España/ 28 de enero de 2016 / Por: www.teinteresa.es, MADRID
– Ciudadanos y PP se ausentan. Diferentes colectivos de la comunidad educativa han participado esta tarde en el Congreso de los Diputados en una jornada de debate sobre educación impulsada por el Foro de Sevilla, donde han presentado a parlamentarios de diferentes grupos unas bases para impulsar un pacto de Estado por la educación.
Estas bases han sido acordadas entre varias organizaciones educativas, entre las que se encuentran los principales sindicatos de enseñanza, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) o la Marea Verde, e incluyen medidas como garantizar la gratuidad y laicidad de la educación en todas sus etapas, de los cero a los 18 años.
Estas propuestas han sido presentadas ante representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, IU-Izquierda Plural, ERC y Podemos, mientras que Ciudadanos y el PP no estuvieron representados.
La representante de la Ceapa, Elena González, destacó durante su intervención que “nunca se había hablado tanto de educación”, y achacó este hecho a la necesidad de impulsar un pacto que ponga fin a la Lomce, que, a su juicio, “sólo tiene que ver con la competitividad y con los ránkings”, al tiempo que rechazó las evaluaciones externas que contempla la ley educativa actual.
Por su parte, la Marea Verde de Madrid pidió que el proceso de confección de la próxima ley fuera “participativo”, así como que incorpore una formación “científica, humanística, artística y creativa”, mientras que su portavoz en el debate, Dolores Ruiz, subrayó la necesidad de recuperar la plantilla de profesores anterior a los “recortes”.
Desde el Foro de Sevilla, Carmen Rodríguez incidió en que es preciso “invertir para bajar las ratios” de alumnos por aula, un efecto de los recortes que ha masificado determinadas clases, según este colectivo.
Asimismo, rechazó “los libros blancos”, ya que a su juicio buscan la “rentabilidad” y la “mercantilización” de la educación, objetivos que se alejan de las bases que han presentado hoy.
Montserrat Ros, de la Federación de Enseñanza de CCOO, criticó el modelo similar al MIR que ciertas fuerzas políticas quieren aplicar para el profesorado, como es el caso de Ciudadanos, ya que “no es la solución”, y animó a “eliminar la precariedad” de los profesores.
Ante estas reclamaciones de los movimientos educativos, tanto ERC como PSOE, Podemos e IU recogieron el testigo y el “mandamiento” para impulsar el pacto, mientras que Rafael Simancas, portavoz de Educación del PSOE en la Cámara Baja, indicó que espera “que nos pongamos todos de acuerdo”. También agregó que, de lo contrario, habrán de pactar “con la mayoría con valores progresistas”.
Por otro lado, el diputado de Podemos Javier Sánchez aseguró que “queríamos derogar la Lomce de manera inmediata”, y recriminó al PSOE haber impulsado una paralización pero no una derogación como tal
España/Francisco García y Cuqui Vera/28 de Abril de 2016/ Fuente: nuevatribuna.es
Esta semana, aunque pueda estar pasando desapercibida, nos encontramos inmersos/as en la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) y que se celebra del 25 al 30 de abril en 124 países. El objetivo de la SAME que forma parte de la Campaña Mundial por la Educación es llamar durante estos días la atención de la comunidad educativa, medios de comunicación, representantes políticos y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una Educación de Calidad bajo el lema “La educación nos protege, protejamos su financiación”. En España concretamente, habrá actos de movilización en más de 30 ciudades, donde se prevé la participación de más de 15.000 alumnos/as y docentes para llamar la atención de representantes políticos en torno a esta causa, actos de reivindicación en la calle en lo que se ha denominado la “Paraguada por la Educación”, utilizando un paraguas como símbolo de protección de la financiación en educación.
El objetivo es simple, pero trascendente: recordar a los Gobiernos que están comprometidos en la financiación del derecho a la educación.
“¡Vuelve la burra al trigo!” que diría el otro ante la insistencia por seguir hablando de educación, infancia y dineros. Pero, no podemos resistirnos cuando Naciones Unidas nos recuerda que sigue habiendo 124 millones de jóvenes sin escolarizar en el mundo y que el 84% se concentran en el África Subsahariana y Asia, zonas del planeta especialmente sacudidas, además, por la pobreza extrema y la inhabitabilidad climatológica.
Precisamente en este entorno mundial, 196 países firmaron en septiembre pasado, en Nueva York, la Agenda 2030 desde la que se gestionarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Estos nuevos ODS son la continuación de los 8 anteriores Objetivos del Milenio que debían haber estado conseguidos para 2015. Centrándonos en el 4, que concierne especialmente al mundo de la enseñanza, su intención es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.
