Europa

 Antonio Gómez Movellán fue uno de los fundadores de Europa Laica en 2001 y la preside desde hace tan solo dos meses, cuando abandonó el cargo Francisco Delgado, que estuvo al mando de la asociación durante una década. Según él mismo cuenta, les diferencia algo fundamental: «Francisco Delgado fue diputado constituyente y senador, yo estoy más vinculado a movimientos sociales» [es colaborador habitual de Rebelión.org]. Sin embargo, ambos están unidos por su deseo de conseguir, por fin, una sociedad laica en España. Con ese motivo nació la asociación, «que no recibe subvenciones públicas», destaca Gómez Movellán.

Este sábado, Europa Laica conmemoró el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia «con el propósito de que se celebre anualmente en entornos mundiales cada vez más amplios y reconocidos». Con este motivo, la organización quiere denunciar «la vulneración que, en todo el mundo, se hace de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, como fruto de la invasión de las creencias privadas en el ámbito público del Estado«.

PREGUNTA. Usted preside la organización Europa Laica desde hace dos meses, pero fue uno de los fundadores en 2001. ¿Qué ha cambiado desde entonces en España? 

RESPUESTA. La fundamos diferentes personas, entre ellos Gonzalo Puente Ojea, que fue un diplomático y un gran escritor sobre los temas de libertad de conciencia. Lo que ha cambiado desde entonces en cuanto a la relación de la Iglesia y el Estado y al secularismo estatal es muy poco, pues las relaciones entre la Iglesia y el Estado siguen teniendo el mismo marco a todos los niveles. Lo que sí ha cambiado de verdad ha sido la sociedad, en la que ha habido un proceso de secularización en estos 15 años muy importante, que se refleja en las encuestas que realiza el CIS. Por ejemplo, hay regiones donde el 70% de los jóvenes se declara «no creyente». Además, otro de los aspectos que han cambiado mucho ha sido los hábitos de la sociedad española en cuanto a los ‘ritos de paso’. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos más ritos civiles que religiosos, y esto es un dato muy claro. En cuanto a los bautizos pasa exactamente igual, la mayoría no son religiosos. A pesar de que no haya una oferta por parte de los servicios públicos, excepto en el caso de los matrimonios, se están imponiendo las ceremonias civiles porque realmente ya empieza a ser demandado por una gran parte de la sociedad que evidentemente no tiene una creencia religiosa.

Es decir, lo que más ha cambiado ha sido la realidad de la sociedad aunque, sin embargo, la comunidad política sigue teniendo, más o menos, la simbología católica, que está presente en muchos actos oficiales. Además, los alcaldes y concejales suelen acudir a todo tipo de procesiones y rituales católicos. Por otro lado, yo creo que también ha cambiado el hecho de que nos encontramos alrededor de un millón de musulmanes practicantes en nuestra sociedad, lo que significa que hay un pluralismo religioso que antes no existía.

P. Hablando del aspecto político, ¿ha habido algún avance o retroceso hacia el laicismo con el Gobierno Mariano Rajoy?

R. El Gobierno de Mariano Rajoy ha significado un retroceso, sobre todo en el ámbito de la educación. La llamada ley Wert introdujo un marco normativo donde la asignatura de Religión católica, que más bien es una catequesis, tiene un planteamiento de adoctrinamiento religioso en los colegios, donde hay 18.000 delegados de las diócesis llamados profesores de Religión. El Gobierno le ha dado una mayor relevancia, la asignatura ahora es evaluable y es tratada como fundamental, al igual que cualquier otra. Sin embargo, cada día es menos demandada, pues hay que tener en cuenta que la reclama menos del 50% de los alumnos de toda la educación.

