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“Descabronizar” el planeta

diciembre 21, 2019diciembre 20, 2019Miguel Lorente Acosta

“Descabronizar” el planeta

El mayor cambio que se vive hoy en al ambiente es el de la Igualdad, tanto que los pilares sobre los que se levanta la estructura de nuestra sociedad se están derritiendo. Y como sucede con el cambio climático, hay quien lo niega para no enfrentarse a la verdad incómoda que amenaza su poder y privilegios.

El ejemplo lo tenemos cerca, en la Cumbre del Clima celebrada estos días en Madrid, una de las propuestas más destacadas es la de “descarbonizar” el planeta para disminuir las emisiones de carbono, especialmente en forma de dióxido de carbono. Un concepto novedoso, ese de “descarbonizar”, cuya validez ha sido aceptada por la Fundéu al ser construido a partir de la palabra “carbono”.

El machismo por su parte ha intoxicado la convivencia social y democrática con la emisión de sus malos humos y sus gajes tóxicos a lo largo de toda la historia, tanto que ha contaminado el aire que respiramos y ha impregnado con el hollín de su ceniza las miradas e identidades, para establecer con sus emisiones una especie de clima regulado por el termostato de sus intereses.

Ante esta situación el razonamiento es sencillo, si “descarbonizar” es reducir las emisiones de carbono, y “cabrón”, tal y como recoge la primera acepción del Diccionario de la RAE, es quien “hace malas pasadas o resulta molesto”, “descabronizar” es reducir la realización y emisión al ambiente de esas malas conductas y molestias que, incluso, llegan hasta la violencia. Un comportamiento característico del machismo para lograr imponer la desigualdad con la que defender sus privilegios, y para someter a las mujeres a los espacios y funciones que la cultura machista ha decidido.

El machismo es tóxico, y el ambiente milenario de “encabronamiento” que genera es el responsable de las olas de acaloramiento público y privado, de las inundaciones de la intimidad, y de las DANAS (“Depresiones Afectivas en los Niveles del Amor”) cíclicas que aparecen de manera sorpresiva con todo su daño y destrucción. Por lo tanto, la solución a esos problemas sociales pasa por actuar sobre ese ambiente tóxico, no sólo sobre el resultado de sus catástrofes.

El problema es más serio de lo que parece, por eso quienes “emiten” la violencia machista buscan negarla, si no fuera tan grave no se molestarían en intentarlo. La OMS (2013) recoge que el 30’1% de las mujeres del planeta sufrirán en algún momento de sus vidas violencia por parte de sus parejas o exparejas, y Naciones Unidas (2015) indica que entre 40.000 y 45.000 mujeres son asesinadas en el planeta cada año en el contexto de las relaciones de pareja y familia. Por su parte, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, 2014) concluye en su informe que el 20% de las mujeres de la UE han sufrido violencia física en las relaciones de pareja, el 43% violencia psicológica, el 6% violencia sexual y el 55% acoso sexual. Y si nos acercamos a nuestras costas, las Macroencuestas (2011, 2015) y los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género nos indican que cada año unas 600.000 mujeres son maltratadas y unas 60 asesinadas. Y a pesar de esta objetividad en el resultado y de vivir la experiencia de cada día que conduce al mismo, el “encabronamiento” machista lo ignora y lo intenta negar.

Por ello necesitamos el aire fresco de la Igualdad con un doble objetivo. Por un lado, descontaminar y limpiar la atmósfera de la cultura de todos los gases tóxicos emanados de las ideas, valores, creencias, mitos… machistas. Y por otro, abrir la ventana del conocimiento para que entre el oxígeno de la Igualdad y haga respirable el ambiente. Sólo así podrán desaparecer los efectos tóxicos que ocasionan esa mirada borrosa que difumina la realidad, las alucinaciones del machismo, y los delirios de grandeza que muchos toman como verdad.

No es sencillo, son muchos los hombres que viven de esos malos humos, y algunos son verdaderos adictos al machismo, como los hay a las emisiones de dióxido de carbono, en una dependencia que no es física ni psicológica, sino social. Es la dependencia al poder y a los privilegios, y se ve reforzada bajo la conciencia de que cuanto más injusta son las decisiones, más poder se tiene. Y aunque el resultado sea dañino, hay quien prefiere morir de éxito en una sociedad injusta que vivir feliz y en paz en Igualdad.

La sociedad ya ha cambiado y su avance es imparable, pero las reacciones de quienes viven bajo el poder de sus emisiones también está presente para intentar asfixiar al planeta y a la Igualdad. No es casualidad esta reacción, ni tampoco que sólo sea el feminismo quien tenga una respuesta global a toda la construcción tóxica y violenta del machismo para “descabronizar” el planeta por tierra, mar y aire. El machismo es cultura, no conducta, y el feminismo busca una nueva cultura levantada sobre la Igualdad, no corregir algunos de los resultados y consecuencias.

Porque el feminismo es “cultura de Igualdad”.

Autor: Miguel Orente

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Colombia: Acueductos comunitarios: resistencia popular contra la privatización

diciembre 20, 2019diciembre 20, 2019Fernanda Sánchez Jaramillo

Acueductos comunitarios: resistencia popular contra la privatización

Fernanda Sánchez Jaramillo

Pregunta problema: ¿Amenazan los procesos privatizadores la existencia de los acueductos comunitarios y la autogestión del agua?

“La profesión puede ser un factor clave en la superación de nuestras realidades en tanto organice científicamente su trabajo a través de una vocación de investigación y una acción transformadora planificada junto a los hombres, es decir, en tanto viva, sienta y actúe en sucesos humanos reales y no en abstracciones”

La Constitución Política de 1991 estableció, en el artículo 365, que los particulares y las comunidades organizadas ¹podrán participar en la prestación de los servicios públicos ².

La sentencia C-741/03 de la Corte Constitucional explicó que la Carta al autorizar a las “comunidades organizadas” ³para prestar -directa o indirectamente servicios públicos- no definió la forma jurídica específica bajo la cual participarían, pero sí distinguió su actividad de aquella que prestan otros particulares.

La Corporación expuso que existen diferencias entre los prestadores de servicios públicos: “(…) En el ánimo que inspira a los diferentes prestadores (…) en algunos es marcado el cumplimiento de un deber o fin estatal (empresas públicas); otras que tienen ánimo de lucro, las privadas y, finalmente, aquellos que tienen como único propósito la satisfacción de las necesidades de una población”.

De igual manera, la Ley 142 de 1994 determinó en el artículo 15 numeral 4 –desarrollado por el Decreto 421 de 2000- que hay organizaciones autorizadas ⁴para la prestación de servicios públicos en municipios menores, categorías 5 y 6, en zonas rurales, por fuera del perímetro urbano de la cabecera municipal y en áreas o zonas urbanas específicas, núcleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren clasificados en los estratos 1 y 2.

Los acueductos comunitarios responden además a criterios de economía solidaria como lo menciona la Ley 454 de 1998 reglamentada por el Decreto 1714 de 2012 , artículo 2°: “Denomínese economía solidaria al sistema socioeconómico cultural y ambiental por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.

Los acueductos comunitarios son figuras jurídicas constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales. Por medio de estos la comunidad se involucra en el manejo de los recursos hídricos y el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada.

Estos acueductos contribuyen a concretar el objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas, 1977: “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable”.

Propósito ratificado por la Observación General No. 15 ⁵del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas cuando señaló que: “ el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos ”. (ONU, 2002).

Así los acueductos comunitarios cumplen un papel importante al garantizar el acceso al agua en comunidades que de otra manera no la obtendrían debido a la ausencia del Estado.

El régimen jurídico de los acueductos comunitarios es el mismo de las demás empresas prestadoras de servicios públicos, pues la Ley 142 de 1994 no fijó diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores. Esto significa que al igual que los demás deben garantizar ⁶el derecho al agua, su disponibilidad, accesibilidad y calidad.

El Decreto 421 de 2000, artículo 3, reglamentó la participación de las comunidades organizadas en la prestación de servicios públicos. Para hacerlo exigió que se constituyeran como personas jurídicas, sin ánimo de lucro, y se registraran en la Cámara de Comercio; además, deben inscribirse en la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico así como obtener las concesiones y licencias previstas.

Participación comunitaria

En su decisión T-338/17 l a Corte mencionó algunas de sus ventajas: “son organizaciones para proveer el agua, adecuados para asegurar la prestación del ante la ausencia de dispositivos estatales ⁷servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona”.

Estas formas de organización son importantes en un Estado social de derecho, pues materializan la participación directa de los pobladores en la toma de decisiones sobre esta necesidad esencial.

La toma de decisiones de manera conjunta, aumenta la legitimidad de sus actuaciones. De igual manera, fomentan el liderazgo local y fortalecen el poder popular.

Agregó la Corte en 2017: “En especial, constituye un espacio valioso para fomentar la cultura del cuidado de los recursos naturales y la protección que le debemos los seres humanos a la naturaleza”. Las comunidades se convierten en ejemplo de buenas prácticas de auto-gestión de los recursos naturales.

La labor de este tipo de prestadores del servicio de agua es tan importante que el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, sostuvo que es indispensable la participación de las comunidades en las decisiones sobre el servicio que se les presta. (ONU, 2014).

Albuquerque (2014) afirma: “e l carácter inclusivo es crucial para (…) que los servicios estén concebidos de modo que respondan a los intereses y necesidades de las personas marginadas, así como del ciudadano “corriente” .

Dadas sus características particulares sería de esperar que no sean valorados con base en los avances tecnológicos que impone el mercado sino por su capacidad de autogestión y sostenibilidad.

Así mismo, Gutiérrez (2007) sostiene: (…) “un principio fundamental del desarrollo rural es el manejo sustentable de los recursos naturales- el agua entre ellos- como instrumento para el desarrollo de la productividad”.

