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La invención de una epidemia.

Giorgio Agamben

Por:  Giorgio Agamben

Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR*, según las cuales no sólo “no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 en Italia”, sino que de todos modos “la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una especie de gripe) en el 80-90% de los casos”. En el 10-15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que sólo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos”.

Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras?

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “por razones de salud y seguridad pública” da lugar a una verdadera militarización “de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto: a) prohibición de expulsión del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier caso en el municipio o zona; b) prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión; c) suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d) suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero; g) suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa entre las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas.

La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.

Fuente e imagen:  QUODLIBET.IT  https://contrahegemoniaweb.com.ar/la-invencion-de-una-epidemia

* CNR es la sigla de El Consiglio Nazionale delle Ricerche [Consejo Nacional de Investigación].

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El abc de la deuda contra los pueblos

Eric Toussait

Por: Eric Toussaint

Desde 2010, Grecia nos muestra cómo se priva de libertad a un país y a un pueblo mediante la obligación de pagar una deuda claramente ilegítima. Desde el siglo XIX, de América Latina a la China, pasando por Haití, Grecia, Túnez, Egipto y el Imperio Otomano, la deuda pública fue utilizada como arma de dominación y de expoliación. Al fin y al cabo, es la combinación de endeudamiento y libre comercio lo que constituye el factor fundamental de la total subordinación de las economías periféricas partir del siglo XIX. Las clases dominantes locales se asociaron a las grandes potencias financieras extranjeras para someter a los países y a sus pueblos a un mecanismo de transferencia permanente de riquezas de los productores locales hacia los acreedores, ya sean éstos nacionales o extranjeros.

Contrariamente a una idea preconcebida, no son, generalmente, los países endeudados periféricos los que provocan las crisis de deuda soberana. Esas crisis se desencadenan en primer lugar en los países capitalistas más poderosos, o son el resultado de sus decisiones unilaterales que arrastran, de rebote, crisis más generales en los países periféricos endeudados. No es el exceso de gastos públicos lo que lleva a una deuda a niveles insostenibles, sino las condiciones impuestas por los acreedores locales y extranjeros. Los tipos de interés reales fueron abusivamente aumentados y las comisiones cobradas por los banqueros, particularmente, onerosas. La consecuencia no podía ser otra: los países que se endeudaban no eran capaces de pagar sus deudas, así que tenían que recurrir constantemente a nuevos préstamos para pagar los antiguos. Y cuando no lo conseguían, las potencias acreedoras tenían el derecho de recurrir a una intervención militar para hacerse reembolsar.

Las crisis de la deuda, y su desarrollo, están siempre controladas por la acción de los grandes bancos de las principales potencias económicas y por los gobiernos que los sostienen.

Durante los últimos dos siglos, varios Estados repudiaron con éxito sus deudas argumentando que eran ilegítimas u odiosas. Fue el caso de México, Estados Unidos, Cuba, Rusia, China o Costa Rica. Los conflictos alrededor del pago de la deuda dieron lugar a la elaboración de la doctrina jurídica de la deuda odiosa que siempre es de actualidad.

DEUDA ODIOSA

Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa cuya teoría desarrolló Alexander Sack en 1927, una deuda es odiosa cuando se juntan dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída en nombre del interés del pueblo y del Estado, sino contra su interés y/o por el interés personal de dirigentes y de personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: los acreedores sabían (o estaban en condiciones de saberlo) que los fondos prestados no beneficiaban a la población. Según esta doctrina, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debe tenerse en cuenta.

Sack, padre de la doctrina, dice claramente que se pueden atribuir a un gobierno regular deudas odiosas. Sack escribió: «Una deuda regularmente contraída por un gobierno regular (puede) considerarse como incuestionablemente odiosa,…». Sack definía un gobierno regular de la siguiente manera: «Debemos considerar un gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente dentro de los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ‘gracia de Dios’ o de la ‘voluntad del pueblo’; que exprese la ‘voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solamente de una parte de éste¸ que se haya establecido legalmente o no, etc., todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa».

Sack escribió que una deuda puede considerarse odiosa si, uno, las necesidades, a causa de las cuales el anterior gobierno había contraído la deuda en cuestión, eran ’odiosas’ y francamente contrarias a los intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio y, además, los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso. Y, prosigue, «establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido, de hecho, utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la población de todo o de parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso». Esta doctrina fue aplicada varias veces a lo largo de la historia.

UN POCO DE HISTORIA

Los acreedores, ya sean poderosos Estados, organismos multilaterales a su servicio o al de los bancos, supieron perfectamente maniobrar para imponer su voluntad a los deudores. Desde la primera mitad del siglo XIX, un país como Haití sirvió de laboratorio. Fue la primera república negra independiente ya que se libró del yugo francés en 1804. Sin embargo, París no había abandonado sus pretensiones sobre Haití, y consiguió una indemnización real para los esclavistas: los acuerdos firmados en 1825 con los nuevos dirigentes haitianos instauraron una deuda de independencia monumental, que Haití ya no pudo pagar a partir de 1828 y que estuvo más de un siglo para poder saldarla. Eso hizo imposible cualquier forma real de desarrollo.

La deuda también fue utilizada por Francia para someter a Túnez en 1881, o al Reino Unido para someter a Egipto, puesto que las potencias acreedoras se valieron de las deudas impagadas para dominar a países que hasta ese momento habían sido soberanos. Fue un caso similar el de Grecia en los años 1830, cuando fue creada, ya con la carga de una deuda que la encadenaba al Reino Unido, a Francia y a Rusia. La isla de Terranova, que en 1855 se había convertido en el primer dominio autónomo del Imperio Británico, mucho antes que Canadá o Australia, renunció a su independencia después de la grave crisis económica de 1933 para hacer frente a sus deudas y, finalmente, fue unida a Canadá en 1949, cuando éste aceptó hacerse cargo del 90% de la deuda de Terranova.

LA DEUDA DE LOS AÑOS 1960-1970

El proceso se reprodujo después de la II Guerra Mundial, cuando los países de América Latina necesitaron capitales para financiar sus desarrollos y cuando los países asiáticos primero, y luego los africanos, accedieron a la independencia durante los años 1960. La deuda constituyó un instrumento muy importante para imponer políticas neocoloniales. Después de la II Guerra Mundial ya no se permitió recurrir a la fuerza contra un país deudor y por lo tanto se comenzaron a utilizar otros medios.

Los préstamos masivos otorgados, a partir de los años 1960, a un número creciente de países de la periferia (comenzando por los aliados estratégicos de las grandes potencias como el Congo de Mobutu, la Indonesia de Suharto, el Brasil de la dictadura militar, y hasta países como México y Yugoslavia) tuvieron la función de lubrificante de un potente mecanismo de toma de control de países que habían comenzado a adoptar, con verdadero éxito, políticas independientes de sus antiguas metrópolis y de Washington.

Tres grandes actores incitaron a esos países a endeudarse, engolosinándoles con tipos de interés relativamente bajos: los grandes bancos occidentales que tenían un exceso de liquidez, los países del Norte que querían relanzar sus economías en crisis después del auge del precio del petróleo de 1973 y el Banco Mundial con el objetivo de reforzar la zona de influencia geopolítica de Estados Unidos y de no dejarse marginar por los bancos privados. Las clases dominantes locales también incitaron al aumento de la deuda y obtuvieron beneficios sin que el pueblo resultara beneficiado.

