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La precarización del trabajo docente agudizada por la crisis sanitaria

Por: Ivan Montero y Gabino Javier Ángeles Calderón


“Un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario”.
— Marx, K. El Capital, 1867.

Hay una relación orgánica entre las transformaciones del sistema educativo y los ciclos del capital, no son entes autónomos por sí mismos. En otras palabras, no se puede profundizar la comprensión de las mutaciones de la educación desvinculándola del movimiento del capital en que se inscribe.

Por ejemplo, una de estas relaciones orgánicas de origen se aprecia en las Cláusulas educacionales contenidas en la legislación fabril de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, [1] las cuales consistieron en una serie de barreras que la sociedad impuso al capital industrial para limitar la explotación hacia niños y niñas. Estos últimos tenían que asistir a la escuela como condición para trabajar en la fábrica, por lo cual se montó un sistema educativo improvisado y precario, dadas las condiciones de pauperización de este país en aquel periodo.

Si bien la educación se ha constituido como una instancia social que pareciera ya no estar condicionada por los ciclos del capital, [2] en la coyuntura actual vuelven a manifestarse los nexos orgánicos entre educación y capital. [3]

Las recientes mutaciones del sistema del capital

La crisis del capital de los años setenta, empujó a una restructuración productiva a nivel mundial; a su vez, para ello, se requirió una nueva morfología del trabajo. [4]

Esta recomposición no habría podido darse sin la revolución industrial que fundaron las telecomunicaciones. De la mano de estas fuerzas productivas, se han podido fragmentar procesos económicos a nivel mundial (industria, comercio, finanzas, servicios). [5]

Ejemplo de ello es la industria automotriz estadounidense, la cual mudó algunos procesos productivos al norte y bajío de México. Otro caso arquetípico es la producción del iPhone la cual, ya para 2012, se realizaba en un 90 % por fuera de Estados Unidos. [6] Estos procesos recibieron el nombre de deslocalización industrial, en términos globales se estima que el 75 % de las mercancías son producidas “por fuera” de la fábrica local, [7] mudanzas del norte al sur, del centro a la periferia, la cual se ha sustentado en la superexplotación del trabajo (eufemísticamente llamada competitividad) para abaratar costos.

Como es obvio, no sólo en la industria se han presentado estas mutaciones, también en la distribución y el consumo, en los servicios. Ejemplo de ello es la aparición de los trabajadores de las apps o los llamados callboys.

Sin embargo, para que el capital pudiera establecer esta recomposición, tuvo que romper con la antigua organización del trabajo. Se hizo necesario un tipo de trabajador acorde a los nuevos ritmos de esta industria global, uno que ya no realiza funciones monótonas y estandarizadas, con jerarquías rígidas, sino de un trabajador multifuncional, flexible, precario.

La consecuencia inmediata fue la ofensiva que el capital lanzó contra el trabajo.

El periodo de la llamada Guerra Fría tiene ese significado, barrió con las resistencias del trabajo [8] para, sobre esta derrota, imponer una nueva división internacional del trabajo y sus respectivas modalidades de dominación e ideología.

El neoliberalismo consolidó esta ofensiva con un conjunto de políticas laborales, financieras, comerciales, energéticas, (“reformas estructurales”), que el Estado ha ido imponiendo.

Desde entonces, por todos lados ha proliferado la informalidad, la precarización laboral y el desempleo: trabajadores por honorarios, servicios profesionales, eventuales, outsourcing, despidos masivos. Los trabajos inestables, con bajos salarios, jornadas de trabajo desdibujadas y sin derechos laborales constituyen una tendencia de la nueva morfología del trabajo.

La precarización del trabajo docente

El desarrollo de las telecomunicaciones ya había impactado en el medio educativo. La impartición de clases en línea, el uso de plataformas como Coursera o EdX, son ejemplo de ello, además de innumerables canales de YouTube dedicados a la enseñanza.

Sin embargo, las grandes facilidades que ofrecen las tecnologías de la información como herramientas en el ámbito educativo para el desarrollo humano, a su vez, aparejan un tipo de docente precarizado; es decir, con derechos laborales disminuidos o inexistentes y formas de contratación inestables.

La impartición de clases mediante plataformas digitales les permite a los empresarios de la educación y a los Estados abaratar los costos, pues ante la oferta insuficiente y el exceso de demanda por la masificación de la educación, [9] la solución es disminuir costos en la parte del capital constante: [10] edificios, equipo, mantenimiento, insumos, etcétera.

Por un lado, esto implica transferir estos gastos al trabajador de la educación, el cual emplea su casa, su equipo (computadora, celular) y paga los insumos para poder realizar su trabajo (internet, luz, mantenimiento, telefonía). Por otro lado, esto también implica subordinar al trabajador docente, por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para el aprendizaje y el conocimiento (TIC y TAC), a una mayor intensidad y extensión del trabajo.

Esta recomposición del capital en la educación se está profundizando durante el presente confinamiento.

Según la UNESCO, aproximadamente el 80 % de la población estudiantil a nivel mundial ha sido afectado por el cierre de las escuelas, esto es 1370 millones de estudiantes; mientras que los profesores afectados suman más de 60 millones. En la región latinoamericana, la población estudiantil afectada asciende al 95 %. [11]

Ante esta situación, los sistemas educativos de todo el mundo están empleando, masivamente, las telecomunicaciones y la informática para impartir clases (el llamado teletrabajo), aunque en un mundo sustantivamente desigual, millones no cuenten con los recursos mínimos para readaptarse a esta nueva situación. [12]

El capital produce y reproduce nuevas formas de exclusión social.

Es en estas coordenadas que las mutaciones del capital descritas en líneas arriba, también trastocan el ámbito educativo y profundizan la precarización laboral del trabajo docente. El “nuevo” tipo de docente es sometido a los nuevos ritmos de trabajo tecnológico, en donde su otrora estabilidad, impuesta por su jornada de trabajo (ahora desdibujada), queda en entredicho.

Con la crisis sanitaria actual y las medidas para contener la expansión del virus, el confinamiento aceleró la incorporación de millones de docentes y alumnos a una educación dependiente de las telecomunicaciones y la informática.

Esta situación se nota, por una parte, con el creciente uso de plataformas de videoconferencias como Zoom, al grado de que, en el mes de mayo, esta empresa ya “valía” siete veces más que las aerolíneas más grandes del mundo (ver gráfico).

En general, el uso de las aplicaciones para videoconferencias se ha disparado, exponencialmente, en los últimos meses. Zoom y Google Meet se ubican la lista de las apps más descargadas en agosto.

Por otro lado, a pesar del aumento del número de personas que usan internet, según datos del Banco Mundial, en términos redondos, para 2017, tan solo el 50 % de la población lo utilizaba. El acceso a estos servicios, al ser privatizados por el capital, no depende únicamente de la cobertura territorial, sino del poder adquisitivo del salario de la población trabajadora que debe pagar por ellos. Por lo que, en las zonas periféricas del capitalismo mundial se genera mayor exclusión.

¿Quién puede pagar el servicio de internet, quién puede contar con un equipo de cómputo adecuado, quién puede adquirir un teléfono celular con los requisitos mínimos para acceder a una educación virtual? Una serie de cuestiones a las que se suman la llamada obsolescencia programada o la tendencia de la tasa decreciente del valor de uso; es decir, el corto tiempo de vida útil de los productos tecnológicos.

Neoliberalismo y educación

El proyecto del capital, plasmado en formas de Estado neoliberales, organismos internacionales, acuerdos internacionales y estrategias políticas, sociales, culturales —aplicadas con distinto ritmo y profundización dependiendo la lucha de clases y las resistencias sociales en los distintos países y regiones—, también afecta a la educación.

Actualmente, la embestida ya no sólo consiste en la consigna liberal y reaccionaria del derecho a educar a los hijos propios, con el fin de moldear sus subjetividades de acuerdo con los valores y saberes propios de las familias burguesas, tradiciones, por cierto, gestionadas por los grandes centros educativos privados y religiosos.

Hoy en día, bajo la expansión neoliberal y mercantil de la valorización del valor, la educación es vista como un campo de oportunidades muy redituable para el capital comercial —escuelas privadas—, financiero —becas, seguros, planes de financiamiento— y las empresas transnacionales como Google, Microsoft, Zoom, etcétera.

Por otro lado, no hay que olvidar que la escuela pública masificada es parte de los aparatos ideológicos del Estado, pue no sólo moldea subjetividades y crea identidad nacional, sino también adiestra en los saberes requeridos por el proceso de trabajo capitalista. La antes mencionada restructuración productiva, entre las que se encuentran las nuevas formas de flexibilización laboral y la toyotización, ha llevado también a reformas educativas.

