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La voz compartida

Manuel Gil Antón

Quizá no hay tantas como expendios de alimentos chatarra, pero las escuelas son un espacio común hasta en las poblaciones más apartadas, pequeñas y pobres. Sitio compartido por un tercio de la población del país. Lugar al que acuden cientos de miles de profesores y maestras: más de un millón. Incontables aulas, algunas de bajareque y lámina, otras con piso firme y computadoras para todos. No pocas con grietas de tal magnitud que se trasladan a una casa, a la cancha de básquet, la sombra de un árbol, a otra escuela amiga.

El lunes 25, día previo al aniversario de la desgracia de Ayotzinapa, se reanudarán las clases en casi todas las zonas lastimadas, y continuarán en el resto del país. Llegaremos con imágenes en el corazón: generosidad, ansia de ayudar, lozas que no dejaron salir a los que se nos murieron, escombros y fierros retorcidos donde albañiles sencillos, pero sabios en menester de los ladrillos, varillas y polines, hicieron veredas por donde salieron tantos vivos y muertos que velar. Soldados y marinos entrones. Muchos jóvenes, y no tanto: también añosos, acarreando cascajo. Estorbando a veces, sí, pero sin trabar el sentido de su presencia como esfuerzo solidario y, también, signo complejo del dolor y azoro de estar vivo y tener casa y escuela, cuando otros las han perdido o verán caer. Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, la Ciudad de México… ciudades y aldeas donde se fincaron, con esfuerzo, casas que vieron nacer, crecer, amar y desamar. Morir también sin la trabe encima. Sitio de las estas. Paredes con fotos de su historia.La cocina donde nos juntamos a comer, hablar y ser.

En la retina llevaremos rostros de padres esperando saber de sus niños, de los hijos aguardando si acaso un bendito mueble dejo al abuelo modo de respirar y lo alcanza el topo antes que la parca.

Ajados por la tristeza, con preguntas, corajes, rabias justas cuando lo desplomado no fue culpa del temblor, sino de la corrupción impune. Angustiados. Vulnerables. No habrá modo de iniciar las labores sin escucharnos. Lo que no alcanza a medir la examinación con guadaña, altanera, va a aparecer, intangible a la opción múltiple, y tendrá palabra. Hay tren pal norte y el sur: de los que aprenden enseñando, y los que nos enseñan tanto al aprender. ¿Por qué el dolor, maestra? ¿Qué se hace con la angustia que me atosiga? Tengo un vacío en la ilusión y un hueco en la panza. ¿Cómo se puede vivir si se ha muerto una hija? Y entonces, en el prodigio de la voz compartida, se hallará alguna respuesta o no: pero la palabra dolida que se hace común educa, forma.

El silencio que se guarda cuando no se puede hablar y un compañero llora. Ese abrazo. La palmada del profe, la torta o el taco que se comparten, son sustancia en la educación concebida como reconocimiento del otro que nos dice lo que vio, lo que le cuarteo los ojos: lo dicho y lo callado brotará ahí. Es la hora de la escuela como plaza de la voz. No de la explicación, quizá: sí de la escucha, de la pregunta que se lleva en la mochila o el morral y se abre para convidar. Ahí hay un entramado que da certidumbre de ser nosotros. Y no estar tan solos. Si la escuela abre el umbral donde se conforma lo que consuela, enoja, calla y se anuda, ese intangible que fluye y alivia en y por el vínculo con los que la habitan, se vuelve albergue del asombro y la tristeza.

El balbuceo y la duda. Del ánimo y la esperanza cuando sea posible. Será el tiempo de la escuela: vayamos listos, abiertos a esas voces y a dejar que las preguntas soterradas se abran paso. ¿Cómo evaluar lo que pasará? Imposible. Innecesario. El hogar de la voz que va y retorna, es la esencia de una escuela que vale la pena, aunque los gerentes que buscan reflectores para la foto no lo sepan ver. Ciegos a lo que importa. Cuentachiles de aciertos: ignorantes.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-voz-compartida/

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Pedagogías de una tragedia

Pedro Flores Crespo

El terremoto del 19 de septiembre que cimbró a la Ciudad de México nos está dejando múltiples lecciones. Mientras las encuestas nacionales apuntan a un perfil de mexicano apático, miles de voluntarios salieron a la calle para participar en las brigadas de rescate. Cuando el adulto de la tercera edad condenaba severamente a los jóvenes y a los millenialspor usar indiscriminadamente el celular y las redes sociales, éstos organizaban diversos canales de ayuda por medio del Twitter y del Facebook.