LAS ELUCUBRACIONES TEÓRICAS SOBRE LA NECESIDAD DE RECURRIR AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Según el enfoque dominante que se enseña en las universidades, al ahorro es previo a la inversión y es insuficiente en los PED. Por lo que la escasez de ahorro es un factor explicativo fundamental para el bloqueo del desarrollo y es necesario el aporte de financiación exterior. Paul Samuelson, en Economics (Samuelson, 1980), se basa en la historia del endeudamiento de Estados Unidos en los siglos XIX y XX, para determinar cuatro etapas diferentes que conducen a la prosperidad:

1. Una nación endeudada joven y emprendedora (desde la guerra revolucionaria de 1776 hasta el fin de la guerra civil en 1865);

2. una nación endeudada madura (desde 1873 hasta 1914);

3. una nueva nación acreedora (desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda);

4. una nación acreedora madura (años 1960).

Samuelson y sus émulos plantaron en un centenar de países que constituían el Tercer Mundo, después de la II Guerra Mundial, el modelo de desarrollo económico de Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial como si la experiencia de Estados Unidos fuera simple y llanamente imitable para todos esos países.

En lo que concierne a la necesidad de tener que recurrir al aporte de capitales extranjeros (bajo la forma de préstamos y de inversiones extranjeras), uno de los asociados de Walt W. Rostow, Paul Rosenstein-Rodan, emplea la fórmula siguiente: «Los capitales extranjeros refuerzan la formación del capital nacional, es decir que esos capitales serán invertidos totalmente; la inversión conllevará un aumento de la producción. La función principal de la entrada de capitales extranjeros es ayudar a la formación del capital nacional y que alcance un porcentaje que pueda ser mantenido sin ayuda exterior suplementaria» (Rosenstein-Rodan, 1961). Esta afirmación contradice a la realidad: no es cierto que los capitales extranjeros refuercen la formación de capital nacional, ni que sean totalmente invertidos. Una gran parte de esos capitales salen rápidamente del país hacia el cual se dirigieron temporalmente (fuga de capitales, repatriación de beneficios).

No es cierto que los capitales extranjeros refuercen la formación de capital nacional, ni que sean totalmente invertidos. Una gran parte de esos capitales salen rápidamente del país al que se dirigieron temporalmente

Otro error monumental de Paul Rosenstein-Rodan, que fue director adjunto del departamento económico del Banco Mundial entre 1946 y 1952, cuando hizo predicciones correspondientes a la fecha en la que una serie de países llegaría al crecimiento autosostenido. Según Paul Rosenstein-Rodan, Colombia debería haber alcanzado ese Estado en 1965, Yugoslavia en 1966, Argentina y México entre 1965 y 1975, India a comienzos de los años 1970, Pakistán, tres o cuatro años más tarde; Filipinas después de 1975. Los hechos demostraron la vacuidad de esas afirmaciones.

La planificación del desarrollo, bajo el punto de vista del Banco Mundial y del establishment universitario en Estados Unidos, condujo a una impostura pseudocientífica basada en ecuaciones matemáticas que quisieron otorgar legitimidad y credibilidad a la determinación de que los PED debían depender de la financiación exterior. He aquí un ejemplo, formulado muy seriamente por Max Millikan y Walt Whitman Rostow en 1957: «Si la tasa inicial de inversión interna en un país representa el 5 % del ingreso nacional, si los capitales extranjeros llegan a una tasa constante equivalente a un tercio del nivel inicial de inversión interna, si el 25 % de cualquier ingreso suplementario es ahorrado y reinvertido, si la ratio capital/producto es de 3 y si el tipo de interés de la deuda externa y los dividendos repatriados son equivalentes al 6 % por año, cuando hayan pasado catorce años el país estará en condiciones de no pedir más préstamos al exterior y podrá mantener una tasa de crecimiento del 3 % sobre la base de sus propios ingresos» (Millikan y Rostow, 1957). En ningún caso, esa afirmación ha sido confirmada y los países continuaron recurriendo a la deuda externa.

Realmente, esos autores, favorables al mantenimiento del sistema capitalista global por Estados Unidos, se negaban a contemplar la aplicación de profundas reformas que habrían permitido un desarrollo no subordinado a la financiación externa.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LOS AÑOS 2000

A partir de 2003-2004, el precio de las materias primas y de los productos agrícolas comenzó a aumentar en un contexto de fuerte demanda internacional. Eso permitió a los países exportadores de tales productos aumentar su recaudación, sobre todo en divisas (dólar, euro, yen, libra esterlina). Algunos Países en Desarrollo (PED) aprovecharon para elevar sus gastos sociales mientras la mayoría invirtió sus ingresos en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, financiando por este medio a la principal potencia mundial.

Por otro lado, el aumento de los recursos de algunos países, debido al aumento de ingresos en divisas y de la afluencia de inversores privados, antes del estallido de la crisis de 2007-2008, hizo perder peso a instituciones como el Banco Mundial y el FMI.

Otro factor reforzó ese fenómeno: China, en plena expansión, se transformó en el taller del mundo y acumuló enormes reservas de cambio, lo que le permitió aumentar significativamente la financiación de los países en desarrollo. Sus préstamos entraron en competencia con los de las instituciones financieras multilaterales y de los países industrializados.

En los años 2000, la reducción de los tipos de interés en el norte redujo la cuota de la deuda en el sur. Los bancos centrales de los países más industrializados procedieron a una rebaja de sus tipos de interés, sobre todo después de la crisis que estalló en América del Norte y en Europa occidental a partir de 2007-2008, y a la inyección masiva de liquidez en el sistema financiero para rescatar a los grandes bancos y empresas endeudados, lo que implicó indirectamente una reducción del coste de la refinanciación para los países en desarrollo. Esa financiación a bajo coste, junto a la afluencia de capitales del norte a la búsqueda de rendimientos más altos frente a unos tipos de interés bajo en el norte y a una recaudación por exportación elevada, dio a los gobiernos de los países en desarrollo una peligrosa sensación de seguridad.

La situación comenzó a degradarse a partir de los años 2016-2017, ya que el tipo de interés creciente fijado por la FED (pasó de 0,25 % en 2015 a 1,50 % en octubre de 2019), y los beneficios fiscales para las grandes empresas estadounidenses ofrecidos por Donald Trump, conllevaban una repatriación de capitales hacia Estados Unidos. Además, los precios de las materias primas tendieron a bajar, lo que disminuyó los ingresos de los países en desarrollo exportadores de bienes primarios y volvió más difícil el pago de la deuda, ya que se efectúa principalmente en dólares o en otras divisas.

Desde 2018- 2019, una nueva crisis de la deuda afecta directamente a países como Argentina, Venezuela, Turquía, Indonesia, Nigeria, Mozambique…La devaluación de las monedas de esos países encarece el coste del pago de sus deudas que se efectúa, casi siempre, en dólares.

PANORAMA GLOBAL DE LA DEUDA EN EL SUR

Estos últimos años estuvieron caracterizados por un aumento significativo de la deuda externa en términos absolutos. Se triplicó entre 2000 y 2017. La mayor parte de este aumento se concentró en el sector privado.

En el caso de la deuda pública externa, el volumen aumentó, pero con menor intensidad, que el de la deuda externa de las empresas privadas.

