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Salario docente y su impacto en el desarrollo humano

Por: Rose Mary Hernández Román

Tras la búsqueda de mejoras significativas y potenciales en el desarrollo de los pueblos y naciones, son válidas las posturas de autores humanistas al considerar que, los procesos educativos actuales en América Latina requieren reformas contundentes, apropiadas a la dinámica social, política, científica, tecnológica y económica.

En ese sentido, el desarrollo humano puede referirse a cuestiones diferentes, pero, siempre su punto central es la existencia del ser como persona, en un sentido biológico-social, paseándose  por la concepción, el nacimiento y la adultez, vinculado al progreso de las condiciones de vida a través de la satisfacción de sus necesidades, es decir, al bienestar en un plano de lo deseable y materializable.

El desarrollo humano es al mismo tiempo, un proceso de expansión de las capacidades y/o habilidades entrelazadas a las oportunidades que brindan las políticas públicas, que en muchos casos se convierten en limitantes opciones que no solo impiden la satisfacción de necesidades, sino también, los anhelos de optimizar la calidad de vida y ser cada vez mejor, bien sea a nivel personal, profesional, como miembros de un grupo familiar y de la sociedad en general.

En ese hilvanar de ideas, la educación ha sido considerada como un elemento clave para el desarrollo humano y es una pieza sine qua non para la sustentabilidad; puesto que a través de ésta cada quien se hace consciente del impacto de sus actividades sobre el entorno, motivo por el cual, la persona se visualiza como motor para el crecimiento de la economía, como fuente de enriquecimiento responsable para la sociedad, como participes del fortalecimiento espiritual, entre otros.

Considerando a Delors, Jacques (1996:7) “frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”.

No obstante, para nada es un secreto que, a nivel mundial son muchos los países que han realizado esfuerzos para enfrentar las debilidades en su sistema educativo, entre ellos Venezuela.

La situación actual  de este sistema y, para los (as) trabajadores (as) de la educación universitaria nacional demanda de  la participación y rectificación urgente de todos y todas sus actores. Nuestra educación es demasiada importante para que dejemos a su suerte o a lo que pueda pensarse o accionarse por pequeños burócratas del sector.

En tal sentido, la máximas autoridades venezolanas: Presidente legítimo, ministeriales y sindicales deben fomentar la búsqueda activa de sinergias con los programas que el Estado diseña en el Proyecto País, cónsono con los estamentos legales que a él le rigen para  alcanzar a la mayor prontitud la resolución de conflictos, en especial  los problemas que se tejen desde el tema salarial y que tanto ha incomodado a lxs trabajadorxs al desconocérseles  el pago según lo acordado en la firma de la III Contratación Colectiva Única (CCU) y  vigente, y de ésta manera poner fin a la insatisfacción que ésta aberración ha causado, generado inconformidad, desigualdad e injusticia, impidiendo la posibilidad de llevar adelante el plan de vida que cada quien han decidido tener como parte de su evolución y propio dsarrollo.

Más aún, cuando  nos encontramos ante los inclementes ataques de una guerra económica impuesta por el imperio norteamericano,  con una superinflación fuera de control, ​ en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario.

Hoy, debe considerarse que, el pago mínimo a los trabajadores en el país equivale a seis dólares desde la implementación del plan de recuperación económica, lo que representa el menor salario de Latinoamérica, por debajo de Cuba, cuyo salario vale 30 dólares y Haití, en donde se ganan 83 dólares. En el resto del continente, los pagos a los ciudadanos no baja de 100 dólares, como en Perú (279 dólares), Brasil (269 dólares), Bolivia (300 dólares) Chile (427 dólares) y Panamá (1.200) dólares, por lo que urgen medidas que permitan rectificar esta devastadora realidad y proteger el salario docente ante el asfixie económico al que debemos hacer frente y que arrebata el poder cubrir las necesidades básicas y por ende, la capacidad para cultivar los intereses  en pro de desarrollar potencialidades productivas y creativas, entre otras cosas. En fin, que lxs profesorxs universitarixs  puedan tener un desarrollo humano deseable.

