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Por: Luis Bonilla-Molina

El gobierno de Venezuela se reúne en México con una de las nueve fracciones de la oposición, estrechamente vinculada al gobierno estadounidense. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la política centrada en la gente y que la política de los políticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las venezolanas.

Venezuela es una molestia para las élites latinoamericanas y occidentales. Y esto porque se atrevió a plantear una ruta distinta al capitalismo neoliberal en un momento en el que se anunciaba el triunfo del pensamiento único. Las élites —locales y extranjeras— han hecho hasta lo imposible por destruir tal iniciativa.

La violencia política auspiciada desde el exterior ha incorporado un elemento a la vida democrática desconocida en el país en las últimas décadas. La mayor esperanza que emerge de las negociaciones de México es que se conjure la violencia como opción política, se retome a la normalidad de la institucionalidad democrática y se levanten las criminales sanciones económicas, que solo han servido para causar sufrimiento al pueblo, enroscar al gobierno en la peor de sus facetas y nutrir el discurso acerca del fracaso el camino socialista. Lamentablemente, en la agenda de México no está incluida la urgencia de mejorar las condiciones salariales y de vida de quienes viven de su trabajo.

Después del fracaso de las negociaciones de Oslo, ahora, con el auspicio de los gobiernos de México, Noruega y el acompañamiento de Rusia, se reinstala una nueva mesa de conversaciones. Pero esta no es continuidad de la anterior, sino un nuevo capítulo. El gobierno venezolano se reúne en la sede del Museo de Antropología con una de las nueve fracciones de la oposición venezolana, estrechamente vinculada al gobierno norteamericano. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la política centrada en la gente y que la política de los políticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las ciudadanas.

Política, economía y geopolítica

La mayoría de los análisis que se hacen al respecto sobrestiman la dimensión política nacional, sin tomar en cuenta las dinámicas económicas y geopolíticas asociadas a este proceso. Por ello, se quedan atascados en la bipolaridad de acuerdo o desacuerdo y les cuesta entender lo que está pasando como proceso.

La actual crispación política venezolana es el resultado de no haber podido resolver en el plano político la crisis económica que estalló hace casi cuarenta años (1983), social (Caracazo, 1989) y geopolítica (globalización e internacionalización del capital) generada en los años ochenta del siglo XX. La alternativa sistémica (Caldera, Chiripero), contestataria (Causa R) y antisistema (MBR 200) resultaron incapaces de construir un camino de solución a esta situación en la década de los noventa.

El triunfo electoral de Chávez (1998), resultante de una alianza amplia, se construyó en base a la posibilidad de resolverla. Durante los tres primeros años de gobierno, Chávez hizo énfasis en el aspecto social de la crisis, teniendo menos posibilidades en el plano económico y topándose con serias dificultades en el geopolítico.

El sector de la burguesía importadora que había acompañado a Chávez se sintió amenazado por las leyes aprobadas en materia de tenencia de la tierra, control de la renta petrolera y redefinición del papel de las instituciones del Estado. El golpe de Estado de 2002, la insurgencia popular para retornar a Chávez al poder y la ruptura con el sector burgués que había acompañado a Chávez crearon una nueva situación: de quiebre de la cadena Estado-burguesía, tan necesarias en un país en el que una parte muy importante de lo que se consume se importa.

Se produce, así, un fenómeno que no ocurría desde el periodo de Juan Vicente Gómez (a comienzos del siglo XX), en el cual el Estado le otorga licencias de importación a sectores cercanos a la burocracia gubernamental para intentar resolver el abastecimiento de productos, amenazado por la ruptura generada con el golpe de Estado de abril de 2002. Esto va generando un nuevo entramado de acumulación de ganancias y formas perversas de relación con el Estado que va conformando, en los años subsiguientes, una nueva burguesía, ahora asociada al proceso de transformación bolivariano.

