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India y el efecto del desarrollo capitalista en la violencia de género: dote y feticidio femenino

Trupti Shah y Bina Srinavasan

Asia/India/22 de Julio de 2016/Autores: Trupti Shah, Bina Srinivasan/Fuente: Rebelion.org

Con su tumultuosa diversidad y su cultura polifacética, India tiene su propia historia de opresión de las mujeres. Los valores feudales y patriarcales se han combinado con el capitalismo (introducido con la colonización, ahora impuesto tanto por las élites gobernantes indias como por el capital occidental, representado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) para reforzar y mantener la opresión de las mujeres por varias vías. El resultado es que la violencia contra las mujeres ha aumentado.

A veces se presentan ciertas formas precapitalistas de violencia como rémoras del pasado, que se superarán con el desarrollo del capitalismo, la modernización o la mera educación. Visitantes de Europa y Norteamérica culpan al atraso de la cultura india. El gobierno nacional dice lo mismo. Sin embargo, pese a que gran parte de la violencia contra las mujeres adopta formas del pasado, su contenido ha cambiado. Se deriva del tipo de desarrollo capitalista que se da concretamente en este país. Dos importantes formas conexas de violencia contra las mujeres en India son la “muerte dotal” (o “quema de novias”) y el feticidio femenino. Trataremos de explicar la importancia y la función de estas dos formas en la India actual. La finalidad de este artículo no es analizar todos los aspectos de la dote, sino explicar los cambios que han afectado a esta costumbre social con el inicio del desarrollo capitalista/1.

Los orígenes de la dote

La violencia contra las mujeres en India forma parte de la violencia contra las poblaciones oprimidas, es decir, las dalits (castas “inferiores”), los trabajadores y los pueblos indígenas (adivasis).

La violencia de género también se da en el interior de las comunidades oprimidas: por eso, las mujeres llevan sobre sus espaldas una doble carga. Las formas de la violencia perpetrada contra las mujeres en India vienen determinadas por una compleja interacción de clase, casta, género y cultura. Entre otras formas de violencia contra las mujeres, la práctica de la dote –una importante costumbre social– ha causado la muerte de un gran número de mujeres. Es una de las clases de violencia más significativas que se infligen actualmente a las mujeres y últimamente ha adoptado rasgos espeluznantes. Un complejo conjunto de factores ha hecho de la “muerte dotal” un fenómeno casi común. Hemos de examinar varios procesos para empezar a comprender cómo y por qué las mujeres se enfrentan a la violencia relacionada con la dote y cómo la propia dote ha ido cambiando con el tiempo.

La dote es lo que se entrega en forma de dinero efectivo o bienes, o ambos, a la familia del novio para concertar el matrimonio y posteriormente en otras ocasiones después de la boda. Cuanto más alta sea la condición social del novio, tanto más cuantiosa será la dote solicitada. Sería difícil determinar cuándo y exactamente cómo se originó esta práctica y cuáles fueron los factores históricos concretos que hicieron que la dote fuera obligatoria en la sociedad de castas hindú, pues hay muy pocos datos disponibles y escasos registros útiles. En términos generales se produjeron dos procesos combinados en los que la dote adoptó su forma actual.

En la India precapitalista, la dote tenía que ver con el carácter jerárquico del sistema de castas. Se practicaba principalmente en las castas superiores y las castas terratenientes. Tanto la propiedad de tierras como la casta eran los parámetros del poder en la India feudal. La “hipergamia”, es decir, el enlace matrimonial de una hija con una familia de una casta superior, era un modo de forjar alianzas con familias poderosas. La dote se entregaba para compensar la diferencia de estatus entre ambas familias. Era el precio del aumento de estatus de la familia de la novia y el reconocimiento del estatus más elevado de la familia del novio.

Otro factor que intervino en la práctica de la dote fue la noción de castidad y pureza de la mujer. El hinduismo tiene normas estrictas sobre el comportamiento correcto de la mujer, encaminadas a controlar la fertilidad y sexualidad femeninas. En la India precolonial, las mujeres se consideraban propiedad de sus padres, maridos e hijos, a proteger durante la infancia, la edad fértil y la vejez. Al igual que la mayoría de religiones organizadas, el hinduismo no establece la igualdad de las mujeres, aunque ha ido cambiando con los años y acomoda en su seno varias corrientes liberales. La mujer tiene que parir un hijo varón y ser una esposa consciente de sus obligaciones y una hija sumisa. En la sociedad precapitalista, el padre estaba obligado a dar a su hija en matrimonio a la familia idónea una vez alcanzada la edad núbil. Incluso cuando el enlace se producía entre familias de estatus similar, en algunas de las castas superiores e intermedias, había cierta dote de por medio. Esto tenía que ver con el hecho de que las mujeres de las castas superiores tenían prohibido realizar un trabajo productivo, por lo que,superada cierta edad, las mujeres suponían una carga indeseada. Por tanto, la dote era el precio que percibía la familia del novio por aceptar a una hija, comprometiéndose a protegerla y a asegurar su sustento.

Del “precio de la novia” a la dote

La dote se convirtió en costumbre entre las castas superiores y medias. Las castas inferiores no solían conceder dotes; en vez de ello tenían la costumbre del “precio de la novia” o intercambio mutuo de regalos. En estas castas, la labor de las mujeres se utilizaba extensamente en el campo. Por tanto, las mujeres participaban activamente en el trabajo “productivo”. No se consideraban una carga económica. El “precio de la novia” era el reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres y una compensación a la familia de la noviapor la pérdida de su fuerza de trabajo. La sociedad hindú de las castas bajas percibía por tanto a las mujeres como contribuyentes significativas a la economía. Esto no quiere decir que no oprimiera a las mujeres, sino únicamente que la dote no se manifestaba de la misma manera. El contexto socioeconómico en que el “precio de la novia” hizo la transición a la dote sería una indicación del cambio de condición social de la mujer a lo largo del tiempo.

La dote, aunque solo se practicaba en las castas superiores y medias de la India precapitalista, se extiende ahora rápidamente a otras castas y comunidades que en el pasado apenas la practicaban. Las prácticas contemporáneas en este terreno son cuantitativa y cualitativamente diferentes de las pautas anteriores. Mientras que la dote ha sido siempre un medio para someter a las mujeres, actualmente adopta formas violentas y crueles. Las mujeres sufren tortura por parte de su familia política para incrementar la dote, hasta el punto de que a menudo no ven otra salida que el suicidio. En muchos casos, el marido y su familia queman a la mujer viva para buscar una nueva novia y una nueva dote.

Algunas de las principales características de la dote, tal como se practica actualmente, son:

  1. a) Extensión a todas las castas, clases y comunidades religiosas. Pese a que originalmente era una costumbre hindú, ahora también la asumen algunos grupos musulmanes y cristianos.
  2. b) Aumento del importe de la dote. Muchos matrimonios se basan exclusivamente en la cuantía de la dote.
  3. c) Además de la casta y la propiedad, algunos criterios que influyen en la dote que se solicita son el nivel educativo, el empleo en el sector público o en servicios administrativos, el estatuto profesional (por ejemplo, médicos, abogados o ingenieros) o la nacionalidad de un país occidental.
  4. d) La violencia asociada a la dote adopta formas brutales. Actualmente se da en casi todos los Estados de India.

En la India precolonial, la dote, aunque era una forma de subordinación de la mujer, no estaba acompañada de semejante brutalidad a tan amplia escala. El caso es que la modernización y el desarrollo capitalista no parecen haber diluido la práctica de la dote. Una de las razones de esto es que la dote, tal como se practica en la India contemporánea, es producto de una interacción entre las formas antiguas de subyugación de las mujeres y los cambios socioeconómicos derivados de los procesos de colonización y de desarrollo capitalista bajo el colonialismo.

Colonización y marginación económica de las mujeres

En la India precolonial, el sistema de castas era básicamente una división económica y social de los distintos componentes de la sociedad hindú. Cada casta y subcasta ocupaba una posición específica en la jerarquía de castas y comportaba una ocupación correspondiente. El rango social atribuido a cada casta dependía también del poder económico, que se manifestaba en el éxito que tenía cada grupo históricamente a la hora de manipular y doblegar a los distintos elementos de la matriz social. El sistema de castas seguía una reglamentación estricta que obligaba a sus miembros y que debían respetarse plenamente para conservar la pureza y el estatus de la casta. El matrimonio, la regulación de los matrimonios mixtos, los códigos y normas sociales variaban entre las distintas castas.

La colonización introdujo el modo de producción capitalista en India, de acuerdo con las necesidades del imperialismo británico. Esto comportó varios cambios complejos y contradictorios en la economía y la sociedad. El sistema de castas ha dejado de ser la forma predominante de división social del trabajo, reduciéndose la correspondencia entre casta y ocupación. El capitalismo ha difuminado las distinciones de casta al introducir un sistema educativo distinto y diferentes actividades económicas y ofrecer nuevas vías de movilidad social y económica a los distintos grupos de castas.

La colonización afectó a las relaciones feudales y a la sociedad de castas hindú de una manera que agravó la situación de las mujeres. Por ejemplo, el sistema colonial de concesión de tierras a nombre del cabeza de familia, es decir, del hombre, dio pie al desheredamiento de las mujeres, cuando el derecho consuetudinario permitía a menudo a las mujeres ostentar la propiedad de la tierra. La economía precapitalista india estaba basada en gran medida en la tierra, la familia y la comunidad, y las mujeres desempeñaban funciones importantes en todas estas esferas. La producción casera hacía que el trabajo femenino fuera un componente importante de la economía precapitalista.

Con la introducción del capitalismo, el control de la economía dejó de estar en manos de las familias y los centros de “producción” se situaron fuera de los hogares. La mecanización se introdujo de modo selectivo, desplazando a las mujeres de los ámbitos de trabajo tradicionales y haciendo que su trabajo resultara redundante. La privatización de la propiedad familiar de tierras y de las tierras comunales, como pastos y bosques, tuvo un efecto globalmente negativo en la capacidad productiva de las mujeres. El control femenino sobre los recursos naturales decayó.

La política británica arruinó la economía rural y familiar. Por ejemplo, en la India precolonial, algunas de las principales ocupaciones de las mujeres consistían en hilar y tejer. Había especializaciones regionales de los oficios femeninos, como por ejemplo la producción de seda en Asam, la fabricación de mantas en el norte, chikan en Utar Pradesh, acolchados en Bengala, tintes en Rajastán y fabricación de alfombras en Sindhy Baluchistán. Con la colonización, la mayoría de las mujeres fueron desplazadas de sus ámbitos de producción tradicionales, al tiempo que las nuevas oportunidades económicas les estaban casi completamente vedadas. El descascarado del arroz es otro ejemplo, pues en tiempos era una de las principales ocupaciones de las mujeres en las regiones arroceras de India. En 1901 había 2,5 millones de mujeres ocupadas en el descascarado de arroz; en 1931, con la introducción de la harina de arroz, el número de mujeres dedicadas a esta actividad descendió a 131 000.