Referencias bibliográficas

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Educación Pública en México: Continuidad de la Tecnocracia

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

¿Hay continuidad, sin ruptura, del Proyecto Educativo tecnocrático en México? Todo parece indicar que sí; en efecto, se observa continuidad, no ruptura; éstos son algunos de los argumentos y evidencias:

 

I

Debido a que el Proyecto Educativo tecnocrático fue instaurado desde el sexenio 1989-1994, a través del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (1992), y mediante el proceso “Modernizador” de la Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, podemos afirmar, con evidencia, que este proyecto abarca un periodo de ejecución de más de 30 años. En realidad, los contenidos, el lenguaje, las estrategias y las prioridades establecidas en las políticas públicas educativas desde entonces, se han mantenido y fortalecido a lo largo de los cuatro sexenios siguientes (Zedillo, Fox, Calderón y Peña).

El documento “Hacia un nuevo Modelo Educativo”, que la SEP dio a conocer en el marco del Programa para la Modernización Educativa (PME, 1989-1994), es el referente más destacado de la introducción del proyecto tecnocrático en la educación (también conocido como gerencialismo) en la escuela pública. El PME y el llamado “nuevo Modelo Educativo 1989-1994” formaron parte de esa serie de políticas públicas orientadas hacia la “modernización”; concepto fundamental en el discurso político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Cuando en alguna ocasión afirmé en este mismo espacio que el actual Modelo Educativo 2017 (del sexenio de Peña Nieto) no es tan “nuevo”, no significaba que los planteamientos anteriores habían sido innovadores o que hubieran reunido la más alta consistencia interna, desde el punto de vista educativo y pedagógico. Más bien lo que traté de señalar es que los elementos principales del discurso actual son los mismos que se habían expresado desde hace más de 30 años, como sucede con los términos de “Calidad y Excelencia” de la Educación. Así, el esquema “modernizador” fue diseñado para ir más allá de una coyuntura política, pues tenía una intencionalidad clara, explícita y de más largo plazo: favorecer o impulsar a las economías locales, a través de mecanismos de liberación del comercio internacional. La educación pública en México quedó abierta, de este modo, a la globalización de las economías.

En particular y en ese mismo contexto, el discurso de la “Modernización Educativa” se ciñó al proyecto de lograr la “Calidad” como instrumento para reposicionar a México en el nuevo panorama mundial, que estaría marcado por las tendencias contrarias al proteccionismo económico, es decir, para apoyar la “liberación de las economías internacionales”. En una participación en Los Pinos, citada en el documento que hoy comento (“Hacia un nuevo Modelo Educativo”), Carlos Salinas de Gortari dijo lo siguiente: “En México actuamos convencidos que una educación de calidad es el medio estratégico para asegurar al país un lugar seguro y destacado en la nueva configuración mundial” (13 de diciembre, 1990). Después de 29 años, ¿México se encuentra en un lugar “seguro y destacado” en el nuevo orden “neoliberal”?

 

Desde entonces no ha habido una ruptura de ese paradigma, después de cuatro sexenios. Incluso, (y aquí propongo una hipótesis de trabajo), a ese periodo (1988-2018) se le podría interpretar como el tiempo de auge del discurso y de las políticas “Tecnocráticas y gerencialistas en la Educación Pública en México”, que sería un periodo equivalente al “neoliberalismo económico”, pero en el ámbito de la educación. La pregunta que surge es: ¿El gobierno de la 4T tendrá la capacidad y la voluntad política de girar completamente esa tendencia? ¿Estará en condiciones de provocar una ruptura paradigmática o simplemente dará continuidad al proyecto del “gerencialismo educativo”? Pues al parecer y según indican los acontecimientos, habrá “continuidad”.