ÁFRICA

Con respecto al África subsahariana, los flujos salientes hacia el extranjero, mediante el servicio de la deuda y la repatriación de los beneficios de las transnacionales, son muy elevados. En 2012, la repatriación de los beneficios de la región más empobrecida del planeta representó el 5 % de su PIB contra el 1 % de la ayuda pública al desarrollo. En ese contexto, conviene preguntarse: ¿quién ayuda a quién?

Si se toma en cuenta el saqueo de los recursos naturales de África por las grandes sociedades privadas, la fuga de cerebros, los bienes mal adquiridos acumulados por las clases dominantes africanas y colocados en los países desarrollados, la manipulación de los precios de transferencia por las sociedades transnacionales privadas… se verá claramente que África está exangüe.

Las relaciones europeas con África constituye un ejemplo de relaciones neocoloniales. Éstas se desarrollaron más allá de los acuerdos ACP de Cotonou. Actualmente, la UE impone otros marcos más importantes en sus relaciones con ÁFRICA, un marco de asociación de la UE para las migraciones —el plan de acción de La Valette con los procesos de Jartum y de Rabat— y hay que añadir los marcos y tratados bilaterales que los países europeos mantienen con países o regiones de África. Sin olvidar que 15 países africanos todavía tienen el Franco CFA como moneda, pero que, para 8 de entre ellos se transformará en el ECO.

Muchos ciudadanos y ciudadanas de los países del Norte no saben hasta qué punto las condiciones y cláusulas impuestas en esos tratados ponen las bases de una nueva crisis de la deuda en los países en desarrollo. Algunos hechos esenciales que la mayoría de la gente ignora son los siguientes:

• Que mientras el volumen total de la ayuda al desarrollo que Europa envía a África todos los años es de aproximadamente 21.000 millones de dólares. Migrantes africanos y africanas, residentes en Europa, envían más de 30.000 millones de dólares, o sea casi un 50 % más de la ayuda al desarrollo.

• Que los fondos actualmente disponibles en el Fondo de Inversiones Europeo para todo el continente africano se estiman en 3.300 millones de dólares, o sea el equivalente al coste de un proyecto de infraestructura de mediana envergadura como, por ejemplo, un puerto.

Además, el nuevo presupuesto propuesto por la UE que cubre el período 2021 a 2027 prevé adjudicar más de 34.900 millones de dólares a diversos mecanismos de control migratorio. Finalmente, Europa gastará más para patrullar sus fronteras que lo que da a África como ayuda al desarrollo, o lo que corresponde a las pérdidas comerciales que África tiene con Europa. El impacto de esos tratados sobre los resultados comerciales es también notable. Desde 2003 hasta 2014, África siempre tuvo una balanza comercial excedentaria con Europa, mientras que desde 2015, la tendencia se invirtió y se llegó a un déficit de cerca de 30.000 millones de dólares.

El discurso de los medios dominantes y de los gobiernos consiste en decir que hay un exceso de deuda, demasiado gasto público de los Estados y, en consecuencia, que hay que pagar la deuda y reducir esos gastos públicos. En el CADTM intentamos ante todo preguntarnos de dónde vienen las deudas, si los objetivos perseguidos a través de la acumulación de deudas eran legítimos, y si fueron contraídas de manera legítima y legal. Este es el enfoque que intentamos tener y es cierto, en efecto, que no es el que aparece en los medios dominantes. Estos no ven ningún interés en este punto de vista y, además, opinan que esta cuestión está desconectada de la realidad.

A pesar del optimisto del Banco Mundial y del FMI, la deuda continúa representando un serio obstáculo para la satisfacción de los derechos humanos

El sistema deuda de hoy reproduce toda una serie de mecanismos de dominación de los Estados poderosos sobre los Estados más débiles. Hay que añadir que también las clases dominantes de los países endeudados se benefician del endeudamiento. Animan a los gobernantes a pedir prestado en el mercado interno y en el extranjero, pues el empréstito contribuye a que los impuestos, que pesan sobre la burguesía, no sean elevados. Compran títulos de la deuda de su país a fin de obtener un rendimiento garantizado por el Estado y un alto rendimiento.

A pesar de los discursos optimistas del Banco Mundial y del FMI, la deuda de los PED continúa representando un serio obstáculo para la satisfacción de los derechos humanos y las necesidades fundamentales de sus habitantes. Las desigualdades aumentaron profundamente y los progresos en el desarrollo humano fueron muy limitados. Hace falta luchar para liberarse del sistema deuda.

Ámérica Latina y Caribe

En América Latina y en el Caribe, la deuda externa se multiplicó por 165 veces entre 1970 y 2012. Durante ese período, la región transfirió a sus acreedores un total de 3.253 billones de dólares.

América Latina presenta uno de los saldos negativos de deuda externa más elevados entre los continentes en desarrollo en el período 1985-2017.

EL IMPACTO DEL PAGO DE LA DEUDA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LA SITUACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA DEL SUR GLOBAL

Si tenemos en cuenta la evolución, entre 2015 y 2017, los gastos gubernamentales para 50 países de ingresos bajos, se constata un aumento de los gastos relativos al pago de la deuda, una reducción de los gastos en materia de salud y un estancamiento en materia de educación.

Se constata también que entre 2015 y 2017, se produce un aumento de los gastos públicos ligados al pago de la deuda pública en África, en Asia del Sur y en general en todos los países de ingresos bajos.

Según Milan Rivié, en referencia al FMI, en julio de 2019 entre los países de ingresos bajos, nueve estaban en situación de sobreendeudamiento y 24 a punto de serlo, o sea el 39 % del total. Y eso es una prueba de la incapacidad (y de la ausencia de voluntad) de las instituciones financieras internacionales (IFIs) de responder con eficacia y por un largo tiempo al sobreendeudamiento. La mitad de esos países aplicaron al pie de la letra las políticas de ajuste de la Iniciativa para países pobres muy endeudados PPME, lanzada por el G7, el Banco Mundial y el FMI en 1996. Y según una ONG alemana, 122 países estarían, en realidad, en una situación de endeudamiento crítico.

ES POSIBLE NEGARSE A PAGAR UNA DEUDA ILEGÍTIMA

En realidad, es totalmente posible resistir a los acreedores, como se comprobó en México durante la presidencia de Benito Juárez, quien se negó a asumir, en 1867, las deudas que el régimen del emperador Maximiliano había contraído ante la Société Générale de París dos años antes para financiar la ocupación de México por el ejército francés. En 1914, en plena revolución, cuando Emiliano Zapata y Pancho Villa luchaban en la ofensiva, México suspendió completamente el pago de la deuda externa considerada como ilegítima, reembolsando solamente, entre 1914 y 1942, sumas simbólicas con el único fin de ganar tiempo. Entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó sin indemnización la industria petrolera y los ferrocarriles, y expropió más de 18 millones de hectáreas a los grandes terratenientes para devolvérselos a las comunidades indígenas. La tenacidad dio buenos resultados: en 1942, los acreedores renunciaron a cerca del 90 % del valor de los créditos y se contentaron con una pequeña indemnización por las empresas que habían sido expropiadas. México logró tener un gran desarrollo económico y social durante las décadas de 1930 a 1960. Otros países como Brasil, Bolivia y Ecuador suspendieron con éxito los pagos a partir de 1931. En el caso de Brasil, la suspensión selectiva de pagos continuó hasta 1943, año en que un acuerdo permitió reducir la deuda en un 30%.

