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España: Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado

octubre 1, 2020octubre 1, 2020Noticias

Europa/España/eldiariolaeducacion.com

La asociación Adimad, que engloba a los directores de secundaria de centros públicos, reclama a la Consejería de Educación una mayor inversión en equipamientos, contratación de personal docente y no docente así como la cobertura de las bajas que se están produciendo diariamente. «Estamos solos», asegura Esteban Álvarez, su presidente.

a situación de los institutos públicos madrileños está cerca del colapso. Han comenzado el curso con las mismas fechas previstas al final del pasado, con cambios de criterio a dos semanas de comenzar y sin los instrumentos prometidos por la Administración educativa.

En su momento, Educación aseguró que enviaría 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras a los centros para poder llevar a cabo la enseñanza semipresencial que está en marcha desde 3º de ESO hasta el bachillerato. También, que se mejoraría la conectividad para poder dar un buen servicio. No se ha hecho nada al respecto, que sepan en Adimad. Así de tajante se ha expresado Esteban Álvarez en la rueda de prensa que acaban de dar para hablar de las propuestas que ponen sobre la mesa.

Después de repasar qué ha ocurrido en los últimos meses, así como de denunciar que no se ha convocado a ninguna reunión a las y los directores para que pudieran plantear sus necesidades, Álvarez ha detallado cuáles son las peticiones, casi exigencias, que plantean desde la asociación.

Recursos

Madrid, como otras comunidades autónomas, vive una compleja situación por falta de personal en las listas de interinos. Este es el motivo para la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá la contratación de «docentes» sin titulación acreditativa. En cualquier caso, es una de las reivindicaciones de Adimad. La contratación de más personal para poder realizar con garantías la labor educativa en los centros.

A esta contratación, que supondría la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, se suma que hoy, por el vaciado de esas listas, no se están cubriendo con rapidez las bajas que se producen. Álvarez ha asegurado que, según sus datos (la Comunidad, ya sea vía Educación o Sanidad, no los facilita) de media, en cada instituto hay entre tres y cuatro docentes de baja o confinados por causa de la COVID. Cifras a las que hay que sumar el profesorado que está de baja por otras razones. Para apoyar el argumento, Ángeles González, también directora en Madrid, aseguraba que en su instituto hay diez docentes de baja actualmente.

Pero no solo se trata de personal docente, también es necesario un refuerzo del de administración y servicios, grupo en el cual también se están produciendo bajas que no se cubren. A esto, se suma el personal de limpieza, contratado por terceras empresas y que tampoco se cubre con la celeridad necesaria para mantener los centros educativos cercanos a un funcionamiento normal.

Más allá de la falta de recursos humanos está la falta de equipamiento tecnológico comprometido por la Consejería. 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras para intentar asegurar que la semipresencialidad del alumnado más mayor de secundaria y bachillerato fuera efectiva. A día de hoy, no han llegado esos equipos a los centros educativos. Sobrevuela a esto la pregunta de en qué se está invirtiendo el dinero enviado por el Gobierno central de los fondos Covid (cerca de 300 millones para Madrid). Tampoco la mejora de la conectividad en los centros. Asegura Álvarez que están prestando todo el material que pueden, pero no pueden prestar todo el que tienen porque, al mismo tiempo, hay que utilizarlo en el instituto para mantener la semipresencialidad.

Adimad denuncia que se han visto obligados a «competir» unos centros con otros en los últimos meses. Primero, por la compra de material higiénico-sanitario como geles hidroalcohólicos, mascarillas y demás. Ahora, por conseguir al mejor precio posible, equipamiento informático. Un equipamiento, asegura Esteban Álvarez, que no tiene casi stock en Europa y que ha visto sus precios aumentado por la presión de la demanda. Una demanda que ahora está intentando realizar las compras directamente en países como China.

Incomunicación con Salud Pública

A los problemas de infraestructuras materiales y humanas, viene a sumarse la incertidumbre en la que se están moviendo los centros. Están obligados a estar en contacto con la Dirección General de Salud Pública para informar de los casos que se estén produciendo y esperar a las instrucciones que les den, principalmente, sobre el cierre de aulas y el confinamiento de alumnado y profesorado. Desde hace días, no pueden contactar vía telefónica con dicha Dirección General. Cuando lo hacen por correo electrónico, no se garantiza que haya respuesta, y de haberla, tarde cinco o seis días, ha explicado el presidente de Adimad. Todo esto contando que la figura del coordinador COVID, una persona del equipo directivo, ha pasado a ser literalmente, un restreador de casos y contactos directos y estrechos.

Tampoco saben qué hacer cuando un docente, por ejemplo, tiene casos positivos cercanos pero de fuera del ambiente laboral. ¿Ha de guardar cuarentena? ¿Ha de comunicarlo a alguien? Según las informaciones publicadas en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo a no ser que sea, principalmente, una persona conviviente. Alumnado y profesorado no lo son.

Son 2.000 los centros públicos que deberían estar en comunicación con Salud Pública. Según las estimaciones de la asociación de directores, además de los cuatro o cinco docentes que en cada centro se están dando de baja por motivos relacionados con la COVID, hay que sumar los casos entre el alumnado. En las primeras semanas, aseguran desde Adimad, había uno o dos diarios. Ya están entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que la incidencia del virus es desigual dependiendo de dónde esté el centro educativo.

