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Cada 22 minutos se registra en el país un abuso sexual contra un menor

Por: Julia Alegre Barrientos. 

En 2018, el 87,7 % de este tipo de delitos se cometieron contra niños y adolescentes.

El primer día del recién estrenado año el país se despertó con la noticia de la violación, tortura y asesinato de Angie Lorena Nieto, una niña de 12 años de Cabuyaro, Meta, a manos de un vecino del municipio, identificado por las autoridades como Pastor Gómez Vaca.

El caso ha generado un rechazo unánime entre la opinión pública, similar al que suscitó en octubre de 2018 la violación y posterior incineración en Fundación, Magdalena, de Génesis Rúa, de apenas 9 años, o el asesinato y abuso sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, por parte de Rafael Uribe Noguera, quien hoy cumple una condena de 58 años en la cárcel de Valledupar.

Salvando las distancias, esta semana se dieron a conocer cifras de Medicina Legal que evidencian que casos como el Yuliana, Génesis y Angie Lorena no son aislados, sino que la violencia sexual contra niños y adolescentes no ha hecho sino aumentar en los últimos tres años. 

El 2018 fue un año funesto: entre enero y noviembre se reportaron 21.515 denuncias, y eso sin tener en cuenta los números del mes de diciembre, que todavía no se han hecho públicos. Esto se traduce en que cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos. En una reciente entrevista con este diario, Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, fue más lejos y habló de 74 registros diarios. 

El 2017 cerró con un balance de 20.663 casos –57 cada día–, y en el 2016 hubo 18.416 –50 diarios–. Haciendo un comparativo, entre 2016 y 2018 el aumento de la violencia sexual infantil fue del 16,8 por ciento.

Las niñas son las que se llevaron la peor parte: representan el 74,4 por ciento de las denuncias de 2018. En 2016 y 2017, la tendencia fue prácticamente la misma: 85,4 por ciento y 73,9 por ciento, respectivamente.

Otro de los hallazgos que se desprende del informe de Medicina Legal es que los menores de entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896, frente a los 6.015 de entre los 5 y los 9 años, y los 2.835 con edades comprendidas entre los 15 y los 17. También es preocupante el número de niños de entre los 0 y los 4 años que fueron víctimas: 2.767. Así, los menores de edad se consolidan como el grupo poblacional que más exámenes forenses por abuso sexual concentraron en 2018 del total de la población afectada (24.525). Son el 87,7 por ciento.

En cuanto a los criminales que perpetraron estos delitos, cerca de 10.963 eran familiares de la víctima, lo que se corresponde con el 44 por ciento del total de los registros. De estos, algo menos de 5.000 fueron los padres o padrastros de los menores; 1.697, los tíos y 1.034, los abuelos. En otras 5.632 denuncias, el agresor conocía a la víctima, aunque no estaba emparentado con ella; 1.939 eran amigos directos y solo en el 4,8 por ciento de los casos el victimario no conocía a la víctima.

El abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión

La vivienda familiar es el lugar donde más se cometen estos crímenes, 18.000 en 2018, seguido de la calle (1.830) y las instituciones educativas (733). Como apunta Luis Prada, médico forense con más de dos décadas de experiencia en este tipo de delitos, “el abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión. Tenemos que entender que estos delitos no pertenecen al ámbito familiar, sino que es un problema público”.

El experto asegura que esta tendencia al alza de las cifras está relacionada directamente con el reconocimiento y publicidad de derechos y la estimulación de la denuncia. “Lo que siempre tuvimos era la invisibilización de este problema. Las víctimas siempre han estado ahí, pero antes no las escuchábamos. Por cada caso que yo examino hay entre 8 y 10 que no estamos viendo. Necesitamos visibilizar más para hacer mejores intervenciones”.

En esto último coinciden los informes ‘Forensis’ de los últimos años de Medicina Legal, que, además, resaltan la importancia de poner el foco en la zona rural, donde se genera el mayor número de subregistros: “Aunque la mayoría de casos se desarrollan en el área urbana, los esfuerzos institucionales deben centrarse en la defensa de los derechos de la población rural, donde se dificulta la denuncia”. Alertan que la casi imposibilidad del desplazamiento hacia las instituciones y los patrones culturales del campo imposibilitan que haya emancipación de las víctimas.

Atajar el problema

Según el Código Penal, mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito, aunque el niño lo consienta. También lo es “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre menores de edad, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.

Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad

La claridad de la norma choca de lleno con el problema estructural de impunidad que rodea estos casos y que asciende a más del 80 por ciento, advierten entes como la Fiscalía y la Procuraduría. “Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad”, señaló el procurador de la Nación, Fernando Carrillo, en un evento en junio.