La gestión comunitaria de los sistemas de agua y saneamiento implica que las comunidades asumen la administración, operación y mantenimiento de los acueductos comunitarios, con criterios de eficiencia y equidad.

Pero más que la autogestión del agua los acueductos comunitarios permiten crear en torno a ellos procesos de identidad, arraigo y trabajo colectivo y constituyen una alternativa para resolver conflictos.

Otro aspecto sumamente relevante es:

Son entidades complejas, en sentido, histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país. Como tales son instituciones diversas, integrantes del patrimonio público nacional por su condición sociocultural y territorial, y por su objeto público, el agua como bien común y derecho fundamental. (Correa, 2016. P. 14)

Huracanes privatizadores

Lamentablemente, pese a estas cualidades particulares que hacen tan valiosos a los acueductos comunitarios ellos son amenazados por el modelo económico imperante en Colombia y el mundo.

El neoliberalismo extendió su lógica de mercado a todas las actividades humanas y determinó las atribuciones del Estado y el capital promoviendo la privatización ⁸del agua como recurso natural y como servicio mientras el Estado se limita a una función reguladora tal cual lo exigió el Consenso de Washington.

Según Rosenberg, Horst et al. (2003) la reforma sustancial de la política del agua ⁹impulsada por el neoliberalismo reemplazó una concepción garantista de gratuidad para quienes no pueden pagar por ella, a su mercantilización.

En Colombia, los acueductos comunitarios son reconocidos legalmente como prestadores del servicio de agua en zonas rurales y algunas urbanas, pero no existen políticas públicas orientadas a la promoción de la autogestión del agua, a nivel local que garanticen su continuidad como prestadores del servicio. (Dupuits y Bernal).

Por el contrario, estos enfrentan otro problema y es el cumplimiento de requisitos propios de otros prestadores del servicio con músculo financiero y propósitos diferentes como el ánimo de lucro.

La Ley 142 de 1994 desconoce la naturaleza y características particulares de los acueductos rurales como se evidencia en el siguiente artículo:

“Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta”. (Artículo 3, numeral 3.9.) (Subrayado propio).

Por eso, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia, en el Acta de Declaración Pública Acueductos Comunitarios explica el riesgo al que se enfrentan:

Se encuentran en riesgo, por una parte a través de la propia legislación que privatiza el uso del agua y lo introduce como una mercancía más de consumo administrada por el modelo empresarial (…) por la implementación del modelo económico extractivo de los recursos naturales a través de la minería, la ganadería extensiva, los proyectos agroindustriales, de deforestación, de infraestructura vial entre otros, que atentan contra la biodiversidad, y las fuentes de agua cuidadas desde las Comunidades Organizadas. (Subrayado propio).

De igual manera, esta Red ha manifestado que la normatividad amenaza su existencia como prestadores del servicio público del agua. Hacen alusión a documentos Conpes (3383 de 2005 y 3463 e ntre otros), l os Planes Departamentales de Agua y el Plan Carrasquilla como parte de la ola privatizadora que con un referendo* del agua pretendieron frenar hace diez años.

Así mismo argumentan que el Documento Conpes 3463 de 2007 y las leyes 1151 y 1176 de 2007 ¹⁰trazan las políticas que: “buscan arrebatar la prestación de los servicios públicos a las entidades municipales ¹¹, donde ellos proveen el servicio de agua, e impone estos procesos de transformación empresarial”.

La Red denuncia que las políticas actuales mercantilizan el acceso ¹²y suministro de agua entregándolo a las APP, empresas mixtas, operadores especializados multinacionales, desconociendo que se trata de un fin esencial del Estado, de un derecho humano fundamental y a estas no les importa la conservación de los ecosistemas y el respeto al ciclo hídrico.

Este concepto es compartido por Correa (2006) quien asegura: “La formalización y legalización neoliberal que exige la ley de servicios públicos se propone liquidar los acueductos comunitarios, profundizando la entrega del monopolio regional de la gestión del agua y del servicio a grandes empresas multinacionales (…)”

Un ejemplo concreto de cómo, poco a poco, las exigencias del modelo empresarial han afectado estos acueductos ocurre en Cachipay (Cundinamarca). Allí los usuarios sienten que, bajo la Ley 142 de 1994, perdieron su autonomía y los procesos a los que se han sometido los obligado a entrar en la lógica de la competitividad empresarial sin comprenderla. (Barahona, 2017).

Lo más grave de acuerdo con Barahona (2017) es que esto ocurre: “Olvidando sus principios de economía solidaria para entrar en una escala de rentabilidad con el pensamiento de que esto sí les proporciona organización y justificación del dinero el cual cada usuario paga por el agua consumida”.

Por ello surge una preocupación real por parte de las comunidades debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de su papel como actores clave en la prestación del servicio; por el contrario, los desarrollos legislativos y los planes nacionales de desarrollo tienden a arrinconarlas hasta al punto de propiciar su eventual desaparición.

Resistencia comunitaria

Pero las comunidades organizadas resisten. Moncada (2013) señala que en Colombia existen aproximadamente doce mil las organizaciones comunitarias que proveen servicios públicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores rurales en el país.

Los prestadores comunitarios han sobrevivido, por años, a las reformas administrativas en las que se les desconoce y minimiza. De acuerdo con Quintana (2016) es fundamental reconocer que las estrategias de las poblaciones para acceder al agua, en coexistencia con los esquemas estatal y privado, son una manifestación de resistencia frente a las decisiones privatizadoras.

Es importante procurar conservarlos porque constituyen instituciones populares diversas, integrantes del patrimonio público nacional, por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto, orientado a la consecución del bien común.

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios defiende la gestión pública y comunitaria del agua, sin ánimo de lucro, desde los valores y principios de la economía social y solidaria y rechaza, categóricamente, su entrega al mercado.

Y critican el Decreto 1898 de 2016 sobre cual arguyen: “aparentemente nos permiten existir, pero nos imponen estándares propios de prestadores empresariales ¹³ (…) el enfoque diferencial es usado para establecer una categorización que los reduce, a simples soluciones alternativas transitorias .

Una evidencia de ello es que a pesar de que la Superintendencia de Servicios Públicos cuenta con la delegatura para pequeños prestadores son evaluados con los estándares utilizados para los grandes prestadores.

Por ejemplo, la Superservicios firmó un programa de gestión ¹⁴con la Junta Administradora del Barrio Clarita Botero, Acuaclarita porque no tenía actualizada la información del Registro Único de Prestadores (RUP) y la facturación. Igualmente, no cumplía con los requisitos previstos en la Resolución 375/06 de la CRA, aplicaban una tarifa única de 11 mil pesos, la concesión de aguas vencida y tenía algunas fallas técnicas encontradas en el diagnóstico hecho el 2 de marzo de 2018.

Por su parte, el Acueducto Comunitario de los barrios Unidos de Mocoa, organización autorizada con menos de 2.500 suscriptores, creada mediante la Resolución 3787/91, fue visitada por la superintendencia y encontró que no había actualizado su información en el RUP, el 30 de marzo de cada año. Asimismo tenía un pasivo debido a deudas y una cartera no recuperadas, no contaban con macro-medidores, la información financiera atrasada y había falencias en la evaluación de la calidad del agua. Todo esto sin tener en cuenta que esta pequeña asociación resistió la tragedia que azotó a Mocoa hace apenas dos años.

Por estas, entre otras razones, es fundamental insistir en que el Estado debe reconocer que los acueductos comunitarios son diferentes a los demás prestadores del servicio público del agua y que son guardianes del territorio y del agua. Las demandas de las comunidades organizadas son claras, pero el Estado –y sus diferentes gobiernos- no responden a sus demandas.

Ni tampoco toman en consideración antes de desarrollar nuevas normatividades fallos como el T-225 de 2015 ¹⁵que resaltan la labor de los acueductos rurales como proveedores de agua que permiten a las comunidades vivir en condiciones dignas.

En esa decisión la Corte insistió en que el Estado debería apoyar las iniciativas comunitarias para la creación de acueductos rurales o veredales , los cuales, por supuesto, deben tener un sistema de captación y plantas de tratamiento para asegurar que sea potable.

Y añadió que: “el apoyo de la administración no puede ser un asesoramiento técnico sino que debe traducirse en acciones concretas para que el acueducto funcione adecuadamente (…) y se elimine cualquier situación de riesgo en relación con la calidad del agua que pueda generarse en la incapacidad del acueducto de atender sus propias problemáticas”.

No obstante estos pronunciamientos jurisprudenciales, los acueductos comunitarios afrontan tratos inequitativos por lo que muchos han dilatado su legalización; otros, ya formalizados, buscan apoyo en otras organizaciones y agentes externos para cumplir con los requerimientos exigidos y mejorar su desempeño. (Depuits y Bernal).

Lecciones de otros países

Pero estos retos que afrontan los acueductos comunitarios no son exclusivos de Colombia ya que en otras latitudes hay algunos similares y otros diferentes y también fortalezas. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución de 2008 reconoció oficialmente a los sistemas comunitarios como actores de la gobernanza del agua.

Lamentablemente, a pesar de que el artículo 318 ¹⁶de la Constitución ecuatoriana declaró el agua como un derecho fundamental e inalienable derecho humano y prohibió el manejo privado de este recurso, a favor de una modelo híbrido a través del apoyo entre lo público y lo comunitario por medio de asociaciones entre gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para proveer el servicio del agua y saneamiento, no se ha materializado.

La Constitución ecuatoriana dispuso que estos debían trabajar mancomunadamente con actores públicos. Sin embargo, la histórica e inequitativa distribución del agua, 92% de los habitantes urbanos tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico mientras solo el 39% de los habitantes rurales tienen agua y el 25% de saneamiento básico, que ha provocado diversos conflictos y la prevalencia de la desconfianza mutua entre las partes han impedido la consolidación del propósito buscado por la Constitución. ( Dupuits y Bernal, 2015).