P. Eso está en consonancia con la secularización de la sociedad de la que hablaba.

R. Claro. Pero lo más grave ha sido la práctica, que ha hecho que en las grandes áreas metropolitanas de las comunidades que tienen transferidas las competencias de educación haya mayores conciertos educativos, es decir, han dado más dinero a la escuela católica. Si hace diez años se gastaban 4.000 millones de euros en la educación concertada, ahora se gastan 7.000. Esto es algo un tanto sorprendente porque, como digo, ha ido en paralelo a unos recortes muy fuertes en plantilla dedicados a pagar la factura de la austeridad. Esto es muy significativo porque, en ciudades como Madrid, cerca del 60% de los alumnos están escolarizados en escuelas católicas. Además, otro aspecto que creo importante señalar es todo el ámbito de la asistencia social. A raíz de la crisis económica hemos visto cosas que no veíamos desde hace muchos años, como las colas en los comedores sociales religiosos. Se ha dado un control de fondos públicos a organizaciones sociales de la Iglesia, como Cáritas, porque realmente no hay servicios sociales adecuados. Por ello, las administraciones inundan de dinero público a las organizaciones religiosas para que, de alguna manera, palien el asunto. Esto es como decir: «Bueno, como nosotros, el Estado, no podemos resolver los problemas sociales, damos un poco de dinero a la caridad y así nos sentimos un poco más contentos».

P. ¿Así lo justifican?

R. Así justifican la incapacidad de la sociedad pública para resolver los problemas sociales. Yo creo que esto también hay que tenerlo en consideración porque no es que sea una vuelta al siglo XX, sino al siglo XIX. Frente a la solidaridad social nos encontramos con la vuelta a la caridad. Ahí veo también un retroceso que quizá no tenga que ver directamente con el Partido Popular, pero sí con el sistema político, que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas sociales de la crisis.

P. Volviendo al ámbito de la enseñanza, ¿habría que sacar completamente a la Iglesia de la escuela?

R. Por supuesto. Nosotros pensamos que la educación tiene que ser laica. En estudios que se han realizado sobre la situación escolar en España, el mayor elemento que influye en la segregación social, a parte de los ingresos económicos, es la educación. Por eso se ha incrementado mucho la enseñanza concertada en las regiones ricas. Hay menos escuela concertada en comunidades como Andalucía o Extremadura y más en el País Vasco, Cataluña o Madrid. España, dentro de Europa, es el segundo país con la tasa más alta de escolarización en colegios católicos. Esto no nos preocupa solo a nosotros, sino a todas las organizaciones que se han distinguido por defender la educación pública, como la marea verde. Nos implica a todos a los que nos preocupa la educación como un sistema de igualdad y de oportunidad, no de segregación, que también ha llegado al ámbito universitario.

P. ¿Por qué es necesario un movimiento laico en un país como España?

R. En primer lugar, para reclamar un Estado laico. Primero, para conseguir una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, porque en nuestro país no la hay. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, en España, se financia directamente por el Estado. Nosotros hemos hecho estimaciones y son cerca de 11.000 millones de euros lo que recibe la Iglesia católica cada año. Concretamente, el clero es financiado directamente a través del IRPF. Más allá de esto, el laicismo, desde el punto de vista histórico, significa los lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En este sentido, la libertad es la libertad de conciencia y todo lo que ella supone: la lucha contra la censura, la defensa de la libertad de expresión, etc. A día de hoy, eso significa estar alerta sobre los monopolios de la información y la necesidad de una información veraz. La censura, ahora, ha tomado otros derroteros. Hemos visto cómo, en este año, en España se ha aplicado esta censura burda que en los países desarrollados ya no existe, pero que sin embargo aquí se ha utilizado. La entrada en vigor de la ley mordaza ha traído 30.000 sancionados, como Rosa María de Femen, que fue sorprendentemente condenada a un año por tirar un ejemplar de la Constitución al ministro del Interior. Este ámbito de la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, evidentemente, forma parte de lo que es el laicismo.

El otro lema, la igualdad, significa el acceso sin discriminación a los derechos. Evidentemente, en España, el mayor problema es la falta de ingresos. Hemos visto los recortes que se han hecho a derechos tan básicos como la justicia, y eso es un problema. Por otro lado, están todas las discriminaciones por género, ideologías, orientaciones sexuales, etc. Toda la legislación española, hasta el Gobierno de Zapatero, durante el cual se conquistaron una serie de derechos, estuvo matizada por la influencia de la religión. Estoy hablando del aborto, del divorcio, de la igualdad civil de las personas homosexuales… En definitiva, siempre se intenta imponer una moral privada sobre la legislación pública.

Por último, la fraternidad es luchar por los servicios públicos esenciales y universales que, en la actualidad, están siendo amenazados por el mercado neoliberal, que está deteriorando lo que ha sido esta idea de lo común y de lo universal, que significa precisamente el laicismo.

