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¿Por qué se celebra el Día del Estudiante»? – Olmedo Beluche

octubre 29, 2016octubre 29, 2016Olmedo Beluche

Por: Olmedo Beluche

A los estudiantes institutores de ayer, hoy y siempre

Conversando conmigo sobre las tantas plagas que el neoliberalismo y la oligarquía han descargado sobre la educación y el movimiento estudiantil en los últimos años, la educadora que forjó generaciones de institutores y, ella misma nacida del momento más glorioso del movimiento estudiantil panameño, la profesora Diamantina de Calzadilla, me ha sugerido, casi un como un mandato: «hay que explicarle a los jóvenes de ahora cómo surgió la conmemoración del Día del Estudiante».

Ella me lo decía porque sabe que conozco la biografía de Carlos Calzadilla, uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), gremio que protagonizó incontables gestas de nuestra historia, en particular de la lucha por la soberanía nacional frente al imperialismo yanqui. Existen dos fuentes imprescindibles para conocer la historia de aquel movimiento a través de la biografía de este dirigente popular: «Historia sincera de la República (Siglo XX)» y «Carlos Calzadilla un patriota consecuente».

El año clave es 1943, en que un soplo de aire fresco fue despejando la bruma del fascismo en Europa, con las derrotas que empezó a sufrir en la Unión Soviética, y una nueva generación de jóvenes impusieron su ímpetu de lucha por la democracia, la autodeterminación de los pueblos, la libertad y el socialismo. La juventud panameña no se quedó atrás y empezó a despejar la modorra tradicionalista de la pequeña ciudad de Panamá, para entrar como actora central de las luchas de las siguientes décadas.

Ese año, empezaban algunos escarceos estudiantiles contra lo que consideraban arbitrariedades de la Dra. Georgina Jiménez de López, primera socióloga panameña, sin que Calzadilla explique en detalle la situación, cuando cayó como una bomba en medio del Instituto Nacional, donde se albergaba la Universidad de Panamá, la noticia de que el apreciado profesor Felipe Juan Escobar, había sido destituido por órdenes del presidente de la república Ricardo Adolfo de la Guardia «porque le negó un saludo».

Había un precedente: el presidente Arnulfo Arias M., en 1940, había destituido nada menos que al Dr. Octavio Méndez Pereira, fundador de la universidad, aduciendo «motivos personales». Así que el capricho y la arbitrariedad de los mandatarios en la administración pública era habitual por aquellos tiempos. Pero la generación de 1943, que pasaría a la historia como la Generación de 1947, por su rechazo a los Tratados Filós – Hines, no iba a permitir más ese tipo de abusos. Por lo que se declararon en huelga.

«Nuestra actitud de declararnos en huelga en apoyo al Dr. Escobar, profesor de Derecho Procesal, y de respaldar el principio de estabilidad de los profesores, a nivel secundario y universitario, provocó el atropello dirigido por el ministro de Educación, Víctor F. Goytía, desde el encarcelamiento, destitución de los estudiantes que desempeñaban cargos en el gobierno y la cancelación de las becas de los que gozaban de ese privilegio, si no asistían a clases».

Pese a la represión, la huelga estudiantil se prolongó por 26 días. La salida que el gobierno buscó, para no desautorizar al presidente restituyendo a Escobar, fue la de conceder la Autonomía y el Cogobierno universitario, mediante un decreto negociado por el asesor del presidente, Diógenes de la Rosa. «Se despojó al Poder Ejecutivo, el derecho a intervenir en el gobierno de la Universidad. El Prof. Escobar fue sacrificado en aras de la estabilidad del profesorado universitario», dice Calzadilla.

Sobre la base de la experiencia de la huelga siguieron organizados y decidieron conformar un Comité Organizador del gremio estudiantil, coordinando con estudiantes de secundaria. Junto a los estudiantes de la Universidad de Panamá, se sumaron los del Instituto Nacional, el Liceo de Señoritas, Escuela Profesional, el Artes y Oficio, la Normal de Santiago y la Escuela Rural de David.

El 1 de febrero de 1944 se reunieron delegados de todas esas escuelas en lo que sería el Primer Congreso, constituyeron la Federación de Estudiantes de Panamá (aunque el acta de proclamación tiene fecha de 27/3/1944), y eligieron a Federico A. Velásquez como su primer presidente.

