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España: Ni el confinamiento ni la pandemia son la causa de la catástrofe

Ni el confinamiento ni la pandemia son la causa de la catástrofe

Juan Torres López

Fuentes: Público [Foto: Personal sanitario de la Unidad de Cuidados Intensivos donde se atiende a los enfermos del coronavirus, en el Hospital del Mar, en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce]

Los dirigentes empresariales vienen advirtiendo desde hace meses del peligro de que un nuevo confinamiento produzca una «catástrofe económica» y yo creo que se equivocan.

Sí estoy de acuerdo en que puede producirse un hundimiento catastrófico de las economías, pero no por esa razón.

El confinamiento es terrible para la economía. No cabe la menor duda. Pero no sería eso lo que nos puede llevar al mayor desastre económico no producido por guerras de la historia contemporánea.

Ya hemos podido comprobar que el primer confinamiento produjo un deterioro sin par en la actividad económica, la ruina de millones de empresas en todo el mundo, a pesar de que los gobiernos se han gastado en ayudas de todo tipo para mantener sus ingresos y también el de millones de hogares unos 12 billones de dólares, según las estimaciones de diversos organismos internacionales. En España, nunca había aumentado tan rápidamente la deuda del Estado porque nunca las empresas españolas habían recibido mayor cantidad de ayudas, en menos tiempo y en condiciones más generosas. Aunque, aun así, insuficientes.

No hay que ser muy perspicaz para entender que un segundo confinamiento, aunque fuese algo menos estricto que el anterior, sería todavía peor para todos, para las empresas, para las finanzas del Estado y para las familias, en todos los lugares del mundo.

Pero la catástrofe, como digo, no la produce el confinamiento y ni siquiera la pandemia.

Las medidas que son inevitables tomar frente a la Covid-19, desde el distanciamiento más liviano al confinamiento más radical, no son el problema que hay que evitar, como creen los dirigentes empresariales, sino remedios frente al problema. Si la pandemia va seguida de una catástrofe económica, como es posible que ocurra si seguimos sin darle respuestas adecuadas, no será porque haya habido uno o más confinamientos sino porque nuestras sociedades no se han dotado de recursos para hacer frente a un tipo de daños que se sabe que pueden producirse en cualquier momento, como ha ocurrido con los generados por la difusión de un coronavirus, algo que se había advertido en multitud de ocasiones que se iba a dar.

La catástrofe deriva de que se hayan ido desmantelando en años anteriores los sistemas de salud y los servicios públicos en general, los únicos que pueden estar en condiciones de atender desastres de este tipo porque los privados, lógica e incluso legítimamente, se dedican a obtener beneficio y éste no se consigue atendiendo a toda la población por igual, tenga o no recursos, como hay que hacer en una emergencia como la que sufrimos.

La catástrofe proviene de que hayamos decidido acumular aviones de combate, tanques, misiles, naves armadas hasta la bandera… ante el peligro más que hipotético de un ataque militar y no se haya invertido en la previsión de daños más probables, como los producidos por pandemias o desastres naturales.

La catástrofe se produce porque no se ha financiado la investigación básica en el sector público que permite que luego haya innovación privada y porque hemos dejado que el desarrollo de productos básicos, como fármacos y vacunas que ahora necesitamos con urgencia, se supedite al beneficio privado.

La catástrofe se va a producir porque se ha renunciado a que los Estados y los bancos centrales se hagan cargo en última instancia de la financiación de aquello que los mercados no pueden resolver, como ocurre paradigmáticamente con los efectos de un desastre natural, de las emergencias o pandemias como la que estamos viviendo. La catástrofe se produce porque se estableció que los bancos privados financiaran a los gobiernos a costa de multiplicar la deuda a base de intereses, de modo que cuando se necesita inexcusablemente financiación pública para ayudar a las empresas se está en situación límite y, entonces, o es imposible ayudarlas más, o sólo se les puede ayudar a costa de un incremento de la deuda insostenible que hundirá a las economías durante decenios.

