El golpe de estado en curso del Banco Mundial

La lista de gobiernos resultantes de golpes militares que cuentan con el apoyo del Banco Mundial es impresionante.

Entre los ejemplos más conocidos están la dictadura del Sha de Irán tras el derrocamiento del primer ministro Mohammed Mossadegh en 1953; la dictadura militar en Guatemala impuesta por Estados Unidos después del derrocamiento en 1954 del gobierno progresista del presidente elegido democráticamente Jacobo Arbenz; el de los Duvalier en Haití a partir de 1957; la dictadura del general Park Chung Hee en Corea del Sur desde 1961; la dictadura de los generales brasileños a partir de 1964; de Mobutu en el Congo y Suharto en Indonesia a partir de 1965; la dictadura militar en Tailandia a partir de 1966; los regímenes de Idi Amin Dada en Uganda y del general Hugo Banzer en Bolivia en 1971; el gobierno de Ferdinand Marcos en Filipinas a partir de 1972; los de Augusto Pinochet en Chile, los generales uruguayos, y Juvénal Habyarimana en Ruanda a partir de 1973; la junta en Argentina desde 1976; el régimen de Arap Moi en Kenia a partir de 1978; la dictadura en Pakistán desde 1978; El golpe de Saddam Hussein en 1979; y la dictadura militar en Turquía a partir de 1980. Podríamos agregar a Ben Ali en Túnez de 1987 a 2011. Y Mubarak en Egipto de 1981 a 2011.

Entre las otras dictaduras apoyadas por el Banco Mundial, cabe mencionar también la de Somoza en Nicaragua hasta su caída en 1979 y la de Ceaucescu en Rumania.

Algunas siguen vigentes hoy: la dictadura de Idriss Déby en Chad, la de Abdel-Fattah el-Sissi en Egipto y muchas más.

Tampoco debemos olvidar el apoyo del Banco a las dictaduras en Europa: Franco en España y Salazar en Portugal.

Muy claramente, el Banco Mundial ha apoyado metódicamente a regímenes despóticos, sean o no resultado de golpes de Estado, que llevaron a cabo o conducen políticas antisociales y cometen crímenes de lesa humanidad. El Banco ha mostrado una total falta de respeto por los principios constitucionales de algunos de sus países miembros. Nunca ha dudado en apoyar a los golpistas militares criminales que son económicamente dóciles a expensas de los gobiernos democráticos, pero menos sumisos. Y con razón: el Banco Mundial no considera que el respeto por los derechos humanos sea parte de su misión.

No se debe olvidar el apoyo del Banco Mundial al régimen de apartheid en Sudáfrica desde 1951 hasta 1968. El Banco Mundial se negó explícitamente a aplicar una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1964, que requería que todas las agencias de la ONU dejaran de brindar apoyo financiero a Sudáfrica porque el país violaba la Carta de las Naciones Unidas. Ese apoyo, y la violación del derecho internacional que implica, no debe quedar impune.

Por último, el Banco Mundial, durante las décadas de 1950 y 1960, otorgó sistemáticamente préstamos a las potencias coloniales y sus colonias para proyectos que aumentaran la explotación de los recursos naturales y de los pueblos en beneficio de las clases dominantes en los países colonizadores. En ese contexto, el Banco Mundial se negó a aplicar una resolución de las Naciones Unidas adoptada en 1965 en la que le pedía que se abstuviera de apoyar financiera y técnicamente a Portugal hasta que el gobierno del país abandonara sus políticas colonialistas.  [ 1 ]

Las deudas contraídas con el Banco Mundial por decisión del poder colonial por las colonias africanas de Bélgica, Gran Bretaña y Francia fueron posteriormente impuestas a los nuevos países en el momento de su independencia.