Independencia y desarrollo capitalista

Tras la conquista de la independencia continuaron estos procesos de desarrollo capitalista, que tuvieron un efecto devastador para las mujeres. “Socialismo” era el epíteto de una era poscolonial cuyas principales figuras políticas creían en la visión de una utopía fabiana, aunque se guiaban por los intereses de los campesinos acomodados y las grandes empresas industriales. La élite dirigente seguía estando formada por terratenientes, capitalistas, hindúes de casta superior y altos funcionarios. Aunque se hizo un intento de imitar una planificación al estilo soviético, el Estado subvencionó al sector privado con infraestructuras y apoyo financiero, de manera que el capital privado pudiera defenderse frente al capital occidental y poner pie firmemente en la industria pesada.

Pese a que existía una corriente favorable a la reforma social que llamaba al Estado a velar por el bienestar y elevar el nivel de vida de las masas, apenas se consiguió aliviar la pobreza, asegurar la atención sanitaria y crear puestos de trabajo. La sociedad india seguía rigiéndose por las relaciones de clase previas a la independencia, determinadas en gran medida por el régimen de castas.

Las necesidades del capital generaron contradicciones entre el proteccionismo y la liberalización, produciéndose un desplazamiento a largo plazo del primero a la segunda. El proceso de liberalización económica ya comenzó en 1960, pese a que comenzara con lentitud y avanzara a trancas y barrancas, de acuerdo con las exigencias del capital. Por otro lado, el Estado indio tuvo que mantener su fachada retórica socialista, en parte debido a los movimientos populares, en parte a causa de la dinámica política de la posición de India en el sur de Asia y del amparo que le daba la antigua Unión Soviética. En 1969 fueron nacionalizados los bancos, mientras que en la década de 1980 la liberalización económica experimentó un enorme impulso. Desde 1990, el país ha sido testigo de un desmantelamiento casi completo de los controles públicos. El capital nacional y occidental está preparado para asumir el mando, apoyándose en la fuerza del Estado indio.

Durante el periodo de “desarrollo” posterior a la independencia, un gran número de mujeres se vieron condenadas a realizar trabajos mal pagados, a destajo, en empleos informales que no están amparados por la legislación laboral y no gozan de ninguna protección pública. Pese a que las mujeres pasaron a engrosar masivamente la fuerza de trabajo, quedaron marginadas en la periferia del mercado de trabajo. La carga de trabajo de las mujeres ha aumentado, pero sus salarios no.

En los últimos años, la introducción de nuevas tecnologías en la agricultura ha llevado a muchas mujeres al paro. La racionalización y modernización de la industria textil ha eliminado numerosos puestos de trabajo que solían ocupar mujeres. Dado el creciente desempleo y el deterioro de la situación económica, el porcentaje de mujeres implicadas en actividades económicamente provechosas ha decaído. La única experiencia positiva es la que han tenido las mujeres de clase media, que han accedido a mayores grados de educación y han entrado a trabajar en gran número en el sector de los servicios.

Sanscritización

El capitalismo también introdujo otros cambios en la sociedad hindú en particular, reduciendo un poco la correspondencia entre casta y ocupación. Si bien la casta todavía determina la vida social, las relaciones de parentesco y las alianzas matrimoniales, se ha producido cierta secularización, al menos en las zonas urbanas, aunque el proceso no se ha completado ni es unívoco en absoluto. Por otro lado, se ha iniciado un proceso de “sanscritización”, que implica la hegemonía social y cultural de las castas superiores. Se trata de un intento de difuminar las divisorias entre castas superiores e inferiores, al precio de la pérdida de identidad de las castas inferiores, buscando absorber todas las costumbres, estilos de vida y legados culturales de las castas inferiores en el sistema dominante del hinduismo de casta superior. También se trata de imitar las normas de comportamiento y las costumbres de las castas superiores por parte de los miembros de las castas inferiores, con el fin de buscar la movilidad ascendente en la escala de la estructura de castas. (Es el mismo proceso por el que la hegemonía de la “civilización” blanca se impone o es aceptada por los negros o los pueblos indígenas.)

La interacción de las costumbres preexistentes con respecto a la dote entre los hindúes de casta superior, el proceso de sanscritización y los procesos económicos puestos en marcha por el capitalismo cambió totalmente la situación de las mujeres. Este cambio dio lugar a la percepción de que las mujeres son económicamente improductivas, lo que constituye la premisa fundamental que subyace a la práctica contemporánea de la dote. El consumismo y la comercialización de todos y cada uno de los aspectos de la vida son dos factores adicionales. Es la coincidencia de todos estos factores la que explica el nuevo fenómeno de la muerte dotal o la quema de novias. La muerte dotal no es una forma de violencia heredada del pasado, pese a su forma feudal, sino que su contenido hunde sus raíces en la nueva realidad económica.

Las mujeres se organizan contra la dote

El movimiento de las mujeres en India se centró en la cuestión de la dote a finales de la década de 1970. Un repentino incremento de muertes “accidentales” de mujeres llamó la atención de algunos grupos de mujeres en zonas urbanas. Muchas de estas muertes fueron suicidios; otras se debieron al hecho de que habían sido quemadas hasta morir. Las investigaciones realizadas por grupos de mujeres revelaron la espeluznante y sórdida realidad que había detrás de esas muertes.

Una ojeada a algunas estadísticas muestra la amplitud de la exposición de las mujeres a la “muerte dotal” en India. En Delhi, cada día mueren dos mujeres por quemaduras. En un hospital municipal de Bombay ingresaron 157 quemadas en seis meses (1987-1988). En Bangalore, los suicidios y las muertes dotales se duplicaron en 1984. Karnatakainformó de nueve casos de muerte dotal en 1982, 31 en 1983 y 48 en 1984. Andhra Pradesh registró 14 muertes en 1983, 27 en 1984 y 38 en 1985; Uttar Pradesh, 14 muertes en 1984 y 323 en 1985; Madhya Pradesh, 42 casos en apenas cinco meses, de junio a octubre de 1985. En Maharashtra hubo 129 casos de muerte dotal en 1984, cifra que se duplicó en 1985. De acuerdo con el registro oficial de crímenes contabilizados en las comisarías de policía, cada día mueren quemadas vivas seis mujeres tan solo en el Estado de Gujar, que encabeza la estadística de muertes dotales. Es probable que haya otros tantos casos de muertes no registradas/2.

Los grupos de mujeres se movilizaron contra esta amenaza social en la década de 1970. La campaña contra la dote llevó a lidiar casos ante los tribunales, organizar manifestaciones de protesta y boicots sociales contra las familias que daban o recibían dotes, enfrentamientos con la policía y llamamientos a los medios de comunicación a reconocer las muertes dotales como los asesinatos que eran. En Bombay, Calcuta, Delhi, Pune y Nagpur salieron a la calle mujeres de todas las edades, repartiendo panfletos a las puertas de las residencias, entregando memorandos a los organismos públicos, discutiendo en las comisarías de policía e iniciando un debate sobre la efectividad de la ley. Esta campaña antidote generó una ola de protestas que obligó al Estado a responder y al menos consiguió desacreditar la costumbre a escala social. Queda mucho más por hacer, pues todavía se asesina a mujeres a causa de la dote, pero se había dado un primer paso.

Debates en el movimiento

Durante la campaña surgieron diferentes corrientes de opinión dentro y fuera del movimiento de mujeres en torno a lo que es realmente la dote y a qué fines sirve. Esquemáticamente son las siguientes:

  1. La dote representa básicamente un sistema de valores inherentes a las familias hindúes y a la estructura social hindú, que se han distorsionado a raíz de la modernización. El consumismo y la avaricia han dado lugar a la conversión de las mujeres en mercancías y han asociado las relaciones sociales con la adquisición de riqueza. Ahora es necesario sensibilizar a la población sobre esta mercantilización. Una vez logrado esto, la dote desaparecerá.
  2. La transición del “precio de la novia” a la dote se debió al deterioro de la función del trabajo femenino en la economía y a la reducción de la aportación de la mujer a la economía familiar. Así, el coste de mantenimiento de las mujeres resultó mucho mayor que el valor económico que creaban. La dote surgió para compensar esta situación desigual.
  3. La dote es una cantidad de dinero rotatoria: entra con el matrimonio del hijo y se utiliza para el matrimonio de la hija. Las hijas son actualmente pasivos económicos; una vez empleadas con provecho, la dote desaparecerá. d. La dote es la manifestación de una costumbre semifeudal retrógrada, que se reproduce en un marco capitalista consumista. Con los cambios de relaciones económicas y de producción, la dote desaparecerá.
  4. La dote es el tributo de la familia que da la novia a la familia que la recibe. Es una “clara manifestación de una relación hipergámica, no recíproca, asimétrica y extractiva entre 1) familias que dan y reciben a la novia, y 2) hombres y mujeres/3”.
  5. La dote es una transferencia de riqueza entre familias, siendo la mujer el medio a través del cual se efectúa. Es el reconocimiento del estatus del novio, que se considera superior por el hecho de asumir la carga de una hija no deseada. Las leyes no harán que desaparezca la dote, sino que esta seguirá pagándose bajo mano. La respuesta es reclamar derechos de herencia de las mujeres.

Feticidio femenino

La percepción de que las mujeres son una carga y el sesgo patriarcal general de la sociedad de castas hindú dio lugar a una creciente preferencia por hijos varones. Se considera que el lugar de la mujer está junto a su marido, y se supone que con el matrimonio se rompen todos los lazos con la hija. De ahí que sean los hijos varones los encargados de velar por sus padres ancianos y de llevar adelante la estirpe familiar. Las escrituras hindúes también prohíben que las hijas incineren a los muertos; la pira crematoria debe encenderla el hijo mayor. Por esta razón, en algunas castas de la India precolonial –el número limitado de castas que practicaban la dote– prevaleció la costumbre del infanticidio femenino. En la sociedad actual, la expansión del sistema dotal se ha combinado con avances de la tecnología médica y la modernización capitalista para dar pie a otro crimen abyecto: el feticidio femenino.

