Trabajadores italianos del sector educacional afiliados a sindicatos de base, comenzaron hoy una huelga de 48 horas para exigir mejores condiciones de trabajo y otras reivindicaciones laborales.
El paro fue decretado por las organizaciones Unión Sindical de Base P.I.; Unicobas Escuela y Universidad; Cobas, Escuela Cerdeña; y CUB Escuela, Universidad e Investigación.
Los organizadores de la protesta criticaron en un comunicado lo que califican de ‘vergonzoso protocolo’ de seguridad suscrito con el gobierno por las tres grandes centrales sindicales, Cgil, Cisl y Uil y otras asociaciones, para el reinicio seguro de las actividades docentes este mes en todos los niveles de enseñanza.
En ese sentido, la declaración rechaza lo que considera ‘la validación de las clases gallinero’, con una media de más de 20 alumnos, cifra que compara con el máximo de 10 en Bélgica, con cuatro metros cuadrados por cabeza, y grupos de 15 en Alemania y Reino Unido, con una separación de dos metros entre estudiantes.
“¿Qué es más importante?”, cuestionó el doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencia, al revelar que el 25 por ciento de los países aún no tiene fecha de regreso al colegio.
“Todos queremos que los niños regresen a la escuela y todos queremos que las escuelas sean sitios seguros”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, quien subrayó que la decisión de cerrar los centros educativos debe ser “un último recurso (temporal) y solo debe implementarse a nivel local en áreas con una transmisión intensa».
Tedros recordó que a nueve meses del inicio de la pandemia del coronavirus, quedan muchas preguntas en cuanto a la forma como la covid-19 puede atacar a niños y adolescentes, quienes por lo general tienden a tener un cuadro leve de la enfermedad. Pero la interrupción de la educación tiene consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto, y por eso es de vital importancia que puedan volver a sus escuelas.
En ese sentido, el doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencias, señaló que algo en lo que todos debemos estar de acuerdo es que las escuelas son importantes y que la educación de los niños es prioritaria. «¿Cómo combinar la protección de la muerte a las personas vulnerables y el regreso de los niños a la escuela? Debemos hacer sacrificios (…) La única forma de conseguirlo es que los adultos se mantengan a distancia para disminuir los contagios”, explicó.
Ryan fue enfático al preguntar: “¿Qué es más importante, que los niños regresen a la escuela o que estén abiertos los bares y los clubes? Son decisiones que tenemos que tomar».
“El cierre diario de decenas de aulas no augura nada bueno (…) Este puede ser un curso frustrado, si no se convierte en algo aún peor, lleno de ausentismo, protestas y conflictos”, advirtió el sindicato de docentes de ese país.
En España, por lo menos 117 colegios han cerrado completamente a causa de rebrotes del coronavirus tras dos semanas de la reapertura, según informó la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs).
El sindicato alertó que las primeras dos semanas de clase en el país ibérico se han visto afectadas por dichos rebrotes.
Los nuevos cierres no son exclusivos de alguna región, sino que se reportan a lo largo del territorio español. Sin embargo, la Comunidad de Madrid es la que más suspensiones reporta.
Según el registro de STEs, citado por la prensa local, en la Comunidad de Madrid se reportan 178 aulas clausuradas; en Cataluña hay 34 grupos confinados en 27 guarderías, escuelas e institutos con 72 casos positivos de covid-19 detectados en profesionales y 54 en alumnos, mientras que en Navarra hay 2.178 alumnos de 110 grupos de estudiantes de primeros grados que permanecen en casa luego de la detección de algún caso confirmado en su entorno.
“El cierre diario de decenas de aulas no augura nada bueno (…) Este puede ser un curso frustrado, si no se convierte en algo aún peor, lleno de ausentismo, protestas y conflictos”, advierte el sindicato.
José Ramón Merino, portavoz de STEs, culpó al Ministerio de Educación y a varias consejerías de Educación por “no haber facilitado los medios para un curso escolar seguro”, lo que desembocó en la “alta incidencia de casos de infección detectados en los primeros días” de clases.
Debido a la situación, el gobierno de la Comunidad de Madrid estudia la posibilidad de ampliar las actuales restricciones para contener la propagación de la pandemia.
La decisión, que se confirmaría a finales de esta semana o principios de la siguiente, incluye “confinamientos selectivos” por áreas básicas de salud y limitaciones a la movilidad, según mencionó el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Adicionalmente, la Consejería de Sanidad señaló que se está analizando la reapertura del hospital de emergencia que se habilitó en las instalaciones de Ifema (Institución Ferial de Madrid).
