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Por: Tlachinollan

Para el maestro Arcángel Ramírez Perulero:

Demostraste en todo momento tu compromiso para representar los intereses legítimos del magisterio democrático. Mostrarte ese temple para mantener tus posturas independientes frente al poder. Abrazaste las causas que enarbolan los movimientos sociales en Guerrero. Siempre cercano a los 43 y dando la batalla para que la educación en Guerrero llegue a los lugares más recónditos del estado. Tu legado forma parte de las enseñanzas que ha dado la CETEG para hacer de la educación el motor de la transformación social.

Para las autoridades de México el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas sigue sin representar un día especial para reconocer a las familias que han entregado su vida para que haya justicia en México. Según las últimas cifras señaladas por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se tiene el registro de 73 mil 218 personas desaparecidas y de 3 mil 978 fosas clandestinas en donde han sido exhumados 6 mil 625 cuerpos, en un conteo que abarca desde el 2006 hasta julio de 2020. En Guerrero los casos de desaparición forzada nos remiten a la época sombría de la Guerra Sucia donde cientos de personas siguen desaparecidas, sin que las autoridades se hayan comprometido con esta causa, por el contrario, siguen siendo cómplices de los perpetradores.

Esas voces de dolor son los gritos de esperanza de un México adolorido. Este domingo fuimos testigos de las protestas y acciones de reivindicación por parte de madres, hermanas e hijas que desde diferente lugares y trincheras hicieron pública una realidad que nos lacera. Atoyac de Álvarez se ha transformado en el lugar emblemático de la rebeldía y la dignidad. Vimos a través de las redes sociales esa fuerza y ese gran amor de madres y abuelas que mostraban con orgullo y rabia las fotografías de sus seres queridos. Como hace más de 40 años los siguen nombrando. Su recuerdo sigue estando presente en sus vidas sin dejarse vencer por el olvido. A pesar de los años y de las edades el reclamo retumba en el país que desenmascara las tropelías de los gobiernos que violentan los derechos humanos. La figura señera de Tita Radilla siempre será un referente para la lucha nacional de las personas desaparecidas. Su tenacidad y perseverancia le ha permitido demostrar que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de su padre Rosendo Radilla. Su testimonio nos inspira e ilumina el camino de las mujeres y hombres que avanzamos para que se acabe esta forma de gobernar dándole la espalda a las víctimas, quienes son el verdadero motor de la transformación social.

Este mismo domingo por la tarde escuchamos también por redes sociales los testimonios de familiares de personas desaparecidas en la región de la montaña, que, desde el mes de octubre del año pasado, con la desaparición del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, se unieron a la lucha para exigir su presentación y se atrincheraron en el Colectivo Luciérnaga. Es muy ilustrativo el siguiente testimonio “soy una persona que está con la esperanza que un día aparezca mi esposo. Él desapareció el 7 de enero de 2019. Había mucha gente que se dio cuenta de lo que pasó. En esos días nadie decía nada. Todo empezó a salir poco después, pero en un principio nadie te dice nada por miedo. En mi caso sí lo busqué como tres meses con ayuda de amigos y familiares, pero no encontramos nada, después vine a Tlachinollan, en ese entonces todavía había miedo. Por eso en las búsquedas no decíamos que íbamos a buscar una persona, más bien que íbamos a ver unos terrenos para comprar. Inventábamos cualquier cosa.

A Arnulfo lo encontraron, pero la frustración de nosotras es que no buscaron a nuestro familiar como debería de ser. Ese es mi reclamo a la autoridad, porque vas al ministerio público, pero te ven como bicho raro, como diciendo qué haces acá. Yo muchas veces llegaba a pedir que me atendieran. Tengo un indicio de mi compañero, pero es la fecha que no me lo han podido entregar por varias cuestiones que ellos dicen que es difícil la identificación. Siento que está ahí. Tengo la esperanza de que está en un lugar donde fueron encontradas varias personas. Una persona me dijo que tratara de ver la ropa. Con sólo ir allá donde están todos los restos, al SEMEFO, ya es un avance. Para entrar es muy difícil y más para exigir y querer ver la ropa para que te la muestren. Te piden un oficio del MP, yo lo hice y lo volví a llevar, pero me decían que el papel estaba mal redactado y tenía que regresar otra vez. Es una desesperación horrible. Fue hasta la tercera ocasión que me dejaron ver la ropa. Vi unas prendas de mi esposo, pero hasta ahora estamos esperando y no hay respuesta. Es muy lamentable. En mi caso estoy desgastada económicamente, ahora tuve que ponerme a trabajar. Siempre he trabajado, pero de forma independiente. Yo manejaba mis horarios; sin embargo, en el trabajo que hoy tengo no puedo salir a la hora que sea. Ya se lo dejé todo en manos de Dios y me incorporé a este Colectivo porque para mí si hay una esperanza. Para mí hay la posibilidad de encontrarlo vivo o muerto. Más que nada por una niña que tengo. Por ella lucho y me conformo con solo llevarla y decirle: hija aquí está tu papá. Gracias a Tlachinollan, ha venido la Comisión Nacional de Búsqueda y con ellos hemos encontrado a otras personas. A lo mejor de que nunca he formado parte de un colectivo no sé cómo se hacen las cosas; sin embargo, aquí las compañeras me alientan para seguir adelante. Vivimos con la esperanza de que va a aparecer nuestro familiar vivo o muerto.”