Países como México, Brasil, Bolivia y Ecuador suspendieron con éxito los pagos a partir de 1931

Más recientemente, en Ecuador, el presidente Rafael Correa instauró en julio de 2007 una comisión de auditoría de la deuda pública. Después de 14 meses de trabajo, esta comisión remitió unas conclusiones que demostraban el carácter ilegítimo e ilegal de una gran parte de la deuda pública. En noviembre de 2008, el gobierno decidió suspender unilateralmente el pago de los títulos de la deuda vendidos en los mercados financieros internacionales y que tenían vencimiento en 2012 y en 2030.

Finalmente, el gobierno de ese pequeño país salió vencedor de una prueba de fuerza con los banqueros norteamericanos poseedores de esos títulos. Luego compró por 900 millones de dólares títulos que valían 3.200 millones de dólares. Al hacer eso, el Tesoro Público ecuatoriano economizó 7.000 millones de dólares sobre el capital prestado y sobre los intereses que quedaban por pagar. De esa manera, el gobierno ecuatoriano pudo liberar nuevos medios financieros que permitieron aumentar los gastos sociales. Sin embargo, Ecuador no fue objeto de represalias económicas. Es evidente que el rechazo a pagar una deuda ilegítima constituye una medida necesaria pero en sí misma insuficiente para generar desarrollo. Para lograrlo, es necesario aplicar un programa coherente. Se trata de generar recursos financieros al aumentar los recursos del Estado a partir de los impuestos que respeten la justicia social y ambiental (Millet y Toussaint, 2018).

Fuente e imagen: EL SALTO DIARIO    https://contrahegemoniaweb.com.ar/el-abc-de-la-deuda-contra-los-pueblos

Traducido  por: Griselda Pinero

 

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La tarea de desmercantilizar la escuela

Carlos Andujar

Por: Carlos Andujar

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción en el área educativa.

El neoliberalismo como proyecto político, del que el macrismo fue su tercer intento local, es un proyecto totalizador, es decir que tuvo (y tiene, ahora desde la oposición) pretensiones hegemónicas. Dicho de otro modo, unidas a las reformas económicas implica siempre transformaciones culturales.

Como menciona el recordado filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci: “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.

El neoliberalismo de Cambiemos antes de llegar al poder en el 2015, alimentándose de “sentidos comunes” preexistentes, supo “dirigir moral e intelectualmente”, medios de comunicación mediante, a cierto sector social alcanzándole para democráticamente acceder a conquistar el poder estatal. Una vez allí, incorporó en su intento de construir supremacía, el control de las diversas instancias gubernamentales. El sistema educativo, perla preciada del aparato cultural estatal, aún con sostenidas resistencias que volcaron a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la educación a las calles, no escapó a tal devenir.

La escuela puede mercantilizarse de distintos modos, pero sin duda el más conocido y visible es el deterioro provocado por los recortes presupuestarios que, bajo la bandera de la disciplina fiscal, esconde verdaderas políticas de trasferencias regresivas del ingreso.

Según el informe del Programa de educación del CIPPEC (Documento de trabajo Nº 178 de febrero de 2019), la meta estipulada por la Ley de Educación Nacional (2006) de invertir el 6 por ciento del PIB en educación se llegó a cumplir en el 2015 pero no se sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,80 y 5,65 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente.

En términos absolutos, entre 2015 y 2016 la reducción fue de 65.000 millones de pesos constantes del año 2018 entre ambos niveles de gobierno (bajó un 7 por ciento a nivel nacional (15.617 millones de pesos, a valores de 2018) y un 8 por ciento a nivel provincial ($49.384 millones)).

En la misma línea el Colectivo de Observatorios y equipos de investigación en educación estipularon que, en caso de haberse aprobado el Proyecto de ley de Presupuesto elevado por el macrismo en septiembre de 2019, la función Educación que en el 2016 representaba 7,8 por ciento del presupuesto del Estado Nacional se hubiese reducido al 5,1 por ciento en el 2020, una disminución, en términos reales, del 34 por ciento.

En comparación con el pago de la deuda, el informe concluye que para el 2016, Argentina había presupuestado aproximadamente la misma cantidad de fondos para el pago de deuda que para educación, pero que para el 2020 los fondos para deuda están en una relación de 4 a 1 con respecto a aquellos destinados a educación.

A nivel Nacional el ajuste se realizó en el desfinanciamiento o la directa eliminación de Programas, como el de Formación Docente “Nuestra Escuela”, el plan “Conectar Igualdad” o las “Becas Progresar” y la unilateral e ilegal eliminación de la Paritaria Nacional Docente que, gracias a un fondo de compensación salarial aportado por la Nación, había logrado reducir sustantivamente las desigualdades salariales docentes en todo el país.

A nivel provincial el ajuste se produjo principalmente a través de la caída estrepitosa del salario real docente, componente que representa más del 90 por ciento del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

Un segundo modo de mercantilización fue el ataque sistemático a quienes pueden (y en efecto lo han hecho) resistir la avanzada neoliberal: las y los trabajadores de la educación y sus sindicatos.

La demonización de los sindicatos y las y los sindicalistas, y el desprecio por la tarea docente (unido al deterioro salarial, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se amenazó con convocar “voluntarios” para reemplazar a quienes ejercían el derecho constitucional a la huelga) lejos de ser medidas aisladas fueron reflejo de las “recomendaciones” del Banco Mundial que en sus documentos oficiales (Profesores Excelentes (2015)) responsabilizan de la “baja calidad educativa” a las y los docentes.

Estos, menciona explícitamente el documento, dado que gozan de estabilidad laboral dan clases con poca eficacia y tienen altos niveles de ausentismo. La solución que da el Banco Mundial cae por su propio peso: “flexibilización” laboral y rendición de cuentas. En efecto, la partida de Evaluación del presupuesto del Ministerio de Educación es una de las pocas que se ha incrementado desde el 2015, y que, en el marco del desfinanciamiento del resto de los programas, convirtió y redujo a la evaluación a un mero mecanismo de control, disciplinamiento y sanción.

El tercer modo y menos conocido de mercantilización es el peso que diversas ONG y fundaciones educativas han tenido en la definición de políticas públicas actuando como representantes de las elites económicas, destacándose estrechos lazos entre funcionarios, empresarios y directivos de las Fundaciones/ONGs educativas. Como señala Ana Castellani, en el informe Nº6 del Observatorio de las Elites (Citra. Umet. Conicet), de febrero 2019, tres son los principales motivos de tal desembarco.

En primer lugar, la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral.

En segundo lugar, la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas).

Por último, pero central para el direccionamiento intelectual y moral que mencionaba Gramsci, la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa.

Estos mecanismos de captura de la decisión pública por parte de las elites económicas, continua el citado informe, se traducen en un creciente proceso de mercantilización de la educación que consiste básicamente en:

1. El avance de las empresas en la definición e implementación de las políticas educativas.

2. La promoción de los valores, principios y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo.

3. La prestación de servicios educativos diversos.

Particularmente la difusión de ideas y valores llegó a la escuela, muchas de las veces de la mano de las ONG y fundaciones, inundando las capacitaciones y las prácticas docentes de cosmovisiones provenientes del mercado (técnicas de auto ayuda, clima escolar, gestión institucional); de la aplicación acrítica de las neurociencias y la “inteligencia emocional”; del desarrollo de capacidades y habilidades genéricas “universalmente válidas” en desmedro de saberes que, situados histórica y políticamente, sean productores de inclusión social y, de la cultura (y la enseñanza de las técnicas) del emprendedurismo, legitimación y explicación última de todo conflicto social de la mano de la impronta meritocrática neoliberal.