Álvarez, además, ha explicado la dificultad de hacer este seguimiento en los institutos, en donde no existen los grupos estables de convivencia y hay materias en las que se juntan alumnos de diferentes clases. La optatividad de los cursos más altos incide negativamente en la posibilidad de controlar los contactos interpersonales. Aún así, asegura que los centros están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias que se les han dado. Aunque hay momentos, como los recreos, en los que se hace realmente complicado.

Discrimación

Otro de los problemas que denuncian desde Adimad es el hecho de que después de que la Comunidad de Madrid haya prohibido a los centros educativos públicos realizar obras de acondicionamiento que permitiesen, en la medida de lo posible, albergar a todo el alumnado en las aulas, hace unos días recibieron una comunicación en la que la Administración daba permiso a los centros de secundaria para que pasaran a una presencialidad total en todos los cursos.

Desde Adimad entienden que este cambio de criterios, de la semipresencialidad a la posibilidad de presencialidad total, deja a la pública en desventaja frente a la concertada, que ha podido realizar ese acondicionamiento de los centros educativos así como la contratación de personal docente para el desdoble de grupos y la bajada de ratios.

Los públicos, ahora, no pueden acometer obras, aunque sí, aseguran, han acondicionado todos los espacios posibles para dar cabida a los desdobles. Tampoco pueden contratar personal ya es que es responsabilidad de la Consejería y, por último, no ha sido posible la idea de contar con espacios municipales a los que trasladar al alumnado desde los centros como también se planteó en algún momento.

Una situación que, además, se extiende a la prohibición expresa de que las y los docentes madrileños utilicen otra plataforma que no sea Educamadrid. «Ha mejorado, es verdad», aseguraba Álvarez a los medios. Pero no es suficiente. «Necesitamos convenios con las plataformas educativas para usarlas si son adecuadas», insistía. El presidente de Adimad recordaba cómo en otras comunidades autónomas se ha hecho precisamente esto. «No entendemos por qué aquí no».

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/30/los-directores-madrilenos-exigen-responsabilidades-al-gobierno-regional-y-que-tome-medidas-urgentes/

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Sindicatos de Educación de Cataluña convocan huelga el 9 y el 15 de octubre ante el «desastroso» inicio de curso

septiembre 29, 2020septiembre 29, 2020Noticias

Por: https://www.20minutos.es/Miguel Taverna

Varios sindicatos de enseñanza han convocado una concentración este martes ante la conselleria de Educación para reclamar la reducción de las ratios de alumnos en las aulas, la contratación de más personal y la adopción de más medidas de seguridad ante un inicio de curso que desde CGT Ensenyament definen como «desastroso».

Ante esta situación, los sindicatos CGT Ensenyament y ASPEPC·SPS (sindicato de profesores de secundaria) han convocado una huelga para los días 9 y 15 de octubre. Desde USTEC, por otra parte, señalan que, pese a participar en las movilizaciones y estar de acuerdo con los motivos de la huelga, es pronto para convocarla, pero no descartan hacerlo más adelante.

Entre las reclamaciones de los sindicatos, están la disminución de las ratios de alumnos por aula, la dotación de EPI y pruebas PCR, la ampliación del personal docente y de soporte, la sustitución de los trabajadores vulnerables, la presencia de personal sanitario en los centros, el incremento de las dotaciones de limpieza e higiene de los espacios y el permiso retribuido para aquellos trabajadores que tengan hijos en cuarentena o que hayan dado positivo.

9 i 15 d’octubre. Vaga per a una Educació Pública de qualitat i segura!#9oVagaEducativa #15oVagaEducativa

Aturem els centres per fer-los funcionarhttps://t.co/ENHcUtoKMJ pic.twitter.com/uyaF4ECG82

— CGT Ensenyament 🚩🏴 (@CGTEnsenyament) September 25, 2020

Trabajadores vulnerables

Rafa Ortiz, de CGT Ensenyament, señala que no hay respuesta clara por parte de la conselleria de Educación respecto a los protocolos que deben seguir los trabajadores de los centros educativos que tengan alguna patología que les sitúe como personas vulnerables.

«Están desamparados porque no les dan otra opción que incorporarse a los centros«, señala. «Hay trabajadores con patologías cardiovasculares o diabetes que han recibido un correo del ICAM que dice que, tras revisar su historial médico, no se les considera vulnerables y, por lo tanto, deben incorporarse al trabajo», cuenta Lorena Martínez, profesora de primaria y responsable en funciones de Educación Pública de UGT.

Desde CGT también aseguran que los trabajadores vulnerables que hacen sustituciones no pueden acogerse a una baja durante todo el curso. «Se sienten desamparados porque, vistas las prácticas que lleva a cabo la conselleria, ¿quién les asegura que volverán a hacer una sustitución?», afirma Ortiz.

En este sentido, denuncia que a algunos trabajadores que dieron positivo en coronavirus antes de comenzar el curso escolar se les retiró la plaza en lugar de concederles la baja y permitir que se incorporasen más adelante.

Los profesores se concentran ante el departamento de Educació para reclamar más seguridad, menos alumnos por clase y más personal pic.twitter.com/CvONtuGbFt

— 20m – Barcelona (@20mBarcelona) September 29, 2020

Por otra parte, Ortiz critica la tardanza a la hora de realizar las PCR. El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, dijo en rueda de prensa que, cuando se detectara un caso positivo en un aula, los niños debían seguir yendo a clase y allí se les realizaría la PCR. «Se tarda hasta cuatro días en realizar la PCR cuando se detecta un caso sospechoso. Imagina el caos que eso genera. Yo no veo la lógica en las palabras de Argimon», asegura.

