Author: Sara Montero

Por: Sara Montero

Según la última macroencuesta, el 11,5% de mujeres ha sufrido violencia económica en algún momento de su vida. El control de gastos, disponer de las tarjetas de ella o el impago de las pensiones tras un divorcio son algunas de sus manifestaciones.

«¿Qué pasa, eres rica o no tienes ya suficiente ropa?». Macarena ganaba más dinero que su marido, pero no podía disponer de él. A veces, comprarse un vestido nuevo podía suponerle una discusión y tampoco podía permitirse caprichos a pesar de que ella hiciese la compra para la familia. El control del dinero era parte de la violencia que sufría, que era también física y psicológica. Cuando se separó, el chantaje continuó. Al día siguiente de que le denunciara, él sacó de la cuenta común todos los ahorros. Le costó ponerle nombre a esa coacción, pero hoy ella sabe que sufría (también) violencia económica, gracias al trabajo de recuperación y empoderamiento en Fundación Ana Bella. Según la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer 2019, el 11,5% de mujeres de más de 16 años la ha sufrido en algún momento de su vida.

Si extrapolásemos los datos al conjunto de España, 2.350.684 mujeres habrían experimentado este mecanismo de control alguna vez. Según la encuesta, la situación más frecuente es que la pareja haya impedido a la entrevistada «tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las compras de forma independiente» (el 7,8% de las mujeres que han tenido pareja). Un 6,5% ha visto cómo él se ha negado a darle dinero para los gastos de la casa, mientras a un 5% de mujeres preguntadas no les han dejado trabajar fuera del hogar. Otro 4,8% ha visto cómo la pareja ha usado «el dinero o tarjeta de crédito de la mujer o ha pedido préstamos a su nombre sin su consentimiento».

«Es un tipo de violencia que suele ir combinada con la violencia física, la psicológica o la emocional. El objetivo es tener controlada a la pareja, utilizar el dinero como un arma de control», explica Manuela Torres Calzada, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. La experta incide en el sufrimiento que provoca en las víctimas, que desarrollan un sentimiento de «dependencia» hacia su agresor.

Inmaculada Domínguez, investigadora de la Universidad de Extremadura y miembro del Instituto Polibienestar, está analizando la cuestión en el proyecto Ecovio, en el que participan instituciones de Italia y España (Universidad de València) y que ha sido financiado con 400.000 euros por la Comisión Europea. Se han llevado a cabo entrevistas personales para conocer las historias de vida de 20 mujeres que han sufrido violencia económica. Tanto las Asociaciones Clara Vive como la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón han colaborado estrechamente en las mismas.

En su investigación, ha identificado tres manifestaciones claras de la violencia económica. La primera, el «control» de las cuentas, limitando el uso del dinero por parte de las mujeres. La segunda, la «explotación» económica, que supone que ella lleva un sueldo a casa pero no dispone de él, mientras su pareja decide en qué se lo gasta. El tercer escalón es el «sabotaje» laboral, que frena a las mujeres para que puedan generar sus propios recursos, según describe la experta.

Una violencia que se extiende hasta la expareja

El estudio de Domínguez aporta una línea de investigación novedosa. Están analizando los casos de mujeres que no habían sufrido violencia en pareja, pero que, al divorciarse, su relación se convierte en un infierno. «Hay mujeres que aseguran que una vez se separaron fue cuando empezó el abuso económico«, explica.

En el caso de la violencia económica, no se trata de exparejas que no puedan pagar una pensión por su situación económica, sino que aun teniendo capacidad, prefieren mantener a su exesposa en tensión. A veces, esta violencia se manifiesta en gestos sutiles que no llegan a judicializarse. «Si tienen que pagarle el día 1, esperan hasta el 10 para que ella esté pendiente y les llame», ejemplifica la investigadora extremeña.

Por ello, estas expertas advierten de que la violencia económica se extiende incluso cuando la relación sentimental con el maltratador se ha acabado, especialmente, cuando hay hijos en común. Si la violencia física termina con el abandono de la víctima del domicilio, la económica se prolonga a través del pago de pensiones alimentarias, de la hipoteca o de los gastos de los niños. «Las exparejas no pasan la pensión o dilatan los procesos judiciales. A veces incluso interponen múltiples procesos para intentar arruinar a la víctima. Le dicen: Voy a contratar a los mejores abogados y te voy a hundir«, relata la experta de Themis.