No debe pasar inadvertido que los esquemas de competencias y educación para la vida, impulsadas desde la UNESCO y los grandes organismos internacionales como la OCDE, amén de su proyecto ideológico y de valores neoliberales, tiene como propósito superar el adiestramiento fordista y sustituirlo, como se dijo anteriormente, por un trabajador polivalente, entrenado para trabajar en equipo, capaz de resolver problemas e innovar, comprometido con la empresa, etc. Todas ellas habilidades enfocadas a elevar la productividad del trabajo.

Conclusión

Uno de los ejes de lucha de las y los trabajadores de la educación, tiene que construir alternativas, que permitan romper con la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el actual trabajo asalariado docente, cuyas condiciones de precarización están agudizándose debido a la crisis sanitaria.

Con el impresionante desarrollo de las telecomunicaciones y la informática, es perfectamente posible pensar en que las ventajas tecnológicas no vayan aparejadas con un deterioro de las condiciones laborales ni la exclusión social, pero esta alternativa excede los estrechos marcos del sistema del capitalismo mundial. Es necesario construir una sociedad de trabajadores asociados libres, en donde estas fuerzas productivas estén bajo control de las y los trabajadores en colectivo y puedan satisfacer las necesidades de la población.

En este sentido, el conjunto de las y los trabajadores debemos luchar contra la precarización laboral, por la centralización y la nacionalización y de los servicios de telefonía e internet bajo control de sus trabajadores, así como que las empresas educativas (públicas y privadas) y el Estado doten de equipos de cómputo indispensables para el desempeño docente, así como un aumento salarial que permita mejorar la vida de quienes, desde sus casas, ahora imparten clase.

Una política en materia educativa de las y los trabajadores debe incorporar estas exigencias. De lo contrario, la condición privatizada de los servicios de telecomunicaciones e internet tendrá como consecuencia la privatización en la educación.

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NOTAS AL PIE
[1Véase, Marx, K., El Capital, T1., vol. 2, “Legislación fabril. (Cláusulas sanitarias y educacionales). Su generalización en Inglaterra”, Siglo XXI editores.
[2A pesar de las desventuras de las interpretaciones estructuralistas, fue Althusser quien enfatizó el carácter determinado/sobredeterminado de las instancias; es decir, que por mucho que estas parecieran autónomas, siempre hay conexiones orgánicas entre ellas, determinadas por el modo de producción capitalista. Poulantzas, retomando esta propuesta, realizó estudios del Estado capitalista mostrando que la dominación del capital no necesariamente es directa, el Estado no es un instrumento de clase, sino mediada (un Estado capitalista con autonomía relativa, según su terminología), es decir hay diversos mecanismos y dispositivos que permiten una dominación política impersonal del capital que encabeza el Estado. Véase, Althusser, L. La revolución teórica de Marx; Poulantzas, N. Poder político y clases sociales en el estado capitalista.
[3Un estudio más profundo muestra que las relaciones orgánicas entre educación y capital no sólo se manifiestan en términos económicos, el propio saber moderno, la fragmentación de sus disciplinas, sus puntos de partida y llegada, contienen ya la impronta del capital, véase, Pérez Soto, C. Desde Hegel: para una crítica radical de las Ciencias Sociales.
[4Para un análisis más profundo véase Antunes, R. Los sentidos del trabajo: ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo, Editorial Herramienta.
[5Una lectura sobre estas mutaciones se puede apreciar en Marini, R. M. Proceso y tendencias de la globalización capitalista, disponible en: http://www.marini-escritos.unam.mx/089_globalizacion_capitalista.html#_ednref33
[6Cfr., The New York Times, “How the U.S. Lost Out on iPhone Work”, disponible en: https://www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html
[7Cfr., Antunes, R. Ídem., p. 41.
[8El Estado de contrainsurgencia planteado por Ruy Mauro Marini, como producto de la contrarrevolución en Latinoamérica, se inscribe en esta ofensiva, véase, Marini, R. «Estado de Contrainsurgencia», disponible en: http://www.marini-escritos.unam.mx/055_estado_contrainsurgencia.html#3
[9No debe olvidarse que la educación se ha constituido como un Derecho Humano por la UNESCO.
[10Los conceptos de capital constante y capital variable, permiten desgajar los componentes del proceso laboral capitalista en la producción de mercancías. El capital constante se refiere a los medios de producción, el factor objetivo, mientras el capital variable a la fuerza de trabajo, el factor subjetivo. Véase, Marx, K. Ídem, vol. 1, editorial Siglo XXI, pp. 252-253.
[11Cfr., ONU, “Más de 156 millones de estudiantes están fuera de la escuela en América Latina debido al coronavirus”, disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471822
[12En México, por ejemplo, solo el 60 % de los estudiantes cuenta con internet. Cfr., Ídem.
Fuente:  https://www.laizquierdadiario.mx/La-precarizacion-del-trabajo-docente-agudizada-por-la-crisis-sanitaria
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Una lectura a la educación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP) en Colombia desde el censo de 2018

Por: Observatorio de Derecho a la Educación y la Justicia

Félix Berrouet Marimón

Estudiante del Doctorado Interinstitucional de Educación

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural

 

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

 

La Constitución de 1991 afirma la diversidad étnica y cultural de Colombia, y la reconoce como Nación multicultural con la Ley 70 de 1993, que cimienta sus pilares en la admisión de la realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, clave del respeto a sus tradiciones, su historia común y su cultura.

Los colombianos son una mezcla de etnias que provienenoriginarias de África, Europa y Oriente que confluyen con los pueblos originarios. La población negra está constituida por tres grupos étnicos: raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, palanqueros de San Basilio de Palenque-Cartagena, y negros, mulatos, afrodescendientes, afrocolombianos (NARP).

Según el censo de 2018, Colombia cuenta con una población estimada en
48 258 494 millones de habitantes; 51.2% son mujeres y 48.8% hombres. La población NARP constituye 9.34% del total censado; las mujeres representan 51.2% y los hombres 48.8%. Del total del censo, 77.1% de la población se encuentra en las zonas urbanas, 7.1% en centros poblados y 15.8% se considera población rural dispersa, mientras que la población NARP, con 66.7%, se ubica en zonas urbanas o en centros poblados, y 33.3% lo hace en área rural dispersa. La pobreza multidimensional del grupo NARP nacional se ubica en 30.6%, 11 puntos porcentuales (pp) por encima de la pobreza nacional. En las cabeceras, la pobreza de la población NARP se ubica 13.6 pp por encima de la pobreza total. En los centros poblados y en el ámbito rural disperso se encuentra la brecha, que es de 10.1 pp respecto a la nacional.

El sistema educativo colombiano se rige por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) que, de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política, contempla que la educación es un derecho y es obligatoria de primaria a educación básica secundaria (de 0° a 9°) (MEN, 2014). El artículo 55 de la Ley 115 define la educación para grupos étnicos, como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.

En materia de educación, el censo de 2019 arroja que hay alrededor de 59 052 sedes educativas, de las cuales 67.3% se encuentran en zonas rurales (las cifras manejadas por este Censo corresponden sólo a 53 527 sedes educativas). La mayor cantidad de estas sedes enfoca sus servicios, en el nivel de básica primaria, en 47 951 sedes, de las que 73% se encuentran localizadas en zonas rurales y el resto (27%), en zonas urbanas. De 49 902 sedes que contaban con algún bien o servicio (en Colombia, éstos se dividen en bienes TIC: están conformados por computadores de escritorio, computadores portátiles y tabletas; y los servicios TIC están conformados por electricidad, televisión, línea telefónica, radio e Internet), 40 902 son del sector oficial; de éstas, 32 411 sedes se situaron en la zona rural, de las cuales 92.1% tenía electricidad, 5.2% línea telefónica y 21.3% Internet.

La matrícula nacional fue de 10 036 440 estudiantes, atendidos por el sector oficial en 80.4% y por el no oficial en 19.6%. El 23.7% de estudiantes matriculados acuden a sedes educativas que pertenecen a la zona rural. Del total de la matrícula, los grupos étnicos representan el 9.6%, entre los que 53.3% corresponde a la población NARP.

Los indicadores de bajo logro educativo de la población NARP muestran una diferencia de casi 7 pp entre el nivel nacional, con 51.6, y las cabeceras con 43.8; pero la brecha respecto a los centros poblados y rurales dispersos, con 76.5%, muestra una diferencia de casi 26 pp, respecto al nivel nacional de este grupo poblacional. El analfabetismo también presenta grandes brechas, el total nacional es 14.3%, en las cabeceras de 10.1%, y en los centros poblados y rurales dispersos de 27.9%.