Por nuestra parte, los cuarentones y cincuentones que estábamos – y estamos hartos – de las autoridades políticas y del cinismo del (dis)funcionario público, observamos que las diferencias no son irreconciliables cuando se trata de ayudar y cooperar. La desgracia vivida en la capital del país fue entonces aleccionadora porque nos regresó apertura, empatía y compasión. ¿Por qué teníamos que vivir un momento tan trágico para mostrar las virtudes que como pueblo tenemos? ¿Cuánto tiempo se mantendrá el espíritu solidario y la confianza en lugar del egoísmo y la suspicacia que nos corroe?

El terremoto del 19 de septiembre puede ser la piedra de toque para replantearnos formas de actuar y vivir distintos. Me explico. Si algo se buscaba en los días siguientes al sismo era la verdad en todas sus formas; ¿cuántas personas murieron? ¿de qué intensidad fue el sismo? ¿cuántos edificios se colapsaron? ¿por qué edificaciones recientes resultaron severamente dañadas? ¿quién es Frida Sofía? ¿puede ocultar el gobierno la verdad sobre una niña? ¿qué nivel de mentira es capaz de crear Televisa? La verdad estuvo a prueba en todos los medios de comunicación masiva, redes sociales y en el vecindario. Contrario al temblor del 85, ahora el invento, chisme y especulación fueron relativamente efímeros; no pasaron la prueba de la refutación. En redes sociales e incluso en los medios de comunicación hubo un constante contrapunto de opiniones, datos y observaciones al grado que se hicieron tendencia etiquetas o hashtags como #NoDifundasMentiras o #ChorosQueNoFaltan.

Es aleccionador que se sancione socialmente la mentira; sobre todo, en un contexto como el mexicano en donde la mayoría hemos aprendido que ponerse máscaras es más rentable y racional que mirar a los ojos y ser verídico.

Pero la construcción y defensa de la verdad no sólo debe ser responsabilidad del jefe o jefa de familia, docente, líder de opinión, reportero, o estudiante; sino que toca sensible y directamente a los representantes del gobierno. Si el descrédito de los políticos y sus partidos va en ascenso, ¿por qué no tratar de cambiar el código y aprovechar la situación de zozobra que vivimos los ciudadanos para comunicar con eficiencia los planes de reconstrucción, atajar suspicacias con acciones concretas y desmontar creencias superficiales con datos, argumentos y evidencia científica? Me uno a los que piensan que los gobiernos pueden y deben reconstruirse a partir de situaciones trágicas como ésta. No simpatizo con la idea de “demoler” todo lo que huele a política. Hay otras formas de interrelación entre sociedad y gobierno que podemos intentar y en donde reside, repito, hacerle honor a la verdad o de lo contrario, no habrá votos.

Practicar la verdad es un principio educador y de civilidad que puede enseñarse desde la escuela. Por esta razón, no basta con sólo reconstruir o rehabilitar físicamente las 12,931 escuelas que fueron parcial o totalmente dañadas por los sismos como reporta la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá que repensar qué otras lecciones nos dio la tragedia de los días pasados y discutirlas con nuestros estudiantes.

Aparte de la búsqueda incesante por la verdad, los maestros ahora tenemos la oportunidad de explicarle a los niños y jóvenes que aunque en ocasiones el Bien se vea chiquito y a punto de ser tragado por el Mal – como escribe Martín López Calva recordando a Augusto Monterroso -, el primero puede encarnar, resurgir y hacerse grande “ante nuestros ojos sorprendidos e incrédulos porque lo hacíamos moribundo en estos tiempos de decadencia”. Pero tampoco debemos engañarnos si queremos formar buenos pensadores. El Bien coexiste con el Mal, como bien afirma López Calva, pero sí hay posibilidades de que el primero triunfe sobre el segundo si hacemos de nuestras virtudes una costumbre y no la excepción, es decir, un proceder “sistemático y constante”.

El costo por rehabilitar y reconstruir las escuelas públicas será de aproximadamente 13 mil millones de pesos, ¿cuánto gastaremos al no poder aprender de nuestros errores y de la tragedia?

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/pedagogias-de-una-tragedia/

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Los rostros de la transformación educativa

Méxicanos Primero

Han pasado cuatro años desde la modificación al artículo 3º Constitucional, donde se incluyeron atributos necesarios para que el Estado (como principal obligado) asegure el proceso de transformación educativa que fortalezca y asegure en el tiempo la mejora continua del servicio para la sociedad. Sin embargo, diversos factores nos han permitido observar la complejidad y el entramado que implica una transformación de este calado en el sector educativo.

