España/Febrero de 2017/Autor: José L. Aroca/Fuente: Extremadura
El acuerdo España-Santa Sede de 1979 que incluye la enseñanza de Religión en la escuela en las mismas condiciones que otras asignaturas es un tratado internacional que hay que respetar, y no se hace en el currículo educativo extremeño del año pasado según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que considera “desproporcionada” la reducción a la mitad de las horas de clase, e inadmisible la desaparición en segundo de Bachillerato.
Es una decisión de la sala de Contencioso Administrativo de ese tribunal que da la razón a la Asociación de Padres de Extremadura Escuela Pública, Educación Integral (Apadex), en su recurso contra el nuevo currículo educativo regional contenido en el decreto 98/16 de 5 de julio del año pasado.
Ese decreto, que se aplica desde principios del presente curso, rebaja a la mitad (de dos a una) las horas semanales de clase de Religión en la Secundaria Obligatoria (ESO) y en primero de Bachillerato, y suprime la materia en segundo de este último nivel.
Fue una reacción del nuevo Gobierno regional socialista contra el decreto firmado por el anterior presidente José Antonio Monago aun después de perdidas las elecciones autonómicas de 2015, y que elevaba el horario de esa materia.
La Junta de Extremadura entiende que así cubría el mínimo de tiempo lectivo exigido por la normativa estatal, y que segundo de Bachillerato era un curso no incluido en los acuerdos España-Vaticano de oferta obligatoria (aunque luego los alumnos escojan otra asignatura) de la Religión católica.
“Desproporcionado y discriminatorio”
Los jueces del Tribunal Superior de Extremadura entienden que el núcleo del problema es la aplicación del Concordato España-Vaticano de 1979, del que se derivan las disposiciones posteriores de las leyes estatales LOE y Lomce, y el decreto del Ejecutivo de Monago de 2015.
Según ese tratado internacional la Religión se incluye entre las materias educativas llamadas específicas, que dependen de las comunidades autónomas pero cuyos criterios de evaluación decide el Gobierno estatal, de oferta obligatoria pero optativa para los alumnos, y los jueces en esta sentencia subrayan además que se trata de una asignatura ‘especial’ por razón de esa acuerdo entre dos Estados, materia que es además evaluable y cuenta para el acceso a las becas o a la Universidad.
Dado que el Concordato dice que debe impartirse en las mismas condiciones que otras materias, el TSJEx considera en esta sentencia “desproporcionada” la reducción en un 50% de su carga horaria, y discriminatorio el trato que recibe respecto a otras materias ya que en algunos casos “quien escoge religión hace una hora más”.
Por otro lado establece el tribunal que el segundo curso de Bachillerato debería ofrecer también como optativa la Religión.
Sentencia opuesta
Esta decisión judicial es opuesta a la que la misma sala tomó en septiembre pasado respecto al recurso en ese caso planteado por los obispos extremeños, pero que lo basaron en una vulneración de los derechos fundamentales, violación que los magistrados no estimaron al razonar que la Religión no se suprimía aunque sí es cierto que bajaba su peso.
Por si acaso los obispos tenían presentado otro recurso en la misma línea del ahora estimado de la asociación de padres Apadex, y además hay un tercero similar de una asociación de docentes.
La Junta ha dicho que acata esta segunda sentencia contraria pero que la recurrirá en casación al Tribunal Supremo, por lo que entiende que sus efectos prácticos de momento son nulos.
Según su portavoz Isabel Gil Rosiña, el Gobierno de Fernández Vara “no hizo un decreto contra la Religión, lo que hizo fue garantizarla y garantizar a la vez otros valores éticos y ciudadanos, que ayudan a formar los extremeños del futuro, a la vez que la enseñanza de la Filosofía. Garantizar la libertad de los padres y alumnos para optar por la Religión, o por otros valores”.
Andalucía se sitúa a la cola en cuanto al grado de desarrollo global de la juventud. Los malos resultados en los datos de empleo, educación y emancipación lastran a la comunidad andaluza, y a España en general, a las últimas posiciones a nivel europeo. Sólo Croacia, Italia, Bulgaria y Rumanía tiene peores datos que España, según el informe elaborado por primera vez por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, titulado Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 2016. Este estudio analiza la situación de la población entre los 15 y los 29 años en el ámbito de la educación, emancipación, empleo, condiciones de vida y el uso de las tecnologías.
