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¿Qué piensa la izquierda?

¿Qué piensa la izquierda?

Una pregunta de urgente respuesta

Por: Jordi Soler Aloma

La pregunta que encabeza este texto es pertinente, ya que hace mucho tiempo que ha dejado de saberse cuál es el marco ideológico y cuál es el marco teórico de eso a lo que nos referimos como “la izquierda”.

Puesto que no se puede constatar objetivamente que, en la actualidad, exista una entidad social o política que pueda ser denominada fehacientemente “la izquierda” (tanto por lo dicho anteriormente, como por el hecho de que es que se llama “izquierda” incurre en políticas propias de la derecha), concederemos, a título provisional, que la izquierda es aquél conjunto (formado, a su vez, por subconjuntos) que incluye a las personas y a las entidades que se sienten o auto-denominan “de izquierdas”.

Como es sabido, la ideología de la sociedad es, siempre, la ideología de la clase dominante, la cual viene determinada por las relaciones de producción y propiedad, y forma un corpus de a prioris que, a modo de “subconsciente colectivo”, configuran la manera de percibir la realidad y, por lo tanto, también de describirla.

En la sociedad capitalista, los valores ideológicos del sistema son asumidos acríticamente y con fervor por la llamada “derecha política” y todo su séquito de “pensadores” ad hoc de todos los ámbitos. Por otro lado, la izquierda política es, por definición, una fuerza de cambio… bien, al menos es lo que debería ser. En realidad, lo que llamamos la izquierda está tan impregnada por los valores ideológicos del sistema como lo está la derecha, y funciona, igual como lo hace la “derecha”, dentro de sus parámetros conceptuales. Eso no sucedía (o sucedía de modo menos ostentoso) cuando la izquierda era revolucionaria, ya que entonces debía poseer un sistema teórico que le sirviera de base para impulsar eso que llamaban “el cambio”; para la revolución francesa, este sistema fue el corpus conceptual de la Ilustración (que hizo suyo lo mejor de la filosofía griega y del renacimiento) y para la Comuna de París y la revolución rusa fue el sistema teórico desarrollado por Karl Marx (quien heredó lo mejor de la filosofía griega, del renacimiento, de la Ilustración y de la revolución científica y conceptual moderna, así como algunas ideas de Feuerbach, Engels y Chernyshevsky).

Sin embargo, desde que la izquierda se ha incorporado al mobiliario de la sala de estar del sistema, ha dejado de pensar; y no solo eso, sino que, además, ha abolido el pensamiento; ejemplos de ello los tenemos en los congresos sepultureros del pensamiento crítico del PSD (Bad Godesberg, 1959) o del desahucio de toda la base conceptual del PSOE (Suresnes, 1974), en tales congresos se decretó la muerte intelectual del pensamiento socialista; lo mismo sucedió, mutatis mutandis, en los distintos congresos de los partidos comunistas, en los cuales se fue renunciando paulatinamente a todo aquello que implicara revolución o comunismo, hasta llegar a perder, en muchos casos, incluso el nombre original del partido, un nombre que inspiró una cultura altruista y revolucionaria; un nombre por el que lucharon, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas muchas personas; pues bien, también este nombre fue puesto, vergonzosamente, en venta al mejor postor.

La derecha, hija primogénita del sistema, no tiene este problema, porque no necesita otro sistema teórico que el que ya tiene por su propia naturaleza; su marco teórico y conceptual es la ideología (recordemos que la ideología del sistema es la propia de la clase dominante). Por eso, aunque sus “pensadores” digan sandeces como que hemos llegado al “fin de la historia” o sus “economistas” cometan un error tras otro, materializando falacias económicas que a veces causan catástrofes trágicas para la población, siguen siendo laureados y siguen impartiendo pomposamente sus sandeces en las más prestigiosas universidades, para vergüenza del conocimiento científico. Por cierto, a quien dijo la sandez del “fin de la historia”, le contestó irónicamente un Nobel de economía en un artículo cuyo título es “The end of neoliberalism and the rebirth of history” (Social Europe, 11/2019 (aunque, a mi parecer, con un exceso de optimismo, no por lo que hace al “fin de la historia” sino por lo que hace al fin del neoliberalismo, que en realidad es una vieja receta con un nuevo nombre).

Los ídolos intelectuales de la derecha son personajes como el señor Friedrich Nietzsche, el señor Martin Heidegger o el asesor de Reagan y Thatcher: Milton Friedman (ideólogo de los Chicago Boys), que lo único que aportaron fue el desprecio por la razón y la ciencia, y argumentos para el egoísmo, la intolerancia, el desprecio y el odio. La izquierda, en cambio, se ha quedado sin referentes: lo que quedó de la Ilustración fue sepultado por el postmodernismo y lo que quedó de la teorización marxista fue finiquitado por el existencialismo, el estructuralismo y la “teoría crítica” (que ni era teoría ni era crítica), o patologías mentales crónicas como el “pensamiento débil”.

La izquierda cometió el error histórico de sucumbir a la versión ideológica del sistema, según la cual la caída de los países “comunistas” significaba un doble fracaso: por un lado, el fracaso teórico de Marx y, por el otro, el fracaso del comunismo; de este modo, quedaban “superadas”, de un plumazo, las dos grandes bestias negras del sistema: Marx y el comunismo, y, en passant, el sistema capitalista era proclamado como el mejor de los mundos posibles. Ninguna de las dos cosas es cierta: Marx no fracasó en nada, puesto que no diseñó ningún modelo de sociedad que pudiera fracasar, simplemente, analizó los síntomas del paciente y diagnosticó la enfermedad del sistema capitalista; tampoco fracasó el comunismo, en primer lugar porque aún no existe un modelo definido de en qué consiste (o puede consistir) y, por otro lado, lo poco que existe en el imaginario revolucionario del modelo comunista nunca llegó a implantarse en ningún país, ya que dicho modelo de sociedad supone, por ejemplo, la superación del estado y, lamentablemente, la izquierda, ridículamente temerosa, ha renunciado siempre, a la hora de la verdad, a esta idea; sobre este vergonzoso capítulo de la historia mundial de la infamia me extenderé más adelante.

Aquellos especímenes humanos que pensamos que la sociedad necesita transformarse tenemos ante nosotros dos problemas históricos que implican dos objetivos estratégicos:

  1. a) superar el capitalismo, actual sistema socioeconómico global
  2. b) diseñar un nuevo modelo (obviamente abierto) de sociedad

y un objetivo de naturaleza táctica:

  1. c) diseñar el proceso “p” que nos ha de llevar de “a” hasta “b”.

Estamos viendo cómo el capitalismo, que se parece a Zelig (el camaleónico personaje de Woody Allen) es capaz de “camuflarse” y de sobrevivir a cualquier eventualidad; siempre es capaz de cambiar algo para que todo siga igual (tarea para la cual existe el famoso invento de la socialdemocracia) o, si eso no es posible, entonces el capitalismo muestra su rostro más terrible en sus muecas varias: fascismo, nacionalsocialismo, ultraneoliberalismo…

Hemos podido comprobar (y algunos experimentar) que el estado capitalista funciona como un dispositivo de control para vigilar la homeostasis del sistema, y eso lo hace con independencia de quien gobierne: el estado es un fin en sí mismo y, en realidad, eso que algunos llaman pomposamente “Deep state” no existe (esto, que constituye un patético ejemplo del tipo de explicación de “caja negra”, no es más que un invento para despistar sobre la verdadera naturaleza del estado neoliberal, que es el “modelo” de estado prevalente en la actualidad, y una excusa de los políticos para no cambiar el modelo de estado existente con su funcionamiento nocivo para la salud de la democracia). Las corporaciones, tanto si son locales como foráneas (de hecho todas son ambas cosas simultáneamente), tienen sus elementos insertos en la estructura de los estados, y los utilizan, lógicamente, para maniobras tales como defender sus intereses frente a la competencia, paliar los efectos negativos (si los hubiere) de las crisis económicas y sociales recurriendo al uso privado del erario público, reprimir a la sociedad en caso de manifestaciones de desacuerdo con las políticas que benefician a los ricos, perjudican a la mayoría de la población y empobrecen más a los que ya son pobres.

Los bancos, por su lado, hacen absolutamente lo que les viene en gana, y el estado les suministra, cuando están en apuros, fondos literalmente robados a los ciudadanos (tal como hemos podido comprobar cuando, en la última crisis, se han tapado los “agujeros” de la banca con el dinero de la gente; en otras palabras, los ciudadanos hemos financiado la gran orgía de la banca internacional y de su variado séquito de hienas y aves de rapiña). En el estado capitalista las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.

El capitalismo es un sistema global cuya estructura la componen los estados, las corporaciones, las entidades financieras y el conjunto de relaciones entre estos elementos. A primera vista, los árboles no nos dejan ver el bosque, porque la “apariencia” del mundo es la de un conjunto de países soberanos con sus relaciones internacionales e integrados en organizaciones multinacionales como la ONU. Sin embargo, tras esos árboles, lo que hay es un bosque tenebroso compuesto por las corporaciones y sus mezquinos intereses, cuya red de control se extiende bajo el suelo del bosque como la red invisible que sostiene el sistema fúngico.