Por lo que se observa en la arena parlamentaria, y los guiños que da Esteban Moctezuma y su equipo de colaboradores en la actual coyuntura, ante los medios, es un hecho que la “Continuidad”, va.

 

II

Es cierto que han trascurrido 30 años, desde que inició el sexenio de Salinas y 27 años desde que, en mayo de 1992, el presidente de la República llamó a elevar la “Calidad” de la Educación Pública (Básica) en México, a través de un instrumento de políticas públicas diseñado para el sector: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Tiempo suficiente para enraizar una manera de hacer políticas educativas y para permear un discurso tecnocrático entre los diversos actores educativos.

Durante este periodo, la institución educativa llamada “escuela”, como unidad orgánica del “sistema”, ha sido convertida en una agencia administrativa, dispuesta para el control corporativo, (disfuncional, en términos de aprendizajes escolares), y total o casi totalmente desconectada de su esencia: la preparación o formación integral de los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con un enfoque de derechos. Y si vamos más allá, la “tecnocracia” (que no “meritocracia”), impuso una noción de “escuela” en la cual se hacía implícito el significado de su existencia, que sería, sobre todo, impulsar un esquema de formación o de desarrollo de capacidades (Competencias) a favor de los educandos “para satisfacer tanto las necesidades locales como globales”.

El documento “Hacia un nuevo Modelo…” (1989-1991) resumía así sus intenciones: “El nuevo modelo educativo concluye con la exigencia de configurar perfiles de desempeño que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje, para posteriormente traducir estos perfiles en contenidos de planes y programas de estudio de la educación básica. Los perfiles a su vez son parámetros de evaluación de la eficacia formativa de preescolar, primaria y secundaria.” Así comenzaron a expresarse los primeros discursos ya no tanto centrados en la “planificación”, sino en la “evaluación de la educación”.

Esa era la lógica de los tecnócratas y administradores de empresas en su discurso dominante y hegemónico sobre la manera de pensar la escuela pública. ¿De dónde salieron las nociones de análisis «FODA» (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que usan hoy los directivos de la escuela pública? ¿Qué raíz teórica y metodológica tiene la redacción de nociones como «¿Misión», «Visión» y «Políticas de Calidad» en la escuela? ¿Cómo surgieron los conceptos de «eficiencia», «eficacia» o “mejora continua” en el ámbito educativo, del que se apropiaron (por inducción) tanto maestros como directivos escolares?

 

Dispositivos conceptuales tecnocráticos como “Excelencia” Educativa, y la aceptación tácita y explícita, en el texto Constitucional, de términos o frases como “Máximo logro de aprendizaje de los educandos”, dan cuenta de esta lógica tecnocrática, gerencialista, pragmática, que sólo ha significado, con sobre cargas acríticas, reducir los conceptos educativos y pedagógicos a expresiones técnicas, mensurables, instrumentales. Los elementos de su discurso son elocuentes y congruentes con esa ideología: Los directivos escolares convertidos, en los hechos, en “gerentes”, y los docentes transformados en “técnicos”, en “recursos humanos” entrenados o “evaluados como idóneos” (en lo individual) para aplicar y desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados en el aula.

El primer paso de la continuidad del proyecto tecnocrático educativo, durante el inicio del gobierno de la 4T, si no sucede otra cosa, será el decreto de modificaciones al texto Constitucional (sobre todo del Articulo 3o.), que se aprobará en estos días en la Cámara de Diputados federal.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/26/educacion-publica-en-mexico-continuidad-de-la-tecnocracia

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La calidad de la educación, gran ausente en el Plan de Desarrollo

Por: Julian de Zubiría Samper

El pedagogo Julián De Zubiría analiza la propuesta educativa del Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque. Su conclusión es que, salvo en educación inicial, el plan carece de diagnósticos, ideas y estrategias para enfrentar el grave problema de la baja calidad de la educación.

