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Los mil millones de habitantes de África figurarán entre los más vulnerables al cambio climático en los próximos decenios, siendo especialmente preocupantes los lugares sacudidos por conflictos geopolíticos y relacionados con recursos: la franja del cobre de la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos africanos, una región rica en minerales que se extiende hasta el norte de Uganda, el oeste de Etiopía (bordeando la zona de guerra de Sudán), Madagascar y otras islas del océano Índico más pequeñas, además de la franja más septentrional de África, incluida Liberia y Sierra Leona (donde ha habido recientemente una guerra civil relacionada con los diamantes, seguida de la epidemia de Ébola). En otras palabras, las regiones africanas más fuertemente golpeadas por la guerra y el saqueo económico serán escenarios de estrés climático e inestabilidad sociopolítica, según el proyecto de la Universidad de Texas que investiga vulnerabilidades para el Pentágono de EE UU (Busby y cols., 2013).

La oportunidad perdida de cambiar este mapa con ocasión de la cumbre de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en diciembre de 2015 (COP21), resulta trágica. En el sondeo de opinión pública mundial de 2015 de Pew Research, casi la mayoría de los encuestados –el 46 %– señalaron que el clima les tiene “muy preocupados”, más que cualquier otro asunto planteado en el cuestionario (la crisis económica figura en segundo lugar). Sin embargo, donde más importa, es decir, en los dos países que más contaminan, la proporción de personas que consideran que el clima es una amenaza importante es de apenas el 42 % en EE UU y del 19 % en China (Carle 2015). Y por mucho que el nivel de conciencia aumente entre la población, las élites mundiales parecen estar demasiado paralizadas para tomar las decisiones necesarias a fin de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C, el punto en que es probable que se ponga en marcha un cambio climático descontrolado y catastrófico (Bond 2012, Klein 2014). Volviendo a la 21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC celebrada en París (COP21), los anfitriones franceses calcularon que las declaraciones de compromiso voluntario sumadas supondrían un calentamiento del planeta de 3 °C en este siglo, pero esto es apuntar muy bajo dada la probabilidad de un cambio climático desbocado una vez alcanzado el punto de no retorno de los 2 °C.

La Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC es anual y se ha reunido en África tres veces: en 2001 en Marrakech, en 2006 en Nairobi y en 2011 en Durban, pero el momento crítico que definió la futura crisis climática de África fue en diciembre de 2009 en Copenhague. Las negociaciones en la COP15 se trasladaron una noche a una sala en que cinco líderes –el de EE UU y los del grupo formado por Brasil, Sudáfrica, India y China (BASIC)– cerraron un trato paralelo, el Acuerdo de Copenhague. Ahí está el origen de los principales problemas de África en las negociaciones climáticas de los años posteriores, incluida la COP21 de París.

Los negociadores del Departamento de Estado de EE UU, últimamente secundados por los de los gobiernos afines de Australia y Japón, suelen sabotear las conversaciones de las COP, que se extienden a lo largo de dos semanas. Canadá ha sido, hasta las elecciones de octubre de 2015, un socio contaminador leal y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo, visto el compromiso de las élites nacionales de explotar las arenas bituminosas de Alberta. Las esperanzas iniciales de que el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) pudiera marcar la diferencia dentro de la política climática mundial y arremeter contra la gobernanza financiera antidemocrática se han visto frustradas, no solo a causa de la alianza de 2009 del BASIC con Barack Obama (Bond y Garcia 2015). Individualmente, cada uno de estos países es incapaz de asumir nuevos compromisos de descarbonizar sus economías.

El principal país emisor del mundo es China, si bien en términos per capita figura muy por detrás de los países del Norte. Pekín asegura que acaba de reducir el consumo de carbón, pero cabe dudarlo a la vista de sus notorias subestimaciones (probablemente con un margen del 15 %). La dirección del Partido Comunista ha optado por una trayectoria ascendente de las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos hasta los años veinte de este siglo. El punto de vista chino de que necesitan incrementar sus emisiones para “desarrollarse” choca frontalmente con la cruda realidad: las recientes afirmaciones por parte de EE UU y Europa de que están reduciendo sus emisiones se basan en el hecho de que sus empresas y consumidores externalizan grandes cantidades de emisiones a los nuevos centros de producción, mayormente de Asia Oriental. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, “una parte creciente de las emisiones de CO₂ procedentes de la quema de combustibles fósiles en los países en vías de desarrollo se genera en la producción de bienes y servicios que se exportan, especialmente de países de renta media-alta a países de renta alta” (Hawkins 2014). En el caso de China, las cantidades externalizadas a este país son enormes, habiendo pasado de 404 millones de toneladas de CO₂ en 2000 a 1,561 billones de toneladas in 2012.