No obstante, algunos grupos burgueses de la cuarta república —como el Grupo Mendoza o Cisneros— siguieron recibiendo incentivos y apoyos ante la imposibilidad de la nueva burguesía importadora de producir mercancías en el propio país o como resultado del intercambio de información por acceso a una porción de la explotación petrolera. Agreguemos que esto tiene episodios de contradicción entre el rumbo socialista formulado a finales de 2004 y las castas burguesas (de la cuarta y quinta república), que por razones de espacio no podemos desarrollar aquí.

A la crisis abierta en los años ochenta del siglo XX se añade este nuevo elemento: las contradicciones (2002-2012) entre la burguesía de la cuarta y la quinta república, para quienes la disputa del poder tiene una razón fundamentalmente económica que se expresa públicamente con ribetes ideológicos. Esto pasa prácticamente desapercibido por la mayoría de los sectores populares, que apuestan por una profundización socialista del proceso y para quienes Chávez intenta construir un entramado institucional y de apoyos que cada vez amenazan más a la vieja y nueva burguesía.

Mientras Chávez impulsa políticas que reviertan la deuda social acumulada, paralelamente promueve una inserción geopolítica del país que no solo es antimperialista (fundamentalmente antinorteamericana), sino que renueva lógicas de los no alineados a través de las alianzas con gobiernos progresistas, consolidando además una alianza estratégica con Cuba. Este es un factor que rompe con la relación dependiente y privilegiada que tuvieron EE. UU. y Venezuela en el siglo XX, un aspecto que incide hoy en las negociaciones en México y que no debe pasar desapercibido.

Chávez no arbitra la crisis abierta en los ochenta ni asume un papel mediador entre las fracciones burguesas, sino que apuesta por una radicalización del proceso desde abajo, dejando que surja una nueva burguesía como parte de una estrategia económica de sustentabilidad. Su enfermedad y posterior muerte se producen cuando el «juego» aún estaba abierto y en pleno desarrollo; cuando ninguna fracción burguesa se había impuesto, ni la realidad social había dado tiempo para que se afiance una nueva correlación de fuerzas intraclase. Las llamadas finales de Chávez al «golpe de timón» y «comuna o nada» reiteran que su apuesta era por una salida desde el campo popular.

Así, la llegada de Maduro al poder se da de manera prácticamente inesperada, en medio de una brutal caída de los precios del petróleo que pone en jaque el modelo rentista, de acumulación y conformación de burguesías a partir de la apropiación de las divisas extranjeras generadas por la industria petrolera. Los factores políticos asociados a la vieja burguesía entienden lo que implica esta caída de ingresos como posibilidad de generar una ruptura que permita retomar el control del gobierno.

Entre 2014 y 2017 tienen lugar distintas actividades insurreccionales cruzadas con agitaciones y movilizaciones que, sin embargo, no logran desplazar del poder a Maduro. Los gobiernos de Trump, Duque y Piñera estuvieron detrás del mayor peligro de invasión a la patria e inicio de una guerra civil; los incidentes de Cúcuta de 2019 fueron el punto más álgido de una escalada de violencia.

Si hay algo seguro, es que resulta imposible construir política centrada en la gente en medio de una espiral de violencia y con la polarización política a flor de piel. La crisis migratoria, especialmente desde 2014 a 2021, afectó mucho más a la oposición en términos políticos, al hacerle perder parte importante de su capacidad de movilización. No obstante, es incorrecto señalar que «todos los que se marchan son opositores»; la mayoría son ciudadanos que buscan sobrevivir a los estragos económicos de la crisis.

Maduro el hombre fuerte de la política venezolana

Maduro, a diferencia de Chávez, no solo asume el rol de árbitro y mediador entre las fracciones burguesas para estabilizar la situación política, sino que trabaja escenarios y modelos de articulación del capital nacional con el trasnacional. Se equivocan quienes valoran a Maduro como un personaje de reparto. Maduro no será un hombre culto, pero es un político sagaz: ha impuesto la lógica de la burocracia sindical a la política venezolana.

Desde su llegada al poder, paso a paso, se ha venido convirtiendo en el hombre fuerte, alejando cualquier sombra. Primero, debilitando y fragmentando a la oposición al combinar «zanahoria» (acuerdos con fracciones de los partidos, apoyos a disidencias, judicialización de la política) y «garrote» (ilegalización de organizaciones, inhabilitación, prisión de opositores rebeldes a la negociación).