Un reto de proporciones importantes: asegurar que todas las niñas y niños completen de forma gratuita su educación primaria y secundaria de ahora al año 2030. Conseguir tal fin significa comenzar por derribar los tabúes culturales que en muchos países aún impiden el acceso igualitario a la formación. Significa también empoderar la enseñanza pública en aquellos lugares donde el mercado ya se ha enseñoreado como victorioso. Significa, por último, eliminar las disparidades de género e ingresos con el fin de lograr el acceso universal a una educación superior de calidad.
De ahí nuestra insistencia en trabajar por la Educación. Porque es un elemento de protección de primer orden para la vida humana, aquí, en Pakistán y Orlando. Con más educación se reduce la pobreza -al facilitar más oportunidades-, se mejora la salud –al aprender sobre nutrición e higiene- y se promueve el desarrollo sostenible –al concienciar de la finitud de nuestros recursos naturales. Con mejor educación se construye una ciudadanía más igualitaria, crítica y libre.
Por tanto, para conseguir que esos 124 millones de jóvenes puedan educarse será necesario actuar en distintos puntos: creando escuelas e institutos, formando docentes motivados/as y bien remunerados/as, facilitando material escolar adecuado y estableciendo políticas educativas que garanticen el derecho universal a la educación. En pocas palabras, aumentando la financiación en porcentajes superiores a los actuales, que están demostrando la insuficiencia para la consecución de los objetivos ya señalados. De ahí el lema elegido para sintetizar la Campaña mundial por la Educación de este 2016: “La Educación nos protege. Protejamos su financiación”.
Y precisamente nuestro país, España, no es un buen ejemplo que podamos mostrar al mundo: las políticas de recortes han rebajado la inversión educativa hasta el 4,1% del PIB y amenazan con dejarlo en el 3,7% (en el 2011 se invertía un 4,86 del PIB); han reducido el empleo docente y han erosionado la equidad, la igualdad de oportunidades y debilitado el derecho a la educación.
La calidad y equidad de nuestro sistema educativo se está resintiendo negativamente ya que por falta de dinero no se han puesto en marcha muchos programas de innovación o compensación educativa. Además se han perdido muchos puestos de trabajo porque muchos de estos programas han desaparecido. ¿realmente importa la Educación a nuestros políticos?
Por ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) no nos cansamos de exigir la derogación de las reformas educativas segregadoras, impulsadas por el PP, así como la reversión de los recortes en educación. Recordamos que la recuperación del empleo y de su calidad es un elemento primordial para devolver la equidad y la calidad a la educación.
Cualquier elemento de protección y seguridad personal valdría para identificar el lema de la campaña: un casco de obra, unos guantes de limpieza, unas gafas de seguridad, una mascarilla sanitaria,… todos son reconocibles rápidamente. También un paraguas, elemento finalmente seleccionado. Con el paraguas nos protegemos tanto de las tormentas –polémicas espurias sobre la educación- como de las insolaciones –insuficiencias financieras en la enseñanza-. Sean bienvenidas, por tanto, todas las “paraguadas” del mundo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estudiará con la Comisión Islámica de España (CIE) la implantación a partir del próximo curso de la clase de religión islámica en la ESO y Bachillerato en los centros educativos de Ceuta y Melilla.
Concretamente, el Ministerio se ha comprometido a estudiar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de los acuerdos con esta confesión religiosa en el ámbito de su competencia (Ceuta y Melilla) en la educación Secundaria, lo que implica que los estudiantes musulmanes de ESO y Bachillerato que viven en estas ciudades puedan recibir clases de Religión islámica.
El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, confía en que la clase de Religión se convierta en una realidad en la educación Secundaria a partir del próximo curso 2016-2017, según explica en declaraciones a Europa Press. Si bien reconoce que su implantación deberá ser de forma «paulatina», insiste en la necesidad de que comience a ofertarse porque en Ceuta y Melilla «las aulas son en su mayoría musulmanas».
«Creo que es muy necesario impartir la enseñanza por lo menos el curso que viene. Hay un compromiso y yo creo que ha sido en aras de la normalización de la convivencia y la vida de los musulmanes», ha subrayado Tatary, que esta semana se reunió con responsables del Ministerio de Educación para abordar este y otros asuntos.