La izquierda como tal no existe (al menos en el “mundo occidental”); existen los elementos que pertenecen a la “clase política”, constituida por una panda de advenedizos que viven a costa de los ciudadanos. La política se organiza en grupos rivales (como los equipos de fútbol) que tienen diversos grupos de acreedores (algunos compartidos, ya que los lobbies juegan en todos los equipos y, además, tienen a los árbitros). Las excepciones, que las hay, son tan raras como encomiables y su influencia es imperceptible.

Todo está, en este sentido, privatizado (puesto que depende de individuos que defienden sus propios intereses, que, además, suelen coincidir con los de sus patrocinadores): los congresos, los senados, los parlamentos… todo pertenece a los llamados “lobbies”. ¿Queda algo que pueda ser considerado público? Si, algunas cosas siguen siendo “res publica”: por ejemplo, el dinero de los ciudadanos, del cual se abusa a piacere, y la vida privada, que cada vez está más sujeta a injerencias de todo tipo para fines espurios (“privacidad” es una palabra procedente de los cuentos de hadas). Un conocido pensador dijo que la socialdemocracia era el mejor invento de la burguesía; el tiempo y los hechos le han dado, lamentablemente, la razón ¡ojalá se hubiera equivocado! Pero, a fin de cuentas ¿qué es la socialdemocracia sino la enfermera de urgencias del sistema? Cuando la derecha deja el estado en bancarrota, llega la socialdemocracia para salvarlo y devolver la esperanza a los ciudadanos; como la socialdemocracia no puede (ni quiere) eliminar los efectos secundarios del sistema, comete graves errores (a veces estratégicos, como ciertas privatizaciones de lo público o ciertas legislaciones represivas) y, cíclicamente, a causa del descontento de la ciudadanía, que se siente traicionada por la “izquierda”, vuelve a venir la derecha a “restaurar el auténtico orden”.

Considerando lo que antecede, no podemos sentarnos a esperar que el capitalismo se disuelva espontáneamente: el cadáver del capitalismo no lo veremos pasar, lo tendremos que llevar a cuestas para lanzarlo a la fosa de la historia.

Pero antes de intentar disolver el capitalismo es necesario diseñar un nuevo modelo de sociedad, para que la revolución tenga los planos para construir el nuevo edificio y no deba habitar en el viejo, como, desgraciadamente, ha sucedido en los intentos anteriores; este modelo “para armar” ha de ser de carácter abierto y dinámico, para evitar anquilosamientos y “predeterminaciones” y debe ser pensado con nuevos conceptos. La nueva gran revolución no debería ser como las anteriores, que quitaron a unos para poner a otros. Ya no se trata de substituir la clase más retrógrada por otra más progresista, como en la Revolución Francesa, ni de substituir las clases retrógradas por la clase política, como en la Revolución Rusa. A esas revoluciones les faltaba la elaboración previa de un proyecto para el futuro y tuvieron que hacer las cosas sobre la marcha: sabían muy bien lo que no querían, pero no sabían bien lo que querían: “libertad, igualdad y fraternidad” suena muy bien como consigna, pero hay que concretar cada uno de estos conceptos y diseñar el proceso de su materialización en el mundo real; de lo contrario, este tipo de consignas, tal como sucedió, se quedan en meras frases estéticas; análogamente, “todo el poder a los soviets” terminó en una simple consigna, tácticamente eficaz, pero que, a falta de concreción (elaboración conceptual, diseño del proceso de implementación) se quedó en una épica frase, perfecta para adornar la historia.

Se trata de disolver el poder y sus mecanismos para poder desarrollar un nuevo tipo de sociedad basado en la confianza y la cooperación. Por eso es tan importante diseñar previamente el nuevo modelo de sociedad (repito: un modelo abierto), con los mecanismos que le permitirían funcionar sin demasiadas improvisaciones. Uno de los factores fundamentales sería establecer una clara delimitación de los roles de gestión no automatizables que impidiera (por si acaso) el acceso a ningún grado de poder.

En este momento de la argumentación, pienso que debemos enfrentarnos con nosotros mismos; con nuestra conciencia; con unos prejuicios (o conceptos a priori) que la historia (en tanto en cuanto la mediocridad del imperio romano nos sumió en la oscuridad del medioevo) y la ideología (de cuya estructura nuestros yoes son nódulos) han enraizado profundamente en nuestros cerebros.

Aunque habrá quien se escandalice por ello, debemos despojar el concepto de comunismo de todo el lastre negativo al que injustamente ha sido atado, y, al mismo tiempo, perderle ese miedo pueril que caracteriza a esos que se llaman a sí mismos “posmodernos”. Los prejuicios que envuelven esta palabra (comunismo) y que nos la hacen aparecer como “sospechosa”, provienen, en parte, de la presión ideológica del propio sistema y, por otro lado (y esto es lo más grave) de varios errores teóricos y prácticos cometidos por los países que se autoproclamaron “comunistas”, así como de los errores teóricos y prácticos de los partidos “comunistas” en general, pero también de la ruptura de los partidos socialistas de su vínculo natural con el comunismo. De todos estos errores deberíamos sacar lecciones, en vez de huir de un simple concepto como los gatos huyen del agua, y esa experiencia debería poder servir para avanzar en la consecución de una sociedad mejor.

El primer error histórico (aunque había motivos tácticos) fue llamar “comunista” a un partido político, porque es una contradicción en sus términos, ya que el comunismo supone la desaparición de la política y, en consecuencia, la inexistencia de partido político alguno; de este modo, se contamina el concepto de comunismo y se le achacan al concepto problemas y errores que le son ajenos. Por definición, un partido político no puede ser comunista, entre otras razones, porque este adjetivo únicamente es válido para la sociedad. Por ende, un país gobernado por un partido “comunista” no puede ser un país comunista; y eso por dos razones: por la existencia del partido y por la existencia del gobierno; esto nos lleva a un tercer error: una de las exigencias fundamentales del comunismo es la inexistencia de estado; en ninguno de los países llamados “comunistas” se disolvió, que se sepa, el estado, sino todo lo contrario: se fortaleció progresivamente (cuando debería haberse hecho lo contrario). Por otro lado, en ninguno de dichos países se llegó en ningún momento a cumplir el mínimo requisito que estableció Marx para una sociedad auténticamente comunista: que cada ciudadano recibiera todo lo necesario para desarrollarse plenamente y vivir dignamente ofreciendo a la sociedad el potencial de sus capacidades como producto de ese mismo desarrollo personal (“a cada cual según sus necesidades; de cada cual según sus capacidades”). Y, por último, otro elemento incompatible con el comunismo y que subsistió en los países “comunistas” es el dinero; dinero y comunismo son entes antagónicos, porque dentro de  una sociedad comunista no cabe la forma de valor, ni mucho menos la mercancía humana (como sucede en el capitalismo). El dinero cumplió sobradamente su rol como medio de intercambio (como medida del valor de cambio y como “figurante” del valor). Actualmente ya no es necesario. Bien, en realidad nunca lo fue, aunque para algunos supuestos era un elemento práctico (tal como dijera Aristóteles, era más cómodo llevar una moneda que acarrear el montón de cosas que aquélla podía simbolizar; pero fue también Aristóteles, quien era contrario a la generalización del dinero, el que previno sobre sus nefastas consecuencias).

Por todo ello, podemos afirmar que el comunismo no ha existido nunca (fuera del así llamado “comunismo primitivo”) y que nuestros prejuicios hacia el comunismo son precisamente eso: prejuicios, adornados con los estereotipos ad usum.

Ahora podemos decir, sin “miedo” ni “vergüenza”, que la futura sociedad será comunista (o, de lo contrario, seguirá siendo capitalista); será comunista en el sentido de que todo será común a todos. El problema que tenemos que enfrentar es que no hay un diseño claro de cómo podría ser, a parte del escueto aforismo de Marx citado anteriormente, mientras que sí que tenemos especificaciones y verificación empírica de cómo no deberá ser. La sociedad comunista excluye, por definición, el capitalismo, y excluye, por lo tanto:

El dinero, los bancos, la bolsa, el capital

La explotación de unos humanos por otros

El estado, la política y los partidos

De hecho, suprimiendo las citadas lacras históricas, el mundo mejoraría notablemente. Lo único que se precisaría (y lo más difícil de conseguir) es un sistema de gestión social de los recursos y de los subsistemas sanitario, educativo, científico, técnico, etc. Volvemos, con ello, al asunto del diseño de la sociedad y de los mecanismos de gestión. No hace falta decir que, para diseñar el nuevo modelo, al menos en su fase más avanzada, será imprescindible la colaboración de especialistas en todos los ámbitos que involucran el funcionamiento de la sociedad; algunos de los cuales deberán trabajar contra sus propios intereses egoístas: es decir, deberán trabajar para desarticular el actual entramado y substituirlo por otro donde sus roles o desaparecerán o serán completamente distintos; para ello deberán ser capaces de dar un gran salto cualitativo conceptual.