Segundo, alejando de la estructura de los partidos y el gobierno a las figuras morales de referencia del chavismo —hasta llevar a algunas de ellas al terrible error de reunirse con el líder de la oposición que lideraba un intento de invasión al país—, vaciando con ello la posibilidad de construir una referencia ética chavista tradicional con opción política real. Tercero, expulsando de su entorno —y obligando al exilio europeo— al arquitecto financiero de la burguesía bolivariana, alejando su sombra y consolidando su liderazgo en este sector. Cuarto, bajando progresivamente el volumen a otros liderazgos del partido de gobierno, quienes de aspirantes a relevo pasaron a ser comodines (las recientes elecciones internas del PSUV así lo demostraron, reduciendo las fuentes reales de poder en el gobierno a cuatro: Maduro, Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado).

Quinto, estableciendo un nuevo modelo de control militar en las Fuerzas armadas, consolidando el liderazgo de un militar no carismático pero hábil Fouché de la estructura armada. Sexto, convirtiéndose en «la mano que mece la cuna» de las oposiciones: todas las oposiciones gravitan hoy alrededor de lo que dice o hace Maduro, prácticamente sin ninguna capacidad real de iniciativa. Séptimo, desarrollando casi con total impunidad un modelo de autoritarismo sobre quienes protestan ante los efectos terribles de la crisis económica, especialmente sobre dirigencia y sectores de base de la clase obrera. Octavo, usando el criminal bloqueo norteamericano contra Venezuela a su favor, como justificación de las políticas de arbitraje interburgués que procura desarrollar.

Noveno, construyendo una narrativa que se presenta como continuidad del chavismo, pero que en realidad expresa un intento por resolver desde el Estado la crisis burguesa generada en los ochenta. Décimo, instrumentalizando la desesperanza ante los efectos de la inflación desmedida, la devaluación astronómica de la moneda y la pérdida casi total del poder adquisitivo del salario. Décimo primero, logrando que en la mayoría de la izquierda latinoamericana prive la solidaridad automática, alejando la capacidad crítica sobre lo que ocurre. Ciertamente, Maduro pierde apoyos en la izquierda radical; pero en la izquierda ortodoxa y progresista el debate sobre lo que ocurre en el mundo del trabajo en Venezuela está aun pendiente. Décimo segundo: ha desarrollado un programa de ajuste estructural de la economía venezolana con profundo impacto social y en materia salarial que es justificado con las sanciones. De levantarse las sanciones serán los gremios y sindicatos debilitados quienes tendrán que luchar por una recomposición importante de acuerdo a los intereses del mundo del trabajo.

Ha tenido a su favor la migración masiva de venezolanos y venezolanas, que dejó sin una parte importante del ejercito de protesta (y base de votos) a casi todos los partidos políticos de oposición. Cierto es que apenas un pequeño grupo de quienes emigraron se pueden ubicar en la periferia de los partidos de oposición, pero sí eran su base fuerte de movilización.

Maduro es el hombre fuerte de la política venezolana, y su delegación va a las negociaciones de México con una agenda clara: a) desmontar las sanciones norteamericanas sobre la economía venezolana para poder cumplir cabalmente con su papel de árbitro de las burguesías y factor determinante en la contención social; b) generar con los distintos sectores de la burguesía un acuerdo de cohabitación que aleje la conflictividad política y social; c) al haber conocido durante estos años que la oposición cojea de la pata económica, intentarán llegar un acuerdo de nuevas reglas del juego político a cambio de convertir al Estado en garante económico de sus actividades; d) alejar la posibilidad de una convocatoria desde la oposición del revocatorio (ello, por hacerle entender a la oposición que en estas elecciones se concentren en alcaldías y concejalías y no en gobernaciones); e) construir en el imaginario social que ahora son las múltiples oposiciones, quienes se han dividido tanto, las culpables de que no exista recambio político.