Ambas partes han acordado volver a encontrarse en octubre –dos veces al año– para el seguimiento de la enseñanza religiosa islámica. Según los Acuerdos de Cooperación firmados en 1992 entre la CIE y el Estado español, el Gobierno debe «garantizar a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria».
Sin embargo, actualmente solo se atiende una demanda básicaen la etapa de Educación Primaria en Andalucía (19 profesores), Ceuta (13 profesores), Melilla (10 profesores), Aragón (3 profesores), Euskadi (2 profesores) y Canarias (1 profesor), sin aumento ni contratación para Secundaria, quedando el 95% del alumnado musulmán sin clases de religión y un 60% del profesorado de religión islámica en desempleo, según datos del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).
Más de 280.000 estudiantes musulmanesSegún el convenio económico, la administración educativa debería contratar profesorado de religión en aquellos colegios o institutos con diez o más peticiones de enseñanza religiosa islámica, y de los datos de densidad del alumnado por centros públicos de Primaria y Secundaria, se desprende que hay comunidades donde existe demanda pero no se ofrece la asignatura.
En este sentido, la UCIDE calcula que podría haber demanda de alumnado y por tanto contratación de profesorado en Baleares (7.660 alumnos), Cataluña (80.743), La Rioja (3.276), Madrid (37.150), Murcia (16.406), Comunidad Valenciana (29.781) y Toledo (4.424), pero señalan que sus administraciones «guardan silencio o directamente no ofertan la enseñanza».
En total, en las etapas no universitarias, hay 281.725 estudiantes musulmanes, a 31 de diciembre de 2015. Las comunidades autónomas con más presencia de estos alumnos son Cataluña (80.743), seguida de Andalucía (44.636), Madrid (37.150) y Comunidad Valenciana (29.781). En Ceuta son 5.545 estudiantes musulmanes y en Melilla, 6.989.
Informacion de la imagen: Niños durante una clase de Religión Islámica en el Colegio Vázquez Díaz, Valencia JULIÁN JAÉN
España/ 28 de enero de 2016 / Por: Iñigo Artola. Ok Diario
La Comisión que representa a la comunidad islámica en España estudia solicitar a las autoridades educativas españolas que se adapte el calendario de exámenes de este año al Ramadán, que este año se celebra del 6 de junio al 6 de julio, coincidiendo con las evaluaciones finales de los centros educativos y con las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Riay Tatari, presidente de la Comisión Islámica Española (CIE), plantea como una opción, y “no como una obligación”, la posibilidad deproponer alternativas a los alumnos musulmanes que ayunen durante este mes para que no se vean perjudicados. Dado que las fechas del Ramadán dependen del calendario lunar, es un hecho que se repetirá los dos próximos años, hasta 2019 cuando dejarán de coincidir las evaluaciones con el periodo de ayuno musulmán.
Desde el Ministerio de Educación han indicado que nunca se ha presentado una petición similar en los centros de Ceuta y Melilla, donde estudian más de 12.000 alumnos musulmanes. Este dato hace resaltar la rareza de la petición de la CIE, unido a que en los países musulmanes confesionales no se paralizan ni se adaptan las obligaciones de los ciudadanos al tiempo de ayuno. Los comercios abren, los centros escolares mantienen su actividad habitual y los trabajadores tienen que acudir a su puesto. No se trata de adaptar el día a día al ramadán sino de integrar el ayuno en las obligaciones de cada uno.
La petición sucede dos semanas después de que en Francia, el alcalde de Antibes (situado al lado de Niza y Cannes) rehusara suprimir la carne de cerdo en los comedores escolares remitiendo esta nota, en la que explica los porqués de su negativa, a los padres musulmanes que hicieron dicha petición:
– Para que los musulmanes comprendan que deben adaptarse a Francia, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su modo de vida, ya que son ellos los que han elegido emigrar.
– Para que comprendan que son ellos los que deben modificar su modo de vida y no los franceses, que los han acogido generosamente.
– Para que comprendan que deben integrarse y aprender a vivir bien en Francia.
– Para que comprendan que los franceses no son xenófobos ni racistas, puesto que han aceptado a numerosos emigrantes musulmanes (al contrario que los musulmanes, que no aceptan a los extranjeros no musulmanes en sus países).
– Que los franceses, como otros muchos países, no piensan renunciar a su identidad, a su cultura, a pesar de los golpes de los islamistas.
– Que si Francia es una tierra de acogida, no es la ministra Filippeti o el gobierno de izquierda quien acoge a los extranjeros, sino el pueblo francés en su conjunto.