“A nivel europeo vemos una clara división norte-sureste”, ha apuntado esta mañana Anna Sanmartín, coordinadora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, durante la presentación del informe en la Universidad Pablo de Olavide. “España sólo presenta buenos resultados en salud y nuevas tecnologías”.
Este informe no sólo compara a España con el resto de países de la Unión Europea, sino también analiza la situación de las comunidades autónomas y las compara entre ellas y con los países europeos. “Hay muchísima diferencia entre las comunidades autónomas”, ha comentado Anna Sanmartín, que estuvo acompañado por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzán Fluja, y Miguel Ángel Rodríguez, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. La educación en el País Vasco, por ejemplo, cuenta con una puntuación muy por encima de la media de la UE, mientras que Andalucía, Extremadura o Canarias presenta unos resultados similares a los de Malta o Rumanía, en el otro extremo de la taba.
Uno de los principales lastres es el abandono escolar. Mientras que en el País Vasco el abandono escolar se sitúa en torno al 9%, en Andalucía supera el 27%, según ha apuntado Anna Santamaría.
Con respecto al empleo, la comunidad andaluza se sitúa en penúltima posición a nivel nacional, sólo por delante de Canarias. “No es sólo la cantidad de empleo, es también la calidad de éste”, ha matizado la coordinadora del proyecto. Según este informe, la tasa de desempleo en Andalucía entre los jóvenes de 15 a 29 años sólo es mejor que la tasa actual de Melilla.
Andalucía, y España en general, sólo ofrece buenos resultados en lo relativo a las habilidades tecnológicas y en las condiciones de vida, con una tasa de mortalidad por accidentes de tráfico o suicidio entre los jóvenes bastante bajas en comparación con algunos países nórdicos, donde el índice de suicidio supera el 28%.
Da comienzo el 30 de enero en los 703 centros escolares públicos y concertados del País Vasco.
El departamento vasco de Educación va a estar «especialmente vigilante» durante la campaña de prematriculación del curso 2017-18 para evitar la picaresca del uso de «empadronamientos irregulares» para obtener ventaja en la adjudicación de las plazas escolares.
Así lo ha advertido este viernes la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte en la presentación a los medios en Bilbao de las novedades de la campaña de prematriculación escolar 2017-18 que se iniciará el próximo 30 de enero y finalizará el 10 de febrero (el 9 para los que la hagan por Internet).
Uriarte ha recordado que el Departamento concede puntos a las familias en función de una serie de baremos entre los que se encuentra el de la proximidad de su domicilio al centro escolar de su preferencia.
El departamento que dirige ha detectado que, en cursos anteriores, algunas familias han presentado certificados «irregulares» de empadronamiento con el fin de conseguir el máximo de esos puntos y mejorar sus opciones de adjudicación de plaza en el centro deseado.
Por ello, ha asegurado que el Departamento, al igual que hizo el año pasado, «va a actuar para evitar que haya familias que se puedan beneficiar de estos empadronamientos no reales» y ha advertido, «para que luego no haya sorpresas», de que «aquellas familias que hagan uso irregular del certificado de empadronamiento para conseguir plaza en un determinado centro, perderán los puntos de más que hayan obtenido a través de esta opción».
«Esto significa -ha remarcado-, que podrán perder la plaza inicialmente asignada».
Ha apuntado que las autoridades educativas de cada territorio «actuarán cuando se produzcan denuncias por parte de las familias y también podrán revisar los certificados de empadronamiento en aquellos centros educativos donde haya un número mayor de peticiones que de plazas ofertadas».
El departamento que dirige Uriarte ha informado de que el curso pasado revisó 328 certificados de empadronamiento susceptibles de ser irregulares y se les retiró los puntos indebidamente obtenidos a 105 familias, de las que 45 perdieron la plaza previamente asignada.
Uriarte ha explicado que otra de las novedades introducidas en la campaña de prematriculaciones para el curso próximo hace referencia al nivel de renta económica de las familias para beneficiarse del punto y medio que otorga el departamento por este concepto.
Si el año pasado el nivel máximo de ingresos anuales de la unidad familiar para obtener ese punto y medio era de 42.000 euros, este año se ha rebajado a 9.080,4 euros, que se corresponde con el ingreso anual correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional de 2015.
Con esta modificación, ha explicado Cristina Uriarte, el departamento que dirige pretende que «realmente se beneficien de la puntuación por este concepto las familias que disponen de menos recursos económicos».