Europa/España/24 Septiembre 2020/eldiariolaeducación.com
La modificacion del Estatuto, que está previsto que entre en el Consejo de Ministros el próximo 29 y que se hará, presumiblemente, por vía de Real Decreto-ley, no quita para que los territorios y por sectores de actividad puedan negociar las condiciones de quienes quieran o puedan teletrabajar.
Mientras las indicencias en centros educativos relacionadas con la Covid-19 no paran de sucederse, se cierran aulas por contagios de alumnos y docentes, se envía al personal de baja o de cuarentena, los sindicatos educativos esperan, al menos así lo asegura Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, una negociación, «en cuestión de semanas», que lleve a los colegios e institutos el acuerdo en materia de teletrabajo que se ha conseguido en la mesa de negociación de los empleados públicos.
Y no solo se espera que la negociación sea rápida con el Ministerio de Educación, primer paso, sino con las 17 comunidades autónomas a las que, con posterioridad, tendría que llegar (aunque Extremadura tiene su propio texto ya). Y deben ser semanas porque, aunque la pandemia es una situación coyuntural y, en principio, terminará tarde o temprano, hoy por hoy no se puede descartar ningún escenario de cierre.
Como se anunciaba hace unos días, los sindicatos han conseguido un acuerdo con el Gobierno para que se modifique el Estatudo Básico del Empleado Público, de manera que se regulen cuestiones como el derecho a la desconexión o la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de facilitar los equipos y dispositivos necesarios para que el funcionariado pueda desarrollar su labor desde casa. Ambos puntos han sido fundamentales, al menos, durante el periodo del estado de alarma, con docentes respondiendo comunicaciones durante todo el día, muy por encima de su horario habitual de trabajo, o en días festivos.
Aunque es complicado de calcular, el coste para las administraciones de conseguir que todo el profesorado que tenga que desarrollar su labor en casa, ya sea por una cuarentena obligada o por estar en régimen de semipresencialidad en algún curso alto de la secundaria, la cifra puede ser bastante elevada. Aunque para Maribel Loranca, secretaria de FeSP-UGT podría establecerse algún tipo de sistema de préstamos para quienes se encuentren en estas situaciones.
Desde el Ministerio de Educación y FP todavía no se tiene prevista esta posible Mesa Sectorial con los sindicatos para ver de qué manera «baja» el texto al sector docente concreto. Según Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación todavía es pronto, hay que esperar a que el texto de la modificación llegue al Consejo de Ministros (está previsto que lo haga el próximo martes) para comenzar a dar los primeros pasos de la negociación.
Sobre la mesa, además de cuestiones relacionadas con equipamiento informático o el número de horas y el horario exacto de trabajo para el personal docente, hay otras cuestiones de fondo como el derecho a la intimidad y a la protección de datos dado el anuncio de alguna autonomía de emitir en streaming las clases de los docentes cuyos grupos se encuentren en semipresencialidad. Protección para el profesorado que imparte como para el alumnado que se encuentra físicamente en las aulas mientras se emiten las clases.
Tanto para Loranca como para García, en cualquier caso, el teletrabajo en el sector educativo debe prácticamente circunscribirse a la situación de pandemia actual, dado que la apuesta, en este sector al menos, debería ser siempre por la presencialidad. De hecho, ambos destacan, dentro del acuerdo general, la garantía de la prestación de servicios de la administración de manera presencial al ciudadano.
Por delante, ahora, en cualquier caso, está el trámite de enviar la propuesta de modificación del Estatuto al Congreso de los Diputados donde no debería haber grandes complicaciones para aprobarlo. Principalmente porque hay acuerdo entre Gobierno y sindicatos y, en la normativa que regulará al sector privado, también con la patronal. Según fuentes sindicales, la modificación llegará en forma de Real Decreto-ley en un intento por agilizar el trámite, aunque tendrá que contar con el beneplácito de la Cámara. Antes pasará por el Consejo de Ministros.
Para Loranca, en cualquier caso y dure lo que dure este trámite, no hay problema para que el Ministerio de Educación convoque lo antes posible la Mesa Sectorial con los sindicatos de enseñanza para ir avanzando un marco que, después, llevue a las autonomías. Francisco García, desde CCOO, es de la misma opinión. La negociación debería poder desarrollarse en las próximas semanas. Y más con el escenario de incertidumbre actual en relació a la pandemia.