En este sentido, dimensionar la estructura humana que mantiene vivo el sistema educativo mexicano resulta importante para recordar que cualquier cambio deseable no ocurrirá solo por estar inscrito en la ley. Es decir, para que las cosas sucedan, debemos considerar a los agentes de cambio que integran el universo escolar.

Hablar de agentes de cambio, implica, por un lado, conocer sus contextos, sus perfiles, las trayectorias profesionales y por otro, sus sueños, dudas, inquietudes, deseos, incluso sus fracasos. Es decir, para hablar de los maestros en México, hace falta ir más allá de la estadística oficial, debemos darnos la oportunidad de conocer sus historias porque son ellos quienes, diariamente, viven y sienten la escuela desde sus trincheras.

En este espíritu, surge el Premio ABC. Máximo distintivo que la Sociedad Civil desde 2008, otorga a l@s maestr@s en nuestro país. Así, el miércoles 6 de septiembre, siete maestr@s han sido galardonad@s por una sola cosa: sus historias en la defensa y promoción del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en sus comunidades.

Carlos Alberto Villarreal Guajardo, maestro de primaria en Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas; Marbelia Molina Martínez, supervisor de preescolar en Tlapehuala, Guerrero; José Dolores Chan Cuevas, director de primaria en Motul, Yucatán; María del Rocío Hurtado Díaz, maestra de primaria en Tampico, Tamaulipas; Carlos Máximo Lozano, maestro de primaria en Ixtapaluca, Estado de México; Ricardo Enrique Cetina Flores y Rogelio Ake Mugarte, equipo de supervisores de primaria en Valladolid, Yucatán; tod@s ell@s, mujeres y hombres tan diferentes y en contextos tan diversos (adversos) comparten algo en común: la de no debilitar su pasión, su espíritu de profesionalismo y amor por su causa. Cumplir con su responsabilidad es sinónimo de vocación y entrega por los que verdaderamente importan: las niñas, niños y jóvenes.

México es un país de causas, en ocasiones distantes, aisladas, frías. Las cuales llegan a diluirse porque no son capaces de identificarse en la vorágine de la cotidianeidad. Sin embargo, en este escenario de sombras, reconocer rostros, nombres e historias brindan esa claridad de entendimiento hacia una causa en particular. Así, las experiencias de l@s ganador@s del premio ABC (104 a lo largo de una década) se convierten en faros a la distancia, guiándonos en la oportunidad de descubrir nuestras propias historias de éxito.

Porque en cada profesor de nuestro país, reside la maravillosa oportunidad de cambiar, de transformar, de inspirar. Al interior de cada aula, de cualquier tipo de escuela de la localidad más alejada del estado menos favorecido, existen seres humanos que dan todo por sus alumnos, que escuchan a sus compañeros, que brindan consejos, comparten materiales, se arriesgan a lo desconocido y abrazan la incertidumbre.

Este es el grandioso espíritu del Premio ABC, mostrarnos el rostro y las historias de seres humanos que hacen de lo extraordinario, algo ordinario. He aquí evidencia de cómo sí lograr cambios significativos en la práctica docente. De cómo sí utilizar la tecnología como herramienta para mejorar el aprendizaje. De cómo sí involucrar a las familias en las decisiones que impacten en la escuela. De cómo sí es posible rescatar la lengua y cultura indígena con base en la suma de voluntades. De cómo sí compartir una visión de la escuela que queremos. Sin duda, en la medida que hablemos cada vez más de las historias de éxito de l@s maestr@s, ese día sabremos que vamos en el camino correcto.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-rostros-de-la-transformacion-educativa.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/09/20/59c346e33f09d.jp

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El presupuesto (o el eslabón perdido en la relación entre evaluación y educación de calidad)

Blanca Heredia

En las reformas legislativas que dieron cuerpo a la reforma educativa impulsada desde fines de 2012, la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia aparecen explícita y reiteradamente como condiciones y garantes centrales de la calidad educativa. Ha sido así desde el principio y a todo lo largo de los procesos de cambio legislativo, normativo y programático asociados con la reforma educativa.

Por ejemplo, en los debates parlamentarios sobre la reforma del artículo 3º constitucional, en la exposición de motivos de los diversos proyectos de reforma, así como en el texto de reforma aprobado en febrero de 2013, a la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia se les asigna un papel clave en hacer posible y exigible el derecho constitucional de todos los mexicanos a una educación de calidad.