Es más, todos los dirigentes del BRICS han apoyado los mercados de carbono, la estrategia capitalista que permite compensar las emisiones locales mediante la compra de los cupos de carbono de otros. Al comienzo, de 2005 a 2012, estos mercados adoptaron la forma de oportunidades del “mecanismo de desarrollo limpio” (MDL) de las Naciones Unidas para la venta de “créditos de emisión”, basados en corruptelas y trampas, como supuesta contribución a la mitigación de las emisiones (Bond, Dada y Erion 2009). En los últimos años, después de que los países del BRICS dejaron de poder optar al MDL, siete ciudades chinas pusieron en marcha sus propios mercados de carbono, siendo probable que Brasil y Sudáfrica sigan sus pasos dentro de pocos años. Es más, los intentos chinos de controlar las emisiones en el futuro parecen apuntar a tecnologías peligrosas como la energía nuclear e hidroeléctrica, además de los sistemas no probados de captura y almacenamiento de carbono.

Los mayores esfuerzos por hacer frente al cambio climático en el Norte se dan en Europa, donde en octubre de 2014 se fijó un nuevo objetivo de reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, tomando como base las emisiones de 1990 (sin incluir la externalización de las emisiones, de cientos de millones de toneladas anuales). Este objetivo es demasiado modesto, según la mayoría de científicos, pero supera de lejos los de otros focos de contaminación históricos. En un convenio de finales de 2014 entre China y EE UU, el objetivo de este último no preveía más que una reducción del 15 % hasta 2025 (desde el nivel de 1990).

En resumen, son muy pocos los motivos de esperanza que podemos encontrar con respecto al clima u otros aspectos de la protección del medio ambiente en los gobiernos de los principales países. Está, por supuesto, la excepción de Cuba, que, obligada por las circunstancias, emprendió una estrategia de descarbonización consecuente una vez dejó de tener acceso al petróleo ruso subsidiado a partir de 1990. Los buenos ejemplos que se anticiparon en 2008-2011 de países latinoamericanos inclinados a la izquierda –Bolivia, Ecuador e incluso la Venezuela rica en petróleo– acabaron agriándose, ya que cada uno de ellos optó por un “extractivismo” de hidrocarburos más intenso, si bien con fines redistributivos de índole nacionalista y no en beneficio de empresas multinacionales.

Cuando la cumbre especial sobre el clima organizada por Naciones Unidas en septiembre de 2014 vino precedida de una manifestación de 400 000 personas que expresaron duros mensajes de furia por la indecisión de las élites, no hubo nada más que vagas promesas. El entramado de poder global y nacional parece más inasequible que nunca, a lo que se añade la capacidad de influencia sin precedentes de los intereses empresariales –incluidas las compañías de combustibles fósiles– en los responsables políticos y la certeza de que hará falta una profunda reestructuración de vastos sectores industriales.

Volviendo a 2009, el acuerdo de EE UU con el BASIC en Copenhague no solo “hizo saltar por los aires a Naciones Unidas”, como señaló Bill McKibben (2009), de 350.org, en el sentido de que cortocircuitó el proceso más democrático, sino que encima tan solo prometió unos recortes insuficientes y voluntarios de las emisiones. Japón, Rusia, Canadá y Australia anunciaron después que abandonaban los compromisos contraídos previamente al amparo del Protocolo de Kioto.