A pesar de las brechas existentes en la educación NARP del país, se han hecho algunos avances en materia de educación para la población NARP, como el reconocimiento de diferentes modalidades de atención educativa a poblaciones (Titulo III capítulo 3 de la Ley General de Educación de 1994), así como el decreto 1122, de junio 18 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país.

Sin embargo, una de las dificultades que presenta la población NARP en Colombia, es la falta de información estadística que permita reconocer sus características y particularidades específicas (Rodríguez, 2010). La existente pone en evidencia grandes brechas entre la población NARP y el resto de la población colombiana; la educación es sólo un ejemplo de estas desigualdades.

Uno de los mayores desafíos que encara la educación rural NARP en Colombia tiene que ver con hacer frente a las barreras derivadas del racismo estructural, la existencia de la discriminación y las dificultades generadas por el conflicto armado en los territorios; de igual modo, es necesario abordar la negación de la etnicidad de la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, desde el reconocimiento de los aportes de África y las culturas negras al país y el mundo.

La implementación de una política pública en materia de educación debe tener en cuenta el desarrollo de la Ley 70 de 1993, y todos sus mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades Negra, Raizal Palenquera y afrodescendientes negras colombianas. Por esta vía, las comunidades NARP podrán alcanzar un verdadero desarrollo educativo en las comunidades, donde ésta sea un motor para la transformación, el cambio, y la eliminación de las desigualdades y brechas que en materia de educación y desarrollo presentan las comunidades y las personas afrocolombianas.

 

Referencias

Arias, G (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. Educación y Ciudad, (33), 53-62 Recuperado de https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/1647

Congreso de la República (1991). Constitución Política de Colombia, Colombia: Congreso de la República.

Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020). Boletín Técnico Educación Formal,  2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/ boletines/educación/bol_EDUC_19.pdf

Congreso de la República (1994). Ley General de educación. Ley 115 de 1994. Colombia: Congreso de la República.

Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020). Boletín Técnico Educación Formal, 2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/ boletines/educación/bol_EDUC_19.pdf

Rodríguez, P. (2010). La invisibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia. Trabajo Social, (12), 89-99. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/18970

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-lectura-a-la-educacion-de-la-poblacion-negra-afrodescendiente-raizal-y-palenquera-narp-en-colombia-desde-el-censo-de-2018/

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Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: aproximaciones desde tres ángulos

Por: Oscar Jara

Resumen:
La Sistematización de Experiencias, como ejercicio de producción de conocimiento crítico desde la práctica, ha ido adquiriendo más y más relevancia en las experiencias de educación popular de América Latina y también en otros contextos. Muchas veces confundida con la mera recopilación de datos o con la narración de eventos, o aún con la producción de un informe síntesis de una experiencia, las conceptualizaciones en torno a la sistematización de las experiencias, han ido generando interesantes puntos de reflexión en torno a su identidad específica. El presente artículo aborda este desafío proponiendo características particulares y características comunes o complementarias que tendría la sistematización de experiencias con relación a otros ejercicios de producción de conocimientos como la evaluación y la sistematización. Ubica, además, esta reflexión en un marco de referencia histórico y no meramente conceptual, por lo que define estas relaciones como parte del reto de construir nuevas epistemologías que se enfrentan a las formas tradicionales de producir conocimiento científico y a las formas dominantes de producción y circulación de saberes.
Qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, a favor de qué y de quién conocer y por
consiguiente, contra qué y contra quién conocer – son cuestiones teórico‐prácticas y no intelectualistas que la educación nos plantea en cuanto acto de conocimiento (…) no hay, por eso mismo, especialistas neutros, “propietarios” de técnicas también neutras…
no hay “metodologistas neutros”
(PAULO FREIRE ‐ Cartas a Guinea‐ Bissau)

Descarga en: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, INVESTIGACIÓN Y

http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf

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El Socialismo en la experiencia latinoamericana

El Socialismo en la experiencia latinoamericana

 

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Las teorías sobre el socialismo, que nacieron en Europa durante el siglo XIX, eran prácticamente desconocidas en América Latina, incluyendo al marxismo. Con el avance del siglo XX ingresaron entre inmigrantes, elites políticas e intelectuales y acompañaron al incipiente desarrollo del movimiento obrero. La Revolución Rusa (1917) aceleró la difusión del marxismo, el nacimiento de partidos marxistas en la región y el sueño por el “socialismo”.

Si bien los partidos marxistas idealizaron la necesaria toma del poder, participaron en procesos electorales y cumplieron decisivas labores en la organización de los trabajadores y clases populares, no lograron el control del Estado que hiciera posible el camino al socialismo. A su vez, los -mal llamados- regímenes “populistas”, a partir de la década de 1920 (que también hay que identificar con la izquierda de la época), construyeron economías sociales con modernización capitalista, que fortalecieron capacidades estatales, promovieron educación, salud y seguridad social, y reconocieron amplios derechos laborales. Ocurrió tempranamente con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) en Ecuador; José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y, sobre todo, la segunda presidencia, 1911-1915) en Uruguay; Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en Argentina, o parcialmente con Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) en Chile; pero con mayor claridad y definición con Getulio Vargas (1930-1945; y 1951-1954) en Brasil; Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México y Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina. Todos esos gobiernos se ubican en el largo proceso de superación de los regímenes oligárquicos tradicionales.

Pero el camino definitivo al socialismo en América Latina solo se hizo posible a partir de la Revolución Cubana (1959). Se ha escrito miles de páginas sobre ella. En esencia fue el resultado de la eficaz lucha armada guerrillera, con enorme apoyo popular, en el marco del enfrentamiento a Fulgencio Batista y al intervencionismo de los EEUU. Tanto el bloqueo norteamericano, como el cerco latinoamericano impuesto por la guerra fría, explican la larga relación de la isla con la URSS hasta que el derrumbe del socialismo en ese país y en Europa del Este determinó el “período especial” de la década de 1990, durante el cual en Cuba se redefinió la economía para continuar el camino socialista.

Las guerrillas, que se generalizaron en la región a partir de la década de 1960 sobre la imagen de lo ocurrido en Cuba, no tomaron el poder, excepto en Nicaragua, con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979); pero no pudo afianzarse la vía al socialismo, impedida por la “Contra” y los EEUU a través de la CIA, y porque el Sandinismo perdió las elecciones en 1990.

El proceso que merece particular atención y estudio, por las experiencias que dejó para la izquierda latinoamericana, es el de Chile.

La primera “República Socialista” se instaló el 4 de junio de 1932, tras el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero. La Junta cívico-militar integrada por el “socialista” Eugenio Matte, el general Arturo Puga y el abogado y político Carlos Dávila, la proclamó. Apenas duró 12 días, porque Dávila logró expulsar a los otros dos miembros y autoproclamarse presidente, aunque duró en el cargo solo hasta el 13 de septiembre, cuando fue derrocado.

Esa “República Socialista”, apoyada por jóvenes seguidores de Matte y de Marmaduke Grove (prestigioso marino y uno de los fundadores del Partido Socialista, que nació al siguiente año), demócratas radicales y un sector de los militares, paradójicamente no tuvo el apoyo del Partido Comunista (por entonces enemistado con los socialistas) ni de una serie de federaciones obreras; pero encendió la oposición de los estudiantes católicos (la Universidad Católica de Santiago tenía una tradición política y conservadora de años), capas medias y empresarios. La Junta y Dávila apenas esbozaron un programa, pero se logró, al menos, la creación del Ministerio de Trabajo y de Salubridad Pública.

El Frente Popular, que ya logró unir a comunistas y socialistas chilenos, junto a sectores democráticos y bases sociales, logró la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), bajo la consigna “socialista” de “Pan, Techo y Abrigo”, una idea que entre los ecuatorianos inmediatamente recuerda la propuesta de campaña electoral del socialcristiano y rico empresario León Febres Cordero (1984-1988), quien tuvo éxito con su fórmula “Pan, Techo y Empleo” que, desde luego, no cumplió, pues su gobierno inauguró el modelo empresarial-oligárquico que rigió en el país hasta 2007 y revivió a partir de 2017.