Ocurre, sin embargo, que en el marco legal vigente se omitió uno de los vehículos potencialmente más poderosos para hacer de la rendición de cuentas palanca efectiva para mejorar la calidad educativa. Me refiero al presupuesto y, más concretamente, a la obligación de asociar el presupuesto educativo a la evaluación y la rendición de cuentas en la materia por parte de los diversos actores gubernamentales que intervienen en ello.

No pasó desapercibido este hecho a los legisladores que, en su momento, discutieron la inclusión del derecho a una educación de calidad en el texto constitucional. De hecho, en su exposición de motivos a favor de la reforma del 3º constitucional, tanto el PRD como el PAN incluyeron posicionamientos en ese sentido.

El PRD en los siguientes términos: “Como complemento, en el artículo 73 constitucional se propone añadir el principio de que las aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se harán con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República”.

Por su parte, el PAN lo hizo de la siguiente manera: “Los resultados de la evaluación educativa deben determinar las aportaciones económicas al servicio público de la educación; es decir, que la evaluación tenga implicaciones presupuestales”.

Nada de esto llegó al texto aprobado de la reforma del artículo 3º constitucional o a algún otro ordenamiento jurídico. La vinculación entre presupuesto y rendición de cuentas en materia de calidad educativa fue, simple y llanamente, omitida.

Diseñar un esquema que haga del presupuesto instrumento para vincular de manera justa y eficiente la evaluación y la rendición de cuentas con la calidad educativa no es, en absoluto, fácil. Lograrlo supone sortear dificultades técnicas enormes (por ejemplo, generar criterios, instrumentos e indicadores de qué se entiende por “calidad educativa”). Sin negar estas dificultades, la ausencia del tema en nuestro marco legal reformado sugiere la operación de obstáculos más de peso; es decir, políticos.

De ahí que ni se mencione el asunto. De ahí también y en mucho el que, casi por terminar el sexenio de la reforma educativa más ambiciosa en las últimas décadas, no contemos con criterios o indicadores para evaluar lo que –a nivel legal y de política pública– constituye el eje vertebrador de todo el esfuerzo: elevar la calidad educativa. ¿Si no afecta los dineros, para qué ocuparse?

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-presupuesto-o-el-eslabon-perdido-en-la-relacion-entre-evaluacion-y-educacion-de-calidad.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/09/13/59b8cfe823959.jp

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Informe alerta contra la promoción de Alianzas Público-Privadas en la financiación del desarrollo

Por: CLADE. Autora Informe: María J. Romero.

Un informe que examina el papel de las alianzas público privadas (APP) como una manera de financiar los proyectos de desarrollo muestra que dichas asociaciones son arriesgadas y costosas, instando a los gobiernos e instituciones financieras a parar de ocultar sus verdaderos costos. Las APP son acuerdos a través de los cuales los financiadores privados remplazan gobiernos en su condición de proveedores y financiadores de los servicios públicos tradicionales, como escuelas, hospitales y carreteras.

Lo que yace bajo la superficie: Una evaluación crítica de las Asociaciones Público Privadas y su impacto en el desarrollo sostenible examina la naturaleza y el impacto de las APP, de cara al marco de realización de la conferencia de ONU, Financiación para el Dessarrollo (Financing for Development – FfD) en Addis Ababa, del 13 al 16 de julio. El informe analiza la literatura existente sobre las APP y las experiencias de Tanzania y Perú, con base en los hallazgos de las redes Afrodad y Latindadd.

Los gobiernos europeos en particular, e instituciones financieras como el Banco Mundial, tienen planes de impulsar la participación del sector privado en el desarrollo durante la cumbre, a despecho de de las reservas de muchos/as expertos/as de países en desarrollo.

La autora del informe, Maria Jose Romero, Gestora de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre la Dívida y el Desarrollo (Eurodad), plantea que: “Las APP están siendo promovidas por nuestros líderes como una manera de financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, como salud y educación, que han sido tradicionalmente provisionados por el Estado. Los costos de esos proyectos suelen ser muy altos, el sector público adume todos los riesgos, y hay frecuentemente un velo que encubre los modos como dichos proyectos son negociados”.

“Nuestros gobiernos deben dar un paso atrás en la Cumbre de Addis Ababa y poner las necesidades del desarrollo – y no las necesidades de los investidores privados – en primer lugar”.

Los gobiernos a menudo ocultan los verdaderos costos de las APP ya que pueden mantener el proyecto y sus pasivos contingentes (deuda potencial) fuera de presupuesto.