El Plan de Desarrollo expresa, libre de todo adorno, la política pública. Allí vemos los diagnósticos, las prioridades y las metas propuestas por el gobierno para los próximos cuatro años. Allí conocemos los recursos que serán invertidos en cada uno de los sectores. El Plan es ley de la república y lo que no esté escrito, prácticamente no existirá durante el cuatrienio.  De allí su enorme importancia para comprender para dónde va el gobierno, a qué le asigna importancia y qué le preocupa poco.

Lo primero que hay que decir es que, en educación, este plan dejó por completo de lado el Plan Decenal 2017-2026, que había sido formulado tan solo un año antes. Después de consultar a más de un millón de colombianos y de que por espacio de un año trabajó una Comisión Académica en la que estaban presentes algunos de los más destacados educadores y pedagogos; luego de un intenso trabajo por parte de diversas instituciones gubernamentales organizadas en la Comisión Gestora, se lanzó públicamente el Plan Decenal.

El plan definió los diez desafíos que tendrá que afrontar la nación en los próximos diez años en el derecho a la educación y en las estrategias que nos deberían llevar a mejorar la precaria calidad educativa de la que disponemos hasta el momento. Este gobierno acaba de botar a la caneca todo ese trabajo y desaprovechó la oportunidad para construir política de Estado en educación. La implicación es que tendremos que volver a iniciar estudios, reflexiones y diagnósticos ¡En materia de calidad de la educación, volvemos a empezar de cero!

El Plan de Desarrollo en educación es muy pobre en diagnósticos y corto en metas, ideas y propuestas. Lo que mejor sale librado es la educación inicial. Sin duda, elabora una pertinente estrategia para atender de manera integral a los menores de seis años. En esto acierta, ya que es evidente que sin mejorar el derecho y la calidad de la educación inicial es poco lo que podremos hacer por la equidad.

Tal como vamos actualmente, ya en primer grado existe una acentuada inequidad entre el desarrollo alcanzado por niños pertenecientes a familias de estratos altos y bajos. Pese a que la Ley General de Educación estableció en 1994, tres años de atención obligatoria a los menores, hoy tan solo el 55% de los niños y niñas del país están matriculados en transición. El Estado, una y otra vez, ha violado lo establecido en la Ley. En consecuencia, hay que aplaudir el énfasis en la cobertura integral de la educación inicial. Aun así, la meta del Plan es llegar al 68% para transición, la cual sigue siendo relativamente baja.

También es cierto que, gracias a las gigantescas movilizaciones de los estudiantes universitarios, los recursos para la educación superior crecerán en este y los próximos tres años y que esta situación logrará revertir parcialmente la aguda tendencia hacia la desfinanciación de la educación superior que vivimos durante las dos últimas décadas. Algo que también hay que reconocer.

Sin embargo, es poco lo que podemos resaltar del Plan en materia pedagógica, ya que, es muy pobre su análisis sobre los factores asociados a la calidad educativa. Más grave todavía, no ameritan una sola palabra en el extenso documento los temas del currículo, del modelo pedagógico, de la necesaria reestructuración por ciclos del desarrollo, de la cohesión de la comunidad educativa o del inaplazable relanzamiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).  Paradójicamente es un Plan de Desarrollo educativo, pero con muy pocas ideas pedagógicas, pensado para seguir haciendo “más de lo mismo” y de la misma manera.

En el tema de docentes es muy poco lo que avanza el Plan. También aquí deja de lado el estudio más completo que al respecto se ha presentado en Colombia y el cual es conocido como el Informe Compartir Tras la excelencia docente (2014). Por tanto, también se abandonan sus interesantes recomendaciones de política pública. En el Plan no se retoman sus diversas propuestas sobre los criterios y estímulos necesarios a tener en cuenta para cualificar la selección de mejores docentes, ni su original propuesta sobre los sistemas tutoriales de acompañamiento o la concerniente a la necesaria transformación del sistema que hoy en día estamos utilizando para evaluar a nuestros docentes: un sistema basado en videos que nadie ve, ni entiende, ni sabe cómo evaluar, ni para qué sirven. Absurdamente hoy en día los seguimos usando. Ni una palabra se dice sobre todo ello.