La conselleria de Educació «no da respuesta»

«Estamos totalmente desamparados. La conselleria no da respuesta. Muchos servicios territoriales no contestan a los mails ni a las llamadas. Los sindicatos estamos haciendo de gestores y de administradores, pero nosotros tampoco recibimos respuesta y no sabemos qué comunicar a quien nos pregunta. Vivimos una situación de absoluta indefensión e impotencia«, denuncia Martínez.

Xavier Diez, portavoz de USTEC, señala que los sindicatos reclaman lo mismo desde el principio: «Ratios de 15 alumnos, más espacio, más profesorado y algo tan básico como mascarillas. Pedimos que la conselleria cumpla los criterios sanitarios mínimos para evitar contagios y un nuevo confinamiento«.

En el caso de la educación primaria, también piden que la jornada sea intensiva. «Hay problemas por las concentraciones a la hora de recoger a los niños, así que mejor hacerlo dos veces en lugar de cuatro», apunta.

«Se está pidiendo a las direcciones de los centros que asuman todas las responsabilidades por los errores de la conselleria. Algo que funciona muy bien en el Departament d’Educació es su equipo de letrados para que las responsabilidades no recaigan nunca sobre los representantes políticos«, añade.

Martínez explica que, con esta concentración, pretenden que en la conselleria se den cuenta de que no están contentos con su labor. «No decimos que la situación sea fácil, pero como mínimo que nos respondan, porque no están«, lamenta.

https://www.20minutos.es/noticia/4399828/0/sindicatos-de-educacion-de-cataluna-convocan-huelga-el-9-y-el-15-de-octubre-ante-el-desastroso-inicio-de-curso/

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España: Códigos y Alertas que no llegan. En primera persona: «He dado positivo, usado Radar Covid y no ha servido para nada»

septiembre 28, 2020septiembre 28, 2020Noticias

CÓDIGOS Y ALERTAS QUE NO LLEGAN

En primera persona: «He dado positivo, usado Radar Covid y no ha servido para nada»

Mario González, un joven mallorquín, cuenta su experiencia con la ‘app’ Radar Covid tras su positivo. Tardó un día en recibir el código y sus contactos estrechos, hasta ocho días en recibir alerta

Me llamo Mario, tengo 30 años, vivo en Mallorca y el pasado martes 15 de septiembre me dieron el resultado de mi PCR: soy positivo por coronavirus. Todo empezó unos días antes, sobre el 9 de septiembre, cuando comencé a sentir cansancio y dolores de cabeza. Lo atribuí al trabajo, estaba con jornadas de 12 horas y durmiendo muy poco, pero la cosa fue a más. Dos días después, llegó la tos. Tampoco le di más importancia, no eran síntomas fuertes ni tenía fiebre. El domingo fui con mi chica, con la que vivo, y un amigo a comer, pero esa tarde los síntomas fueron a peor: se añadió un fuerte dolor en los ojos y visión borrosa.

Al llegar a casa, llamé inmediatamente al número de InfoCovid en Mallorca y me dijeron que no eran suficientes síntomas. Estaba preocupado, trabajo en una oficina, mis padres son población de riesgo… pero no llegué a tener más de 37,5 de fiebre. «Nada, nada, ni caso, tú a tu casa tranquilo y si te encuentras peor, nos vuelves a llamar, pero de momento no tiene sentido hacer PCR«, me dijeron. Tengo la gran suerte de que mi suegra es enfermera, trabaja en la Sanidad Pública, y a través de ella logré que al día siguiente, el lunes, nos hicieran la prueba a mí y a mi novia. En menos de 24 horas, el martes 15, me avisan del centro de salud: mi chica da negativo y yo positivo.

Se pone el protocolo en marcha, me llama una rastreadora, me pide todos los contactos con los que he estado y entonces le pregunto: «¿Me puedes dar un código para meter en Radar Covid y notificar el positivo?». Yo tenía instalada la ‘app’ desde agosto, soy un poco friki, pruebo todas estas cosas, en cuanto estuvo disponible me la bajé. Mi sorpresa fue escuchar su respuesta. «No tengo ni idea, no sé cómo funciona eso ni tengo el código«. Me pide que llame otra vez a InfoCovid y se empiezan a pasar la pelota unos a otros. Me tiré buena parte del día telefoneando a un sitio y a otro para que me lo dieran. A la cuarta llamada lo conseguí, me llegó el código por SMS.

Esto es lo primero que me pareció increíble. Igual que te llaman para informarte de que eres positivo, en ese momento creo yo que te deberían decir, «si tienes la ‘app’, te podemos pasar el código, por favor, utilízalo». Pero no solo no lo hacen sino que, tras pedirlo yo a todo el mundo, el centro de salud, mi médico, la rastreadora, el InfoCovid… nadie sabía nada y parecía que les hablaba en chino.

La cosa no acabó ahí. Una vez metí el código, me quedé a la expectativa a ver cómo funcionaba todo. Aunque al meterlo me sorprendió que la ‘app’ te mostraba frases en inglés [se puede ver en el vídeo debajo]. Para mí no es problema, lo entiendo perfectamente, pero habrá mucha gente que no y eso les llevará a no seguir adelante. Imagino que es temporal, pero no es lo ideal, la ‘app’ no está pulida. Me olvidé de ello y esperé a ver qué pasaba.