El planeta Tierra no puede sentarse a esperar a que venga un comando alienígena a salvarlo, debemos hacerlo sus habitantes, y algún día habrá que ponerse manos a la obra para arreglar nuestra redonda casa.

(febrero de 2020)

 

Autor: Jordi Soler Alomà, Doctor en Filosofía

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/que-piensa-la-izquierda/

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20 años de mercantilización de las aulas: cómo pasamos de pensar en educar a pensar en ganar dinero

20 años de mercantilización de las aulas: cómo pasamos de pensar en educar a pensar en ganar dinero

Daniel Sánchez Caballero

Los últimos 20 años le han dado la vuelta a la educación. Poco antes de entrar en el siglo XXI hubo un cambio de paradigma: el sector, que hasta entonces había conseguido más o menos volar por debajo del radar del mercado capitalista, pasaba a ser tan bueno como cualquier otro para ganar dinero.

El cambio también ha afectado hacia dentro, en un doble movimiento interdependiente. En dos décadas han variado los objetivos de la educación, cada vez menos humanista y más centrada en el mercado laboral. Llegaron las competencias, se fueron las humanidades. Como explica Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla: «Solo importa el resultado educativo, no los procesos. Lo mejor para nuestros hijos ya no es una educación como bien social que forme ciudadanos, sino que vayan a las mejores escuelas. En la base de todo esto están las evaluaciones y la competición entre escuelas y entre estudiantes». La escuela enseña lo que le interesa a la empresa y la empresa se acerca a la escuela y la financia.

El pastel es goloso. Por un lado están los datos sobre el capital humano que mueve: en 2019 y solo en la UE hay unos 137 millones de estudiantes entre todas las etapas educativas, 20 de ellos en la Universidad. Por otro, los puramente económicos: en lo que es estrictamente negocio, el sector tecnológico en torno a la educación movió en 2019 un total de 6.500 millones de euros en inversiones en todo el mundo.

Con carácter general, los países de la UE superan los 700.000 millones de euros anuales en gasto en educación, una partida que no para de crecer. No de manera relativa –el porcentaje de los presupuestos ha pasado del 4,41% del PIB en 2007 al 4,67% en 2017–, pero sí absoluta: el PIB ha subido en este mismo periodo un 30%, por lo que el gasto educativo lo hizo en la misma relación.

Las posibilidades de negocio son muchas: softwares educativos, ordenadores para clase, tabletas, pizarras digitales, cursos, academias, plataformas de gestión, aplicaciones, herramientas educativas, educación online o consultorías educativas son los nuevos campos abonados para la colaboración público-privada o la inversión puramente privada, hablando en neolengua. Un ejemplo: en 2011 se descargaron 270 millones de aplicaciones gratuitas (que no cuestan dinero) relacionadas con la educación y otras 36 millones de pago, según McKinsey. Las grandes multinacionales, como Google o IBM o HP se han tirado de cabeza al sector con tácticas similares.

Google ofrece varios servicios relacionados con la educación. La plataforma G Suite for Education ofrece una serie de herramientas gratuitas «para permitir que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos». Solo hace falta registrar el centro y se accede a un paquete de servicios para gestionar las clases, organizar deberes, evaluaciones, etc. Y todo gratis. Solo hace falta registrarse y ofrecerle tu alma a Google en forma de información personal. Según sus propios datos, más de 80 millones de personas utilizan ya G Suite en todo el mundo y más de 40 millones la herramienta Google Classroom.

El gigante tecnológico también ofrece a profesores y alumnos sus Chromebooks, unos dispositivos a medio camino entre la tableta y el ordenador comercializados por diferentes marcas y en diferentes rangos de precios pensados específicamente para la educación y llenos de apps y herramientas. Más de 30 millones de estudiantes del mundo ya utilizan estos aparatos –a partir de 200 euros–, principalmente los que fabrica HP, otra de las multinacionales volcadas en la Educación que también cuenta con sus propia línea de productos, desde la HP Touchpoint Manager, una aplicación para gestión educativa, hasta la HP Classroom Manager, pasando por alianzas con entidades como Tablet Academy, una organización de profesores del Reino Unido.

La premonición de De Sélys

Algunos lo vieron venir. Corría 1998 cuando el periodista belga Gérard de Sélys escribió: «La OCDE cifra en un billón de dólares los gastos anuales de sus Estados miembros en favor de la enseñanza. Un mercado de tales dimensiones es muy codiciado. Actualmente, cuatro millones de profesores, 80 millones de alumnos y estudiantes, 320.000 centros escolares están en el punto de mira de los mercaderes. Pero se necesitarán muchos esfuerzos para aplicar esos textos e informes que exigirán un desmantelamiento de lo esencial del servicio público de la enseñanza».

Se equivocó poco. Han pasado 22 años desde la profecía de De Sélys. Los «esfuerzos» que comentaba el belga serían necesarios para la mercantilización educativa se hicieron. Dicho de otra forma: recortes en Educación que rebajan la calidad, formación más laboral que social, compra-venta de centros educativos, clientes garantizados, bien por la obligatoriedad de la etapa, bien porque lo impone el mercado, familias que gastan más cada año en educar a sus hijos (12.290 millones de euros en 2016 solo en España) o el uso de «competitividad», «empleabilidad» y «eficacia» como términos claves en la educación configuran un nuevo panorama educativo, tanto dentro del sistema como alrededor de él.

Sobre el cómo hemos llegado hasta aquí hay versiones, según a quién se pregunte. Una corriente de opinión ve todo un plan elaborado que viene desde hace más de dos décadas, que incluye lobbies, informes y una búsqueda casi desesperada de nuevos mercados. Entre ellos se encuentra Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada y miembro del sindicato STES. Otros, como el profesor Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, son más escépticos. «Sí, se habla de los lobbies, de un informe de 1998… Pero es tan difícil acceder a información y datos que no sabemos el impacto que pudieron tener esos informes», sostiene. Lo que nadie duda, tampoco él, es del negocio educativo.

La versión que ve todo un plan trazado cuenta que la primera semilla de la mercantilización europea la sembró el lobby empresarial europeo European Round Table (ERT). Es enero de 1989 y el mundo vive un cambio de paradigma. La era de la explotación de recursos ha quedado atrás, los mercados tradicionales se agotan y hay que buscar nuevos, explica Quirós. En paralelo, «el modelo de escuela que venía funcionando ya no interesa más. No interesa la masificación de la educación, el tipo de trabajadores que empiezan a necesitar las empresas es diferente».

En ese contexto, el lobby empresarial europeo escribe ese año el informe Educación y competencia en Europa. Tras una reunión en la que participan los presidentes de Fiat, del gigante francés de agua y saneamiento Lyonnaise des Eaux o Nestlé, presentan su texto, en el que declaran sin sutilezas que «la educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial». Los grandes grupos de presión se ponen en marcha.

 

El saber y la competencia

Paso a paso se va haciendo camino. En 1995, la Comisión Europea presenta su libro blanco sobre la educación y la formación, en el que explica: «Los países europeos ya no tienen elección. Para conservar su lugar (…) tienen que completar los progresos realizados en la integración económica con una inversión en el saber y la competencia».

La línea de pensamiento que marcaba las políticas educativas la resumió el presidente de Coca Cola tres años después, en 1998, en el encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education (GATE). Dice Glenn R. Jones: «Desde el punto de visto del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento (…). El sector resiste a la tecnología, sus costos aumentan y hay demasiada poca competencia. Se hace cada vez mayor la distancia entre la demanda de formación y la capacidad de acogida de la enseñanza superior. Por todas estas razones, los empresarios consideran que la enseñanza es un extenso mercado por conquistar».

La OCDE, esa organización económica hoy convertida por alguna razón en referente educativo a través de su examen PISA, también aporta su granito de arena. En 1996 ya es consciente de la dualidad del mercado laboral que se avecina y de que las empresas no tendrán ninguna necesidad de tantos trabajadores tan formados. Pero, políticamente, no es tarea fácil de acometer. La OCDE aportaba entonces algunas ideas de cómo hacerlo, también negro sobre blanco.

«Se pueden aconsejar numerosas medidas que no crean ninguna dificultad política (…). Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población», escribió Christian Morrison.

Correlación o causalidad, la evolución del gasto en Educación de los países refleja esta línea de pensamiento. Desde el año 2000, casi en simultáneo al informe de ERT y la premonición de De Sélys, el porcentaje respecto al PIB que se invierte en Educación está estancado alrededor del 5% en todo el mundo. Pocos países alcanzan el 7%, considerado la cifra mágica en Educación.

Es cierto que la inversión absoluta sí sube, igual que lo ha hecho el PIB durante estos años. Los países gastan cada vez más dinero en sus sistemas educativos –también es más dinero a repartir–, pero como la inversión relativa no aumenta son las familias las que intentan compensar estas diferencias. En España, por ejemplo, el gasto privado en educación ha subido un 50% desde que empezó la crisis en 2008, pasando de 8.700 millones de euros a 12.300 millones de euros, según datos del ministerio.