El apoyo del Banco Mundial a los regímenes dictatoriales adopta la forma de apoyo financiero y asistencia técnica y económica. Ese apoyo financiero y esa asistencia han ayudado a estos regímenes dictatoriales a mantener el poder para perpetrar sus crímenes. El Banco Mundial también ha contribuido a que estos regímenes no estén aislados en el escenario internacional, ya que los préstamos y la asistencia técnica siempre han facilitado las relaciones con la banca privada y las empresas transnacionales. El modelo neoliberal se fue imponiendo gradualmente en el mundo a partir de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973 en Chile y de Ferdinand Marcos en Filipinas en 1972. Ambos regímenes fueron apoyados activamente por el Banco Mundial. Cuando esos regímenes dictatoriales lleguen a su fin, el Banco Mundial ha exigido sistemáticamente a cualquier gobierno democrático que los suceda que asuma el peso de las deudas contraídas por sus predecesores. En definitiva, la complicidad financiera del Banco con las dictaduras se ha convertido en una carga para los respectivos pueblos. Y esos pueblos se ven obligados a seguir pagando, aún hoy, las armas compradas por los dictadores y utilizadas para oprimirlos.

En los años ochenta y noventa, muchas dictaduras colapsaron, algunas de ellas bajo el ariete de poderosos movimientos democráticos. Los regímenes que los reemplazaron han aceptado en general las políticas recomendadas o impuestas por el Banco Mundial y el FMI.y han continuado pagando deudas a pesar de su naturaleza odiosa. El modelo neoliberal, después de haber sido impuesto con la ayuda de las dictaduras, se ha mantenido gracias al yugo de la deuda y los continuos «ajustes estructurales». Esto es así porque luego del derrocamiento o colapso de las dictaduras, los gobiernos democráticos que las sustituyen han seguido aplicando políticas que de hecho van en contra de los intentos de implementar un modelo de desarrollo basado en la autonomía. La nueva fase de globalización que comenzó en los años ochenta en el momento de la explosión de la crisis de la deuda generalmente va acompañada de una mayor subordinación de los países en desarrollo (periféricos) a los países más industrializados (núcleo).

 La agenda oculta del Consenso de Washington

Desde el inicio de las actividades del Banco Mundial y el FMI, las principales decisiones del Banco y del Fondo se han mantenido alineadas con las orientaciones del gobierno de Estados Unidos a través de un mecanismo que es simple de entender y complejo de implementar. En ocasiones, ciertos gobiernos europeos (en particular el Reino Unido, Francia y Alemania) y el de Japón han tenido voz, pero estos casos son raros. A veces surge fricción entre la Casa Blanca y el liderazgo del Banco Mundial y el FMI, pero un análisis riguroso de la historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial muestra que hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido la última palabra donde están sus intereses directos. preocupado.

Fundamentalmente, la agenda oculta del Consenso de Washington es una política dirigida tanto a garantizar que se mantenga el dominio estadounidense en todo el mundo como a liberar al capitalismo de los límites que se le habían impuesto en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esos límites fueron el resultado de una combinación de poderosas movilizaciones sociales tanto en el Sur como en el Norte, la incipiente emancipación de ciertos pueblos colonizados y los intentos de encontrar una salida del capitalismo. El Consenso de Washington es también la intensificación del modelo productivista.

En las últimas décadas, en el contexto de este Consenso, el Banco Mundial y el FMI han fortalecido su capacidad de ejercer presión sobre un gran número de países aprovechando la situación creada por la crisis de la deuda. El Banco Mundial ha desarrollado subsidiarias (la Corporación Financiera Internacional – IFC, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI ), tejiendo una red cada vez más firme.

Un ejemplo: el Banco Mundial concede un préstamo con la condición de que se privatice un sistema de tratamiento y distribución de agua. Como resultado, la empresa pública se vende a un consorcio privado entre cuyos miembros se encuentra la IFC, una subsidiaria del Banco Mundial.

Cuando la población impactada por la privatización se rebela contra el drástico aumento de la tasa y la reducción de la calidad de los servicios y las autoridades públicas buscan reparación de la transnacional depredadora, el caso se confía al CIADI, que es a la vez juez y jurado.

El resultado es una situación en la que el Grupo del Banco Mundial tiene influencia en todos los niveles: 1) la imposición y el financiamiento de la privatización (Banco Mundial); 2) inversión en la empresa privatizada (IFC); 3) seguros y garantías para esa empresa (MIGA); 4) arbitraje en caso de controversia (CIADI).