Me aislé en casa, bajaba a la cocina solo para desayunar, comer y cenar, y le preguntaba a mi chicha, «oye, ¿te ha llegado alguna alerta de la ‘app’?». Su respuesta era siempre la misma: no. Preguntaba a los amigos con los que había estado mucho más de 15 minutos a menos de dos metros. Nada. A mi chica le acabó llegando cinco días después de meter el código. A mi cuñado, ocho días después. A un amigo con el que estuve justo el día anterior de mi PCR comiendo codo con codo, que se ha aislado, todavía no le ha llegado nada. A algunos de estos contactos les han hecho rastreo tradicional, a otros no. Pero si a ellos les ha tardado tanto en llegar la alerta, a los contactos que yo no he facilitado como estrechos porque no los conozco les habrá pasado lo mismo.

¿Mi opinión personal? Esta ‘app’, así, no es útil. En mi caso, al menos, no lo ha sido. Si no se notifica a todos los contactos estrechos y los que sí reciben la alerta la reciben con tantos días de retraso, ¿de qué vale? Antes de ocurrirme esto, yo creía ciegamente en esta idea. Y ojalá se solucionen estos problemas, porque creo que puede ser de gran ayuda, pero hoy por hoy, con este funcionamiento, no sirve para nada. Si estuviéramos en marzo o en abril, entendería estos fallos. Pero estamos en septiembre, hemos tenido tiempo para solucionar estas cosas. A raíz de esto, lo que les he dicho a mis amigos, familiares y personas cercanas con quienes he estado en contacto es muy sencillo: protegeros vosotros mismos porque ni la ‘app’ ni el sistema funcionan como tendrían que funcionar.

A raíz de este caso, que no es en absoluto aislado (más aquí, aquí o aquí), Teknautas ha hablado con varios programadores conocedores del funcionamiento de Radar Covid y señalan dos problemas y responsables diferentes: el retraso en la entrega de los códigos es cosa de cada comunidad, mientras que el retraso en el envío de las alertas está en el tejado de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia). Es este organismo quien gestiona el servidor que comprueba dos veces al día las listas de claves de positivos y contactos estrechos. Este diario se ha puesto en contacto tanto con la Sedia como con fuentes del Gobierno de Baleares para conocer su versión sobre esta problemática.

EFE.

¿Por qué los rastreadores desconocen cómo facilitar un código a un positivo en coronavirus? «La verdad es que no lo sé. En teoría, todos están formados, tanto en la central de covid, que es donde están los rastreadores que realizan las llamadas, como en los centros sanitarios, pero siempre se puede escapar algún caso que no esté al tanto de cómo funciona el sistema«, explica una fuente del Departamento de Tecnología del Gobierno de Baleares, responsable de la ‘app’.

¿Por qué los contactos estrechos de este contagiado tardaron hasta ocho días en recibir la alerta y otros ni siquiera la han recibido? Preguntados al respecto, fuentes de la Sedia explican que «las alertas no las envía el servidor. Este pone a disposición de los terminales los ficheros de claves infectadas que se descargan y cada terminal hace una comparación con sus claves almacenadas para ver si ha habido exposición al riesgo (siempre en el móvil). En este caso puntual, podría haber habido problemas de acceso a internet en esos dispositivos«, explican. Mario lo niega: en ningún momento hubo problemas de acceso a internet.

Las fuentes del Gobierno balear también discrepan. «El tema de las alertas claramente está en el tejado de la Sedia. Cuando tú metes un código en el móvil, la ‘app’ consulta el registro de códigos de teléfonos con los que has estado en contacto en los últimos cinco días. Luego lanza una petición al servidor de la Sedia para contrastar esa lista con la actualizada en el servidor. Esto lo hace dos veces al día. Si no se han enviado alertas en hasta ocho días, quiere decir que esas peticiones no están entrando ni saliendo del servidor de Sedia. Y eso es un problema serio. Son 16 peticiones que no han podido validarse. Es algo que no debería ocurrir y habría que analizar en detalle».

Fuente de la Información: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-09-28/coronavirus-radar-covid-covid19_2759416/

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España: La compra de tablets obliga a quitar otros diez millones a las obras de mejora de colegios

septiembre 28, 2020septiembre 27, 2020Noticias

La compra de tablets obliga a quitar otros diez millones a las obras de mejora de colegios

El Consell ha vuelto a utilizar Edificant, el programa estrella para mejorar las instalaciones de los colegios e institutos públicos, para cubrir gastos que nada tienen que ver con obras educativas. La última modificación presupuestaria establece que 5,27 millones del programa se destinarán a la compra de dispositivos (tablets y ordenadores) para su uso por parte del alumnado y el profesorado en caso de cuarentenas o si llega a decretarse otro confinamiento. Sumados a los 3,89 que ya se detrajeron a principios de junio con el mismo fin, suman cerca de diez millones que pasan de reservarse para realizar obras en colegios a emplearse en la digitalización urgente de las aulas valencianas.

Edificant llegó para sustituir el primer gran plan de infraestructuras educativas, anunciado en enero de 2016 y que pretendía actuar sobre medio millar de centros, incluyendo la eliminación de todos los barracones estructurales, es decir, los que se perpetuaron durante el mandato del PP. La falta de recursos humanos en la Conselleria de Educación para sacar adelante semejante volumen de intervenciones dio al traste con las expectativas del Consell. De hecho, gran parte de las actuaciones más importantes siguen sin estar empezadas, como sucede con el centenar de colegios con alguna unidad prefabricada (total o parcialmente).