Aún más preocupante, casi nada se dice sobre los grandes ajustes que hay que hacerle al actual sistema de formación de docentes, aunque todos sabemos que, entre los profesionales que se gradúan de las universidades, los futuros docentes siguen obteniendo los peores balances en las pruebas SABER PRO en lectura crítica y razonamiento numérico. Como dicen coloquialmente, la “platica” del Informe Compartir se perdió, porque ni el gobierno de Juan Manuel Santos ni el de Iván Duque asumieron de manera responsable sus interesantes recomendaciones en política pública. Incluso, varios de los aspectos señalados en el Plan, son abiertamente contradictorios con los formulado en el Informe.

El tema del currículo es todavía más grave, ya que ni si quiera aparece mencionado en el Plan de Desarrollo. Éste es uno de los factores más importantes para explicar la bajísima calidad educativa del país y aunque en el Plan se mencionan reiteradamente los altos niveles de deserción en todos los niveles del sistema, en ningún momento se interpreta el problema. Sin esto, es imposible resolverlo.

El Plan menciona que de cada cien estudiantes que se matriculan en el primer grado, tan solo 44 logran graduarse del colegio, pero no aborda la pregunta central: ¿por qué sucede esto? ¿por qué el sistema no logra retenerlos? Una de las variables esenciales a tener en cuenta y que se señala en múltiples investigaciones, es la de la impertinencia de los temas abordados en la escuela. Con frecuencia los jóvenes interpelan: ¿para qué ir a la escuela si en ella no les enseñan lo que necesitan en la vida y si lo que necesitan en la vida no se los enseñan en la escuela?

Sigue el país abordando un currículo impertinente y descontextualizado, que enfatiza en aspectos fragmentarios, informativos disciplinares, pero el nuevo plan de Desarrollo no dice una sola palabra sobre estos temas. Ese es el costo de dejar de lado la historia y los diagnósticos previos. Al respecto el tercer desafío que estableció el Plan Decenal 2016-2027, fue definido de manera muy clara y precisa: “Establecer para el país lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles”.

Generales para superar el paradigma de la transmisión de la información; flexibles para respetar la autonomía que exige la Ley General y la necesaria contextualización que demanda un buen trabajo educativo; y pertinentes para superar el modelo pedagógico tradicional que sigue siendo ampliamente dominante en el país. Me temo que avanzaremos muy poco en la reflexión e implementación de un currículo que enfatice las competencias esenciales para pensar, comunicarse y convivir. Seguiremos viendo cómo se torna cada vez más difícil enfrentar el problema de la calidad de la educación, porque no tenemos un gobierno interesado en ello, que aprehenda de la historia y que tome las medidas que se requieren para enfrentar el viejo problema de la calidad de la educación.

En campaña fue evidente que el candidato Duque tenía el programa menos elaborado en educación porque carecía de diagnósticos, de interpretación, de análisis y de propuestas para afrontar el tema de la calidad de la educación. Era claro que este tema le interesaba poco. Hoy hay que ratificarlo: al gobierno Duque le interesa poco la educación y por ello ha presentado un Plan de desarrollo que desconoce la historia, los diagnósticos previos y las múltiples propuestas que han hecho investigadores, pedagogos y gobiernos anteriores.

Una última palabra: en todo el documento no aparece una sola vez mencionada la palabra paz. La pregunta que tenemos que hacernos es si es posible una buena educación que no ayude a consolidar la paz en el país.

La nación no lo sabe, pero en Colombia hemos construido un sistema educativo que agrava las inequidades sociales; un sistema que, con el paso del tiempo, ha aumentado las desventajas que tienen los sectores más pobres y olvidados del país; un sistema en el que muy pocos estudiantes pertenecientes a colegios de estratos altos, alcanzan cada vez resultados más altos y más distantes de los que alcanza la mayoría de la población.