Y eso es exactamente lo que sucedió en 2004-2005 en El Alto en Bolivia.

La colaboración entre el Banco Mundial y el FMI también es fundamental para ejercer la máxima presión sobre las autoridades públicas. Y para completar el proceso de poner la esfera pública y las autoridades públicas bajo su control y extender aún más el dominio del modelo, la colaboración entre el Banco Mundial y el FMI se extiende ahora a la Organización Mundial del Comercio ( OMC ) desde la creación de esa entidad en 1995.

Esta colaboración cada vez más estrecha entre el Banco, el FMI y la OMC forma parte de la agenda del Consenso de Washington.

Pero hay una diferencia fundamental entre esa agenda proclamada por el Consenso de Washington y su versión oculta.

La agenda, como se dijo, es reducir la pobreza a través del crecimiento, los efectos del libre mercado, el libre comercio y la mínima intervención de las autoridades públicas.

La agenda oculta, la que realmente se aplica, es subordinar las esferas pública y privada de todas las sociedades humanas al imperativo capitalista de buscar el máximo beneficio . La implementación de esta agenda oculta da como resultado la reproducción de la pobreza en lugar de reducirla y el aumento de las desigualdades. Produce un estancamiento, si no un deterioro, de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población mundial, al mismo tiempo que una concentración cada vez mayor de la riqueza. Otro resultado es el continuo deterioro de los equilibrios ecológicos, que pone en peligro el futuro mismo de la humanidad.

Una de las numerosas paradojas de esta agenda oculta es que en nombre de acabar con la dictadura del Estado y liberar las fuerzas del mercado, los gobiernos –aliados con las transnacionales– utilizan la acción coercitiva de las instituciones públicas multilaterales (Banco Mundial-FMI- OMC) para imponer su modelo a la gente.

 La salida es una ruptura limpia

Es por estas razones que se necesita una ruptura radical con el Consenso de Washington y el modelo aplicado por el Banco Mundial.

El Consenso de Washington no debe entenderse como un mecanismo de poder y un proyecto que se limita al gobierno de Washington y su «trío infernal». La Comisión Europea, la mayoría de los gobiernos europeos y el gobierno japonés están comprometidos con el Consenso de Washington y han traducido su programa a sus idiomas, proyectos constitucionales y programas políticos.

Romper con el Consenso de Washington, si eso se limita a poner fin a la dominación de EE. UU. A través de la troika del Banco Mundial, el FMI y la OMC , no es una alternativa, porque las otras potencias importantes están listas para tomar el lugar de EE. UU. metas. Imaginemos por un momento que la Unión Europea podría suplantar a Estados Unidos como líder mundial; eso no alteraría fundamentalmente la situación de los pueblos del planeta porque equivaldría simplemente a reemplazar un bloque capitalista del Norte (un polo de la Tríada, es decir, América del Norte, Europa Occidental y Japón) por otro.

Imaginemos otra posibilidad: el bloque China-Brasil-India-Sudáfrica-Rusia gana fuerza y ​​suplanta a los países de la Tríada. Si las motivaciones de ese bloque están en línea con la actitud actual de los gobiernos allí y con el sistema económico dominante al que se someten, de nuevo no habría una mejora real.

No, el Consenso de Washington debe ser reemplazado por un consenso de pueblos basado en el rechazo al capitalismo.

El concepto de la existencia de un vínculo estrecho entre el desarrollo y el modelo productivista debe ser cuestionado radicalmente. Ese modelo de desarrollo excluye la protección de las culturas y su diversidad; agota los recursos naturales y daña irremediablemente el medio ambiente. Ese modelo considera que la protección de los derechos humanos es, en el mejor de los casos, un objetivo a largo plazo (cuando en realidad a largo plazo todos estaremos muertos). Muy a menudo, los derechos humanos se perciben como un obstáculo para el crecimiento. El modelo productivista considera la igualdad un obstáculo, si no un peligro.

 Rompe la espiral infernal del endeudamiento

El intento de mejorar las condiciones de vida de los pueblos mediante el endeudamiento público es un fracaso. El Banco Mundial afirma que para desarrollarse, los países  [ 2 ] deben depender de la deuda externa y atraer inversiones extranjeras. Esta deuda sirve principalmente para la compra de equipos y bienes de consumo de los países industrializados. Durante décadas, los hechos han demostrado, una y otra vez, que esto no conduce al desarrollo.