Al paso que vamos, se va a producir efectivamente una catástrofe económica, pero no porque se decrete un nuevo confinamiento sino porque las bolsas van a estallar llevándose tras de sí al sector financiero y después a todas las economías, pues están artificialmente infladas con una inversión especulativa que nada tiene que ver con las necesidades financieras y reales de las empresas, y porque la banca mundial es insolvente y sólo vive de incrementar artificialmente la deuda y a base de privilegios, ayudas y favores públicos.

En resumen, vamos a una catástrofe, pero por una sencilla razón que no se quiere poner sobre el tapete.

Los seres humanos no tenemos solamente los problemas que se pueden solucionar a través del intercambio mercantil, buscando el lucro privado y poniendo en marcha negocios para ganar dinero satisfaciendo las necesidades de la gente.

Es cierto que una gran parte de nuestros problemas se pueden resolver, mejor o peor según las circunstancias, gracias a los mercados; gracias a la iniciativa de los sujetos más innovadores, emprendedores o con mayor atracción por el riesgo; creando empresas que buscando el interés de sus propietarios satisfacen una parte del interés general… en fin, gracias a que el capitalismo es muy potente a la hora de resolver los problemas que tienen solución a través de los mercados, de la apropiación privada de los recursos, del afán de lucro y de la acumulación de capitales. Pero, nos guste o no, resulta que los seres humanos y la sociedad en general tienen otros problemas que es imposible solucionar mediante ese tipo de procedimientos y eso es lo que los dirigentes empresariales no entienden ni ante los palos que da una pandemia y por eso no hacen más que pedir que desaparezcan impuestos y se debilite al Estado.

Cuando nos planteamos dedicar recursos a la defensa militar de la nación no recurrimos al mercado, esperando que cada cual pague por la parte de defensa que más le interese para que así se logre una defensa común óptima. Cuando hemos de organizar la policía, la administración de justicia, la gestión del tráfico… no confiamos en empresas privadas ni en el afán de lucro, ni tampoco en el mercado que tan buenos resultados puede dar en otros ámbitos.  La defensa, la justicia, la representación política y otros muchos recursos tan esenciales como ellos son bienes comunes que o no se pueden asignar a través de los mercados o, si se pudiera, sólo sería a costa de unas ineficiencias y asimetrías inaceptables.

La catástrofe que se avecina es la consecuencia de que nuestra civilización ha privatizado y supeditado al interés individual (de unos pocos) lo que es de propiedad e interés colectivo y no dedica los recursos necesarios para mantener los bienes comunes que permiten salvar la vida, la economía y también a las empresas cuando -como ahora en medio de una pandemia- los mercados no sirven para nada y el afán de lucro es incluso contraproducente. No queremos gastar dinero en proteger el medio ambiente y la naturaleza se desangra a nuestro alrededor. No hemos querido que los Estados dispongan de financiación propia a través de los bancos centrales ni garantizar que el crédito sea considerado como un bien público esencial para que funcione la economía, y la deuda se ha desbordado y ahora no podemos darles a miles de empresas lo que realmente necesitan en medio de una emergencia sanitaria: ayudas y dinero a cambio de nada. Hemos considerado al Estado la fuente de todos los problemas y le hemos atado las manos con tal de no pagar impuestos y ahora le pedimos que nos salve con ayudas ilimitadas. Hemos permitido que los poderosos desmantelaran las democracias para que no hubiera contrapoderes capaces de limitar sus privilegios y ahora nos lamentamos de que haya gobiernos con iletrados y populistas al frente que solo saben dar palos de ciego frente a una emergencia sanitaria complicada. Nos hemos empeñado en convencer a la gente de que las personas somos átomos, individuos sin relación, ni apego, ni intereses comunes con quienes nos rodean, y ahora tenemos una sociedad fracturada y cainita que lucha y se destroza a sí misma, cuando se precisa complicidad y unidad.