Pero el camino más fundamentado y desarrollado para lograr conducir Chile al socialismo solo se alcanzó con el ascenso presidencial de Salvador Allende (1970-1973). Cabe seguirlo desde la campaña electoral, pues aunque la Unidad Popular (UP) logró la convergencia de sectores importantes de las izquierdas (partidos Socialista y Comunista, MAPU y otros), hubo grupos minoritarios que dudaron o no se unieron. Desde luego, las derechas procuraron impedir el triunfo y contaron con apoyo de la CIA y de un sector militar, a quien estorbó la posicion asumida por el general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en aquellos días, quien proclamó el respeto institucional a la democracia y a los resultados en las urnas (“doctrina Schneider”). Esa posición explica su asesinato (1970). Instalado el gobierno, Allende debió utilizar la Constitución y los “resquicios legales” para lograr los cambios. A momentos incluso contó con el apoyo de la Democracia Cristiana (por entonces proponía el “socialismo comunitario”), que con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había iniciado la “chilenización del cobre”, la reforma agraria y mantuvo la inclinación política a favor de los trabajadores, acciones coincidentes con lo que haría la UP en el gobierno. Las reformas sociales fueron inéditas; pero la economía, que creció el primer año, empezó a tambalear desde el segundo. En estricto rigor histórico, nunca se instaló una economía “socialista”, pero sí fue desestabilizada la economía “capitalista”. Allende procuró actuar de acuerdo con las circunstancias. El MIR y la VOP demandaron siempre la radicalizacion acelerada. Pero el peligro de una guerra civil frenaba al mismo gobierno. Como el “socialismo” de aquellos tiempos se asociaba a la estatización completa de los medios de producción, Allende se preocupó por extender el sector de “propiedad social” frente a la privada y la mixta; sin embargo, en diversas oportunidades, las tomas de tierras y las de fábricas y otras empresas, para que se transfirieran a la administración de sus trabajadores, rebasaron el control del gobierno y aceleraron las quejas, reacciones y resistencias de las clases propietarias. Las acciones de persecusión, amedrentamiento y agresión derechista crecieron en manos de organizaciones como “Patria y Libertad” (“Tradición, Familia y Propiedad” – TFP-, grupo que también se estableció en Ecuador). Los “camioneros” se convirtieron en la fuerza opositora más efectiva. Las damas de la burguesía lanzaron sus marchas y “cacerolazos”. Los empresarios confabularon para el desabastecimiento general o la subida de precios. La sociedad se polarizó. Se confió demasiado en la institucionalidad chilena de cuatro décadas, en la que los militares siempre se mostraron respetuosos de la democracia y apartados del conflicto político.

La construcción del “socialismo por la vía pacífica” despertó enemigos poderosos en plena guerra fría: ante todo los EEUU, pues el gobierno de Richard Nixon, (1969-1974), asesorado por Henry Kissinger, su Secretario de Estado, y contando con las acciones desestabilizadoras de la CIA, no estuvo dispuesto a permitir una segunda Cuba (incluso se buscó comprometer a los militares anticomunistas brasileños y argentinos); los empresarios hicieron lo suyo para boicotear la economía, incluyendo los paros patronales; sectores de las clases medias acomodadas imaginaban riesgos; los medios de comunicación bombardeaban con su propia labor opositora; y entre los militares incubaba la conspiración definitiva. El sector militar más pervertido por el macartismo dio el golpe final y el 11 de septiembre de 1973 acabó con el gobierno socialista y con toda democracia, imponiendo la dictadura terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990).

Años más tarde, el derrumbe del socialismo real iniciado en la URSS, junto con las reformas en la República Popular China (RPCh) y, sobre todo, las que introdujo Cuba a raíz del “período especial”, permitieron comprender mejor que la vía al socialismo puede tener diversas condiciones y caminos, en los que no se descarta la democracia representativa. Ha quedado claro que la estatización total de los medios de producción no es necesariamente inmediata ni forzosa. Incluso V.I. Lenin lo advirtió, al acudir a la Nueva Economía Política (NEP, 1921-1928), bajo la cual en Rusia tuvieron que revivir formas de propiedad privada, un proceso que igualmente merece estudiarse con rigor. En la actual RPCh hay un evidente sector privado y “capitalista” (hay multimillonarios chinos), pero el Estado no ha renunciado al control de la economía, proclama al marxismo como guía, pero asume la construcción de la nueva sociedad como un proceso de más largo plazo, bajo la fórmula de la “vía China al socialismo de mercado”.

Hoy, la vía al socialismo en América Latina está en discusión. La izquierda no es únicamente marxista, sino variada. El progresismo latinoamericano, como nueva tendencia en el siglo XXI, demostró las virtualidades de una economía social de transición, pero igualmente sus propios límites. Nadie puede atribuirse la verdad revolucionaria. Porque si algo debe asimilarse de la experiencia histórica, es que el socialismo constituye un proceso en construcción desde nuestro presente, bajo las particularidades y experiencias diarias de cada país, ya que no es posible reproducir las vías y modelos que han ejercitado otras sociedades.

Pichincha Comunicaciones

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/10/el-socialismo-en-la-experiencia-latinoamericana-por-juan-j-paz-y-mino-cepeda/

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Regreso al pasado: a favor de los virus

Regreso al pasado: a favor de los virus

Salvador López Arnal

Un matiz (que suele ser concepto): no a favor de todos los virus, a favor de los fagos, de los bacteriófagos, unos virus descubiertos a principios del siglo XX por Frederick Twort y Félix d’Herelle (este último fue el inventor del nombre), utilizados entonces con éxito en el tratamiento de infecciones en humanos. Sin embargo, tras esa época inicial, fueron arrinconados y “su uso y estudio quedó restringido a los países de Europa del Este debido al descubrimiento y posterior edad dorada de los antibióticos”. Varios grupos de investigación de estos países continuaron con esta línea de trabajo debido, básicamente, a la baja disponibilidad de antibióticos y a su alto precio (Las autoras señalan que la mayoría de estas investigaciones mostraron resultados positivos aunque no seguían los criterios (¿nuestros criterios actuales?) “para una buena cuantificación clínica y carecían de grupos de control a los que no se les suministrase el tratamiento”).

La estructura de este buen y breve libro de divulgación científica: Introducción. 1. El micromundo que nos rodea (recordemos que fue en 1876 cuando Robert Koch, el descubridor de las bacterias causantes del cólera, la tuberculosis y el carbunco, empezó a estudiar ese mundo)  y las bacterias patógenas que se esconden en él (en 1928, Fleming realizó uno de los mayores descubrimientos del siglo, el primer antibiótico natural descubierto, la penicilina, por el hongo Penicillium notatum que producía la sustancia). 2. Los bacteriófagos: qué son y dónde están. 3. Un amplio abanico de aplicaciones. 4. Aislamiento y selección de fagos con potencial terapéutico. 5. Avances en la producción de bacteriófagos. 6. Requerimientos legales para el uso de bacteriófagos. Glosario. Bibliografía. No hay índice analítico-nominal, aunque no es necesario en este caso.

La principal virtud del libro: útil, muy útil, para personas no puestas (el firmante por ejemplo) que quieran informarse sobre el papel y los avatares de estos virus.

Un apunte sobre las autoras: Lucía Fernández es investigadora posdoctoral en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), instituto público que no ha caído en la ola privatizadora que nos invadió; Diana Gutiérrez es investigadora en el laboratorio de Biotecnología Aplicada de la Universidad de Gante; Ana Rodríguez es también investigadora del IPLA y coordina el grupo de investigación Fermentos Lácticos y Bioconservación; Pilar García es científica titular del IPLA. Sus ámbitos de investigación: estudio de los fagos y las endolisinas como armas frente a enfermedades infecciosas; nuevas estrategias basadas en los fagos para combatir enfermedades bacterianas; los fagos como herramientas para el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos aplicables en terapia humana y en seguridad alimentaria. Etc. Los fagos como elemento decisivo.

Unas breves notas que aspiran a justificar la recomendación de la lectura del libro:

1. Una definición para situarnos: Los bacteriófagos (o fagos) son los virus de las bacterias. Al igual que el resto de los virus, señalan las autoras, “tienen una estructura relativamente simple ya que están formados por proteínas y ácidos nucleidos”. Son parásitos intracelulares, necesitan infectar una célula (una bacteria en su caso) para multiplicarse”. Los fagos, pues, infectan bacterias, mientras que “los virus que ocasionan enfermedades en humanos (virus de la gripe, hepatitis o sida), en animales (virus de la rabia) o en plantas (virus del mosaico del tomate), necesitan una célula eucoriota (animal o vegetal) para multiplicarse” (p. 33). A pesar de esta similitud (en su estructura y en el modo modo de desarrollo entre los fagos y otros virus, “no comparten la capacidad de infectar indistintamente a unos y otros tipos de organismos debido a su alta especificidad”. Los fagos, asunto determinante, “no pueden infectar células de humanos ni de animales o plantas. Es imposible que causen ningún daño a los seres vivos”. Este hecho, señalan las autoras, es de vital importancia para evaluar la seguridad de los bacteriófagos en determinadas aplicaciones.