En noviembre de 2015, la declaración de “Contribución pretendida determinada a nivel nacional” (INDC en inglés) de los países del G20 confirmó las enormes barreras existentes para alcanzar las reducciones necesarias de las emisiones. De acuerdo con el Climate Action Tracker (agencia de seguimiento de la acción climática) de 2015, “ninguna de las INDC del G20 son compatibles con la limitación del calentamiento a un máximo de 2 °C o de 1,5 °C.” La agencia calificó de “insuficientes” las siguientes contribuciones: Argentina, Australia, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía, siendo las INDC de otro conjunto de países –Brasil, China, India, la UE, México y EE UU– también “incompatibles con la limitación del calentamiento a menos de 2 °C, salvo que otros países realicen reducciones mucho más drásticas y un esfuerzo comparativamente mayor”.

Cuatro motivos por los que París fracasó

La estrategia de las INDC estaba viciada porque las contribuciones son de naturaleza voluntaria y no se prevé ningún sistema de castigo suficientemente fuerte para los incumplidores, como por ejemplo sanciones económicas o la expulsión de Naciones Unidas. Por consiguiente, el primer motivo del fracaso de la COP21 de París fue que nunca se concretó la ambición requerida para reducir las emisiones a niveles de supervivencia. Como explicó Pablo Solon (2015), antiguo embajador de Bolivia ante Naciones Unidas y el hombre que intentó bloquear el consenso en la COP16 de Cancún en 2010, desde Copenhague todos los negociadores han obviado plantear la necesidad de dejar el 80 % de las reservas conocidas de combustibles fósiles bajo tierra y reducir drásticamente las emisiones: 44 gigatoneladas (Gt) de equivalente de CO₂ hasta 2020, 40 Gt más hasta 2025 y 35 Gt más hasta 2030.

En segundo lugar, la reducción de las emisiones de CO₂ acordadas en París se producirán en parte mediante la “financiarización” del clima a través de los mercados de carbono y las compensaciones. Aunque esta estrategia ha fracasado hasta ahora en los principales mercados –el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) europeo y la Bolsa del Clima de Chicago (que se hundió por completo en 2010)–, se reafirmó el mes anterior a la cumbre de París en una conferencia preparatoria. El nuevo lenguaje utilizado con ánimo de que estos mercados aseguren unas reducciones “reales, permanentes, adicionales y verificadas” refleja la conciencia de la mala imagen que tiene este sistema debido a los fracasos anteriores (Carbon Market Watch 2015). El Protocolo de Kioto y todas las COP subsiguientes permitieron a las empresas contaminantes comprar el derecho a contaminar (de otras empresas) a precios sumamente bajos y recurrieron a los financieros para crear mercados de carbono y compensaciones en vez de proceder a reducciones directas.

El único medio para reducir las emisiones pasa por la realización de controles estatales para imponer drásticas reducciones a los principales contaminadores, tal como sucedió con el Protocolo de Montreal de 1987 sobre los clorofluorocarbonos para detener la ampliación del agujero de ozono.

En tercer lugar, la “justa transición” solo será posible mediante la reconversión de cada uno de los sectores de la economía mundial con el protagonismo de los trabajadores y de las comunidades afectadas, pero este cambio tan radical no estaba sobre el tapete en París, con la salvedad parcial de la energía renovable. Esta estrategia no solo aseguraría la conversión a medio plazo de la economía basada en el carbono (como acordaron los líderes del G7 que se realizara para 2100, unos 50 años demasiado tarde), sino también, a más corto plazo, una manera más sana de relacionarse con el entorno natural y con los demás seres humanos.

En efecto, Naciones Unidas no ha tomado en consideración todavía las propuestas de amplia descarbonización, planificación medioambiental y reestructuración económica formuladas por activistas climáticos (Klein 2014). En su lugar, las únicas estrategias adoptadas comportarán cambios marginales, en particular aquellas que ponen precio al carbono con la intención de convencer a los mercados mediante una fiscalidad incremental, o peor, incentivando el comercio de emisiones de carbono. Para abordar con decisión la crisis urge llevar a cabo una transición justa en los sistemas mundiales de energía, transporte, extracción, urbanización, agricultura, producción industrial, consumo, vertido de residuos y financiación. Mientras estos sigan guiándose por el afán de lucro, la mayoría de externalidades –es decir, los daños ecológicos y sociales no contabilizados como costes de mercado– seguirán siendo daños que se endilgan a los desfavorecidos.