El problema grave es que, si no mejoramos la calidad de la educación y si no formamos a los niños y los jóvenes para la reconciliación y la paz, será totalmente imposible disminuir las acentuadas inequidades que tenemos los colombianos. Me temo que seguiremos teniendo una educación pública de muy baja calidad. Esto es inevitable cuando el gobierno no aborda las variables clave asociadas a la calidad: el currículo y la formación de docentes. Tampoco dice una palabra sobre las innovaciones pedagógicas o la necesaria reestructuración por ciclos del desarrollo, para fortalecer el trabajo en equipo y disminuir la fragmentación, propias de la escuela tradicional. Ojalá en los planes municipales y departamentales sí se aborden estos cruciales temas que fueron dejados de lado en el Plan de Desarrollo Nacional.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-calidad-de-la-educacion-gran-ausente-en-el-plan-de-desarrollo-por-julian-de-zubiria-samper/607078

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¿Qué sabemos sobre los estudiantes normalistas hoy?

Por Esmeralda Dionicio García

Un primer paso en este ejercicio de reflexión es reconocer la heterogeneidad del subsistema de educación normal, pues no es lo mismo hablar de aquellos estudiantes que ingresan a una escuela normal cuya designación es de Benemérita y/o Centenaria, que de aquellos que ingresan a una normal rural o, incluso, a una normal sin ninguna distinción específica. De acuerdo con una investigación de corte cualitativo que se realizó con jóvenes que ingresan a la educación normal para cursar la licenciatura en educación primaria (LEPRIM) en dos escuelas normales del Estado de México, se identificó que los estudiantes normalistas presentan características diversas según el tipo de normal en la que estudian, la carrera que eligieron y la zona en la que se ubica la institución en la que están inscritos (en este caso se habla de dos contextos: semi rural y urbano). En esta investigación se entrevistaron a 32 estudiantes normalistas que cursaban el primer semestre de la LEPRIM; 11 afirmaron que entraron a la normal convencidos de querer ser maestros, mientras que 21 dijeron que no estaba en sus planes convertirse en docentes.

Por un lado, los jóvenes que sí querían ser docentes relacionaron su elección con motivos intrínsecos y altruistas. Al respecto, resaltaron características propias, como la paciencia, tolerancia, gusto por la enseñanza y el trabajo con niños, así como por la satisfacción de ayudar a quienes lo necesitan y de servir a la sociedad, las cuales reconocieron como cualidades para poder ejercer la docencia, como se aprecia en el siguiente fragmento de entrevista:

Yo creo que, lo principal es que tengo mucha paciencia con los niños, no me estreso con ellos, al contrario me gusta convivir con ellos, también siento que soy muy dinámica y creativa, se me ocurren varias formas para realizar actividades con los niños o para explicar un tema (estudiante mujer de normal semi-rural).

Por otro lado, de los 21 estudiantes que no estaban convencidos de ser maestros, se identificaron tres subgrupos: el primero está compuesto por jóvenes que fueron rechazados, desde una hasta ocho veces de su primera opción, en IES de alta demanda y en carreras que no están relacionadas directamente con la educación como: derecho, nanotecnología, gastronomía, odontología, turismo, biología, una carrera militar, entre otras opciones. El segundo subgrupo se encuentra integrado por estudiantes que decidieron ingresar a la normal porque ésta representaba la opción económica más viable que sus padres podrían solventar. Finalmente, en el tercer subgrupo se encuentran los estudiantes que fueron expulsados de otras carreras (ingeniería mecatrónica y químico farmacéutico biólogo) por la exigencia académica que representaban y ven a la normal como una oportunidad de reincorporarse a la educación superior en una licenciatura que requiere “menor esfuerzo académico”.  Empero, lo que estos chicos tienen en común es que no querían ser maestros:

La normal fue lo último, o sea, mis papás siempre me habían dicho…me había dicho mi mamá, tú vas a hacer también [examen] para la normal, vas a hacer para todas las escuelas, pero yo no quería ser maestra, sinceramente yo no, nunca, nunca (estudiante mujer de normal urbana).