En México, Maduro comienza a construir otra aproximación geopolítica, más cercana a la socialdemocracia que al viejo concepto de no alineados; la idea del socialismo ha quedado conjurada para el gobierno, más allá de algunas declaraciones para tranquilizar a sectores internos. No es de extrañar que en un —hasta ahora— hipotético proceso refundacional, el PSUV cambie su nombre borrando la palabra socialismo para liquidar la última resistencia del establishment norteamericano para levantar las sanciones. Ello no implica un alejamiento de Cuba; por el contrario, puede estar haciéndolo con la venia de la isla.

Las oposiciones venezolanas

Las oposición venezolana está fragmentada y, en muchos casos, incluso carece de puentes entre sus distintas variantes. Todas están ancladas de manera reactiva a la agenda del gobierno, sin capacidad de iniciativa propia y cada vez más desprestigiadas en sus bases por el doble discurso que combina radicalidad verbal con conciliación permanente en el plano de la acción.

La primera de las oposiciones es la conformada por los factores hoy reunidos en México, cercanos a las fracciones políticas originales de Primero Justicia (Borges-Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López-Guaidó), Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Acción Democrática (Allup). Se trata de partidos que han sido intervenidos por la vía judicial y cuyas autoridades han sido designadas ad hoc; de hecho, uno de los puntos de negociación es la devolución de las siglas, cuentas y propiedades de esos partidos. A esta oposición se la denomina «G-4».

En su mayoría (salvo AD), son expresiones políticas renovadas de los intereses de la vieja burguesía cuarta republicana. Su agenda está profundamente vinculada a la relación de sus intereses de clase con el capital trasnacional; procuran la integración armónica entre capital nacional y capital trasnacional, una tarea que ha tenido dificultades desde los ochenta. Ante el nuevo reparto geopolítico en el mundo buscan controlar el Estado (o una fracción de él) para capturar la renta producto de la exacerbación extractivista que le ha asignado el capital a la región en el marco de la cuarta revolución industrial y del consumo de bienes importados. Es un sector sin proyecto productivo capitalista alternativo al extractivismo.

La segunda es una oposición empresarial que actúa como su propia representación ya que no confía en las mediaciones políticas que pretenden representarla. Su cara más visible es Lorenzo Mendoza, quien no descarta ser una opción presidencial.

La tercera aparece conformada por la llamada Alianza Democrática, que reúne a Avanzada Progresista (Henry Falcón) y los llamados «alacranes» (autoridades designadas por la intervención judicial de partidos) de Acción Democrática (Bernabé), Primero Justicia (Primero Venezuela), Voluntad Popular, COPEI, Venezuela Unida, Movimiento ecológico de Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Compromiso País, Bandera Roja, UPP89, Opina, Soluciones (Claudio Fermín), Movimiento Republicano, NVIPA, Prociudadanos, MAS, Min-Unidad, Alianza Centro. Este grupo de la oposición es el que más acuerdos y negociaciones parciales con el gobierno ha realizado; por ello, son considerados por el G-4 como una oposición relacionada al gobierno.

En la cuarta están los factores más radicales (María Corina Machado, Antonio Ledezma y Andrés Velásquez), quienes promueven la aplicación del TIAR y la invasión norteamericana. Están prácticamente aislados después del abandono del republicanismo en la Casa Blanca.

La quinta es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), liderada por el Partido Comunista, y de la cual hacen parte una larga lista de exintegrantes de partidos que fueron intervenidos, como el PPT (Patria Para Todos) y Tupamaros, pero también el Partido REDES, Izquierda unida, Nuevo Caminos Revolucionario (NCR) y una pléyade de organizaciones locales y regionales que acompañaron hasta hace poco al gobierno de Maduro.

Es una disidencia por izquierda, es decir, que busca empalmar con el mundo del trabajo. Desde su conformación, la APR no ha podido mostrar capacidad de movilización ni de articulación de su discurso con la izquierda latinoamericana, razón por la cual no ha construido fuerza real para ser factor a favor del mundo del trabajo en la negociación.