En medio de esta grave crisis de derechos humanos donde las desapariciones de personas continúan consumándose, las autoridades federales tienen el enorme desafío de parar esta escalada de violencia y de contener esta embestida delincuencial, donde las mismas fuerzas del Estado forman parte del problema. Hace unos días fuimos testigos de un video que revela la ejecución extrajudicial de un civil a manos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el video se ve una persecución a una camioneta presuntamente del crimen organizado, emboscada por varios vehículos militares que no dejan de disparar a mansalva. Al encontrarse ya detenido el vehículo se puede ver a un civil -que al parecer se trataba de una víctima de secuestro- levantar su mano demostrando que está vivo y se oyen varios gritos diciendo “está vivo, está vivo”. En ese mismo momento, se escucha claramente como un miembro de las fuerzas armadas ordena que se le asesine diciendo “Mátalo, mátalo a la verga” y se logra ver como disparan al civil, quien queda inmóvil instantáneamente.

Estos cruentos hechos nos recuerdan casos como los de Tlatlaya, el Charco y la ejecución arbitraria del joven Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar, así como otros casos donde impera la impunidad militar. Reafirman la fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, ante la falta de controles efectivos para las fuerzas armadas y nos dejan pendiente, la necesidad de poner límites al ejército mexicano. Si bien reconocemos que la presencia del crimen organizado es uno de los principales retos que atender en México y que son los principales responsables de las aterradoras cifras de muertes y desapariciones, reiteramos que la estrategia de seguridad nunca debe ir en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Durante años hemos podido ser testigos de la actuación desmedida del ejército que, ante la falta de controles civiles y delimitación clara de sus facultades, se han convertido en uno de los principales responsables de las graves violaciones a derechos humanos, especialmente, en estados como Guerrero donde su presencia es latente. Esta semana se cumplen 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a México por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a manos de ejército mexicano en el 2002. En dichos fallos, el tribunal interamericano determinó que ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”.

A una década de estas paradigmáticas sentencias que han marcado un precedente para toda América Latina, sigue pendiente el cumplimiento de varios puntos fundamentales para el acceso a la justicia de las sobrevivientes, como las investigaciones y sanciones de todos los responsables. El 1° junio de 2018, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia en contra de dos elementos del ejército mexicano para el caso de Valentina Rosendo Cantú, donde los sentencia a 19 años de prisión. Este fallo es histórico porque es la primera resolución que cumple con el mandato del tribunal interamericano y se reconoce la tortura sexual. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, fue apelada por la defensa de los elementos militares y actualmente se encuentra pendiente un amparo, por lo que aún podría revertirse. Un hecho que sería imperdonable.

Para el caso de Inés Fernández Ortega, aún no se ha logrado una sentencia contra los elementos del ejército mexicano responsables de los hechos. El proceso se ha visto retrasado ante varios recursos interpuestos por su defensa. Incluso uno de los probables responsables fue asesinado en una cárcel militar, sin que hasta el momento se haya podido determinar fehacientemente que su muerte no está relacionada con el proceso de justicia de Inés Fernández. Por otra parte, la investigación en contra de los ministerios públicos y personal médico que se negaron a brindar la atención a Inés y Valentina en 2002 ha estado durante años parada y sin avances sustanciales para la determinación formal de las responsabilidades penales en su contra.

En un contexto como el que vive la entidad es urgente que las autoridades mexicanas cumplan con estas sentencias, que buscan poner fin a más casos como los de Inés y Valentina, así como hechos ocurridos en Tamaulipas. Cabe recordar que el Tribunal interamericano señaló la necesidad de adecuar la legislación mexicana a los tratados internacionales y limitar la actuación de ejército. A una década más de la impunidad militar y ante el décimo aniversario de estas sentencias paradigmáticas, emplazamos a las autoridades federales a que den cumplimiento cabal a las sentencias que siguen incumplidas.

En este marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, esperamos que muy pronto el Senado discuta sobre la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED); pero también esperamos que las autoridades mexicanas reconsideren las actuaciones violentas del ejército en las calles y limite su actuación a controles civiles.

Las voces de dolor protagonizadas por los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; su lucha imbatible; su autoridad moral y su testimonio de vida, son el legado intangible que han forjado con lágrimas y sangre, miles de mujeres de a pie que nos han enseñado cómo se lucha y cómo es el verdadero compromiso de quienes buscan la justicia y la paz en este México adolorido. Ellas son el grito de esperanza.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-voces-de-dolor-gritos-de-esperanza/