Con Edificant, aprobado en octubre de 2017, la idea era recurrir a los medios humanos de los ayuntamientos para la tramitación de cualquier obra, desde la redacción de estudios iniciales hasta la ejecución de las mismas, siendo la Generalitat la que aportaría los fondos. Para 2020, el presupuesto oficial del plan ascendió a 310,3 millones de euros, 226 para actuaciones en centros de Infantil y Primaria y 84,3 para los de Secundaria. Sin embargo, a día de hoy, la cuantía se ha reducido un tercio tras recurrirse a estas líneas presupuestarias para sufragar gastos diversos. Exactamente en la hucha de Edificant quedan 206,5 millones. La minoración ha sido de un 33,4%.

En lo que va de año el programa ha servido para cubrir las ayudas valencianas a trabajadores afectados por ERTE (20 millones), la Renta Valenciana de Inclusión (50), suministros de material y ayudas extraordinarias de comedor derivadas de la pandemia (20,13), el arrendamiento de barracones para colegios en obras o en espera (2,5), la compra del primer lote de tablets (3,89), la financiación de actividades extraescolares (1,92) y la segunda remesa de dispositivos electrónicos (los 5,27 citados).

Esta ha sido la última modificación aprobada, y sirve para dotar de fondos al plan Educa en Digital impulsado por el Ministerio de Educación y que permitirá adquirir otras 40.000 tablets y ordenadores. El Gobierno aportará buen parte de la cuantía necesaria (algo más de 21 millones).

Detrás de tantas modificaciones está el lento avance de la tramitación de las obras previstas, sobre todo las grandes actuaciones que deben acometer los ayuntamientos, como ampliaciones, restituciones o centros de nueva construcción, que lógicamente son las más caras.

Educación siempre defiende que el programa no sufre recortes, sino que el dinero reservado para aquellos municipios que no pueden sacar adelante las obras en determinado ejercicio se pasa al año siguiente, de manera que no hay pérdida. El Dogv ha publicado varias resoluciones en este sentido aumentando el límite de gasto del programa en 2021, fruto de la reprogramación de las actuaciones. La última se refiere a suspensiones en la tramitación de los trabajos y a la «reducción en el ritmo de ejecución» debido a la incidencia de la pandemia. Eso sí, lo mismo que está sucediendo en 2020 pasó en 2019, cuando también se utilizó el presupuesto de Edificant para el abono de otros compromisos, como la deuda con las universidades.

En definitiva, el dinero que se anuncia para Edificant siempre es mayor en las cuentas de la Generalitat que el comprometido realmente. Además, el ritmo de pagos también evidencia el lento avance del programa. A principios de julio se había abonado a las correspondientes empresas un importe de 12 millones, un 4% de lo presupuestado.

Fuente de la Información: https://www.lasprovincias.es/comunitat/compra-tablets-obliga-20200925195939-nt.html

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Juan Carlos Cascos: «Los responsables educativos y la orquesta del Titanic». España

septiembre 27, 2020Noticias

Panel: Educaciones populares, pedagogías críticas y sindicalismo.

Ponente: Juan Carlos Cascos. Miembro del equipo de coordinación de KAIRÓS.

Título: Los responsables educativos y la orquesta del Titanic.

Cuando miro a las instituciones educativas, su discurso y las cosas que hacen, me recuerda a la orquesta del Titanic cuando optó por seguir tocando mientras el barco se hundía ante la perplejidad del respetable. Justo como se están comportando los actores de la educación ante el desmoronamiento de un entramado que amenaza con dejar atrapada a toda una generación bajo sus escombros.

Y es que el mundo ha evolucionado mucho en las últimas décadas, mientras que las instituciones educativas y sus actores siguen en sus planteamientos seculares, como el guerrero quemado que cuenta sus batallitas pero en cuyo relato no cabe el futuro. Si resucitásemos a un muerto de algunos siglos atrás y le llevásemos a un hospital o a una fábrica creería estar en otro mundo, pero si le trasladásemos a un centro educativo, rápidamente lo reconocería e identificaría las mismas formas de enseñar y aprender que él conoció.

Los cambios cosméticos y maquillajes que hacemos en la educación para vestirla de moderna no dan el pego. Es cierto que utilizamos la tecnología (plataformas, aulas virtuales, ordenadores, tabletas…), aunque sigue siendo para hacer las mismas cosas, de la misma manera y con el mismo propósito de siempre. Y ya se sabe que aunque la mona se vista de seda…

Si nos dejásemos llevar por el sentido común, nos estaríamos ocupando del desmantelamiento del sistema educativo actual y la edificación de otro nuevo, una estructura con los cimientos agrietados que fue útil para las necesidades sociales, económicas y laborales de otra época, pero completamente inútil para el mundo actual.

Sin embargo, aunque el diagnóstico es claro y contundente (coincido plenamente con personalidades como Gates o Toffler quienes abogan abiertamente por el derribo), la tarea no es fácil porque dentro del edificio está nuestra juventud y nuestros docentes, nuestro futuro. Y porque no tenemos un plan “B”, entre otras cosas porque los innumerables intereses de los actores que están en juego, hacen altamente improbables las bases para un acuerdo.

Todos los sectores y actividades que conocemos (agricultura, industria, comercio…) han sufrido y sufren cada día transformaciones y reconversiones radicales y traumáticas, salvo la educación y la administración pública que siguen intactas. Pero, cuidado, tarde o temprano, las leyes inapelables del cambio histórico que dictan que todo cambio en la tecnología, el trabajo y la producción (infraestructura) han de tener su ajuste en la superestructura (gobernanza, institucionalidad, educación) pasarán su rodillo sobre la educación. Y es que las personas y las organizaciones somos refractarias al cambio; vivimos en inercias, nos gusta lo conocido y defendemos con uñas y dientes nuestra zona de seguridad, aunque muchas veces no nos damos cuenta que con ello estamos cavando nuestra tumba.