África

Entre tanto una pequeña africana, de Uchira, villa del Distrito Rural de Moshi, cuenta con la organización comunitaria UWUA la cual presta el servicio del agua a través de un equipo¹⁷ profesional encargado. Esta se encarga de la operación manteniendo el suministro del agua y la recolección del dinero por parte de los suscriptores.

La propiedad comunitaria de UWUA se formaliza a través de una membresía que les permite a los miembros contribuir con el mejoramiento del servicio por medio de contribuciones en dinero o especie, con donaciones de trabajo u otras.

Si bien esta organización tiene muchos aspectos positivos, como la propiedad y participación comunitarias, una crítica al modelo es la desconexión entre la eficiente prestación del servicio y la responsabilidad por el suministro por parte de las entidades locales, pues no se especifica la responsabilidad de estas, frente a los usuarios. (Cleaver y Toner, 2006).

Entre tanto en Yemen, olvidado por muchos, además de los graves problemas políticos, la guerra, la hambruna y muerte constante de niños, otro reto que han enfrentado es el acceso al agua al nivel local.

En ese país el manejo local del agua es considerado importante y quizás el único mecanismo para atender las necesidades básicas de los más marginalizados y pobres.

En ese contexto surgió una asociación de usuarios del agua (WUAS), que funciona como unidad local de gobernanza del agua, bien reconocida y con un alto nivel de aceptación por parte de la población.

Sin embargo, esta organización dedicada a ayudar a la agricultura local y los pobladores ha enfrentado obstáculos tales como el hecho de que en el pasado un propietario privado se beneficiara de la irrigación en su operación agrícola lo cual dejó en evidencia un conflicto de interés por parte de uno de los miembros de la asociación y la inexistencia de una estructura de rendición de cuentas.

Pero a pesar de estas dificultades, la comunidad se destaca por el manejo apropiado de los recursos hídricos y la búsqueda de una forma cada vez más equitativa de acceso al agua y por intentar reforzar la ley del agua en beneficios de las comunidades más vulnerables. (Iveson y Alderwish, 2018).

Conclusiones

Después de describir que son los acueductos comunitarios y veredales, su razón de ser y establecer las diferencias con el resto de los prestadores de servicios públicos y los retos que enfrentan es importante hacer algunos aportes acerca de posibles formas de propiciar su existencia en medio de una economía social de mercado.

Estas breves reflexiones finales apuntan a proponer algunas estrategias para mejorar las condiciones en que funcionan los mismos teniendo en cuenta su importancia no solo como prestadores del servicio si no como generadores de identidad territorial y como conservadores de los recursos hídricos.

Luego de observar como la normatividad amenaza su supervivencia mientras las comunidades resisten los vientos privatizadores resulta indispensable solicitar, en un escenario ideal, en el diseño de una política pública que tenga en cuenta sus peculiaridades y la expedición de una norma especial que corresponda a sus características particulares.

Con base en esta norma o modificación de la Ley 142 de 1994 se podrían presentar documentos Conpes que aboguen por su supervivencia y la delegatura de pequeños prestadores de la Superintendencia de Servicios dispondría de una norma especial para aplicarle a ellos sin que ello signifique, por supuesto, un detrimento en materia de calidad, potabilidad y acceso del agua.

De llevarse a cabo esta modificación será más probable que muchos de los acueductos comunitarios no formalizados se animen a hacerlo sabiendo que habrá un trato diferenciado para estos.

De igual manera, se insiste en la prestación de un servicio profesional que permita dedicar un tiempo, hacer prácticas en estos proyectos comunitarios para asegurar el acceso a este recurso indispensable para la vida humana.

Por último, si Colombia no tuviera un modelo económico y planes de desarrollo enfocados en el neoliberalismo y las locomotoras mineras, cada vez mejor aceitadas, podría pensarse incluso en un Acto Legislativo que permita una reforma constitucional para garantizar al menos la existencia, por esta vía de los acueductos comunitarios, aunque lo ideal hubiera sido tener como en Ecuador un artículo que prohíba la privatización del agua y las nefastas consecuencias que esto ha tenido en países como Chile.

Referencias

Informes en línea

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http://redacueductoscomunitarios.co/documentos/observaciones-al-proyecto-de-decreto-sobre-registro-de-usuarios-del-recurso-hidrico/

http://redacueductoscomunitarios.co/sin-categoria/la-alianza-por-el-agua-para-el-departamento-del-cauca-firma-acuerdo-por-la-gestion-comunitaria-del-agua/

Jurisprudencia

C-741/03.

T-225/15.

T-245/16.

T-338/17.

Libros online

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Rosenberg, Horst et al. (2003). Agua, ¿Mercancía o bien común? Alikornio. Barcelona, España.

https://www.traficantes.net › libros › agua-¿mercancía-o-bien-común

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https://www.minambiente.gov.co › conpes › 2008 › Conpes_3550_2008

Conpes 3810 de 2014. Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural. Bogotá D.C. Recuperado de

www.minvivienda.gov.co › conpesagua › 3810 – 2014

Normatividad colombiana.

Constitución Política Art. 365

Ley 142 de 1994, art. 15. Numeral 4.

Ley 454 de 1998.

Ley 1151 de 2007.

Ley 1176 de 2007.

Decreto 421 de 2000.

Decreto 1714 de 2012,

Resolución 3787/91.

Decreto 1898/16.

Resolución 825/17 de la CRA.

Resolución 844/18 de la CRA.

Resolución 375/06 de la CRA.

Decreto 1575/07 (Superservicios)

Resolución conjunta 2115/07 (Superservicios)

Circular 74/08 (Superservicios)

Normatividad internacional

Constitución de Ecuador art. 318.

Resolución 64/292 ONU.

Artículos de revistas en línea

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Moncada, J. Pérez, C y Valencia, G. D. (2013). Comunidades organizadas y el servicio público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso común. Revista Ecos de Economía, No. 17(37). Recuperado de www.water-alternatives.org

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Tesis

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https://bdigital.uexternado.edu.co › handle

Notas:

1 La Corte aclaró que la noción “organizaciones autorizadas” no es asimilable a la de “comunidades organizadas” porque la primera abarca a un cúmulo de prestadores, dentro de los cuales pueden incluirse a particulares que se organicen para la prestación del servicio, pero no a través de la figura de empresa. Engloba las organizaciones de economía solidaria como las cooperativas y a otra clase de comunidades organizadas, se interpreta que estas se encuentran comprendidas dentro de la denominación “organizaciones autorizadas”.

2 De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia T-245/16 indicó que con el fin de garantizar el derecho al agua y el servicio público de acueducto, en Colombia, existen diversos actores que pueden prestarlo.

3 Una comunidad organizada es un grupo de personas que durante años ha desarrollado proyectos políticos, económicos, espaciales o culturales y se caracterizan por su capacidad de autogestión, asociación, igualdad de derechos y deberes de sus integrantes y la participación comunitaria.

4 L a Corte Constitucional en el fallo C-741/03 analizó una demanda de constitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 142/94 pues el accionante consideraba que esta norma restringía las organizaciones autorizadas para la prestación de los servicios públicos y concluyó que esta ley no era contraria a los postulados previstos en la Constitución, y determinó como debían interpretarse ciertos artículos para que se entendiera constitucional.

5 El 28 de julio del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, de forma explícita, a través de la Resolución 64/292 , el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta recoge el marco legal internacional que el acceso a un agua potable y a un saneamiento adecuados es esencial para la realización de todos los derechos humano.

6 En relación con la garantía del derecho humano al agua, los acueductos comunitarios están obligados, al igual que las empresas prestadoras del servicio, a garantizar un mínimo de agua para consumo humano a las personas, de acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Corporación (…) pero incluso si los servicios públicos y los derechos fundamentales son garantizados por privados o asociaciones de usuarios, el Estado debe estar presente en la verificación de las formas de prestación del servicio. T-245/16.

7 Sin embargo, aclaró la Corte en la Sentencia T- 338/17 Estado es el principal obligado en torno a la satisfacción y garantía del derecho al agua (…) debe concurrir diligentemente cuando los acueductos comunitarios lo requieran (…) la existencia de acueductos comunitarios no es una forma en la que el Estado se exime de responsabilidad frente a la prestación del servicio. En estos escenarios, no asume directamente algunas de las obligaciones, pero sin lugar a dudas, debe acompañar las medidas adoptadas y, en especial, debe contribuir decididamente a la superación de las dificultades que se les presenten.

8 Según Barlow y Clarke (2004) hay tres modelos de privatización de las empresas de servicios públicos de acueducto: 1) la venta por parte de los gobiernos a empresas privadas de los servicios de tratamiento y suministro del agua pública; 2) la concesión de licencias de explotación del suministro público de agua a concesionarias que mantienen y cobran el servicio y 3) la contratación de una empresa para que gestione el servicio del agua a cambio de un precio. El modelo más aplicado en el tercer mundo es el segundo a través de sociedades público-privadas o alianzas público privadas.

9 Las instituciones financieras y las empresas de servicio a nivel mundial plasmaron la nueva estrategia mediante la creación de organismos como el Consejo Mundial del Agua , fundado en 1996 por el Banco Mundial . Este consejo tiene como fin elaborar una visión global de la gestión del agua que influya en la política internacional del recurso hídrico. Las principales plataformas de divulgación de este Consejo son los Foros Mundiales del Agua. Un brazo ejecutor de las estrategias de mercantilización del agua es Global Water Partnership (GWP) creada en 1996 por casi todos los que pertenecen al Consejo Mundial del Agua. Su principal actividad es asesorar a los gobiernos de países del sur, en el manejo práctico y las modificaciones de los marcos legales necesarios, con el fin de hacer económicamente viables las privatizaciones.

10 “La Ley 1176 de 2007 le dio vida al mecanismo de financiación con el que los municipios pueden comprometer recursos del SGP y fue utilizado por el Ministro Carrasquilla para crear en 2008, Konfigura, la empresa que gestionó y estructuró los bonos de agua” denuncia la Red.