Uriarte ha recordado que las familias deben preinscribir a sus hijos en tres centros de los 703 existentes en Euskadi (455 públicos y el resto privados-concertados), por orden de preferencia, y que en campañas anteriores el 94% de las familias logró escolarizar a sus hijos en su primera opción.
La consejera ha precisado que una vez concluido el plazo de preinscripción el 10 de febrero, cuatro días después se publicará el listado de solicitantes, el 23 de febrero las listas provisionales de adjudicación de plazas y el 18 de marzo, tras estudiarse las posibles reclamaciones, las definitivas.
CCOO, Ustec y UGT firman el acuerdo por el que Ensenyament incorporará 5.500 nuevos profesores el próximo curso.
La Conselleria d’Ensenyament y los sindicatos CCOO, Ustec y UGT han firmado este martes el acuerdo por el que se incorporarán 5.500 nuevos profesores el curso que viene, lo que permitirá, entre otras cosas, reducir en una hora la carga lectiva de los docentes. La firma del acuerdo, que no ha sido ratificado por el Sindicato de Profesores de Secundaria Aspepc, el cuarto integrante de la mesa sectorial de enseñanza, ha supuesto la desconvocatoria de la huelga anunciada para el príximo 9 de febrero.
En rueda de prensa este martes tras la firma, la ‘consellera’ de Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha asegurado que es un «muy buen acuerdo» para la mejora de la atención del alumnado y de las condiciones laborales de los docentes. Por su parte, los dirigentes sindicales Ramon Font (Ustec·Stec), Manel Pulido (CCOO) y Laia Martí (UGT) han celebrado que el acuerdo rompa con una «dinámica negativa».
El acuerdo contempla la incorporación de 3.500 docentes a partir del próximo curso para compensar la reducción de una hora semanal del horario lectivo del profesorado, que se suman a las 2.011 plazas anunciadas por la consellera Ruiz en su comparecencia parlamentaria, de las que 1.214 son dotaciones para atender a la nueva escolarización, inclusiva y alta complejidad y el resto a sustituciones.
También acuerda la cobertura de bajas desde el 1 de septiembre y desde el primer día en bajas superiores a una semana, un incremento de 3 millones de euros para formación permanente del profesorado y el compromiso de la ‘conselleria’ de la convocatoria de oposiciones de 2.000 plazas, además de «tener en consideración» en las negociaciones de los presupuestos del 2018 y el 2019 la demanda sindical de reducción de una segunda hora lectiva.
La ‘consellera’ ha asegurado que esta convocatoria de oposiciones se prevé para este año, y ha celebrado que el 86% de los integrantes de la mesa sectorial han firmado el acuerdo.
ASPEPC·SPS: «FIRMA PRECIPITADA»
El sindicato Aspepc, que no ha rubricado el acuerdo, ha dicho en un comunicado que se trata de una «firma precipitada» que no ha tenido la negociación necesaria y que ha buscado ‘hacer la foto’ sin concretar detalles del principio de acuerdo alcanzado la semana pasada.
Ha reprochado que Ensenyament ha «faltado a su palabra» sobre la repercusión de la hora lectiva en secundaria, que ha transformado en una hora de permanencia fija que no supone una mejora sustancial de las condiciones del profesorado, y ha considerado que el acuerdo no supone una reversión de los recortes y deja de lado la mayor parte de demandas sindicales.
Finlandia / 01 de febrero de 2017 / Fuente: http://www.finlandtimes.fi/
Attending upper secondary school costs a single student more than 2,500 euros, reported the Finnish language daily Savon Sanomat.
The sum is based on calculations made by the Suomen Lukiolaisten Liitto (The Union of Finnish Upper Secondary School Students) this autumn.
According to the union, study materials costs about 2,000 euros during the period a student is enrolled in a school.
The calculation took into account the cost of a laptop computer, among other things. Possible commuting to school or housing expenses were not taken into account.
Students enrolled in upper secondary schools have to buy learning materials in accordance with a new curriculum that came into force this autumn.
Students may also be compelled to acquire own devices such as a laptop. According to the union, study materials should be free of charge and should be the responsibility of the education provider.