Las conclusiones de este informe son:

  • En la mayoría de los casos, las APP resultan el método más costoso de financiación y aumentan significativamente el gasto público.
  • Normalmente, resulta muy complejo negociar y poner en práctica las APP y muchas veces sus costes de construcción y transacción son más elevados que los de las obras públicas.
  • Demasiado a menudo, la obtención de financiación a través de APP conlleva riesgos para las instituciones públicas.
  • Existen muy pocas pruebas de que las APP sean eficientes.
  • Las APP presentan limitaciones importantes a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad y de prevenir un impacto negativo sobre el medio ambiente.
  • El sector público está poco capacitado para implementar APP, sobre todo en los países en desarrollo.
  • Las APP son poco transparentes y su escrutinio público es limitado, lo que tiene un impacto sobre su capacidad para rendir cuentas.

Romero afirmó: “Aunque exista alguna evidencia de que las APP pueden aumentar la eficacia de ciertos proyectos, hay diversos ejemplos de arreglos APP que han ido muy mal, y que dejaron una herencia duradera.

“Este informe muestra que promover APP de forma acrítica es un equivoco. Los gobiernos e instituciones financieras deben enfocar el desarrollo de los mecanismos adecuados al nivel del país para identificar si – y bajo qué condiciones – es deseable utilizar APP”.

Como muestran los casos de Perú y Tanzania, la experiencia al nivel del país es conflictuosa. Las APP sufren la poca transparencia y el escrutinio público limitado, que socava la rendición de cuentas democrática. En algunos casos, los proyectos APP han resultado en el descontento público, debido a sus costos más altos y alegaciones de corrupción.

El informe recomienda que los gobiernos dejen de ocultar el verdadero costo de las APP y que la toma de decisión sobre APP sea más transparente y comprometida con la rendición de cuentas. También se recomienda que los éxitos del desarrollo estén en primer plano de cualquier proyecto y que los países en desarrollo sean los responsables cuándo los principios y criterios para evaluar e implementar las APP se desarrollen.

  • Descargue aquí el informe (en inglés).
  • Para un resumen ejecutivo en español, cliquee aquí.

Fuente Informe: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/nuevo-informe-alerta-contra-la-promocion-de-alianzas-publico-privadas-en-la-financiacion-del-desarrollo/

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Menos igualdad: La privatización de la educación en América Latina

Reseña Informe:  La privatización de la educación en América Latina

La privatización de la educación es un fenómeno de alcance global.

Numerosos países, tanto del Norte como del Sur, han promovido medidas de privatización educativa en los últimos años. Como consecuencia, cada vez hay más niños y niñas que están siendo escolarizados en instituciones privadas.

En el campo educativo, la privatización no se desarrolla del mismo modo que en ciertos sectores de la economía, como la provisión de agua, de energía, en las telecomunicaciones. En efecto, la privatización educativa no supone transferir la propiedad de las escuelas públicas a manos privadas, sino la mayor participación de agentes privados en la provisión y el financiamiento de servicios educativos. Así, la privatización en el campo de la educación es el resultado de la implementación de diversos y complejos esquemas de provisión y financiamiento mixtos que tienden a integrar al sector privado y al público, y que conllevan la redefinición de las funciones y responsabilidades tradicionalmente asumidas por el Estado.

Las acciones más habituales para promover la privatización educativa son: la creación de escuelas charter (instituciones de titularidad pública gestionadas por una entidad privada y que cuentan con financiamiento estatal); los esquemas de vouchers o bonos educativos (que se transfieren a las familias para que elijan la escuela privada o pública que más se adapte a sus preferencias educativas y que tienen como objetivo fomentar la competición entre escuelas); las subvenciones o la contratación externa de escuelas privadas por parte de los gobiernos (como las escuelas públicas de gestión privada en Argentina o las escuelas concertadas en España); los incentivos fiscales al consumo y/o la provisión de educación privada; y, en sentido más amplio, la promoción de la libre elección escolar de las familias (entre las que se encontrarían medidas de supresión de las zonas educativas como la que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid en el año 2013).

Un fenómeno en expansión en América Latina

América Latina es la región del planeta donde la privatización educativa ha avanzado de forma más pronunciada y constante en las últimas décadas. Los países latinoamericanos se destacan no sólo por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por mostrar además un crecimiento sostenido excepcional de la oferta privada desde la década de 1990 (Gráfico 1). En el nivel de educación secundaria, América Latina también encabeza el ranking de regiones con mayor participación privada, pero en este caso comparte posición con los países del África Subsahariana (Gráfico 2).