2. El problema de fondo: La diversidad del mundo microbiano en los diferentes ambientes que nos rodean incluye microorganismos beneficiosos y otros causantes de enfermedades. Las bacterias beneficiosas son las responsables, por ejemplo, “de la fermentación de algunos alimentos y también las que habitan en nuestro tracto gastrointestinal, en nuestro sistema respiratorio o en nuestra piel” (p. 5). Por su parte, las patógenas tienen especial relevancia debido a su capacidad de “producir infecciones en humanos y animales, algunas de las cuales pueden llegar a provocar la muerte”. Pero recientemente, el tratamiento de estas infecciones se ha convertido en un serio problema “debido a la ineficacia de la mayor parte de los antibióticos utilizados en clínica y veterinaria”. La resistencia puede deberse a una mutación del material genético del microorganismo y transmitirse a las bacterias descendientes (la llaman transferencia vertical) o proceder de la incorporación de otras bacterias de la misma u otra especie (transferencia horizontal). Dicha resistencia, todos hemos oído hablar de ella, “se ha visto incrementada por el uso incorrecto de los antibióticos, así como por su inclusión durante un largo tiempo en el pienso de los animales de granja para facilitar su engorde”, una de las nefastas prácticas de la ganadería industrial (a lo que hay que añadir “los numerosos tratamientos que estos animales reciben a lo largo de su vida para combatir infecciones”). Consecuencia: hemos llegado a una situación en la que “el porcentaje de bacterias resistentes es tan elevado que el tratamiento con antibióticos no permite en muchos casos la eliminación de la infección”.

3. Las autoras señalan que el problema es de tal magnitud que informes recientes hablan de la muerte anual de 33.000 personas en la UE y de unas 700.000 en el mundo como consecuencia de infecciones bacterianas que en el pasado podían superarse con los usuales tratamientos antibióticos.

4. En este contexto de resistencia, de multirresistencia a los antibióticos, una de las posibles alternativas es la que se está llevando “a cabo con una intensa investigación científica sobre los fagos”, que recordemos son virus que infectan bacterias siendo totalmente inocuos, remarcan las autoras, para la humanidad, para las plantas, para los animales y, en general, para el medioambiente. Su morfología, añaden, junto con su particular forma de multiplicación, diversidad y abundancia, “los convierten en microorganismos interesantes por sus aplicaciones biotecnológicas y por el papel que juegan en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas naturales”.

5. A día de hoy, en el sector hospitalario, los fagos pueden ser utilizados tanto para prevenir como para tratar infecciones en humanos (se le llama terapia fágica). Su aplicación es habitual en Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas (en Georgia, por ejemplo), también en Polonia. En los países occidentales, el tratamiento de infecciones con fagos queda restringido a paciencias individuales, y solo como uso compasivo (en Francia y Bélgica por ejemplo), es decir, “cuando no existen otras posibilidades para salvar la vida del paciente o simplemente para aliviar su sufrimiento”. A pesar de una falta de regulación clara en la mayoría de países de la UE, se están llevando a cabo ensayos clínicos en diferentes países con resultados prometedores.

Hay mucho más para contar, leer y comentar, incluidas propuestas de política de la ciencia, industrial y comercial.

La consideración central de las autoras: “queremos resaltar la clara necesidad de nuevas alternativas a los antimicrobianos actuales, lo que nos hace pensar que los bacteriófagos pueden tener un papel relevante en un futuro cercano, pero para ello es imprescindible el apoyo a esta línea de investigación”, una línea de la que las autores forman parte.

Fuente: El Viejo Topo, septiembre de 2020.

Autor: Salvador López Arnal

 

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La educación nos hace mejores

La educación nos hace mejores

Agustín Moreno

Acabo de ver Uno para todos, una película de David Ilundain -director de Bárcenas-, protagonizada por David Verdaguer. Se basa en una historia real: un maestro interino es destinado a la escuela pública de un pueblo que no conoce, donde será tutor de una clase de sexto de primaria y tendrá que gestionar la reincorporación al aula de un alumno enfermo de leucemia y las relaciones dentro del grupo. De aquella experiencia nació el “Proyecto Guillén”, que buscaba mantener el contacto emocional entre un alumno ausente y sus compañeros a través de un blog con los contenidos que se impartían en clase y que se grababan en vídeo. Esta situación puede parecer un caso singular, pero no lo es ya que en España, por ejemplo, se diagnostican 1.400 cánceres infantiles al año. Quizá por reflejar un hecho real y por el buen trabajo del director y los actores, la película es verosímil y logra conmover al espectador sin tirar de recursos fáciles.

Aunque la historia principal se produce en torno a Carlos, el niño enfermo, la película es, al tiempo, un homenaje al profesorado interino. A esos profesionales marcados por la inseguridad, por la angustia de tener que aprobar las oposiciones, por la incertidumbre de ser llamados o no para poder trabajar, por el temor de la vuelta del profesor titular. Ese profesorado empieza cada curso en un centro o localidad diferente a la que se llega con una maleta cargada de libros y, a veces, de tabaco para soportar la soledad. Son personas que se mueven en ese difícil equilibrio entre el intento de no comprometerse afectivamente con algo que es efímero y los enamoramientos y amores imposibles. Pero combinan una fértil mezcla de entusiasmo, capacidad de adaptación y supervivencia, empatía y amor a la escuela.

Aleix es muy creíble porque no es el profe superguay, sino un profesor normal, que tiene recursos como aprenderse el nombre de sus alumnos desde el minuto uno y controlar bien la clase. Que les ayuda a pensar, les hace trabajar en equipo y va mejorando el espacio físico del aula. Pero es también una persona con sus problemas familiares, con un pasado laboral de precariedad, sus miedos a no saber gestionar el conflicto y su necesidad de encontrar afecto. 

El buen cine educativo no abunda en España. Es aquel que plantea la aventura de educar a partir de una situación escolar concreta y que desarrolla el juego de relaciones y emociones entre un grupo de alumnos muy diversos en un contexto determinado. Ilundain huye de ese tipo de cine que convierte a los profesores (generalmente hombres, aunque sea una profesión muy feminizada) en superhéroes que con una guitarra o siendo más macarras que los alumnos malotes se hacen con la clase. Se inserta más en la excelente tradición francesa de cine sobre educación que nos ha dejado joyas como Hoy empieza todo, Ser y tener, La clase o Los chicos del coro.

Es una película necesaria porque plantea que hay que repensar cómo educamos y la importancia de centrarnos en lo esencial (en este caso, en un conflicto que bloquea la clase). Y es más necesaria aún en estos raros tiempos de pandemia. Tiempos en los que no se garantiza la seguridad ni la presencialidad; en los que las familias se ven obligadas a elegir entre educación y seguridad, ante la caótica organización de vuelta a la escuela. Los poderes públicos tienen la obligación de intentar conseguir la máxima seguridad posible. Para ello hay que invertir lo que sea preciso. Y aunque el Gobierno central ha puesto 2.000 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, no es una cifra suficiente y hay que recordar que todavía se deben 9.000 millones a la educación por los recortes de la etapa Rajoy. También le ha faltado valentía del Gobierno central para fijar una ratio máxima que obligase a organizar espacios, desdoblar grupos y contratar a profesorado interino –como Aleix-, algo que han hecho masivamente países como Italia.

La película habla del uso de la tecnología (vídeojuegos) para trabajar en común, crear cohesión e integrar al alumno que no puede asistir a clase por estar hospitalizado. Pero la película nos recuerda algo mucho más importante: no hay educación sin afecto. Del profesor hacia su alumnado, del alumnado entre sí, superando los graves problemas de convivencia existentes que vuelven aflorar como todo lo que no se trata y cura. Es irrenunciable la presencialidad, porque sin afecto el proceso de educación-aprendizaje no funciona de forma óptima y porque con la educación online un tercio del alumnado se descuelga y aumentan las desigualdades educativas y sociales.

Como decía Dantón, la educación siempre debe ser lo primero. Porque se educa fundamentalmente para ser personas. Porque su finalidad es esa: acompañar a los niños y niñas y a la juventud en su proceso de convertirse en individuos formados, informados y comprometidos con la mejora de su sociedad. Porque les ayuda a crecer, a superar etapas en su desarrollo emocional y moral. Y, efectivamente, un profesor puede cambiarte la vida y un alumno también. Porque la escuela puede ser el lugar donde nacen los sueños, donde se aprende a convivir y donde se desarrollan los valores humanos.

 

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder.

Autor: Agustín Moreno

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-educacion-nos-hace-mejores/

 

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Venezuela: Políticas públicas educativas y constitución del sujeto político

Políticas públicas educativas y constitución del sujeto político[1]

Public educational policies and constitution of the political subject

Alixon Reyes

alixdavid79@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9857-0930

Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile.