La catástrofe se producirá porque no parece que seamos conscientes o porque no se quiere admitir que una pandemia como la que vivimos paraliza inevitablemente, en todo o en parte, la maquinaria capitalista de generación de ingresos y beneficios. Y que, por lo tanto, se hace imprescindible recurrir a otros mecanismos distintos a los del mercado y al afán de lucro para salvar incluso a los mercados y la ganancia de las empresas. En una emergencia como la que vivimos hay que crear dinero de la nada, como pueden hacer los bancos centrales, y no someter aún más a las economías, a las empresas y los hogares a la esclavitud del crédito privado; hay que garantizar el acceso a los ingresos e incluso a los bienes y servicios esenciales cuando estos no los pueden proporcionar las empresas privadas en el mercado; hay que ayudar a fondo perdido y promover la cooperación y la satisfacción del interés común y no la competencia. Negar la realidad -como hacen los dirigentes empresariales- y pedir que se haga frente a una emergencia sanitaria como si fuese una oleada de resfriados y a una parálisis de la economía capitalista en un buen número de actividades y sectores económicos como si fuese una crisis más, solo lleva a un desastre mucho mayor.

Le guste o no a los dirigentes empresariales, las empresas que dejan de funcionar o que sólo pueden hacerlo con baja o mínima actividad no pueden salvarse en medio de una pandemia con más capitalismo (y mucho menos con el capitalismo neoliberal de los últimos decenios que quiere acabar con el Estado) sino con bienes comunes, con ayuda pública, con iniciativa y propiedad públicas y con cooperación y solidaridad, es decir, con socialismo o como quiera llamársele, pero no con el capitalismo que un virus y las malas políticas previas han hecho que deje de funcionar. O cambian el discurso de estos últimos cuarenta años y asumen la realidad o ellos mismos van a firmar su sentencia de muerte.

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2020/11/06/ni-el-confinamiento-ni-la-pandemia-son-la-causa-de-la-catastrofe/

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ni-el-confinamiento-ni-la-pandemia-son-la-causa-de-la-catastrofe/

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España: El castellano no será lengua vehicular, pero sí obligatoria

Europa/España/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

Se retirará el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza

La reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, garantizará que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias «por igual» del castellano y de la lengua correspondiente, a pesar de que se vaya a retirar de la norma el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza. Mañana se tiene que votar en la Ponencia o grupo de trabajo sobre la Lomloe de la Comisión de Educación del Congreso una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC que se conoció ayer y que ha levantado polémica al quitar precisamente el término de vehicular para el castellano en la enseñanza.

«La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución», recalcó a Efe la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, que remarcó que se va a ser tan «garantista» en la enmienda a votar que en su punto uno se vuelve al marco Constitucional y a los estatutos de autonomía, es decir, a los derechos recogidos en la Carta Magna.

Se busca asegurar «el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual» y la ley Celaá garantizará que todos los alumnos adquieran ambas competencias lingüísticas, del castellano y de la lengua cooficial de su comunidad, insistió. Además, en el «caso hipotético» de que se detectase que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en la gestión de competencias, se establecerán «medidas compensatorias» para equilibrar la adquisición de competencias y que se garantice ese derecho.

Fuente: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/castellano-lengua-vehicular-20201104141734-ntrc.html

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España: Profesionales que luchan contra la violencia machista ponen voz a este 25 de noviembre

Para conmemorar este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha preparado actos especialmente dedicados a todos los profesionales que trabajan diariamente en la lucha contra la violencia de género, «más aún en tiempos de la covid», según valoró la directora general de Mujer y Diversidad de género, María José García.

‘Valiente y libre a la vez’ es el lema elegido para una campaña en la que, según la directora general, «se quiere poner de manifiesto la importancia de la labor de los profesionales que trabajan para que las mujeres que son víctimas de la violencia machista se armen de valor y se liberen de esas cadenas que las tienen atadas a sus agresores».

Las actividades, que se irán realizando siempre acorde con las medidas que la situación epidemiológica vaya dictando, comenzarán el próximo martes 3 de noviembre, con la ‘Comisión de reinserción laboral de víctimas de violencia de género’ y con el Teatro Foro Online Te quiero en la línea, a cargo de la compañía Candela.