 

El impacto de género

En esta partida de ajedrez entre educación y negocios hay piezas que valen más y piezas que valen menos. Suelen ser las mismas siempre. El gran negocio educativo lo sufren más las mujeres que los hombres, explica Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga.

«En este marco globalizado, donde priman los intereses del mercado sobre los derechos sociales, la educación colabora en el mantenimiento del sistema, por su intervención o por la ausencia de esta», explica. Rodríguez destaca cuatro aspectos en los que la mujer se ve especialmente perjudicada por la «educación mercantilizada»: la desvalorización de la vida íntima, la híper-sexualidad como nueva liberación, el mito de la libertad de elección y el conocimiento escolar.

«Las personas más vulnerables son las que más van a perder con estos nuevos modelos», opina la profesora. «Se despolitizan los derechos sociales que son comunes a las mujeres y se convierten en problemas individuales y de libertad de elección: la violencia de género es un problema individual, no relacionada con la estructura patriarcal o las relaciones de poder. La prostitución, los vientres de alquiler, son problemas de elección personal», elabora.

Según esta visión de Rodríguez, «la situación de las mujeres se ve doblemente perjudicada: por un lado, por la pérdida de derechos sociales; por otro, por el sometimiento a situaciones de empleo precarias como consecuencia de una mayor incorporación al mercado laboral, pero como trabajadoras secundarias que acceden a peores trabajos y además pagan el impuesto reproductivo».

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/20-anos-de-mercantilizacion-de-las-aulas-como-pasamos-de-pensar-en-educar-a-pensar-en-ganar-dinero/

Autor: Daniel Sánchez Caballero

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Argentina. Enfoques cooperativos; Hoy: Reflexiones sobre el libro:”La gestión del nosotros con los otros”

Argentina. Enfoques cooperativos; Hoy: Reflexiones sobre el libro:”La gestión del nosotros con los otros”

Tensión entre educación y multipluralismo. Limites de una labor educativa.

Es un estudio meticuloso de una problemática que posee muchas aristas, que desbordan ampliamente lo educativo y expone claramente carencias, negligencias y puntos de vistas cerrados y burocráticos, junto a actitudes solidarias, heroicas y sublimes. ¿Cómo aprende el chico aborigen? Una de la cuestión abordada.

Por José Yorg, el cooperario.

… En el Círculo, todos somos iguales. / No hay nadie delante de tí y no hay nadie detrás de tí. / Nadie está por encima de tí. Nadie está por debajo de tí. / El Círculo es Sagrado porque está diseñado para crear Unidad…”. Sabiduria Lakota.

 

 

Al igual que el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades de la UNNE, que llevan adelante la experiencia que estudia los usos del guaraní y el castellano en contextos escolares y comunitarios de la Provincia de Corrientes, tropecé con discursos de resistencia y prohibición del guaraní por parte de directivos, pero con mucho tacto y respeto pude demostrar que el método ayuda a desinhibir y enriquece el horizonte multicultural del educando”. J. Yorg.

En Argentina hemos empezado una nueva etapa de convivencia a partir de la asunción al gobierno nacional el pasado diciembre del 2019 del Dr. Fernadez y como vice presidenta Cristina Fernandez en contexto dificil y complejo, y hoy, aún con incertidumbres.

La ciudadanía en general-se percibe-aspira a un cambio de rumbo con la urgencia que compatibiliza con el desastre económico y social dejado por el neoliberal anterior gobierno.

Por nuestra parte, desde nuestra mirada cooperativa y nuestra experiencias educativas, aspiramos que el gobierno nacional y provincial encare un eje de restauración educativa, incorporando definitivamente la pedagogía cooperativa a las aulas y también otras corrientes pedagógicas envestidas con una concepción emancipadora, libertaria,plural, que quiebre definitivamente el rol negativo de la utilización de la educación como arma de sometimiento y desigualdad peremne.

En esta línea de analisis- desde los valores y principios cooperativos-nos ubicamos para expresar sobre lo que consideramos un llamado a las conciencias, con sensibilidad social, para realizar esa epopeya de construir una buena educación nacional  que pareciera  aportar, a prima facie, la intención del libro del Prof. Dr. Mario Olmedo, sin embargo, va más allá, atravieza e interpela a la sociedad en su conjunto.

Por momentos, al leer el libro,que es atrapante, en verdad, su enorme contenido textual es contestatario a lo que encuentra injusto y de mala práxis política.

Es una tesis doctoral que “felizmente se convirtió en libro”nos dice la prologista Dra. Clide Gremiger, cuestión que compartimos ampliamente.

El libro “La Gestión del Nosotros con los Otros”. “Hacia la Educación Intercultural en la Escuela Pública”, es estudio de caso de la Escuela de El Quebracho ubicado en el departamento Ramón Lista de la Provincia de Formosa-Argentina-,con población aborigen de la etnia Wichí y criollos “blancos” que  plantea asuntos cruciales de la educación intercultural no resuelta favorablemete aún.Se trata de visibilizar la pregunta que guió a la investigación: ¿Cómo interviene la escuela pública en contextos críticos territoriales no hegemónicos , mediante una gestión pública e intercultural propia de la democracia participativa?

La escuela está ubicada en el oeste provincial, tiene cercana vecindad con la República del Paraguay  y de Bolivia, sí, allá lejos de la “civilización”.

Es un estudio meticuloso de una problemática que posee muchas aristas, que desbordan ampliamente lo educativo y expone claramente carencias, negligencias y puntos de vistas cerrados y burocraticos, junto a actitudes solidarias,heroicas y sublimes.¿Cómo aprende el chico aborigen? Una de la cuestión abordada.

“…aprenden viendo al padre o viendo a la madre . No es que la madre se sienta a darle clases de como hacer una yica; ella mira, observa y la madre sabe que le esta enseñanando, y ante una pregunta le responde, porque es una pedagogia de la mirada y de la pregunta: observa, ve, pregunta y responde”. (Testimonio Padre Francisco Nassar)

Olmedo, investiga, pregunta y se interroga, luego examina los testimonios sobre el caso y finalmente pone en valor la Escuela “El Quebracho” bajo la gestión del Director Prof. Juan Carlos Lavaque que ensaya (con éxito por cienrto), una gestión diferente exiguida por la realidad del éxodo permanente de los pobladores, buscar y encontrar bienestar y sustentabilidad de vida para todos, encara entonces la escuela con la responsabilidad social y se convierte para ello en una escuela productiva y el trabajo, no sin vicisitudes e incomprensiones, más adelante superadas.

En este punto-insistimos,desde la concepción pedagógica cooperativa en su expresión de “esfuerzo propio y ayuda mutua”-nos interrogamos sobre el rol del Estado en cuanto a facilitar el desarrollo estratégico socio-económico de las comunidades a partir de políticas públicas efectivas, en particular sobre el rol de la Escuela, la educación y los/as docentes en ese contexto.

Para educaciónrural.org (http://www.educacionrural.org/?page_id=386)   “La Escuela no será productiva si la producción se entiende como exclusiva creación de bienes económicos. Será productiva, en cambio, si la producción se entiende como trabajo educativo y socialmente útil que pueda crear beneficios materiales para los alumnos”.

“Este trabajo educativo tenderá a equilibrar la capacidad productiva del medio, con la comprensión inteligente de sus problemas y la iniciación  técnica necesaria  para su    aprovechamiento en   beneficio  del bienestar  campesino”.( y/o aborigen)

La tesis demuestran palmariamente los supuestos encarados por el Prof. Olmedo y de tal modo pone en manos de quienes quieran abrevar saberes muy valiosos para ampliar el horizonte multicultural: Docentes,investigadores, políticos,funcionarios y sobre todo, estudiantes que se dirigen a la meta de ser docentes. Un texto imprescindible.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/argentina-enfoques-cooperativos-hoy-reflexiones-sobre-el-librola-gestion-del-nosotros-con-los-otros/

Autor: José Yorg

 

 

 

 

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Educación popular y “buen vivir”: Interacciones en lo pedagógico

Por: Benito Fernández Fernández. 

Resumen

El artículo nos propone pensar de qué forma la Educación popular y el paradigma del Buen Vivir hacen aportes al debate actual sobre la “calidad educativa”, enriqueciendo el enfoque de la “educación como derecho” y contribuyendo a innovar el campo de la pedagogía. El texto parte de dos grandes discusiones, por un lado el contexto de debate
sobre la “calidad educativa”, donde se disputan dos posiciones: “la educación como excelencia” versus la “educación como derecho”, y por otro el debate por el sentido global de nuestro ser en el mundo, en un contexto de globalización y de crisis planetaria. Frente a estos escenarios, la Educación Popular encuentra en el “Buen Vivir” un sentido ético y político que enriquece su comprometida trayectoria a favor de la liberación de los pueblos y en la que se destaca en la dimensión pedagógica el papel del educador popular en la construcción de sujetos autónomos y en la “calidad educativa” como un derecho universal en función de las necesidades educativas de las personas.