[1]Ensayo científico. Investigación postdoctoral(Postdoctorado en Políticas Públicas y Educación, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela).

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las implicaciones de dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas educativas en el proceso de constitución del sujeto político. Así, se consideran el modelo Top Down y el modelo Bottom Up, como dinámicas distintas, pero centrales en la visión de la participación ciudadana en la política pública. El referente teórico-epistémico empleado es el del papel formador del Estado en Antonio Gramsci. La conclusión más destacable de este trabajo es que, siendo la participación ciudadana el eje de pivot en el constructo de políticas públicas educativas, los procesos de subjetivación política tendientes a la autorregulación, la autonomía y la formación de una ciudadanía crítica, se presentarán como resultados primarios en ese contexto.

Palabras clave: políticas públicas educativas, participación ciudadana, sujeto político, subjetivación política, Estado.

Abstract

The objective of this work is to reflect on the implications of two models of elaboration and implementation of educational public policies in the process of constituting the political subject. Thus, the Top Down model and the Bottom Up model are considered as different but central dynamics in the vision of citizen participation in public policy. The theoretical-epistemic reference used is that of the formative role of the State in Antonio Gramsci. The most remarkable conclusion of this work is that, since citizen participation is the pivot axis in the construction of public policies in education, the processes of political subjectivation aimed at self-regulation, autonomy and the formation of critical citizenship, will be presented as primary results in that context.

Key words: educational public policies, citizen participation, political subject, political subjectivation, State.

Introducción

Quien realmente vive no puede no ser ciudadano…

Antonio Gramsci

 

En América Latina (…) la cuestión más apremiante

es la constitución de sujetos políticos.

Si el análisis de la pérdida de identidades colectivas

en nuestras sociedades es correcto,

lo que se impone como tarea primordial

es la reflexión sobre la desarticulación y la rearticulación de los sujetos.

Norbert Lechner

 

Gramsci (1967, 1984, 2010) habla del papel formador del Estado, es decir, si contextualizamos, la pregunta sería cómo puede entenderse la responsabilidad del Estado en la generación de condiciones para la formación de la población en asuntos tan sensibles como: educación, ciudadanía crítica, democracia, organización, participación política, contraloría social, entre otros. Se trata de un tema relacional complejo, dado que podríamos estar hablando de un Estado cooptado por una lógica de mercado (Van Treek y Arévalo, 2015), o de un Estado que emerge del contrato social asumido consustanciado con las necesidades y realidades de una población. Así, nos enfrentamos a dos ideas de ciudadanía. Una, que sirve a los intereses de la lógica del Estado burgués, definida por Capella (1993), como la ciudadanía de los siervos, por tanto, una ciudadanía cooptada y en consecuencia, despolitizada; o aquella otra idea de ciudadanía crítica, que emerge de un tejido de relaciones sociales transversalizadas por el ejercicio cotidiano, crítico y compartido de un proyecto colectivo que avanza en/hacia la construcción de una estructura democrática, participativa, protagónica y emancipatoria (Osorio, 2016).

Los procesos de transformación sociopolítica gestados en América Latina (en adelante AL) ya entrado el siglo XXI, impelen a comprender el papel del Estado en tal sentido, habida cuenta que se trata de un ejercicio permanente y en continua evolución.

Tras más de 40 años de posturas neoliberales, AL inició el siglo XXI delineando modelos políticos pensados en el asentamiento de bases para superar la crisis y el déficit de participación ciudadana que se tenía en el marco de lo que se denominaba y aún se reconoce como democracia representativa (Gaudichaud, Webber y Modonesi, 2019; Lizcano-Fernández, 2012). Pero, al plantear nuevos correlatos en la disputa de los escenarios simbólicos y aún de las realidades concretas en el marco de una lógica binaria como lo representa la democracia representativa versus la idea de la participación ciudadana, se está hablando de protagonismo popular, de una posibilidad para la emergencia de procesos tendientes al empoderamiento del pueblo y al tiempo que corre, de la constitución del sujeto político que va desde el contexto individual, al contexto colectivo (Martínez, 2016), dejando claro a qué tipo de ciudadanía se refiere.

Para lograr tal cosa el Estado tiene que asumir una función pedagógica si lo miramos desde los aportes del filósofo-político italiano, más aún cuando se comprende en el terreno del derecho público y constitucional. Y puede que acá vuelva la idea: ¿cuál Estado?, ¿uno cooptado?, ¿uno que emerge del contrato social blindado por la armonía entre sus diferentes constituyentes? La respuesta a estas preguntas (así como aquella que planteara Lechner (2006) en torno al origen y la constitución del Estado en AL), ha de ser determinante dado que la orientación del Estado inclinaría la balanza hacia la demarcación de procesos destinados a atender la subjetivación política, que existe, se quiera o no, ya sea, hacia una despolitización, o hacia la repolitización del sujeto y del sujeto colectivo (Capella, 1993; Lechner, 2006; Van Treek y Arévalo, 2015).

Así, vale destacar que Gramsci (1970) hablaría específicamente de la generación y concreción de procesos orgánicos de formación de las clases obreras y campesinas con la idea de contrarrestar el trabajo de domesticación e ideologización del sistema educativo burgués en relación con procesos de homogeneización cultural y despolitización. Por supuesto, el Estado actual debe entender que no se trata solo de la clase obrera y los campesinos, sino que ello también implica a los estudiantes, a los jóvenes no institucionalizados, a los privados de libertad, a las mujeres, en fin, se trata de toda la población en general. Esto implica partir, a su vez, de un elemento primordial: del hacer. De allí que el mismo Gramsci incorporase una nueva categoría y hablase de la conciencia del hacer, comentando sobre Marx y Antonio Labriola. Esa conciencia del hacer está fundamentada en un texto de Marx (1980) titulado Manuscritos: Economía y Filosofía (mejor conocido como los Manuscritos de París) que fue publicado en 1845.

Para Gramsci, la praxis tiene que ver con prácticas cotidianas de la vida [planteamientos que se encuentran en los textos más importantes e influyentes del escritor italiano: Introducción a laFilosofía de la praxis (1970), Cuadernos de la Cárcel (1981); Cartas desde la Cárcel (2010)], y en De Certeau (1997). Las prácticas cotidianas de la vida están asociadas a la experiencia vivida (De Stefani, 2006), o quizá como lo define Larrosa (2009) al pensar la categoría experiencia, esto es, eso que me pasa, que te pasa, que nos pasa; diría Hermoso (2016), que la praxis implica un encuentro nutritivo entre la realidad que hay que cambiar y la teoría que va emergiendo en el fragor de la transformación.

Así las cosas, el presente trabajo tiene como propósito reflexionar sobre las implicaciones de dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas en el proceso de la constitución del sujeto político, lo que se traduce en una ciudadanía crítica, como estadio de mayor consolidación de la política pública y del papel formador del Estado, sin demeritar, por supuesto, las evidencias métricas como indicador de logro para el éxito de la política pública. No obstante, no es este último el centro de atención en este ensayo.

Este trabajo analiza dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas como son el modelo Top Down y el modelo Bottom Up. Para ello se ha adoptado la propuesta de Gramsci tributante al papel formador del Estado en el marco de la ciudadanía como proyecto colectivo enmarcado en un Estado de derecho (Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 2004). Así, se vincula la propuesta de Gramsci con la lógica de las conformaciones de ciudadanía crítica y la subjetividad política desde las políticas públicas en educación.

Desarrollo

Ahora bien, dado que hablamos, entre otras cosas, de educación, tenemos que, si esta ha de tener vinculación e impacto en todo lo que hacemos, entonces es vital que se genere una conciencia del hacer, tal y como sostiene Gramsci. Esto, a su vez, enciende las alarmas en tanto pudiera hacer pensar que la teoría de la actividad[1] es la que impera para explicar el fenómeno. Pero, queremos advertir que no es precisamente a la teoría de la actividad a la que nos referimos cuando de educación hablamos, sino a la conciencia del hacer, que, en Marx (1980), se vincula con otras categorías como conciencia de clase, falsa conciencia, ideología, entre otros. No se plantea un enfoque de la educación como actividad, porque se está asociando mucho más con la experiencia vital y con un sistema de relaciones. Así las cosas, la constitución de un sujeto político es lo que se desprende del planteamiento gramsciano al hablar del papel formador del Estado y de la conciencia del hacer.

