El 60% del profesorado, según los sindicatos convocantes, se une a la huelga educativa contra los recortes en la educación pública emprendidos por el gobierno de Juanma Moreno Bonilla.

“¿Sabes que a lo mejor hoy no viene el profe Mario?”, comenta un niño a otro a la puerta del CEIP Jardines del Valle (Sevilla). “Es que hay una huelga”, explica a su interlocutor mientras esperan a entrar a clase agarrados de la mano de sus madres. En este centro educativo la jornada de hoy se realizará con la mitad del profesorado, ya que 12 de 24 han decidido unirse a la huelga.

Durante la jornada del martes 14 de mayo, miles de profesoras andaluzas, en las ocho provincias andaluzas, se han unido a la huelga educativa convocada por USTEA, CC OO y ANPE. Una huelga y movilizaciones a las que también se han unido cientos de estudiantes, familias y el resto de sectores de la sociedad.

La huelga ha sido seguida por el 60% de las profesionales convocadas, según los sindicatos. Sin embargo, desde los colectivos educativos han denunciado presiones por parte de distintos centros para desalentar la participación. Docentes Unidos Andalucía ha señalado públicamente que el equipo directivo de un centro ha informado a las familias de que “no ha autorizado la inasistencia colectiva a clase” al alumnado que quería adherirse a la convocatoria a pesar de haber pedido la autorización pertinente. En otro centro educativo de Sevilla, el director ha comentado al profesorado que la falta durante la jornada deberá ser justificada “como si se fuera al médico”, según informa USTEA.

Desde la llegada de Juanma Moreno Bonilla al gobierno andaluz, el territorio ha perdido más de 2.000 aulas públicas repartidas por las distintas provincias

Una huelga que busca señalar cómo “se están cargando la educación pública”, explica Fran Fernández, del sindicato USTEA y profesor de Geografía e Historia en un centro público. Las razones para la huelga y para ese receso en la educación pública se encuentran en las políticas “privatizadoras de la Junta de Andalucía” según esgrime la convocatoria.

Pérdida de aulas y colegios

Desde la llegada de Juanma Moreno Bonilla al gobierno andaluz, el territorio ha perdido más de 2.000 aulas públicas repartidas por las distintas provincias. Sevilla se ha quedado sin 600 aulas en los últimos seis años, en Granada solo durante el último curso se han perdido 16 aulas y en Córdoba un total de 90 durante los últimos años. La provincia de Jaén en el último curso ha suprimido 25. Desde 2019, durante el periodo lectivo, las provincias pierden decenas de aulas, una tendencia que no para de crecer.

La provincia de Málaga ha tenido que cerrar dos colegios enteros en los últimos seis años, además de que se ha quedado sin 227 clases. En Cádiz, en los últimos 23 años han cerrado ocho colegios públicos. Estos cierres afectan especialmente a las zonas populares de Andalucía, como es el caso del gaditano CEIP Adolfo de Castro, CEIP Domingo Lozano en el barrio malagueño de Carranque, o el CEIP Alfonso Churruca en la barriada las Palmeras de Córdoba.

“La educación pública se mantiene porque el profesorado, las familias y los estudiantes nos empeñamos en que se mantenga y en luchar por ella”, sostiene Carmen Yuste, de USTEA

“A la concertada no se le está quitando ningún aula”, expone Fernández. El recorte en los centros públicos tiene un impacto en el número de alumnos por aula. “No puede ser que trabajemos con 30 y 35 alumnos en clase”, se queja el profesor. Por ello, una de las peticiones centrales es la bajada de ratio. El profesorado exige además un aumento de la plantilla docente: “Volverían a los colegios miles de compañeras interinas que actualmente están en el paro y a los que necesitamos”, comenta Carmen Yuste, secretaria general de USTEA y profesora por más de 14 años.

Este aumento de plantilla también sería esencial para la atención a la diversidad en los colegios, mermada por las últimas decisiones de la Consejería de Educación, que a principio de curso dejó sin PTIS al alumnado de decenas de centros. Estas educadoras llevan movilizándose meses para señalar su situación de vulneración de derechos laborales al trabajar en empresas privadas subcontratadas por la Junta de Andalucía para este servicio.

“La reivindicación es, sobre todo, en defensa de la educación pública andaluza”, sostiene Yuste. Por ello, entre sus reclamaciones también se encuentra el aumento de inversión en infraestructuras y la creación de más plazas de FP pública. “Desde que está Moreno Bonilla están privatizando la FP y realizando conciertos con empresas como MEDAC, que para ellos es solamente un negocio”, argumenta Fernández.

El impulso de los conciertos educativos es una de las estrategias que ha seguido el gobierno de Moreno Bonilla que, desde su llegada, ha aumentado en un 22% las partidas de dinero público para impulsar la privatización de la educación. En el presupuesto para este 2024 supone un total de mil millones de euros. Una política que jamás ha ocultado, ya que en 2022, con la revalidación de la presidencia, Moreno Bonilla creó por primera vez la Dirección General de Enseñanza Concertada, aún vigente. “La gente que es obrera como nosotros no se puede permitir pagar matrículas universitarias 1400 euros y de FP por 1200 euros”, sostiene Fernández al respecto de la mercantilización de la educación.

La huelga, además, surge tras la paralización de las negociaciones que profesorado y consejería empezaron en noviembre “no porque la consejera quisiese, sino porque presionamos hasta conseguir una mesa sobre el aumento de plantilla”, explica Yuste. Sin embargo, el proceso de negociación se paralizó el pasado abril al alegar la consejera, Patricia del Pozo, que debido a la paralización de los presupuestos generales del Estado. “Es un argumento absurdo porque Andalucía tiene autonomía fiscal y financiera”, sentencian desde USTEA.

Durante la jornada de huelga, Del Pozo ha comentado que gracias a la gestión del PP en la Junta de Andalucía, los profesores andaluces “que eran los peor pagados de España ahora están por encima de la media”. Una afirmación que desmiente el Boletín de retribuciones docentes de 2023 elaborado por la UGT, que sitúa a la comunidad levemente por debajo en este sentido de la media nacional.

Ante un panorama hostil y privatizador por parte de las instituciones, Carmen Yuste recuerda la importancia de movilizaciones como estas: “La educación pública se mantiene porque el profesorado, las familias y los estudiantes nos empeñamos en que se mantenga y en luchar por ella”.

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