En cuarto lugar, amplias zonas de África, así como las islas bajas, las cordilleras latinoamericanas y asiáticas y áreas como la bahía de Bengala, ya necesitan reparar los daños masivos causados a los climas locales. Sin embargo, París no logró hacer avanzar sustancialmente la causa del pago de la “deuda climática” del Norte a favor del Sur. Se trata de daños mucho peores que los efectos que se notarán en Francia y otras zonas del mundo industrializado, donde las emisiones de CO₂ por persona son máximas. Siendo África una acreedora climática, los negociadores africanos pueden mantener la cabeza bien alta, pero lamentablemente no fue hasta 2012 (en la COP18 de Doha) que Naciones Unidas reconoció los “daños y perjuicios” (el término técnico empleado) causados por las crisis relacionadas con el clima.

La naturaleza voluntaria del acuerdo de Copenhague y su Fondo Verde para el Clima implica que no existe ninguna responsabilidad jurídica de los deudores climáticos del Norte. Como expuso el negociador jefe de Washington, Todd Stern, en Copenhague, “reconocemos absolutamente nuestro papel histórico en las emisiones a la atmósfera. Pero el sentido de culpabilidad o la idea de las reparaciones, eso lo rechazo categóricamente” (Broder 2009).

¿A qué se enfrentan África y otras zonas vulnerables después de la COP21? En París no se han acordado reducciones vinculantes de las emisiones de la magnitud requerida. Se han reafirmado los mecanismos de mercado. Se ha rechazado una transición justa de la economía mundial hacia una sostenibilidad genuina. Los acreedores climáticos –especialmente los africanos– siguen pagando la factura de la mayor parte de los daños causados, pese a no haber provocado la crisis. El proceso de la COP21 de París no ha permitido cambiar la relación de fuerzas para poder abordar estos cuatro grandes retos. Los miembros de las grandes organizaciones no gubernamentales que fueron a París afirmando que se daban las condiciones para un acuerdo que salvara el planeta (por ejemplo, Ricken Patel, de Avaaz, 2015) estaban profundamente equivocados.

África arde bajo el apartheid climático y Pretoria atiza las llamas

Por tanto, París no hizo más que perpetuar lo que se ha venido en llamar el “apartheid climático”. Según el Foro Humanitario Global (2009) del secretario general de la ONU, Kofi Annan, ya entonces podían atribuirse más de 300 000 muertes al año al cambio climático, en su mayoría en el Sur. Con la presente trayectoria del calentamiento, que alcanzará los 4 °C por encima de la temperatura normal en 2100, aumento que llegará a los 6 a 7 °C en el interior de África, no solo se verán amenazados los humanos, sino casi todas las especies vivas, y la biodiversidad misma, que dependen del agua y de un ecosistema estable.

Cuando el sector mundial de los seguros ya se enfrenta a un aumento de los siniestros asociados a fenómenos meteorológicos extremos, cuyo valor ha pasado de 10 000 millones de dólares anuales en la década de 1980 a 50 000 millones a partir del año 2000, y cuando los daños no asegurados son incluso más amplios, hasta el gobernador conservador del Banco de Inglaterra, Mark Carney (2015), ha admitido que “las pérdidas que predicen actualmente los modelos matemáticos podrían duplicarse si las tendencias recientes de la meteorología se demuestran representativas de la nueva normalidad”. Así, en África se anuncia un caos climático creciente y se estima que este siglo morirán 182 millones de africanos antes de tiempo e innecesariamente a causa de enfermedades relacionadas con el clima (Christian Aid 2006). En este contexto, la delegada que encabezó el grupo G77+China de 130 en París, Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, lo expresó con toda crudeza en las prenegociaciones de octubre en Bonn: “Es lo mismo que el apartheid.”

Mxakato-Diseko es sudafricana y conoce de primera mano de qué está hablando: “Nos encontramos en una situación en que básicamente estamos desahuciados” (Doyle 2015). Al final, sin embargo, los propios mandatarios de Mxakato-Diseko la dejaron caer. Los sudafricanos son particularmente adeptos a eso de “hablar por la izquierda y caminar por la derecha” (Bond 2006), de modo que resulta interesante examinar la postura que adopta Pretoria en materia climática dentro del propio país. Para cambiar la relación de fuerzas a escala mundial es preciso cambiar la política medioambiental nacional en cada país, y Sudáfrica es uno de los grandes campos de batalla del mundo (Bond 2002).