Una de las fórmulas que se barajan para atajar estas cifras –y que más resuena cada vez que un caso de violencia sexual infantil se vuelve mediático– es la de instaurar la cadena perpetua para violadores de menores.

El abogado penalista Gerardo Barbosa opina que esta medida podría ser contraproducente: “En términos de proporcionalidad, sería más que justificada, pero en términos de eficacia práctica puede generar el efecto paradójico de incrementar la impunidad. En algunos casos, los jueces podrían preferir fallar a favor del acusado que castigar en términos tan fuertes”. Para él, las penas que se contemplan en el ordenamiento jurídico colombiano para este tipo de delitos son suficientes si se aplicaran: “El problema es de permisibilidad judicial y una sociedad que se ha vuelto tolerante con el abuso”.

Añade que faltan investigadores, jueces y fiscales profesionalizados en este tipo de casos, como sucede con los que manejan cuestiones relacionadas con el narcotráfico. “Falta preparación. Creen que si no hay daños físicos evidentes o rastros de fluidos, no hay delito. Y eso es absurdo. Estos casos se suceden en la clandestinidad, y puede que no haya esa evidencia tan visible, pero sí otra”.

De la mano de una justicia efectiva, hay sectores de la comunidad educativa que defienden la necesidad de implementar medidas que vayan más allá de lo punitivo y se centren en la prevención del fenómeno. Es ahí donde aparece la propuesta de incluir una materia de educación sexual obligatoria en los colegios que, como lo define la Unesco, “brinde conocimientos, competencias y valores que permitan a niños y adolescentes tomar decisiones personales, sanas y responsables acerca de su vida y su sexualidad y, evitar así, la explotación, el abuso y la violencia sexual”.

Miguel Ángel Bermúdez, profesor colombiano que el año pasado quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize, el Nobel de la educación, es uno de los impulsores de esta línea metodológica que pone en práctica a diario en el colegio Gerardo Paredes, en Suba, Bogotá.

Explica que debe implementarse desde preescolar y estar orientada a tres aspectos: “El primero, que el niño aprenda a identificar una violencia sexual sobre su cuerpo, enseñándole quién lo puede tocar, cómo y dónde y quién no. Segundo, hay que enseñarles a decir no a la gente de la que desconfían y que para ellos es extraña,aunque sean amigos de la familia”.

Finalmente, apunta, se debe incidir en las opciones que tienen para denunciar el abuso en caso de que se haya perpetrado. “Enseñarles que si no pueden confiar en la familia, porque es donde se ha cometido el delito, existen otras rutas, como la escuela. Lo más difícil es generar confianza para que hablen. Para ellos es complicado reconocer que quien les hizo daño es una persona a la que quieren”, concluye.

Fuente del artículo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/registro-de-abuso-sexual-en-colombia-contra-menores-de-edad-311738

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Public education governance should rest with the public

By: Laurie French.

In some areas of the country, there is an increasing erosion of the fundamental rights of Canadians with regard to local democratic voice in public education. Governance of the education of children and youth in Canada has been entrusted to locally elected trustees across the country for decades. Protecting local voices to ensure local choices is the responsibility of citizens.

Local education governance requires regular focused attention by trustees close to the community. Education is a significantly funded portfolio, and the governance provided by locally elected school boards helps to ensure a transparent and accountable system.

Adding public education to the long list of responsibilities already held by MLAs or MPPs is untenable and is a loss of responsive local voice when questions or concerns at the grassroots arise. This can be seen in ill-informed decisions at the provincial level to make cuts to education and programming that will have drastic effects on students at the local level. Without an understanding of community needs, decisions made at a higher level can be devastating. No two communities are alike, and the needs of one education district can differ from those of another. School boards, accountable to their local constituents, ensure that decisions reflect the needs and priorities of their community.

While school advisory/planning councils play an important role in providing advice to local schools, it is essential to understand that councils are advisory and do not take the place of democratically elected school boards, nor are they accountable to their broader communities. Citizens are encouraged to connect with their local school board trustees to discuss the role they play and gain a better understanding of their work.

Any erosion of democratic representation in the governance of public education must be a concern to all Canadians, regardless of whether their first language is French or English, and whether or not they have school-aged children. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the right of minority language parents to govern the education of their children. However, we should all be concerned when majority French and English parents are losing their right to have a local democratic voice in the education of their children.

In areas where school boards have been eliminated, communities, media, and education partners have felt the loss of transparency in public education. Democratically elected school boards and trustees have one portfolio on which to focus – public education. They meet and make decisions in open meetings, ensuring the public and media have access to debate and insight into how taxpayer money is allocated. This influence is at risk where locally elected school boards are eliminated or when their authority is reduced.