«… la FEP que surgió como la mejor escuela de formación cívica. En todas las agrupaciones federadas, se estudiaba, discutía y se lograba a cuerdos para poner un alto a la corrupción, exigir el adecentamiento gubernamental, mejor educación como base en la formación del individuo, mayor atención a la solución de los problemas de los grupos mayoritarios y al rescate de la soberanía nacional y aportar soluciones, producto de los más sanos propósitos» (Calzadilla).

Estas palabras explican bien porque la FEP siempre fue vista como enemigo principal por parte de los gobiernos, quienes procuraron reprimir a sus dirigentes, desacreditarlos o corromperlos. Eso explica lo que se ha venido haciendo en las últimas tres décadas de destrucción sistemática de las asociaciones federadas, de represión, persecución a los dirigentes y expulsión con cualquier excusa de los mismos.

Por eso tratan de cerrar el Instituto Nacional, bajo la administración de Martinelli y la actual. Y por eso están arbitrariamente detenidos un grupo de institutores. Por eso la política del MEDUCA ha sido expulsar a los dirigentes políticos y abrir la puerta de las escuelas a los pandilleros, porque estos último se les maneja con plata.

Al año siguiente de la primera huelga estudiantil, ya organizada la FEP, en septiembre de 1944, el ministro de Educación Víctor F. Goytía, quien en su juventud había sido un dirigente «progre» del Movimiento de Acción Comunal, en un intento fallido por abortar el proceso de organización estudiantil, pretendió imponer un «contrato de matrícula», por el que los acudientes de los alumnos se comprometían a que éstos no participarían en reuniones de la FEP, ni en asociaciones estudiantiles.

El movimiento respondió organizado con huelgas y movilizaciones forzando la destitución del ministro Goytía junto con su represivo contrato de matricula, justamente el 27 de octubre de 1944.

Lo cual demuestra la capacidad del movimiento estudiantil de unirse y producir grandes transformaciones nacionales, siempre que se convoque por la vía democrática de la participación colectiva mediante asambleas que debatan y acuerden. Como recientemente se hizo en la Universidad de Panamá en la lucha contra el examen de barra de los abogados, superando dos décadas de actuación vanguardista de pequeños grupos de izquierda que realizaban acciones al margen de la masa estudiantil, a la cual menospreciaban o parecían temerle.

De manera que el Día del Estudiante celebra la destitución de un ministro de Educación, así como la derrota de sus medidas represivas, por parte del movimiento estudiantil organizado y movilizado unitariamente, gracias a la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá. Cuatro años después de esta lucha, y un año después de la victoria sobre los Tratados de Bases Militares, Filós – Hines, el secretario general de la FEP, Moisés Pianeta, logró de la Asamblea Nacional oficializar mediante una ley el Día del Estudiante.

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El derecho humano al empleo

octubre 29, 2016octubre 29, 2016Emir Sader Simon

Por: Emir Sader

Las constituciones suelen ser, todas o casi todas, de caracter liberal. Empiezan por el tradicional “Todos son iguales frente a la ley”, antes de todos los otros preceptos tradicionales.

Entre estos, el derecho a la propiedad tiene un lugar especial. Si, originariamente, siguiendo a Locke, ese derecho estaba limitada al uso propio de la propiedad, después se ha trasformado en el derecho a la propiedad lisa y llanamente. Ni la limitación del uso social suele estar presente. El derecho a la propiedad se ha vuelto un fetiche, sin que importen las consecuencias de su existencia.

Se trata de un derecho que tiene sus dispositivos concretos de garantia. Si una tierra improductiva es ocupada por trabajadores rurales sin tierra, aunque la vuelven productiva, trabajando en ella, el propietario legal llama a la policia, que rápidamente manda tropas para desalojar a los trabajadores y hacer respetar el derecho a la propiedad privada. Y, en caso de que haya resistencia, se usará de la fuerza, se tomará presos a los trabajadores, para hacer valer el derecho a la propiedad privada. Se someterá a esos trabajadores a procesos y a condenas, garantiza el derecho constitucional.

Un derecho de una ínfima minoria de propietarios privados de medios de produccion importantes, que tiene formas de garantizar sus privilégios. Porque el derecho de pocos no es derecho, es privilegio.