Las grandes empresas de la minería, fundición y transporte –sean de origen local, occidental o de los BRICS– parecen ejercer todavía una influencia omnímoda en Pretoria (sin duda tanta como la que tienen los hermanos Koch y otros miembros del lobby del gas y del petróleo en Washington). Frente a ellas, el Ministerio de Asuntos Medioambientales tiene una ministra, Edna Molewa, que no ha hecho nada por cambiar la correlación de fuerzas en defensa del clima, pese al papel relativamente destacado que desempeñó en las negociaciones internacionales. Su intervención fue crucial en la COP17 de Durban (Bond 2011, 2012) y en 2012 llamó la atención en la Cumbre de la Tierra Rio+20 organizada por Naciones Unidas.

Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando se trató de regular la actividad de los contaminadores sudafricanos, Molewa supo cómo evitar el conflicto. Mantuvo el silencio con respecto al enorme gasto del Estado en infraestructuras destinadas a actividades intensivas en carbono: tres nuevas centrales eléctricas de gran envergadura basadas en carbón, aumento de las exportaciones de carbón gracias a un presupuesto ferroviario de 25 000 millones de dólares en el primer plan de la Comisión Presidencial de Coordinación de Infraestructuras y, en el segundo proyecto de la misma, la ampliación por 20 000 millones de dólares del puerto de Durban y de su complejo petroquímico, destinado a multiplicar por ocho la capacidad de trasiego de contenedores de aquí a 2040 (Bond 2014a). Asimismo, en 2013 el gobierno dio permiso a Shell Oil para iniciar el proceso de “fracking” en la región árida de Karoo. A esto le siguió a mediados de 2014 la Operación Fakisa (“aceleración”) del presidente Jacob Zuma sobre estrategia económica oceánica, que incluía la exploración del suelo marino profundo en busca de petróleo y gas, especialmente a cargo de ExxonMobil, con un coste de 500 millones de dólares. Pretoria también dio su aprobación a una nueva refinería de petróleo estatal, cuyo presupuesto asciende a 6 000 millones de dólares, y tiene previsto construir más altos hornos para el tratamiento de minerales, incluida una nueva siderurgia china (pese a que las importaciones desde China han llevado casi a la quiebra a los dos principales productores en 2015).

Ante esta intensificación de la inversión sudafricana en actividades intensas en carbono, el presupuesto de Molewa para 2014-2015 (400 millones de dólares) fue revelador. Además de un recorte real del 8,3 % del programa general contra el cambio climático, la reducción de 1,5 millones del presupuesto del Servicio Meteorológico de Sudáfrica supuso, según la Comisión de Supervisión Medioambiental del parlamento (2014), “que Sudáfrica sería incapaz de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de control de la generación de gases de efecto invernadero a través de la estación de Vigilancia Atmosférica Global. […] El país también sería incapaz de formular niveles de referencia y comparar las emisiones con los objetivos fijados.”

En el Mail & Guardian [el principal periódico digital sudafricano], Molewa respondió en 2014 a las dudas expresadas (por el autor de estas líneas, Bond 2014b) en torno a tales decisiones, con una argumentación defensiva: “Contrariamente al análisis de Bond, Sudáfrica no corre riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales con respecto al cambio climático y la prioridad que le corresponde y al seguimiento y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra política nacional de respuesta al cambio climático determina el planteamiento del gobierno con respecto a los efectos del cambio climático y a la transición del país a una economía resistente al clima, baja en carbono y capaz de mitigar dichos efectos” (Molewa 2014).

