Costa Rica / 27 de marzo de 2019 / Autor: TEDx Talks / Fuente: Youtube
Costa Rica / 27 de marzo de 2019 / Autor: TEDx Talks / Fuente: Youtube
España / 27 de marzo de 2019 / Autor: Plataforma para la Libertad Educativa / Fuente: Youtube
Documental de la asociación española Plataforma por la Libertad Educativa, dirigido por Laura Mascaró, que muestra diferentes opciones educativas y aboga por su coexistencia y la libertad de elección de las familias.
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Porque del mismo modo que nadie pone en duda que lo mejor para nuestra alimentación es que haya múltiples opciones y que cada uno pueda elegir su comida en función de sus necesidades, sus gustos y sus intereses, tampoco nadie debería poner en duda que en educación lo deseable es, también, que existan múltiples opciones.
No defendemos un modelo educativo por encima ni por contraposición a otros. Defendemos que todos los modelos tienen aspectos positivos y que corresponde a cada familia elegir el que más se ajuste a las necesidades de cada uno de sus hijos.
Si te gustó el documental «Educación a la carta (La revolución pendiente)» no te pierdas los extras. Más de 120 minutos de contenido inédito. Accede aquí: https://vimeo.com/ondemand/educaciona… _____________________________________________________________________
Ficha técnica:
Guión y dirección: Laura Mascaró
Imagen, sonido, montaje y realización: Jon Urdangarín
Ayudante: Damián Cendón
Música: Jezabel Martínez http://jezabelmartinez.wix.com/artista
Locución: Laura Pons
Fuente: https://youtu.be/JwQHTXRS0jg
ove/mahv
Argentina / 27 de marzo de 2019 / Autor: TEDx Talks / Fuente: Youtube
España / 27 de marzo de 2019 / Autor: FeliciCultura / Fuente: Youtube
Publicado el 17 oct. 2016
Fuente: https://youtu.be/EE84Z5rAnrA
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España / 27 de marzo de 2019 / Autor: AprendemosJuntos / Fuente: Youtube
By: Ron Matus.
Over the past 20 years, Florida public schools have improved as much as any in America. At the same time, educational choice here revved from fringe to mainstream. That’s a point worth noting to those who keep insisting, with zero evidence, that expanding choice hurts public schools.
In his South Florida Sun Sentinel column, Randy Schultz wrote that lawmakers who’ve proposed a new private school voucher are trying to “undermine public education” and “turbocharge the privatization of Florida’s public schools.” They’re trying to make education profitable instead of better, he wrote. They’re ignoring questions and contrary evidence.
They’re not alone. Florida’s high school graduation rate now stands at 86 percent, up from 52 percent in the 1990s. We now rank third (behind Massachusetts and Connecticut) in the percentage of graduating seniors who’ve passed college-caliber Advanced Placement exams.
We now rank No. 1, No. 1, No.3 and No. 8 on the four core tests that make up the National Assessment of Educational Progress, once adjusted for demographics. Education Week just ranked us No. 4 in K-12 achievement, after a decade in which we ranked no lower than No. 12.
Schultz mentioned none of this.
Clearly, expansion of choice didn’t “undermine public education.” We have one of the biggest charter school sectors in America, one of the biggest private school voucher programs, the biggest tax credit scholarship, the biggest education savings account.
We also have, not coincidentally, some of the biggest and best district choice programs, from magnets and career academies to IB and dual enrollment. All in all, 47 percent of Florida students in PreK-12 — 1.7 million children — now attend something other than zoned neighborhood schools. And guess what? No apocalypse. Just more students getting the increasingly customized education their parents want for them.
Schultz also wrote, “No one knows how well the state’s voucher students are doing.” How odd. Just last month, the respected and left-leaning Urban Institute released a report that found students using the Florida Tax Credit Scholarship for low-income students are up to 43 percent more likely to attend four-year colleges than like students in public schools, and up to 20 percent more likely to earn bachelor’s degrees. Schultz didn’t mention this. Clearly, it didn’t fit the narrative about “unaccountable” schools.
Accountability is different for public and private schools. But it’s hard to argue that private schools don’t have enough when dissatisfied parents can, unlike parents in public schools, leave at any time. Balancing regulatory accountability with parental choice is a work in progress, but the Urban Institute findings suggest that when given discretion to determine quality, parents choose wisely.
It’s true, too, there are shysters and scandals in the private school space. More is being done to keep them out or exit them sooner. But private schools hardly corner the market on rotten apples. If somebody pieced together all the maddening headlines generated by districts and district schools, they could paint the most damning portrait. But nobody with a fair mind would do that.
Schultz seems most torqued by the possibility the new voucher may extend eligibility into the middle class. That, too, is odd. None of Florida’s other “vouchers” — which provide state support for private school tuition — are means tested. We don’t tell millionaires they can’t get state money for VPK, or a Bright Futures scholarship for college, or a McKay Scholarship for students with disabilities, because they’re too wealthy. Does Schultz’s outrage extend to those programs as well?