It is incredibly concerning that Canadians are increasingly placed in situations where we must fight to maintain the vital right to be democratically involved in public education. Centralization of control is, by definition, an erosion of local voice and greatly affects the education of children and youth.

In provinces where governing school boards, their provincial associations, and the provincial ministry enjoy a positive, productive co-governance relationship, great things are happening. This is not about power and control – this is about being responsive and responsible to communities and citizens to ensure the success of future generations of students.

We therefore call upon all Canadians to contact their MPP or MLA to express support for locally elected trustees and school boards. At the end of the day, supporting elected school boards is support for public education and the future. As Canadians, we have a right to local voices, local choices.

Fuente del artículo: https://www.thechronicleherald.ca/opinion/opinion-public-education-governance-should-rest-with-the-public-274812/

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My Dreams for Indigenous Education in Canada

  1. By: Jo-ann Archibald.

Stó:lō educator Jo-ann Archibald, new Order of Canada recipient, imagines the brightest future for her field.

[Editor’s note: Jo-ann Archibald, University of British Columbia professor emeritus of education and member of the Stó:lō First Nation, is one of 15 people appointed Officer of the Order of Canada for 2019. Archibald, whose Indigenous name is Q’um Q’um Xiiem, spent her 45-year academic career Indigenizing education, from teaching, to teacher education and curriculum development, to university education. Archibald spoke to Tyee reporter Katie Hyslop about where she wants to see Indigenous education in 20 years.]

I’d like to be able to look back in 20 years and say, “Gee, we’ve really made some big steps, instead of the small steps we’ve been making over the years.” For example, ensuring Indigenous ways of knowing are more firmly embedded in all areas of education, moving from the margins to core parts of learning in early learning, Kindergarten to Grade 12, and post-secondary education.

Now we’re at the stage where we have pockets where Indigenous ways of knowing have been introduced, and in some areas we actually have Indigenous programs. We have had success for those who are lucky enough to experience these programs. But those are few.

In 20 years, Indigenous ways of knowing should be more widespread and shared in ways that are meaningful, of good quality and engaging. Teachers who take on this role should feel more confident in introducing the topics, the resources and most importantly work with Indigenous families and community members to supplement what the teachers are doing. Research should be connected to these approaches so that we can learn what’s working, what needs to be improved, and share that widely.

Some teachers will say, “I can’t do anything about the Indigenous kids; they come from poor homes,” and feel hopeless. I would hope this feeling shifts to excitement and confidence in working with Indigenous students and parents, rather than feeling it’s a dismal situation. That point came out in a 2015 auditor general’s report in British Columbia; it is called the racism of low expectations. I hope we wouldn’t have that anymore in 20 years time.

And we need to question our biases and keep examining our own perspectives: “What’s my attitude to Indigenous peoples or the history? What has shaped my attitudes and how I approach these areas in my own practice?” Those questions are so important, and even somebody who feels they are not biased, when they look at their assumptions might think, “Oh, maybe I need to get more informed, get some help from others to deal with some of these questions that I have.” I think it’s really important to question, but you need to act on those questions.

More Indigenous teachers!

We seem to have more Indigenous teachers who act as resource teachers in the public school system, which is important, but at the same time we need to have the Indigenous teachers as classroom teachers, too. That leads up to post-secondary education, where many more Indigenous faculty members are needed for teaching and doing research.

I do see more Indigenous people entering post-secondary education now, and these could be the future teachers and educational leaders at all levels of education. The teachers to me are so central to Indigenous students’ success, which is why I have dedicated much of my educational career to teacher and graduate education.

Including more Indigenous ways of knowing in curriculum

We’ve been working on many areas of Indigenous curriculum, preparation of teachers and educational leaders and increasing the educational involvement of community members. But we really need to ensure that the funding for these approaches continues, and that’s a difficult area, because if educational systems and universities start to have a financial issue the Indigenous programs are often the ones that suffer the most.

Currently, there is a requirement from the B.C. Ministry of Education to include Indigenous topics and resources at every grade level and subject area. Some innovative approaches ensure that students have opportunities to be out in nature to learn about the rivers, the land and the affinity and kinship one can acquire by being on and with the land. They have stories to help them, Elders or knowledge holders doing activities with them out on the land, and the teachers help relate this Indigenous knowledge to science, math, reading, physical activity and more. It can be holistic and integrated, starting with the use of Indigenous traditional stories.

In contrast, it’s not doing a little bit and feeling, “Okay, that’s my Indigenous activity for the year,” which may give students the impression that this learning is not that important. It’s important that teachers, whether they are K-12 or at university, try something, and that could be their first time. But it should not be their last time.