O los actores de la educación hacemos los cambios que el sistema necesita, o el avance imparable de la historia arrasará sin contemplación con las resistencias que le oponemos (o cambiamos o nos cambian). Quizá estemos ante la última posibilidad para ser actores en la tarea de reconvertir y resignificar la educación, garantizando los principios de igualdad y libertad.

Cuando los partidarios de la educación tradicional están enfrascados en la defensa de sus intereses, ni siquiera son conscientes de las fuerzas monumentales que se están orquestando para hacerse con el control y el “negocio” de la educación. Si los defensores de la educación pública no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades formativas de la sociedad, la mayor parte del pastel de la educación mundial estará en manos de un número reducido de empresas gigantes y brokers tecnológicos. Grandes compañías con plataformas, recursos y medios muy superiores a las instituciones educativas tradicionales que las relegarán irremediablemente a la irrelevancia y la marginalidad.

Y mientras, las viejas instituciones educativas continúan en sus discusiones bizantinas, ajenas a los cambios que ocurren en la sociedad, inmersas en una fuerza gravitatoria aplastante que les impide salir de sus postulados, repitiendo una y otra vez sus viejas consignas y discursos como un mantra, en una especie de agujero negro que les imposibilita escapar a su fuerza para abrirse al mundo real. Una comunidad que permanece atrapada en una parálisis, donde todas las fuerzas se conjuran para que nada cambie mientras el mundo avanza a una velocidad endiablada.

Cuando el mundo desde fuera ve como el edificio se cae, los de dentro discuten sobre el mobiliario y el color de la pintura de las paredes. Mientras la sociedad demanda nuevas competencias, nuevos saberes y nuevos enfoques para enfrentar un mundo en cambio; los responsables están en las urgencias de lo irrelevante sin que nadie se ocupe de lo importante.

La institucionalidad educativa es una comunidad zombie que neutraliza y canibaliza cualquier atisbo de mejora, una realidad aberrante a contrapelo de la historia. Pese a que en el discurso de la mayoría está el cambio, los hechos son tozudos y van en contra.

Y mientras, el agua sigue subiendo de nivel, y los músicos tocando la misma melodía.

¿Estamos a tiempo de evitar el hundimiento? Posiblemente sí, pero hay que actuar ya.

Adelante!!!

Fuente e Imagen: I Congreso Mundial de Educación 2020.

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España: Coronavirus | Suspenden las clases de infantil en un colegio de Cangas del Narcea y clausuran dos escuelas de 0 a 3 en San Martín

septiembre 27, 2020septiembre 24, 2020Noticias

Europa/España/27-09-2020/Autora y Autor: Belén G. Hidalgo y Alex Fuente/y Fuente: www.elcomercio.es

La dirección del centro Alejandro Casona aclara que la profesora no estuvo en contacto con el alumnado, pues presentó síntomas el fin de semana y se aisló el lunes, fecha en la que se sometió a la PCR.

Dos días después del inicio de las clases en los colegios asturianos, el Principado registraba este jueves las primeras incidencias relacionadas con el coronavirus: la suspensión de clases de infantil en un colegio de Cangas del Narcea y el cierre de una escuela de 0 a 3 en San Martín del Rey Aurelio. En el caso de Cangas, el centro educativo afectado es el colegio Alejandro Casona , donde el positivo de una docente ha provocado la suspensión de las clases de educación infantil. El centro explica que la profesora presentó sintomatología leve durante el fin de semana y, tras comunicarlo al centro de salud, el lunes realizó una PCR cuyo resultado positivo se conocía la tarde del martes. Inmediatamente, indica la dirección del centro, se activó el plan de contingencia del centro y el protocolo de prevención. Además, aclaran que la profesora contagiada no acudió al centro desde la semana pasada, por lo que no estuvo en contacto con el alumnado.

La semana pasada la docente contagiada estuvo en contacto con parte del equipo de educación infantil para la preparación del inicio del curso. Pese a que «se respetaron todas las medidas de seguridad establecidas, al haber tomado un café con algunos compañeros, se decidió realizar las pruebas PCR a esos profesores», señala el centro. Ante esta situación, todo el equipo de educación infantil se realizó ayer las pruebas, cuyo resultado ha sido negativo. Ante esta situación, la dirección optó por suspender las clases en la jornada de ayer y poner en conocimiento de las familias la situación. Pese a esos resultados negativos, los profesores permanecerán en aislamiento hasta el lunes, cuando se repetirán la PCR. Las clases están suspendidas «hasta nuevo aviso» y a la espera de los resultados de esas pruebas, que se conocerán la semana que viene.

Cierre de una escuela de 0 a 3 en San Martín del Rey Aurelio

Por suparte, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha informado del cierre preventivo, hasta nuevo aviso, de las dos escuelas infantiles de cero a tres años del municipio, al declararse un positivo en una de las educadoras de las Escuelas Infantiles.

La educadora contagiada no ha estado en contacto con los niños y niñas de las escuelas infantiles puesto que el viernes de la semana pasada fue el último día que trabajó y la apertura de las aulas tuvo lugar el martes de esta semana. Por el contrario, sí estuvo en contacto con el equipo de educadoras que se encarga de las escuelas infantiles de Sotrondio y El Entrego.

La confirmación del contagio ha supuesto la activación inmediata del protocolo sanitario, esto es, el contacto en un primer momento con un profesional de enfermería de referencia para la escuela, y la notificación a los centros de salud del concejo que se encargarán de hacer el seguimiento con las familias de los escolares.