EGR10-01-Fernández-Castellano

Fuente del artículo: http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR10-01-Fern%C3%A1ndez-Castellano.pdf

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La violencia política contra las mujeres en Venezuela. Un fenómeno creciente

Por: Dra. Mitzy Flores.

 

Resumen

 

 

A diferencia de otros tipos de violencia, la ejercida en contra de las mujeres responde a la lógica patriarcal ampliamente aceptada, según la cual lo natural y socialmente esperado es que el poder sea ejercido por los hombres sobre ellas. Se trata de un complejo entramado cultural que determina la conformación de las identidades y que en el caso de las mujeres, las obliga a asumir en sus prácticas sociales una condición normalizada de subalternidad, mientras que de ellos se espera primacía. La carencia legislación en materia de violencia política contra las mujeres en Venezuela ha motivado la escritura de este documento con el propósito de interpretar críticamente el fenómeno de la Violencia Política contra las Mujeres en Venezuela. Nuestro análisis inicia con la presentación de las desigualdades para la participación política que han enfrentado históricamente -y aún hoy deben enfrentar- las mujeres en Venezuela, para lo cual se contextualiza el marco legal nacional en relación al existente en la comunidad latinoamericana y caribeña. De seguido se complementa el análisis con la argumentación teórica de la violencia política contra las mujeres desde la perspectiva de género y se apunta a la necesidad de actualizar la legislación existente.  Luego se abordan algunos rasgos de la violencia política, a la luz de los hallazgos del reciente Informe de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz: Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela. En este se reporta desde el acoso, hostigamiento y escarnio al que fueron sometidas mujeres que hacen vida pública en Venezuela, se registran los casos de mujeres heridas y lesionadas, hasta aquellos cuyo desenlace fue fatal, entre ellos el femicidio a lideresas comunitarias que va en aumento. Al cierre se presentan algunos nudos conclusivos que apuntan a la idea de que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

Palabras clave: participación y violencia política, mujeres, justicia de género.

 

Compartimos la certeza de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en nuestras sociedades como una manifestación de la cultura y herencia histórica patriarcal ampliamente extendida. El hecho de que apenas a fines del siglo pasado se admitiera la violencia doméstica como delito en la legislación regional, evidencia su naturalización en América Latina y el Caribe. En este sentido, es oportuno expresar que nuestra motivación para elaborar este documento descansa en un hecho análogo: en Venezuela el fenómeno de la violencia política contra las mujeres se ha presentado cada vez con mayor frecuencia e intensidad durante los últimos veinte años (lapso en el que, nuestra participación ha venido en aumento, aunque no al ritmo de la paridad que aspiramos) y su tipificación como delito sigue ausente en nuestra legislación.

 

Este documento inicia con la presentación de las desigualdades para la participación política que han enfrentado históricamente -y aún hoy deben enfrentar- las mujeres en Venezuela; para lo cual se contextualiza el marco legal nacional en relación al existente en  la comunidad latinoamericana y caribeña. De seguido se complementa el análisis con la argumentación teórica de la violencia política contra las mujeres desde la perspectiva de género y se apunta a la necesidad de actualizar la legislación existente. Luego se abordan algunos rasgos de la violencia política, para lo que sirven de contraste empírico, algunos hallazgos del reciente Informe de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz: Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela (2018). En este se reporta desde el acoso, hostigamiento y escarnio al que fueron sometidas mujeres que hacen vida pública en Venezuela, se registran los casos de mujeres heridas y lesionadas y culmina con los casos que tuvieron un desenlace fue fatal, entre ellos el femicidio a lideresas comunitarias que va en aumento. Al cierre  presentaremos algunos nudos conclusivos que apuntan a la idea de que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

 

  1. Participación política en desigualdad

 

Tan incontrovertible es el hecho de que las mujeres enfrentamos mayores barreras culturales, sociales e institucionales para ejercer nuestros derechos y entre ellos, especialmente el de la participación política, como innegable que las conquistas de las mujeres han sido fruto de sus propias luchas por el reconocimiento de sus derechos. La constante presión a los gobiernos para que desarrollen medidas afirmativas a fin de garantizar su participación igualitaria en los diferentes espacios de representación política y social, confirma que sin la garantía del mecanismo de participación sería imposible alcanzar la igualdad y menos aún, la autonomía que sustenta nuestras libertades.

 

Como en buena parte del mundo, en Venezuela el acceso de las mujeres a los cargos de elección o representación popular supone enormes dificultades y obstáculos de índole cultural y material, de modo que en la práctica, las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que nuestros pares masculinos de ser elegidas a cargos de representación popular aunque participemos activamente en las organizaciones de base, en los movimientos sociales y en todos los espacios de la vida social.

 

Nuestro país ocupa el lugar 81 en el ranking mundial de participación política de las mujeres en los parlamentos, con un 22% de mujeres en la Asamblea Nacional, solo por encima de  nuestros vecinos Honduras (89), Uruguay (95), Panamá (109), Colombia (111), Paraguay (132) y Guatemala (143) y muy distante de Cuba, Bolivia, México, Grenada, Nicaragua y Costa Rica que ocupan los primeros diez lugares del ranking al exhibir una participación de  mujeres parlamentarias que oscila entre el 45% y 53%. Esta realidad se hace obvia cuando constatamos la mínima presencia de mujeres en la administración pública[1], y en la  conformación de la directiva de los partidos políticos y otras organizaciones con fines políticos en Venezuela, lo que resta la posibilidad de incorporarse a las listas de elección y desde luego, de ser elegidas.

 

En este sentido, hay que recordar que a pesar de que en el país los gobiernos municipales son elegidos por votación popular desde 1979, no se aprecia en el país un incremento de mujeres en los espacios locales de poder. Por el contrario su presencia desciende en el periodo que va desde 1984-1989 con el cambio de régimen electoral que pasó a listas abiertas con voto nominal; lo que generó la subrepresentación de las mujeres y el favorecimiento de candidaturas masculinas.

 

Al interior de los partidos políticos como en las creencias de la sociedad, se mantienen imaginarios patriarcales que obstaculizan la visibilización y efectiva participación de las mujeres en todos los espacios. Ello favorece la emergencia de hombres para las candidaturas a lo que hay que sumar la menor capacidad económica de las mujeres para financiar sus postulaciones; todo lo cual resulta en una marcada exclusión de las mujeres.

 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009), derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) promulgada en 1997, cuyo artículo 144 pretendió favorecer la cuota de paridad al interior de los partidos políticos y así garantizar la inclusión de las mujeres en los hechos. Ello aportaría al logro del derecho a la participación plena y en igualdad de condiciones en los diferentes cargos de elección popular.

 

La Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), ratificada por el Estado venezolano establece en su art. 7, para referirse a los derechos políticos y a las medidas positivas, que los Estados Partes deben favorecer la eliminación de la discriminación de la mujer en la vida política y pública y que éstas puedan participar en condición de igualdad con los varones. Lo que propició el diseño y la revisión de las políticas públicas y gracias a ello, a finales de la década de 1990, el Estado venezolano se propuso instituir la norma de cuotas como una medida positiva para la incorporación de las mujeres a las listas de elección.

Por otra parte, la Carta Magna se actualizó y se redactó una nueva en 1999. Ahora el artículo de la LOSPP que referimos (que señalaba que los partidos políticos y otros grupos, están en la obligación de incluir al menos un 30% de mujeres en sus listas de postulación para todos los cargos de los cuerpos deliberantes), está en consonancia con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que declara la igualdad de todas las personas y proscribe la discriminación con fundamento en la raza, sexo, credo o condición social que pudiera anular o menoscabar sus libertades y derechos. También prevé protección para los grupos vulnerables como sanción por su incumplimiento.

 

Paradójicamente, en la proximidad de las Megaelecciones del año 2000, el propio argumento del artículo 21 de la reciente CRBV fue utilizado en contra de las mujeres a través de la Resolución  transitoria N° 000321-544 del Consejo Nacional Electoral (CNE) para suprimir la aplicación del  artículo en cuestión y desconocer así su vigencia; lo que es juzgado como una decisión inconstitucional con unas consecuencias que desvanecen la conquista en favor de la igualdad y de la no discriminación. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió demanda de nulidad interpuesta por la experta feminista Sonia Sgambatti, que como era de esperarse, no prosperó por ser declarada improcedente, lo que ratificó la validez de la acción del CNE y desconoció el rango constitucional de las medidas de acción positiva, como reseña Evangelina García Prince (2014).

 

En 2005 y 2008 se impulsaron desde el CNE resoluciones  que establecieron la paridad y la alternancia para la postulación de candidatos y candidatas en el marco de elecciones específicas pero tuvieron como principal debilidad el hecho de no establecer sanciones de incumplimiento, por lo que en la práctica se quedaron, como expresa Aponte Élida (2015), en simples exhortos de buen comportamiento para los partidos políticos, que finalmente no aplicaron la norma.