I’m encouraged lawmakers want to ensure low-income parents get priority for the proposed voucher. I also don’t see a mass exodus. The vast majority of middle-class parents, like me, like their public schools a lot. If some want options, for whatever reason, they should have that freedom.
One last point: The lion’s share of private schools participating in Florida scholarship programs are tiny nonprofits. The value of the tax credit scholarship, and the proposed new scholarships, is about 60 percent of total per-pupil spending for Florida district schools, which are among the lowest-funded in America. Yet Schultz concludes that what lawmakers really want to do is to make education “profitable.” That just doesn’t add up.
Source of the article: https://www.sun-sentinel.com/opinion/commentary/fl-op-com-more-school-choice-20190321-story.html
Por: Claudia Romero.
Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación.
En Argentina las clases comienzan sin clases, al menos en la mayoría de las escuelas públicas del país. Una situación que no por reiterada debe asumirse como normal. El conflicto cíclico de cada comienzo de año ya se ha transformado en estructural y clama por soluciones que vayan más allá del arreglo de coyuntura entre gobiernos y sindicatos. La educación necesita de consenso y largo plazo y aunque ya lo sabemos, no lo logramos.
Los políticos que siguen las encuestas creen que a los argentinos no les interesa la educación escolar de sus hijos. Se equivocan. ¿Cómo pueden creer que madres y padres permanecen indiferentes ante el futuro de sus hijos?
Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación. Que no se tomen las calles reclamando mejor educación es porque hace rato que en Argentina se vienen resolviendo problemas colectivos con estrategias privadas, no sólo en educación, también en salud.
Qué mejor evidencia del interés que la fuga de matrícula pública hacia escuelas privadas en busca de clases todos los días o las filas de los más pobres, que no pueden fugarse, en la puerta de la mejor escuela pública del barrio para inscribir a sus hijos. También el sacrificio de los más vulnerables para comprar los guardapolvos y libros y el de las clases medias para pagar las cuotas.
Es, sin dudas, un ejercicio individual y modesto de acción ciudadana, ¿pero es que vamos a esperar que cada argentino se convierta en un estadista de la Educación? No es la ciudadanía la responsable de establecer políticas educativas de consenso y largo plazo; en las democracias es el Congreso la pieza clave.
Sin embargo, el debate educativo en el Congreso es infrecuente. Con excepción de las grandes leyes bisagras, como la Ley Federal de Educación de 1993 o la ley Nacional de Educación de 2006, los temas educativos no son prioritarios para los representantes del pueblo.
En la inauguración de sesiones de este año, el Presidente volvió sobre el tópico de su discurso del año pasado: el de acceso abierto a la información sobre los resultados de las evaluaciones de calidad educativa y la necesidad de que el Congreso modifique el artículo 97 que prohíbe su divulgación a nivel de escuela e individual. “Los padres merecen saber la verdad”, dijo el Presidente.
La verdad es que hoy cada padre o madre puede acceder a los puntajes obtenidos por la escuela de sus hijos en la prueba nacional de calidad Aprender, basta con acercarse a la escuela y exigirlos. Algunas escuelas, pocas por cierto sobre todo aquellas que tienen los mejores resultados, toman la iniciativa de informarlos a su comunidad.
Pero es cierto que como sociedad no hay acceso masivo a esa información y en este sentido el proyecto anunciado de cambiar la ley actual obedece a una política de transparencia y acceso a la información pública.
Sin embargo el acceso masivo a los resultados de cada escuela no garantiza por sí mismo mejor calidad ni equidad educativa. Para que eso ocurra no alcanza con la presión que pueda ejercer una ciudadanía informada, es necesario construir nuevas capacidades en el sistema educativo y eso es responsabilidad de las políticas educativas que sí disponen actualmente de la información detallada por escuela.
Más temas esperan mejores marcos legales, entre ellos y de manera urgente, las políticas docentes. Existe consenso internacional en que para el desarrollo de capacidades en el sistema educativo es clave el factor docente. Es mejorando la calidad de la enseñanza que se mejoran los aprendizajes. Pero las políticas docentes en la Argentina están estancadas aunque son estratégicas para la reconstrucción del prestigio docente y con él de todo el sistema educativo, algo imposible de liquidar en las negociaciones paritarias tensionadas entre la inflación y el oportunismo político.
El Congreso tiene aquí una tarea urgente e importante: la discusión y sanción de una nueva ley de Formación y Desarrollo Profesional Docente que asegure lineamientos nacionales sobre tres cuestiones básicas que hacen a la mejora docente: reclutar a los mejores aspirantes, formación de excelencia y carrera docente con nuevos incentivos y reconocimientos que privilegien el desempeño por sobre la antigüedad.
Esta ley deberá además redefinir el presupuesto asignado, porque sin más dinero no hay transformaciones serias en este punto. Chile, por ejemplo, acaba de establecer una nueva carrera docente, moderna y sofisticada, e invirtió para eso un punto del PBI. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O seguiremos asistiendo a la disputa por la manta corta?
No es cierto que a la sociedad no le interese la educación. ¿Estarán el Congreso argentino y los representantes del pueblo a la altura del consenso y el largo plazo que la educación necesita y la sociedad espera?