La amniocentesis y la biopsia corial, pruebas médicas encaminadas fundamentalmente a la detección de anomalías genéticas del feto, se utilizan actualmente en India sobre todo para detectar el sexo del feto. Si este es femenino, la reacción habitual es el aborto. Así, la tecnología moderna se emplea para intensificar todavía más la discriminación de las mujeres. El feticidio femenino ha alcanzado ahora proporciones alarmantes y amenaza con seguir creciendo. Tan solo en el Estado de Gujarat, según cálculos conservadores, cada año se abortan 100 000 fetos femeninos. La mayoría de clínicas que practican abortos y de ginecólogos ofrecen la amniocentesis, no solo en las grandes urbes, sino también en ciudades pequeñas. Interrogados por activistas, los médicos reconocen abiertamente que la amniocentesis tiene efectos secundarios nocivos para la salud de las mujeres. No obstante, contrariamente a la ética médica, los facultativos han realizado pruebas de selección de sexo y abortos de fetos femeninos.

Preguntados por las activistas, han señalado sin rodeos que “prestamos un servicio que demanda la sociedad”. Los médicos, considerados los más educados y la “crema” de la sociedad india, entienden que es una manera de conseguir dinero fácil.

La gente corriente, hombres y mujeres, piensan ahora que en vez de criar a una hija y pagar una dote para su matrimonio posterior, vale más la pena gastarse un dinero en una prueba de determinación del sexo. Claro que esta prueba también la utilizan ampliamente personas de clase media educadas, deseosas de tener una familia “equilibrada”. La clase media educada se adhiere a la norma de las familias pequeñas, pero no desean familias pequeñas solo con hijas. Así, las pruebas de determinación del sexo han adquirido popularidad en todas las castas, clases sociales y grupos religiosos de India.

Hay economistas que dicen:“¿Por qué luchar contra esto? A medida que descienda la oferta de mujeres, su estatus aumentará automáticamente.” Sin embargo, en este terreno no funciona la ley de la oferta y la demanda. La proporción entre sexos en India es negativa y disminuye: a comienzos de este siglo era de 972 mujeres por 1 000 hombres y ahora es de 927 mujeres por 1 000 hombres. En zonas en que esta proporción es extremadamente negativa, por ejemplo en regiones de Rajastány Bihar, la poliandría forzosa es una forma creciente de opresión de las mujeres, que se ven forzadas a mantener relaciones sexuales con todos los miembros masculinos de la familia. A medida que siga disminuyendo la proporción, la violencia contra las mujeres –acoso, violación, etc.– irá en aumento.

Para más inri, a menudo se habla del feticidio femenino como una medida de control de la población. El gobierno indio está recibiendo actualmente enormes presiones por parte del Fondo Monetario Internacional y de los países occidentales de cuya ayuda depende para que aplique medidas de control demográfico. Los argumentos a favor de tolerar el feticidio femenino ganan terreno porque el aborto de fetos femeninos reduce la población de dos maneras: menos niños y menos futuras madres. De este modo, el gobierno indio elude la cuestión crucial de la distribución de recursos y se preocupa más de limitar el crecimiento demográfico que de abordar cuestiones fundamentales como el desempleo, la sanidad y la reforma agraria. Los gobiernos occidentales tienen sus propios motivos para cerrar los ojos ante las pautas de consumo que profundizan la divisoria entre países pobres y ricos.

Para corregir estos desequilibrios, para mejorar la vida de las mujeres, para asegurar que estas puedan vivir con dignidad y con las necesidades básicas de la vida cubiertas, nuestras luchas no pueden limitarse a la escala local. Las fuerzas a que nos enfrentamos son globales. El “nuevo orden mundial” exige nuevas respuestas y una acción política más creativa, capaz de abarcar a las mujeres de todos los rincones del planeta.

* Publicado originalmente en: PennyDuggan, HeatherDashner (eds.), Women’sLives in the New Global Economy (Amsterdam, IIRF/IIRE). Traducción de Viento Sur.

 Notas

1/Entre las fuentes en que se basa este artículo, además de las que se citan en las siguientes notas al pie, cabe señalar: V.1. Pavlov, HistoricalPremisesforIndia’sTransition to capitalism (1973); André Béteille, Caste, Class and Power (1971); C.J. Fuller, TheCamphorFlames (1992); AmiyaKumarBagchi, ThePoliticalEconomy of Underdevelopment (1982); Romilla Thapar, India, vol. 1 (1966); VeenaPooncha (ed.), UnderstandingViolence (Bombay: Research Centre forWomen’sStudies, 1992); GovindKelkar, “ViolenceagainstWomen” en NirojSinha (ed.), Women and Violence (Nueva Delhi: Vikas, 1989); VibhutiPatel, Towards a Feminist Critique of Theories of Violence (enero de 1985); NeeraDesaiy MaitheyiKrisnaraj, Women and Society (Nueva Delhi: Ajanta, 1987); y MadhuKishwar, Dowrycalculations, Manushi n.º 78 (Nueva Delhi, 1993). Agradecemos la ayuda deMoly Jacob, sin cuya ayuda este artículo no habría sido mecanografiado ni terminado.

2/NandhiGhandiy NanditaShah, Theissues at Stake (1992).

3/Maria Mies, Patriarchy and Accumulationon a WorldScale (Londres: ZedBooks, 1981), citado en Gandhi and Shah, op.cit.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article11499#sthash.kUsQmUVs.dpuf

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214605&titular=el-efecto-del-desarrollo-capitalista-en-la-violencia-de-g%E9nero:-dote-y-feticidio-femenino-

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La Alianza del Pacífico como proceso de disolución latinoamericana

Sergio Martín Carrillo

América del Sur/Venezuela/22 de Julio de 2016/Autor: Sergio Martin Carrillo/Fuente: Correo del Orinoco

Parece ser que la Alianza del Pacífico está de moda. Los grandes medios de comunicación nos hablan de algunos de los “grandes avances” que la misma ha presentado en términos de integración regional… pero cabe preguntarse, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? Quizás es más apropiado darle la vuelta a la pregunta y reformularla, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas? Vayamos por partes.

Cuando hablamos de integración regional podemos realizar una clasificación dicotómica en función a la relación que tengan con el proceso de globalización neoliberal. Por un lado, tenemos aquellos procesos que van a profundizar este fenómeno histórico, actuando en un mismo sentido y guiado por la misma ideología.  Aquella misma que sentó las bases del proceso de revolución neoliberal a partir de la década de los 70` y que acabó impregnando a las instituciones de Bretton Woods.

Por otro lado, y en oposición al anterior, tenemos aquellos procesos de integración regional que surgen como oposición al avance de la ideología neoliberal, así como respuesta a la dependencia creciente de la única potencia hegemónica que surge tras el fin de la Guerra Fría.

La disputa entre ambos tipos de bloques ha marcado lo que llevamos de siglo XXI en la región latinoamericana. El año 2005 supuso un claro cambio en el status quo de la correlación de fuerzas regionales. La desaparición del ALCA se vio precedida tan sólo unos meses antes por la creación de la ALBA y la decisión de crear la Comunidad de Naciones Suramericanas (inicios de la actual UNASUR). Posteriormente, también se crearía la CELAC, y por su parte, el MERCOSUR empezaría a impregnarse cada vez más de estos procesos, convirtiéndose en el principal promotor contra-hegemónico en la región en el aspecto económico.

Pero el regionalismo abierto, aquel que acompaña y profundiza el proceso de globalización neoliberal, no desapareció. En el año 2011 surgió la Alianza del Pacífico, conformada por 4 países con una visión compartida en cuanto a la inserción en la Economía-Mundo capitalista. Como resumen de su apuesta en cuanto a comercio internacional se puede destacar que todos estos países tienen vigentes Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico no tardó en convertirse en el juguete preferido del capital internacional. Entre sus “avances” se destacan su importante peso en el comercio internacional (aproximadamente el 50% del comercio internacional extrarregional de América Latina), su nivel de atracción para la Inversión Directa Extranjera (47% del total del flujo en la región) y contar con los países de la región clasificados como los mejores para realizar negocios[1].

A menudo, entre las supuestas bondades de la Alianza del Pacífico, los grandes medios destacan que es un verdadero proceso de integración comercial, dejando de lado lo ideológico, a diferencia de otros bloques de la región. Es decir, supuestamente la Alianza del Pacífico se guía por las bondades de la tecnocracia y ha mantenido un posicionamiento pragmático. Esta supuesta animadversión a lo político, algo muy recurrente entre los grandes capitales y buena parte de las derechas, es una gran falacia. La Alianza del Pacífico es un bloque plutocrático, guiado por, y para, los intereses del gran capital.

Podemos volver ahora a las preguntas lanzadas al inicio. ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? No, la Alianza del Pacífico sólo profundiza la integración de los grandes capitales latinoamericanos con los grandes capitales mundiales, esto a través de las relaciones comerciales y de la Inversión Directa Extranjera, primando las relaciones con países extra-regionales y excluyendo a las grandes mayorías. Con respecto a la segunda: ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas? Sí, las relaciones económicas dependientes Centro-Periferia se profundizan. Cierto es que hay unas ganancias, pero éstas son recogidas por las oligarquías exportadoras de cada uno de los países, quedando las grandes mayorías alejadas de los beneficios. La Alianza del Pacífico representa la integración de los grandes capitales en los flujos económicos mundiales, pero representa la disolución de un verdadero proceso de integración regional a nivel político, cultural, social y productivo.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/opinion-libre/alianza-pacifico-como-proceso-disolucion-latinoamericana-opinion/

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EEUU… Todo se derrumba

Russell Mokhiber y Robert Weissman

Por: Russell Mokhiber y Robert Weissman

Focus on the Corporation. EEUU, junio del 2005.
Traducción para La insignia: Berna Wang

Si se preguntan ustedes por qué los estadounidenses están perdiendo la guerra contra el cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes, echen una ojeada a las fuentes de financiación de las principales asociaciones de salud pública.

Las grandes empresas las inundan de dinero. Y muy pronto, las asociaciones empiezan a adoptar la postura de las grandes empresas.

Un buen ejemplo es la American Diabetes Association (ADA; Asociación Estadounidense contra la Diabetes). A principios de mes, la ADA llegó a un acuerdo con el fabricante de golosinas y refrescos Cadbury Schweppes.
El acuerdo es este: Cadbury Schweppes inyecta un par de millones de dólares a la ADA. A cambio, la empresa puede usar la etiqueta de la asociación en sus bebidas dietéticas… más la publicidad positiva que genere el acuerdo.
Cadbury fabrica Dr. Pepper y delicias tan nutritivas como el Cadbury’s Cream Egg. Hay que tener la cabeza enterrada a mucha profundidad en la arena para negar que los refrescos llenos de azúcar están fomentando la obesidad infantil; que a su vez está fomentando la diabetes tipo 2.