Por otra parte, una actividad desarrollada por a mayoria aplastante de la poblacion, el trabajo y el empleo corespondiente, no tiene destaque, a veces ni siquiera referencias, en las constituciones y, menos todavia, garantias de su respeto. Si alguien pierde el empleo, no tiene a quien apelar. A lo sumo recibirá un seguro desempleo por algún tempo. Pero la sociedad lo condena al abandono.

Si, en la concepcion liberal, el mercado define el valor de cada caso, cuando alguien se queda sin empleo, el mercado le esta diciendo que, aun con los bajos salarios que podría recibir,nadie está dispuesto a contratarlo porque él no vale nada.

Un derecho que corresponde a la gran mayoría o a la casi totalidad de la población, la clase trabajadora, como es el derecho al empleo, para que una persona pueda vivir de manera minimamente digna, manteniéndose y manteniendo a su familia, con un contrato formal de trabajo que le dé garantias básicas, de ninguna manera está garantizado para parte de la sociedad.

Si el trabajador pierde el empleo, tiene que arreglárselas solo, salir tempranito para buscar cualquier actividad, volviendo desmoralizado por la noche cuando no lo logra. Una sociedad justa requiere que el derecho al empleo sea considerado como un derecho humano inalienable, junto a los otros derechos, porque sin él, el ser humano no puede sobrevivir con un mínimo de dignidad.

No se trata de ningun favor que la sociedad le hace al trabajador, porque es él quien produce todas las riquezas de la sociedad, sin poder, tantas veces, siquiera compartir los bienes que produce. El derecho al empleo y al trabajo dede ser incoporado a los derechos humanos esenciales de nuestro tiempo.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-312494-2016-10-24.html

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Los transgénicos fracasan, los daños persisten

octubre 29, 2016octubre 28, 2016Silvia Ribeiro

Por: Silvia Ribeiro

«Los transgénicos fracasan pero las intenciones de las empresas siguen intactas; por eso las fusiones, las nuevas técnicas, las maniobras encubridoras, en pos de aumentar el control de agricultores y consumidores.»

16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación según las Naciones Unidas, fue declarado por la Vía Campesina Día internacional de acción por la soberanía alimentaria y contra las corporaciones trasnacionales, definición mucho más acorde con la realidad, que define lo que realmente está en juego. (ver aquí) Este año, además de acciones en muchos países, cientos de organizaciones confluyen en el Tribunal internacional sobre Monsanto que se realiza en La Haya, Holanda, cuyos testimonios y deliberaciones se pueden ver en el portal http://es.monsantotribunal.org/.

En el último año hemos visto cómo las mayores corporaciones de semillas, fertilizantes y agrotóxicos se han fusionado en dimensiones difíciles de imaginar. Aún pendientes de aprobación por autoridades antimonopolio, si lo logran, quedarán tres megaempresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow) que dominan más de dos tercios de esos mercados globales.

Paradójicamente, esas empresas que inventaron los transgénicos, están ahora viendo su declive. A 20 años del inicio de la siembra comercial de transgénicos, el ISAAA (instituto digitalizado por las empresas biotecnológicas) reconoció que el área de transgénicos plantados en el mundo disminuye. Es un porcentaje pequeño, pero marca una tendencia, con un millón 800 mil hectáreas menos, según cifras de la propia industria, que siempre son alegres. Pese a ajustar a su favor las estadísticas en estos 20 años, no pudieron ocultar que solamente 10 países siguen teniendo más de 98 por ciento del área sembrada con transgénicos. Cinco de ellos disminuyeron ahora su área sembrada. En 20 años registraron más de 70 especies cultivables modificadas genéticamente, pero siguen siendo cuatrocommodities –soya, maíz, canola y algodón– que representan 99 por ciento de la siembra, casi la totalidad no para alimentación, sino para combustibles y forrajes.

Los transgénicos están tan desprestigiados, que la industria se empeña en que los cultivos manipulados con biotecnologías más recientes se llamen edición genómica, intentando ocultar que es ingeniería genética y son otra forma de transgénicos. Cada vez que hablan de alguna de estas tecnologías (como Crispr-Cas9, Talen y otras basadas en biología sintética), señalan que ahora sí son precisas y se sabe qué parte del genoma están modificando, admitiendo que con los transgénicos anteriores no tenían –ni tienen– conocimiento ni control de la manipulación y que nos han usado a todos como cobayos para sus experimentos.