Además, los profesionales serán instruidos a través de acciones que tratan la cuestión de la violencia de género en personas con discapacidad, con la ‘I Charla online: Atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género. Servicio Alba’, el 23 de noviembre; en mujeres de etnia gitana, gracias al ‘Seminario online: Violencia de género y mujeres gitanas’, los días 10 y 11 de noviembre; e incluso en menores, con el ‘Programa SensibilizaT. Creciendo iguales’, 19-31 del mes.

También destacan las jornadas online ‘Una mirada hacia la violencia sexual’, organizadas por el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales (CAVAX) del 9 al 19 de noviembre, y la presentación del cortometraje sobre violencia de género Mar, el 6 de noviembre.

Otras acciones con las que se intenta sensibilizar e identificar la realidad en esta materia son presentadas a través de herramientas audiovisuales y artísticas: la proyección material audiovisual de la Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales, el día 25; la Conferencia-concierto ‘Quereres y Dejenes’, el 26; la presentación del programa del III Congreso Internacional Artes y Diversidad, el 19 de noviembre; y la clausura de los talleres del proyecto ‘Empoderarte’, el 7 de noviembre.

Por último, el programa quiere destacar la capacidad de las personas, empresas e instituciones a la hora de reivindicar y concienciar de que hay que denunciar todo tipo de violencia. Por todo ello, se hará entrega de los diplomas ‘Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género’, el 20 de este mes, y de las ‘Distinciones 25 noviembre 2020’, el día 25.

Fuente: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/03/profesionales-luchan-violencia-machista-ponen/1159336.html

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España: PSOE, Podemos y Mas País pactan que la educación se garantice solo a través de la pública sin contar con la concertada

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia.

PSOE, Podemos y Mas País han aprobado una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada.

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia, es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

La enmienda señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

La «ley Celaá» ya había eliminado en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.

Aprobado el polémico apartado 5 de PSOE y UP

En esta enmienda transaccional aprobadad también se recogen modificaciones realizadas por PSOE y Podemos a la «ley Celaá» (en sus enmiendas conjuntas) que aluden reiteradamente al incremento de plazas públicas para atender toda las necesidades de escolarización. Por ejemplo: «En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».

También se aprueba el apartado 5 del artículo 109, obra de PSOE y Podemos que dice que: «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Las contradicciones con la «heterogenidad del alumnado»

Por otro lado, PSOE y Podemos incuyen en el artículo 109.1 el objetivo de conseguir una «heterogeneidad» del alumno como «oportunidad educativa» y, al mismo tiempo, han aprobado otra enmienda transaccional con ERC que establece como criterio de preferencia para acceder al concierto el fomento de la escolarización de proximidad (que el centro esté cerca del domicilio o zonficación). La pregunta que cabe hacerse es cómo conseguir un alumando heterogéneo si se prima la proximidad de domicilio y por lo tanto, no podrán elegir un colegio que esté más lejos de su distrito.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-mas-pais-aprueban-educacion-solo-garantice-plazas-publicas-dejando-afuera-concertada-202011031358_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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Cuidar y no ser cuidadas

Por: Irene Graíño Calaza/elsaltodiario.com/


Las trabajadoras del hogar y los cuidados sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica. Tomar medidas para proteger los derechos de estas trabajadoras esenciales es urgente.

La precarización laboral y socioeconómica afecta desde mucho antes de la crisis del covid-19 a una parte sustancial de la sociedad española: la crisis solo ha agudizado esta precariedad. En este escenario, las personas extranjeras residentes en el Estado español sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica.

Según el Informe del Consejo Económico y Social (CES) del pasado año 2019, las mujeres procedentes de América Latina son, junto con las de África y Europa del Este y el resto del mundo, las que obtienen salarios más bajos de todo el territorio de entre el conjunto de personas extranjeras.

Y entre los salarios más bajos están los de las trabajadoras domésticas, un sector que emplea a 630.000 personas según Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Siendo el segundo Estado de la Unión Europea con más trabajadoras en dicho sector —únicamente por detrás de Italia y percibiendo sueldos inferiores—, una de cada tres empleadas del hogar en Europa realiza su actividad en España.