Por su parte, todas las educadoras, en el marco del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, se realizarán las pertinentes PCR para conocer si están o no contagiadas.

Con anterioridad a la apertura de las escuelas infantiles, el día 16 de septiembre todas las trabajadoras se habían realizado una prueba PCR cuyo resultado había sido negativo.

El cierre de las escuelas infantiles afecta a 45 niños y niñas y 9 educadoras

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/asturias/coronaviarus-suspendidas-clases-colegio-cangas-narcea-posditivo-20200924145129-nt.html

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La ONU vuelva a «sentenciar» a España por no llevar a cabo la educación inclusiva

septiembre 27, 2020septiembre 26, 2020Pablo Gutiérrez del Álamo

Por :Pablo Gutiérrez de Álamo

La ONU ha emitido un dictamen en relación al caso de Rubén Calleja, de León, quien, junto a sus padres lleva luchando por su inclusión en la escuela ordinaria y con los ajustes necesarios, durante la última década. El Estado tendrá que indemnizar a la familia y asegurar la entrada del joven, de 21 años hoy, en un ciclo formativo de FP que sea efectivamente inclusivo.

El despropósito ha sido la nota general en los últimos diez años en la vida de Rubén Calleja y de sus padres, Lucía Loma y Alejandro Calleja. Llevan una década batallando con las administraciones, tanto educativa como judicial, para que el Estado se haga responsable de la educación en un centro ordinario de este joven de 21 años.

La última etapa de este viaje la pasaron cuando Rubén fue matriculado en un centro de educación especial para realizar un ciclo formativo de FP. La familia, tras años de lucha, recurrió y exigió a la Administración que el chico pudiera realizar estos estudios en un centro ordinario.

Durante la visita del Comité de la ONU que hace seguimiento de la implantación en los estados de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que dio lugar a la «sentencia» que aseguraba que España inclumple sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva, comenta Alejandro Calleja que se les abrió la puerta a la posibilidad de denunciar la situación a la que se han visto sometidos en los últimos 10 años.

En el momento en el que Rubén comenzó el 4º año de educación primaria empezaron, también, los problemas. Coincidiendo con un cambio de tutor en su grupo. Han pasado los últimos años entre tribunales de distinto orden intentando que la Consejería de Educación de Castilla y León matriculase al joven en centros ordinarios y mantuviese los apoyos necesarios. La batalla ha sido tal que esta familia ha llegado a verse denunciada por abandono familiar, algo que critica duramente el Comité de Naciones Unidas, al exigir la escolarización en un centro ordinario.

El dictamen

Alejandro Calleja define el proceso en el que han estado metidos hasta ahora y que culmina con este dictamen, como un juicio. Ellos, el joven y sus padres, han sido la parte denunciante. El Estado, la denunciada. Y después de muchas idas y vueltas de respuestas de cada cual a los requerimientos del Comité (el juez en este caso), por fin parece haber un final.

La ONU le da un plazo de seis meses a España para responder a las conclusiones y recomendaciones que les lanzan. La primera, indemnizar a la familia, además de asumir todas las costas de los juicios por los que han pasado en desde 2010. Y no son pocos.

Pero no solo. No es la parte económica la que más preocupa a Alejandro, que atiende a este medio por teléfono. Para este padre, primero está la esperanza de ser una llamada de atención a las administraciones educativas para que tomen nota de que la inclusión ha de hacerse o si no, hay consecuencias. Es básico que se tomen las medidas necesarias para que sea efectiva, empezando porque el texto de la ley presentada por el Ministerio de Educación en el Congreso se deshaga del artículo 74 que da carta de naturaleza a la existencia de centros de educación especial y aulas específicas. Algo que ya denunciara el Comité en el año 2018.

En cualquier caso, el dictamen asegura que el Estado tiene obligación de indemnizar a la familia, así como de garantizar que Rubén podrá acudir a un centro ordinario para cursar sus estudios de FP. También está obligado a investigar los malos tratos y discriminaciones que la familia ha denunciado en varias ocasiones ante la Fiscalía de Menores de Castilla y León y «asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles».

El Comité también «castiga» al Estado obligando a reconocer públicamente «la violación de los derechos del niño Rubén (sic) a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas».

Finalmente, condena a España a «publicar el presente dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población».

Además de esto, también se lanzan una serie de recomendaciones como son la modificación de la legislación actualmente vigente para que se «elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias».

También que formule una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión en la enseñanza general; «adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general»; que se elimine «totalmente el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza».

Desde el Ministerio de Educación aseguran que el Estado, tanto Gobierno como comunidades autónomas, «debe actuar para que no haya ni un solo caso de persona que quiera escolarizarse en el sistema ordinario y no pueda hacerlo porque no existan los recursos necesarios». E insisten, a pesar de las recomendaciones del Comité de la ONU, en que «eso es lo que propone la Lomloe». A pesar de esta declaración, dicho texto legal sigue dando cabida, por un lado, a la existencia y escolarización en centros de educación especial, así como da carta de naturaleza a que sigan existiendo aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Ambas posibilidades son consideradas por el Comité como una doble vía que segrega al alumnado, es decir, contrarias a la inclusión educativa.

Historia de un despropósito

El tutor de Rubén comenzó a plantear problemas para que el chico estuviera en su aula y comenzó a insistir a la familia con la necesidad de que lo matriculasen en un centro de educación especial. En aquel momento el niño estaba matriculado en el colegio público Antonio González de Lama, en León. Hasta entonces Rubén había contado con el apoyo en el aula de una asistente técnico educativa.