Sin embargo, tal como había advertido la Comisión de Supervisión Medioambiental (2014), “como país hemos de demostrar que estamos haciendo nuestra justa contribución al esfuerzo global por mitigar el cambio climático, asegurando una reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de la inacción en un 34 % para 2020 y un 42 % para 2025.” A mediados de 2015 surgió una nueva oportunidad para que Pretoria se comprometiera de cara a la COP21, pero la oferta de Molewa inspiró una respuesta mordaz por parte de la oficina sudafricana de Greenpeace (2015): “El documento de debate ‘Las INDC de Sudáfrica: 1 de agosto de 2015’ evita cuantificar cualquier contribución a la mitigación e incumple los requisitos genéricos más básicos para el componente de mitigación de las INDC. De no rectificarse, esta descarada evasiva minará la credibilidad de Sudáfrica y toda pretensión de ostentar autoridad moral para encabezar el grupo de negociadores de los países en desarrollo.”

Esta falta de ambición es coherente con la actitud de Pretoria de hacer la vista gorda ante las prácticas contaminantes ilegales, especialmente por parte de la minería del carbón, la generación de electricidad y las refinerías de petróleo (todas ellas asociadas al cambio climático) (groundWork y cols. 2014). La réplica de Molewa (2014) confirmó un grado de modestia gubernamental inapropiada: “Abordamos continuamente cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, a menudo entre bastidores.”

Eso de mantenerse “entre bastidores” se explica por el poder sempiterno del llamado complejo minero-energético sudafricano (Fine y Rustomjee 1996). Ese poder se desveló cuando dos colegas de Molewa en el gobierno, Nathi Mthethwa y Cyril Ramaphosa, echaron una mano a la compañía de extracción de platino Lonmin, cuya matriz tiene su sede en Londres, cuando en agosto de 2012 desplegaron a la policía frente a los trabajadores en huelga en aras a mantener los beneficios de la empresa minera. Ramaphosa, quien más tarde fue elegido vicepresidente de Sudáfrica, poseía el 9 % del capital de Lonmin, y fueron sus mensajes de correo electrónico los que indujeron la intervención de tropas sanguinarias para poner fin a la huelga salvaje (él la calificó de “ruin y criminal”), matando a 34 trabajadores, muchos de los cuales pretendían rendirse. El testimonio de Ramaphosa ante la comisión de investigación a mediados de 2014 confirmó sus lealtades: admitió que en vez de construir 5 500 viviendas para los trabajadores de Lonmin, tal como había prometido la empresa, la Comisión de Transformación de esta, que él supervisaba, nada más construyó tres. Asimismo facilitó los “flujos financieros ilícitos” de Lonmin a las Bermudas.

Las vastas operaciones empresariales de Ramaphosa en la minería del carbón y similares industrias contaminantes estuvieron amparadas durante mucho tiempo, según conocedores del sector, por los inspectores de aguas de Molewa. Actualmente están excavándose o planeándose cuarenta nuevas minas de gran tamaño para suministrar carbón a dos nuevas centrales térmicas, por no mencionar las nuevas excavaciones de carbón para la exportación a China e India. En 2014, la provincia carbonífera de Mpumalanga estaba casi literalmente resollando (groundWork y cols. 2014). Sin embargo, la compañía eléctrica Eskom solicitó a Molewa un “aplazamiento prorrogable” de la reducción de la contaminación que imponía la ley a 14 centrales eléctricas locales. Eskom suponía que sus propias crisis –y las regulares caídas de tensión que infundían temor en la sociedad– convencerían a Molewa de la necesidad de mostrar tolerancia. En febrero de 2015, Molewa aceptó una prórroga de cinco años de la tolerancia legal de la contaminación por parte de Eskom, Sasol y docenas de empresas más, cuyas emisiones perjudicaron a los trabajadores y residentes locales y contribuyeron al cambio climático.

La única esperanza que puede derivarse de la relación de fuerzas desfavorable a escala nacional en Sudáfrica reside tanto en el ámbito global como en la base social: en la caída de los precios mundiales de los combustibles fósiles y en la resistencia de los activistas vecinales y ecologistas, que a finales de 2015 comenzaron a contraatacar. En el primer aspecto se produjo, entre otras cosas, una reducción del precio del carbón de 170 dólares por tonelada a 50 dólares entre 2011 y 2015, lo que sentó las bases de una victoria al menos temporal en uno de los principales frentes de lucha contra las nuevas minas: la zona de iMfolozi, la reserva natural más antigua de África. Allí, en mayo de 2015, más de un millar de mujeres se manifestaron en contra de una compañía, Ibutho Coal, asociada con las megaempresas Glencore y BHP Billiton. Esto y las objeciones legales basadas en los daños medioambientales hicieron que Ibutho se echara para atrás, abandonando su proyecto, pese a que muchos de los jefes zulúes locales habían sido comprados por la compañía y el gobierno nacional.