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Se empobreció a la población, se desfinanció a la educación, se “evaluó” y se culpabilizó a las y los docentes por la “baja calidad”.

En muchos casos se resistió con inteligencia en el marco de las relaciones de fuerzas existentes. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción. De la sustracción de derechos a su restitución. De ofrecer un modo distinto al que ha propuesto históricamente el neoliberalismo de responder a la interpelación del Otro sufriente. Desmercantilizar la escuela, es la tarea.

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/la-tarea-de-desmercantilizar-la-escuela

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Pobreza: la peor pandemia

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

Tan preocupados estamos por la amenaza sanitaria del coronavirus, que hemos olvidado la verdadera amenaza de nuestro entorno: mayor pobreza, menor acceso a los servicios básicos, aumento de la violencia en todas sus formas y la más cruel de ellas en el incremento sostenido de la desnutrición crónica en la infancia. Este es el verdadero problema en las naciones del cuarto mundo, naciones caracterizadas por gobiernos corruptos y el súper poder de sus grupos económicos cuyas élites han supeditado las decisiones políticas a sus intereses particulares, apoderándose de los recursos y retorciendo las leyes.

De acuerdo con los reportes oficiales de organismos internacionales, el virus que tanto nos asusta llegará más temprano que tarde. Sin embargo, el verdadero panorama de terror reside no tanto en la potencial pandemia como en la realidad apocalíptica del hambre, las carencias y los sistemas de salud ineficientes, sin recursos, manipulados por delincuentes tan poderosos como las multinacionales del sector farmacéutico, que trafican sin el menor reparo con sus influencias con el único objetivo de sacar el mayor provecho posible de las necesidades de los pueblos. En esa tónica, presionan a los gobiernos por medio de pactos comerciales interesados, apoyados como siempre por las instituciones financieras internacionales y los países más poderosos.

Los pueblos del hemisferio Sur se encuentran, por lo tanto, mucho más expuestos a un ataque de este virus que aquellos países premunidos de sistemas de salud pública capaces de enfrentar con mayor éxito una situación de emergencia como la que se experimenta en la actualidad. Solo basta echar una mirada alrededor y constatar la miseria de nuestros hospitales y centros de salud urbanos y rurales, en donde ni siquiera se cuenta con los recursos mínimos como equipo quirúrgico, medicinas, mobiliario y, muchas veces, incluso sin personal capacitado para atender adecuadamente las situaciones de emergencia.

El temor generalizado –y razonable- ante la entrada del Covid-19 nos coloca ante una situación sumamente compleja y potencialmente caótica, toda vez que nuestras naciones están sujetas a decisiones dictadas por intereses sectarios y no responden a políticas públicas elaboradas a partir de un análisis objetivo y serio de las necesidades de nuestros pueblos. Los gobiernos del continente latinoamericano, en su abrumadora mayoría, no solo son incapaces de elevarse por encima de intereses espurios, sino se han convertido en voceros y sirvientes dóciles de las corporaciones y las élites económicas actuando a espaldas de la ciudadanía y, como obvia consecuencia, condenándola a la más profunda e injusta de las miserias.

Hasta donde se ha podido observar, las autoridades de nuestros países se han limitado a contener la ola informativa llamando a la calma y buscando la colaboración de los medios de comunicación para frenar el pánico. Sin embargo, falta aún ver cómo harán para reparar el daño provocado por décadas de corrupción y abandono de la infraestructura sanitaria; por siglos de violencia contra los más pobres y por la marginación a la cual han condenado a los sectores más vulnerables como la niñez, la juventud y las mujeres. Si algo positivo se extrae de esta amenaza sanitaria, es su capacidad de poner en evidencia la estulticia y falta de humanidad de quienes están supuestos a gobernar dentro de un marco de ética y valores, así como la valentía de quienes quizá den el golpe de timón para poner atención, por fin, a las necesidades de sus pueblos.

Nuestros países carecen de recursos para enfrentar una amenaza sanitaria.

Fuente e imagen: https://iberoamericasocial.com/pobreza-la-peor-pandemia/

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La lucha por un «internet feminista»

Tamara Pearson

Por: Tamara Pearson

México debate una nueva legislación para lograr un internet libre de acoso y de sexismo. La Ley Olimpia, una de las pocas iniciativas parlamentarias de origen popular, pone en discusión el poder de las redes, el patriarcado y las relaciones sexistas en un medio que muchos consideran la panacea de la democracia.

Cuando Patricia Azcagorta se presentó como candidata a la alcaldía de Caborca (en el estado de Sonora) en 2018, circuló en las redes sociales un video de una mujer bailando en ropa interior, junto con fotos de Azcagorta. Además, había mensajes acusándola de ser stripper.

El uso de imágenes íntimas -reales o falsas- para atacar la credibilidad de una mujer, avergonzarla o silenciarla, es uno de los diversos tipos de violencia contra las mujeres a través de internet que el gobierno de México formalizará como delito en los próximos meses.

La llamada Ley Olimpia es una modificación de una ley existente sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es, además, una de las pocas iniciativas jurídicas mexicanas que tiene origen popular. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional en noviembre del año pasado tras una fuerte campaña de Olimpia Coral Melo y varios grupos feministas. Ahora es necesario que sea aprobada por el Senado.

Coral Melo tenía solo 18 años cuando un video de ella desnuda fue difundido en WhatsApp. Como resultado, fue insultada por la prensa local, que utilizó sus imágenes en sus portadas para vender y se la conoció como «la gordibuena de Puebla» (una referencia sexista a la forma de su cuerpo). Recibía numerosas peticiones de sexo por parte de los hombres. Ella contó que se encerró en su casa durante ocho meses e intentó suicidarse tres veces. Cuando intentó finalmente denunciar lo sucedido en la oficina del Fiscal, se le informó que no se trataba de un delito. Así que se organizó con otras mujeres para crear una propuesta de enmienda o una ley. Pero la enmienda que se está aprobando ahora tiene limitaciones y muchos activistas, basados en su experiencia en el sistema legal mexicano, dudan que sea implementada justamente. De hecho, México tiene la tasa de impunidad más alta de América.

En el mundo de internet, los hombres dominan los medios de comunicación (como expertos y periodistas) y la sección de comentarios. Ahora, la pregunta es si esta enmienda es un paso inicial positivo para crear un internet libre de violencia basado en principios de respeto e igualdad para las mexicanas o si es más bien un obstáculo.

Tipos de violencia digital cometidos en México y su impacto

Según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones de México, más de 9 millones de mujeres del país se han enfrentado a algún tipo de agresión tecnológica. Luchadoras, un colectivo feminista mexicano que pasó dos años acompañando a mujeres que experimentaron violencia en línea, identificó 13 tipos de agresión. Entre ellas se encuentran el acecho y la vigilancia constante, las amenazas, la expresión discriminatoria, la difusión de información personal o íntima, el lucro por explotación sexual a través de imágenes, el acoso y la extorsión.