Non-Indigenous students benefiting, too

Non-Indigenous students may develop an awareness that Indigenous people were living on this land going back thousands of years. They managed to survive, to live on and with the land, learned or developed technologies to help them and had their own values and laws.

The other part that students have to know is the history of colonization and to think about the results. If they then hear on the news that Indigenous people are protesting some of the pipelines, logging or the missing and murdered Indigenous women, they will have an understanding about why our society is in this predicament today. Whereas when they don’t learn the history, all they see are the images on the news, and they’re not given an understanding about what are the issues, how they’ve come about, what people want to happen and the racism and how that plays out.

More emphasis on education as a life-long journey

I’d like to see more Indigenous families and community members feeling positive about their engagement with the school, that school is not for them a scary place or a place they don’t belong, which is often a prevalent feeling.

We need to also put the same attention on this lifelong or long-term commitment. It is important for these different systems to work co-operatively: the early childhood education to K-12, then K-12 into post-secondary, then post-secondary to career/business/industry. Right now, it’s not a seamless kind of journey for the learners.

Indigenous learners have often been channelled into some areas that are limited, where they may not take the math or English courses that would get them into a university, for example. That can be problematic when it’s done through bias; we want to make sure if learners decide they want to go into a trades program, they do it knowingly and they feel good about it. At the same time, they should have the option to go to college and university.

Twenty years from now we would have much more flexible educational systems where Indigenous learners feel included, that they belong, that they feel good about who they are as Indigenous people, and that there is this caring and meaningful trajectory for them.

Stronger connections between education systems, community

Where I see a lot of exciting things happening right now is in the Indigenous early childhood programs. Across the country they have been working on ensuring the programs are Indigenous — learning an Indigenous language, Indigenous stories — while they’re also doing child development, learning and communication activities that all children should get at that level.

At the same time, post-secondary Indigenous education in Canada is expanding to include more Indigenous courses, programs and support units for students and faculty. What is needed are ways to connect these various public and Indigenous educational systems so that those students who experience Indigenous learning transition successfully to their next level of learning, where that system is also responsive to Indigenous learners and to Indigenous ways of knowing.

If Indigenous students do need any particular supports, there are ways to find the supports, or draw on the strength that child has or strength from the family and community. That’s where the educational systems could then work with the community.

Or later, for career or job areas, there are partnerships where students can have internships and co-op placements. So that child knows, ‘Hey, somebody cares about me,’ and they are prepared and they are given options. In 20 years, that continuum should be a standard way of thinking about Indigenous students.

That kind of approach is starting to happen. I have been involved with a non-profit society, Dogwood 25, that’s trying to look at this Indigenous learning continuum going from the early years right through into career and work. We are trying to get school districts, post-secondary, business and industry working in partnership so we can develop this kind of continuum planning and program approach.  [Tyee]

Source of the article: https://thetyee.ca/Opinion/2019/01/14/Indigenous-Education-Dreams/

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Educación en el Brasil de Bolsonaro: sin Marx, sin el Che y sin repudio a la dictadura

Por: Víctor David López.

El ministro de Educación, Vélez Rodríguez, es un incondicional del régimen militar y profesor emérito de la Escuela de Comando y el Estado Mayor del Ejército

Quieren evitar que «la educación de género» y la «reescritura de la historia» desmonten valores como la «preservación de la vida, la familia, la religión y el patriotismo»

Pocos conceptos ha tenido más claros el ultraderechista Jair Bolsonaro en estos últimos años, rumbo a la presidencia de Brasil, que el de, en su opinión, «los adoctrinadores» del sistema educativo brasileño. Esos que «explican básicamente que el capitalismo es el infierno y el socialismo es el paraíso». El mensaje ha calado fácil entre su electorado, que le respalda en sus apuestas para que la «educación sexual sea cosa de papá y mamá» o para que en las aulas «no haya ninguna ideología; el profesor no puede abusar de aquella audiencia cautiva para imponer su ideología».

Si a Jair Bolsonaro le irritan los «libros con fotos del Che Guevara como un gran líder», a su nuevo ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, le ofende que «las universidades brasileñas, en especial las públicas, controladas a partir de la apertura democrática por la izquierda rabiosa, hayan acabado haciendo de la memoria de 1964 [el año del golpe de estado] un acto indiscriminado de repudio a los militares y a las directrices trazadas por ellos».