Por una parte, según SEDOAC, el 97% de las empleadas del colectivo está constituido por mujeres, siendo más de la mitad de ellas mujeres migrantes. Por otra parte, se calcula que al menos 200.000 de estas trabajadoras no tienen un contrato de trabajo. La mayoría de estas trabaja en régimen de interna, lo que supone que están disponibles las 24 horas del día 7 días a la semana. A pesar de que el Real Decreto 1620/2011 establece que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de doce horas, esto no ocurre con las internas. Ellas trabajan y viven —cuando tienen contratación de interna— en circunstancias que vulneran sus más intrínsecos derechos.

En la misma línea, los datos recabados de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del año 2007, señalan que las trabajadoras domésticas percibían un salario medio ostensiblemente inferior al del resto de los trabajadores: 644 euros al mes frente a los 1066 de salario medio de los demás sectores. Además, en cuanto a los tipos de contrato que se firman, se puede observar que entre 2010 y 2015, el periodo que recoge este estudio, el número de contratos de carácter temporal ha superado con creces al de contratos indefinidos.

El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable

Es decir,  pese a que estas mujeres se ocupan día a día de los cuidados –imprescindibles y asociados histórica y patriarcalmente a la mujer, e ínfimamente valorados en términos productivos, lo que provoca su desvalorización social—, y de proteger el bienestar del conjunto de la sociedad, trabajan sin gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores.

El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable. Por ello, la comprensión de la interacción entre las variables de género, clase, migración y mercado de trabajo en el marco de esta crisis se revela imprescindible. En esta línea, la perspectiva interseccional permite centrar el análisis: las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, siguiendo a Sònia Parella Rubio, Profesora Titular del Departamento de Sociología de la UAB, sufren una triple discriminación por ser mujeres, migrantes y trabajadoras de hogar.

La vigente crisis ha desencadenado múltiples despidos y reducciones de jornada. Sin embargo, la actual normativa sigue sin proteger ni “cuidar” jurídicamente al sector que lleva cuidando del país desde hace más de veinte años.

Las empleadas del hogar denuncian llevar ocho años esperando al cumplimiento de la ley, el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar y expone la intención de conseguir la integración plena de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Este colectivo se rige por una “relación laboral de carácter especial”, lo que provoca entre otras cosas, que no se les aplique la cobertura de vacíos de cotización. Así, la llamada “integración de lagunas” es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena del que no gozan las empleadas domésticas por no estar integradas en el Régimen General. Esta integración supone aplicar la base mínima de cotización en los periodos en los que no ha cotizado, a la hora de hacer el cálculo de la pensión, sea de jubilación o de incapacidad, un mecanismo que tiene por objetivo no desfavorecer al trabajador y que su base reguladora sea excesivamente baja.

Pero no se trata solo del cálculo de las pensiones. A día de hoy, las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar como SEDOAC, aseguran que gran parte del colectivo todavía no ha percibido el subsidio extraordinario para empleadas del hogar puesto en marcha gracias a la presión de los colectivos. Varias campañas han solicitado la prórroga de este subsidio para paliar el hecho de que muy pocas han podido disfrutarlo —una prórroga que sí se ha aplicado a los ERTE—.

Además, las asociaciones consideran imprescindible la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que es parte del programa del actual Ejecutivo. Durante el pasado mes de junio, casi 30 asociaciones de empleadas del hogar acudieron al Congreso para volver a exigir su ratificación. Este tratado, entre otras cuestiones beneficiosas, concedería al colectivo el derecho a paro y las protegería como trabajadoras.

El artículo 14 del Convenio 189 de la OIT reza: “Todo miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

En una carta enviada durante el pasado mes de septiembre a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Carolina Elías, presidenta del SEDOAC, denunciaba “jornadas extenuantes o despidos casi libres, imposibilidad de disfrutar de horarios de descanso, sobrecargas de cuidados con toda la familia en el hogar, temor a ser contagiadas y no poder trabajar, miedo a ser detenidas por una ley de Extranjería perversa que nos obliga a trabajar tres años sin contrato para obtener los papeles. Tras seis meses de pandemia, seguimos siendo nosotras las que hemos sobrecargado nuestros cuerpos para que la vida siga adelante y los hogares funcionen. Una labor que hemos hecho con responsabilidad, pero sin derechos”.