11 “La política de transformación empresarial y la normativa que de ella se deriva bajo la estrategia de “focalización y eficiencia financiera” obliga a los municipios a delegar el manejo de los recursos públicos para agua y saneamiento básico que le corresponden por el Sistema General de Participaciones -SGP- (1), a través del compromiso de pignoración de vigencias futuras excepcionales giradas a fiducias privadas, durante tiempos prolongados que van de 5 hasta 20 años, sin posibilidad de pagar la deuda antes del plazo pactado”, denuncia la Red.

12 El 30 de septiembre de 2019 enviamos como Red Nacional de Acueductos Comunitarios nuestros comentarios y observaciones al proyecto de decreto que reglamenta parcialmente el artículo 279 “Dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico, manejo de aguas residuales y residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales ” de la ley 1955 de 2019, la cual corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. A continuación les compartimos las observaciones enviadas.

13 La Red hace énfasis en que se les permite continuar con la prestación, pero imponiéndoles los requerimientos en materia tarifaria que se le exigen a organizaciones con ánimo de lucro ( Resoluciones 825 de 2017 y 844 de 2018 de la CRA) y respetando el apoyo decidido del Estado al sector corporativo y extractivista. Han denunciado públicamente que les exigen lo mismo que a los privados en cuanto a la concesión de aguas y que la vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es realizada con base en los estándares tecnológicos del tratamiento del agua y de ciertas calidades del agua que están en condiciones de cumplir con facilidad las empresas y no ellos. (Decreto 1575 de 2007, Resolución Conjunta 2115 de 2007 y la Circular 74 de 2008).

14 De acuerdo con la Superservicios este mecanismo de vigilancia especial y esta herramienta permiten asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de manera continua e implementar los correctivos necesarios.

15 La corporación precisó que: “(…) los usuarios rurales encuentran, a través de la conservación y protección de lo que ellos han construido, un nivel de subsistencia digno y adecuado, en relación con las circunstancias que los rodean. De esta manera, al haber sido levantados como empeños comunitarios, familiares o vecinales, con legitimidad social y formas de organización y niveles de formalidad diversos, esos mismos ejercicios colectivos contribuyen a la articulación social y a la creación de fuertes lazos comunitarios alrededor de los mismos. Por ende, en muchos casos, estos acueductos no solo generan la prestación del servicio público de agua para sus beneficiarios, sino que también fomentan el crecimiento económico, la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la preservación de valores culturales y sociales de la comunidad a la que pertenecen (…) La administración municipal tiene a su cargo, en virtud de la Constitución y de las normas que la desarrollan, asistir a la comunidad a través de apoyo técnico, jurídico y financiero, para superar las falencias en la prestación del servicio, sin que la ubicación geográfica, por no hacer parte del casco urbano, sea una razón para que la administración se desentienda de lo que allí ocurra. (Subrayado propio).

16 Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.

17 En esa comunidad el agua es manejada por un trabajador independiente la lleva a los grifos públicos y las conexiones privadas. El equipo incluye un director general, contadores y personas de afuera de la comunidad que tienen los conocimientos técnicos necesarios para el trabajo. Esta organización recoge dinero por intermedio de donantes para asegurar la sostenibilidad de su proyecto.

Fernanda Sánchez Jaramillo, periodista profesional, magister en relaciones internacionales.

Autora: Fernanda Sánchez Jaramillo

Natalio (1978)

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Venezuela: Un Estado que niega el desarrollo profesional docente

diciembre 20, 2019diciembre 19, 2019María Margarita Galindo Gómez

Un Estado que niega el desarrollo profesional docente

Maria Margarita Galindo

Estando en presencia de la mayoría de defensas de tesis doctorales en el Instituto Pedagógico de Miranda una de las características principales que presentan los ponentes está asociado en que la mayoría de ellos tienen la particularidad de presentar el conocimiento más actualizado en el área que corresponda y que ha sido afín con su línea de investigación.

Así tenemos que una de ellas, quien antes debió sortear muchas horas de carretera entre las complejidades de la falta de combustible o “alcabalas” móviles, la tesista comenzó a presentar su trabajo titulado: “Una aproximación teórica en torno al desarrollo profesional docente”, siendo desde mi perspectiva, que lo más ilustrativo era su lenguaje sencillo, pero muy capaz de atrapar hasta los más distraídos. Un lenguaje que en esencia cualquier tesista o profesional docente quisiera tener con el propósito de ser comprendido y no un charlatán académico, razón por la cual, esta joven en su hablar nos demostraba que llegó involucrarse con esa realidad que estudiaba desde el mismo momento en que eligió semejante esfera de investigación.

Escuchar esta investigación nos demostró que el desarrollo profesional docente comienza por escuchar las voces de los actores principales que no son más que nuestros docentes, comprender las necesidades humanas del docente es pieza fundamental en este anhelado desarrollo. Como quien dice el discurso escrito debe ser superado a través de la acción social, porque el docente no es un depositario de políticas publicas y de cada invento mal planificado que se le ocurra al gobierno de turno, y por ende, al pensar en las necesidades de cada docente, en sus saberes, en el manejo de emociones, resulta indispensable pensar en el profesional de la docencia como un ser humano y que es el actor principal del eje de desarrollo de un país, es decir, la educación.

En particular, la educación venezolana es una muestra de mirar al docente como el actor que ejecuta políticas públicas donde su voz es la menos escuchada. De hecho, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) llama a nuestros docentes a “congresos pedagógicos” donde no hay libertad de temas, lo único que importa son los “programas:” Todos manos a la siembra, Conucos o gallineros escolares, o cualquier otra inventiva presidencial.

Ante ello, ¿Dónde quedan los docentes que no sienten afinidad con estos temas? ¿En qué proporción queda el hacer, ser y saber de las ciencias sociales y naturales? ¿Dónde quedan los espacios para el desarrollo de investigaciones, si y sólo si el desarrollo de la educación venezolana es netamente docente? Es decir, como puede atenderse la educación mientras tenemos aulas saturadas de estudiantes, infraestructuras cayéndose y con poca o ninguna calidad de servicios básicos como agua y electricidad si es que existen en lo que nos queda de entorno social y educativo.

El desarrollo profesional docente comienza en el desarrollo del ser humano que representa cada docente, con necesidades, intereses, potencialidades, con emociones, con alegrías y tristezas, con ganas de dejar huellas para el desarrollo de la vida de nuestros estudiantes. Escuchar y atender a nuestros docentes es también escuchar las voces de nuestros niños y jóvenes que claman conocimiento actualizado y en libertad. Las políticas públicas educativas tienen que ser incubadas desde la realidad docente, de allí depende su éxito o su fracaso. La historia siempre nos dirá la verdad, y en el caso de Venezuela, tenemos un “Estado” que niega el desarrollo profesional docente.

Autora: Maria Margarita Galindo

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En defensa de Julian Assange

diciembre 20, 2019diciembre 19, 2019Sally Burch

En defensa de Julian Assange

Sally Burch

El libro In Defense of Julian Assange<href=»#sdfootnote1sym»>¹, publicado recientemente (en inglés) por OR Books, aporta nuevas luces al debate en curso en torno a este periodista-editor y la entidad mediática que fundó, WikiLeaks. Editado por Tariq Ali y Margaret Kunstler, el libro explora diferentes facetas del trabajo de Assange y sus contribuciones a la revelación de información clave de interés público que los gobiernos interesados han intentado ocultar. Expone la ofensiva mediática para desacreditarlo, y examina las implicaciones del enredo legal al que se ha enfrentado en el Reino Unido, Suecia y los Estados Unidos.

Con profunda preocupación, varios de los autores y autoras aportan su testimonio sobre el actual estado de aislamiento del periodista en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres; otros relatan aspectos de su anterior estadía durante siete años en la Embajada ecuatoriana y su posterior expulsión, el pasado mes de abril. El 23 de septiembre pasado, se completó su sentencia de seis meses por violar la libertad bajo fianza en el Reino Unido, pero él sigue detenido a la espera de la decisión de los tribunales británicos sobre la solicitud de extradición de los Estados Unidos, en una audiencia que tendrá lugar en febrero de 2020.

Los cargos que enfrenta Assange en Estados Unidos, que podrían significar la cadena perpetua, se presentan como una gran amenaza para la libertad de prensa. Así lo dice James Goodale –el abogado que defendió al New York Times en el caso de los Documentos del Pentágono– citado en la contraportada del libro: «La acusación contra Assange por ’conspirar’ con una fuente es la más peligrosa que pueda recordar con respecto a la Primera Enmienda, en todos mis años representando a organizaciones mediáticas». Varios autores denuncian que esta amenaza significa que cualquier periodista de cualquier país que investigue asuntos de seguridad podría ser acusado por el sistema judicial estadounidense por buscar información que el gobierno estadounidense no desee que se revele.

Un tema recurrente a lo largo del libro es la violación del debido procedimiento judicial que Julian Assange sigue enfrentando. Se presentan pruebas de manipulación en la investigación sueca sobre agresiones sexuales, que inició en 2010 (poco después de que WikiLeaks publicara los documentos secretos de guerra estadounidenses sobre Afganistán e Irak, entregados por Chelsea Manning), en particular, que el Reino Unido estaba instando a las autoridades suecas a que continuaran la investigación, a pesar de la ausencia de pruebas, y que no consideraran el caso como ‘una simple solicitud de extradición más’.

Además, como afirman los editores en su introducción, «si viviéramos en un mundo en el que se respetaran las leyes, la acusación contra Assange por no haber asistido a una audiencia de libertad bajo fianza (un delito menor) habría resultado en una multa o una pena de prisión breve, seguida de la puesta en libertad y el regreso a su Australia natal». Pero, añaden, tanto el Reino Unido como Australia son sumisos a las demandas de EE.UU., y EE.UU. necesita dar ejemplo, como advertencia a otras personas para que no sigan el camino de WikiLeaks.

