may not solve the entire problem, but it is still critical to provide people with general cybersecurity best practices.

This includes not clicking on email links from unknown sources, which can lead to phishing attacks, and not connecting to unknown Wi-Fi accounts, which can allow nearby hackers to penetrate devices.

It is also the responsibility of university IT staffs to enforce reasonable security policies. For example, they can set limits on the types of operating systems, memory, storage and processing even while encouraging online access to network resources.

Another precaution institutions can take is requiring students and faculty to register every device on campus so any unit, whether it is a laptop, smartphone or even a gaming console, can be mapped back to its owner.

Students and faculty will bring their own devices to campus; this is a fact of campus life. Savvy universities will head off cyberthreats with a balanced program of training, security policies and technology security solutions.

Common Reasons Hackers Target University Networks

Hackers target institutions of higher learning for three common reasons: identify theft, espionage and notoriety. Because of this, campus IT departments need to be especially proactive about securing mobile and connected devices against the variety of threats BYOD presents.

  • Identity Theft: Many students are just getting their first credit cards, checking accounts and loans. Their inexperience makes them especially vulnerable. When creating or accessing accounts using unsecure, connected devices, students often expose sensitive financial data — such as Social Security numbers, ATM codes and computer passcodes — to the digital world. Because students do not have much of a transaction history, attacks can be more difficult to spot. College-aged students are three times more likely to lose money from fraud than older adults, according to a 2018 Federal Trade Commission report.
  • Espionage: When imagining espionage scenarios, we do not often think of universities. The truth is, they are becoming prime hacking targets because of personal data and valuable research that are inadequately protected. While it is nearly impossible in most cases to clearly tie such incidents to devices students and faculty bring onto campus, it is highly likely they play at least some role.
  • Notoriety: Money and information are prime draws for hackers, but one of the longest-standing drivers continues to be the thrill of undermining networks for sport. This reason has become more prevalent with so many tempting connected devices on campuses globally. Many hackers are willing to show off their skills in sanctioned places, such as sponsored hackathons or “white hat” hacking events, such as the annual DEF CON conference in Las Vegas. Still, about 11 percent of unauthorized attacks against universities are “just for fun,” according to Verizon’s “2018 Data Breach Investigations Report.”
RyanJLane/Getty images
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La 4t, sin proyecto para la SEP

Por: Lev M Velásquez Barriga.

 

Los movimientos de transformación latinoamericanos que instituyeron gobiernos progresistas se hicieron acompañar a su vez de procesos educativos; ninguno logró desvincularse por completo de los preceptos hegemonizados mediante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o más recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero sí le imprimieron un sello propio a la educación, recuperando de su historia la tradición liberadora, nacionalista e indígena en algunos casos.

De modo que el ideario pedagógico de José Martí, Simón Rodríguez o de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos se plasmó en las constituciones cubana, venezolana y boliviana, abriendo posibilidades a nuevos aprendizajes más cercanos a las necesidades populares y al fortalecimiento de las rutas para la democratización de cada país.

Sin embargo, la forma en cómo ha evolucionado hasta el momento el proceso fallido para la cancelación de la reforma neoliberal y la construcción de una nueva propuesta educativa, luego de 100 días de la llegada de este gobierno que se autoproclamó como la Cuarta Transformación de la vida nacional, como la síntesis de las luchas históricas del pueblo mexicano por su independencia, su autonomía y su emancipación social, podemos decir que no han aportado nada propio en la educación básica y ni siquiera transcendente en nuestro país que dé continuidad a ese ciclo de transformaciones profundas.

Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados es un síntoma de esta falta de proyecto propio y de compromiso histórico. El titular de la Secretaría de Educación, las y los legisladores de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia están pactando con la derecha parlamentaria una reforma educativa que sería aprobada sin mayores compli-caciones en el pleno legislativo; el planteamiento de decreto de la reforma castra su propia propuesta de Cuarta Transformación que se había convertido en el sello narrativo de la política del nuevo gobierno.

La iniciativa de origen del presidente López Obrador pretendió introducir al texto constitucional que el objetivo del derecho a la educación sería el bienestar social y no la calidad como versa la ley vigente; sin embargo, en el acuerdo PT-Morena con los partidos del Pacto por México se niega lo que hubiera sido su aportación a la educación nacional y afianza el concepto de educación de excelencia, parafraseando la noción de calidad que ya se encuentra en la Constitución actual y desechando la recomendación de varios académicos de las instituciones más importantes del país que hicieron público su rechazo a ese término en las sesiones del parlamento abierto.

Los congresistas de la Cuarta Transformación no sólo están traicionando su proyecto, sino que además están aceptando reproducir y mejorar los dispositivos de la educación neoliberal. No quiero desestimar la propuesta para desvincular la evaluación de la permanencia, lo cual me parece un importante avance, pero sí señalar que, distinto a la iniciativa del jefe del Ejecutivo federal, están acordando mantener en el artículo tercero el régimen de excepción laboral para los maestros, como no se había hecho con ninguna otra profesión en el país.

Sobre el ente descentralizado para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que aparece en el proyecto de decreto de la reforma educativa, no sólo es que cambie de nombre, además se refuerza y amplían sus funciones para adentrar y avalar a las instituciones privadas en el negocio de la certificación educativa; por un lado garantiza su independencia del gobierno sin que necesariamente se haga referencia a su total autonomía y por otro abre nuevos espacios en su estructura orgánica para la intromisión directa de los mercaderes de la educación.

Llama la atención que la derecha parlamentaria asegura su participación decisiva para negociar el nombramiento de los integrantes del nuevo instituto, que para ser elegidos tendrían que contar con el aval de dos terceras partes del Senado

Así anularían las potencialidades que tendrían los congresistas de la Cuarta Transformación contando con mayoría relativa.

En lo que respecta a las responsabilidades del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación, tampoco han realizado cambios sustanciales; las medidas anunciadas por Esteban Moctezuma Barragán en su mensaje a la última reunión mensual de los Consejos Técnicos Escolares resultaron tibias y conservadoras; ciertamente la reducción de la carga administrativa es una cuestión necesaria, no obstante impera ahí una lógica eficientista y no un cambio de rumbo de la educación. Lo mismo sucedió con los programas gubernamentales que acompañaron la reforma de Enrique Peña Nieto y que en la actualidad siguen avanzando ¿Dónde están los nuevos programas de educación básica para el bienestar que desplazarían a la educación de calidad?

Para concluir, reitero lo que dije en este mismo espacio de La Jornada hace dos meses, pero con mayor urgencia porque los tiempos para aprobar un nuevo artículo tercero están encima: sin la reanimación de las voces críticas y de las fuerzas democráticas opositoras a la reforma educativa neoliberal, el gobierno y los legisladores del Cuarta Transformación definirán el rumbo de la educación con la derecha parlamentaria y con la OCDE a espaldas de lo que se expresó en las urnas, en los foros de consulta y ahora en el parlamento abierto.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/03/17/opinion/007a1pol

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