Varios testimonios del Tribunal Monsanto mostrarán el impacto devastador en salud pública y contaminación ambiental que ha significado el aumento hasta de 2000 por ciento en el uso de agrotóxicos en las zonas de siembra de transgénicos. No se trata de una progresión del uso de químicos que ya ocurría con los híbridos, sino un aumento exponencial por ser semillas manipuladas para tolerar agrotóxicos, principalmente glifosato, lo cual provocó que más de 20 hierbas invasoras se volvieran tolerantes a éstos.

Los transgénicos fracasan pero las intenciones de las empresas siguen intactas; por eso las fusiones, las nuevas técnicas, las maniobras encubridoras, en pos de aumentar el control de agricultores y consumidores.

Ya vemos también la cresta de la ola del tsunami tecnológico que se ha ido gestando en años, hacia una agricultura robotizada, condrones, GPS, sistemas satelitales y aplicaciones digitales para controlar desde la porción de comida para cada vaca o pollo encerrado, hasta las dosis de químicos en cada mata en grandes monocultivos. Común a todo es que proponen eliminar aún más gente del campo. Según Rob Fraley, de Monsanto, se habían demorado: Toda la industria agrícola está en una gran transformación. Es la última de las grandes industrias que se digitaliza, declaró poco antes de aceptar la fusión con Bayer (ver aquí).

En contraste, en México sigue en pie la suspensión de la siembra de maíz transgénico, que ya lleva más de tres años, gracias a la demanda colectiva de un grupo de ciudadanos y organizaciones, mientras en la península de Yucatán están suspendidas las siembras de soya transgénica, en diferentes procesos a cargo de comunidades, organizaciones campesinas y de apicultores, organizaciones ambientales y sociales. La más reciente, a iniciativa del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo Semillas Nativas Much Kana I’inaj con Educe, la Asamblea de Afectados Ambientales y otras organizaciones, denuncian que en la propia ley de bioseguridad hay elementos inconstitucionales. En conferencia el 3 de octubre, expusieron que el modelo agrícola industrial y en particular los transgénicos aseguran el despojo de la tierra y las semillas nativas, la contaminación de suelo y agua, la pérdida de la biodiversidad y daños a la salud y ambiente por el glifosato. (ver aquí)

Pese al aluvión de evidencias en su contra, este 16 de octubre las empresas, secundadas por gobiernos e instituciones internacionales, insistirán en que necesitamos alta tecnología, transgénicos y agricultura climáticamente inteligente para afrontar el hambre y el caos climático. La falsedad de este discurso está al desnudo y sus impactos ambientales, de salud y sociales a la vista en el Tribunal Monsanto y sobre todo, en cada lugar donde las y los campesinos, comunidades, organizaciones barriales, de estudios, culturales, de científicos críticos, muestran que el camino para la soberanía alimentaria y la salud ambiental y de las personas es el opuesto: la agricultura y semillas campesinas, los mercados locales, las huertas urbanas, biodiversas, descentralizadas y en manos de quienes las trabajan.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218520

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¿Puede un comunista ser profesor de Universidad en Alemania?

octubre 29, 2016octubre 28, 2016Carmela Negrete

Por: Carmela Negrete

Kerem Schamberger ha estudiado comunicación en la Universidad Ludwig Maximilian (LMU) y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre. En Alemania, los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un contrato laboral que incluye una parte de investigación y otra de docencia en la Universidad en la que se desarrolla.

El joven, de 30 años, no ha podido comenzar aún su relación laboral con dicha institución porque según un decreto que data de 1972 todos los funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser controladas por el Estado frente a su posible radicalismo, para lo cual deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán interno (lo que vendría a ser el CNI español).

La razón es que Schamberger no solo es comunista, sino que además es portavoz del partido comunista alemán DKP en Múnich. A pesar de que es un partido legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.

La Universidad conocía la norma y la posición de Kerem en el partido comunista, por lo que pidió a las autoridades dicho consentimiento ya en julio. Sin embargo, este organismo aún no se ha pronunciado sobre la fiabilidad ideológica de Schamberger, con lo cual no ha podido comenzar a trabajar hasta el momento. Según el profesor Michael Meyen, que lleva la tesis de Kerem, en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, éste ha sido un alumno excelente y asegura que tiene interés en contratarle “no porque sea comunista, ni tampoco a pesar de ello”.

Para Kerem, se trata de una exclusión práctica de la función docente para los comunistas. Y ello supondría un hecho anticonstitucional, ya que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.