EL PAÍS speaks with residents in districts affected by the restrictions on mobility about the rise in coronavirus cases and whether the new rules will be able to curb contagion.
Francisco Albarrán was 21 years old when he left Ávila province and came to the Madrid district of Usera looking for work. It was 1974 and he found a job in a bar that had been open for six months called Vicentín. He went on to run the place and has been behind the bar now for a total of 46 years.
Dressed in a maroon shirt and black apron, Albarrán serves coffee to a customer playing the slot machines. “I’m thinking of retiring for the first time. Not because I want to, but because this is forcing me to,” he says. By “this,” he is referring to the virus. Half a year after it first emerged, Covid-19 no longer needs to be referred to by name. “This country has been through a lot since 1974,” he adds. “Dictatorship, crises… But this is the worst.”
In a bid to curb coronavirus contagion in the region, the Madrid government has placed 37 basic health areas – many of them in working-class – under a selective lockdown. Usera is one of the districts affected by the new rules, which came into effect on Monday. Under these rules, people in the affected areas are only allowed in and out for essential activities such as going to school or work, or to care for dependents. Public parks in the restricted zone have been closed, capacity at stores and other commercial establishments reduced to 50% and closing time set at 10pm, with the exception of pharmacies and gas stations.
As of Monday, Albarrán’s bar is only allowed 10 customers inside at once, none of whom can stand at the counter; and it has to close by 10pm. But he was closing at that time even before the new restrictions came into effect. “Things don’t work like they used to, whether that’s 20 customers inside or opening beyond 10pm,” he says.
It’s 10am and the Vicentín has been open since 7am. “People act irresponsibly and recommendations are not followed. Twenty guys meet and nothing happens,” says Albarrán, adding, “I am 67 and I have never regretted coming here from Ávila; Madrid has given me everything.”
Why are some of us affected and others aren’t? Because of the way we behave? So how are they behaving in the center of the city?
MONTSE, UNEMPLOYED WOMAN IN USERA
The Vicentín is in Rafaela Ybarra street in the Zofío area of the Usera district where restrictions were enforced due to the high coronavirus transmission rates. The street is named after an affluent 19th century woman from Bilbao who gave alms to the poor using silk gloves to avoid dirtying her hands. “She realized that this was not right,” wrote Carmen Torres in a biography Rafaela Ybarra. The Lover of God. Exchanging her luxurious clothes for humble attire, Ybarra dedicated her life to caring for girls and young women, for which she was beatified.
When her husband, the president of the manufacturing company, Altos Hornos de Vizcaya, inquired after her fortune, he was told that his wife kept it in the best bank there was – heaven. Today if Ybarra was to grace the street named after her, she would have to pull her gloves back on. In the parish of San Juan de Avila, in Fornillos street, there is a quote from her, placed there in 2003, which reads: “Gaze on this world, as it was all made through love for you, and all it is, and all things in it, speak of love, and demand love, and mean love.” When entering the church itself, a sign informs visitors that there is no holy water and that the sign of peace is made without touching.
“It is easy to blame us for the uncontrolled spread [of the virus], rather than the people in authority or those who should have given us the resources to organize ourselves,” says Montse, a young unemployed woman who is taking her dog out at 11am. “What are they going to do about the people who have to work outside the area – which is the majority?” she asks. “What are they going to do about the people waiting for a PCR test? And what are they going to do about people with children? Why are some of us affected and others aren’t? Because of the way we behave? So how are they behaving in the center of the city?”
On Marina Usera street, a man drops his cigarette which falls close to the feet of Juan Carlos Valdeoliva, who is standing at the door of the Luarca bar. Valdeoliva works at the bar and lives in the Usera district. “The measures are a joke and, because of them, many businesses here are definitely going to go down the drain,” he says.
So why is the spread of the disease so virulent in the district? “Because there are a lot of assholes who don’t do what they should,” he replies, then, reiterating the prejudices that have taken root in various sectors of the population, he adds, “I’m not a racist, but South Americans don’t give a damn about the measures.”
During the Spanish Civil War, Zofío – a health area in the Usera district – was known as the Usera front where one of the most important episodes of the Republican defense of Madrid took place. The sculptor Emilio Barral died nearby, hit by a shell, and had the following lines dedicated to him by Spanish poet, Antonio Machado: “Emiliano Barral, captain of the Segovia militia, fell at the gates of Madrid, defending his country against an army of traitors, mercenaries and foreigners.”