– Que comprendan, al fin, que en Francia, con, y no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, sus árboles de Navidad, sus iglesias, y sus fiestas religiosas, la religión debe quedarse en el estricto dominio privado, y la alcaldía tiene razón cuando rehusa todo compromiso al islam y a su religión (la sharia).
– A los musulmanes, a los que molesta la laicidad y que no se encuentran bien en Francia, les recuerdo que existen 57 magníficos países musulmanes en el mundo, la mayoría de ellos medio poblados y dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos para respetar la ley de la sharia.
– Si habéis dejado vuestros países para venir a Francia y no para ir a otros países musulmanes, con vuestras mismas costumbres, es porque habéis considerado que la vida en Francia es mejor que en otros lugares.
– Preguntaos sólo una vez : ¿Por qué se está mejor en Francia que en el lugar de dónde venís? Pues, en efecto, el menú con carne de cerdo forma parte de la respuesta.
Hace unos días, oía a un periodista de TVE comenzar su entrevista a Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, con el habitual “España sale mal parada en el informe PISA”. Es falso, pero se repite. Poco antes, el pasado febrero, el diario El Mundoeditorializaba sobre lo mismo: “los deficientes resultados que año tras año cosechan nuestros alumnos en los informes PISA”, solemnizaban, sin aportar, por supuesto, una sola referencia concreta a esta evaluación internacional de la OCDE. Lo que importa es el objetivo central de los neoliberales, el ataque a las joyas del Estado del Bienestar, de las que la Educación es la más débil de la manada. Van a por ella, a saco.
Para hacer creer que la enseñanza pública es un desastre, no les importa falsear los resultados de estas evaluaciones internacionales. De hecho, España, en comparación con los países europeos de nuestro entorno, consigue unos resultados similares a los de Francia, Suecia o EEUU. Resumiendo, si traducimos las puntuaciones a notas escolares, donde Finlandia obtendría un 10, el sistema educativo español conseguiría un 9,3 en esas pruebas. Pero lo que importa, mezclando maliciosamente fracaso escolar, porcentaje de repetidores o abandono, con datos manipulados de PISA, es debilitar la imagen de la enseñanza pública.
Hace tres años, en mayo de 2013, en la Fundación Areces, en Madrid, el gurú internacional de la doctrina neoliberal sobre Educación, Eric Hanushek, como en un acto religioso, impartió a los feligreses españoles la doctrina básica: “la Educación funciona como cualquier mercado, por incentivos”. Carlos Sebastián, del grupo de FEDEA, financiado por los principales bancos y empresas del país, traduce el catecismo en su libro España estancada. Cita, por supuesto, el evangelio PISA, haciendo una exhibición de desconocimiento. Su gran aportación: el problema son los profesores, que son malos y cobran mucho. Y son funcionarios, dice (como los de Finlandia, por cierto). La solución serían los incentivos por resultados académicos. ¿Alguna evidencia que aportar? No, sólo les importa su modelo subyacente, su doctrina ultraliberal. Por eso, aunque citen a Dinamarca, siempre se refieren a fórmulas fracasadas en EEUU o Chile.
Pero, mienten. Como demuestra con evidencias Julio Carabaña en su libro La inutilidad de PISA para las escuelas, la relación que establecen entre los resultados por países y la calidad de centros y profesores es un simple fraude. Pero, los datos no importan, el objetivo es otro. Así, el diario El Mundo publicaba el pasado marzo, como cada año, la traducción práctica de la doctrina: el rankingde los “100 mejores colegios de España”, privados y concertados. Quien tenga curiosidad puede leer lo 27 criterios de calidad para comprobar qué entienden los ultras del mercado por buena Educación: marketing y marketing. Por cierto, una anécdota. Uno de los colegios privados del ranking, el Peñacorada de León, se publicitaba este curso por haber conseguido uno de sus alumnos una beca Amancio Ortega, a la vez que pasaba desapercibido que, en un centro público de la ciudad, el Instituto Lancia, dos alumnos conseguían la misma beca. Ninguna sorpresa.
¿Los centros privados son mejores que los públicos? Lo que sentencian los de la OCDE, en el tomo IV de PISA 2012, es que, excluido el sesgo sociocultural de las familias, no hay diferencias entre centros públicos y privados en los resultados de las pruebas. Son más caros, pero, según sus propios criterios, no más eficientes. Entonces, ¿por qué están tan interesados en segregar centros e imponer una tramposa “libertad de elección”? Por intereses doctrinarios. Las escuelas, como las fábricas de coches, estarían sometidas a la exigencia de eficiencia de los mercados. Pero sus centros, en los que pueden experimentar sus teorías sobre incentivos, son más caros, pero no más eficientes. Como dice el profesor Carabaña, sólo son buenos a la hora de seleccionar alumnos. Y, por supuesto, para hacer “pilarismo”, para establecer útiles relaciones personales de futuro, pero, para lo que debe servir la escuela, un desastre. Según su PISA.