Según la teoría económica dominante, el desarrollo en el Sur se ve frenado por la escasez de capital nacional (es decir, ahorros locales). Aún de acuerdo con la teoría económica dominante, los países que quieren lanzar proyectos empresariales o acelerar su desarrollo deben depender del capital externo a través de tres canales: primo , contraer deuda externa; secundo , atraer inversiones extranjeras; tertio , incrementar las exportaciones para traer las divisas necesarias para comprar bienes extranjeros que permitan el crecimiento. Los países más pobres supuestamente también necesitan atraer ayuda comportándose de manera que se ganen el favor de los países desarrollados.

La realidad contradice esa teoría: de hecho, los países en desarrollo proporcionan el capital a los países industrializados y, en particular, a la economía de Estados Unidos. El propio Banco Mundial lo dijo en un informe publicado en 2003: «Los países en desarrollo, en conjunto, eran prestamistas netos de los países desarrollados».  [ 3 ]

Si los movimientos políticos populares pudieran ganar poder gubernamental en varios países en desarrollo y crear su propio banco de desarrollo y su propio fondo monetario internacional, podrían prescindir del Banco Mundial, el FMI y las instituciones financieras privadas en los países altamente industrializados. países.

No es cierto que los países en desarrollo deban recurrir al endeudamiento para financiar su desarrollo. Hoy en día, el endeudamiento sirve esencialmente para continuar el flujo de reembolsos de la deuda. A pesar de la existencia de grandes reservas de divisas, los gobiernos y las clases dominantes del Sur no aumentan las inversiones en la producción local y el gasto social.

Debemos romper con la visión dominante que ve el endeudamiento como una necesidad absoluta.

Además, los países no deben dudar en cancelar o repudiar deudas odiosas e ilegítimas.

 Cancelar deudas odiosas

De acuerdo con la doctrina de la deuda odiosa que Alexander Sack formuló en 1927, una deuda puede considerarse odiosa si cumple dos condiciones:

1. La población no disfruta de los beneficios del préstamo: la deuda se incurrió no en interés del pueblo o del Estado, sino en contra de su interés y / o en el interés personal de los líderes o personas en el poder.
2. Complicidad de los prestamistas: los prestamistas sabían de antemano, o podrían haber sabido de antemano, que los fondos en cuestión no beneficiarían a la población.

Según el gobierno de Sack, la naturaleza democrática o despótica de un régimen no influye en esta regla general.

El padre de la doctrina de la deuda odiosa establece claramente que «los gobiernos regulares (pueden) incurrir en deudas que son indiscutiblemente odiosas». Sack define un gobierno regular como sigue: “Por gobierno regular se entiende el poder supremo que efectivamente existe dentro de los límites de un territorio dado. Si ese gobierno es monárquico (absoluto o limitado) o republicano; si funciona por ‘la gracia de Dios’ o ‘la voluntad del pueblo’; ya sea que exprese ‘la voluntad del pueblo’ o no, de todo el pueblo o solo de algunos; ya sea que esté legalmente establecido o no, etc., nada de eso es relevante para el problema que nos ocupa «.  [ 4 ]

Sack dice que una deuda puede considerarse odiosa si:

• “A) el propósito que el gobierno anterior quería cubrir con la deuda en cuestión era odioso y claramente contrario a los intereses de la población de todo o parte del territorio, y
• b) los acreedores, al momento de la emisión del préstamo, tenían conocimiento de su odiosa finalidad ”.

Continúa: “Una vez que se establezcan estos dos puntos, la carga de la prueba de que los fondos se utilizaron para las necesidades generales o especiales del estado y no tenían un carácter odioso recaería sobre los acreedores”.  [ 5 ]

Esta doctrina, que ha sido aplicada en varias ocasiones a lo largo de la historia por varios gobiernos, también sirve para denunciar como odiosas las deudas cuyo pago se está exigiendo actualmente a los países del Sur por el Banco Mundial y el FMI.