P. Desde la organización habéis elegido el 9 de diciembre como Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, ¿por qué ese día?

R. En realidad no es un tema de España, es un tema europeo. El 9 de diciembre de 1905, después de muchas guerras y revoluciones, Francia fue el primer país europeo que impuso una separación estricta de la Iglesia y el Estado en base a la ley que lo establece, que está todavía vigente. Por otro lado, en España, la Segunda República fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Esto es un hito en la historia del laicismo español porque la Constitución Española de aquel año también establecía la separación entre la Iglesia y el Estado y una garantía para la libertad de conciencia de los ciudadanos. Desgraciadamente, esta etapa duró muy poco porque la reacción de la Iglesia fue, desde el primer momento, contraria a la República. La Iglesia católica española, todavía hoy, en 2017, está orando y custodiando el alma del último dictador fascista de Europa en el Valle de los Caídos. Es una orden, la orden de los benedictinos, la que está al cargo de este monasterio. Y esto dice mucho de cuál es la situación.

P. ¿Por qué darle la categoría de internacional? ¿Es necesario seguir luchando por la libertad de conciencia a nivel mundial?

R. Eso lo impusieron las federaciones de organizaciones laicas europeas como ejemplo de lo que significó Francia, y concretamente la ley de 1905, en la lucha por la libertad de conciencia. La influencia que tuvo en Latinoamérica, por ejemplo, fue muy importante. Muchas repúblicas independientes americanas tomaron, en un primer momento, esta idea de laicismo, aunque luego se fue deteriorando. La influencia que tuvo el sistema laico aparecía como un principio de la democracia. Existe el principio de la separación de poderes, el principio de la representatividad de los ciudadanos e, igualmente, el principio laicista. No es una filosofía, es una práctica. En los años 50, muchos países que se acababan de descolonizar veían esto como un modelo, como Turquía, Egipto, Argelia, etc. ¿Qué ha ocurrido? Desgraciadamente, en los últimos años vemos cómo las teocracias, los regímenes que otorgan muchísimo poder a la religión, son principalmente estos países. La realidad es que vemos que la religión forma ya parte otra vez de la política internacional, y esto en los años 50 y 60 había acabado. Esto lo vemos hasta en el lenguaje. Por ejemplo, antes hablábamos de la población magrebí y no hablábamos de los musulmanes marroquíes; hablábamos de los israelíes, y ahora hablamos de los judíos. Se utilizan términos religiosos cuando antes utilizábamos términos civiles. ¿Por qué? Porque la religión empieza a tener una importancia muy seria en esos países que, además, hace que sus constituciones y sus leyes reflejen que son Estados religiosos.

P. Volviendo a España, ¿cuál es, a su juicio, el mayor privilegio que tiene la Iglesia católica? ¿El poder que tiene sobre la educación? ¿La exención del IBI?

R. Yo creo que el mayor privilegio que tiene la Iglesia católica es ser considerada como una religión oficial. En la Constitución, la única corporación privada que se nombra es la Iglesia católica. En el artículo 16 aparece nombrada de forma específica, es decir, que el Estado, la sociedad civil organizada, tiene una preferencia por una Iglesia, por una creencia. De ahí derivan todos los privilegios que tiene. Es decir, se hace estatal una cuestión que es de la sociedad. No es muy normal que los Estados financien directamente a las iglesias, como es nuestro caso. Las religiones tienen un ámbito público y pueden hacer sus manifestaciones como cualquier tipo de asociación, pero lo que no pueden tener es un reconocimiento oficial, que es diferente. Nosotros, cuando hablamos del ámbito privado, no nos referimos a que la Iglesia tiene que estar vigilada, simplemente decimos que no puede tener un estatuto de iglesia oficial. Es precisamente lo que decía el presidente de honor de Europa Laica, Gonzalo Puente Ojea, que sostenía que lo que hay en España es un criptoconfesionalismo católico. Esa expresión refleja bien lo que vivimos en España.