En el contexto del concepto de las “cadenas globales de los cuidados” —término acuñado por la profesora y socióloga Arlie Hochschild— a la luz de la denominada “crisis de los cuidados” se comprende la elevada presencia de mujeres migrantes que trabajan en este sector, sobre todo a partir de los años noventa en el territorio español. El ingreso acelerado de las mujeres españolas de clase media en el mercado laboral, su presencia en el espacio social, el cambio de roles y la escasa implicación de los hombres en los cuidados originó un colapso en la capacidad de cuidar de las familias.

Y esta crisis agudizó determinadas desigualdades sociales y raciales. Como explica la antropóloga Shellee Collen, “las tareas de reproducción física y social que se efectúan diferencialmente de acuerdo con desigualdades basadas en jerarquías de clase, raza, etnicidad, género, se sitúan en una economía global, y en contextos migratorios, y está estructurada por fuerzas sociales, económicas y políticas”.

Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria, pero siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre

El trabajo doméstico realizado hoy en día por muchas mujeres migrantes en España se comprende en las dinámicas de mercantilización y externalización del trabajo reproductivo, por el que las mujeres españolas de clase media contratan cuidadoras para sus hijos o mayores, ya que no pueden asumir directamente el cuidado, esencialmente debido a la ausencia de apoyo estatal y la falta de compromiso masculino.

En el panorama actual de emergencia sanitaria y socioeconómica, se prevé aún más urgente si cabe, la adopción de medidas para salvaguardar los derechos de las trabajadoras domésticas. Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria. No obstante, hoy en día siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre de todo el territorio español. Tras las paredes de los hogares de quienes aplaudían en los balcones, millares de trabajadoras cuidaban de los mayores de este país, lejos de sus raíces y a costa de su descanso y un gran sacrificio. Tomar medidas para mejorar las condiciones de estas mujeres es urgente. Llevan ya muchos años cuidando sin ser cuidadas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/trabajadoras-hogar-cuidados-cuidar-no-ser-cuidadas

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Intersindical RM participará en la manifestación on-line bajo el lema «nuestras vidas importan más que sus beneficios»

Europa/España/06-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.tercerainformacion.es

Las plataformas Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad de la Región de Murcia han convocado para el próximo sábado 7 de noviembre una manifestación a través de las redes sociales en protesta por la falta de respuesta a los problemas sociales de la clase trabajadora y los sectores populares de la región.

El próximo sábado 7 de noviembre se llevará a cabo una acción on-line en las redes sociales impulsadas desde las plataformas Plan de Choque Social y Las Marchas de la Dignidad, en las que participa activamente la Intersindical Región Murciana, ante la falta de respuesta a los problemas de la mayoría social y la gestión de la pandemia por parte del gobierno regional de López Miras, al que acusan de beneficiar a sus amigos del juego y a las grandes fortunas de la región, así como llevar a cabo reformas contra el medio ambiente y a favor de las personas que más tienen, además de que se desconoce en qué se ha gastado el dinero que el gobierno del Estado ha dado a la región para paliar los efectos de la pandemia.

Las plataformas han tenido que adaptar la acción convocada de forma presencial, para ese mismo día, ante las medidas de seguridad sanitaria aprobadas por los gobiernos y han manifestado que volverán a la calle próximamente. La acción on-line será a las 17 horas y han elaborado una guía para su realización que está publicada en su web y redes sociales.

Los convocantes denuncian en su manifiesto que en nuestra región la crisis por la pandemia del Covid-19 ha mostrado, por un lado, la debilidad del sistema público de salud para hacer frente a esta situación de extrema gravedad, como también del resto de aspectos públicos como la educación, la protección social, las residencias de mayores, el transporte, etc. Y por otro, la utilización de la pandemia como excusa para imponer políticas que profundizan en las desigualdades y la pobreza, que depredan el medio ambiente y benefician a los amigos del gobierno (PP, Ciudadanos) en Murcia, con el agravante del retroceso social y democrático que supone que sea un gobierno sustentado por el partido fascista.