Murcia / 01 de febrero de 2017 / Fuente: http://www.laverdad.es/
Las aulas de los centros sanitarios atienden cada año a más de 1.800 menores y con el proyecto de ‘Samsung Smart School’ buscan potenciar el aprendizaje de la tecnología móvil
La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, presentó este martes en las aulas del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia la incorporación de estas instalaciones educativas y sanitarias al programa ‘Samsung Smart School’, que fomenta el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el aprendizaje en los alumnos ingresados. Las consejerías de Educación y Universidades y de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo impulsan el proyecto en colaboración con el Ministerio de Educación y la empresa tecnológica Samsung.
La Comunidad invirtió 9.700 euros, cofinanciados con fondos europeos, en la adquisición de 38 tabletas digitales y un armario de carga para las baterías. Las aulas hospitalarias se unen así a dos colegios de la Región que ya se beneficiaban de este proyecto educativo digital, los centros Purísima Concepción de Puerto Lumbreras y Nuestra Señora de los Remedios de Molina de Segura.
Sánchez-Mora explicó que «el objetivo del programa es contribuir al éxito escolar y ampliar el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el aprendizaje de los alumnos».
La empresa Samsung pone a disposición de las aulas hospitalarias asistencia técnica y formación para el equipo docente implicado en el proyecto. Además, también incluye el software necesario para aplicar las nuevas tecnologías a la enseñanza.
El proyecto ‘Samsung Smart School’ está destinado a centros educativos que se ubiquen en una zona rural alejada o en los que haya alumnos con necesidades de refuerzo educativo.
Más de 1.800 alumnos pasan cada curso escolar por las aulas hospitalarias de la Región, ubicadas en la ciudad sanitaria Virgen de la Arrixaca, los hospitales generales universitarios Morales Meseguer y Reina Sofía, de Murcia, y el hospital Santa Lucía de Cartagena. En lo que va de curso escolar 2016/2017 ya participaron en sus actividades unos 600 escolares.
El curso pasado fueron atendidos en estas instalaciones un total de 1.820 alumnos: 1.187 de Infantil y Primaria, 539 de Secundaria y 94 de Bachillerato y Formación Profesional.
Educación y pedagogía especializada
El principal cometido de las aulas hospitalarias, que acogen a niños con edades de entre 3 y 17 años, es prevenir el desfase curricular que se produciría por una ausencia prolongada de la actividad lectiva, y ayudarles a comprender y afrontar su enfermedad para que puedan adoptar una actitud positiva frente al proceso de curación.
En ellas desempeñan su trabajo seis profesores que participan de forma activa en diversas iniciativas y proyectos. La consejera de Educación subrayó la «humanidad y dedicación» de estos profesionales.
Aquí se desarrollan diversos proyectos como ‘Emocionarte’, en el que se trabajan las emociones a través de la música y las artes plásticas, y que fue distinguido con el premio nacional ‘Hospital Optimista’. También disponen de otros programas educativos específicos como ‘Música los viernes’, ‘Una orquesta en la maleta’ y ‘Martes con arte’, en los que colaboran más de 130 profesores de centros educativos de la Región.
En estos momentos también se participa en el proyecto ‘Edhospit’, junto a Valencia y Canarias, que diseña una plataforma que facilita el proceso de intercambio de experiencias entre docentes. Además, se realizan otras actividades pedagógicas como la revista ‘Lápiz de curar’, editada por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Consejería de Educación y Universidades.
España / 01 de febrero de 2017 / Por: LOLA HIERRO / Fuente: http://elpais.com/
En el mundo hay 263 millones de niños sin escolarizar, pero la ayuda española se ha reducido de 354 millones de euros a 34 millones
España ha desaparecido de la comunidad de donantes en ayuda al desarrollo y, más en concreto, en lo que se refiere a la educación, pues su aportación se ha reducido desde el 2008 en un 90%, pasando de 354 millones de euros a 34 millones en 2015. Si hace nueve años suponía el 5,6% de la ayuda de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en 2014 es tan solo del 0,6%. Esta es la principal conclusión que se desprende del informe La ayuda en educación, a examen, un documento fruto de la investigación llevada cabo por la Fundación Etea para el Desarrollo y la Cooperación y por Entreculturas y Alboan, dos ONG de la Compañía de Jesús. Su finalidad: analizar la cantidad y la calidad de las aportaciones españolas a la educación de los niños y adultos de países más pobres durante los últimos 15 años.