GRÁFICO 1. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel primario por regiones. 1990-20141496241832_077401_1496247892_sumario_normal_recorte1

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

Nota: UNESCO considera instituciones privadas a aquellas que no son operadas por una agencia o autoridad pública sino que están controladas y gestionadas, ya sea con o sin fines de lucro, por alguna organización no gubernamental (por ejemplo, instituciones religiosas, sindicatos, empresas, fundaciones, o agencias extranjeras), o a aquellas cuya junta de gobierno está compuesta principalmente por miembros que no han sido seleccionados por un organismo público.

GRÁFICO 2. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel secundario por regiones. 1998-2014

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Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

A pesar de su magnitud, el fenómeno de la privatización educativa en América Latina ha sido por lo general poco estudiado desde una perspectiva regional. Dicha aproximación es, sin embargo, relevante dado que los motivos y factores que desencadenan la privatización de los sistemas educativos varían ampliamente país por país. En un estudio reciente, hemos mapeado la distintas manifestaciones y procesos de privatización educativa que coexisten en la región, en base al análisis de la multiplicidad de condicionantes sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos que intervienen en cada caso. Concretamente, identificamos siete trayectorias muy diferentes hacia la privatización educativa que nos muestran que las tendencias a la privatización responden a causas, orígenes y mecanismos muy distintos.

1. Privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado.

Chile es el país de la región donde ha cristalizado de forma más clara un proceso de privatización educativa fuertemente imbricado en un proceso más amplio de reforma estructural del Estado bajo los preceptos del neoliberalismo. En este país, la reforma educativa de los años ochenta redefinió drásticamente el rol del Estado en materia educativa y fomentó la elección escolar y el rol del sector privado mediante un sistema universal de vouchers. Dicha reforma fue impulsada en el contexto de una dictadura militar, lo cual dificultó que se pudieran articular resistencias efectivas ante unos cambios educativos tan drásticos y controvertidos.

2. Privatización educativa como reforma incremental.

En cambio, en países con un sistema educativo muy descentralizado, como Colombia y Brasil, la privatización se ha producido de forma incremental y como resultado del efecto acumulativo de una serie de reformas educativas acotadas y aparentemente aisladas, típicamente adoptadas a nivel subnacional. La política de “Colegios en Concesión” en Colombia – una variante adaptada de la modalidad charter popularizada en Estados Unidos desde la década de 1990 – constituye un emergente paradigmático de este tipo de avance incremental. En ambos países, factores políticos y socio-económicos de carácter extraeducativo (como la emergencia de una nueva clase media con mayor capacidad de consumo de educación privada) también han alimentado dichos procesos incrementales de privatización educativa.

3. Privatización “por defecto”.

En países como Perú, República Dominicana y Jamaica, el crecimiento del sector privado se explica por la pasividad y/o por la limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa. En estos casos, la privatización se produce, en cierta manera, “por defecto” más que como consecuencia de políticas proactivas, y se canaliza a menudo a través de la expansión de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste”, que cuentan con condiciones educativas e infraestructurales muy precarias, y están dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos.

4. Alianzas público-privadas históricas.

En Argentina y, en cierta manera, en República Dominicana, la creciente presencia de provisión educativa no-estatal es el resultado de una relación de cooperación estable y de carácter histórico entre el Estado y la Iglesia, de características similares a las que encontramos en países europeos como España, Holanda y Bélgica. Este tipo de alianzas entre el sector público y el privado – inicialmente religioso y crecientemente laico – se encuentran intrínsecamente vinculadas a la instauración de los sistemas educativos nacionales y a la necesidad de ampliar la cobertura escolar de la manera más económica posible.

5. Privatización por la vía del desastre.

Las situaciones de emergencia humanitaria y social, resultantes tanto de desastres naturales como de conflictos armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas de naturaleza drástica, las cuales, en situación de estabilidad y deliberación democrática, encontrarían más dificultades para prosperar. Tales dinámicas de privatización por la vía del desastre se han dado en países afectados por conflictos armados – como ha sido el caso de numerosos países centroamericanos en las últimas décadas – o por desastres naturales. En Haití, por ejemplo, después del terremoto del año 2010, se consolidó y expandió la provisión educativa privada en el marco del proceso de reconstrucción del país y en un contexto de notable influencia de organismos internacionales y agentes externos.