 

En junio de 2009, en el marco del debate del Proyecto de Ley de Procesos Electorales en la Asamblea Nacional, fueron presentadas a la Comisión de Participación Política, por parte de la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad, unas recomendaciones de forma y de fondo, para que se incluyera la paridad de género como obligatoria y la alternabilidad para cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno, cargos de dirección en organizaciones políticas, partidos, sindicatos y gremios. Fue aprobado como anteproyecto en la primera discusión, pero finalmente no se le dio continuidad y la nueva Ley (LOSPE) erradicó la posibilidad de paridad con lo que “…las mujeres ocuparán posiciones de base o intermedias, sin acceso a las posiciones más elevadas de la pirámide”. (Madriz, 2012: 323).

 

Como otra evidencia de la desigualdad en el goce de los derechos políticos de las mujeres venezolanas, Beatriz Llanos y Vivian Roza (2015), reseñan que Venezuela junto a Guatemala son los únicos países de la región que carecen de una legislación que garantice la presencia de mujeres en las listas para cargos de elección, por lo que el derecho a la participación plena y a la igualdad de género –entendida como empoderamiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas- se ve severamente limitado por prácticas sociales de desigualdad y discriminación que alejan la paridad de los espacios de poder.

 

 

  1. Otra forma de Violencia

 

Como antes expusimos, Venezuela ha suscrito tratados y pactos internacionales sobre la materia como la CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de 1994. Mientras, las mujeres activistas en América Latina y el Caribe habían identificado y denunciado esta forma de violencia como crimen electoral[2]. En el 2015 la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) advertía sobre la mayor visibilización de este fenómeno pareado al escalamiento de posiciones de las mujeres y sobre la tolerancia e irrelevancia de la sociedad como una importante traba para la elaboración y aplicación de políticas específicas.

 

Es en 2016 con la creación la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (LMIVPM) que la violencia política contra las mujeres es incorporada en la lista de delitos en nuestros marcos legales en un contexto de convención con la pretensión de orientar a los Estados para legislar, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos y cuando. En su artículo 3 la violencia política  se define como:

 

cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. (2016)

A pesar de que en nuestro país la Violencia Política contra las Mujeres no está tipificada como delito, es oportuna la tarea de difundir su contenido e impulsar acciones que obliguen a los Estados Partes de la Convención a honrar sus compromisos, como señala Amnistía Internacional (2018).

 

En esta ley pueden distinguirse faltas graves, faltas gravísimas y delitos propiamente[3], que van desde las agresiones y la intimidación a los femicidios/feminicidios. No obstante su espectro de acción debe mantenerse flexible tal y como la realidad social de nuestra región exige, en especial si consideramos que la participación política de las mujeres rebasa la mera militancia en un partido político. Hay que referirse también a las que participan en movimientos sociales “…militantes de base, simpatizantes de un partido o idea política, manifestantes de diferentes tipos de demandas sociales y políticas, luchadoras y dirigentes comunitarias y de derechos humanos”, como bien reseña el Informe Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela (2018, p. 21), así como a quienes se encuentran en medio de conflictos armados, en las operaciones paramilitares, en las acciones terroristas, en los enfrentamientos por territorios. Igual ocurre con las que afrontan la represión del Estado en protestas y manifestaciones violentas, entre otras.

 

En otro sentido, la LMIVPM agrega el carácter paritario en la participación de las mujeres en la formulación y dirección de las políticas públicas, en la ocupación de cargos (por elección y por designación) y en todo el ejercicio de la función pública que se expresa así:

 

Se considera que la paridad de mujeres y hombres en la vida pública y política implica adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso paritario a todos los espacios de la vida pública y a todas las instituciones del Estado, particularmente a los cargos de gobierno, desde el plano internacional al plano local; así como para asegurar condiciones igualitarias, libres de discriminación y violencia, en el ejercicio de los derechos políticos. (pág. 14, art. 3)

 

Karina Batthyany <kbatthyany@clacso.edu.ar>

 

Según lo establecido en la CRBV (1999), en lo tocante a los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes en el artículo 19, se entiende que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

 

Entender el principio de no discriminación deja ver que su objeto es garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su religión o sus creencias y edad. El mismo se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) y cuenta con la protección de los siguientes derechos: el derecho a la vida, la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual y jurídica de las mujeres objeto de violencia, en los ámbitos públicos y privados. Esta ley como la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer de 1999 en su artículo 1 establece la regulación del ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la CEDAW,  lo que puede ser un buen argumento para regresar al debate público la paridad.

 

 

  1. Rasgos de la violencia política contra las mujeres

 

Entendemos que todos los tipos de violencia dirigidos hacia las mujeres son en sí mismos un ejercicio de poder y representan siempre una expresión de escarmiento con el fin de disciplinarlas, y que por cierto, también procura someter a los hombres que se resisten a la masculinidad normativa. No sorprende por ello que la violencia política figure como un escollo determinante para las mujeres en su intento por alcanzar sus demandas y que, en opinión de María Rojas Valverde (2012), presente una composición de índole tan disímil como perversa que se expresa cotidianamente con acciones que van desde el acoso u hostigamiento hasta derivar en femicidio.

 

A nuestro juicio se trata de una violencia muy específica que reúne ciertos rasgos que le son comunes. El primero de ellos se corresponde con el mecanismo descrito décadas atrás como una invariante estructural por Celia Amorós (1990), este consiste en la asignación y jerarquización simbólica de los espacios en nuestras sociedades como público y privado en el que la política antagoniza con el espacio privado representado en el hogar que, históricamente se asignó a las mujeres al concebirlas como sujetos reproductores. Ello ha justificado el dominio masculino en los espacios de poder y ha servido de imagen modélica y sostén estereotipador para mantener a las mujeres lejos de lo público.

 

De allí que las mujeres que deciden participar activamente en política desafían con su sola presencia toda una tradición patriarcal y sexista, lo que a su vez las expone a condiciones de violencia que, eventualmente, propician la agresión en función de comunicarles que ocupan un lugar que les es ajeno. Esta creencia, resulta suficiente argumento para quienes actúan como agresores por considerar que la incursión de las mujeres en el espacio político es una verdadera intromisión territorial. Por ello se las presiona a que renuncien a hacer vida política, (militancia, trabajo comunitario, o ejercicio de cargos, por igual) y regresen al que sería “su lugar” social.

 

En estrecha relación, se identifica un segundo rasgo de clara especificidad en cuanto al propósito de las acciones violentas que, en síntesis Mona Krook y Julia Restrepo Sanín (2016), se orienta a: “acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de la posición política de la mujer o inducir a una mujer a hacer (o no hacer) algo relacionado con su mandato político contra su voluntad.” (p: 465). Desde la perspectiva de las autoras, es pertinente destacar que no debe asimilarse ésta con la generalización de violencia contra los políticos o violencia social vivida por quienes se encuentran en ejercicio de cargos públicos en América Latina, como le discuten a Jennifer Piscopo (2016); pues la intención de la primera forma de agresión es precisamente, enviar un claro mensaje de escarmiento a la sociedad y a las mujeres: no hay lugar para ellas en la política.

 

Como tercero, habría que referir el escarnio. Este suele presentarse como difamación e injuria, con el fin de atormentar no solamente a la mujer a quien se dirige, sino también a su grupo familiar; lo que según el informe de María de los Ángeles Cruz (2016), las hace más propensas a dimitir en el caso de tener hijos/as, como última estrategia para su protección.

 

Ya en el informe elaborado por la Comisión para la Verdad la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela…(2018) se reportaban cinco importante formas de violencia que van desde las desiguales condiciones de las mujeres para incorporarse a la participación política; transitan el acoso, hostigamiento y escarnio, se intensifica con el aumento de víctimas heridas y lesionadas, hasta  desencadenar en heridas graves y el  femicidio a lideresas comunitarias. Allí se ilustra el escarnio al que se sometió a mujeres con responsabilidades políticas[4] y cómo se persigue la descalificación de las víctimas con estrategias que

 

…frecuentemente se apoyan en argumentos vinculados con su sexualidad como un flanco favorable para minar la credibilidad de las mujeres y se combina por lo general con la ridiculización de sus ideas como argucia para someterlas al escarnio público y finalmente  obligarlas a renunciar a sus aspiraciones. (2018: 4).

 

En los años 2013, 2014 y 2017, luego de los disturbios callejeros, creció la cantidad de manifestantes muertas en las propias circunstancias que creó la violencia, (decesos en las barricadas o en colisiones contra las guayas), con el agravante de que estas muertes “… se caracterizan por un creciente grado de virulencia y saña.” (p: 5). Esto contrasta con los seis años previos que van desde 2005 a 2011, en los cuales no se registraron víctimas de violencia política y, con lo ocurrido durante el golpe de estado o disturbios de los años 2002 al 2005 en que las víctimas femeninas de violencia oscilaron apenas entre 6% y 10% de los casos.

 

Otra importante aseveración de ese documento es que “La violencia contra las mujeres en número de víctimas fatales y heridas ha venido aumentando durante el período 1999-2017, producto del aumento de la violencia política en general, y también de la mayor virulencia y agresividad de la misma.” (p.5). Puede leerse que se contaban hasta Junio 2017 con 44 femicidios y 105 víctimas heridas y lesionadas por esta causa durante los últimos 18 años.