Esta misma semana, la Journal of Pediatrics (Revista de Pediatría) publicó un estudio que atribuye gran parte de la culpa de la diabetes infantil a los refrescos y a las bebidas azucaradas. El estudio concluía que una lata de refresco contiene una media de 165 calorías y que el adolescente típico consume aproximadamente dos latas de 12 onzas de refresco al día; lo que equivale a 20 cucharaditas de azúcar.

Cualquiera que conozca a los adolescentes sabe que esto es verdad: beben toneladas de refrescos.
El acuerdo Cadbury/ADA fue criticado inmediatamente por Gary Ruskin, de Commercial Alert, con sede en Portland, Oregón. Ruskin quiere que la ADA devuelva a Cadbury Schweppes lo que considera una «contribución corrupta».
«Puede que la Asociación Estadounidense contra la Diabetes deba ser rebautizada como Asociación Estadounidense por la Comida Basura –declaró Ruskin–. ¿Qué es lo siguiente? ¿Empezar a vender barras de golosinas para M&M/Mars?»
«Si Cadbury Schweppes quisiera realmente reducir la incidencia de la obesidad y de la diabetes, dejaría de hacer publicidad de sus productos con un contenido elevado de azúcar y los retiraría de las escuelas de nuestro país. Esto no es más que otro intento de una importante empresa de comida basura de diluir su responsabilidad en la epidemia de obesidad y diabetes de Estados Unidos.»

Llamamos a Richard Kahn, director médico de la ADA, que además trabaja como científico para la asociación, para preguntarle al respecto. Fue una larga conversación, y Kahn nos advirtió varias veces de que si sacábamos sus comentarios «fuera de contexto» nunca volverá a hablar con nosotros (la transcripción íntegra de la entrevista está en www.corporatecrimereporter.com. Juzguen ustedes mismos).

Pero en general, Kahn parecía más un defensor de la industria que un funcionario de la salud pública.
Kahn dice que el problema de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos está impulsado por la obesidad. Y el peso no es más que una función de las calorías que entran y las que salen. No importa si las calorías son azúcar, proteínas o hidratos de carbono.

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado lo que han hecho algunos estados y gravar los refrescos con un impuesto.
Kahn dijo que creía que no era justo criticar los refrescos. ¿Por qué no gravar los dónuts? ¿O las golosinas? ¿O a las personas con sobrepeso?

Dijo también que no había pruebas de que el azúcar o los refrescos azucarados agravasen el problema de la obesidad (la entrevista se hizo justo antes de que la Journal of Pediatrics difundiera sus conclusiones, pero según el Centro para la Ciencia en el Interés Público, varios estudios anteriores han relacionado el consumo de refrescos con el aumento de peso. Vaya.)

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado limitar el acceso a la comida basura.Dijo que limitar el acceso a la comida basura no serviría. Le preguntamos por qué entonces la ADA apoyaba una ley propuesta por el senador Edward Kennedy (demócrata, Massachusetts) que limitaría el acceso a la comida basura por medio de máquinas expendedoras de los niños en edad escolar.

«Porque hay poco que perder y potencialmente algo que ganar limitando los alimentos que se venden en máquinas expendedoras», dijo Kahn.

¿Y qué se perdería gravando los refrescos?

Kahn defendió aceptar dinero de Cadbury –tuvimos que recordarle que era una empresa de golosinas– diciendo que Cadbury sólo tenía autorización para usar la etiqueta de la ADA en sus bebidas dietéticas. Y que el dinero se usaría para programas educativos destinados a animar a la gente a que hiciera más ejercicio físico.
Y no se trata sólo de Cadbury Schweppes.
La ADA recibe mucho dinero de un amplio abanico de fabricantes de fármacos y alimentos. Entre las compañías de alimentación figuran Cadbury, Kraft Foods, J.M. Smucker Company, General Mills, Inc. y H.J. Heinz Company.
Naturalmente, la ADA no es la única. Un médico amigo nuestro, el doctor Matt Hahn, que dirige un centro de salud comunitario en Hancock, Maryland, ha recibido hace poco una caja con cien muestras de cereales Smart Start de Kellogg’s.

La caja iba acompañada de una carta de Michael McBurney, que se identificaba como director de nutrición y regulación.

Pero puesto que su nombre y su firma figuraban directamente encima del nombre “American Heart Association” (AHA, Asociación Estadounidense del Corazón), el doctor Hahn pensó que McBurney trabajaba para la AHA.

En realidad, McBurney trabaja para Kellogg’s.

Lo que sorprendió al doctor Hahn fue que Kellogg’s o la AHA esperaran que regalara a sus pacientes los cereales, que contienen grasas trans. El doctor Hahn nos dijo que no pensaba hacerlo, ya que sus pacientes pueden obtener cereales sin grasas trans.

La AHA dice que está de acuerdo con el doctor Hahn en que la gente debería limitar su consumo de grasas trans. Pero dijo que había certificado los Smart Start de Kellogg’s porque cumplen lo establecido en las directrices de la asociación, que incluyen contener menos de tres gramos de grasa por ración.
«En lo que se refiere a los cereales Smart Start de Kellogg’s, la etiqueta sobre nutrición dice que contiene cero gramos de grasas trans, lo que significa que contiene menos de 0,5 gramos de grasas trans», dijo Carrie Thacker, de la AHA.

Vaya… cero es igual que menos de 0,5.
(Thacker dice que Kellogg’s no da dinero a la AHA, aunque luego supimos por el Centro para la Ciencia en el Interés Público que la AHA cobra a las empresas 7.500 dólares por producto certificado, y 4.500 dólares al año con posterioridad… más otras cantidades. Y al igual que la ADA, la AHA obtiene cuantiosos donativos de una larga lista de fabricantes de fármacos y alimentos.)

Y después, naturalmente, está la American Cancer Society (Asociación Estadounidense contra el Cáncer).
Sólo diremos que coincidimos con el doctor Samuel Epstein cuando señala que la Asociación contra el Cáncer lleva años aceptando insensatamente millones de dólares de las grandes empresas.

El problema es que los donantes están interesados en desviar la atención de las causas medioambientales del cáncer y en centrarla en los tratamientos farmacéuticos y de otro tipo.

Como dice el doctor Epstein: «Existe una obsesión por el control de daños –revisión, diagnóstico y tratamiento– junto con la indiferencia hacia la prevención, lo que agrava los ya largos conflictos de interés con un amplio abanico de industrias, unido al desprestigio sistemático de las pruebas sobre causas evitables del cáncer.» Lo mismo cabe decir de la diabetes. Lo mismo cabe decir de las enfermedades del corazón.Todo se derrumba.

Tomado de: http://www.lainsignia.org/2005/junio/int_004.htm

Imagen: https://www.google.com/search?q=cadbury&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL7vTI04LOAhWEVh4KHZniCMgQ_AUIBigB#imgrc=FJh-wxwWhkTxCM%3A

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Universidad Nacional de Colombia sufre baja de mujeres matriculadas

El Espectador

Por: El Espectador

Un reciente estudio del centro educativo sobre la prueba de admisión, arrojó una fuerte tendencia hacia la masculinización de los admitidos, o sesgo o discriminación en contra de las mujeres.

Contrariamente a la tendencia nacional e internacional de aumento de la participación de mujeres en el nivel de educación superior, la que en muchos países es de paridad, en un reciente estudio titulado Examen al Examen de Admisión de la Universidad Nacional de Colombia, sobre la prueba de admisión al claustro educativo, se encontró una fuerte tendencia hacia la masculinización de los admitidos, o sesgo o discriminación en contra de las mujeres.

En efecto, desde la década anterior ha aumentado la tasa de absorción de aspirantes hombres sobre mujeres, a pesar de porcentajes similares de participación, con algunos puntos de ventaja de mujeres sobre hombres (gráficas 1, 2, 3 ). Actualmente la tasa de absorción es casi el doble en aspirantes hombres que mujeres (12.18 % vs. 6.3 %). El porcentaje de admitidos hombres es de 64.6 % y el de mujeres de 35.5 %En la sede Bogotá , la tasa de absorción en 2015-I fue de 7.25 % para hombres y 3.29 % para mujeres (Gráfico 4). Todos los datos son de la Oficina de Admisiones de la UN, 2014-2015.

El análisis de este sesgo requiere un estudio detallado de los diversos temas, o áreas del saber, que componen el Examen y el desempeño relativo de mujeres en estas diversas áreas del Examen.

Pero en la Universidad Nacional el Examen de Admisión nunca ha sido considerado un ‘objeto’ de estudio interdisciplinario sino el ámbito autorreferido de la psicometría y de los bancos de preguntas. Lo que pone en cuestionamiento el anuncio en El Observatorio, agosto 6: www.universidad.edu.co “Propuesta de la U. Nacional definiría modelo único de admisiones en las universidades oficiales”.

Si el examen de la UN, que nunca ha sido sometido a análisis crítico, ni a comparaciones analíticas con Saber 11 ni con Saber Pro, se aplicara a otras universidades públicas, sería mayor el efecto discriminatorio de género en contra de las mujeres. Otros efectos negativos han sido identificados sobre el aumento de la deserción, el aumento del número de “no-matrículas” en el primer semestre y sobre el rendimiento académico de admitidos a carreras que no corresponden con sus intereses, motivaciones e identidad intelectual. El actual examen de admisión a la UN no considera la opción subjetiva del aspirante (vocación, interés…), sino que distribuye los cupos en orden descendente. Los de mayores puntajes pueden seleccionar su carrera de preferencia, mientras los puntajes relativamente inferiores deben tomar los cupos que existan aun en carreras ajenas a su vocación o interés.

¿Este es el tipo de examen que se desea para las universidades públicas? Urge entonces el debate académico y político sobre el tipo de examen que estas instituciones requieren. Lo que implica la constitución del examen como objeto interdisciplinario y sistemático de investigación. Lo que no sucede en ninguna universidad colombiana.

Es evidente el sesgo en contra de las aspirantes mujeres en el examen de admisión a la UN. Las cifras de admisiones lo demuestran claramente. Hay un descenso continuado en el número de mujeres admitidas en los últimos años, a pesar de que aproximadamente el mismo porcentaje de hombres y mujeres se presentan al examen.

Pero es difícil identificar cuáles son los ítems o contenidos de ese examen responsables de este sesgo de género. Este análisis lo debe realizar la Oficina de Admisiones en un estudio de cada ítem, las respuestas respectivas de aspirantes hombres y mujeres y sus efectos sobre el puntaje final. Ese análisis no se ha realizado hasta ahora. Y que ésta sea la oportunidad para exigir que se realice.