Schamberger asegura a este diario que de esta forma “se demoniza a los comunistas”, y explica que esta medida sirve como forma de intimidación: “Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el sector público”, asegura.

Schamberger explica además que en los últimos días, desde que se hizo pública la noticia, ha recibido numerosas muestras de solidaridad, desde los partidos políticos socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke), así como de los sindicatos.

Herta Däubler-Gmelin, abogada de Kerem y ministra de Justicia entre 1998 y 2002– ha declarado al Süddeutsche que la actuación del servicio de protección a la Constitución “seguramente no es legal”. A raíz del suceso, se debatirá en el parlamento regional de Baviera la idoneidad de dicha ley, creada en el contexto de la guerra fría.

Las autoridades han comunicado a la prensa que no se pueden dar a conocer datos del caso por cuestiones de privacidad del afectado, así como que en ocasiones se tarda más tiempo en recibir una respuesta a este tipo de consultas porque hay que “comprobar todos los hechos”.

Esta no es la primera vez que Kerem Schamberger se ve en apuros por sus ideas políticas. En 2014 el Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta bancaria, como se contó en este medio. Kerem veía detrás de esta acción asimismo una motivación política y cómo no pudo hacer nada para impedirla.

Limpieza ideológica de facto

El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. En dicha ley se especifica que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un requisito para poder trabajar en el sector público. Pertenecer a una organización catalogada por el servicio secreto interno alemán como peligrosa para dicho orden era excluyente de la función pública.

Ya en los 50 y 60 algunos candidatos a funcionarios fueron rechazados, pero a partir de entonces se mencionaba dicho requisito explícitamente. La guerra fría no solo continuaba su curso, sino que se acentuaba. De ahí que el Estado alemán pretendiese de ese modo acabar con todo tipo de influencia de su enemigo comunista en el interior del Estado.

La prohibición de ejercer una profesión pública por motivos políticos afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar por ejemplo como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones se accedía únicamente a través del empleo público. Desde que la ley se creó hasta 1991 alrededor de 1,4 millones de personas tuvieron que pasar por dicho proceso de control.

Esta praxis fue muy criticada en el interior de Alemania, así como en el exterior. En Francia por ejemplo François Mitterrand, el entonces presidente del partido socialista, se opuso a dicha ley. Las personas afectadas por el decreto continúan aún hoy reclamando una reparación y rehabilitación de su función pública.

Después de la caída del muro de Berlín, en el este de Alemania hubo una auténtica limpieza en el profesorado, desde infantil a universitario. Cientos de profesores fueron despedidos por su relación con el comunismo. Muchos investigadores se marcharon al extranjero a otras universidades, otros se reciclaron en la empresa privada con otras profesiones. La democracia de mercado de la Alemania reunificada demostraba en aquel momento muy poca flexibilidad.

Aunque la legislación continúa vigente, en cada Estado alemán se aplica de forma diferente. Por una parte existe la autocensura de la que hablaba Kerem Schamberger más arriba, en el sentido de que las personas que ya saben desde muy pronto que quieren dedicarse a la función pública no suelen formar parte oficial en organizaciones vigiladas. Por otro lado, la justicia ha ido dando la razón en parte a quien se ha mostrado contrario a que siga vigente una ley creada en un contexto muy diferente al actual.

En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos al haber suspendido a una maestra por el mero hecho de pertenecer al partido comunista DKP. Dichos artículos garantizan la libertad de opinión y reunión. La maestra Dorothea Voigt recuperó su empleo y el Estado alemán fue condenado a pagar una multa.

En 2004 el profesor de instituto Michael Csaszkóczy fue suspendido de la función pública por sus actividades como activista antifascista. A pesar de no haber sido condenado por crimen alguno, durante 25 años el servicio secreto le tuvo sometido a vigilancia y en 2004 le despidieron por formar parte de la comitiva de la asociación Rote Hilfe, que se encarga de ofrecer ayuda jurídica a activistas cuando se encuentran con problemas legales.

En 2007 Csaszkóczy ganó un juicio y volvió a su puesto como profesor. Seguramente Kerem conseguirá su puesto en la Universidad, pero el tufillo a guerra fría y a las dos Alemanias no ha desaparecido del todo en el país.