 Hacer uso de préstamos legítimos y financiar al Estado mediante impuestos socialmente justos

Dicho esto, el endeudamiento público no es malo en sí mismo si se concibe de una manera radicalmente diferente a la del sistema actual.

El endeudamiento público es bastante legítimo si sirve a proyectos legítimos y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen legítimamente.

La deuda pública podría utilizarse para financiar ambiciosos programas de transición ecológica en lugar de hacer cumplir políticas antisociales, extractivistas y productivistas que fomenten la competencia entre naciones.

Las autoridades públicas pueden utilizar préstamos para:

• financiar el cierre completo de centrales térmicas y nucleares;
• sustituir las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente;
• financiar una reconversión de los métodos agrícolas actuales, que contribuyen al cambio climático y utilizan muchos insumos químicos responsables de la disminución de la biodiversidad, favoreciendo la producción local de alimentos orgánicos para compatibilizar la agricultura con nuestra lucha contra el cambio climático;
• reducir radicalmente el transporte aéreo y por carretera y desarrollar el transporte colectivo y el uso de ferrocarriles;
• financiar un ambicioso programa de viviendas sociales de bajo consumo energético.

Un gobierno popular no dudará en obligar a las corporaciones (nacionales, extranjeras o multinacionales), así como a los hogares más ricos, a contribuir al préstamo sin obtener ningún beneficio del mismo, es decir, con interés cero y sin compensación por inflación .

Al mismo tiempo, una gran parte de los hogares de las clases trabajadoras serán fácilmente persuadidos de confiar sus ahorros a las autoridades públicas para financiar los proyectos legítimos mencionados anteriormente. Esta financiación voluntaria de las clases trabajadoras se remuneraría a una tasa real positiva, por ejemplo, el 4%. Esto significa que si la inflación anual alcanzara el 3%, las autoridades públicas pagarían una tasa de interés nominal del 7%, para garantizar una tasa real del 4%.

Tal mecanismo sería perfectamente legítimo ya que financiaría proyectos que son realmente útiles para la sociedad y porque ayudaría a reducir la riqueza de los ricos al tiempo que aumentaría los ingresos de las clases trabajadoras.

También hay otras medidas que se pueden tomar para financiar el presupuesto del Estado de manera legítima: establecer un impuesto a las grandes fortunas y rentas muy altas, imponer multas a las empresas culpables de evasión fiscal a gran escala, reducir radicalmente los gastos militares, acabar subsidios a bancos y grandes corporaciones, aumento de impuestos a empresas extranjeras, en particular en el sector de materias primas, y otros.

 Los pueblos se liberarán

Hoy, en 2020, con la excepción de Cuba, ningún gobierno plantea la cuestión de cambiar profundamente las reglas del juego a favor del pueblo. Los gobiernos de China, Rusia y los principales países en desarrollo (India, Brasil, Nigeria, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, México, Argelia, Sudáfrica, etc.) no expresan ninguna intención de cambiar, en la práctica, la situación mundial en beneficio. de sus pueblos.

Y, sin embargo, políticamente, si quisieran hacerlo, los gobiernos de los principales países en desarrollo juntos podrían constituir un movimiento poderoso capaz de imponer reformas democráticas fundamentales en todo el sistema multilateral. Podrían adoptar una política radical: repudiar la deuda y aplicar un conjunto de políticas que rompan con el neoliberalismo.

Sin embargo, estoy convencido de que eso no se materializará. El escenario radical no se concretará en el corto plazo. La abrumadora mayoría de los líderes actuales de los países en desarrollo están totalmente atrapados en el modelo neoliberal. En la mayoría de los casos, están en total lealtad a los intereses de las clases dominantes locales, que no tienen ninguna posibilidad de distanciarse (y mucho menos romper) de las políticas llevadas a cabo por las principales potencias industriales, que hoy incluye a China. Los capitalistas del Sur siguen un estilo de vida rentista o, en el mejor de los casos, se esfuerzan por aumentar sus cuotas de mercado. Eso es cierto para los capitalistas en Brasil, Corea del Sur, China, Rusia, Sudáfrica, India, etc., que solicitan a sus gobiernos obtener concesiones de los países industrializados durante las negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales. Además, la competencia y los conflictos entre gobiernos de países en desarrollo, entre capitalistas del Sur, son reales y pueden exacerbarse. La actitud comercial agresiva de los capitalistas en China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil hacia sus competidores en el Sur provoca divisiones obstinadas. Generalmente, hacen arreglos (entre ellos y entre el Sur y el Norte) para imponer un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores en sus países con el pretexto de aumentar al máximo su competitividad.