Vélez Rodríguez, colombiano nacionalizado brasileño, es profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais), así como profesor emérito de la Escuela de Comando y el Estado Mayor del Ejército. No es muy conocido dentro del entorno académico: fue el escritor y filósofo Olavo de Carvalho, una especie de guía espiritual de Bolsonaro –con opciones de ser el futuro embajador de Brasil en Estados Unidos– el que recomendó al presidente electo el fichaje del profesor. Ha sido necesario, después, el aval de la bancada evangélica del Congreso para oficializar su nombramiento.

El nuevo ministro de Educación –sirva para situar sus preferencias– no tiene reparos en defender al régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Asume que fueron autoritarios y que las Fuerzas Armadas no están orientadas a la gobernabilidad, pero destaca que la intervención «evitó que los comunistas tomasen el poder, instaurando la dictadura del proletariado, con el baño de sangre que eso provocaría en un país de dimensiones continentales como Brasil. La opinión pública sabe que la extrema izquierda buscaba eso».

Estas afirmaciones están archivadas en su blog personal, y forman parte de una columna publicada en 2014 en el diario «O Estado de São Paulo», bajo el título «1964 medio siglo después». Añade Vélez Rodríguez que bajo la dictadura militar, «en lo que respecta a la economía, Brasil se transformó en un país industrializado», subrayando los avances en telecomunicaciones y en construcción de carreteras.

Critica también la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de recuperar y documentar algunos de los casos más escabrosos de la dictadura, porque, en su opinión, se convirtió en una «omisión de la verdad», que analiza «la represión practicada por el Estado, sin, en cambio, recordar nada del terrorismo practicado por la izquierda radical».

«Escuela sin partido», para controlar al profesorado

Vélez Rodríguez, como Bolsonaro, como la bancada evangélica, y como todo el conservadurismo brasileño, están alineados con el movimiento «Escuela sin partido», que tomó fuerza en la pasada legislatura, y que ha desembocado, incluso con apoyo del propio presidente electo, en un llamamiento generalizado para que los estudiantes graben en vídeo y denuncien a profesores que incluyan en sus explicaciones valores fuera de lo establecido por este nuevo orden impuesto. «Vamos a grabar lo que sucede en el aula y vamos a divulgarlo», animaba Bolsonaro en un vídeo dirigido a los alumnos de todo el país. «Vuestros padres, los adultos, los hombres de bien de Brasil, tienen el derecho de saber lo que estos profesores, entre comillas, hacen con vosotros en el aula». Algo similar a las «Escuelas Neutras» propuestas por la extrema derecha de Alternativa para Alemania.

El programa de «Escuela sin partido», convertido en propuesta de ley, será votado en el Congreso brasileña en las próximas semanas. En el Tribunal Supremo, además, será juzgada la posible inconstitucionalidad de la ley inspirada en este movimiento que ha sido aprobada en el estado de Alagoas. Según este movimiento, los profesores no se aprovecharán de los alumnos «para promover sus propios intereses, opiniones, concepciones, o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y partidarias». También indica entre sus puntos que, al tratar cuestiones políticas, socioculturales y económicas, «el profesor presentará a sus alumnos, de forma justa –es decir, con la misma profundidad y seriedad– las principales versiones, teorías, opiniones y perspectivas a ese respecto».

Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el proyecto incentiva la censura a los docentes. Así lo explicaron, recibiendo el apoyo de 87 países, en la 6ª Asamblea Mundial de la Campaña Global por la Educación (Katmandú, Nepal), el pasado mes de noviembre. Según CLADE, detrás de la «Escuela sin partido» se esconden «prácticas persecutorias y violadoras de derechos humanos, que tienen el control como principio y finalidad».

Días antes de ser nombrado nuevo ministro de educación, Vélez Rodríguez enumeraba, de nuevo desde su blog personal, algunas de las recomendaciones para la cartera que ahora dirige. Ya era consciente de que estaba entre los principales candidatos al puesto, y afirmaba que trabajaría para que el sistema educativo crezca desde el ámbito municipal, siguiendo el lema del presidente: «Más Brasil y menos Brasilia». Opina el ministro que «la proliferación de leyes y reglamentos sofocó en las últimas décadas la vida ciudadana, convirtiendo a los brasileños en rehenes de un sistema de enseñanza ajeno a sus vidas y afinado en la tentativa de imponer a la sociedad un adoctrinamiento de índole cientifista y enquistado en la ideología marxista travestida de revolución cultural gramsciana».

Protesta de lo que denomina «invenciones perniciosas» como «la educación de género, la dialéctica de nosotros contra ellos, y una reescritura de la historia en función de los intereses de los denominados intelectuales orgánicos», destinada, en su opinión, a «desmontar los valores tradicionales de nuestra sociedad, en lo que respecta a la preservación de la vida, la familia, la religión, en suma, del patriotismo». Estas últimas referencias no podían faltar, si quería el beneplácito de los grupos evangélicos que apoyan a Bolsonaro.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/internacional/Educacion-Brasil-Bolsonaro-Marx-Che_0_843066559.html

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Moctezuma y la Educación Superior

Por: José Luis Camacho Vargas.