Tengo un gran respeto por los conocimientos demostrados por Luis Garicano, el economista de Ciudadanos, pero, los sistemas educativos no son su especialidad. Él, como todos los neoliberales cuando se acercan a la Educación, también concluye en los sospechosos habituales: los malos profesores, las evaluaciones y los incentivos por resultados de los alumnos. Es decir, digan lo que digan los datos de los tomos II y IV de PISA, no les van a estropear su titular: la eficiencia de los mercados como sistemas de rendición de cuentas aplicada a la enseñanza. ¿Evidencias? Ninguna, tampoco en sus admirados estudios de EEUU, que ha tenido que cambiar su ley de Educación ante los evidentes fracasos de la aplicación de incentivos.
A Garicano hay que agradecerle una aportación concreta, recogida en su libro Recuperar el futuro. Dice: “En otras asignaturas, los estudiantes pueden leer un texto (preferentemente una fuente primaria, no un libro de texto) y discutir en clase bajo la dirección del profesor. Una discusión bien preparada sobre Karl Marx y su influencia en los nuevos partidos (¿qué diría Marx de la “casta”?), por ejemplo, tendrá muchísimo más impacto en los estudiantes que una aburrida lección sobre el materialismo histórico”. Como profesor de historia, le doy las gracias por el consejo, pero a él, como economista, no le vendría mal seguir el que da el reconocido Dani Rodrik en Las Leyes de la Economía a los economistas que tienen tendencia a aplicar sus modelos sobre economía a todas las disciplinas y “se arriesgan a ser criticados por salirse del campo de acción de su profesión y por hacer pasar sus propios juicios de valor por ciencia”. Incluso se puede llegar a hacer el ridículo.
Un mérito inapelable habrá que reconocerle a Garicano. Consigue que, en las cuatro ideas genéricas que el pacto Ciudadanos-PSOE dedica a Educación, las claves neoliberales sobre evaluación e incentivos protagonicen el texto. De paso, impuso una aritmética fiscal en el acuerdo que hace inviable cualquier mejora seria de nuestro sistema educativo público. Y esa es otra. Sabemos bien qué modelo quieren implantar los de “todo es mercado”, pero, conocemos poco sobre qué quieren quienes, en la izquierda, deberían saber que “no hay eficiencia en Educación sin igualdad de oportunidades”.
Cuidado que si estas corrientes neoliberales tienen éxito el 26J, sabrán qué hacer. Primero, desprestigiar la enseñanza pública, para, después, imponer su sistema de enseñanza excluyente, de redes segregadas de centros escolares. No sorprenderán. Hace tiempo que buenos conocedores del paño, como Joseph Stiglitz, les cogieron la matrícula. Por eso, el Nobel de Economía propone que los países cuenten con un mandato constitucional sobre la igualdad de oportunidades educativas. Cierto, hay que hacer cambios profundos en la Educación, pero para conseguir corregir el mayor fracaso del sistema: la falta de avances en la igualdad real de oportunidades. Y ahí tampoco hay mestizaje que valga. O por aquí o por allí, compañeros.
Europa/España/Abril 2016/Fuente:ElMundo /Autor:Noa de la Torre
La Conselleria de Educación no sólo se ha puesto a todo el sector de colegios concertados en contra. El arreglo escolar que ha supuesto para esta red la primera pérdida de aulas en años le ha generado un nuevo enemigo: la mismísima Iglesia. El Arzobispado de Valencia arremetió ayer contra el departamento que dirige Vicent Marzà porque también sus centros diocesanos -es decir, de los que la Iglesia es titular- también se han visto afectados. Y, según dejó entrever el Arzobispado, ni siquiera los criterios con que se ha metido la tijera son objetivos.
La Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, integrada en la actualidad por 68 centros, mostró su «inquietud, malestar y preocupación» por la supresión prevista de aulas. Es una propuesta de recorte -los colegios están aún en plazo para presentar sus alegaciones- «muy elevada para los colegios concertados», insistieron fuentes del Arzobispado en un comunicado.