En un segundo caso esperanzador, a 300 kilómetros más al sur, en Durban, la crisis mundial de sobreacumulación había paralizado el transporte marítimo internacional hasta el punto de que en noviembre de 2015 se pospusieran por tiempo indefinido los planes de dragado del nuevo puerto y la nueva terminal de petróleo, con un coste presupuestado de 20 000 millones de dólares. Esto reflejó también la eficacia de la oposición vecinal, ya que el cambio climático fue uno de los principales motivos por el que el grupo local se opuso a la ampliación del puerto y del complejo petroquímico, así como los planes de ExxonMobil de perforar el suelo marino frente a la costa de Durban. Son estas victorias populares las que representan la “Blockadia” (Klein 2014) climática de Sudáfrica. Mientras que el acuerdo de París ha sido un fracaso sin paliativos, la combinación de la resistencia local con las contradicciones capitalistas globales indica el camino a seguir.

Visto que según el sondeo de 2015 de Pew (Carle 2015), el 47 % de la población sudafricana es consciente de que el cambio climático representa la mayor amenaza del mundo, la posibilidad de transformar esta conciencia en activismo constituye la única esperanza, dado que las élites de Pretoria no parecen estar dispuestas a cambiar de rumbo.

Conclusión

El caso de Sudáfrica ilustra lo difícil que es para el mundo resolver la crisis climática, por mucho que su delegada más destacada denunciara el “apartheid climático”, tal como se escuchó en la COP21 de París. Las verdaderas víctimas del apartheid climático no estuvieron en París (y no solo por la fuerte restricción de visados de la UE a raíz de los recientes atentados terroristas). Aun así, seguirán haciendo oír sus voces a escala nacional y local, donde después de todo se ganará o se perderá la guerra contra las fuentes de emisión.

Los atentados terroristas que causaron la muerte de más de 130 parisinos, principalmente jóvenes, el 13 de noviembre pasado, son un ejemplo del efecto bumerán a que se enfrentarán los futuros gobiernos obstinados del Norte y del BRICS. Afluirán refugiados en oleadas más rápidas y potentes a sus costas, primero del norte de África y Oriente Medio –que a mediados de siglo se calentarán a temperaturas inhabitables–, mostrando cómo las migraciones masivas de muchos lugares acreedores climáticos se generan a causa de conflictos relacionados con el clima. Los refugiados climáticos de la extrema sequía de 2006-2010 en Siria –tan inhumanamente tratados por el régimen de Asad que propiciaron la rebelión popular en 2011– y las dificultades simultáneas que experimentaron los pastores nómadas de Darfur, en el oeste de Sudán, otorgan a estas regiones el dudoso honor de ser testigos de las primeras guerras climáticas.

Las futuras COP tratarán de hacer cumplir los compromisos no vinculantes de la cumbre de París. Sin embargo, este enfoque de arriba abajo probablemente será un fracaso, pues en Washington Obama ya se enfrenta a los esfuerzos de los Republicanos por convertir en papel mojado las resoluciones contra el carbón adoptadas en 2015 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente. En Marruecos, con motivo de la COP22, que tendrá lugar en diciembre de 2016, las condiciones para la movilización social serán mucho más adversas que en París. Así que volviendo la vista atrás hacia París, pese a que las marchas por el clima que hubo en todo el mundo los días 28 y 29 de noviembre desempeñaron un papel positivo de cara a concienciar a la gente, son las actividades de protesta contra el flojo resultado de la COP21 las que sentarán las bases del activismo por la justicia climática de los próximos años.

Evidentemente, de las élites mundiales no vendrá nada útil de cara a resolver esta crisis. La acción seguirá produciéndose en los centros locales con cara de carbón de “Blockadia” para intentar que se agreguen las luchas y las protestas nacionales se conviertan –como con respecto a la política económica del gobierno sudafricano–en el campo de batalla en que los activistas puedan aunar las energías y cambiar la correlación de fuerzas.