 

Pero lo que nos resulta alarmante es que entre 2017 y 2015, la violencia política se haya orientado sistemáticamente al femicidio de lideresas comunitarias y que esta

 

… fue dirigida especialmente a mujeres que luchan por sus derechos en la vida cotidiana, son crímenes de odio fundamentados en motivos sexuales, de poder y de discriminación. Es importante no verlos como hechos aislados sino dentro del patrón de violencia contra las mujeres. Un aspecto muy claro es el de la indefensión; no solamente la mayoría de estos asesinatos están impunes, sino que se producen contra mujeres que están en graves situaciones de vulnerabilidad y precariedad. (p. 89)

Como en toda América Latina y el Caribe, en Venezuela existe un marco legal que tipifica múltiples formas de violencia contra las mujeres[5]; no obstante como ya expresamos, no existe uno referido específicamente a la violencia política a pesar de que sus expresiones se han incrementado en los últimos años. Tan arraigada está en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres que hacen vida política son merecedoras de la violencia porque usurpan espacios destinados exclusivamente a los hombres que, a nuestro juicio, no es lo suficientemente condenada por la sociedad y por tanto se dificulta su prevención y erradicación, así como la necesaria investigación, sanción y reparación.

 

A grandes rasgos puede afirmarse que en nuestro país en materia de reconocimiento de derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia, se han producido avances relevantes en los últimos veinte años y aunque han aportado considerablemente a las políticas públicas, no han sido suficientes. Al respecto hay que insistir en que el contexto cultural sigue siendo una gran limitación para la consolidación de los derechos de las mujeres; no solo por los prejuicios y estereotipos albergados en la población en general sino especialmente por los de los grupos políticos con poder de decisión y del funcionariado adscrito a las instituciones encargadas de legislar, de atender los casos en las instancias judiciales y policiales, así como del trato y la mediación comunicacional que ha prevalecido apegado a los estereotipos tradicionales. Esta percepción del asunto es fundamental para contextualizar la posible eficacia y eficiencia de la administración de justicia pues nos mantiene, según nuestro juicio, en un rezago institucional (legislativo, judicial y hasta mediático) que se ha instaurado en el sentido común venezolano.

 

 

  1. Algunos nudos conclusivos

 

La pobre representación de las mujeres en los espacios de poder político es obvia cuando observamos la mínima presencia de mujeres en la  conformación de la directiva de los partidos políticos y otras organizaciones con fines políticos. Creemos que en nuestro país  no existe voluntad política entre nuestros gobernantes para decidir favorablemente por una institucionalidad plenamente participativa y con sentido de género. Culturalmente quienes legislan (Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente), están muy lejos de considerar los marcos legales y acuerdos internacionales que el Estado ha suscrito o ratificado. De ello puede concluirse que, a pesar de la existencia de leyes con perspectiva de género y favorables a la justicialidad, la misma no se concreta, lo que permite el aumento de la brecha en cuanto a participación política y la paridad.

 

Ese reconocimiento de derechos es lo que desplazará el horizonte de suficiencia de las Políticas Públicas en todos los ámbitos, siempre en búsqueda de una tendencia de mayor amplitud que rebase la sola igualdad de oportunidades y las inaplazables acciones positivas que, hasta ahora, distan de ser garantías de equilibrio o equidad en una sociedad de profundas desigualdades, pero que sin duda se constituyen en medidas reparatorias o en compensaciones necesarias.

Por otro lado hay que destacar como evidente que existen consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres en tanto víctimas de la violencia política, si bien para ambos se vulneran los derechos civiles y políticos (DCP) así como los económicos, sociales y culturales (DESC); no obstante, cuando esta ocurre a una mujer se está en presencia de un acto de función meramente disciplinadora que recalca la jerarquía del hombre en la sociedad patriarcal y genera escarmiento para ella, a la vez para todas las mujeres. Aunque entendemos que las políticas públicas siempre estarán rezagadas con respecto a las posibles conquistas de las mujeres, consideramos que es muy poco lo que se ha hecho en el país para proteger a las mujeres que hacen política o para garantizar medidas positivas; lo que acentúa la necesidad de su creación en un tiempo perentorio.

Como expresión de la dominación, la violencia política además instala un mensaje que penaliza la osadía de haber ocupado un lugar con tradición de reconocimiento público, casi siempre pareado al goce de privilegios adquiridos; un espacio para el sujeto con voz, no subalternizado que exhibe como logro la sustracción de un curul que, culturalmente, debería ocupar un hombre por el solo hecho de serlo. Finalmente consideramos que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

 

 

Bibliografía

 

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Mujer Hoy. Buenos Aires: Ediciones de la Flor

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Política hacia la Mujer. El próximo paso a la paridad.

https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/04/5876/leyes-contra-la-violencia-politica-el-proximo-paso-hacia-la-paridad

Aponte, Elida (2012) La violencia contra las mujeres en Venezuela: la respuesta

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COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

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(1999). Asamblea Nacional constituyente. Talleres gráficos del Congreso de la República.

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Madriz, Jhannett (2012): Visibilización de la mujer en la República Bolivariana de

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Política y Gobierno, XXII, (2), pp. 471-492.  Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Distrito Federal, México. [Fecha de consulta: 15 de Marzo de 2019] Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/pdf/pyg/v23n2/1665-2037-pyg-23-02-00437.pdf

Rojas Valverde, María E. (2012): Acoso y  Violencia Política en Contra de Mujeres

Autoridades Públicas electas en os gobiernos locales municipales en Bolivia. ONU Mujeres, ACOBOL, AECID. La Paz. [Fecha de consulta: 09 de Diciembre de 2017]

Disponible en: http://www.bivica.org/upload/acoso-violencia-politica.pdf

[1] *Conferencia presentada en la “CONCERTACIÓN FEMINISTA”. Evento del Proyecto Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país.  AVESA y Aliadas en Cadena, con el financiamiento de la Unión Europea y en alianza con la Maestría de Estudios de la Mujer de la UCV y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) UCV.

Caracas del 25 al 27 de noviembre de 2019.

[2] El año pasado (2018) en el Poder Ejecutivo fueron creadas siete vicepresidencias ejecutivas de acuerdo a algunas áreas: economía, planificación, desarrollo social, soberanía política, seguridad y paz, comunicación y cultura, desarrollo del socialismo territorial, y obras y servicios públicos. Todas están a cargo de varones a excepción de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República que está a cargo de una mujer: Delcy Rodríguez. El gabinete ministerial del Presidente Nicolás Maduro está conformado por 30 carteras ministeriales y un Ministerio de Estado. Sólo 13,3%12 de los ministerios están encabezados por mujeres ministras (Turismo, Servicios Penitenciarios, Mujer e Igualdad de Género y Pueblos Indígenas). El Ministerio de Estado para la Nueva Frontera de Paz también está encabezado por un varón.

[3] En el año 2012, con la aprobación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia, se sienta el que consideramos el más importante antecedente regional en materia de violencia política. Para ello fue clave esfuerzo realizado por activistas y organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia que denunciaron en una larga campaña el acoso y hostigamiento de la concejala Juana Quispe, que irremediablemente terminó en femicidio.

[4] Entre estos últimos se encuentran las agresiones físicas y sexuales, el acoso sexual, la intimidación, la restricción del derecho al voto, la difamación o calumnia, la amenaza o intimidación a la familia, la agresión, la intimidación y la criminalización a las defensoras de derechos humanos y por supuesto, los femicidios/feminicidios.

[5] Entre los casos abordó este estudio se encuentran las agresiones a Tibisay Lucena (Presidenta del Consejo Nacional Electoral), Gabriela Ramírez (Defensora de Pueblo), Delcy Rodríguez (Canciller de la República y recientemente Vicepresidenta Ejecutiva) y Lilian Tintori (líder y militante del partido Voluntad Popular, conocida por ser la esposa de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, privado de libertad).

[5] La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), parcialmente reformada en 2014, es el instrumento legal más completo del que disponemos en nuestro país para afrontar la violencia de género, allí se tipifican 19 de sus formas.

Fuente: *Conferencia presentada en la “CONCERTACIÓN FEMINISTA”. Evento del Proyecto Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país.

 

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Por una educación emancipadora: a la memoria del Profr. Rubicel E. Ruiz Gamboa

Por: Luis Alan Acuña Gamboa.

Si me encierran, me sacan

Si me matan, me entierran

¿Cuál es la bronca, pues?

Rubicel E. Ruiz Gamboa

La historia es uno de los elementos más relevantes de la conciencia humana, más cuando a esta se le retoma para la creación de espacios sociales más plurales y democráticos en la toma de decisiones. El maestro Pablo Latapí Sarré, durante su alocución en la entrega del Doctorado Honoris Causa que le confirió la Universidad de Colima, enfantizó la necesidad de educar para la libertad social y responsable como eje fundamental para alcanzar su calidad. De esta manera, los objetivos relacionados con el desarrollo de la capacidad crítica en los mexicanos, debieran ser el común denominador en el diseño del Proyecto de País, así como sustento en las acciones de nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN).