Esto ocurría en septiembre de 2009. En diciembre se realizó un informe prisocpedagógico que aseguraba que el chico tenía un “trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador” y a partir de enero, el centro educativo solicitó la intervención del Equipo Especifico de Conducta, de modo que una trabajadora social comenzó a hacer seguimiento del caso y a dar pautas a la familia y al centro educativo.

En septiembre de ese 2010 comenzó 5º de primaria, con un nuevo tutor. Hasta octubre no contó con la asistente técnico educativa que había tenido hasta la fecha ya que, dice el dictamen de la ONU, «el tutor Z. no lo consideró necesario». Tras la insistencia de la familia, la técnico pudo acceder al aula aunque, insiste el organismo internacional, «el tutor mantuvo una actitud negativa hacia el asistente y no colaboró con ella».

Además de estos hecho, y de que la familia aseguró que varios docentes se mostraron reacios a que Rubén siguiera en el colegio, la dirección del centro no tómo ninguna medida al respecto.

En diciembre de 2010 la trabajadora social realizó una evaluación positiva de Rubén en todas las áreas (sensorial, de motricidad, de autonomía personal, de comunicación y de habilidades específicas), y recomendó el cambio de centro a uno de similares características por las dinámicas que se habían impuesto alrededor de su permanencia en el colegio. Ese mismo mes se realizó un dictamen de escolarización, sin consentimiento de la familia, en el que se hablaba de «brotes psicóticos», «comportamiento perturbador» y retraso evolutivo «asociado al síndrome de Down». «Dicha terminología -dice el dictamen de la ONU- es más propia de la psicología clínica que de un informe psicopedagógico y, por su especialidad, las autoras del mismo no estaban capacitadas para efectuar esas apreciaciones».

En marzo de 2011 se realiza un nuevo dictamen. Los padres de Rubén mostraron su disconformidad con el primero, entre otras cosas porque no recogía las situaciones de maltrato sufridas por el menor en el centro. Situaciones que tampoco aparecían en este segundo y que empujaron, de nuevo, a la famlia a plasmar su disconformidad. El documento pedía la escolarización en un centro de educación especial.

En el mes de mayo, Alejandro y Lucía acudieron a la Fiscalía de Menores de León para denunciar un caso de maltrato y discriminación contra Rubén durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011. La Fiscalía archivó la denuncia y en junio la Dirección Provincial de Educación autorizó la escolarización en un centro de educación especial.

En septiembre (2011), los padres interpusieron un recurso por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el juzgado de León. Querían impugnar la decisión de matrícula en el centro especial porque se estaban vulnerando el derecho a la igualdad en relación al derecho a la educación (artículos 14 y 27 de la Constitución) y el derecho a la integridad moral de Rubén (artículo 15). En junio de 2012 el juzgado desestimó el recurso.

En setiembre de ese año, los padres recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Solicitaron la anulación de la sentencia anterior y exigieron el derecho de Rubén a estar en un centro ordinario. Alegaron que el tribunal no había tenido en cuenta, entre otras cosas, las situaciones de maltrato, la incongruencia entre el dictamen psicopedagógico de escolarización y el de la trabajadora social y que había hecho caso omiso al informe de un psicólogo clínico que aseguraba que los problemas de conducta del chaval tenían relación con «la falta de apoyo educativo y al contexto discriminatorio y de hostilidad sufridos por Rubén». En marzo de 2013, de nuevo, el tribunal desestimó el recurso de la familia.

A pesar de las complicaciones para los padres de Rubén, insistieron. En abril acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Superior de Justicia. Un nuevo rechazo en marzo de 2014. Y en mayo de 2013, además, denunciaron, de nuevo, ante la Fiscalía la discriminación y los abusos y aportaban nuevas pruebas recogidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia: dos madres de compañeros de Rubén hablaron en aquel entonces de amenazas sufridas por el niño de boca de su tutor. En octubre, la Fiscalía insistió en mantener archivada esta causa.

Para rizar el rizo de una batalla judicial que parecía no tener fin, la Fiscalía Provincial de León denunció la decisión de la familia de Rubén de no escolarizarlo en el centro de educación especial al que lo enviaron desde la Dirección Provincial de Educación. Pretendía condenarlos por «abandono familiar». Mientras se decidía la cuestión, el juzgado exigió una fianza de 2.400 euros a la madre y otros tantos al padre. Fueron absueltos en abril de 2015.

Mientras tanto, la familia acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronunciase sobre la posibilidad de una violación del artículo 14 del Convención Europea de los Derechos Humanos y que se condenase al Estado a abonar a la familia la suma de 100.000 euros en concepto de daños morales. El Tribunal declaró inadmisible la demanda.

Hasta hace unos días. Cuando la familia conoció el fallo del Comité de la ONU. Dicho Comité había conocido de primera mano su caso cuando realizaba la investigación que terminaría en la condena a España en 2018 por violar sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva.

Según cuenta Alejandro Calleja, «nos abrieron la puerta» a esta nueva vía de denuncia. No dudaron en cruzarla. Con el dictamen en la mano, y aunque el Estado tenga ahora seis meses para contestar por escrito, este padre, reconocido junto a su mujer, por la Unesco por su defensa del derecho a la educación inclusiva, espera «que sirva de ejemplo» a otras administraciones, tanto de justicia como educativas. Si no se sigue la senda inclusiva, «hay consecuencias».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/21/la-onu-vuelva-a-sentenciar-a-espana-por-no-llevar-a-cabo-la-educacion-inclusiva/

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