Uno de los más grandes debates actuales en torno a los sistemas educativos en distintas partes del mundo es su universalización. En estos tiempos, ningún país que se precie de ser democrático duda que la educación sea un derecho fundamental de todo ser humano y que el Estado debe hacer todo lo que le sea posible para garantizarla en sus niveles más esenciales.

La duda surge cuando hablamos de hasta dónde esta garantía debe aplicarse sin interferir con la natural competencia que promueve la calidad en todo proceso. Y es que, dado que no todos nacemos con las mismas capacidades y aptitudes, promover por mero decreto político el acceso y estancia en los más altos niveles de una actividad que es competitiva por naturaleza, derivaría en un inevitable abaratamiento de la calidad.

No debiese ser considerado en absoluto un hecho discriminatorio admitir que no todos podemos tener las aptitudes requeridas para cursar estudios universitarios. Esta situación es corroborada por los datos que nos arrojan distintos estudios en torno a la elevada deserción escolar universitaria.

Esto no quiere decir de ninguna manera que aquel que no posea las características propicias para enrolarse con éxito en una carrera universitaria deba ser hecho a un lado del sistema, jamás debiese ser así, pero es que el sistema educativo no debiese estar enfocado a producir licenciados al por mayor, sino a explotar las cualidades de cada persona de acuerdo con sus habilidades potenciales.

Y es que un buen sistema educativo no es el que más licenciados produce en el año, sino el que sabe potenciar y encausar las habilidades y aptitudes del estudiante hacia un campo de acción específico. Esto lo demuestran distintos sistemas educativos a nivel mundial que logran canalizar al estudiante hacia las áreas en las cuales por su perfil profesional y características emocionales mejor podría desarrollarse.

Este planteamiento cobra especial relevancia tras lo dicho por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en el sentido de repensar completamente la política nacional en educación superior de México.

Para ello, el egresado de la UNAM ha dicho que se trabajará en coordinación con toda la comunidad universitaria, rectores, expertos, estudiantes y maestros, a fin de “crear una visión de cómo se formará a los mexicanos del futuro desde la educación inicial hasta la conclusión de sus estudios”, ha dicho Moctezuma Barragán.

Se trata de atender el pendiente que desde hace lustros se ha hecho presente, como lo es la reforma de la educación superior en México.

Hace 158 años el Presidente Benito Juárez promulgó la Ley de Instrucción Públicaconvencido de que para la niñez mexicana, aprender a leer y escribir los despojaba del lastre de la ignorancia, la opresión y el sufrimiento. Hoy se debe seguir el ejemplo del más ilustre mexicano y pugnar ya no sólo por que nuestra niñez y juventud aprendan a leer y escribir, sino que reciban una educación de calidad, que los aleje de la violencia, frustración e ignorancia.

Fuente del artículo: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/moctezuma-y-la-educacion-superior-2914500.html

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Cuatro formas de segregar a los alumnos en las escuelas y parar el ascensor social

Por: Sara Montero.

  • «En España el alumnado resiliente es bajo, es decir, son pocos los niños que sacan mejores notas teniendo una situación socioeconómica baja».
  • Segregar por sexos, el gran peso de la concertada o el sistema bilingüe en Madrid son instrumentos que dejan fuera al alumnado con más necesidades.

La Educación es una de las vías de integración más importante de un país y tiene capacidad transformadora. Por eso, siempre es una batalla entre gobiernos de distinto signo de un mismo país y, como prueba, las sucesivas leyes educativas que no han logrado darle un marco estable en España. Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, hay muchos mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre el alumnado que debe garantizar la enseñanza pública y ralentizan (cuando no paran) el ascenso social. 

Los movimientos sociales y laborales, como la Marea verde, llevan años denunciando que los gobiernos han adelgazado la enseñanza pública con los recortes durante la crisis, pero estos activistas también están vigilantes sobre cómo se desvía el dinero público a la empresa privada o cómo se segrega a los alumnos dejando al margen a los que tienen una mayor necesidad de atención por parte de las administraciones autonómicas que ostentan esta competencia.

Son muchos los factores que hacen que los alumnos vayan peor o mejor en el colegio, con el origen socioeconómico como uno de los que más pesan. Los conocimientos que se aprenden en el colegio se refuerzan en casa y, por tanto, la situación de las familias es determinante. Tampoco es lo mismo poder pagar profesores particulares y actividades extraescolares que no poder hacerlo. “En España el alumnado resiliente es muy bajo, es decir, son pocos los niños que sacan mejores notas teniendo una situación socioeconómica baja” explica Alonso Gutiérrez, de la secretaría de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO. 

Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, Gutiérrez recuerda que la ola de neoliberalismo busca subterfugios para debilitar lo público. “Si pones exenciones fiscales a ciertos colegios no haces uso directo del dinero público, pero la administración deja de ingresar dinero que luego irá a los colegios públicos”, explica. También recela de medidas como el cheque escolar. “Si no se acompaña de una política de creación de centros públicos, al final se favorece a la empresa privada”. Todas las modulaciones de las comunidades autónomas hacen que se den fenómenos como el de la Comunidad de Madrid, que siendo una de las regiones más ricas de España tiene uno de los modelos más segregadores, según las conclusiones de un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación.

Para descubrir en qué pisos educativos se para este ascensor, charlamos con dos personas que pelean por la pública desde dos trincheras diferentes:  Gutierrez, de CCOO, y Miguel Guerrero, activista de Marea Verde. Unas veces estas modificaciones tienen un fin ideológico, otras motivos de clase y otras puramente económicas: “Si el mercado de la escuela pública se liberalizara, su valor valdría millones de euros”, explica el miembro de CCOO sobre el jugoso mercado que supone privatizar. Para los defensores de estos modelos dan libertad a los padres para escoger la educación de sus hijos. Para sus detractores, es una manera de segregar.

Separar niños y niñas

La cuestionada Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce), aprobada por el PP, decreta que la educación “diferenciada por sexo”, no constituye discriminación y no debe suponer “una desventaja” a la hora de “suscribir conciertos con las Administraciones educativas”. La revista Science publicó en 2011 el artículo ‘La seudociencia de la escolarización por sexos’, en el se asegura que las afirmaciones que sustentan este tipo de enseñanza son científicamente débiles. Por tanto, para los entrevistados separar a niños y niñas no tiene más sentido que el puramente ideológico.

Aún así, cuando el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, éste avaló la financiación pública de estos centros en una sentencia que reavivó la polémica. “No hay evidencias científicas ni pedagógicas. No es que hombres y mujeres aprendan de manera diferente, es que todos lo hacemos. La diversidad es propia del ser humano, pero financiar este tipo de enseñanza es un retroceso”, explica este miembro de CCOO.

Es el modelo educativo intermedio entre la escuela privada y la pública. La administración es privada, pero los centros reciben dinero público, aunque puedan pedir cuotas voluntarias a los padres. Su presencia en España es muy significativa, ya que un 25,9 % del alumnado español se matricula en esta enseñanza, algo que Gutiérrez califica de “excepción” en Europa: “Su presencia corresponde a un momento histórico concreto, los 80, en el que se incorporaron grandes cantidades de alumnos al sistema y esto supuso que no hubiera centros públicos suficientes para este alumnado. Por tanto, se planteó concertar con otros centros, sobre todo, con la Iglesia católica. Pero esa necesidad tenía que haber desaparecido. Los conciertos han sido avalados por distintas leyes y ahora es complicado revertir la situación”, argumenta Alonso Gutiérrez. El País Vasco y la Comunidad de Madrid son las dos áreas en las que cuenta con mayor presencia.

Pero financiar con dinero público centros privados tiene un componente de clase muy claro para Miguel Guerrero, que afirma que hay zonas de Madrid donde solo 1 de cada 4 plazas pertenece a una escuela pública, por lo que los hijos de las familias con menos recursos van a los mismos colegios, provocando una segregación socioeconómica: “Hay un mal entendido prestigio social en la concertada para la gente que se cree clase media sin serlo y que no se puede pagar una privada porque es muy cara”. Para este padre y activista, la concertada “cambia el sistema” aplicando las leyes del mercado a un bien público como es la enseñanza universal.

El sistema bilingüe

El bilingüismo está implantado de manera muy irregular en cada comunidad autónoma. Por eso, hay que analizar cada caso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de los ejecutivos que con más intensidad ha apostado por este sistema y, además, presume de buenas estadísticas. “En Marea verde no estamos en contra de que se implemente un sistema para que los alumnos aprendan inglés, pero no estamos de acuerdo con este modelo“, asegura Guerrero, que ve dos problemas importantes. El primero, la segregación que supone para el alumnado. Cuando llegan al instituto, los alumnos que tienen un nivel de inglés adecuado van a sección y los que no, a programa. Esto relega a la misma aula, no solo a los que optan por no cursar en bilingüe, sino también a los que tienen más dificultades para aprender o los que sufren fracaso escolar.
Guerrero también apela a una segunda cuestión más abstracta: el bilingüismo como herramienta para laminar el sentido crítico. Este activista asegura, además, las clases en inglés se convierten en memorización de vocabulario y los alumnos no profundizan en el conocimiento de la temática en favor del conocimiento de la lengua.