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/Kerem_Schamberger-Universidad-Alemania-comunista_0_572542875.html

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Justicia universal

octubre 28, 2016octubre 26, 2016Fernando Ayala Vicente

Por: Fernando Ayala Vicente

Esta semana en la Asamblea hemos debatido sobre los derechos humanos. Sobre la justicia universal. Sobre la no prescripción del dolor. Sobre el acompañamiento a las víctimas.

Queríamos que se reconociera el sentimiento de pérdida de aquellos que sufrieron torturas, ejecuciones, violaciones… de los que aún se encuentran desaparecidos.

Queríamos que el Gobierno de España atendiera a la reclamación del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas e involuntarias. Tan simple como que cumpla con las obligaciones de un Estado que es proteger a las víctimas de cualquier tipo de abuso.

Vivimos en un sistema democrático y tenemos que demostrar, una vez más, que no somos iguales que los verdugos de la dictadura franquista. Que respetamos las leyes. Que tenemos, cuanto menos, superioridad moral sobre ellos. Aunque solo fuera por motivos emocionales y de respeto, se lo debemos a los familiares de las víctimas.

Tenemos todavía numerosos temas pendientes por resolver: como son las inhumaciones en contra de su voluntad en el Valle de los Caídos, los obstáculos continuos al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, la impunidad en las miles de desapariciones, en el robo de bebés, en las dificultades para la retirada de los símbolos franquistas, en el acceso a determinados archivos o en el vaciado de la ley por parte del Partido Popular al despojarla de presupuesto para llevarla a cabo.

Así pues, haremos todo lo posible para poner en valor los ejemplos de tolerancia y respeto que proporciona la vida en democracia. Eso comienza por reconocer y asumir que en la historia reciente de España se cometieron muchos errores que es necesario reparar para conseguir avanzar juntos y no perpetuar los enfrentamientos.

Cuando se apela a la Ley de Amnistía de 1977 o a la prescripción de los delitos, se pretende poner obstáculos a una decisión que podríamos dejar, al menos, en manos de los jueces. Porque los derechos humanos, no son de izquierdas ni de derechas. Tampoco las fosas.

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/justicia-universal_970625.html

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Centros de infamia españoles

octubre 28, 2016octubre 26, 2016Lidia Falcon

Por: Lidia Falcón

Los treinta hombres encaramados al techo de su prisión ilegal llamada CIE en Aluche (Madrid) nos han dado la imagen exacta de nuestra democracia. Gritaban ¡Libertad! y ¡Dignidad! ¡Que términos tan básicos de la definición de democracia! Este calificativo que todos los días nuestros gobernantes repiten para, como un mantra, ir introduciendo en las mentes ingenuas de nuestro pueblo la convicción de que vivimos en una sociedad demócrata.

Pero ninguno de ellos, y los más de mil doscientos, creo que mujeres incluidas, ya que a ellas nunca se las cuenta aparte, que están prisioneros en nuestro país, disfruta de tan básicos derechos conquistados por la Revolución Francesa, es decir, hace 227 años. No tienen derecho a disponer de asesoramiento legal, no puede visitarlos nadie –a las ONGs que lo han intentado les han negado la entrada-, no conocen las acusaciones que allí los encarcela, si las hubiere.

En los 8 CIES de que disfrutamos en España se amontonan hombres y mujeres, no se si niños –la información a qué he accedido es incompleta, supongo que el señor Fernández Díaz, ese al que los ángeles le aparcan el coche, no desea que pueda utilizarla-, en condiciones de campo de concentración.

Las ONGs que tan compasivamente se ocupan de los internados -¿deberíamos llamarles secuestrados?- denuncian las pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, sin privacidad para nadie, en los que las mujeres padecen, como siempre, las peores situaciones. Sin más lugar donde pasar el día que un patio enladrillado, donde no hay ni intérpretes ni asistentas sociales. Y, ¿qué significa que se mantengan retenidas (encarceladas) a personas que no han cometido más delito que el de venir a esta nuestra tierra de acogida, huyendo del hambre, de la guerra, de los bombardeos, de la diáspora que las agresiones imperialistas provocan en los países? ¿Es posible qué tales injusticias se produzcan legalmente?