Pueden plantearse algunas hipótesis sobre el desempeño diferencial de aspirantes hombres y mujeres en el examen de admisión a la UN. Si en el nivel medio hay mayor probabilidad de éxito o logros en matemáticas, en los estudiantes hombres, esta ventaja comparativa se traslada a los ítems de matemáticas en dicho examen y los consiguientes menores puntajes en aspirantes mujeres. Hipótesis similar puede plantearse sobre los ítems de ciencias naturales.

Pero este análisis de ítems y temas no se ha realizado debido la carencia de voluntad política de mejorar las probabilidades de ingreso de mujeres a la UN. Este análisis implicaría rediseñar el examen de admisión para eliminar los ítems con mayor sesgo negativo de género e introducir otros tipos de ítems y temas en los que no sea evidente la ventaja comparativa de estudiantes hombres en el nivel medio.

Además, surge el interrogante sobre la racionalidad de un solo examen de admisión para tantas y tan diversas áreas del conocimiento, las que exigen competencias y conocimientos previos muy diferentes entre sí. ¿Cuántos aspirantes altamente competentes para determinadas carreras no logran ingresar a la UN debido al modelo obsoleto y disfuncional de un único examen, una tabula rasa para áreas del conocimiento tan diferentes?

Tomado de: http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/u-nacional-de-colombia-sufre-baja-de-mujeres-matriculadas

Imagen: https://www.google.com/search?q=Universidad+Nacional+de+Colombia+sufre+baja+de+mujeres+matriculadas&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1suDTsIDOAhVHXh4KHTZLALcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+baja+de+mujeres+matriculadas&imgdii=FJD4s0Lhh4YoRM%3A%3BFJD4s0Lhh4YoRM%3A%3BuU_CoaEo9J8vWM%3A&imgrc=FJD4s0Lhh4YoRM%3A

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Mercantilismo o educación

Carlos Valenzuela

Por: Carlos Valenzuela

Fuera de los que elaboraron y enviaron (Gobierno neo-mayorista, ¿cuántos?) el proyecto de ley sobre educación superior, nadie está de acuerdo con el. ¿Cómo puede suceder algo así? La respuesta es simple, no se consultó a los principales afectados y constructores de la educación superior, es decir, a los académicos y por ende a los expertos, los académicos o si se consultó a algunos no se les hizo caso y el proyecto terminó siendo una componenda de posiciones políticas con el fin de mantener el mercantilismo de la educación en Chile.
El documento tiene 160 páginas, 202 artículos permanentes y 60 artículos transitorios. No hay conceptos matrices, hilos conductores que señalen para dónde, algunos del Gobierno quieren llevar a la ES. No hay conceptos de educación, academia, extensión universitaria, calidad de educación. Dice en su primer párrafo.
“I. Antecedentes 1. La Reforma Educacional en marcha. En las últimas décadas, Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa, tales como, altos niveles de cobertura en todos sus niveles e inversión en infraestructura y equipamiento. Dichos logros son una parte de la tarea cumplida como país”.
De acuerdo a este párrafo, se espera avance en calidad (no definida), y los que sabemos (por autoría) de educación universitaria vemos que cada vez llegan los estudiantes peor preparados a tal punto que necesitan nivelación.
Como la educación es en sí más mala, la cobertura mayor en vez de ser un orgullo es una vergüenza: la infraestructura mejor con calidad peor, constituye un escándalo.Vemos realmente que el nivel a lo más se ha mantenido, con el sistema general de la ES desacreditado en un alto porcentaje, y la acreditación se realiza con un instrumento insuficiente, no basado en la calidad académica.
La universidad, que es academia o no es universidad, es una forma de ser de la humanidad, muy probablemente pre-humana y no se va a inventar en Chile.
La Universidad es la forma de cultura comunitaria más elevada en sus aspectos intelectuales, éticos, estéticos y espirituales. El mercantilismo actual define a la universidad como la gestión en actividades “rotulables” como “educación” que rinden ganancias monetarias suculentas. El diálogo entre ambas posiciones contradictorias es imposible.
Las altas especulaciones estéticas, éticas, intelectuales y espirituales, actividades que requieren del “ocio” mental humano siempre estarán desfinanciadas, porque los académicos que las realizan necesitan vivir y su vida, al menos debe pagarla alguien. La universidad siempre va a pérdida monetaria.
La imposición que la Dictadura-cívico-militar-mercantilista-neoliberal hizo de “universidad autofinanciable” o incluso “productora de ganancias económicas” o “negocio” fue pensada, intencionada y dirigida a destruir la universidad en Chile. Una universidad que se autofinancia o que rinde ganancias no es universidad.
La universidad cuyo fundamento es el “ocio mental”, es decir el pensamiento (y muchas otras funciones psíquicas) libre, creativo, autónomo es contradictorio con el pensamiento “condicionado o esclavizado” a obtener un rédito económico u otro o “neg-ocio”. La universidad (y toda la educación) o es “ocio” o es (con exclusividad) “negocio” no hay pie para soluciones intermedias o sincréticas, porque son intencionalidades vectoriales ortogonales y contradictorias de la acción humana.
Pre-humana, porque ya Neanderthal (especie actualmente demostrada como distinta a sapiens y no su precursora) adorna con flores sus ordenados entierros rituales (estética litúrgica) con la evidente creencia de un más allá viviente (espiritualidad), demostrando su finura estética-espiritual, académica-universitaria ¿Tenía cátedras de maestros y discípulos de estética litúrgica? Sí, no cabe la menor duda, el diseño floral es mantenido, luego se aprendía en alguna parte.
También tiene pinturas en sus entierros (estética plástica) y deposita sus muertos en posiciones precisas en relación a los puntos cardinales (intelectualidad geográfica mística). Lástima que no tengamos registros auditivos para saber si acompañaba con música sus entierros. La música es un componente imprescindible de la academia y de la universidad.
Las leyes de la Dictadura y de los gobiernos democráticos consideraron a toda la estética (artes), intelectualidad (filosofía, ciencia) y ética (ética, moral, justicia y derecho en su parte filosófica) como prescindible en, o más bien contradictoria con la educación superior porque no generan ingresos suculentos.
Estas leyes (LOCE incluida) prohíben en Chile que facultades de Ciencias, Filosofía, Humanidades, Artes, Sociología, Antropología y muchas otras afines sean universidades. El odio contra la música fue monstruoso.
El Golpe Militar sorprende al musicólogo, profesor de actuación y director de teatro y televisión (que también dominaba el canto litúrgico gregoriano) Víctor Jara Martínez realizando actividades académicas en la Universidad Técnica del Estado. Preparaba televisivos contra el fascismo, es detenido torturado se le destruyen las manos y se lo asesina de 44 tiros.
En su encierro en el Estadio Chile escribe, “Somos cinco mil, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil…¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura!”
En La Serena la “Caravana de la Muerte” detiene, tortura y asesina al Director de la Orquesta Sinfónica y fundador de las orquestas sinfónicas infantiles en Chile, Jorge Peña Hen y desbarata totalmente a esa orquesta. Nunca los gobiernos democráticos han reparado estos daños y devuelto a la estética su lugar en la universidad.
No soy rencoroso ni vengativo. Mi madre me enseñó la “Elegía a los niños muertos” en la Guerra Civil Española, de García Lorca “…sobre quienes los mataron, caigan mil años de sombra”.

Tomado de: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/mercantilismo-o-educacion/2016-07-18/162033.html

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¿Educación transformadora o instrumental?

Rafael Lucio Gil

Por: Rafael Lucio Gil

Es de todos conocido, que la educación escolar debe responder a la filosofía y contenidos que presenta su currículo. Esta inspiración que orienta la esencia del quehacer educativo, demanda ser conocida por toda la población, principalmente por dirigentes, docentes, estudiantes y padres de familia. En la medida que el mismo no es concertado, su ubicación hegemónica estaría imponiendo una cultura, valores y formas de ver la sociedad desde una posición de poder y no de transformación.

La principal característica que poseen los currículos de enfoque técnico, desde la teoría curricular, es la invisibilización de los principios filosóficos que les mueven, precisamente por su carácter funcionalista con el modelo de desarrollo no inclusivo y promotor de desigualdades, al que tratan de proteger. De esta manera, sólo ubican su quehacer en un conjunto de contenidos, métodos y técnicas curriculares, ajenos a todo cuestionamiento de la situación de injusticia y distribución desigual de oportunidades. Se trata, por tanto, de un currículo instrumental, no transformador.

La realidad de nuestro currículo nacional se ubica, en su contenido y práctica, en este perfil, lo que vuelve su enfoque y contenidos funcionales al sistema socioeconómico y cultural, generador de desigualdades, al que debe servir instrumentalmente.

Desde una perspectiva de educación crítica, su filosofía debiera, desde la teoría crítica, direccionar la educación, dar desde una perspectiva intercultural, capaz de dialogar y concertar entre culturas, enriqueciéndose todas a partir de una sana relación de respeto e intercambio.

Otro de sus mejores atributos se refiere al enfoque de transformación social, el que se hará posible en tanto la sociedad organizada y la clase política logren tener a la educación como el punto central de agenda de sus luchas e incidencia.

Pero no basta con dejar claro en la transformación curricular este enfoque y contenidos; lo más importante sería que el personal del Mined, funcionarios, dirigentes y docentes, a la par del estudiantado y padres de familia, tuvieran claridad de la importancia que tiene aplicar un currículum con sentido y significado críticos.

Ello imprimiría a la educación un cambio radical de sentido, enfocada a educar en el pensamiento crítico y transformador, ubicando como tema de estudio en todas las disciplinas, la realidad social; problematizándola y evitando ocultar con sobreestimaciones políticas la realidad económica, social, cultural, de gobernabilidad, etc. Se trata de poner “polo a tierra” con los contenidos y competencias curriculares, situándolos en sus contextos reales.

Esta transformación reclama que el personal docente y el estudiantado estén preparados para incorporar y estudiar la realidad que vive el país, y desarrollar capacidades, competencias y compromisos cívicos de pensamiento y acción transformadores ante esta realidad.

Mientras esto no ocurra, seremos todos responsables de mantener una educación funcional, instrumental, en la que lo importante es la repetición de eslóganes contradictorios de la educación. Seguirán siendo la actividad pedagógica y los programas y textos de estudio, los mejores replicadores políticos y los mayores obstaculizadores del desarrollo de capacidades y competencias orientados a la transformación social con equidad.