6. Privatización latente.

Encontramos también países como Uruguay, en los que históricamente el sector privado ha jugado un rol marginal, pero en los que se identifica un proceso de privatización latente. En este país se detecta un giro discursivo políticamente transversal, y una incipiente cooperación público-privada en forma de propuestas legislativas e iniciativas experimentales (como, por ejemplo, mediante la adopción de un esquema de vouchers con carácter de prueba piloto) con las que se podría promover la expansión de la educativa privada en los próximos años.

7. Contención de la privatización.

Finalmente, cabría destacar que, en contra de la tendencia generalizada en Latinoamérica, la matrícula privada ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en algunos países durante las últimas décadas. En Bolivia, por ejemplo, este proceso de contención de la privatización se explica por cambios en las dinámicas de oferta y demanda educativas. En este país andino, la relativa retracción de la provisión privada se da en un contexto de creciente regulación estatal sobre el sector, y una cierta pérdida de la ventaja comparativa de las instituciones privadas frente a la creciente inversión educativa y modernización del sector público.

La creciente presencia del sector privado en los sistemas educativos de Latinoamérica responde a una realidad muy diversa y con particularidades nacionales muy marcadas. El desarrollo de un amplio abanico de trayectorias de privatización educativa en la región se comprende sólo a la luz de una serie de especificidades (políticas, socioeconómicas e institucionales) que, en la mayoría de países, tienen un carácter marcadamente endógeno (es decir, que no se encuentra necesariamente vinculado a condicionalidades externas). Ahora bien, independientemente de sus causas y orígenes, ¿por qué debería de preocuparnos el fenómeno de la privatización educativa?

Los efectos de la privatización

Las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias y disputas políticas.

Los defensores de la privatización educativa, sostienen que las políticas a favor de la privatización son una vía para extender la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo, o incluso incrementar la equidad en educación. El ampliamente difundido documento El papel y el impacto de las asociaciones público-privadas en la educación (The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education) del Banco Mundial expresa de forma clara esta perspectiva. Sin embargo, un conjunto importante de actores, entre los que destacan organizaciones docentes y de la sociedad civil, plantea serios reparos a estas políticas, ya que suponen un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. A su vez, la evidencia proveniente de la investigación académica muestra que los riesgos y efectos perversos ligados a la privatización superan ampliamente las virtudes que se le atribuyen y que, por lo demás, no han sido rigurosamente contrastadas.

La misma OCDE publicó en el año 2009 una revisión de la literatura académica sobre las políticas de mercado en educación en la que advierte que dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos. Similares resultados se desprenden de un análisis bibliométrico reciente sobre esta misma temática. Según pone de relieve este informe, los estudios académicos sobre los efectos de la privatización educativa publicados en las dos últimas décadas reportan con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos. Ahora bien, el impacto de la privatización varía en función de diferentes dimensiones y aspectos del sistema educativo (satisfacción del profesorado, niveles de aprendizaje del alumnado, segregación escolar, eficiencia, etc.). La privatización educativa no es necesariamente negativa en relación a todos estos aspectos ni al mismo nivel. Como se refleja en el Gráfico 3, sus efectos son especialmente perjudiciales en relación a aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

GRÁFICO 3

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Fuente: Verger, A., Fontdevila, C., Rogan, R. & Gurney, T. Evidence-Based Policy and the Education Privatization Debate: Analysing the Politics of Knowledge Production and Mobilization through Bibliographic Coupling.

La competición entre escuelas impulsada por las políticas pro-privatización se traduce frecuentemente en un aumento de la discriminación educativa y de la segregación escolar. Esto se debe a que una práctica habitual – y casi naturalizada – en el sector educativo privado consiste en seleccionar al alumnado en base a criterios que no son precisamente de equidad. Así, las escuelas privadas, especialmente cuando están sujetas a presiones competitivas, tienden a “filtrar” a aquellos estudiantes percibidos como negativos para la imagen de la escuela o como menos hábiles académicamente (en general, estudiantes de clase trabajadora, minorías étnicas, o con necesidades educativas especiales). Asimismo, cuando se otorga mayor capacidad de elección a las familias, ésta deriva en muchas ocasiones en el abandono del sector público por parte de la clase media, lo cual pone en entredicho la diversidad socio-cultural de los centros educativos y amplifica las diferencias entre grupos sociales.

Además, y a pesar de que las políticas de privatización resultan en ocasiones en un aumento general del rendimiento educativo del alumnado en el sector privado respecto al público, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación se hace teniendo en cuenta el estatus socioeconómico del alumnado. Los grupos socialmente desfavorecidos se ven perjudicados por las políticas de privatización, especialmente a raíz de las dinámicas de discriminación y segregación escolar que se le asocian, o de la desigualdad de recursos de las escuelas en función del tipo de alumnado con el que cuentan (si bien es cierto que dinámicas de segmentación de la oferta escolar y de recursos educativos se pueden dar también en el seno del mismo sector público).

Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales y los derechos del personal docente, lo cual se advierte especialmente en el caso de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste” que crecen a un ritmo vertiginoso en países de Asia, África y América Latina, aunque no exclusivamente. Si bien los centros de gestión privada pueden resultar más eficientes en términos económicos en comparación con los centros públicos, la contrapartida de la eficiencia se encuentra a menudo en la precarización en las condiciones laborales del personal docente. Esta precarización, a su vez, repercute en mayores niveles de rotación del profesorado y en una menor autonomía de los docentes en el ámbito pedagógico y/o curricular, lo cual tiende a desincentivar la innovación a nivel de aula.

En definitiva, mientras que los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en el rendimiento educativo no han sido rigurosamente demostrados, la evidencia disponible pone de relieve que la privatización tiende a socavar la equidad educativa y la función de cohesión social que debería desempeñar la escuela. Comprender las causas de la privatización y sus diversas manifestaciones es un primer paso a la hora de articular respuestas y políticas con las que favorecer la mejora de la educación pública y el fortalecimiento de los sistemas educativos.


Antoni Verger, Clara Fontdevila y Mauro Moschetti son profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fuente documento: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/menos-igualdad-la-privatizacion-de-la-educacion-en-america-latina/#more-3111

Fuente imagen: Oscar ‘Nebe’ Abad/Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia

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Impuestos, privatización y derecho a la educación: Influir en la financiación de la educación y la política fiscal para transformar la vida de las y los niños

Fuente:  CLADE.  Autor:  Alice Whitby/ActionAid 

Investigación que analiza cuánto pagan las familias por la educación en Ghana, Kenia, Uganda y Pakistán, concluye que escuelas privadas tienden a ser entre 3 y 5 veces más caras que las escuelas públicas

Asimismo, los hallazgos de esta investigación llevada a cabo por ActionAid muestran que la educación primaria en estos países no es gratuita ni siquiera en las escuelas públicas o gubernamentales, dado que hay un sinnúmero de costos que dificultan el acceso a la educación, entre ellos costos de exámenes, uniformes escolares, alimentación, excursiones, textos educativos. Los niños y niñas cuyas familias no sean capaces de asumir estos costos, quedan excluidos de las escuelas.

El informe señala que debido a la falta de financiamiento adecuado, la percepción de la disminución de la calidad de la educación pública en estos cuatro países empuja a las familias a encontrar otras alternativas, las escuelas privadas están creciendo como resultado de esta demanda creando y consolidando desigualdades sociales y llevando a la estigmatización de la educación pública.

Resalta que, de acuerdo a los marcos jurídicos nacionales e internacionales, los Estados tienen la obligación de proporcionar educación gratuita y obligatoria, así como el deber de tomar las medidas apropiadas para asegurar que la educación esté libre de costos directos e indirectos que menoscaben el disfrute de este derecho. Afirma que los gobiernos tienen la capacidad de recaudar más ingresos para financiar la educación, por ejemplo reduciendo los incentivos fiscales para la inversión y atacando la evasión fiscal.

Finalmente, el documento incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Ghana, Kenya, Uganda y Pakistán, entre ellas: garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad, suprimiendo todos los costos directos e indirectos, mejorar la calidad de las escuelas públicas, no delegar al sector privado su responsabilidad de asegurar el derecho a la educación y fortalecer la reglamentación, control y transparencia de las escuelas privadas.

En lo relativo a la financiación, aumentar el presupuesto de educación hasta al menos el 20% del presupuesto nacional o el 6% del PIB; aumentar el volumen del presupuesto general mediante la ampliación de la base imponible mediante una imposición progresiva y efectiva; la asignación de más recursos para promover la equidad, y aumentar los niveles de monitoreo del presupuesto para garantizar que el mismo sea asignado y ejecutado eficientemente; eliminar los incentivos fiscales y fortalecer los sistemas tributarios.

Otras recomendaciones se orientan a mejorar la infraestructura, la formación y calificación de maestros/as y avanzar en la igualdad de género en la educación.

Descargue el informe completo aquí

Fuente Documento: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/impuestos-privatizacion-y-derecho-a-la-educacion-influir-en-la-financiacion-de-la-educacion-y-la-politica-fiscal-para-transformar-la-vida-de-las-y-los-ninos/

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