Difamación

Uno de los temas centrales del libro es la campaña de difamación dirigida explícitamente contra Julian Assange desde todo el espectro político y mediático. La introducción expone que «la acusación de espionaje de Estados Unidos contra Assange muestra que ha sido víctima de operaciones psicológicas –rumor, desinformación y noticias falsas– diseñadas para destruir su reputación y difamar su carácter». Una de ellas fue la campaña de desprestigio a principios de este año en la prensa ecuatoriana y mundial, aludiendo a sus supuestos «hábitos sucios», diseñada para minimizar las reacciones de rechazo a su detención.

Mientras que Assange y sus abogados han sostenido constantemente que la razón principal por la que buscó protección en la embajada ecuatoriana era evitar la extradición por espionaje, los medios de comunicación han insistido en lo contrario, restándole importancia a la amenaza de los Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que las acusaciones de los Estados Unidos se presentaran inmediatamente después de su expulsión de la Embajada demuestra que estos temores estaban bien fundados.

En las diferentes secciones del libro, Caitlin Johnstone responde una por una a las acusaciones que a menudo hacen los críticos de Assange y cita hechos concretos para desacreditar una serie de mitos y mentiras difundidos por los medios de comunicación.

Los fundamentos filosóficos de WikiLeaks

Una sección de la publicación explora las implicaciones más amplias en términos de Internet, la censura y el periodismo científico. En esta sección, Slavoj Žižek pregunta: «¿Por qué ahora?» Su respuesta es: Cambridge Analytica: «un nombre que representa todo lo que Assange es, por lo que lucha: los vínculos entre las grandes corporaciones privadas y las agencias gubernamentales». Este autor explica que el mayor logro del nuevo complejo cognitivo-militar, y que a menudo reemplaza el uso de la opresión directa, es la comprensión de que: «Los individuos están mucho mejor controlados e ’inducidos’ a tomar la dirección deseada cuando continúan sintiéndose a sí mismos como agentes libres y autónomos de su propia vida». Quienes están en el poder tratan de minimizar el escándalo de Cambridge Analytica como un caso particular de ‘uso indebido’; Assange ha expuesto esas relaciones del ‘estado profundo’ y por lo tanto tiene que ser silenciado.

Otros temas examinados y documentados son el debate en torno a los aciertos y errores de la publicación por WikiLeaks de documentos sin expurgar datos sensibles, las implicaciones de la publicación de los correos electrónicos de Clinton y su impacto en el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., junto con la supuesta conexión entre Assange y Rusia. Otras contribuciones se centran en el legado de Assange y WikiLeaks.

La publicación finaliza con el texto de la acusación de 18 cargos formulados contra Assange por el sistema de justicia estadounidense, que podrían sumar una sentencia de 175 años de cárcel.

Precisamente por esta razón, estamos en un momento crítico para construir el apoyo a Assange e impedir su entrega a la administración estadounidense, no sólo para proteger sus propios derechos humanos y su integridad física y mental, sino también para defender la libertad de expresión y el periodismo de investigación a nivel mundial. Por lo tanto, esta publicación está concebida, como su título indica, como una contribución a la defensa de Assange. Este desafío ha adquirido una nueva urgencia, puesto que el lanzamiento del libro coincidió con la publicación por parte de 60 médicos de una carta en la que denuncian que el periodista podría morir en prisión si no recibe tratamiento médico inmediato y adecuado.

Unos 40 escritores han contribuido con contenido, entre ellos Noam Chomsky, Daniel Ellsberg, John Pilger, Vivienne Westwood, Pamela Anderson y la autora de este artículo.

– Sally Burch es una periodista británica-ecuatoriana y directora ejecutiva de ALAI. Es una de las autoras del libro In Defense of Julian Assange.

<href=»#sdfootnote1anc»>1 Tariq Ali, Margaret Kunstler (ed.), 2019. In Defense of Julian Assange, OR Books, Nueva York. https://www.orbooks.com/catalog/in-defense-of-julian-assange/</href=»#sdfootnote1anc»>

https://www.alainet.org/es/articulo/203564?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina

De la misma autora:

· « En défense de Julian Assange » 02/12/2019

· «En defensa de Julian Assange» 29/11/2019

· “In Defense of Julian Assange” 29/11/2019

· Towards digital justice 28/06/2019

· Hacia la justicia digital 28/06/2019

· The digital invasion of our bodies and minds 22/01/2019

· La invasión digital de los cuerpos y las mentes 22/01/2019

· Julian Assange cornered 30/11/2018

· Julian Assange encerclé 29/11/2018

· Julian Assange acorralado 28/11/2018

Fuente de la Información: https://www.vientosur.info/spip.php?article15374

Autora: Sally Burch

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El mundo debe cambiar de base

diciembre 19, 2019diciembre 16, 2019Catherine Samary

El mundo debe cambiar de base

Catherine Samary

De entrada quisiera adherirme a la delaración de La Vía Campesina con motivo de la COP25 desplazada de Santiago de Chile a Madrid: «[La Vía Campesina] une su voz de resistencia a la del pueblo chileno» y «con derechos y en democracia, seguiremos haciendo justicia social y climática». Al igual que La Vía Campesina, hay que denunciar «la cooptación de la CMNUCC por corporaciones transnacionales y sus gobiernos defensores», que es la causa de «las múltiples contradicciones en el Acuerdo de Paris (COP21), incluyendo su carácter no vinculante y su incapacidad de superar lógicas de mercado». Son estos, «mecanismos de mercado que permitirán a algunos países –y sus transnacionales- seguir contaminando sin cesar a costa del clima y de los derechos», los que determinan de antemano el fracaso de la COP25.

Ahí reside también la responsabilidad criminal de las políticas que aceptan los Tratados de pseudo-libre cambio (entre desiguales) elaborada desde hace años y que no respetan ni los derechos sociales ni medioambientales, mientras que sus tribunales privados ad hoc protegen el «derecho de competencia» impulsado por las multinacionales. Desde hace décadas, las instituciones de la globalización y las fuerzas políticas que las impulsan han expandido este denominado derecho, legitimándolo de forma pseudo-científica (por consiguiente, indiscutible) en nombre de un pseudo interés general que derivaría de la competencia «libre y no distorsionada»: mediante una trasposición paradójica, la protección de los derechos sociales y medioambientales, que deberían ser objetivos universales, son tratados como corporativos, mientras que los criterios de la competencia mercantil se presentan como de ¡interés general!

Esto es también lo que se supone que la Comisión europea debe incorporar en nombre de la lógica de los Tratados de la Unión Europea. Y es esto lo que tenemos que deconstruir, deslegitimar y poner en cuestión: contra los climato falsificadores del ámbito científico y los poderes dominantes, «con derechos y en democracia».

Comparto en lo fundamental los análisis de Daniel Tanuro tanto sobre el imposible capitalismo verde como que [la crisis climática] no deriva de una fatal naturaleza humana en el Antropoceno 1/.

Desarrollaré el debate partiendo sobre el llamado giro neoliberal que se impuso en Chile contra Allende y cuyo epicentro estaba en el corazón de un orden imperialista en crisis en aquellos momentos. Es partiendo de lo que amenazaba en los años 1960-1970 ese orden como se pueden encontrar las raíces del llamado giro neoliberal. Tras describir sus rasgos más generales, quisiera plantear las causas más profundas del antropoceno para combatir todo fatalismo sobre la naturaleza humana o el productivismo.

Crisis de costes, pero ¿para quién?

Las llamadas políticas neoliberales impuestas en los países dominantes desde los años 1980 tenían como objetivo dar una respuesta a la manifiesta crisis de costes de los años 1970. Pero, lejos de ser técnica o de naturaleza económica abstracta, esta crisis encubría las transformaciones en la relación de fuerza sociales y geopolíticas mundiales en dos ámbitos fundamentales para los beneficios: las relaciones salariales y las relaciones coloniales mundiales subyacentes a la producción/distribución de la energía. Todo ello en medio de un incremento de la puesta en cuestión de las relaciones de dominación a nivel mundial.

Se trataba pues de un sistema de dominación que estaba amenazado. El nuevo capitalismo, fruto de los profundos cambios de los años 1980, al liberar el trabajo del Estado social» (peor, socialista!) y de sus garantías (no para mejorarlas, sino para destruirlas), pretendió responder a las aspiraciones de autonomía, sobre todo de la juventud, frente a unas relaciones estatales y burocráticas,. Al hacerlo, se pusieron en cuestión todos los derechos colectivos que permitían resistir a la pura lógica del beneficio mercantil, se tratara de los derechos laborales o los servicios públicos. La revolución tecnológica, la financiarización de la economía y la organización de la competencia de la fuerza de trabajo a nivel mundial se pondrán al servicio de ese objetivo. En paralelo, en esa misma fase histórica, las nuevas guerras de civilización camuflaron objetivos estratégicos de reconquista neocolonial para el control de los recursos energéticos. Estos no sólo eran (ni en principio) escasos, y por tanto caros, como afirman los esquemas dominantes: en primer lugar, se hicieron más caros para los países dominantes confrontados a la rebelión de los países productores frente a las multinacionales estadounidenses que durante décadas impusieron un precio administrado para la distribución del petróleo con el objetivo de maximizar sus beneficios.

Por tanto, la denominada crisis del petróleo de los años 1970 fue, de entrada, una crisis de la dominación imperialista de EE UU y del dólar en el contexto de un ascenso de las revoluciones anticolonialistas y de la guerra en Vietnam, que en esos años estaba muy cuestionada por la juventud en el seno de todas las grandes potencias capitalistas. Así pues, esta crisis encareció los costes del conjunto del aparato productivo y de consumo que a nivel mundial se basaba en un petróleo barato. Desgraciadamente, como se pudo comprobar después, los petrodólares derivados de esta nueva renta no beneficiaron a las poblaciones de los países productores. Y en los países dominantes la estanflación (ralentización del crecimiento + inflación debida a múltiples causas) reforzó la puesta en cuestión ideológica de las políticas de inspiración keynesiana, que habían sido dominantes hasta entonces, desde una perspectiva neoliberal. La dinámica antisocial y, por consiguiente, antidemocrática que se impuso durante los años 1980 se vio reforzada por la ausencia de una alternativa socialista coherente 2/.