España ha suspendido en este análisis. «Los ciudadanos españoles hemos visto con escándalo y sorpresa cómo hemos llegado al nivel de ayuda al desarrollo de hace 30 años. El objetivo soñado por muchos, el de algunos que os fuisteis a acampar a La Castellana hace 20 años no ha valido. Hemos suspendido en ayuda al desarrollo y en educación, lo digo con pena», ha lamentado este martes Ramón Almansa, director ejecutivo de Entreculturas, durante la presentación de los resultados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En el año 2000 se firmó con mucho optimismo el Pacto de Dakar por la educación, en el que los países del norte se comprometieron a aportar los recursos financieros necesarios para que ningún niño quedara sin escolarizar. Ese mismo año vino la firma de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM), cuya meta número 4 contemplaba la universalización de la educación. La ayuda internacional destinada a este sector se multiplicó por 2,3 entre 2002 y 2014, pero no llegó a cubrir ni de lejos la brecha financiera que la Unesco consideraba que se debía cubrir para lograr estas metas. Llegó 2016 y estos ODM fueron renovados por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sin que sus predecesores se hubieran alcanzado por completo: el número de niños sin escolarizar se ha reducido en un 30%, pero más de 260 millones no van aún al colegio, una bajada estancada desde 2011 sobre todo por los nuevos conflictos armados. Además, en la mayoría de los países menos adelantados la tasa de finalización de la primaria apenas alcanza el 50%.
No son datos nuevos, pero sí preocupantes, y ante este panorama España no responde bien. El sector educativo es el que más fondos ha recibido por parte de la cooperación española en los últimos 15 años, y aun así, su reducción va a la par al duro recorte que ha sufrido la Ayuda Oficial al Desarrollo en general: un 70% entre 2008 y 2014. Hace 15 años, el país aportaba 4.762 millones de euros. Hoy ha disminuido a 1.627 millones, un 0,13% de la Renta Nacional Básica. La media de la Unión Europea es del 0,4%.
La caída de la ayuda bilateral bruta (aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores) a la educación fue aún mayor: pasó del sexto puesto como país donante del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) al vigésimo segundo. «En este 90% de recorte ¿cuánta gente se ha quedado sin escolarizar, cuántas escuelas hemos dejado sin hacer, cuántos maestros no han tenido la formación suficiente?», se ha preguntado Almansa. Esta ayuda bilateral durante el periodo 2000-2014 ascendió a 2.500 millones de euros. Fue a partir de 2005 cuando fue aumentando hasta alcanzar su valor máximo en 2008: más de 354 millones de euros. Pero a partir del año siguiente se desploma en más de 90 millones de euros y ya no deja de bajar: en 2014 tan solo se destinan 40 millones.
¿Para qué clase de educación aportamos dinero?
El informe permite saber de manera concreta a qué tipo de educación se ha destinado más y menos dinero. Con 908 millones de euros, un 35% del total, se come la mayor parte el llamado sector no especificado, es decir, actuaciones en las que no se conoce a qué nivel educativo van dirigidas y construcción de escuelas, actividades de apoyo presupuestario sectorial, formación de profesores, etcétera. En segundo lugar, la educación básica con 670 millones de euros (26%), que incluye solo infantil, primaria y capacitación básica de personas jóvenes y adultas. En 2014 la educación básica no llegó a los seis millones de euros, casi 120 millones menos de lo que llegaron a donarse en 2008. El tercer nivel es la secundaria general, que incluye educación secundaria, Formación Profesional y universitaria. A este se han destinado 596 millones de euros (el 23%), casi todo a la universidad. La educación secundaria y la formación profesional recibieron cerca de 420 millones de euros (16%).
La gran olvidada es la educación infantil, a la que solo se destinaron un 1% de los fondos, pero las alertas de los autores del informe se han dirigido más hacia la etapa de educación básica, pues los fondos destinados se redujeron entre 2008 y 2011 en un 81% y siguió bajando durante los años siguientes hasta tocar los cinco millones en 2015.
Tres cuartas partes de la ayuda a la educación provienen de la cooperación centralizada, y una cuarta parte de la descentralizada. Esta prioriza la educación básica y secundaria, y una gran parte de las actividades de educación para el desarrollo. En este apartado hay que ver el compromiso de las Comunidades Autónomas, que aportaron 450 millones de euros y van desde el 9% de Andalucía hasta el 19% de Valencia y Madrid, aunque esta última ha reducido su ayuda a cero en los últimos años, igual que Castilla-La Mancha.