Los recortes y la falta de recursos

El desvío de dinero público a los concertados y los recortes que se perpetraron con la crisis hacen que aún sigan faltando recursos.”Todos los centros escolares no pueden ser tratados de la misma manera. Quizá habría que plantearse que los que están en contextos más desfavorecidos tengan ratios más bajos”, explica el sindicalista sobre la importancia de más profesores y orientadores por alumno cuando tienen más dificultades. También propone incentivar al profesorado para que los mejores vayan a los centros más complicados.

Ningún padre piensa el primer día que su hijo pisa el colegio que pueda tener problemas en su aprendizaje. Pero a veces ocurre. En ese momento, tener recursos a su alcance que le den un empujón en su desarrollo se vuelve vital.

Fuente del artículo: https://www.cuartopoder.es/espana/2019/01/14/cinco-formas-de-segregar-a-los-alumnos-en-las-escuelas-y-parar-el-ascensor-social/

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Two challenges confronting education

By Hazlina Aziz.

 

With the students heading back to school yesterday for the new school year, let me lay out two challenges confronting education today that I think will dominate the year if we do not focus on certain areas.

The first is the lack of acceptance by students and parents of their responsibilities, and the subsequent undermining of discipline.

Nowadays, far too many parents are passive, protesting that they cannot handle their own children. Others actively undermine the disciplinary process, questioning the right of teachers or schools to impose discipline or to insist that all students be governed by the same set of rules.

We don’t talk very much any more about whether, for instance, parents are pushing their children to do their homework and school projects or respect their teachers.

The recent case of Cikgu Azizan brought up many discussions among Netizens on issues leading to the difficulties in educating youths today. The lack of student-parent accountability can be frustrating in regard to student discipline and striving to ensure that students accept responsibility for their behaviour and actions.

Responsibility for exam results, and for student success and behaviour cannot rest on the overloaded backs of teachers alone. Education would function best as a stool strongly supported by three legs — teachers, students and parents. Instead, it far too often stands on only one leg, that of the teachers.

Part of a teacher’s job is finding the way to open a student’s heart and mind. By the same token, though, the job of parents and guardians is to send to school children who are responsible, respectful and ready to learn. While compulsory attendance regulation can make children show up in schools, it is still hard to teach those who do not want to learn.

The days of parents adopting a hands-off approach to their child’s education and that it is the teacher’s job must come to an end soon. Parents, and even more importantly, students themselves, must be held accountable.

The other challenge is a generation addicted to smartphones or other mobile devices which leads to inability to focus and engage in the actual tasks at hand. Along with the Internet and its infinite distractions, there are a lot more products and platforms competing for attention today than there were 30 years ago.

One example is how to get students who are used to a different source of distraction every few seconds to focus, for instance, on reading a chapter from the textbook, analysing a poem, or writing a coherent essay. It is not easy and it will grow more difficult for teachers to get their attention during lessons.

Some students can “switch” attention between the phone as an entertainment device and as a learning tool; for others, the phone’s academic potential is routinely ignored.

Boys in their teens are addicted to video games and can play incessantly if given the chance. Girls of the same age, on the other hand, are addicted to social media wanting every moment for Snapchatting or Instagramming.

The problem as a result of this addiction runs deeper and is far more difficult to solve. We might think that students can handle the multitasking that using phones and devices for studies would require. For others, they are almost always a distraction. Even the visible presence of a phone pulls students — and many adults — away from their task at hand.

Yes, smartphones and other devices can be used in learning activities. They can provide instant access to information from a myriad sources and for a myriad reasons.

Although technology and the wealth of information that they can provide has the potential to shrink achievement gaps, the opposite can also take place within the classroom.

The Education Ministry’s plan to allow students to bring mobile devices to help in the learning process should be considered.

We must be selective on technology use in school not just because it is available, as it should be a means to a meaningful end, not an end in itself as teachers work to enrich the student experience.

In the New Year, the Malaysian Education Blueprint gets into its fifth year of implementation in transforming our education system.

The master plan needs a review along the way to add value and rectify any shortcomings to maximise its target by 2025. These two issues mentioned can have a negative impact on teachers and students if we do not address them properly.

Teaching, which is one of the very best jobs in the world, will remain one of the hardest jobs today. I wish a happy and successful new school year for all those who returned to the classroom yesterday.

Source of the article https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/01/320906/two-challenges-confronting-education

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