Frente a una crisis del orden mundial derivada de la crisis de los beneficios en los países capitalistas dominantes, el contraataque a todos los niveles significó encaminarse hacia unas relaciones sociales propias del siglo XIX: el capitalismo del siglo XXI liberó a las grandes empresas y a los Estados de lo que se ha denominado cargas sociales y de una mentalidad asistencial, fruto de los derechos sociales conquistados con gran esfuerzo y lucha en el siglo XX. Quienes tomaban las decisiones sobre los intercambios internacionales siguieron con su acción filantrópica, pretendidamente para alimentar el planeta, como forma de acaparar mercados que hasta entonces habían escapado a los intercambios mercantiles internacionales; sobre todo, la agricultura, la posibilidad de extraer nuevas fuentes de energía y las inversiones financieras. Fuera cual fuera el coste social y medioambiental. Esta lógica destruyó la producción de alimentos, muchos bosques y cualquier posibilidad de soberanía alimentaria para los pueblos. Al mismo tiempo, trajo la privatización del agua y de las tierras más fértiles combinada con la puesta en cuestión de la relación con la naturaleza de las poblaciones indígenas que fueron pisoteadas para apoderarse de los recursos y sus saberes, que hasta entonces constituían un bien común.

Este sistema saquea y contamina los comunes naturales porque su fuerza motriz se encuentra en los valores mercantiles bursátiles, indiferentes a los derechos sociales y medioambientales. La raíz de estas políticas destructoras se encuentra ahí y en la medida quer no son fruto de ninguna fatalidad natural, se pueden combatir.

El origen de lo que se denomina antropoceno viene de más lejos

No hay necesidad de entrar en las controversias bizantinas sobre este tema. Deberíamos lograr un consenso sobre la cuestión principal, que combine la doble dimensión, física y socio-económica, de las grandes fases geo-políticas de transformación del mundo.

Este gráfico muestra en qué consistió el despegue del consumo de energía/persona desde 1860 a 2016 3/ (en un sentido amplio y material del consumo tanto productivo como improductivo); es decir, de la principal parte de los recursos naturales finitos. Abarca varias fases de la globalización a las que hay que caracterizar como capitalistas para distinguirlas de las épocas previas de la globalización colonial o pre-industrial asociadas, sobretodo a partir del siglo XVI, a las alianzas mercantiles entre grandes mercaderes y fuertes Estados monárquicos dotados de ejércitos y armadas, que gobernaban sociedades en gran parte pre-capitalistas. Estas potencias coloniales se vieron afectadas de forma desigual por las revoluciones burguesas anti-feudales y por la lógica de acumulación primitiva del capital mercantil 4/. En lo que respecta al saqueo colonial y a las relaciones sociales de los países afectados, estas épocas no fueron ni mejores ni menos violentas que las que les siguieron. Aquí solo tratamos de decir que no pudieron ejercer sobre los recursos naturales los efectos sin precedentes que imprimiría la industrialización capitalista.

En efecto, el despegue y las modalidades en la utilización de la energía del antropoceno puede relacionarse a tres dimensiones propiamente capitalistas de la industrialización del siglo XIX y a sus consecuencias posteriores: el productivismo, la necesidad de expansión imperialista y la generalización de las relaciones mercantiles. Es necesario traerlas a colación remarcando al mismo tiempo que el anticapitalismo no suficiente para ofrecer una alternativa socialista/comunista coherente. Así pues, hay que abordar los problemas de forma concreta.

¿Qué productivismo?

Una dinámica específica asociada a las relaciones sociales de propiedad y de clase empuja al capitalismo al desarrollo de las fuerzas productivas. Sobre todo a la innovación tecnológica y al maquinismo: ahí se encuentra el originen profundo del incremento sin precedente en el uso de las diversas fuentes de energía. Bajo la presión de la competencia entre distintos capitales, este sistema necesita aumentar la capacidad productiva del trabajo y reemplazar el trabajo vivo por máquinas cuando se imponen los incrementos salariales arrancados por la lucha; el paro(o la precarización masiva) se convierten en un arma para bloquear las reivindicaciones salariales. Esta es la primera dimensión capitalista de lo que se denomina de forma insatisfactoria productivismo.

Desde hace mucho tiempo, el movimiento obrero, sobre todo marxista, y también la experiencia de los países que se reclamaban del socialismo, han estado marcados por una visión insuficientemente crítica de este crecimiento de las fuerzas productivas (en su dimensión social, técnica y medioambiental) y la errónea hipótesis de una fase comunista en la que reinaría la abundancia como condición para superar las relaciones mercantiles. Hay que reconocerlo y hacerse cargo de ello a la hora de buscar alternativas anticapitalista a partir del balance de los defectos y fracasos de las revoluciones del siglo XX. Por una parte, el recurso a un acceso gratuito (no mercantil) a los servicios básicos –educación, sanidad, transporte…- no depende más que de opciones sociales y políticas en torno a la financiación de la producción y distribución de estos servicios, y no del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Por otra parte, los recursos naturales, supuestamente abundantes, no son inagotables, y los principios de la economía deben integrarse plenamente en la producción y usos planificados a todos los niveles de la sociedad y a nivel internacional. Por último, la finalidad emancipadora de un proyecto anti-capitalista contra todas las formas de dominación, pueden y deben ser defendidas y aplicadas antes incluso que se de el cambio de sociedad –en y contra el capitalismo- para tener alguna opción de triunfar conscientemente después. Contra toda visión etapista y ciega, o contra toda jerarquía prefijada en el rechazo de las relaciones de dominación, de lo que se trata es de rechazar todas las relaciones de explotación, de opresión y discriminación, sin esperar a la revolución que al día siguiente solo celebraría el fin del reino del beneficio. El Manifiesto feminista para el 99% expresa bien esta exigencia.

Evidentemente, a nivel global es necesario aplicar la exigencia de poner en evidencia las lógicas socio-económicas concretas tras el mercado o el plan, en las instituciones y en las asociaciones, contra todo productivismo devastador, capitalista o no capitalista. Daniel Tanuro ha puesto de relieve los considerables estragos medioambientales (por ignorancia o por burocratización) que se dieron en las sociedades que se reclamaban del socialismo 5/. La lógica de la planificación socialista no estaba exenta de las ilusiones en lo que respecta a la abundancia de los recursos naturales, ni estaba protegida de la ignorancia sobre los ecosistemas; más aún en la medida en que el mundo y los saberes campesinos fueron denigrados o ignorados. Nada de todo ello deriva necesariamente del pensamiento marxista 6/, ni de la experiencia socialista; diríamos que incluso está en contradicción con ellos y los debilitan.

La expansión mundial (neo)colonialista del capitalismo

La dimensión capitalista del antropoceno abarca una segunda dimensión orgánicamente vinculada a la primera (productivista): la necesidad intrínseca de una internacionalización del sistema de dominación.

Es importante caracterizar la globalización capitalista del siglo XIX: se trata de enfatizar una nueva fase en la cual el motor de la expansión colonial se convirtió en la búsqueda de una solución a las crisis orgánicas (de sobreproducción de mercancías y de sobreacumulación de capital) del capitalismo industrial allí donde nació: las nuevas potencias rivales que estarán en el epicentro serán Francia y sobre todo el Reino Unido del siglo XIX y después EE UU en el siglo XX. Las diferencias internacionales se ampliarán históricamente por la combinación del colonialismo (o neo-colonialismo cuando los países dominados eran formalmente independientes) y las opciones y condiciones de producción e intercambio fundamentalmente determinadas por las necesidades específicas de los países industriales imperialistas dotados de su industria armamentística y su armada. La relaciones de dependencia económica van a marcar las condiciones de explotación (y de distribución mundial) de las materias primas: desde el trigo que determina el precio del pan y, con ello, el de los salarios, hasta las diferentes fuentes de energía, pasando por los metales preciosos.

A la legitimación racista de la esclavitud y los saqueos coloniales y a la relación de fuerzas mercantiles, se añadirán o se combinarán la fuerza devastadora de lo que se teorizó como una división de trabajo pacífica y justa, según las ventajas comparativas que poseían las distintas naciones en el marco de intercambios supuestamente igualitarios. Este supuesto librecambio fue teorizado por el economista británico David Ricardo (1772-1883): el comercio internacional se presentaba como una juego de suma positiva (donde todo el mundo gana). A menudo se olvida subrayar que Ricardo (o con él, el Reino Unido del siglo XIX) inventó el librecambio: se trataba de una nueva política económica de hecho (pero no explícitamente) asociada orgánicamente a la tendencia a la baja de la tasa de beneficio analizada por Ricardo antes que Marx, en el contexto de la lucha de clases. Ricardo enfatizaba sobre todo el impacto del ascenso del precio del trigo, por tanto del pan, en Inglaterra debido a la explotación de tierras cada vez menos fértiles: la razón para abolir las Corn Laws (Leyes sobre el trigo) fue importar trigo más barato.