Los desvergonzados medios de comunicación y los politólogos de las tertulias, lacayos de este gobierno, han sido capaces de defender la afirmación de la policía de que el 50% de los internos son delincuentes con antecedentes. Y supongo que la desinformada población de nuestro país se lo ha creído. Pero hace falta mucho cinismo para aceptar que en un país democrático y avanzado a los delincuentes se les pueda encerrar en unos establecimientos sin categoría de prisiones, sin acusación del fiscal y sin acreditación del delito, como si se tratara de un secuestro. ¿Y qué nos dicen del 50% restante secuestrado igualmente? Secuestro es sin duda, pero aquí avalado por las fuerzas de seguridad del Estado, dirigidas por el ministro del Interior, y consentido por el Poder Judicial, tan sumiso siempre a las órdenes del ejecutivo. Porque el Estado funciona como una mafia.

Una mafia que obedece órdenes de otra que gobierna esta pomposa Unión Europea, en la que se ha aprobado la que ya se conoce como “la directiva de la vergüenza”, por la que los avanzados y democráticos Estados que la componen pueden “retener” a las personas “ilegales” –ya saben que unas somos legales y otras ilegales, como las drogas- hasta ¡dieciocho meses! sin haber cometidos delitos, sin acusación, sin defensa y sin conocer el tiempo de su retención. Como en la Edad Media, cuando la justicia feudal actuaba de la misma manera al servicio del señor.

¿Y por qué y para qué están encerradas en esos “in pace”? Según me han informado, para devolverlos a sus países de origen. Pero todos saben, la policía los primeros, que casi siempre es imposible saber cuáles son sus países de origen. Las víctimas no van a confesarlo, carecen de documentación y los ignorantes y racistas policías y funcionarios de la Administración de Justicia ni conocen los idiomas que hablan ni son capaces de distinguir a un camerunés de un congoleño. ¿Entonces…? Pues después de 60 días, que es lo que nuestra piadosa legislación permite tenerles retenidos, se les deja en libertad, ahí, en mitad de la calle. Como si fueran zapatos viejos que puede venir a recoger el camión de la basura. Y a mendigar en las esquinas, a dormir en los cajeros, a rebuscar comida en los containers.

O se compra las voluntades de los gobiernos sátrapas y corruptos de diversos países del Tercer Mundo para que admitan a los expulsados, sean de donde sean. Entonces se les droga, se les esposa y se les mete un avión camino de Nigeria o del Congo o de Benín. Como hizo José María Aznar cuando nos gobernó, y después presumió de haber resuelto un problema.

Pero que nadie crea que solamente aquel presidente actuó de tal manera. La policía en nuestro país tiene un poder omnímodo. Puede detener en la calle a cualquier persona que le parezca sospechosa, y por supuesto los negros siempre lo son, llevársela a la comisaría y después a un CIE, mientras el juzgado lo piensa. Y nadie, ni el Ministro ni los altos mandos ni los políticos responden.

Quizá habrá quien no quiera creer que esta es exactamente la actuación de nuestras policías, nuestros jueces, nuestros servicios sociales, dirigidos por los correspondientes ministerios y consejerías autonómicas, cuyos responsables pertenecen a los partidos políticos democráticos. Les aconsejo que se dirijan a los valerosos voluntarios que cada día entregan parte de su tiempo en intentar auxiliar a los emigrantes “ilegales”, en las ONGs: ACNUR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Save de Children, Pro Activa Open Arms, Accem, Rescate, UNICEF, y se enterarán con más detalle de estas atrocidades y muchas más.

Refugiados, emigrantes económicos, demandantes de asilo, hombres y mujeres, que provienen de países donde las potencias europeas entraron a saco desde principio del siglo XIX para robarles y expoliarles de sus materias primas, para secuestrarlos y venderlos como esclavos, y convertirse en sus amos. Y cuando esos gobiernos no tuvieron más remedio que retirarse de las tierras ocupadas y permitir que los colonizados declararan la independencia de su país, han mantenido su dominio económico, arrebatándoles las riquezas, apropiándose de los sectores de producción más importantes, petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, y organizando las sucesivas guerras que han esquilmado y diezmado a sus poblaciones.

Cuando la miseria y los bombardeos obligan a huir a miles de sus hombres y mujeres, estas tantas veces arrastrando consigo a los niños, y cuando después de una horrible travesía a través de África y Oriente Medio, si no se han ahogado en el Mediterráneo llegan a nuestras avanzadas, ricas y cómodas ciudades los encerramos en los CIES: Centros de Infamia Españoles.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/10/21/centros-de-infamia-espanoles/

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