¿A qué nos referimos al hablar del sujeto político?, pues, más allá de la declaración de muerte del sujeto político (Mouffe, 1999), e incluso de la proclamación del fin de la historia (Fukuyama, 1992), y de eventos[2] que en ALpodrían convocar a reconsiderar tales profecías necrofílicas, es básico comprender que el ser humano no puede ser abstraído del ethos común, de la polis.Homo sum, humani nihil a me alienum puto(‘Soy un hombre, nada humano me es ajeno’), habría dicho Publio Terencio[3].

El sujeto político tiene que ver con la idea de una ciudadanía generada en la praxis social, practicada y trasladada en lo experiencial a un colectivo en su cotidianidad. Entonces, la constitución de una subjetividad política se consolida y justifica en la necesidad de superar la enajenación humana, por la necesidad de producir una transformación social, de empoderar al sujeto en función de procesos de autorregulación y concienciación, del reposicionamiento de la política como práctica y como proyecto colectivo, y finalmente, en la necesidad de concretar la participación democrática, abierta y protagónica de la población (Sánchez-Pilonieta, et al, 2009). Así, el sujeto político es aquel consciente de lo colectivo que se vierte en un marco de horizonte y proyecto social, en acciones comprometidas con propósitos comunes empoderándose y desarrollando prácticas reflexivas que emergen del contexto social explícito. La participación protagónica va mucho más allá de la expresión de la voluntad popular en coyunturas como los procesos electorales (siendo esta última la constante en el concepto de la democracia representativa), y asciende a la inserción orgánica de la población organizada en la médula de la estructura social con activación para la emergencia de cambios estructurales (Reyes, 2017).

Pero, ¿cómo puede el Estado ejercer su papel formador con la proyección de la constitución del sujeto político desde el contexto de las políticas públicas? Aunque la respuesta vendría a ser provisoria, creemos que esto puede generarse a través de modelos y diseños de políticas públicas que hagan de la participación ciudadana su leitmotiv y que inician desde las relaciones cotidianas en el contexto escolar (consejos de padres y representantes, circuitos educativos, distritos educativos, etc.) hasta llegar a la enunciación y diseño de políticas públicas, legislación, entre otros. Si estamos hablando de la correlación entre políticas públicas y la constitución del sujeto político, es básico traer a colación nuestro planteamiento a desarrollo: pensar en la generación de condiciones para que el pueblo sea formado, implica que, este mismo, además de ser consultado en temas de interés público, sea necesariamente incluido en instancias de participación, debate, construcción, gestión, evaluación y evolución de la política pública (Reyes, 2017).

La participación nominal (“como si”), no es suficiente, sino que debe darse un paso más decisorio y formar al pueblo para que sea este, en conjunto con todas las fuerzas vivas del Estado (de la que es un pleno constituyente) quien genere y concrete los esfuerzos necesarios para el desarrollo de los planes de Estado. No se trata de construir política pública para el pueblo, sino de hacerlo con el pueblo, junto al pueblo (opcit). De lo que se trata, en un contexto gramsciano, es de la formación popular y de la generación de conciencia en el hacer. Según Castillo-Retamal et al. (2020), “la participación ciudadana en la gestión de las PP[4]no es un enfoque nuevo en el campo de la ciencia política, pero ha tomado mayor relevancia en las últimas décadas a raíz de la crisis de representatividad de los sistemas políticos formales” (p. 483).

Si bien es cierto la participación ciudadana en el contexto de la política pública no es un enfoque nuevo, no es menos cierto que esa participación, implica una imbricación mucho más orgánica que la mera representatividad. Esto tiene implicaciones a nivel de la subjetivación política puesto que implica un proceso de empoderamiento y ejercicio democrático importante.Un liderazgo que apunte al verdadero desarrollo común, atiende las premisas de la formación de todos, para todos, con todos y entre todos. Ya lo planteaba Freire (1970) al considerar la relación de los opresores y los oprimidos. Un líder que pretende el desarrollo común, no jefatura, sino que impulsa; no dirige, sino que orienta; no impone, sino que dialoga. Y, en ese sentido, el pueblo tiene que ser actor principal y protagónico en las decisiones que le atañen y le impactan.

Si el pueblo solo es consultado, no deja de ser (la consulta) un mecanismo político de control, una forma política de control. Pero si el pueblo dialoga participando, si la gente construye, entonces podrá desarrollar capacidades que le permitirán autoreferenciarse, autogestionar, así se convierte en un actor principal, deja de ser pensado como recipiendario tradicional y como simple beneficiario del Estado o de algún otro sector, y se evidencia lo que planteara Foucault (1982), un proceso de formación de sí, formación de ciudadanía. Lo que se busca es generar un proceso de formación popular que conduzca a la emancipación, al empoderamiento real. A eso se le conoce como ese proceso de constitución del sujeto político, y ya no de tutelaje, subordinación o dependencia. Es, en palabras de Martínez (2016), el paso de constitución del sujeto político individual, al sujeto político colectivo.

Ahora bien, ¿cómo encarnar en el tejido ciudadano y en el ejercicio político, el involucramiento para que esta simbiosis sea un hecho concreto? En primer lugar, debe generarse un vínculo entre lo que es el empoderamiento popular con el papel formador del Estado, según Gramsci (1967, 1970, 1984).

Maquiavelo (1999)[5], propone el uso del poder como mecanismo de regulación, reproducción y control. Así, pasamos por Bacon (1988), quien supone el conocimiento como expresión de poder en las sociedades contemporáneas.En tal sentido, nuestro interés pasa por considerar el planteamiento gramsciano en torno al papel formador del Estado en el ámbito de las políticas públicas, pero de un Estado basado en el pensamiento de Simón Rodríguez, quien rescata la idea de la revolución francesa y del pensamiento de Rousseau con el contrato social, y que luego destaca Luis Beltrán Prieto Figueroa (Prieto, 2006; Rodríguez, 1990). Así las cosas,el Estado se constituye a partir de la articulación de cinco elementos imprescindibles, a saber, pueblo, territorio, leyes, gobierno, instituciones. Es decir, en ese escenario hablamos de Estado en los términos de un contrato social que asumen todos los actores fundamentales. En consecuencia, vale destacar a las políticas públicas como expresión y construcción colectiva, incluso para el ejercicio de la formación. Esto es, si las políticas públicas nacen en el contexto de las necesidades sociales, es desde allí desde donde deben emerger. Notemos entonces, que, la participación ciudadana es angular en la generación de políticas públicas (López, 2013), más no desdela participación nominal, sino desde la participación protagónica, porque eso es lo que permite el ejercicio formativo, la toma de conciencia, la adquisición de habilidades técnico-políticas, poder contralor para regular, para evaluar, reconducir, en suma, para incidir (Reyes, 2017).

En torno al tema de la participación ciudadana en el contexto de construcción y diseño de políticas públicas educativas, Luna (2009), afirma que:

  • Los movimientos ciudadanos tienen la capacidad de incidir tanto en el Estado cuanto en la Sociedad;
  • La ciudadanía dotada de agenda y mediante estrategias de incidencia tiene capacidad efectiva de posicionar tesis y políticas;
  • La acción de incidencia de la ciudadanía ha contado con la adhesión y apoyo de los medios de comunicación;
  • La ciudadanía ayuda a la construcción y sostenimiento de políticas públicas…
  • La independencia del movimiento ciudadano, de los gobiernos y de los partidos políticos, es un elemento clave…
  • Papel relevante de la persistencia y de profesionalización del núcleo central del movimiento…
  • La acción ciudadana no puede ni debe reemplazar las responsabilidades del Estado (p. 53).

El ámbito técnico de las políticas públicas reconoce dos de los modelos más empleados en dicho contexto, esto es, el modelo Top Down, que implica una construcción vertical y consiste en la generación de políticas públicas por parte de la alta gerencia política conductora de las instituciones gubernamentales bajando hasta los niveles técnicos. Esto es, tiene que ver con una administración centralizada que impone sus decisiones a las administraciones locales, a las comunidades, etc. (Ramírez, 2011). Algunos otros sostienen que la verdadera esencia de este enfoque responde a una direccionalidad ‘arriba-abajo’, esto es, partiendo de la decisoria política hasta llegar a la decisoria técnica (Binder, 2008), con lo que se restringe de alguna forma la participación de quienes serían beneficiarios en todo caso. De acuerdo con Diez, Gutiérrez y Pazzi (2013), las políticas públicas orientadas bajo el enfoque Top Down, se plantean:

Concebidas e instrumentadas “desde arriba”: esto se debe a que son diseñadas por técnicos y burócratas en oficinas ministeriales, en base (sic) planteos teóricos e información secundaria, pero sin un involucramiento real con las problemáticas propias del terreno en el cual han de ser ejecutadas (p. 201).