Y continúan diciendo, nuestra región, por su modelo económico y laboral, tiene uno de los índices de precariedad laboral y de pobreza social más altos de España y de Europa, como ha quedado demostrado en los últimos informes de organizaciones solidarias. La explotación de las personas en el ámbito laboral es especialmente sangrante en nuestra región, con prácticas cercanas al esclavismo. La crisis está suponiendo una oportunidad para las clases ricas y acomodadas. Así, la acumulación de la riqueza por las clases ricas –mucha de ella por medios ilícitos e inmorales- es un hecho escandaloso. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Por todo ello, exigen, entre otras cuestiones, una sanidad pública y de calidad,  derecho a una vivienda digna,  educación pública y de calidad, un cambio radical de la política ambiental, prestaciones sociales suficientes, una política fiscal redistributiva, acceso universal  y seguro a las comunicaciones de calidad, la igualdad de todos los seres humanos, contra las políticas que discriminan a las mujeres y la violencia machista, contra la manipulación mediática y social y la derogación de las Leyes Mordaza y modificación del Código Penal. 

Enlace al manifiesto

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/05/11/2020/intersindical-rm-participara-en-la-manifestacion-on-line-bajo-el-lema-nuestras-vidas-importan-mas-que-sus-beneficios/

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España: 5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021

Europa/España/Noviembre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de la financiación del Ministerio de Educación y FP será de un 139 % con respecto a los actuales y alcanzará la cifra de 5.697 millones de euros el próximo año.

De estos 5.700 millones, 1.800 corresponden a la redistribución de las partidas de formación profesional para el empleo, que pasarán definitivamente al Ministerio de Educación desde el de Trabajo, así como por el incremento de los presupuestos estatales y por los fondos que estén por llegar desde la Unión Europea.

Las apuestas fundamentales de la cartera de Isabel Celaá serán, principalmente, tres: equidad (vía becas), formación profesional y digitalización de la educación.

Apuesta por la equidad

En lo referente a equidad, se dedicarán 2.360 millones a tres partidas fundamentales: el aumento de las becas y ayudas al estudio; el aumento de las plazas públicas de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), y a la lucha contra el abandono escolar temprano (AET).

El sistema de becas, que todavía se encuentra, como ha confirmado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, en periodo de revisión para su transformación, recibirá 515 millones de euros adicionales para 2021 hasta un total de 2090 millones. Un incremento del 35%, el mayor presupuesto que se haya dado en este apartado de los presupuestos nunca.

Por delante, más allá de la aprobación de los PGE, está la convocatoria en próximas fechas del Observatorio de becas para que el Ministerio dé cuenta de las novedades. La intención de Educación es aclarar lo máximo posible cuáles serán las cuantías que cada peticionario recibirá para que, así, puedan organizarse de cara a cada curso escolar. Para ello, entre otras medidas, se intentará dejar en la menor expresión posible la parte variable que instituyera en su momento José Ignacio Wert como ministro de Educación.

Para el aumento de las plazas de educación infantil de primer ciclo, el ministerio se ha planteado un plan a tres años vista con la idea, ha sostenido esta mañana la propia ministra Celaá de que las familias vulnerables tengan mayor posibilidad de acceso a estas plazas. Idea en la que ha insistido Alejandro Tiana. Está previsto que sea mediante un programa de cooperación territorial en el que, además, quieren incluir a las administraciones locales. Para el próximo año está previsto que la mayor parte de las plazas que se creen se hagan en centros ya existentes, como escuelas infantiles o colegios de infantil y primaria. Algo que tendrán que decidir las comunidades autónomas.