En general, los estudiantes de ambos grupos se enfrentaron a desafíos durante el primer año de la LEPRIM; no obstante, la manera en que los superaron tiene que ver con las características de su proceso de ingreso. Así, mientras que los normalistas que siempre habían querido ser maestros afrontaron esos desafíos con mayor responsabilidad, aquellos que vieron a la normal como última opción expresaron frustración e inclusive pensaron en dejar la carrera. Esta distinción también estuvo presente en las expectativas profesionales a largo plazo: los del primer grupo se visualizaron por más tiempo en la docencia, mientras algunos del segundo grupo expresaron que desearían desempeñarse en una función administrativa en lugar de ser docentes frente a grupo. Un aspecto que no puede dejarse de lado en este análisis es el hecho de que a partir de la reforma de 2013 se permitió que estudiantes provenientes de profesiones afines a la educación pudieran competir por una plaza docente. Definitivamente se necesitan más investigaciones para poder discutir el efecto de esta medida y los resultados en las trayectorias de los maestros que se incorporaron al servicio magisterial por esta vía, pero lo que es un hecho es que esta disposición transformó el panorama que se tenía sobre las normales y sobre su exclusividad en la formación de maestros.

En este contexto, después de la reforma de 2013, la composición de las nuevas generaciones de estudiantes normalistas debe entenderse a partir de distintos motivos. Tanto a partir de las características de los jóvenes como de su contexto y de la transformación de la misma profesión docente, así como a los procesos de selección establecidos por autoridades educativas de cada entidad. Al respecto, se aprecia que el descenso de solicitudes de nuevo ingreso a las escuelas normales obligó a que en algunas entidades flexibilizaran sus procesos de selección. En este escenario, resulta imprescindible determinar procesos de selección más rigurosos e integrales, en donde no se determine quién ingresa a la normal únicamente a través de un examen de opción múltiple, sino que se tomen en cuenta las características indispensables que se han identificado en  docentesque logran mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a partir de sus prácticas dentro del aula. Por ejemplo, que se contemplen los motivos por los que se ingresa a la carrera y las cualidades personales de los aspirantes. En mi opinión, el hecho de flexibilizar los procesos de ingreso a las escuelas normales sólo puede garantizar el incremento de la matrícula en las mismas, pero no la revalorización de la profesión.

Igualmente, considero que el otorgamiento automático de plazas podría representar un retroceso pedagógico en la intención de fortalecer a las escuelas normales. El hecho de atraer a más aspirantes para cursar una licenciatura para formarse como docentes a través de la oportunidad de insertarse al mercado laboral tan pronto como egresen de la educación superior resulta contradictoria —pues como se ha señalado en otras investigaciones— en un contexto donde la incorporación al ámbito laboral resulta un reto para los egresados de distintas licenciaturas, como en el caso de México. La docencia con ese tipo de ventajas sería elegida como una opción que garantiza el empleo, pero sin tomar en cuenta los aspectos antes citados, sería poco funcional.

Finalmente, cabe puntualizar que las escuelas normales son instituciones de educación superior, por lo cual deben ser tratadas como tal: instituciones donde convergen ideas, espacios donde se fomenta la investigación y recintos formadores de profesionales. El camino no se vislumbra fácil, no obstante, si se les otorga autonomía podrán tomar las decisiones adecuadas con base en sus necesidades. A partir de la última versión del dictamen que se conoce de reforma del Artículo Tercero de la Consitución que estaría por aprobarse en estos días, parece ser que una vez más este tema quedará pendiente. Sin duda se trata de una deuda histórica del Estado mexicano con el normalismo, es lamentable que se pierda la oportunidad de ir a fondo en la transformación del susbsistema de las escuelas normales.