Este horizonte retador para la Nación demanda de todos, sin distingos de ninguna clase, plantearse con claridad y responsabilidad accionar una “revolución educativa”, capaz de sobrepasar intereses particulares, en la búsqueda sincera de un perfil de sociedad diferente, inclusiva, con iguales oportunidades para toda la ciudadanía, justa para todos y todas.
No hay que perder de vista esta pregunta profética del P. Xabier Gorostiaga, s.j., cuando reiteraba la pregunta: ¿Qué educación para qué desarrollo? No responder a esta pregunta supondrá elegir a ciegas un modelo educativo que únicamente sirva al interés del gobernante de turno, y no al de toda la sociedad en su diversidad.

Ubicar el modelo educativo a los pies de intereses particulares, como en efecto sucede, impulsa a la educación a ser réplica obediente de lo que otros deciden, eludiendo el debate y argumentación críticos en el aula, convirtiendo en autómatas y apoyadores políticos inconscientes a los actores educativos y, en definitiva, logrando que la educación sea el principal obstáculo al desarrollo humano sostenible, por no contar con los pilares seguros de las capacidades de pensamiento independiente, autónomo, y el compromiso ciudadano con la justicia y la igualdad de oportunidades.

Despertar a esta realidad triste, exige tracender intereses partidarios de partidos, y vislumbrar que el desarrollo del país no tiene que ver con mayores ganancias de las empresas ni con el empobrecimiento de las mayorías, sino con una ciudadanía formada en sus capacidades de pensar, argumentar, cuestionar, denunciar, proponer e innovar, para lo cual será necesario un proceso que lleve al país a “revolucionar su pensamiento”. Y esto, solo con una educación diferente lo podremos lograr.

*Ideuca.

Tomado de: http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/398579-educacion-transformadora-o-instrumental/

Imagen: https://www.google.com/search?q=%C2%BFEducaci%C3%B3n+transformadora+o+instrumental%3F&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl7ZLE7__NAhXMHx4KHdTxAFwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=dibujos+de+Educaci%C3%B3n+transformadora&imgrc=2KKwHavv3q4c_M%3A

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Genocidio por prescripción

La Haine

Por. La Haine

La clase obrera blanca en EEUU ha sido diezmada por una epidemia de «muertes prematuras», un término banal para encubrir el descenso de la esperanza de vida en este grupo demográfico de importancia histórica. Se han realizado estudios e informes reservados que describen lejanamente esta tendencia, pero sus conclusiones aún no han entrado en la conciencia nacional por razones que vamos a tratar de explorar en este artículo.

De hecho esta es la primera vez en la historia de «tiempos de paz» del país que el núcleo de su sector productivo tradicional ha experimentado un declive demográfico tan dramático. Y el epicentro se encuentra en los pequeños pueblos y comunidades rurales de los EEUU.

Las causas de la «muerte prematura» (morir antes de la esperanza de vida normal, por lo general en condiciones prevenibles) incluyen el acentuado aumento de la incidencia del suicidio, las complicaciones no tratadas de la diabetes y la obesidad y sobre todo el «envenenamiento accidental», un eufemismo usado para describir lo que son en su mayoría medicamentos con receta, las sobredosis de drogas ilegales y la interacción con otros medicamentos tóxicos.

Nadie sabe el número total de muertes de ciudadanos estadounidenses debido a una sobredosis de drogas y las interacciones fatales con medicamentos en los últimos 20 años, al igual que ningún organismo central ha mantenido un seguimiento de la cantidad de personas pobres asesinadas por la policía en todo el país. Pero vamos a empezar con un conservador número redondo: 500.000 víctimas de la clase trabajadora, en su mayoría blancos, y retamos a las autoridades a que lleguen a algunas estadísticas auténticas con definiciones reales. El número, de hecho, podría ser mucho más alto si se incluyen las muertes por causa de la poli-farmacia y «fatales errores de medicación» que se producen en el entorno del hogar y en los hogares de ancianos.

En los últimos años decenas de miles de estadounidenses han muerto prematuramente a causa de sobredosis de drogas o interacciones con otros medicamentos tóxicos, en su mayoría relacionadas con los medicamentos narcóticos para el dolor recetados por los médicos y otras procedencias. Entre los que han muerto por el incremento de opiáceos ilegales, sobredosis principalmente de heroína, Fentanil y metadona, la gran mayoría primero fueron adictos a los potentes opioides sintéticos prescritos por la comunidad médica, suministrados por las grandes cadenas de farmacias y fabricados con márgenes de beneficios increíbles por las compañías farmacéuticas líderes. En esencia, esta epidemia ha sido promovida, subvencionada y protegida por el Gobierno en todos los niveles y refleja la protección a un mercado médico-farmacéutico privado que maximiza el beneficio salvaje.

Este nivel no se ve en otras partes del mundo. Por ejemplo, a pesar de su inclinación al alcohol, la obesidad y el tabaco, la población británica de pacientes se ha librado de esta epidemia, esencialmente debido a que su sistema nacional de salud está regulado y funciona con una ética diferente: el bienestar del paciente se valora sobre las ganancias puras y duras. Esto posiblemente no se habría desarrollado en EEUU si se hubiera aplicado un sistema nacional unificado de salud.

Frente a la creciente incidencia de muertes entre los veteranos que regresan de Irak y Afganistán por sobredosis y suicidios, debido a los opiáceos de prescripción y reacciones a la mezcla de medicamentos, se convocaron a audiencias «de emergencia» en el Senado de EEUU en marzo de 2010, al cirujano general y a los cuerpos médicos de las Fuerzas Armadas. El testimonio mostró que los médicos militares habían prescrito 4 millones de recetas de narcóticos potentes en 2009, un aumento de 4 veces desde 2001. Los miembros de las audiencias del Senado, dirigidos por Virginia Jim Webb, no advirtieron la luz roja que se encendía por la gran industria farmacéutica, que figura entre los mayores donantes a las campañas políticas.

En la década de 1960 la imagen pública del soldado retornado de la guerra de Vietnam adicto a la heroína que conmocionó al país se transformó en el veterano dependiente de Oxycontin/Xanax del nuevo milenio, gracias a enormes contratos de la gran industria farmacéutica con las fuerzas armadas de EEUU y de los cuales los medios de comunicación apartaron la vista. Suicidios, sobredosis y «muertes súbitas» mataron a muchos más soldados que los combates.

Probablemente desde las guerras del opio de 1839 ninguna otra población pacífica ha sido tan devastada por una epidemia de drogas animada por un gobierno. En el caso de las guerras del opio, el Imperio Británico y su brazo comercial, la East India Company, buscaban un mercado para sus enormes cultivos de opio del sur de Asia y utilizaron a sus militares y mercenarios aliados chinos para forzar una distribución masiva de opio en el pueblo chino, tomando en el proceso a Hong Kong como un centro para su comercio imperial de opio. Alarmado por los efectos destructivos de la adicción sobre su población productiva, el Gobierno chino trató de prohibir o regular el uso de narcóticos. Su derrota a manos británicas marcó el declive de China, convirtiéndose en un Estado cuasi colonial por el siguiente siglo. Tales son las consecuencias más amplias de la población adicta.

En este trabajo se identificarán, 1º las consecuencias a largo plazo de las muertes inducidas por drogas a gran escala, 2º la dinámica de la «transición demográfica por la sobredosis» y 3º la economía política de la adicción a opiáceos. No se citarán números o informes, ya que están ampliamente disponibles. Sin embargo están dispersos, incompletos y por lo general carecen de un marco teórico para entender o enfrentar el fenómeno.

Concluiremos discutiendo si cada «muerte por prescripción» debe verse como una tragedia individual, un duelo privado o un crimen corporativo alimentado por la ambición o incluso un patrón de larga data del «social-darwinismo» dirigido por una élite con aparato ejecutor en la toma de decisiones.

Desde el advenimiento de los grandes cambios políticos-económicos inducidos por el neoliberalismo, la clase oligárquica de los EEUU se enfrenta al problema de una extensa población de millones de trabajadores marginados y potencialmente conflictivos, cuyos miembros descienden de la clase media, despedidos por la «globalización» y una población rural de pobres que se hunde cada vez más en la miseria. En otras palabras, cuando el capital financiero y los cuerpos gobernantes de la élite ven crecer una población «inútil» de trabajadores blancos -los empleados y los pobres en este contexto geográfico- ¿Qué medidas «pacíficas» se pueden tomar para facilitar y fomentar su «declive natural»?

Un patrón similar surgió con la crisis de los principios del SIDA en la que el Gobierno de Reagan ignoró deliberadamente las muertes en alza entre los jóvenes estadounidenses, especialmente en las minorías. Adoptó un enfoque moralista de «culpar a la víctima» hasta que la influyente y organizada comunidad homosexual exigió la acción del Gobierno.

La escalada y el alcance de las muertes por drogas

En las últimas dos décadas cientos de miles de trabajadores estadounidenses de edad avanzada han muerto a causa de las drogas. La falta de datos reales es un escándalo. La escasez se debe a un sistema fragmentado, incompetente y deliberadamente incompleto de los registros médicos y de los certificados de defunción, especialmente de las zonas rurales más pobres y de las pequeñas ciudades donde no hay prácticamente ningún apoyo para crear y mantener registros de calidad. Este gran vacío de datos tiene múltiples facetas y se ve obstaculizado por los problemas del regionalismo y la falta de una clara dirección del Gobierno en la salud pública.

Al principio de la crisis los profesionales médicos y forenses estaban mayormente en la negación y bajo presión para certificar las muertes inesperadas como «naturales debido a las condiciones previas», a pesar de la abrumadora evidencia de que había habido imprudentes sobreprescripciones por parte de los médicos locales. Hace 15 o 20 años las familias de las víctimas, aisladas en sus pequeños pueblos, podían refugiarse en una cierta comodidad a corto plazo al ver el término «natural» unido a la muerte prematura de su ser querido. Es comprensible que un diagnóstico de muerte por sobredosis de drogas conllevara una tremenda vergüenza social y los miembros de las familias rurales y las pequeñas ciudades de clase trabajadora blanca la habrían asociado tradicionalmente con los narcóticos de las minorías urbanas y la población carcelaria. Se creían inmunes a este tipo de problemas de la gran ciudad. Confiaban en sus médicos los cuales, a su vez, confiaban en la seguridad de la gran industria farmacéutica que afirmaba que los nuevos opiáceos sintéticos no eran adictivos y podían prescribirse en grandes cantidades.