La buena educación, según el Mtro. Latapí Sarre, debe estar sustentada en cuatro pilares fundamentales: el carácter; la inteligencia; los sentimientos; y como ya se mencionó; la libertad. En su conjunto, estos elementos son la oportunidad de reducir las brechas en cuanto desigualdad social, de otorgar voz y voto a los más desfavorecidos; en palabras de Paulo Freire, estos criterios de la buena educación definen el origen de la emancipación de las clases oprimidas para pensar en una verdadera justicia social; sin embargo, estas ideas generan, por lo menos, dos preguntas de primera mano: ¿es posible pensar en la educación mexicana como mecanismo emancipador?; si fuera esto posible, ¿cómo la educación y los docentes pueden pensar y trasladar estos principios y objetivos de la buena educación en el devenir de su práctica cotidiana?

En alusión a la primera pregunta, se puede decir que si es posible pensar en la educación nacional como mecanismo emancipador, siempre que los actores principales del SEN visualicen objetivos más ambiciosos que la mera transmisión de la cultura de unos a otros (Durkheim); es decir, pensar en la educación como un medio para la toma de conciencia sobre la realidad social —y sus respectivos problemas— que aquejan día con día a la población en situación de riesgo, así como creadora de escenarios de discusión para la mejora o solución de las necesidades y demandas que le devienen: hay que pensar en una educación para la emancipación. Este proyecto educativo sostiene la necesidad de abolir el analfabetismo, porque de esto se alimentan las relaciones asimétricas de poder y dominación, a través de un discurso que legitima a unos como autoridad en un tiempo y espacio determinado, y hace acatarlo a otros por desconocimiento.

En cuanto a la segunda pregunta, todo docente lo puede hacer, solo se necesita pensarlo y actuar. Tal es el caso de Rubicel Einsten Ruiz Gamboa, docente de educación básica rural chiapaneco que desde muy niño demostró elocuencia, valentía y encono hacia las causas injustas. Orador y poeta, maestro por convicción, recorrió Chiapas entero educando a sus alumnos, y a todo aquel interesado en aprender, bajo los preceptos del derecho, la justicia y la equidad social. Nunca fue ajeno a los problemas que aquejaron a la entidad federativa; por eso, defendió y peleó desde antes del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el reconocimiento de los pueblos indígenas ante la sociedad, por el respeto a sus tierras, único sustento de las familias; por los derechos educativos y humanos.

El Prof. Ruiz Gamboa sembró la simiente de la libertad y la abolición de los obstáculos sociales y políticos que a estos grupos en situación de riesgo les fueron asignados por tantos años. Con sus férreos ideales alineados a sus grandes pensadores y libertadores latinoamericanos (Ernesto Che Guevara, José Martí y Emiliano Zapata, por citar algunos), fue desarrollando un trabajo docente sui géneris en el devenir de su labor profesional. Siempre buscó sustentar los contenidos académicos a partir del pensamiento crítico de la realidad social afín a sus estudiantes (que casi siempre fueron de comunidades rurales). Rubicel Ruiz Gamboa decía: “si la educación no sirve para emancipar al pueblo, entonces ¿de qué le sirve un profesional sometido a nuestra sociedad?”, y con esto como lema magisterial, logró arrancar la venda de los ojos de muchos niños, madres y padres de familia para levantarse en franca protesta ante el caciquismo al que eran sojuzgados.

Tal y como lo expresa el Profesor Ricardo (en Camacho Velázquez, 2008, p. 143), “era un hombre sencillo, de campo, un típico maestro rural que hacía suyos los problemas de las comunidades y de los ejidos en los que le tocó trabajar …”, el Prof. Siempre buscó que la docencia en escuelas rurales fuera más allá de la señera necesidad por enseñar a leer y a escribir a la población (como muchas veces pasa, en el mejor de los casos), sino que hubiera la oportunidad de abrir en el contexto escolar, espacios de diálogo y lucha por los derechos perdidos por estas comunidades. Tal fue la injerencia y devoción de los pueblos que lo nombraron su ‘líder natural’ cuando se funda en 1995 la Organización Campesina Independiente de Villacorzo (OCIV), cuyo objetivo fue “luchar por la tierra, por los proyectos productivos, por los recursos, pero también por la igualdad de género, por la democracia y por la dignidad” (discurso del Prof. Rubicel Ruiz Gamboa en junio de 1995). Estas intenciones nacieron y se consolidaron en cada lección y actividad que se desarrollaba en las aulas de clases, en cada mítin, en cada evento académico donde participó Rubicel Ruiz Gamboa. Sin denominarla así, defendía la idea de que la educación emancipadora era la única forma de resacir las desigualdades sociales que aquejaban a Chiapas y al país. Comprendió que la educación emancipadora debe contribuir a la liberación de los sujetos, así como a la erradicación de toda forma de dominación intelectual y social de los más favorecidos hacia los menos. La búsqueda por abrir más y mejores escuelas rurales, la exigencia del respeto a los derechos humanos de su gente, y la inquebrantable lucha contra el poder, hizo del Prof. Ruiz Gamboa un ejemplo de docente comprometido con las causas justas y sus ideales.

Como se mencionó al principio, la historia es elemento fundamental en la toma de conciencia, siempre que no se relegue al olvido. Ante esta situación, sirva el presente texto para conmemorar el vigésimo segundo aniversario luctuoso de un maestro que luchó por la reivindicación de los grupos indígenas y las comunidades rurales en Chiapas; por emancipar a través de la educación a toda población dominada por el miedo y el analfabetismo; por creer en nuevos y mejores espacios sociales donde la equidad y la justicia fueran los comúnes denominadores: proyectos de vida que peleó hasta su muerte.

Profesor Rubicel E. Ruiz Gamboa

                                                                                  QEPD

 

Referencias

 

Camacho Velázquez, D. (2008). La lucha sigue y sigue. Organización popular en la Frailesca. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/por-una-educacion-emancipadora-a-la-memoria-del-profr-rubicel-e-ruiz-gamboa/

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Educación, el drama invisible

Por: José Luis Patiño.

 

Mientras, la resaca de las elecciones congresales sigue siendo analizada por politólogos, sociólogos, etnocacerólogos, frepapólogos y otras nuevas ramas de la opinología mediática, hay decenas de miles de jóvenes a quienes el Estado peruano los ha virtualmente desalojado de las “aulas formales” y echado a su suerte al patio trasero de la incertidumbre.
Estas decenas de miles de jóvenes depositaron por años su confianza, tiempo y dinero en universidades públicas y privadas con la supuesta garantía de un Estado que acreditaba, con sendos diplomas y títulos a nombre de la Nación, una “educación de calidad”. Hace poco, ese mismo Estado les informó que (¡ups!) fueron vilmente engañados y, por lo tanto, “sería mejor que pronto cambien de universidad”.

Nadie duda del necesario trabajo y valioso aporte que viene realizando la Sunedu en generar las condiciones para mejorar la educación superior. Sin embargo, es necesario que así como el Estado fue cómplice de la estafa, también asuma las consecuencias y sea parte del resarcimiento por el engaño y la burla cometida, lo cual ha generado un grave problema social. ¿Qué ha hecho el Estado al respecto hasta este momento? Veamos:

1. Se estima que son más de 160,000 jóvenes que ven truncas sus carreras profesionales y que deben “asimilarse”, por decir un término, a las otras universidades que podrían recibirlos. El Ministerio de Educación ha destinado una exigua partida presupuestal a las universidades públicas para este fin. La Universidad Decana de América, San Marcos, ha anunciado que evaluará los mecanismos para poder recibir a los estudiantes “desplazados”;

2. También se ha previsto que las universidades privadas debidamente acreditadas puedan recibir a estos estudiantes, previa autorización de la Sunedu y siguiendo procedimientos determinados;

3. Hay, asimismo, la posibilidad que una universidad sin licencia pueda llegar a un acuerdo con otra que sí cuenta con autorización, para poder utilizar infraestructura, equipamiento, así como servicios de profesores, empleados, etc., conforme a los términos del convenio y disposiciones al respecto.

¿Son suficientes estas propuestas? ¿Podrán los más de 160 mil alumnos engañados con el aval de Estado, retomar sus sueños de convertirse en profesionales? ¿Qué institución del Estado debiera asumir los costos de esta estafa y verificar el resarcimiento a las decenas de miles de estudiantes para que puedan financiar esa “asimilación” a universidades licenciadas? ¿Y la responsabilidad económica de los dueños de las universidades privadas que vendieron gato por liebre?

El drama de estos jóvenes debiera estar en la agenda política del gobierno y del nuevo Congreso. El futuro de estos jóvenes no puede verse truncado de esta manera. El daño económico a ellos y sus familias es incalculable. Y eso que no estamos hablando de los terceros afectados: los miles de trabajadores administrativos y profesores de estas, ahora, seudo universidades, quienes perderán su empleo y engrosarán la fila de los desplazados de la formalidad.

Fuente del artículo: https://www.expreso.com.pe/opinion/jose-luis-patino/educacion-el-drama-invisible/

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