P. Se supone que es un Estado aconfesional, ¿cómo es en la práctica?

R. En la práctica no es así. La ley de separación de 1905 francesa, que es laica, establece lo siguiente: «El Estado, para garantizar la libertad de conciencia de sus ciudadanos, no reconoce a ninguna creencia de ninguna religión, ni tampoco la financia». ¿Qué dice la Constitución Española? Todo lo contrario: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y luego añade: No obstante, el Estado reconocerá la sociología religiosa de los españoles y mantendrá acuerdos especiales con la Iglesia católica y las demás religiones. Es decir, ya se habla de una cooperación con las iglesias. Por ejemplo, Estados Unidos también establece una separación de la Iglesia y del Estado. Allí, de lo que se trata es de que el Estado no se involucre en la libertad religiosa. En Europa, por la fortaleza que tenían las iglesias, es al contrario, es decir, que el Estado se tiene que proteger para que las iglesias no se entrometan.

P. En cuanto a la financiación de la Iglesia, hace años la institución se comprometió a autofinanciarse, ¿qué ha quedado de esa promesa?

R. Existe lo que llaman la financiación del clero diocesano, al que se paga a través de lo que recauda la Iglesia con el IRPF. Es decir, se puede decir que España todavía sigue pagando a los curas de las parroquias a través de la casilla de la renta, con la que el 0,75% de los impuestos va para ellos. Para edulcorar esto hicieron, en tiempos de Matilde Fernández, la casilla de asuntos sociales pero, en realidad, la mayoría de lo recaudado así también se lo llevan las organizaciones de las Iglesia. Nosotros pensamos que las asociaciones religiosas deben ser consideradas asociaciones como las demás y financiarse por sus propios medios.

P. La Iglesia entrega una memoria anual con el destino de los fondos que se recaudan a través de la casilla de donaciones de la declaración de la renta, ¿es suficiente transparencia?

R. No. La Iglesia estuvo mucho tiempo sin llevar memoria pero, por las presiones que ha habido de asociaciones como la nuestra, al final la ha presentado, pero tiene una gran opacidad porque, si se mira, no hay una auditoría de sus cuentas. Ellos presentan esta memoria, que es una obligatoriedad, y ahí mezclan todo tipo de ingresos diferentes a los casi 300 millones que reciben por IRPF. Mezclan, por ejemplo, la educación, por la que la Iglesia recibe casi 3.000 millones. Realmente no cumple todo lo que incluye el acuerdo con la Santa Sede. Además, como hemos dicho antes, estaba prevista la autofinanciación, pero tampoco se ha cumplido, porque no se autofinancian. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el tema del dinero y la religión es verdaderamente complicado y, sobre todo, es una cosa bastante oscura. En España hubo un caso muy importante a principios de los años 2000, el Caso Gescartera. Esto era un chiringuito financiero donde estaba implicado el Gobierno de José María Aznar y el secretario de Estado de Hacienda. Lo que se descubrió es que buena parte de los inversores eran órdenes religiosas.

P. En el caso de las inmatriculaciones, ¿va ganando la Iglesia?

R. Las inmatriculaciones nos deben hacer reflexionar sobre el patrimonio de la Iglesia, es decir, hasta qué punto el patrimonio histórico tiene que ser de la Iglesia. Por qué la Mezquita de Córdoba, que es un patrimonio de la Humanidad, tiene que ser de la Iglesia católica, que incluso controla el dinero de las entradas. Las inmatriculaciones es aprovechar un resquicio legal para empezar a inmatricular todo tipo de cosas sin los requisitos que la ley establece, simplemente con un certificado de un obispo. Pero el problema de fondo es que esto nos puede llevar a reflexionar sobre la desamortización de los bienes que hoy son titulares de la Iglesia y que igual debían de dejar de serlo, máxime cuando están mantenidos con fondos públicos, porque la mayor parte de las obras de restauración de cierta importancia las hacen las comunidades autónomas.

P. De todo lo que falta por hacer, ¿qué es lo más urgente?

R. Ahora mismo hay una oportunidad. En España hay una demanda de una mayor democracia y, quizá, eso acabe con unas demandas de unos cambios constitucionales. Hay que aprovechar la brecha para que, a nivel constitucional, se cambien los artículos que hacen referencia a la Iglesia. En segundo lugar, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de la sociedad y de su futuro es el tema educativo. Es necesario acabar con esta segregación social y establecer una escuela racional, crítica, inclusiva, libre de dogmatismos religiosos. Desde esta perspectiva, nosotros consideramos que lo ideal sería una ley educativa que pudiera imponer un nuevo modelo en España.

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/07/europa_laica_72766_1012.html