Un ejemplo común de aprovecharse de las imágenes son las cuentas como la ya borrada @quieromipack, que venden o intercambian «paquetes» de fotos o videos íntimos o sexualmente explícitos. Un tuit de esa cuenta decía: «Cientos de fans están recibiendo sus paquetes. Si tienes packs de tus amigas, ex novias, o tomas packs o tienes los tuyos propios… contáctanos y te lo cambiaremos por un pack de nuestra página o por una membresía». Tenga en cuenta que cuando se refiere a «amigas» y «novias», las palabras son femeninas, y que no se requiere consentimiento en esta página web para enviar fotos de otras personas.

Luchadoras también realizó un estudio sobre la violencia digital contra las mujeres durante las elecciones de 2018 (en las que se disputaron 18.299 cargos desde el nivel nacional hasta el local) y encontró que las agresiones online más comunes contra las mujeres durante el período electoral fueron expresiones discriminatorias, amenazas y campañas de descrédito. Además, demostraron que había cinco patrones clave subyacentes a las agresiones: juzgar el carácter sexual del candidato, la objetivación sexual, los ataques a la familia, los roles de género y la apariencia. Lucía Rojas, por ejemplo, era una joven feminista que se presentó como candidata independiente y ahora es diputada federal. Ella dijo que, durante la campaña, su imagen, los tatuajes y los piercings fueron atacados y que fue injuriada por ser mujer, lesbiana y joven. «Mi credibilidad, conocimiento y experiencia fueron cuestionados», aseguró.

El impacto de la violencia en línea para las mujeres, tanto en el nivel individual como colectivo, suele considerarse menos significativo porque tiene lugar en un espacio de naturaleza virtual. Pero «lo que es virtual también es real, y eso significa que los efectos de este tipo de violencia son reales, se sienten en el cuerpo, en el espíritu y en los derechos de la mujer», señaló Lourdes Barrera, de Luchadoras.

La doctora Emma Short, psicóloga e investigadora de psicología cibernética de la universidad de Bedforshire, piensa que el impacto del abuso en línea es mayor «porque su condición de víctima se difunde para que todo el mundo la vea. A menudo se une un tercero por lo que la multitud o la manada va tras de ti. Así que muy rápidamente, se siente como si el mundo entero estuviera detrás de ti». Luchadoras habló con mujeres que habían experimentado violencia en línea e identificaron los impactos que éstas habían tenido, incluyendo náuseas, dolores de cabeza, falta de apetito, estrés, ansiedad, rabia, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia. También hablaron sobre la autocensura y el abandono de la tecnología.

La violencia pública, como la violencia en línea, es una táctica para ejercer poder sobre las mujeres. Afecta nuestra capacidad de expresarnos libremente, mientras que el discurso de odio y el abuso de los trolls es tolerado.

México hace cambios

La enmienda al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia digital como «cualquier acto a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas de internet, las redes sociales o el correo electrónico que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada de las mujeres, o que cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, económicos o sexuales». Esta enmienda, conocida como la Ley Olimpia, enumera este tipo de violencia incluyendo el acoso, las amenazas, los insultos, la violación de datos y los mensajes de odio.

La sentencia señala la necesidad de campañas de educación, programas de prevención y capacitación. Los delitos pueden ser denunciados a la Fiscalía, que puede ordenar a las empresas que están detrás de las plataformas que bloqueen o eliminen las imágenes o vídeos implicados. Las penas varían según el estado, pero incluyen hasta seis años de prisión o multas de hasta 4.600 dólares.

Hablé sobre la enmienda con Isabel Portillo, una psicóloga que se ha enfocado en la violencia y en la capacitación sobre el acoso cibernético en la fundación En Movimiento. Ella argumentó que la Ley Olimpia era necesaria, y que «los esfuerzos de Olimpia han comenzado a tener un impacto. Sin embargo, es necesario tomar más medidas para eliminar la violencia que hay en las redes sociales». Dijo que era importante dar a conocer la enmienda para que las víctimas puedan denunciar el ciberacoso y que quienes lo practican sean conscientes de las consecuencias.

Sin embargo, también hablé con Martha Tudón, coordinadora de derechos digitales de Articulo 19 México, una organización centrada en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ella sostuvo que la enmienda era problemática. «Las definiciones son muy generales. Por ejemplo, ¿qué es la intimidad? Podría ser mi cuello, mi cabello. Lo que hemos visto con este tipo de leyes ambiguas es que todo puede caer en su ámbito y se utilizan para atacar a los periodistas. Las personas que más se aprovechan de estas leyes son las autoridades que ven algunas noticias en internet y quieren que las eliminen», apuntó. «Tales leyes terminan siendo usadas para el populismo, para que los políticos puedan lavarse las manos y no mejorar las cosas de raíz. La enmienda es muy cosmética. Además, el árbitro es el Estado. ¿Realmente quieres darle a un Estado patriarcal la capacidad de decir qué contenido debería estar en internet?».

Desde Luchadoras dicen que la Ley Olimpia corre el riesgo de quedarse solo en el papel. Reclaman procesos de denuncia adecuados que sean sensibles a las necesidades de las mujeres y que las protejan en lugar de revictimizarlas. Dicen que más allá de multas o la prisión, son importantes las acciones que ayuden a las mujeres a recuperarse, así como las garantías de que los delitos no se repitan.

La desigualdad es inherente a la arquitectura de internet

Internet está jugando un papel en «la estructuración de nuestras identidades y la organización de nuestras interacciones sociales», dijo la doctora Charlotte Webb, cofundadora del «internet feminista». Además, aseguró que internet también se basa en las mismas estructuras económicas y de poder que el mundo real.

La dominación de los hombres sobre el sector tecnológico se expresa en tanto usuarios y en tanto propietarios. Sus prejuicios de género se reproducen en la tecnología como Alexa y Siri -asistentes personales con voces femeninas-. El contenido de internet, desde el porno hasta los medios de comunicación, también está dirigido en gran medida por hombres. En Wikipedia, por ejemplo, más del 80% de los editores son hombres. Esa falta de diversidad se traduce en el hecho de que sólo el 17,7% de las biografías en la Wikipedia en inglés son sobre mujeres.

En México, «a menudo los hombres son los que (en su familia) son dueños de los aparatos electrónicos». Es un mecanismo de poder. Le prestan el suyo a su pareja por un tiempo. «Así que controlan cómo accedemos a él y eso significa nuestro acceso a la educación, a la cultura, a la información sobre temas como la salud», afirmó Tudón.

Además, internet está «colonizado por hombres de Estados Unidos», argumenta. «Y cuando hay mujeres, son blancas y privilegiadas. Creo que internet será más inclusivo cuando las comunidades tengan sus propias herramientas de información y difusión. En México, utilizamos principalmente Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, lo que significa que estamos utilizando herramientas hechas en los Estados Unidos que responden a un contexto diferente».

Tudón afirma que espera que llegue el momento en que las comunidades puedan crear su propio contenido en sus propios idiomas, en sus propios términos. Isabel Portillo tiene una apuesta similar. Alienta a las mujeres de México a que presten apoyo mutuo a otras mujeres en internet que estén siendo atacadas. «Tenemos muchas posibilidades de mostrar solidaridad», concluyó.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/el-internet-feminista-por-el-que-luchan-en-mexico/

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¿Por Qué Debemos Enseñar Estudios De Género?