Marx retendrá de Ricardo la teoría del valor-trabajo y el planteamiento sobre las clases para radicalizar el análisis de la explotación y las contradicciones capitalistas desde el punto de vista de las y los dominados. Pero hasta el presente, quienes defienden el orden capitalista dominante sólo retendrán la división internacional del trabajo y la cobertura ideológica de los intercambios internacionales propugnados. Es decir, las condiciones de extracción y apropiación de las materias primas en los países dominados. Sin embargo, también hay que subrayar que las tesis del librecambio de Ricardo –por consiguiente la puesta en cuestión teórica de las prácticas mercantilistas de los Estados hiper proteccionistas- fueron rechazadas por los países rivales de Inglaterra, fueran Estados Unidos o Alemania. El economista alemán Friedrich List fue, contra Ricardo, el gran teórico de la protección de las industrias nacientes. Pero se trataba de un punto de vista de clase y colonialista que se aplicará más allá de las condiciones limitadas de las industrias nacientes, y siempre limitadas a los países con pretensiones dominantes o civilizadoras. Así pues, en el siglo XIX, tanto las fuerzas políticas dominantes en Estados Unidos como en Alemania criticaron la política impulsada por el Reino Unido afirmando que abolirían su proteccionismo (o el equivalente a sus Corn Laws) cuando sus países alcanzasen la misma posición dominante que Inglaterra.

Lo que en la práctica caracteriza a un país del centro (dominante o imperialista según la concepción marxista), se reclame o no del librecambio, es la capacidad para decidir (y eventualmente camuflarlo ideológicamente) lo que quiere proteger en su país con todo el poder de un Estado fuerte y su capacidad económica, financiera y político-militar, al tiempo que impone a otros la supresión de barreras proteccionistas. De ahí los mitos y las paradojas de los intercambios internacionales analizados remarcablemente por Paul Bairoch en sus diferentes fases 7/.

Pero ello remarca también el carácter oscuro de la pseudo alternativa entre librecambio y proteccionismo, mientras no se defina quién decide, con qué objetivos, prioridades y derechos en las relaciones de producción e intercambio nacionales y mundiales y, por consiguiente, en base a qué relación entre los pueblos y con la naturaleza. El rechazo progresista del librecambio debe plantearse como una puesta en cuestión de los criterios del derecho a la competencia por encima de las cuestiones sociales y medioambientales. Ahora bien, estas cuestiones también pueden ser dejadas de lado por los proteccionismos nacionales. Una población que quiera romper con (o no someterse a) los criterios de acumulación y a las relaciones de dominación capitalistas puede tener necesidad de intercambios con los países capitalistas, pero los mismos han de estar supeditados a la opción y el control soberano, democrático y popular. Lo que le enfrenta a las clases dominantes nacionales e internacionales. La noción –defendida fundamentalmente por La Vía Campesina- de la soberanía alimentaria pone el acento en las objetivos populares que pueden ser sociales y ecológicas, determinados de forma democrática, que pueden volverse incluso contra el agronegocio del país exportador.

Esta posición puede fortalecerse mediante alianzas internacionalistas y luchas supranacionales contra la mercantilización del planeta, del agua, de la energía, de la tierra, y por el respeto de los derechos de los campesinos y campesinas y la satisfacción de las necesidades básicas para todos y todas. Esta noción de soberanía alimentaria es mucho más pertinente y progresiva que el proteccionismo nacional, en la medida que se centra en un tema concreto, defendible desde un punto de vista no nacionalista sino universal y bajo el control solidario y popular de las decisiones. Decisiones que pueden abordar explícitamente las necesidades y los derechos esenciales que deben satisfacerse, incluido el respeto por los bienes comunes.

Queda por determinar en cada caso cuáles son los medios financieros, las técnicas, las alianzas sociales y el nivel territorial (o más bien los niveles territoriales articulados) adecuados para la satisfacción de las necesidades y los derechos específicamente determinados. Pero es necesario debatir más sobre los aspectos sociales y ambientales de la tercera dimensión de la globalización capitalista.

Mercado y mercados – valor y riqueza…

El mercado (la moneda) existía antes del capitalismo y poca gente pensaba que se podría prescindir de él después. Pero ¿qué mercado y qué moneda? ¿Para hacer qué? ¿En qué sistema? Como anotó Karl Polanyi, el capitalismo transformó en mercancía la fuerza de trabajo, la tierra (la naturaleza) y la moneda: se trata de tres ámbitos fundamentales e imbricados del modo de producción capitalista en cuanto tal, que transformó profundamente las sociedades, de forma diferente en el tiempo y el espacio según los contextos.

Es la generalización y el dominio de las relaciones mercantiles las que parecen imponer las leyes económicas que van a caracterizar el nuevo sistema en torno a la transformación específica de la moneda en capital dinero. Lo primero que hay que hacer es escribir mercado en plural, como lo dijo Diane Elson 8/ en el debate de Alec Nove con Ernest Mandel en la New Left Review sobre el socialismo en los años 1980. Pero es necesario hacerlo comenzando (como lo hizo Polanyi) por contraponer y poner en cuestión de forma consciente la mercantilización de los seres humanos, la naturaleza y la moneda. El post-capitalismo depende de ello. Y también depende de una vuelta al dominio de las opiniones y criterios sobre los valores de uso y las relaciones humanas concretas frente el reino del dinero y de las mercancías.

Al igual que lo hicieron los primeros teóricos del capitalismo industrial (Smith y Ricardo), Marx retomó de Aristóteles la distinción entre el valor de uso (susceptible de satisfacer necesidades concretas) y el valor de cambio de las mercancías dotadas de un precio. Igualmente distinguió, como Aristóteles, la moneda que servía al intercambio y la dedicada a la acumulación. Estas nociones permitían, por una parte, no asimilar la riqueza con la simple posesión del dinero y, por otro, no reducir toda riqueza a los valores de cambio (a las mercancías). Marx se opuso sobre todo a quienes consideraban que el trabajo era la única fuente de riqueza, destacando que la naturaleza lo era también y de manera preciosa 9/.

Los modelos económicos dominantes han tenido tendencia a considerar los recursos naturales como inagotables y, por consiguiente, sin precio. Y, como hemos dicho más arriba, la división internacional de trabajo derivada de las condiciones de expansión capitalista del siglo XIX, fue legitimada teóricamente en nombre de la abundancia del trabajo (es decir, un factor de producción barato) asociado a la producción de materias primas, contra la abundancia de capital asociada a la producción de bienes manufacturados. Pero los mercados de bienes de producción y de materias primas no desempeñan la misma función ni transformac-on en relación a sus precios. Y tras la producción de los bienes manufacturados y de la tecnología hay conocimientos: el desarrollo de la educación es totalmente fundamental para cualquier control a ese nivel.

En los años 1960 los teóricos de la dependencia analizaron el ascenso de la descolonización y la afirmación del Tercer Mundo, el desarrollo en el subdesarrollo. Esta fue la raíz de las contradicciones socialmente explosivas del desarrollo desigual y combinado, mezcla de una industrialización capitalista extravertida y de estructuras arcaicas, de regímenes dictatoriales que imponían el mantenimiento de condiciones sociales de explotación y opresión de la fuerza de trabajo obrera y campesina en condiciones de existencia e ingresos de miseria en esos modelos económicos debido a su abundancia. No se puede comprender por qué las revoluciones anticapitalistas del siglo XX resultaron victoriosas en la semi-periferia del capitalismo ocultando estas realidades.

Marcaron una ruptura con la fatal espiral de la dependencia hacia los créditos de los países dominantes (es decir, contra la deuda), que, mucho antes que existiera el FMI, permitió a los países dominantes ofrecer sus préstamos condicionados –no sin recurrir a la fuerza militar y política- facilitando que las potencias coloniales ganaran en distintos ámbitos:

· La sobreacumulación de capital encontró una salida bajo la forma de créditos hacia los países dependientes… condicionados a la compra de bienes manufacturados.

· De esta forma también garantizaban mercados para la sobreproducción de bienes

· Los países dependientes tenían que devolver los préstamos exportando sus materias primas –producidas en condiciones de sobreexplotación; es decir a precios muy por debajo de las producciones equivalentes en los países dominantes.

· Por tanto estos la importación de estos productos baratos contribuyó a reducir los costos de producción en los países imperialistas y a restablecer el beneficio…

Se trata de nuevas relaciones de dependencia orgánica (que legitiman la utilización del concepto de economía mundo de Immanuel Walleestein, incorporando en él una visión marxista 10/), de nuevas desigualdades y desposesiones impuestas por el imperialismo como fase del capitalismo, analizado desde el punto de vista anti-colonialista (o decolonial), marxistas o no.

Para concluir… Por una planificación socialista autogestionada por las comunidades afectadas y articulada a todos los niveles territoriales necesarios

En un artículo titulado –con razón- «Por qué el crecimiento verde es una ilusión» 11/, los investigadores Enno Schröeder y Servaas Storm nos decían: «Nada, salvo una movilización masiva a favor de una descarbonización profunda de la economía mundial, puede evitar la catástrofe climática inminente». Remarcaban que su «análisis estadístico mostraba que para evitar la catástrofe climática, el futuro debe ser radicalmente diferente al pasado. La estabilización del clima necesita perturbar de raíz la producción de la energía a base de hidrocarburos y de las infraestructuras de transporte, una puesta en cuestión total de los intereses acumulados en la energía y la industria de los combustibles fósiles, así como inversiones pública a gran escala; y todo ello en el menor tiempo posible». El problema de la mayoría de los economistas, añadían, es que todo esto «huele a planificación, coordinación e intervención pública», lo que, enfatizan, va contra las convicciones sobe la eficacia de la regulación a través del mercado que comparte la mayoría de entre ellos. No solo los economistas dominantes no poseen la solución, sino que son parte del problema 12/. Y con ellos, las grandes instituciones de la globalización.

Ahora bien, ¿de qué planificación se trata? ¿Controlada por quién y a qué nivel? Si se quieren establecer puentes (transición) entre la situación actual, de experiencias parciales, y el futuro deseado (de derechos y objetivos), es necesario tener un mínimo debate sobre estas cuestiones. Al igual que Daniel Tanuro, defiendo la idea de que una planificación socialista autogestionada es contraria al estatismo pero que tampoco se puede reducir a procesos de decisión descentralizados y atomizados, aunque sean autogestionados localmente. Todo eso hay que debatirlo en base a objetivos y experiencias concretas 13/.