The entrance to the Metro station in Carabanchel, which has been placed under a selective lockdown.DAVID FERNÁNDEZ / EFE
Julio Embid calls the Madrid district of Carabanchel home, though he currently lives in Zaragoza province, where he works as a coordinator for the Socialist Party’s (PSOE) parliamentary group in Aragón. Carabanchal, like Usera, is also under a selective lockdown. In 2016, Embid wrote an essay called Concrete Children; How do we live on the southern fringes of Madrid? In it, he talks about how five-story syndicate blocks were built between the M-30 and M-40 ring roads, housing thousands of people during the 1960s from all over Spain, their diversity of origin reflected in the street names. “Many of the streets in the Pilar neighborhood are called after Galician towns, and in El Pozo, the names are towns in Córdoba; in Aluche it’s towns in Toledo,” he tells EL PAÍS by phone.
Embid sheds light on what he terms “one of the most unequal cities in Europe,” explaining that there is a four-year difference in life expectancy between El Viso, the capital’s wealthiest neighborhood, and Villaverde, in the far south. “There are just three hospitals for a million inhabitants: Gómez Ulla, 12 de Octubre and Infanta Leonor. Nowhere else in Spain with a million inhabitants do they have just three hospitals,» he says, referring to Madrid’s southern districts. «If you live in Las Águilas, in the south of Madrid, and you work in La Moraleja, for every 19 years, you will spend an entire one on a train,” he adds. “The distances are long and public transportation has not improved. Not only has it not improved, between 2005 to 2014, the inflation rate in Madrid rose by 10 points while the basic monthly transport pass rose by 45 points.”
The authorities don’t follow the advice of the experts – such as providing trackers, more primary healthcare resources, planning for schools and teachers
ANTONIO PALACIOS, PSYCHOLOGIST IN CARABANCHEL
Emid also points out another difference in this area: the rise of the misery economy. Since the financial crisis, there has been a notable increase in “businesses that can only work if people are doing badly, such as betting stores, pawnshops and witchcraft stores – for the desperate,” he says.
Meanwhile, in the neighboring Carabanchel district, five communions take place at 12:30pm in Colonia de la Prensa. Many journalists would retire to villas in this old residential district at the start of the 20th century. Several of these villas are still standing, but many were demolished when the area began to attract more working-class families.
A group of people in formal dress stand out in the empty street. Antonio Palacios, a psychologist, emerges from one of the communions. “It is unfair to take issue just with the individual responsibility of the locals,” he says. “The authorities don’t follow the advice of the experts – such as providing trackers, more primary healthcare resources, planning for schools and teachers. There is a very clear lack of responsibility.”
The communion was supposed to be held in May but had to be put off until last weekend. It almost didn’t happen. “I don’t know if it could be held after Monday,” says Palacios, in reference to the new restrictions which have reduced capacity at religious sites to one third. “Today, 10 relatives, including parents, can enter the church. There is no lunch, and although we had planned to go to a park to celebrate, with the weather as it is, we can’t do that either.”
The weather is cloudy with showers in Carabanchel. People come and go from the local market. There is a queue at the fishmonger and butcher with people standing more than a meter and a half apart, occupying almost the entire market. Tucked away, cobbler Mariano is at his stall making shoes. He knows that things have changed but as he lives in another district, he doesn’t think he will have any problems. “If there are any problems, they’ll give me a pass or something,” he says. “At this stage, they need to let me get on.”
English version by Heather Galloway.
Source and Image: https://english.elpais.com/society/2020-09-23/it-is-easy-to-blame-us-for-spread-of-covid-19-rather-than-the-people-in-authority.html
LAS COSAS YA NO PUEDEN SER COMO ANTES Y MENOS SI SON SOMETIDAS A PRINCIPIOS MORALES VINCULADOS A LA IGLESIA CATÓLICA, QUE NO SOLO NO PROMUEVE LA FELICIDAD, SINO QUE SIEMBRA EL SUFRIMIENTO PARA ACCEDER AL «REINO DE SUS CIELOS».
Si vivir con dignidad es un derecho, también lo es morir dignamente. Un derecho para poder ejercer la última libertad. Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. La proposición de ley aún debe pasar por la Comisión de Justicia, ser debatida en la Cámara Baja, ir al Senado y volver al Congreso para la aprobación definitiva; todo está en marcha y espero poder utilizar sus mecanismos cuando llegue la ocasión.
«Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente». Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA, que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, arrancó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España presentada por el PSOE en el pasado febrero. Recibió el apoyo de 201 votos, 2 abstenciones, y 140 en contra (PP y Vox), que acusan al resto de partidos de querer aprobar la norma, para ahorrar en pensiones y tratamientos médicos. Estos grupos siempre han sido indeseables, pero en esta ocasión vuelven a representar las vergüenzas de España
«El sufrimiento no tiene ideología», insistió la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. El texto aprobado, convierte la eutanasia en un derecho que será incorporado a la sanidad pública, para quienes lo soliciten y sufran una enfermedad grave e incurable o «invalidante», que cause un sufrimiento insoportable. Las cosas ya no pueden ser como antes y menos si son sometidas a principios morales vinculados a la iglesia católica, que no solo no promueve la felicidad, sino que siembra el sufrimiento para acceder al «reino de sus cielos», que no es sino una aberrante idea que avaló la esclavitud y ahora el trabajo precario indigno.
El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada −Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe o María José Carrasco−, ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el indeseable diputado del PP, José Ignacio Echániz, ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de «los más vulnerables».
Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su orgullo por participar en la tramitación: «Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández», encausado por ayudar a morir a su esposa, sino que quienes requieran la eutanasia podrán hacerlo en la sanidad pública. Echenique ha calificado a PP y Vox de «gente sin escrúpulos».
El Parlamento holandés viene tramitando un polémico proyecto de ley, por el que los progresistas del D66, defienden el derecho de los mayores de 75 años que, aun estando sanos, opten por solicitar la eutanasia al considerar que han vivido bastante. Esta iniciativa provocó alarma entre los socios conservadores de la coalición de Gobierno, que están en contra de legalizar esta opción. Unos 10.000 holandeses mayores de 55 años mostraron su interés en ello. El problema es cada vez mayor, cuando la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica aumenta gracias a los avances médicos. La gente deja de formar parte del sistema laboral a los 67 años, pero vive más que antes, sin participar en la sociedad y con quejas como la soledad o los achaques de la vejez.
Actualmente la eutanasia está considerada como un homicidio, por lo que el objeto de la Proposición de Ley «es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse». Esta ley supone una regulación histórica en España y en el resto del mundo.
Eutanasia y muerte digna, no son conceptos idénticos, aunque si conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Esto, según defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo. También consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados
La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal (1.- El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años). La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y no demanda cambios en el CP. A día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida. El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos.
El PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final. El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días. En el suicidio médicamente asistido, el médico indica al paciente qué fármaco debe ingerir por sus propios medios para morir. Este supuesto es legal en Suiza (y en algunos estados de EEUU) y ha generado un cierto «turismo de la muerte».
La ley de la eutanasia divide a los partidos entre una medida «garantista» y los cuidados paliativos. Para el PSOE, la Ley es una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. No solo busca la legalización, sino también controlar todo el proceso, desde la información al paciente hasta la labor del médico. Consideran que de aprobarse la ley, se introduciría en el ordenamiento legal «un nuevo derecho individual». Podemos, que ya había registrado su propuesta sobre la eutanasia antes que el PSOE, respalda de manera casi total la iniciativa. No considera que este cambio tenga que asentarse «en el sufrimiento del paciente», sino en la «libertad de decidir». «No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice no puedo más y en el camino me quedo«.
La eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar con otros derechos y bienes, igualmente protegidos por la Constitución, como son la integridad física y moral de la persona (artículo 15 CE), la dignidad humana (artículo 10), el valor superior de la libertad (art. 1.1), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16) o el derecho a la intimidad (art. 18.1). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos. No existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. En estos casos, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.
Junto con la Ley propuesta por el PSOE, hay que promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; especialmente el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.
La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son recogidos en la Constitución. De un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
Si el Sistema difícilmente es capaz de proteger mi vida y que se desarrolle dignamente y en bienestar, al menos que me de protección para que el fin de mi vida sea cómo y cuando yo quiera. Vivir puede ser una maravilla, dejar de vivir, hacer desaparecer la vida, es como un acto de magia, que los magos conocemos; como cuando hacemos desaparecer una paloma blanca entre sedas de colores.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/eutanasia-un-derecho-fundamental/
¿Qué pasa si hay un caso confirmado en el aula? ¿Qué hacer si los síntomas aparecen cuando se está en el centro escolar? ¿Qué plan de actuación hay que seguir si se da un brote? Sanidad ha presentado un escrito con las medidas que deben llevarse a cabo en caso de que surja algún caso de coronavirus en la escuela.