Nueve de los 68 centros de la Fundación perderán alguna unidad el próximo curso. «Nos preocupa no tanto el hecho de suprimir unidades allí donde, por circunstancias, no hubiera alumnos, sino los criterios por los cuales se propone reducir», expresó el gerente de la Fundación, Miguel Ángel Coello. Y aquí se critica que en el caso de «muchas de las propuestas» para eliminar aulas se basen en «una pequeña disminución de alumnos» este curso, considerándose «que ese descenso se va a producir para siempre».
Distinto rasero, por tanto, respecto al arreglo escolar de la escuela pública. Lo cierto es que para el próximo curso habrá un intercambio de cromos: si los colegios públicos perdieron año tras año unidades en los últimos cursos a diferencia de los concertados, ahora serán los que se beneficien de una mayor apertura de nuevas unidades.
Además, el Arzobispado de Valencia cuestionó la veracidad del argumento de la Conselleria, que en todo momento ha hablado de la ratio de alumnos por aula como mínimo para autorizar o no su concierto. En este sentido, se denunció el caso de un colegio de Catarroja al que se ha propuesto suprimir una unidad de tres años «cuando en estos momentos tiene 18 alumnos matriculados» sin haber empezado el proceso de matriculación.
En palabras de Coello, «lo que no tiene sentido es que se creen unidades en la pública cuando realmente lo que se está buscando es un trasvase de alumnos de la enseñanza privada concertada a la enseñanza pública, totalmente en contra del texto constitucional». Un trasvase, por cierto, que negó la propia Conselleria.
También desde la patronal de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana se denunció ayer la situación en la que quedarán algunos de los colegios afectados, como es el caso de Jesús-María Fuensanta y Claret de Valencia. De nuevo, el motivo que esgrime la Administración para quitarles unidades es que no cumplen la ratio mínima de alumnos. Pero «cada año nos quitan más y nos están dejando con las puertas cerradas», indicó Antonio Cebrián, director del Claret.
Según la patronal, ambos centros destacan «por su labor como escuela inclusiva» con alumnado «diverso», lo que «hace complicado poder mantener la ratio habitual que presentan otros centros escolares si se busca dar una enseñanza de calidad».
La patronal advirtió de que, en la práctica, colegios como el Claret se verán «abocados a juntar a niños de tres, cuatro y cinco años en la misma clase, con las diferencias madurativas que tienen los pequeños a esa edad». Y, si esto se hiciese en Primaria, lamentaron las mismas fuentes, pueden llegar a juntarse cuatro alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, algo «inviable» con 25 alumnos por clase.
El agrandamiento de las brechas sociales de las últimas décadas tiene ahora, de la mano de los nuevos movimientos sociales, una histórica oportunidad para tratar de mermarlas. El 24-M, que marca la llegada al poder municipal y autonómico de las mareas ciudadanas, acarrea una gran bocanada de optimismo para el fortalecimiento de la educación pública. Es una oportunidad para repensar las finalidades y modos de apoyo de la ciudadanía a las instituciones escolares públicas.
Urge reforzar la filosofía de las ciudades educadoras e implicar a la ciudadanía en esta obligación de coeducarnos de una manera más activa, reflexiva y crítica. Una ciudadanía dispuesta a responsabilizarse de la educación de los miembros de su comunidad, sean o no sus hijos o sus familiares, es una maravillosa fuente de recursos para cooperar con el profesorado y el alumnado. Las mareas son una poderosa vía para inplementar políticas eficientes dirigidas a hacer frente a la inequidad en los accesos a recursos y programas culturales: museos, bibliotecas, salas de conciertos, polideportivos, parques y programas de actividades extraescolares… que reciben dinero público. Necesitamos coordinar de manera más eficiente los recursos disponibles en la comunidad; vertebrar todas las redes culturales dedicadas a educar y divulgar el conocimiento. Planificar sus programas en equipo con los centros escolares ayudará a sacarles mejor partido.
Son vitales políticas de redistribución de fondos económicos y de acceso a recursos de la comunidad destinadas a los centros públicos que atienden a poblaciones más necesitadas y, que en su interior, manifiestan mayor diversidad de estudiantes. En este sentido, son los ayuntamientos quienes más pueden contribuir a hacer realidad el acceso y derecho a una educación infantil 0-6 de calidad, una etapa injustamente descuidada por los poderes públicos.
Como dijo John Dewey, el fin de la educación es participar en la corrección de los privilegios y de las privaciones injustas, no perpetuarlas.
Imagen:
Mario Gonzalez Chavajay – “Camino a la Escuela” (2004)
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