Pero tarde o temprano los pueblos se liberarán de la esclavitud de la deuda y la opresión que les imponen las clases dominantes del Norte y del Sur. A través de la lucha, lograrán imponer políticas que redistribuyan la riqueza y pongan fin al modelo productivista tan destructivo de la naturaleza. Las autoridades públicas se verán entonces obligadas a dar absoluta prioridad a la garantía de los derechos humanos fundamentales.

 Salir del círculo vicioso del endeudamiento sin entrar en una política de caridad

Para que eso suceda, se requiere un enfoque alternativo: se debe poner fin al círculo vicioso del endeudamiento evitando la trampa de una política de caridad dirigida solo a perpetuar un sistema mundial dominado completamente por el capital y por unas pocas grandes potencias y empresas transnacionales. La solución es establecer un sistema internacional de redistribución de ingresos y riquezas para reparar los siglos de saqueos a los que han estado y siguen siendo sometidos los pueblos dominados de la Periferia. Estas reparaciones, en forma de donaciones, no darían a los países industrializados ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos de los pueblos que reciben la compensación. En el Sur, los mecanismos para decidir y supervisar cómo se utilizarán estos fondos deben inventarse y ponerse en manos de las personas interesadas y sus autoridades públicas.

La movilización de agricultores y pescadores en Gujarat (India occidental) que son víctimas de los efectos ambientales y sociales de una central eléctrica de carbón financiada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), cuya función dentro del Grupo del Banco Mundial es financiar empresas privadas. , dio lugar a un importante fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el 27 de febrero de 2019 . Los jueces dictaminaron que la Corporación Financiera Internacional (CFI) ya tiene derecho a la inmunidad otorgada a las organizaciones internacionales al financiar actividades comerciales. Esto muestra que la acción popular puede dar resultados.

 Abolir el Banco Mundial y el FMI y reemplazarlos por otras instituciones multilaterales.

Necesitamos ir más lejos y abolir el Banco Mundial y el FMI y reemplazarlos por otras instituciones internacionales que operen democráticamente. El nuevo banco mundial y el nuevo fondo monetario internacional, sean cuales sean los nombres que se les den, deben tener misiones radicalmente diferentes de las de sus predecesores. Deben garantizar la adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos (políticos, civiles, sociales, económicos y culturales) en el ámbito del crédito internacional y las relaciones monetarias internacionales. Estas nuevas instituciones mundiales deben ser parte de un sistema institucional mundial supervisado por unas Naciones Unidas reformadas radicalmente. Es fundamental, y debe ser una prioridad, que los países en desarrollo se asocien para crear entidades regionales con un fondo bancario y monetario compartido lo antes posible. Durante la crisis en el sudeste asiático y Corea en 1997–1998, los países afectados habían previsto la creación de un fondo monetario asiático. La discusión fue abortada tras la intervención de Washington. La falta de determinación por parte de los gobiernos interesados ​​hizo el resto. En América del Sur, bajo el liderazgo del gobierno de Hugo Chávez, en 2008 se sentaron las bases de un Banco del Sur,pero al final el proyecto no se hizo realidad . En 2007-2009, el gobierno de Ecuador se enfrentó a sus acreedores y obtuvo una victoria , pero los demás gobiernos de izquierda de la región no lo siguieron.