En cuanto a regiones, más de la mitad de los fondos se dirigen a América Latina (53%), seguida de África subsahariana (20%) y en los últimos tiempos el norte de África (9%). Los países que más han recibido son Marruecos, Bolivia, Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
Tras el análisis, las recomendaciones, que en el informe son 20 pero no se han destacado todas. Para las tres organizaciones es fundamental que España cumpla con los compromisos económicos adquiridos en el Marco de Acción del Foro Mundial de Educación y en el marco de los ODS y, para ello, recupere la inversión en cooperación en la senda del 0,7% priorizando al sector educativo. También se ha reclamado que se incrementen los fondos destinados a la educación básica hasta alcanzar el 8% de la Ayuda Oficial al Desarrollo española, tal y como señaló la propia Comisión de Cooperación del Congreso en 1999 a través de dos Proposiciones No de Ley. El jefe del departamento de cooperación sectorial de la AECID, Javier Gavilanes, ha atribuido el descenso en la cooperación al «contexto muy condicionado de reducción de fondos» y ha avisado de que el año 2017 también estará marcado por la «restricción presupuestaria».
Sin olvidar los logros alcanzados en los últimos 15 años, Almansa ha pedido pensar en los 263 millones de niños que siguen sin escolarizar y ha pedido que se haga autocrítica más allá de la falta de voluntad política. «No hemos querido, la ciudadanía no ha sido capaz de movilizarse y sin duda no ha habido financiación». En su opinión, la educación debe situarse en un lugar prioritario central de las agendas nacionales e internacionales, y no solo por los datos, sino porque la educación es el mejor catalizador para lograr cambios sociales. «Si queremos cambiar este mundo, sin educación será imposible». Para ello, aboga por una educación que afecte a todos los ciclos de la vida de una persona, que ponga énfasis en la calidad del aprendizaje, la equidad y la inclusión, que sea transversal. «Si queremos construir un mundo más justo, equitativo y solidario tenemos que volver a confiar en el poder de la educación. Sin la educación es imposible, no podremos cambiar el mundo».
SIN EDUCACIÓN NO PODREMOS CAMBIAR EL MUNDO
RAMÓN ALMANSA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ENTRECULTURAS
Ha llegado la hora de que la cooperación española cambie de rumbo, destacando el papel de la educación como herramienta de transformación social, contribuyendo a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El informe La Ayuda a Educación a Examen de Entreculturas destaca que la Ayuda Oficial al Desarrollo en España ha retrocedido a valores de hace casi 30 años. Si no fuese por los fondos comprometidos a la Unión Europea, podríamos decir que la cooperación española ha quedado reducida a cantidades puramente testimoniales. Entre 2008 y 2015 la ayuda neta experimentó un descenso de más del 65%, pasando de 4.762 millones de euros a 1.627 millones de euros. Esta cifra apenas supone el 0,13% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que sitúa a la cooperación española muy lejos de los principales países donantes y del objetivo del 0,7% suscrito por España en diversos consensos y compromisos internacionales.
Estos recortes han afectado severamente al presupuesto para educación, que se ha reducido en más de un 90% en ese mismo periodo. En 2008 la ayuda española al sector suponía el 5,6% del total de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y en 2014 equivalía tan solo al 0,6%. La ayuda bilateral también ha caído drásticamente en cuanto al compromiso con la educación básica. Estos fondos se redujeron entre 2008 y 2011 en un 81% y siguieron bajando en los años siguientes. En 2015, no llegaban a los 5 millones de euros, apenas el 0,7% de la ayuda bilateral, frente al 8% comprometido.
Urge asumir estrategias orientadas a una mayor eficiencia y coherencia con los retos globales. Es indispensable recuperar la inversión de la cooperación española, priorizando la ayuda en educación e incrementar los fondos destinados a la educación básica. Asimismo, hay que promover un concepto amplio de calidad educativa ligado a la equidad, la inclusión y la participación de los distintos agentes y un sistema de indicadores adecuado. La cooperación española debe apoyar a las poblaciones más vulnerables y atender a la heterogeneidad de países y realidades, prestando atención tanto a las necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes en situaciones de emergencia y conflicto, como las de poblaciones marginadas de los países de América Latina, en los que la educación puede tener un papel primordial para reducir la desigualdad.
Todo esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, aprovechando la experiencia acumulada, implicando a todos los agentes, construyendo herramientas de cooperación ágiles y duraderas, asignando recursos y colocando a las personas más vulnerables en el centro de todas nuestras acciones.
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