Las luchas actuales forman parte de la experiencia. La de los chalecos amarillos, como también las explosiones sociales en el mundo entero, han puesto al descubierto que los gobiernos actuales (ellos también, no solo los economistas) son parte fundamental, del problema. Y no se pueden separar tres cuestiones fundamentales orgánicamente asociadas: la urgencia social, medioambiental y democrática. Los impuestos sobre los carburantes impuestos a la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes son injustos e ineficaces, sin que, por otra parte, ello garantice que este tipo de impuestos sirva para responder al desafío climático ni que serán utilizados en los presupuestos del Estado para responder a ese desafío.

«La historia nos ha enseñado que las soluciones vienen del pueblo», dice La Vía Campesina, añadiendo «pero demandamos que aquellos que deberían representarnos asuman sus responsabilidades en lugar de ser serviles al capital».

Esto quiere decir que las soluciones no pueden ser la suma de cambios individuales o locales o incluso fruto de una gestión de los comunes que se satisfaría con islas de bienestar para algunos y algunas, indiferentes a las catástrofes y miserias medioambientales. En todo caso, es crucial subordinar el dinero, las finanzas y la banca a la satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales. Al igual que lo es el control plural y democrático de la sociedad sobre las decisiones a adoptar.

«Con derechos y en democracia, seguiremos haciendo justicia social y climática». Tenemos que hacerlo de fomra socialidaria, desde el ámbito local al planetario, pasando por el continental para que el mundo cambie de base.

Notas:

1/ Además de su trabajo principal «El imposible capitalismo verde» (2012, viento sur – La Oveja Roja), léase su entrevista en Ballast que sintetiza bien los principales problemas actuales: https://www.revue-ballast.fr/daniel-tanuro-collapsologie-toutes-les-derives-ideologiques-sont-possibles/

2/ En los países que se reclamaron del socialismo, la restauración capitalista fue facilitada por la represión burocrática de los movimientos destinados a reducir la brecha entre las promesas, las aspiraciones socialistas y la opresión del gobierno de un solo partido; cf. https://www.contretemps.eu/pologne-tchecoslovaquie-yougoslavie-1968/

3/ Tomo prestado este gráfico muy expresivo del ingeniero politécnico francés Jean-Marc Jancovici (cuyas interpretaciones «económicas» son más que ligeras, pero que enfatiza con razón la importancia de la energía mal evaluada por los economistas dominante) https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/

4/ Así, diferentes «mercantilismos» también se traducirán en una utilización diferente de las conquistas coloniales (y su saqueo) en las políticas de industrialización emergentes de acuerdo con lo que sucederá políticamente en las monarquías españolas, portuguesas, francesas o del Reino Unido …

5/ Desarrollé este análisis crítico de la noción de productivismo en las sociedades capitalistas o que se reclaman del socialismo en https://www.pressegauche.org/Des-degats-du-productivisme-a-la-planification-ecosocialiste-autogestionnaire-14790

6/ Leer en relación a Marx respecto a este tema, Michel Husson: https://www.vientosur.info/spip.php?article13543

7/ «Paul Bairoch analiza las islas de librecambio en el océano proteccionista del mundo desarollado mientras que el librecambio se impso en los países dependientes» Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, 2005.

8/ Diane Elson «Market Socialism or socialisation of the Market?«, NLR n° 172, 1988

9/ Además del artículo de Michel Husson ya citado, los trabajos de Jean-Marie Harribey sobre el valor y la riqueza; sobre todo: http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/richesse-valeur.pdf

10/ El concepto de sistema mundo o de economía mundo capitalista de Wallerstein hay que diferenciarlo de la noción descriptiva de la economía mundial. Es interesante caracterizar como «todo» (sistema) la parte (evolutiva) del planeta que está orgánicamente integrada a las relaciones de dominación capitalista impuestas por los países del centro (estados dominantes rivales) a los países periféricas (colonias) o semiperificadas. Pero este concepto no es una teoría y puede usarse de acuerdo con enfoques divergentes sobre lo que caracteriza las relaciones capitalistas y, por lo tanto, también las periodizaciones de varias fases históricas. Los debates sobre este tema no pueden discutirse aquí. Utilizo este concepto para mí incorporando el análisis de las relaciones de producción específicamente capitalistas e imperialistas (y no solo el intercambio).

11/ «Why ‘Green Growth’ is an illusion», http://tankona.free.fr/schroderstorm18-.pdf.

12/ .En su trabajo «Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques : quelles capacités, quelles limites quels usages ?», los investigadores especializados en los temas energéticos, Alain Grandjean et Gaël Giraud subrayan hasta que punto los modelos económicos dominantes «recurren a teorías económicas no siempre explícitadas y cuya validez es más que discutible». http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/comparaison-modeles-meteorologiques-climatiques-economiques/

13/ Comparto ampliamente los principios generales de planificación socialista democrática descritos por Pat Devine cf. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190695545.001.0001/oxfordhb-9780190695545-e-45

Y planteo a debate mis propias contribuciones sobre este tema; en especial, «Décolonial Communism, Democracy and The Commons» y mi balance de la experiencia yugoslava.

Autor: Catherine Samary

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“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

diciembre 19, 2019diciembre 16, 2019Enric Llopis

“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas.

Enric Llopis

María Teresa Rivera, salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En 2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de 2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.

Cuando se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también la organización de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014- la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”.

En el acto celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar; el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017, tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años, “podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía.

Desde 1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de 1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.

En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva, señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994).

En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en aborto.

Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000 (tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147 mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas, condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La Agrupación Ciudadana acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso –enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada. “Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.

Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten . Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17 mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión, denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18 años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.

Actualmente Las 17 y Más continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de 30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario).

Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”, denunciaron.

Autor: Enric Llopis

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La calidad de nuestra educación, un mito muy costoso

diciembre 19, 2019diciembre 16, 2019Miguel Ángel Rodríguez

La calidad de nuestra educación, un mito muy costoso

Miguel Ángel Rodríguez

Es generalizado el mito de que tenemos una extraordinaria educación. Ese es tal vez el mayor obstáculo para entrarle de lleno a la incapacidad de nuestro sistema docente para dotar a los jóvenes de las habilidades intelectuales, emocionales y sociales necesarias para afrontar con éxito las condiciones del siglo XXI. Este es, en mi opinión, el mayor desafío que debemos enfrentar para resolver nuestras deudas con la justicia y el progreso.

Hace pocos días, se dio a conocer el resultado de la prueba PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que efectúa cada 3 años la OCDE desde el 2000, y que califica las habilidades de jóvenes alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencia. Costa Rica participa desde 2009.

De nuevo, los resultados son decepcionantes. A finales del siglo XIX nuestro alfabetismo era muy elevado comparado con los niveles prevalecientes en el mundo. La expansión de la educación secundaria fue muy exitosa en la segunda mitad del siglo XX hasta la crisis de la deuda externa. Pero con esa crisis sufrimos un grave deterioro en la escolaridad de secundaria y la calidad de nuestra enseñanza no ha mejorado al ritmo que han exigido los tiempos.

PISA señala que lectura tenemos un rendimiento de 426 puntos, 61 por debajo del promedio de la OCDE. En matemáticas de 402 con una diferencia en contra de 87 puntos, y en ciencia con 416 puntos Costa Rica está atrás por 73 puntos. Es como si los alumnos en Costa Rica tuvieran dos años de atraso.

La falta de capacidad de nuestro sistema educativo para crear las habilidades que el siglo XXI demanda se refleja en lectura con un 42%, en matemáticas con un 60% y en ciencia con un 48% de los estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo aceptable para tener alguna capacidad de ejercer esas habilidades.

Entre los mejores estudiantes, en los países de OCDE un 16% de los quinceañeros que estudian alcanzan los niveles más altos de habilidad en al menos una de las tres materias. Entre nosotros apenas un 1% lo logra. Nuestros pobres resultados no se dan solo porque muchos alumnos no alcanzan los niveles mínimos.

Lo más grave es que no solo estamos mal, sino que además hemos empeorado.

En los tres campos de 2009 a 2018 ha descendido el nivel alcanzado.

En lectura y en ciencia la disminución ha sido continuada desde 443 y 430 puntos respectivamente en nuestra primera participación, hasta 426 y 416 en esta última prueba. En estos dos casos la disminución es estadísticamente significativa y aunque se puede señalar que se da al mismo tiempo que aumenta la escolaridad para jóvenes de 15 años, también se debe tomar en cuenta que esa escolaridad sigue siendo baja en relación con los países más desarrollados. Matemáticas es la materia en la cual desde 2009 hemos obtenido la más baja calificación con 409 puntos, y también en esta materia se ha venido disminuyendo la calificación hasta 402 en 2018.

Ese mal resultado y su deterioro se dan al tiempo que hemos aumentado inmensamente la inversión en educación. Hemos alcanzado la inversión acumulada por alumno de 6 a 15 años que PISA señala es el límite después del cual no hay relación entre mayor gasto y mejores rendimientos. De 2008 a 2018 el gasto en el Ministerio de Educación Pública respecto al PIB pasó de 5 a 7,6%, un incremento de 52%. El gasto por estudiante en términos reales de 2008 a 2016 (última cifra disponible) aumentó en un 110%. El aumento es inmenso en cada uno de los tres niveles de preescolar, primaria y secundaria. Pero no es simplemente gastar más, ni tener más horas sentados a los alumnos en los pupitres, ni nuevos programas.

No se puede lograr el mejor fruto de la educación si se sigue contratando docentes sin examinar sus conocimientos, enviándoles a enseñar sin apoyo inicial en el ejercicio de su arte (imagine a un médico sin pasar por el internado) y luego sin ninguna evaluación para recapacitarlos.

Tenemos una enorme y urgente tarea por delante a la que nos convocan la justicia, la obligación de generar igualdad de oportunidades, la necesidad de crecer aceleradamente y los retos del siglo XXI.

Autor: Miguel Ángel Rodríguez

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