El modelo Top Down conduce procesos de subjetivación política que, podrían ser proclives a estandarización de procesos, homogenización de programas focales, desafección de la ciudadanía en torno al desarrollo de planes y programas en función de temas tan centrales en los sistemas democráticos como el empoderamiento, la autorregulación, la organización popular, la movilización social, entre otros. Además, si bien es cierto que técnicamente se muestra blindado, dado el nivel académico-técnico de las distintas comisiones involucradas, no es menos cierto que su verticalidad, implica el trato con la ciudadanía a nivel de otorgante-recipiendario, y muy a pesar del alto nivel técnico de sus operantes, este tipo de verticalidad produce desconocimiento de las realidades sociales. Un ejemplo de ello: el ahora ex ministro de salud chileno, Jaime Mañalich, sostuvo frente a cámaras de televisión (siendo aún ministro) lo que sigue: “Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad” (T13, sec. 1/1; p. 6).

Una relación vertical siempre es desigual, y esto es importante en términos de la configuración y la subjetivación política (Echandía,Díaz y Vommaro, 2014), dado que se entiende a la población, esto es, los ciudadanos en organización, como constituyente del Estado, del que, el gobierno de turno, es un constituyente, ni más ni mejor que algún otro de los constituyentes del Estado.

Las relaciones desiguales en los Estados nacionales vienen siendo fruto de una lógica en la que el mismo Estado ha sido minimizado por factores de poder que controlan otros poderes en el mismo Estado, esto es, una cooptación del mercado a los poderes del Estado y la subordinación de este último a los intereses de quien termina detentando el poder real y que se hace concreto a través de las instituciones del mismo Estado (Acuña, 2007). Acá emergen conceptos del Estado ausente, del Estado mínimo (Oszlak, 2003). Cuando este tipo de relaciones verticales determinan los contextos de elaboración e implementación de las políticas públicas, termina concretándose lo que, Dos Santos (2002), Dussel (1973), y Marini (1991), denominan la teoría de la dependencia. Esto se problematiza cuando hablamos de políticas públicas sociales, y más aún, educativas, en tanto tienen que ver con el sistema formal de educación en un país, pero también con mecanismos y dispositivos de difusión masiva como son los medios de comunicación.

Movimientos sociales se han pronunciado de forma contundente, no quieren seguir siendo objetos de la política pública, quieren ser sujetos de la política pública (Cubides, 2014). Allí, la reforma de Córdoba, el mayo francés. Un caso reciente se evidenciaen Chile. Mucho se habla de octubre de 2019 como que si los levantamientos de la fecha se produjeron por el aumento de 30 pesos chilenos en el precio del pasaje en el metro de Santiago. Sin justificar la violencia de parte de cierto grupo de manifestantes y de una parte de las fuerzas de seguridad del Estado, se evidencia que la sociedad chilena opina diferente. 83,6% de la población encuestada por la Consultora ActivaResearch, manifestó estar de acuerdo con las manifestaciones sociales (ActivaResearch, 2019), y los encuestados esgrimen que las razones de esas movilizaciones están más asociadasa temas como: sueldos precarios de los trabajadores, costo de servicios básicos, sistema de pensiones, desigualdad económica en Chile, y no precisamente con el aumento de 30 pesos. Y es que, a pesar de que el presiente Sebastián Piñera hubiese dicho que Chile era un oasis en AL (La Tercera, 2019), ya el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2017), venía alertando sobre los niveles de desigualdad en la sociedad chilena. Muchos dicen que no se veía venir lo que sucedió, al igual que opinan como el ex ministro Mañalich, pero los hechos están ahí, al igual que las evidencias, en un país que, si bien es cierto regresó a la democracia después de la dictadura de Pinochet, sigue siendo mediatizado por una constitución generada en connivencia por la dictadura militar y un sector del mercado(Pinol, 2015; Vergara, 2007).

Hay un segundo modelo de elaboración e implementación de política pública reconocido como Bottom Up, que implica una dinámica de construcción ‘abajo-arriba’, partiendo de las necesidades reales de las comunidades en cuestión con el acompañamiento de técnicos y especialistas en las áreas o dimensiones a atender, aunado a la construcción colectiva en acción conjunta con los niveles políticos respectivos (Fernández, 1996). En Diez, Gutiérrez y Pazzi (2013) se plantea que,desde esta perspectiva, las políticas públicas “presentan una perspectiva ‘desde abajo’; ya que incorporan en todo el proceso a los actores del territorio, de tal forma que los mismos se transforman en sujetos creadores de la política pública y simultáneamente en objeto de la misma” (p. 201). Este ejercicio en el que se genera una participación ciudadana crítica en todas las instancias de la política pública, partiendo de procesos diagnósticos, elaboración, gestión ejecutiva, contraloría y evaluación para la evolución y el rediseño, genera adherencias a proyectos comunes (Castillo-Retamal et al., 2020). Este segundo modelo está permeado por una lógica de construcción colectiva que permite la participación ciudadana, el aprender haciendo, la conciencia reflexiva y crítica de los procesos, el empoderamiento, la emergencia de procesos de subjetivación política y el papel del Estado en la formación popular. El proceso de enajenación sociocultural y político que vivimos en los países latinoamericanos partiendo desde la década de los 60’s, ha dado como una verdad absoluta el hecho de que el pueblo no sea reconocido como constituyente del Estado, sino como un ente ex, o sea, fuera de… Así, al parecer, el Estado es una cosa y el pueblo, otra. Y en eso juega mucho la difuminación de fronteras conceptuales entre gobierno y Estado, y más aún cuando en AL, ambas cosas terminan fusionándose de forma lamentable en lo real concreto.

Entonces, para quien escribe, es sugerible que se implementen políticas públicas en educación que tengan que ver con la orientación Bottom Up, y que tributen a esos procesos de subjetivación política, de formación y organización popular, de desconcentración del poder y democratización del mismo, de formación de una conciencia crítica que tienda hacia la autorregulación, entre otros procesos. Finalmente, este tipo de diseños tiene a favor el desarrollo de saldos orgánicos asociados a procesos autonómicos de creación, proposición, ejecución, gestión y contraloría, a la organización popular, a la movilización.

Conclusiones

Las políticas públicas educativas son un campo de subjetivación política dado que, en el caso de una construcción colectiva, participativa y democrática en todas sus instancias, genera adherencia a un proyecto común como lo es la educación, más aún cuando la participación ciudadana implica una forma de generar comunicación, gobernabilidad y gestión del poder. De igual manera, el diseño de políticas públicas que no contemplan la participación ciudadana, más allá de la visión del beneficiario, también es generadora de procesos de subjetivación política, solo que esta vez, asociados a la despolitización.

La ciudadanía puede ser cooptada por una lógica que reproduzca un sistema de relaciones desiguales, y de ser así, la direccionalidad en la construcción de política pública remitirá a un proceso de despolitización de la sociedad, propio de la separación de clases y la profundización de brechas sociales. Por el contrario, la participación ciudadana en construcciones con un modelo emergente (Bottom Up), genera condiciones para el ejercicio de una ciudadanía crítica en tanto es proclive a la democratización de instancias de poder, genera condiciones para un reordenamiento de las estructuras sociales a fin de concretar horizontalidad y trabajo colaborativo.

La constitución del sujeto político es posible desde el campo de las políticas públicas educativas cuando la ciudadanía es involucrada desde los procesos diagnósticos, desde la conformación de equipos de trabajo, desde la misma enunciación de las políticas, y pasa a desarrollarse un proceso tal y como lo ha descrito Gramsci con respecto al papel formador del Estado, considerando además la lógica de Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, esto es, como un núcleo, como un todo imbricado y articulado entre los diferentes entes de la sociedad.

Un liderazgo real, auténtico, tributará a la participación ciudadana en todos los espacios posibles, no desde la jefatura, sino desde el tejido armónico que es capaz de generar y producir desde el convencimiento y el testimonio. Y, eso, en educación, está haciendo mucha falta.

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[1] Teoría de la Actividad. Proveniente de la escuela de AlekseiLeontiev, Lev Vygostki, VladymirDavydov, basa su planteamiento en la idea de la actividad como catalizadora de la mediación cultural.

[2] Una reconstitución del Estado como figura ante el prelado del mercado en las décadas de los 70’s a los inicios del siglo XXI, sumado ello al progresismo latinoamericano devenido a partir del año 2000 en adelante y en pugna aún tras un resurgimiento de sectores pro-mercado.

[3] Poeta y comediante romano entre siglos II y III d.C.

 

[4]PP: políticas públicas.

[5]El Príncipe. Originalmente publicado en 1532.

 

Autor: Alixon Reyes

Fuente de la Información: http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/1674/pdf

 

 

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