La sexta oposición viene conformada por los factores académicos e intelectuales que se estructuran alrededor de la Plataforma en Defensa de la Constitución (PDC) y Pensamiento Crítico. Se suele aludir a ella como «chavismo disidente», aunque no representan a todas las expresiones de este grupo. Este grupo no tiene capacidad alguna de movilización que les habilite para ser tomados en cuenta en una negociación.

La séptima reúne a sectores de la izquierda que articulan desde el movimiento social ecológico, indígena, feminista y educacional en defensa a los dirigentes obreros presos, de la comunicación alternativa, entre otros. Este sector, aunque desarticulado en el presente, es el más dinámico y creativo. Una convergencia de sus fuerzas pueden ser factor determinante en la habilitación de una opción política con presencia real en los territorios. Pero hasta ahora no se ven signos claros en ese sentido.

Un punto aparte es lo que ocurrió en las recientes elecciones del PSUV, donde emergieron nuevos liderazgos locales y regionales —muchos de ellos alimentados por las Comunas— que en algunos casos fue respetada su elección y en otros invalidada. El movimiento de las Comunas puede significar un despertar del espíritu constituyente.

La octava es la izquierda radical trotskista, muy débil. Después de haber producido un reagrupamiento significativo a comienzos del siglo XXI, se fracturaron a raíz de la valoración del gobierno de Chávez. En la actualidad, en el caso de Marea Socialista y el PSL vienen acompañando luchas puntuales, pero con profundas debilidades para insertarse en movimientos de masas; no han logrado construir un polo de referencia. En el caso de LUCHAS, escisión de Marea Socialista, su labor se ha centrado la propaganda, con precaria inserción en la lucha social.

La novena oposición es muy marginal: una derecha fundamentalista y ultraconservadora, liderada por el exministro de planificación de Chávez, Felipe Pérez Martí, que pareciera ser en el mediano plazo el germen de una derecha al estilo de Trump o Le Pen, con el añadido del mesianismo religioso.

La geopolítica como factor determinante

En la cita de México, una agenda oculta estará dada por confirmar a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a sus países aliados que Venezuela no representa un peligro comunista, algo en lo que Maduro ha venido trabajando en los últimos años. La separación del Partido Comunista y de los aliados con pasado izquierdista de la coalición gubernamental y de la primera línea de gestión ha sido una señal clara e inequívoca en ese sentido. Ahora, en México, la delegación oficial mostrará que no solo se puede construir una ruta amplia y democrática para las megaelecciones del 21 de noviembre, sino que Maduro es factor determinante en el arbitraje y acuerdo entre las distintas fracciones burguesas.

La diáspora y desarticulación de las oposiciones venezolanas confirma el hecho de que Maduro es hoy el hombre fuerte de la política venezolana. Su gobierno y su forma de relacionarse y negociar con la oposición de derecha, subalternizando su trabajo, se constituyen en garantía para la articulación de capital trasnacional con el nacional.

El problema real de la actual negociación

La reunión de México puede ser el inicio de un nuevo régimen de cohabitación y de relación entre el gobierno de Maduro y la oposición del G-4. Ello le traería algunas fricciones menores con sectores de la llamada Alianza Democrática (opositora). Esta tensión y la manera en que se resuelva la misma podría facilitar o impedir la construcción de un nuevo acuerdo de gobierno de larga duración (que, eso sí, no contempla la alternancia presidencial).

Pareciera que —contrario a lo que pregonan algunos— esto se expresará modestamente en los resultados electorales de noviembre; en las actuales circunstancias, la oposición podría obtener importantes alcaldías y concejalías pero menguados resultados en las gobernaciones.

La suspensión progresiva, gradual y sostenida de las sanciones norteamericanas, será un factor determinante en la estabilización política y el fortalecimiento del cesarismo de Maduro para la convivencia y articulación de las distintas fracciones burguesas.

Sin embargo, la paz de las principales representaciones partidarias burguesas puede significar la ebullición de la creciente inestabilidad social: el pueblo ha sufrido una pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo de los salarios inédita y dramática.

¿Y el mundo del trabajo?