A pesar de la creciente toma de conciencia de este problema por parte de la comunidad médica local hubo pocos intentos públicos de educar a la población en situación de riesgo y aún menos intentos de alertar a la comunidad médica y a las clínicas privadas de tratamiento acerca de la sobreprescripción. Estas clínicas, sus profesionales de enfermería y las asociaciones de profesionales no lo hicieron y tampoco aconsejaron a los pacientes sobre los inmensos peligros de la combinación de los opiáceos y el alcohol o los tranquilizantes. Muchos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de lo que otros proveedores prescribían a sus pacientes. No era inusual ver a adultos jóvenes y sanos con múltiples recetas de varios proveedores.

En las últimas décadas, bajo el neoliberalismo, los presupuestos de salud de los condados rurales fueron despojados por medio de empresas promotoras de programas de austeridad.
En su lugar, el gobierno federal ordenó que se implementasen planes caros y absurdos para hacer frente al «bioterrorismo». A menudo los departamentos de salud carecían del presupuesto necesario para pagar los costosos análisis toxicológicos forenses requeridos para documentar los niveles del fármaco en los casos de sobredosis sospechosas entre su propia población.

Agravando aún más esta falta de datos válidos no había ninguna orientación o coordinación por parte del gobierno federal y estatal o de la DEA regional en relación con la documentación sistemática y el desarrollo de una base de datos utilizable para analizar las consecuencias generalizadas de la sobreprescripción de narcóticos legales. La crisis temprana recibió una atención mínima por parte de estos organismos.

Todos los ojos oficiales se centraron en la «guerra contra las drogas», ya que se libraba contra los pobres, la población minoritaria urbana. Los pequeños pueblos, donde los médicos que sobreprescribían eran los pilares de las iglesias locales o clubes de campo, sufrían en silencio. El gran público estaba adormecido por los malos medios de educación en el pensamiento erróneo de que la adicción y las muertes relacionadas eran un problema propio de la ciudad, que requería la habitual respuesta racista de llenar las cárceles con los jóvenes negros e hispanos por cometer pequeños delitos o por posesión de drogas.

Pero dentro de este vacío los hijos de la clase trabajadora blanca empezaron a marcar el 911, porque, «mami no despierta…». La mamá, con sus parches de Fentanyl prescritos tomó sólo un Xanax de más y devastó una unidad familiar. Este fue el prototipo de una epidemia voraz. Por todo el país estaban creciendo esos casos alarmantes. Algunos condados rurales vieron la proporción de recién nacidos adictos, hijos de madres adictas, alterando sus sistemas hospitalarios no preparados. Y las páginas necrológicas locales publicaron un número creciente de nombres y rostros jóvenes sin referirse nunca a la causa de la desaparición prematura mientras dedicaban párrafos a los difuntos octogenarios.

Las tendencias recientes demuestran que las muertes por drogas (debidas tanto a sobredosis de opiáceos como a interacciones mixtas fatales con otras drogas y alcohol) han tenido un impacto importante en la composición de la mano de obra local, en las familias, las comunidades y los barrios. Los sistemas tradicionales de apoyo que proporcionan ayuda a los trabajadores dañados por estas tendencias, como los sindicatos y los trabajadores sociales públicos y profesionales de la salud mental, no podían o no querían intervenir ni antes ni después de que el flagelo de la adicción a las drogas entrase en juego. Esto se refleja en la vida de los trabajadores, cuya vida personal y el trabajo se han visto gravemente alterados por la deslocalización de las empresas, las reducciones de personal y los recortes de salarios y de prestaciones sanitarias.

La dinámica demográfica de la muerte inducida por fármacos

Casi todos los informes divulgados ignoran la demografía y las diferentes clases de impactos causados por las muertes por drogas de prescripción médica. La mayoría de los muertos por drogas ilegales fueron primero adictos a narcóticos legales prescritos por sus proveedores. Sólo las muertes por sobredosis de celebridades logran llegar a los titulares.

La mayoría de las víctimas ha sido gente de bajos salarios, desempleados o subempleados de la clase trabajadora blanca. Sus perspectivas de futuro son sombrías. Cualquier sueño de establecer una vida familiar sana con un solo salario en el «corazón del suelo americano» es digno de risa. Se trata de una enorme población nacional que ha experimentado un fuerte descenso en sus niveles de vida a causa de la desindustrialización. La mayoría de las víctimas de sobredosis fatales son hombres blancos en edad de trabajar, pero también una gran proporción de mujeres de clase trabajadora, a menudo madres. Ha habido poca discusión sobre el impacto de la muerte de una persona por sobredosis en edad de trabajar en la familia extendida. Esto incluye a las abuelas de alrededor de 50 años. En este grupo demográfico las mujeres a menudo proporcionan la cohesión y la estabilidad fundamental de varias generaciones en situación de riesgo.

Aparentemente la población minoritaria de EEUU ha escapado hasta ahora de esta epidemia. Negros e hispanos estadounidenses ya habían sido deprimidos y económicamente marginados por un período mucho más largo y la menor tasa de muertes por medicamentos recetados entre sus poblaciones puede reflejar una mayor capacidad de recuperación. Sin duda refleja su menor acceso a la comunidad médica del sector privado que prescribe las sobredosis, una grave paradoja de abandono médico que, de hecho, podría calificarse de beneficiosa.

Si bien puede haber pocos estudios sociológicos basados en la clase buscando tendencias comparativas de muertes por sobredosis entre las minorías urbanas y rurales o ciudades pequeñas blancas, en la salud pública o en los departamentos de estudios universitarios de las minorías, la evidencia anecdótica y la observación personal sugieren que las poblaciones urbanas de las minorías tienen más probabilidades de proporcionar asistencia a un vecino o amigo afectado de sobredosificación que en la comunidad blanca, donde los adictos son más propensos a ser aislados y abandonados por miembros de la familia, que se avergüenza de sus debilidades. Incluso la práctica de abandonar a un amigo afectado de sobredosis en la entrada de un servicio de urgencias y alejarse luego ha salvado muchas vidas. Las minorías urbanas tienen un mayor acceso y familiaridad a las salas de urgencias de las grandes ciudades caóticas donde el personal médico es experto en el reconocimiento y tratamiento de la sobredosis. Después de décadas de luchas por los derechos civiles, las minorías son posiblemente más sofisticadas para hacer valer sus derechos en relación con el uso de tales recursos públicos. Incluso puede haber una cultura relativamente más fuerte de la solidaridad entre las minorías marginadas en la prestación de asistencia o bien una toma de conciencia de las consecuencias de no llevar a un vecino a la sala de urgencias. Estos mecanismos de supervivencia urbana han estado, en gran medida, ausentes en las zonas rurales blancas.

A nivel nacional los médicos estadounidenses habían sido disuadidos por mucho tiempo de la prescripción de opiáceos sintéticos potentes a pacientes de las minorías, incluso a aquellos con dolores significativos. Confluyen varios factores aquí, pero la comunidad médica no ha sido inmune al estereotipo del adicto o distribuidor urbano hispano o negro. Tal vez este racismo médico generalizado en el contexto de la epidemia de la prescripción de opiáceos ha tenido, paradójicamente, algún beneficio.

Cualquiera que sea la razón, los adictos de las minorías urbanas, aunque muchos sufren de sobredosis, son más propensos a sobrevivir a una sobredosis de opiáceos que los blancos de las ciudades pequeñas o de zonas rurales, ya que estos no están familiarizados con los estupefacientes y sus efectos.

En las zonas rurales y en las pequeñas ciudades (desindustrializadas) del corazón de EEUU se ha producido una enorme ruptura en la comunidad y la solidaridad familiar. Ocurrió como consecuencia de la destrucción de una base de un siglo de estabilidad en el empleo, especialmente en los sectores fabriles, en la minería y los sectores agrícolas manufactureros. Sólo la Rusia post-soviética experimentó un patrón similar de disminución de la esperanza de vida por envenenamiento (alcohol y drogas) en todo el país después de la destrucción de su sistema socializado de pleno empleo y la ruptura de todos los servicios sociales. Además de la pérdida del aparato policial soviético duro y el crecimiento de una clase mafiosa oligarca, la sociedad se vio inundada de heroína proveniente de Afganistán.

El crecimiento de la adicción a opiáceos no se basa en la «elección personal» ni es el resultado de los cambios en los estilos culturales de vida. Si bien todas las clases y los niveles educativos están incluidos entre las víctimas, la gran mayoría son jóvenes blancos de la clase obrera y los pobres. Cubren todos los grupos de todas las edades, incluidos los adolescentes que se recuperan de lesiones deportivas, así como los ancianos con dolores en las articulaciones y la espalda. El aumento de la adicción es el resultado de grandes cambios en la economía y la estructura social. Las regiones más afectadas por las muertes por sobredosis son las que se encuentran en declives profundos, prolongados y permanentes, incluyendo las antiguas regiones del «cinturón de óxido», las pequeñas ciudades manufactureras de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva York, Pensilvania y el sur rural y las regiones agrícolas, mineras y forestales del oeste.

Es el producto de decisiones ejecutivas privadas: 1º, reubicar las empresas productivas de EEUU en el extranjero o en zonas distantes y no sindicalizadas del país. 2º, forzar a empleados antes bien remunerados a puestos de trabajo con salarios más bajos. 3º, reemplazar a los trabajadores estadounidenses por inmigrantes cualificados y no cualificados o por mano de obra mal pagada. 4º, eliminar los beneficios de pensiones y de salud y 5º, introducir nuevas tecnologías -incluyendo robots- que recortan la mano de obra haciendo que la prestación de los trabajadores humanos se convierta en redundante. Estos cambios en la relación entre capital y trabajo han creado enormes beneficios para los altos ejecutivos y los inversores, mientras producen un excedente en la fuerza de trabajo, lo que supone aún más presión sobre los trabajadores en su primer empleo y los jóvenes con antigüedad. No ha habido programas de creación de empleo protegidos y/o sostenibles para abordar las décadas de disminución del empleo bien remunerado. Los buenos trabajos han sido sustituidos por los de salario mínimo, los Mac jobs –en jerga trabajos de salario mínimo y desprestigiados (N. de T.)- en el sector de servicios o en manufacturas temporales mal pagadas, sin beneficios o protecciones. A través de todo este terreno de devastación, programas costosamente publicitados, como Start-Up New York -algo así como “Nueva York poniéndose en marcha” (N. de T.)- han fracasado en crear puestos de trabajo decentes, mientras los políticos del Estado han gozado de publicidad gratis ya que el gasto de cientos de millones provenía del dinero público.

La epidemia de adicción a las drogas ha sido más letal precisamente en aquellas regiones que sufrieron la pérdida del empleo industrial y la disminución de los salarios, así como en los sectores deprimidos –antes protegidos- agrícolas y de procesamiento de alimentos donde los trabajadores sindicalizados han sido reemplazados por inmigrantes con salario mínimo. La pérdida de la estabilidad en el empleo vino acompañada de una reducción radical de los servicios sociales y de tremendos recortes en beneficios, cuando en realidad esos servicios deberían haberse reforzado.