Sofía García-Bullé

Por: Sofía García-Bullé

No sabemos nombrar ni describir los desequilibrios sociales ejercidos sobre las mujeres y otros grupos de minoría social.

En Estados Unidos, miembros de la prensa describen a una candidata presidencial como “grosera”, “mala” e iracunda, por confrontar a un rival que expresa violencia racial y misoginia en su discurso y a un presidente que se burla de la herencia cultural de esa misma candidata. En México, un director de escuela culpa a las alumnas del acoso que se comete contra ellas. En Brasil, el presidente electo le declara la guerra a cualquier filosofía que se pronuncie a favor de los derechos de las mujeres y las minorías. El problema está muy claro: necesitamos Estudios de Género en las escuelas.

La perspectiva de género, como la define Susana Gamba, especialista en Estudios de Género, es la concepción epistemológica que se aproxima a la realidad a través de las miradas propias de cada género y su relaciones con el poder. Esta perspectiva es la base de la que parten los Estudios de Género.  Explicado de esa forma parece algo complejo y netamente académico, pero la perspectiva de género es algo simple, necesario y que nos atañe a todos como académicos, profesoras investigadoras  y responsables tanto de la producción como la distribución de conocimiento.

Perspectiva y Estudios de Género 101

La ideología de género es un término que ciertamente prende conversaciones acaloradas a todos los niveles, desde familiares y laborales en conversaciones casuales, académicos tratando de definir fenómenos sociales o hasta políticos cuya agenda es pronunciarse en contra o a favor. El tema es tendencia, y es algo de lo que hablamos constantemente, ¿pero sabemos qué significa?

La ideología de género es un conjunto de principios en las que académicas expertas en Estudios de Género han encontrado consenso, es la base del discurso de la perspectiva de género. Si queremos entender la ideología de género hay que hablar primero de los estudios que producen el conocimiento en el que se apoya esta ideología.

El concepto de género como plataforma social de la que se desprenden los roles atribuidos a cada sexo, comenzó a ser estudiado a finales de los años 40. La filósofa Simone de Beauvoir fue una de las primeras académicas que comenzó a conceptualizar la idea de género y cómo esta influye en la forma en que se construye socialmente a la mujer. Uno de los postulados más importantes del discurso de Beauvoir es que nadie nace mujer, sino que se hace mujer, refiriéndose no al sexo biológico de las mujeres, sino a la simbología social de la que que se desprende el cómo entendemos los modelos de comportamiento y jerarquía social de quien nace con el sexo biológico femenino.

En 1968, Robert Stroller, profesor e investigador de psiquiatría conocido por sus teorías sobre el desarrollo de la identidad de género, extendió el entendimiento de estos conceptos puntualizando la diferencia entre sexo biológico, el género y los roles propios de cada uno. Estos conceptos forman una estructura social compuesta de símbolos, representaciones, normas, valores y prácticas que se elaboran no solamente con base en las diferencias anatómicas, sexuales y fisiológicas, sino en los atributos que les asignamos. Esto es enteramente social y da sentido a las relaciones entre las personas sexuadas.

A raíz del trabajo de Stroller, los estudios de la mujer, posteriormente llamados Estudios de Género, comenzaron a hacer presencia en el currículum de las instituciones de educación superior. ¿Pero qué se enseña en las clases de Estudios de Género? La materia es muy amplia y quienes la estudian pueden aprender conceptos muy diversos relacionados con el género y cómo se dimensiona a nivel social, económico y político. En términos generales, casi todas las instancias que pretenden enseñar la disciplina lo hacen sobre la definición del género, sus diferencias y vínculos con el sexo biológico, así como las construcciones filosóficas, antropológicas y sociales con las que nos formamos la idea de masculinidad y feminidad.

Estos cursos también examinan las intersecciones del género con la raza, la etnicidad, la nacionalidad, la clase socioeconómica, el capacitismo, la sexualidad y otras dimensiones que establecen diferencias en la conceptualización y jerarquización de las personas en la escala social. El objetivo de un grado académico en Estudios de Género es que los estudiantes aprendan a identificar, articular y analizar prácticas culturales y nociones institucionalizadas que giran en torno al género, la sexualidad y la orientación sexual. Así como entender la forma en que el género es un factor influyente en la vida de las personas desde el punto de vista social, político y económico.

Este conocimiento es valioso si quieres adentrarte en la explicación de cómo las diferencias de género juegan un papel importante en el micro y macrocosmos de la sociedad. Pero hay valor en la idea de que los Estudios de Género necesitan dejar de ser una materia electiva e inyectarse en el tronco común de los planes de estudio en general. La razón es simple: no sabemos nombrar ni describir los desequilibrios sociales ni los ejercicios de invisibilización, a veces hasta de manera involuntaria, que ejercemos sobre las mujeres y otros grupos de minoría social.

La necesidad de una educación con perspectiva de género

En artículos anteriores hemos hablado sobre cómo las dinámicas sociales que atañen al género, la etnicidad o la raza, afectan negativamente el acceso a la educación, las oportunidades de trabajo, la validación y la producción de conocimiento de las mujeres en la academia. Aún dentro de la comunidad académica y científica existen casos de mujeres y personas de minorías raciales y LGBT que no tienen derecho al discurso, a la publicación de su trabajo y al debate, sin poner en riesgo su posición laboral, su integridad física o su permanencia en sus países.

La situación para los estudiantes es igual de preocupante. En Alaska, una adolescente fue descalificada de una competencia de natación por un accidente común con su traje de baño provisto por la misma escuela. El incidente fue acentuado por un juicio de carácter sexualizante por parte de los espectadores adultos. En el resto del país, 53% de las escuelas públicas tienen códigos de vestimenta que afectan desproporcionadamente a la población estudiantil femenina. En México, un grupo de estudiantes de secundaria tuvieron que manifestarse contra su propio director, quien justificó instancias de acoso sexual hacia ellas por parte de estudiantes masculinos, responsabilizándolas del incidente.

Bajo este contexto, es patente la urgencia de una intención educativa hacia una idea de género que nos permita liberar la conceptualización del género femenino como anómalo y secundario al masculino, así como inherentemente sexuado. Y el lugar para empezar no son las universidades, son las escuelas.

¿Estudios de Género y educación básica?

Las escuelas son el mejor lugar para hablar de la idea de género y sus implicaciones sociales de una forma amigable que ayude a los niños y jóvenes a formarse una concepción más igualitaria de cómo construimos lo que entendemos como masculino y femenino. No tienen que ser ideas complejas ni lecturas que involucren temas que podrían considerarse sensibles, como los que manejan de Beauvoir o Stroller. Un simple experimento como el realizado por la organización de Lifting Limits en cinco escuelas de Reino Unido, ha marcado la pauta de cómo se puede educar desde edad temprana para la equidad.

Acciones pequeñas, como cuestionar la cantidad de literatura de ficción disponible en las que las niñas tienen agencia y peso en la narrativa; los libros de texto y espacios en la institución que mencionan los logros históricos y científicos de mujeres a la par de la de los hombres; una intención consciente de liberar los discursos docentes de estereotipos que sean derogativos para los estudiantes femeninos o limitantes para los masculinos.

