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«Está habiendo una presión lamentable por parte de muchas comunidades autónomas, para rebajar los requisitos de la vuelta al centro y para que volvamos, no a la nueva normalidad, sino a una antigua normalidad que ya no existe a todas luces». Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO tiene claro que en los últimos días, a causa de la Conferencia Sectorial de mañana, está habiendo una gran cantidad de presión sobre el Ministerio de Educación, para que los requisitos que se anunciaron hace semanas se relajen un poco, al menos.

A pesar del cambio de criterio desde los 15 alumnos a los 20, o de la distancia entre mesas, de 2 metros a 1,5, la necesaria inversión tanto en personal como en infraestructuras sigue estando muy presente.

«En el colegio de mi mujer, continúa García, tendrían que desdoblar casi todos los grupos desde infantil hastas 4º de primaria». Algo parecido cuenta Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA: «La clase de mi hijo, en la que normalmente son 24, es muy pequeña. Están en tres filas. Para mantener la distancia hay que quitar una de las tres filas; es imposible mantener la distancia si no».

A pesar de esto, Cardenal asegura que «hemos defendido siempre que la escuela presencial era insustituible y el alumnado debía ir a los centros lo antes posible. En ese sentido estamos contentos». La importancia de la presencialidad para ofrecer una educación con equidad y que trabaje por la igualdad de oportunidades se convierte aquí en central, habida cuenta de que «se han quedado muchos alumnos atrás estos meses».

Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, es una buena noticia que se piense en una vuelta a los centros con la mayor presencialidad posible para que el alumnado retome el contacto con sus docentes y sus compañeros. Pero prefiere mostrarse prudente hasta no ver cómo se concretan las decisiones que se adopten mañana en la Conferencia Sectorial.

Pero esta alegría por un inicio de curso con la mayor presencialidad posible no está reñida con cierto miedo y desconfianza, afirma Cardenal, a «que los menores de 10 años no tengan que mantener esas distancias de seguridad» o que las ratios se hayan decidido sin tener en cuenta la superficie de las aulas. «Se debería haber controlado de otra manera», asegura la representante de las familias de la escuela pública.

El documento de Educación contempla también que los centros educativos, sus equipos directivos, sean los encargados de la elaboración de planes de actuación y protocolos relacionados con la salud y la higiene en el trabajo. Algo para lo que, dice Francisco García, los equipos directivos no tienen formación ni competencias.

Para eso están los servicios de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas o los comités de seguridad y salud de las juntas de personal. En su opinión deberían ser los territorios los que «establecieran criterios muy estrictos y generales para todos sobre planes de contingencia, y no depositar esa responsabilidad en cada centro».

Nada es gratis

«La presencialidad, comenta García, debe ser lo más segura posible, pero no sale gratis». Tanto la nueva ratio, con un tope máximo de 20 alumnos, como la distancia de 1,5 metros entre mesas (que se traduciría en que cada estudiante tuviera a su alrededor un área de 2,5 metros cuadrados), sobrepasan las condiciones habituales de los centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria.

Para María Isabel Loranca, responsable del sector de Enseñanza de la FeSP-UGT, «es importante la apuesta por la educación presencial», pero «las medidas anunciadas exigen presupuesto propio para su implementación en los centros, y refuerzo de als plantillas docentes».

Pero no solo preocupan estas decisiones. García piensa también en las indicaciones dadas para la limpieza e higiene en los centros educativos. «Limpiar los aseos tres veces al día, en un IES de 800 alumnos se me hace poco, creo que es insuficiente», por no mencionar que aunque desde el Ministerio se dice que han de ser los centros los que establezcan sus necesidades, la contratación del personal de limpieza recae, en el caso de los colegios, en los ayuntamientos, y en el caso de los institutos, en las comunidades autónomas. «Si no te mandan más gente (al centro), te da igual el protocolo».

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, se muestra prudente, a la espera de lo que salga de la Conferencia Sectorial en la que se discutirá sobre este documento, así como sobre la inversión de los 2.000 millones comprometidos por el presidente, Pedro Sánchez. Pero sí asegura que reclamarán algunas cantidades de financiación extra para cubrir gastos sobrevenidos por la COVID-19.

En este sentido asegura que, en respuesta a quienes han dicho que los gastos extraordinarios salgan de la partida de «otros gastos», dicha partida es deficitaria. Y si se contempla una inyección económica extra para la escuela pública, debe hacerse con la concertada. Sería, dice, «una nueva discriminación».

El responsable de la principal patronal de la concertada también muestra cierto excepticismo ante otras medidas como la ratio máxima de 20 o la utilización de otros espacios, más allá del aula, para dar clase. Espacios con los que no todos los centros educativos cuentan.

Y mientras, el profesorado…

Aunque parece que las diferentes organizaciones, ya sean sindicales o de familias, no están en desacuerdo con el hecho de que en septiembre vuelvan las clases presenciales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de todo tipo de críticas hacia el protocolo anunciado por el Ministerio.

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