Precisamente porque el llamado «problema de las drogas» está vinculado a importantes cambios demográficos resultantes de los cambios en la dinámica capitalista, nunca ha sido el centro de gestión o investigación del gobierno de la elite, a diferencia de su fijación en la «radicalización de los musulmanes» o en las «tendencias de la delincuencia urbana». La investigación tiende a centrarse en minorías o apenas se acerca a la periferia del fenómeno actual. Los buenos estudios y datos habrían proporcionado el fundamento y la base de los principales programas públicos dirigidos a proteger las vidas de los trabajadores blancos marginados y revertir las tendencias mortales.
Décadas de ausencia de investigación en toda la nación y de datos sobre este fenómeno justifican la notoria ausencia de una respuesta gubernamental efectiva. Aquí el descuido no ha sido beneficioso.

En paralelo con el aumento de la adicción a opiáceos ha habido un aumento astronómico en la prescripción de medicamentos psicotrópicos y antidepresivos a la misma población, también altamente rentables para la gran industria farmacéutica. El patrón de prescripción de este tipo de medicamentos -potencialmente peligrosos- es de gran alcance. Son medicamentos que modifican el estado de ánimo a una población móvil en baja o entumecida por ansiedades y reacciones normales al deterioro de su condición material que ha tenido profundas consecuencias. Es desatinado esperar que tales individuos, a menudo bajo la asistencia de desempleo o Medicaid, sigan un complejo régimen diario de hasta nueve medicamentos, además de sus medicamentos narcóticos para el dolor, al tratar de hacer frente a su mundo que se desmorona.

Cuando un trabajo digno con un salario decente podría tratar con eficacia y sin efectos secundarios desagradables o peligrosos la desesperación de los trabajadores marginados, la comunidad médica y de salud mental ha enviado sistemáticamente a sus pacientes a la gran industria farmacéutica. Como resultado, los análisis toxicológicos post mortem muestran múltiples medicamentos psicotrópicos y antidepresivos prescritos, además de narcóticos, en los casos de muertes por sobredosis de opiáceos. Además de que esto puede constituir una abdicación de la responsabilidad del proveedor de servicios médicos a los pacientes, también es un reflejo de la absoluta impotencia de la comunidad médica frente a la descomposición social sistémica, tal como ha ocurrido en las comunidades marginadas donde se concentran las muertes por sobredosis de drogas.

Los estudios demográficos, como mucho, identifican a las víctimas de la adicción a las drogas. Pero su elección para el tratamiento de su desesperación como un problema individual se produce en un contexto específico e inmediato que pasa por alto las grandes estructuras políticas y económicas que establecen el escenario de la muerte prematura.

La economía política de muertes por sobredosis

Cuando los restos de una víctima joven de clase obrera –sea hombre o mujer- por sobredosis se llevan a un depósito de cadáveres, su muerte prematura se etiqueta como «autoinfligida» o «accidental» por sobredosis de opiáceos y se enciende una gran máquina de encubrimiento. La secuencia que conduce a la muerte es un misterio, tampoco se busca en profundidad la comprensión de los factores socioculturales y económicos. En su lugar, se culpa a la víctima y a su cultura del resultado final de una compleja cadena de decisiones económicas capitalistas de élite y maniobras políticas donde la muerte prematura de un trabajador es un mero daño colateral. La comunidad médica se ha limitado a funcionar como la correa de transmisión en este proceso en lugar de ser un agente de atención al público.

La gran mayoría de las víctimas de muertes por sobredosis son, en realidad, víctimas de decisiones y pérdidas que van mucho más allá de su control. Sus adicciones han acortado sus vidas, así como han empañado su comprensión de los acontecimientos y han socavado su capacidad para participar en la lucha de clases para invertir esta tendencia. Ha sido una solución perfecta para los problemas demográficos previsibles del neoliberalismo brutal en EEUU.

Wall Street y Washington diseñaron la macroeconomía que eliminó los puestos de trabajo decentes, redujo los salarios y recortó los beneficios sociales. Como resultado millones de trabajadores marginados y desempleados están sometidos a una gran tensión y recurren a soluciones farmacológicas para soportar su dolor porque no están organizados. El protagonismo histórico de las organizaciones sindicales y de la comunidad se ha eliminado. En lugar de ello las grandes empresas farmacéuticas se encargan de que los trabajadores despedidos caven sus propias tumbas y los líderes de la clase obrera están ausentes.

En segundo lugar el centro de trabajo se ha vuelto mucho más peligroso en el marco del nuevo orden económico. Los jefes ya no temen a los sindicatos ni hacen caso de las normas de seguridad: muchos trabajadores se lesionan por la aceleración del ritmo de trabajo, la prolongación de las horas de trabajo, la falta de capacitación y la falta de supervisión federal de las condiciones de trabajo. Los trabajadores lesionados que carecen de protección sindical y judicial, así como de una agencia pública de protección y temen, con razón, represalias por informar de su lesión de trabajo, recurren cada vez más a los narcóticos con receta para hacer frente a un dolor agudo y crónico sin dejar de trabajar.

Cuando los empleadores permiten a los trabajadores informar de sus lesiones, la baja cobertura y los tratamientos limitados disponibles alientan a los proveedores a excederse en la prescripción de narcóticos por encima de otros medicamentos con interacciones potencialmente peligrosas. Muchas clínicas del dolor, contratadas por los empleadores, están deseosas de beneficiarse de clientes lesionados mientras las compañías farmacéuticas promueven activamente potentes narcóticos sintéticos.

Así se forma una cadena viciosa: la producción en masa de narcóticos por parte de la industria ha sido uno de sus productos más rentables. Las cadenas corporativas de farmacias llenan las recetas prescritas por decenas de miles de «proveedores» (doctores, dentistas, enfermeros y asistentes médicos) que tienen sólo una cantidad limitada de tiempo para examinar en realidad a un trabajador lesionado. Las condiciones de trabajo deterioradas crean la lesión y los trabajadores se convierten en consumidores del alivio milagroso de la gran industria farmacéutica –el Oxycontin o sus primos– cuyos vendedores promocionaron durante una década como drogas no adictivas. Una larga lista de profesionales de alto nivel educativo, entre ellos médicos y otros proveedores, patólogos y controladores médicos que ocultan cuidadosamente la causa real, son los que toman las decisiones corporativas con el fin de protegerse de represalias en caso de que las empresas hagan sonar la alarma. Detrás de la fachada científica hay un «darwinismo social» que pocos están dispuestos a enfrentar.

Sólo recientemente, a raíz de un número increíble de hospitalizaciones y muertes por sobredosis de narcóticos, el gobierno federal ha comenzado a liberar fondos para la investigación. Los investigadores médicos académicos han comenzado a recoger y dar a conocer datos sobre la creciente epidemia de muertes por opiáceos. Y proporcionan mapas impactantes de los condados y regiones más afectados. Se unen al coro que insta a las agencias federales y estatales a participar más activamente en la panacea de costumbre, «la educación y la prevención». Este enjambre activista llega con dos decenios de retraso a la epidemia y apesta a cinismo.

Los fondos para la investigación de este fenómeno no darán lugar a ningún programa eficaz a largo plazo para hacer frente a estas pequeñas «crisis del capitalismo» que azotan a la comunidad. No hay ninguna institución dispuesta a enfrentar la causa fundamental: la devastación de las relaciones laborales en los EEUU capitalistas del posmilenio, la naturaleza corrupta de los vínculos estatales con la corporación farmacéutica y el carácter caótico de nuestro sistema médico privado impulsado por las ganancias. Muy pocos escritores explorarán alguna vez que un solo responsable, un sistema de salud público y nacional, habría evitado claramente y desde el principio la epidemia.

Conclusión

¿Por qué las elites capitalistas estatales y las farmacéuticas sostienen un proceso socioeconómico que ha llevado a gran escala a la muerte a largo plazo de los trabajadores y sus familiares en el EEUU rural y en las pequeñas ciudades?

Una hipótesis lista y convincente es que las modernas y dinámicas corporaciones de élite obtienen beneficios del cambio demográfico de las muertes por sobredosis.

Las corporaciones obtienen miles de millones de dólares de ganancias por el «declive natural» de los trabajadores despedidos: la reducción del empleo y las prestaciones sociales -planes de salud, pensiones, vacaciones o programas de capacitación laboral- permite a los empleadores aumentar beneficios, ganancias de capital y bonos de los ejecutivos. Se eliminan los servicios públicos, se reducen los impuestos, se reducen los trabajadores y cuando es necesario se pueden importar del extranjero –completamente formados- para emplearlos temporalmente en un «mercado laboral libre».

Los capitalistas ganan todavía más con los beneficios de la tecnología -robots, automatización, etc.- y se aseguran de que los trabajadores no disfruten horas reducidas ni aumento de las vacaciones como resultado de su mayor productividad, ¿por qué compartir los resultados de las ganancias de productividad con los trabajadores, cuando los trabajadores pueden ser eliminados? Los trabajadores insatisfechos pueden replegarse o «tragarse una pastilla», pero nunca organizarse para retomar el control de sus vidas y su futuro.

Los expertos en elecciones y autoridades políticas pueden afirmar que los trabajadores estadounidenses blancos rechazan a los principales partidos del sistema porque están enojados y son racistas. Son los trabajadores que ahora se vuelven hacia Donald Trump. Sin embargo un análisis más profundo revelaría su rechazo racional a los líderes políticos que se han negado a condenar la explotación capitalista y enfrentar a la epidemia de la muerte por sobredosis.

Hay una base clasista de este auténtico genocidio por narcóticos que ocurre entre los trabajadores blancos y los desempleados en las ciudades pequeñas y zonas rurales de EEUU, es la solución «perfecta» corporativa a una fuerza de trabajo excedente. Es hora de que los trabajadores y sus líderes despierten a este hecho cruel y se resistan a esta guerra de clases unilateral o seguirán llorando más muertes prematuras en su propio silencio adormecido por los fármacos.

Ya es hora de que la comunidad médica exija un sistema público y nacional responsable de la salud que ponga en primer lugar al paciente, que haga prevalecer el servicio sobre el beneficio y acabe con la complicidad del silencio.

Artículo original: http://petras.lahaine.org/?p=2091 – Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

Texto completo en: http://www.lahaine.org/genocidio-por-prescripcion

Fuente: http://www.lahaine.org/mundo.php/genocidio-por-prescripcion

Imagen: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/1/16/456908_192938_1.jpg

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