En el caso de Macarena, la primera agresión se produjo la noche antes de la boda y los episodios se prolongaron más de dos décadas. Ni siquiera en su trabajo se sentía segura: «Algunas veces me obligaba a cerrar la tienda en pleno horario», recuerda sobre las llamadas que le hacía él solicitando su presencia en casa. Finalmente, se quedó sin empleo y pocos meses después le denunció, después de que uno de sus hijos se metiera en medio de una discusión para protegerla: «Ya no pude aguantar más. No tuve más opción». Ahí empezó otro calvario: ese mismo día, él sacó todos sus ahorros de la cuenta común, un dinero que aún hoy no ha recuperado.

Ellas a veces se encuentran sin trabajo o con un sueldo precario y con hijos a su cargo. Por ello, Domínguez apunta que la vivienda es una preocupación recurrente entre las mujeres a las que ella ha entrevistado durante su investigación. A veces, incluso se convierte en un mecanismo de chantaje: «Si tienen hijos, ella se queda en la casa familiar, pero la hipoteca hay que pagarla a medias. A veces ellos no pagan o hacen el ingreso tarde», explica sobre los mecanismos de las exparejas para quebrar la seguridad de estas mujeres. Por eso, ahora su grupo de estudio elabora una propuesta para que las autoridades diseñen mecanismos que impidan que una separación empobrezca a esa mujer que se atreve a dar el paso. Su inspiración son las herramientas habilitadas en caso de desahucio.

Una traducción tenue en la legislación

La violencia económica está reconocida en el Pacto de Estado contra las violencias machistas aprobado en el Congreso de los Diputados en 2017, así como por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), o en el Convenio de Estambul firmado por España. Sin embargo, las expertas coinciden en que aún no se ha afianzado en la legislación.

El impago de pensiones, cuando se ha fijado judicialmente, es la manifestación más clara de violencia económica que aparece en el Código Penal. Concretamente, en el artículo 227, que sentencia que quien deje de pagar durante dos o cuatro meses consecutivos «cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos» será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Sin embargo, durante su investigación, Domínguez se ha encontrado con todo tipo de estrategias de los hombres para someter a sus exparejas a su control: casos en los que tardan días en pagar para mantener la tensión, que fraccionan la cantidad o que saldan la deuda justo antes de que se celebre el juicio. «Si tienes una pensión asignada de 200 euros, prefieres no denunciarle cuando no te la paga. Le llamas, discutes y cuando quieres interponer la denuncia, ya han pasado tres meses», explica la investigadora. Por eso, aconseja a las víctimas denunciar desde el primer impago y no esperar: «Quizá no sean cantidades muy altas inicialmente, pero son lo suficiente para machacarlas».

Más allá de las pensiones, la portavoz de Themis asegura que se entiende como una parte de la violencia más genérica también en las sentencias. Al final, el resultado es que «muchas mujeres acaban apañándose» por su cuenta cuando ellos dejan de pagar.

Sí hay salida

Pero los maltratadores las mienten: sí hay salida. Los recursos habitacionales, la reinserción laboral de las víctimas y el acceso a más recursos económicos son clave para que ellas puedan romper la cadena de violencia. Macarena encontró la puerta violeta. Tras ella estaba la Fundación Ana Bella, donde inició su proceso de recuperación y pudo acceder de nuevo al mercado laboral.

«No puedes entrar en un proceso de trabajo si tu autoestima no está elevada. Primero intentan empoderarte para que veas que eres capaz de salir de todo eso y sacar adelante a tus hijos. Te dan talleres de búsqueda de empleo o te preparan para encarar una entrevista de trabajo», resume.

Primero comenzó con «trabajos trampolín» algún fin de semana, con un sueldo pequeño, pero suficiente para volver a sentirse capaz. Hoy es una mujer libre que ayuda a otras mujeres a salir de la violencia.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/violencia-economica-dinero-arma-control-machista.html