 La epidemia de CoViD-19 ha demostrado que el Banco Mundial y el FMI han contribuido al deterioro de los sistemas de salud

En 2020, la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus ha demostrado hasta qué punto las políticas dictadas por el Banco Mundial / FMI y aplicadas por los gobiernos han deteriorado los servicios de salud pública y han permitido que la epidemia asole a las poblaciones. Si los gobiernos hubieran rechazado el Consenso de Washington y el neoliberalismo y fortalecido los instrumentos esenciales de una sólida política de salud pública en cuanto a personal empleado, infraestructuras, existencias de medicamentos, equipos, investigación, producción de medicamentos y tratamientos y cobertura de salud para las poblaciones, la crisis del Coronavirus no haber alcanzado las proporciones que tiene.

Si los gobiernos hubieran roto con la lógica de austeridad del Banco Mundial y el FMI, un aumento radical del gasto en salud pública también habría tenido efectos altamente beneficiosos en la lucha contra otras enfermedades que afectan principalmente a países del Sur Global.

Según el último Informe mundial sobre el paludismo, publicado en diciembre de 2019, en 2018 se detectaron 228 millones de casos de paludismo y se estima que el número de muertes por la enfermedad es de 405.000. La tuberculosis, mientras tanto, es una de las diez principales causas de muerte en el mundo. En 2018, diez millones de personas contrajeron tuberculosis y un millón murió a causa de ella (incluidas 251.000 personas seropositivas). Estas enfermedades podrían combatirse con éxito si sólo los gobiernos dedicaran los recursos necesarios.

Medidas adicionales podrían combatir con éxito la desnutrición y el hambre que están destruyendo la vida diaria de uno de cada nueve seres humanos (más de 800 millones de habitantes del planeta). Aproximadamente 2,5 millones de niños mueren cada año en todo el mundo por malnutrición, ya sea directamente o por enfermedades relacionadas con la inmunidad reducida debido a la malnutrición.

De manera similar, si se hicieran inversiones para aumentar masivamente los suministros de agua potable y eliminación y tratamiento de aguas residuales, el número de muertes por enfermedades diarreicas, que llega a 430.000 por año (fuente: OMS 2019), se reduciría radicalmente.

Mientras que las deudas ilegítimas que los pueblos se ven obligados a pagar deben simplemente cancelarse, el Banco Mundial, el FMI y la mayoría de los líderes gubernamentales solo mencionan el aplazamiento y nuevas fórmulas para un mayor endeudamiento. CoViD-19 se está utilizando para fortalecer otro nuevo ciclo de endeudamiento masivo con condiciones que aumentan la austeridad aún más y comprometen el bienestar de las generaciones futuras.

 Suspensión inmediata del pago de la deuda pública combinada con una auditoría con participación ciudadana para cancelar las porciones ilegítimas

Una suspensión inmediata del pago de las deudas públicas debe combinarse con una auditoría con participación ciudadana para identificar las porciones de estas deudas que son ilegítimas y cancelarlas.

Una cosa debe quedar clara: para emancipar a los pueblos y garantizar sus derechos como humanos, las nuevas instituciones financieras y monetarias, tanto regionales como internacionales, deben estar al servicio de un proyecto social que rompa con el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo y el productivismo. .

Se debe hacer todo lo posible para que un nuevo y poderoso movimiento social y político pueda ayudar a la convergencia de las luchas sociales y contribuir a elaborar un programa para romper con el capitalismo mediante la promoción de soluciones anticapitalistas, antirracistas, ambientalistas, feministas, internacionalistas y socialistas. .

Es de fundamental importancia trabajar por: la socialización de la banca con expropiación de sus principales accionistas ; suspensión del pago de la deuda pública hasta que se realicen auditorías con participación ciudadana para repudiar la porción ilegítima de las deudas ; imposición de un impuesto de crisis elevado a las personas y entidades más ricas; cancelación de deudas ilegítimas ejecutadas contra las clases trabajadoras (deuda estudiantil, hipoteca abusivadeudas, microcréditos abusivos, etc.); cierre de bolsas de valores y valores, que permiten la especulación; reducción radical de la jornada laboral (manteniendo los salarios) con el fin de crear un gran número de puestos de trabajo socialmente útiles; un aumento radical del gasto público en salud y educación; socialización de las empresas farmacéuticas y del sector energético; reubicación de la mayor cantidad de producción posible y desarrollo de circuitos de cortocircuito; y muchas más exigencias esenciales.

Traducido por Snake Arbusto