El aumento de las plazas de 0-3 se ha interpretado como un ataque a la escuela concertada, que no recibirá financiación para el crecimiento de sus plazas. Según Alejandro Tiana «es un error desde cualquier punto de vista». El objetivo del Ministerio es pasar del actual 34 % de cobertura hasta porcentajes cercanos a los de comunidades como Euskadi, es decir, alrededor del 54 %. Pero cubriendo las necesidades de escolarización de la población más vulnerables, para lo que se apuesta por plazas públicas y gratuitas. «Son los más vulnerables, los que más necesitan esas plazas», ha insistido el secretario de Estado.

Está previsto que se inviertan 200 millones de euros en aulas de 0-3 años, para que se abran 21.794 plazas que podrán estar en centros ya en funcionamiento y en otros que eventualmente se construyan.

Finalmente estarán el programa PROA+ centrado en la disminución del abandono escolar temprano. Durante este 2020 ya se repartieron 60 millones entre las autonomías para que lo pusieran en marcha y está previsto que para 2021 haya una propuesta a las administraciones educativas competentes para que estos programas reciban financiación tanto estatal como autonómica. Habrá 80 millones para que 1.800 centros de especial complejidad, el próximo año, puedan poner en marcha estos programas.

Digitalización de la educación

En los últimos meses, la pandemia y el confinamiento, han puesto de relieve la difícil situación en la que se encuentran muchos centros educativos. Redes wifi que no dan más de sí, equipos informáticos más o menos obsoletos y una gran brecha digital entre el alumnado que, aún hoy permanece sin contabilizar del todo.

Más allá de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de empresas del sector tecnológico para esta digitalización, desde el Ministerio quieren aumentar la cifra de los dispositivos electrónicos anunciados hace meses para el alumnado con mayores dificultades. A esos 500.000 dispositivos que todavía se están licitando, Educación hará la inversión de 150 millones de euros más para que haya otros 250.000. Tres cuartos de millón de dispositivos que irán a parar al alumnado que las comunidades autónomas decidan en función de sus necesidades materiales.

También se invertirán 827 millones para la puesta en marcha de 23.000 aulas digitales para sostener el sistema híbrido de enseñanza. A estas cifras se sumarán 31 millones para la formación del profesorado en digitalización de la enseñanza y otros 2,5 para las y los docentes de formación profesional.

Con todo ello, este proyecto de digitalización absorverá 1.013 millones de euros en 2021.

La reforma de la FP

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez que ya anunciara una gran reforma hace unos meses. Además de la inclusión de la FP para el empleo dentro de las competencias del Ministerio de Educación, con su consiguiente ampliación presupuestaria, está previsto que la formación profesional reciba 1.628 millones de euros. De esta cifra, casi 1.000 millones (974) irán a parar a la FP para el empleo, mientras que la del sistema educativos recibirá en 2021 654 millones, lo que supone un aumento del 349 % si se tiene en cuenta que su presupuesto en 2020 es de 187 milllones.

Junto a este aumento tan importante de recursos, la reforma de la formación profesional se basará en la promulgación de una ley específica en los próximos meses.

Entre los programas sobre los que apuesta el Ministerio para la mejora de esta etapa educativa se encuentra la acreditación de la experiencia de más de medio millón de personas que, a pesar de tener conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, no tienen ningún título que lo acredite. Para conseguir revertir esta situación se invertirán 127 millones.

La falta de plazas de formación profesional lleva siendo un importante problema grave en muchas comunidades autónomas desde hace ya años. Por ello, el Ministerio tiene un plan que prevé la creación durante cuatro años de un total de 200.000 nuevas plazas. El primer paso será invertir el año que viene 64 millones para que se creen 47.400 nuevas plazas que puedan cubrir la demanda actual de estos estudios.

La otra gran pata sobre la que se apoyará el plan de modernización de la FP en los próximos años tiene que ver con la entrada del bilingüismo a estos estudios profesionales, tanto en los grados medios como en los superiores. Para ello se invertirán 170 millones de eros.

El objetivo, ha explicado la ministra Celaá es que «en tres años, el 10 % de los ciclos de FP sean bilingües».

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/04/5-700-millones-sera-el-presupuesto-de-educacion-para-2021/

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