Estos son el tipo de medidas que preparan a niños y jóvenes, no solamente para tener una visión del mundo más balanceada y justa en lo que respecta al género, sino que los ayuda a construir las estructuras cognitivas para que en niveles educativos más avanzados, sean capaces de comprender los conceptos y temas que manejan los Estudios de Género, así como los problemas que esta disciplina pretende analizar, examinar, visibilizar, comunicar y, eventualmente, resolver.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/estudios-de-genero

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El fracaso de los reformistas iraníes y el giro conservador

Alberto Rodríguez García

Por: Alberto Rodríguez García

El fracaso del Plan de Acción Integral Conjunto (conocido también como el acuerdo nuclear), la inflación, la crisis económica, las sanciones unilaterales de Donald Trump, la incapacidad de aplicar junto a la Unión Europea (UE) el plan de comercio alternativo INTEX y un principio de 2020 en el que EE.UU. asesinó a Qassem Soleimani y la respuesta iraní terminó derribando un avión civil en Teherán, han marcado el final de los reformistas iraníes en beneficio de los principalistas; los conservadores de línea más dura (la extrema derecha, para que nos entendamos).

Las elecciones al Parlamento iraní (Majles), celebradas el pasado 21 de febrero, se desarrollaron en un contexto nacional e internacional muy complicado para Irán. La suma de múltiples factores como el coronavirus —que ha llegado muy fuerte a Irán, infectando e incluso matando a personalidades importantes del gobierno, como el asesor del Líder Supremo Mohammad Mirmohammadi—, el boicot al voto por parte de algunos sectores y que el Consejo de Guardianes hubiese impedido presentarse a un enorme número de candidatos reformistas (aunque se presentaron 16.000 candidatos para las elecciones parlamentarias, terminaron participando algo más de 7.000), han hecho que estas elecciones al poder legislativo sean las menos concurridas de la historia de la República Islámica, con tan solo un 42 % de participación.

«La política exterior iraní será aún más dura, más intransigente y más agresiva, en un momento en el que el gobierno sufre un asedio por parte del gabinete Trump y sus aliados más fieles».

Si los reformistas del presidente Hassan Rohaní se habían impuesto en las anteriores elecciones parlamentarias y presidenciales, en esta ocasión se han hundido completamente con solo un 10 % de los votos. 220 de los 290 asientos del Parlamento los han ganado los conservadores liderados por el exalcalde de Teherán y tres veces candidato a la Presidencia, Mohammad Bagher Ghalibaf. Con este resultado, la mayoría del poder en Irán vuelve a estar en manos de la línea más dura de la revolución islámica, que se ve con cada vez más posibilidades de recuperar una Presidencia que ha estado en manos de los reformistas desde la derrota de Ahmadineyad, en 2013. Esto se traduce en que la política exterior iraní será aún más dura, más intransigente y más agresiva, en un momento en el que el gobierno sufre un asedio por parte del gabinete Trump y sus aliados más fieles. Los aliados en el exterior de Irán también están preparados para un aumento de las hostilidades; véanse los hutíes en Yemen o Kataeb Hezbollah en Irak, que ha dado un ultimátum a EEUU.

Reformistas contra conservadores

El Gobierno iraní enfrenta principalmente a los reformistas y los conservadores, entre los que destacan los principalistas, conocidos también como ‘los fundamentalistas’. Mientras que los principalistas son los más leales al Líder Supremo, los más religiosos y los que buscan mantener los principios originarios de la Revolución Islámica, siendo devotos al gobierno islámico del Wilayat -e- Faqih, los reformistas están dispuestos a modernizar Irán, no siendo tan recelosos a las democracias liberales y estando dispuestos a aceptar las ‘normas del juego occidental’; algo que se vio en el intento de implementar el Plan de Acción Integral Conjunto o en que el gobierno de Rohaní intentase contentar al Grupo de Acción Financiera Internacional (organismo asentado en París creado con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), aunque inútilmente, tras el veto de los conservadores.

Con los principalistas en el poder judicial y en el poder legislativo, solo les queda esperar a 2021 para intentar hacerse con la Presidencia y hacerse con todo Irán. Este giro reaccionario, sin embargo, puede ser una oportunidad para los reformistas, que hasta ahora se han visto maniatados cada vez que intentaban implementar cambios importantes por una extrema-derecha que los culpa de todo sin aportar una sola solución más allá de discursos populistas y teológicos. El cómo gestionen los principalistas a partir de ahora la crisis económica, la inestabilidad interna y el asedio internacional determinará en gran medida la legitimidad del gobierno y de los reformistas, que han sido incapaces de introducir cambios reales en el sistema.

Los conservadores radicales se han visto reforzados —irónicamente— por la política antiiraní de Donald Trump, que reafirmó su discurso de que no se puede negociar con EE.UU. y con la nueva ola de sanciones que ha sumido al país en una dura crisis económica que amenaza con hundir el país como lo hizo la guerra con Irak. En diciembre 2019, el gabinete de Hassan Rohaní esperaba sacar 62.140 millones de dólares del petróleo, mientras que el Parlamento estima que apenas lograrán 10.830 millones. Con el racionamiento de la gasolina para la población, el consumo diario del combustible ha caído de 80 a 70 millones de litros.

Además de la crisis provocada por las sanciones, la economía iraní ya está sufriendo las consecuencias del coronavirus. La República Islámica se ha visto obligada a cancelar vuelos, reducir el número de visas y cerrar las fronteras con sus vecinos. El impacto económico también amenaza con consecuencias políticas para un sistema que ha vivido protestas recientemente por el empeoramiento de las condiciones de vida y en el que parte de su gobierno está infectado estando en edad de riesgo. Es importante destacar que Irán es el país con más mortalidad por el coronavirus fuera de China; algo que agravan las sanciones norteamericanas, que dificultan conseguir antivirales y equipamiento sanitario básico, que no se han ‘suavizado’ hasta finales de febrero cuando el coronavirus ya era un problema para la república. Ante la amenaza de un agravamiento de la situación, la Cámara de Comercio Industria y Minería y la Cámara de Cooperativas de Irán ya ha pedido al gobierno medidas excepcionales y reducción de impuestos para evitar una catástrofe financiera.

«Es innegable que Irán debe deshacerse de la élite teocrática y reforzar la posición de los reformistas si quiere que el país avance. Pero es innegable que para deshacerse de los enemigos internos, los iraníes primero deben librarse de los enemigos del exterior que amenazan su sistema»

Es innegable que en los últimos 40 años Irán ha establecido una élite teocrática, apuntalada por el reciente giro reaccionario provocado en gran medida por los ataques que ha sufrido el país desde el exterior. Es innegable que Irán debe deshacerse de esa élite teocrática y reforzar la posición de los reformistas si quiere que el país avance. Pero es innegable que para deshacerse de los enemigos internos, los iraníes primero deben librarse de los enemigos del exterior que amenazan su sistema.

Y en otro contexto internacional, el progreso en Irán sería algo posible. Objetivamente hablando, Irán es un país mucho menos autoritario que Egipto o Turquía. Del mismo modo que, objetivamente hablando, sin sanciones la economía del país iría mucho mejor sin necesidad de recurrir a mano de obra esclava, como sí lo hacen Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Pero, sin embargo, sufre una campaña de asedio y sanciones tal que el régimen de los mullah solo puede sobrevivir cerrando filas. El enemigo del progreso en Irán está dentro, pero gana fuerza desde fuera.

Fuente: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/345173-fracaso-reformistas-iranies-giro-conservador

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