El Ministerio de Sanidad ha publicado el documento ‘Preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole’ con el objetivo de facilitar pautas de prevención y actuación para la gestión de contagios en los centros educativos. Cómo se comporta el virus, cómo detectarlo, saber cuáles son los síntomas o qué hacer en caso de transmisión del Covid son algunas de las cuestiones que aclara esta guía.
¿Cuáles son los síntomas?
Los indicios más comunes que indican la infección del virus son: fiebre, tos y sensación de falta del aire. Otros síntomas pueden ser: la pérdida del olfato o gusto (anosmia o ageusia), dolor de garganta, dolor torácico, diarrea y dolores musculares.
¿Qué hacer si aparecen síntomas?
Si un alumno/a o personal del centro presenta síntomas compatibles con la Covid-19 es importante que no acuda al centro educativo. Se debe contactar telefónicamente con el centro de salud o con quien la comunidad autónoma haya designado, o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que evalúen si los síntomas son compatibles con la Covid-19 y si es necesaria la realización de un test diagnóstico.
¿Qué hacer si los síntomas empiezan cuando se está en el cole?
Si un alumno/a empieza con síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, se contactará con la persona responsable del manejo de la Covid-19 en el centro y con la familia o tutores legales en caso de ser menor de edad. Hasta que se le pueda recoger, se le colocará una mascarilla quirúrgica y esperará en una sala bien ventilada (Sala Covid), en la que pueda estar tranquilo y separado del resto de alumnos, acompañado siempre por un trabajador del centro.
En el caso excepcional de que el estudiante que ha iniciado los síntomas no pueda ponerse la mascarilla quirúrgica por cualquier motivo (por ejemplo: niños/as menores de 6 años que no la toleren, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización) la persona que lo acompañe para atenderle se colocará una mascarilla FFP2 sin válvula, además de una pantalla facial y una bata desechable.
¿Qué pasa si hay un caso confirmado en la clase?
El servicio que la comunidad autónoma haya designado, en coordinación con el centro educativo, establecerá quienes son las personas que han sido contacto estrecho y se pondrán en contacto con ellas. El alumnado y profesorado que resulte ser un contacto estrecho deberá permanecer en el domicilio en cuarentena. Si no se es un contacto estrecho, se podrá seguir acudiendo a las clases.
¿Quién es un contacto estrecho?
En los grupos de convivencia estable, los contactos estrechos son todos los que forman parte del grupo, tanto el alumnado como el tutor/profesor que está con ellos.
Si la clase no está organizada como grupo de convivencia estable, se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. Los convivientes del caso también son siempre considerados contactos estrechos: hermanos/as, progenitores y cualquier otro familiar.
¿Qué deben hacer los contactos estrechos?
Las personas que se consideran un contacto estrecho deben permanecer en el domicilio y realizar cuarentena durante 14 días. Durante este tiempo deberán vigilar la aparición de síntomas. Si estos aparecen deben consultar por teléfono a su centro de salud o teléfono de referencia de la comunidad autónoma. Todos deben realizar cuarentena durante 14 días, independientemente del resultado de la PCR. El virus tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Si se ha estado en contacto con un caso recientemente y la prueba es negativa, podría estar incubando el virus y convertirse en positiva en los días posteriores.
¿Qué tiene que hacer un caso confirmado de COVID-19?
Se deberá permanecer en el domicilio en aislamiento y no debe acudir al centro escolar hasta transcurridos 3 días desde que se acaban los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Es importante permanecer en el domicilio, a poder ser en un cuarto separado del resto de la casa. Se deben extremar las medidas de higiene en zonas comunes y utensilios de cocina. Cuando la persona diagnosticada de Covid-19 entre en contacto con algún conviviente, ambos deben llevar mascarilla quirúrgica y extremar la higiene de manos.
¿Qué se hace si hay un brote?
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido una relación entre ellos.
La actuación frente a un brote engloba diferentes medidas según las características del brote. El centro educativo y las autoridades sanitarias se coordinarán para la valoración de la situación. Será la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado quien valore las características y las medidas necesarias.
Estas decisiones pueden variar: desde extremar las medidas de prevención e higiene en el centro educativo (distancia física, uso de mascarillas, lavado de manos) e indicar el aislamiento de los casos y la cuarentena del grupo de convivencia estable o de los contactos estrechos; hasta extenderse al cierre de las clases afectadas, el cierre del curso o nivel, el cierre de un ciclo o, en última instancia, el cierre del centro educativo.
Fuente e imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/guia-de-actuacion-del-ministerio/
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– Foto: AFP
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