Ángela está empleada desde 2006 en una sucursal de La Caixa (actualmente CaixaBank) en Valencia. ¿De qué modo ha cambiado la situación laboral en tiempos de la COVID-19? “Se nos ha considerado ‘trabajadores esenciales’, por ejemplo para la atención presencial en las oficinas, pero no a la hora de darnos prioridad en las vacunaciones; en mi caso, ha sido muy difícil el acceso al teletrabajo”, explica en conversación telefónica.

Lamenta la mala imagen de los trabajadores de la banca en comparación con los de otras multinacionales: “Creo que falta empatía social, sobre todo cuando se presentan ERE que son una barbaridad e implican despidos traumáticos”.

El pasado 20 de abril CaixaBank planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el despido de 8.291 empleados –el mayor de la historia de la banca española-, además del cierre de 1.534 oficinas (entre 2008 y 2019 el conjunto de las entidades financieras españolas han reducido las plantillas en cerca de 100.000 trabajadores, reconoce el Banco de España; además el número de sucursales se ha reducido en un 50% en los últimos doce años, lo que ha tenido un fuerte impacto en los municipios rurales).

“CaixaBank proporciona todo tipo de excusas para los despidos, como la digitalización o los bajos tipos de interés pero, al mismo tiempo, el banco nos escupe en la cara con sus beneficios”, subraya Ángela; también “la empresa se llena la boca con la Obra Social, pero no se preocupa por los trabajadores y sus familias, cuando gracias a nosotros logran sus resultados”. Añade que la empresa está anteponiendo el despido de trabajadores jóvenes porque les resulta más barato; “venimos de muchos ERE (anteriores) y la gente está muy quemada”, cuenta la empleada.

Tal vez uno de los antecedentes del recorte de plantilla pueda situarse el 23 de marzo, cuando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) autorizó la fusión-absorción de Bankia por parte de CaixaBank, lo que dio lugar a la mayor entidad financiera del estado español por volumen de activos en el país (663.000 millones de euros); cerca de 7.000 sucursales, más de 50.000 empleados y 21 millones de clientes en España y Portugal. “Se impulsará una entidad más sólida, más eficiente y rentable”, valoró el entonces presidente de la entidad, Jordi Gual, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 3 de diciembre.

Uno de los puntos significativos es que, en el banco resultante de la fusión –que mantiene la denominación CaixaBank-, el Estado pasaba a concentrar el 16% del capital (antes de la absorción contaba con el 62% de las participaciones de Bankia). Se da la circunstancia, además, que en 2012 Bankia fue rescatada y saneada con 24.000 millones de euros de dinero público, de los que sólo ha devuelto 3.300 millones de euros.

Aspectos importantes son tanto el lucro empresarial como las remuneraciones de los directivos. El grupo CaixaBank ha obtenido unos beneficios de 514 millones de euros en el primer trimestre de 2021, lo que supone un incremento del 471% respecto a los 90 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Si se incorporan los extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, el beneficio atribuido contable entre enero y marzo es de 4.786 millones de euros.

El profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Sánchez Mato, escribió el 6 de mayo en las redes sociales: “4.300 millones de beneficio extraordinario en forma de ‘fondo de comercio negativo’. Es el regalo de (la ministra de Economía) Calviño y Goirigolzarri a los accionistas de Caixa a costa de los contribuyentes  que hemos pagado el rescate de Bankia. No abrirá los telediarios”.

Respecto a los sueldos de la cúpula bancaria, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, percibirá 1,65 millones de euros en 2021 en concepto de remuneración fija, a lo que podrían añadirse hasta 200.000 euros por el cumplimiento de objetivos, según informó el periódico Cinco Días; estas cifras tendrán que aprobarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 14 de mayo. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar Rotaeche, percibió 2,2 millones de euros en 2020, sumado el sueldo y las diferentes retribuciones (componentes fijos).

Para enfrentarse a los despidos, decenas de trabajadores y representantes sindicales se movilizaron el 6 de mayo ante la sede central de CaixaBank, ubicada en Valencia, donde se presentaron los resultados del banco entre enero y marzo. La protesta estaba encabezada por una pancarta con la consigna #TodxsSomosCaixaBank #NoEre y una señal que representaba la prohibición de los recortes. Los manifestantes gritaron “No al ERE” y “Esta plantilla no se lo merece”.

En la segunda reunión con los sindicatos, la dirección de CaixaBank planteó que el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años que podrán adscribirse voluntariamente al ERE no supere el 50% del total de los afectados. Tras la voluntariedad, el segundo criterio en relevancia es la “meritocracia”. Además la empresa hizo una propuesta de “cambios en las condiciones laborales” para empleados que permanezcan en la plantilla, que puede afectar, como establece el Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a la jornada laboral, horarios, salarios, turnos y funciones.

En un comunicado firmado el 6 de mayo por doce sindicatos, estos calificaron el ERE de “infame”, entre otras razones por el cupo máximo establecido por criterios de edad; así, la compañía “rechaza dar salida natural a las generaciones más cansadas, con mejores carreras de cotización y mejor pagadas, porque son más caras”; se apuesta “por un ERE barato ya que el negocio no es lo que importa y las personas tampoco; ser un banco tampoco importa, ya que hay otra forma de hacer caja: despedir y fusionar”, valora la nota informativa.

Las 12 organizaciones sindicales rechazaron, en un comunicado anterior, el plan de recolocaciones externas de CaixaBank, por considerarlo “una cínica operación de marketing que no concreta ni su contenido ni su forma, más allá de las generalidades propias de estos planes”. Entre las propuestas sindicales unitarias, figura la voluntariedad “absoluta” en las salidas de la empresa, de modo que el número de afectados esté en función de las solicitudes voluntarias recibidas, y no de límites máximos; por otra parte reivindican la homologación en las condiciones laborales de toda la plantilla.

Si al ERE de Caixabank se le agregan los actualmente planteados en el BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y la fusión Unicaja-Liberbank, suman más de 18.000 despidos. “La plantilla está muy asustada”, destaca el secretario general de CGT Caixabank, Ignacio Casado, durante una entrevista en el programa CGT en Acción de Radio Klara; “es muy difícil que los trabajadores despedidos puedan volver al mercado de trabajo, se les condena al paro y la precariedad”, añade el sindicalista, que recuerda la película Arcadia de Costa-Gavras; “la salida pasa por la movilización, ya que las condiciones del ERE resultan innegociables incluso para los sindicatos amarillos de CaixaBank”.

Goirigolzarri podría triplicar el sueldo que percibía en 2020 como presidente de Bankia, 500.000 euros de remuneración fija; además se retiró de la presidencia del BBVA en 2009 con una pensión de 68,7 millones de euros; “Esto es vergonzoso”, afirma Ignacio Casado, que añade respecto al ERE: “La CGT defiende el mantenimiento íntegro del empleo, no entramos en el mercadeo de cifras; y en caso de que haya salidas, que se trate de prejubilaciones voluntarias y a cargo de la empresa, no del erario público”. En la entrevista en Radio Klara, Galán señala un punto en el que no se insiste lo suficiente: la modificación sustancial de las condiciones del contrato para los empleados que permanezcan en el banco.

El portavoz sindical lleva 14 años trabajando en Bankia y después en CaixaBank. Conoce casos en que la presión para la venta diaria de productos comerciales en las oficinas ha derivado en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, con el fin de paliar el estrés. “Se destruye empleo y cierran sucursales pero las cargas de trabajo se mantienen”, remata el sindicalista.