Esmeralda Dionicio García
Maestra en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el DIE-Cinvestav.

Fuente: https://educacion.nexos.com.mx/?p=1700

Ilustración: Estelí Meza

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Guatemala: Movimiento para la Liberación de los Pueblos

Por: Ollantay Itzamná

En Guatemala, al igual que otros países sumergidos del Continente, se cree que los pobres son culpables de su pobreza. Se cree que los ricos son buenos, y los pobres son malos. Se cree que el Estado tiene que ser administrado únicamente por los ricos blancos, los pobres sólo deben aspirar a hacer incidencia política.

Se cree que los ricos tienen derecho a gobernar, y los pobres la obligación de votar por el rico. Es castigado con dureza todo aquel que se atreva a cuestionar el conjunto de las creencias que cimentan y sostienen a la Guatemala oficial y a sus instituciones estatales.

En este contexto de dominación mental y espiritual, indígenas y campesinos organizados en comunidades en resistencia, venciendo el dispositivo de apoliticidad que USAID y el onegismo post Acuerdos de Paz había instalado en el imaginario colectivo de los subalternos, decidieron organizarse políticamente, y disputar el poder a los ricos. Un hecho sin precedentes en Guatemala.

Candidatos elegidos por las comunidades organizadas

El ritual electoral guatemalteco había acostumbrado a la ciudadanía a la presencia de candidatos de corbata, con rostros de photoshop, descendiendo casi siempre de helicópteros, llevando regalos al pobrerío. Obligados a endeudarse y pagar por los puestos de candidatos. El sistema electoral de partidos políticos se había normalizado como un negocio empresarial.

Este bicentenario ritual electoral está siendo flagrantemente modificado por la incómoda presencia del instrumento político de los empobrecidos, denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), ahora, en campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales del 16 de junio.

Sus candidatos son defensores de derechos

En el MLP, casi la totalidad de sus candidato/as son defensores de derechos, y elegidos previamente por las comunidades organizadas. Ninguno de ellos/as pagó dinero para acceder a las candidaturas.

Integrantes de las comunidades en resistencia pintan sus casas, compran sus camisetas, dibujan mantas, pagan sus gastos de movilización y alimentación durante las acciones colectivas.

Mientras los partidos de derecha e izquierda tradicional presentan a sus candidatos/as según formatos de la hegemónica estética occidental, los candidatos de MLP se muestran con estética propia de los pueblos. Mientras los tradicionales se respaldan, muy a pesar del fracaso, en la rotulación académica, las y los de MLP se presentan como defensores y defensoras de derechos. Algunos tienen títulos, pero ni lo mencionan en su presentación.

No sólo llama la atención los semblantes de pueblo pueblo de las y los candidatos del MLP, sino la triada ética que profesan: Anticorrupción (renunciaron a la inmunidad), Transparencia (renunciaron al secreto bancario), Austeridad (salarios para funcionarios públicos máximo al equivalente a 5 salarios mínimos).

Proceso Constituyente y Estado Plurinacional

Realizan sus concentraciones y mítines, no sólo sin que alguien les dé comida o pague sus transportes, sino sin himno nacional, sin bandera nacional. Ellos y ellas apuestan expresamente por la creación del Estado Plurinacional mediante un proceso constituyente. Se proponen revisar los contratos de privatización de los bienes y servicios para nacionalizarlos. Van por la recuperación y devolución de tierra, territorio y agua a las comunidades y pueblos para la producción de alimentos.

El MLP, es prácticamente un peligro y desafío para todos los partidos de derecha e izquierda tradicional acostumbrados a vivir del negocio de la administración pública. Nadie sabe con certeza el peso de la preferencia electoral de esta organización política en las próximas elecciones. Lo cierto es que, en menos de 10 días de proselitismo electoral, ya asesinaron a dos integrantes de MLP (uno de ellos candidato municipal).

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