Las decenas de dirigentes obreros judicializados y detenidos muestra los signos de la paz en curso. Con salarios mensuales que no superan los dos dígitos, una inflación acumulada que supera el millón por ciento y la devaluación sostenida del Bolívar (se acaba de anunciar que le quitarán nuevamente seis ceros a la moneda) es previsible que las luchas de la clase trabajadora, empleados públicos y asalariados en general comiencen a hacer saltar por los aires las restricciones impuestas.

La tendencia puede dirigirse hacia la profundización del camino autoritario del gobierno o al tránsito hacia una negociación sostenida con los gremios y sindicatos en pos de una recuperación sustantiva de la calidad de vida. El problema para el gobierno es que la nueva camada de dirigentes obreros que emerge pareciera estar alejada tanto de las oposiciones como del gobierno, quienes en ambos casos poseen maquinarias burocráticas que parecieran no contar con la capacidad de contener la ebullición social en marcha.

¿Hay transición?

No hay transición en el corto plazo del gobierno de Maduro. Por el contrario, lo que se consolida es su capacidad de control de la situación política. Las oposiciones no lucen con la suficiente fortaleza para crear condiciones favorables para la transición. Lo que puede darse es el inicio de una cohabitación política, con el consiguiente reparto de cuotas de poder entre el gobierno y las oposiciones de derecha.

Las alternativas de izquierda, por su parte, atraviesan una crisis propia. Ni la plataforma en defensa de la Constitución Nacional ni la izquierda radical cuentan con una articulación social importante como para poder revertir la actual situación en el corto plazo. La Alternativa Popular Revolucionaria generó expectativas superiores a las que ha podido ejecutar, atrapada como quedó en la lógica del partido revolucionario y los frentes de masas.

Ninguna opción a la izquierda del «madurismo» ha logrado constituirse en un factor relevante de movilización. Ni siquiera han logrado clarificar a la izquierda regional lo que pasa realmente en Venezuela. Se puede argumentar la deriva autoritaria del gobierno como factor determinante, pero incluso en situaciones de dictadura la izquierda no había perdido antes su capacidad de movilización de masas.

En este contexto, las luchas sociales democráticas juegan un papel fundamental en la recomposición democrática del panorama político, económico y social. Por ello, la izquierda radical, más que preocuparse por consolidar microaparatos partidarios, debería abrirse a nuevas y caóticas formas de organización que les permita relacionarse con el rizoma de resistencia que se teje en la sociedad.

¿Qué hacer?

Es hora de recomponer la izquierda a partir de los territorios. Urge salir de las discusiones bizarras sobre teoremas políticos y reconstruirse a partir de las luchas, dejar a un lado la epistemología de partido de vanguardia y recuperar la humildad del acompañamiento y el aprendizaje de la lucha social concreta. La izquierda siempre ha reinventado la esperanza desde las catatumbas. Es hora de volver a hacerlo.

La recuperación de la esperanza y la capacidad democrática movilizadora hoy está mucho más localizada en la actividades comunitarias, sociales y alternativas que en los partidos políticos de derecha o izquierdas; es allí donde pareciera resignificarse la vida nacional.

La migración puede ser el factor que incline la balanza en los próximos años. Millones de venezolanos y venezolanos han tenido que partir del país para sobrevivir y en ese proceso han conocido la barbarie del neoliberalismo, pero también la mano amiga de la gente sencilla en otros territorios. En la medida que las sanciones sean levantadas y se conjure la violencia política muchos(as) regresarán y, potencialmente, podrán constituirse en un factor determinante para otra Venezuela posible, una Venezuela de justicia social, equidad, solidaridad y democracia.

¿Será que podemos recuperar la capacidad de hacer política de calle? Esa política, y no otra, es la que sueña, vibra y abre paso al cambio radical.

Fuente: https://luisbonillamolina.wordpress.com/2021/10/22/venezuela-hacia-una-nueva-aproximacion-geopolitica/

Fuente e Imagen: https://rebelion.org/hacia-una-nueva-aproximacion-geopolitica/